Persiste un colectivo ideológico en torno al sector eléctrico que está intentando aprovechar este enero de incrementos de precio en el mercado mayorista para dar el salto desde su planteamiento inicial, que considera que el suministro eléctrico, además de un servicio esencial, debe ser un «bien público» sobre el que establecer determinados mecanismos sociales de apoyo por nivel de renta, a dar varios saltos mortales consecutivos: que el mismo debe ser intervenido, que se regule por costes reconocidos y si es posible que sea de titularidad del Estado, sin mercados que lo regulen.

¿Cómo se ha espoleado esta agitación antimercado en esta crisis? Intentando dirigir la fijación mediática desde las redes sociales y desde ciertas asociaciones en la atención al mercado mayorista eléctrico en las puntas horarias de precios que se han producido en este período, como cuándo se han alcanzado los 100 euros/MWh en determinadas horas. Resulta paradójico cómo, en su momento, cuando se proponían retribuciones reguladas a ciertas tecnologías superiores a los 300 euros/MWh, no existía controversia alguna. Añadamos, la difusión paródica respecto del impacto de la climatología en el precio de la luz, como si no influyesen la ausencia de viento y de recurso hidráulico en el mix eléctrico y el frío no disparase la demanda de los consumidores españoles.

Curiosamente, estos agentes fintan sobre el problema de los costes de acceso incluidos en el coste del suministro, sobre la renuncia a la revisión de la retribución e inversiones en el transporte eléctrico, sobre el sistema de subsidios cruzados existente en la tarifa, ni mencionan el problema de la abundante fiscalidad de la electricidad o aceptan/aceptaron retribuciones desmesuradas a determinadas tecnologías por ser del «régimen». ¿Cuáles son los defectos de la actuación de estos agentes? Que, al final, en definitiva, no buscan proteger al consumidor.

El fin último siempre es acabar con el mercado eléctrico y atacar a unos agentes concretos, lo cual obedece más a un objetivo de ideología política. De hecho, en ningún momento, se apunta de forma fiable en términos comparados el efecto en euros para el consumidor de este período punta del año, partiendo de una estructura de consumo de referencia y no de una interesada, que busca extrapolaciones exageradas en espacios temporales móviles y acomodaticios a los intereses del emisor.

Los medios de comunicación, pon su parte, han contribuido a ello inundando los programas con periodismo de interés social, en algunos casos sin darse cuenta de lo que se deslizaba, debido a la indigencia social en materia de conocimiento económico. Personas que iban a ser embargadas por no pagar la hipoteca y que… ¡además les iban a cortar la luz! Pero el problema es la pobreza energética. Y llenando de «todólogos»/opinadores sobre el precio de la electricidad las tertulias, alguno de ellos, autodenominados expertos, con chuscos severos errores conceptuales. Es la república independiente de Twitter.

Lo más importante es plantearse en un debate sin trampas qué bases tiene España para aspirar a un suministro permanentemente abaratado artificialmente o de forma intervenida, cómo abordar esta situación hacia el futuro, cómo abordar el encarecimiento general de la energía, cómo favorecer la eficiencia energética y cuáles son los mecanismos de protección y de política social hacia el consumidor vulnerable. Ahora que la crisis remite, debemos aprender de ello.