Entradas

La OCU exige medidas adicionales ante el incremento de hogares afectados por cortes de luz

Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido medidas adicionales ante el incremento de los hogares afectados por cortes de suministro de luz por impago y para luchar contra la pobreza energética que, tras la crisis, afecta a muchas familias sin recursos. La asociación considera «urgente» la definición del consumidor vulnerable, pendiente tras la reforma de la Ley del Sector Eléctrico, y la creación de una tarifa social real que garantice la protección a aquellas personas en situaciones precarias.

 Para OCU, el actual bono social «no es una auténtica tarifa social, ya que deja fuera muchos hogares que sin cumplir ninguno de sus requisitos tienen serias dificultades para afrontar el pago mensual de la factura de la luz». Asimismo, reclama transparencia en la información sobre los cortes de suministro, tanto de aquellos efectuados por las compañías distribuidoras como también de las solicitudes de corte de suministro que tramitan las diferentes comercializadoras, que actúan tanto en el mercado libre como comercializando la tarifa regulada, ya que considera que esta información «es clave» para que los consumidores puedan entender mejor el alcance de este problema social.

La Comisión Europea advierte de que todavía hay riesgos en el suministro de gas a Europa

EFE.- El responsable de Energía de la representación de la Comisión Europea en España, Ferrán Tarradellas, aseguró que los riesgos de aprovisionamiento de gas a Europa «no han desaparecido completamente». En la presentación en España del paquete de medidas de la Comisión Europea para garantizar el suministro de gas en territorio comunitario, Tarradellas recordó que conflictos como el de Ucrania y Rusia en 2014 o la actual guerra en Siria ponen en riesgo el aprovisionamiento de gas de los estados miembros de la Unión Europea.

Por ello, recalcó que el objetivo de la Comisión Europea es que para 2022 todos los países de la Unión Europea tengan al menos dos proveedores de gas. A este respecto, Tarradellas avanza que el consumo y dependencia de gas en el caso español «seguirá siendo estable». Las medidas adoptadas por Bruselas están destinadas a asegurar la seguridad del suministro de gas en Europa y reducir la dependencia energética del continente. Entre las mismas destacan la introducción de un «principio de solidaridad» entre los países miembros para garantizar el suministro de los llamados «consumidores vulnerables», como hogares, servicios sociales básicos..

Para marzo de 2017 cada Estado deberá decidir qué considera consumidores protegidos. «Creemos que es mejor este enfoque, ya que lo que para un sueco es un consumidor protegido a lo mejor para un español, no», ha añadido Tarradellas, que indicó que, en caso de crisis grave en un Estado miembro, los consumidores vulnerables de dicho país tendrán preferencia sobre los no vulnerables de otro Estado que no esté afectado por esta situación de emergencia.

La Comisión amplía además el principio de solidaridad a los vecinos de la Unión Europea, dado que incluirá a países pertenecientes a la Comunidad Energética como Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Serbia y Ucrania. La Comisión Europea también establece la obligatoriedad de notificar automáticamente a Bruselas todo contrato comercial de gas de más de un año, si supera el 40% de la cuota de mercado, porcentaje que considera relevante para la seguridad del suministro.

La protección de corte de suministro alcanza al 90% de clientes de Iberdrola

EFE.- Iberdrola ya protege a más del 90% de sus clientes residenciales de la suspensión del suministro eléctrico y/o de gas por impago de la factura, dentro de los convenios firmados con administraciones públicas y ONG o del procedimiento puesto en marcha por la compañía en 2015 para la protección a clientes vulnerables.

La protección, que ya alcanza a cerca de 6,69 millones de clientes residenciales de un total de 7,4 millones (90,4%), es de aplicación a todos aquellos consumidores que tengan contratado el suministro eléctrico y/o de gas de su vivienda habitual con Iberdrola y que estén considerados clientes en situación de vulnerabilidad. La compañía eléctrica se ha comprometido a prestar atención a estos clientes y a colaborar, según las políticas que establezcan las administraciones públicas competentes en cada caso, para facilitar el acceso continuado al suministro de energía eléctrica y gas.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha asegurado recientemente que «la empresa es consciente de la complejidad y las dificultades por las que atraviesan muchas personas en el contexto actual y de ahí la firma de acuerdos con comunidades autónomas y ayuntamientos en España para garantizar la continuidad del suministro eléctrico y de gas a los usuarios económicamente vulnerables». Galán avanzó además que «en breve plazo» estará protegida la totalidad de los clientes de la compañía pertenecientes a este colectivo.

Desde el pasado mes de julio, Iberdrola ya ratificó 22 convenios con comunidades autónomas, ayuntamientos y ONG para la protección de estos clientes y mantiene negociaciones con el resto de las comunidades autónomas y numerosos consistorios para extender dicha protección a la totalidad de sus clientes domésticos en España. Esta medida se enmarca dentro de la nueva Política General de Responsabilidad Social Corporativa del grupo.

El Defensor del Pueblo lamenta que el Gobierno siga sin ligar el bono social de la luz a la renta

Europa Press / EFE.- El Defensor del Pueblo lamenta que el Gobierno no haya adoptado aún las «necesarias modificaciones normativas» que permitan ligar el bono social de la luz a la renta, lo que hace que esta ayuda se conceda «en ocasiones al margen de la insuficiencia de recursos«. La institución realiza esta consideración en su informe anual de 2015, en el capítulo relacionado con el suministro de electricidad.

En el caso del bono social, la normativa actual no vincula la ayuda a la renta, sino que la reserva a determinados colectivos como pensionistas, familias numerosas o familias con todos los miembros en paro. En 2014, el Defensor del Pueblo ya recomendó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que modificase los requisitos de concesión del bono social para tener en cuenta la renta del peticionario y no otros criterios. A lo largo de 2015, se han seguido recibiendo quejas de personas en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder al bono social, señala.

Por otro lado, la institución dirigida por Soledad Becerril recomienda que la persecución del fraude eléctrico cometido por los particulares no recaiga sobre las empresas del sector, sino que se considere público y que sea responsabilidad de funcionarios de carrera. Con esta medida de «preservar el carácter público» de estos expedientes, formulada en octubre ante la Secretaría de Estado de Energía, se podrá garantizar a juicio del Defensor del Pueblo “la independencia” ante penalizaciones por fraude eléctrico, máxime cuando las empresas reciben conforme a la norma actual una retribución por la persecución de estas prácticas ya que así se pretende evitar que el resto de los consumidores sufraguen este fraude.

«Diversas quejas denunciaban la vulneración de los derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia debido a la exigencia de cantidades en torno a los 2.000 euros por supuestos fraudes de energía eléctrica, sin pruebas de cargo suficientes ni haberse acreditado de manera fehaciente», refleja el informe, que recuerda que el impago de la penalización conlleva el corte del suministro. Las quejas alegaban falta de imparcialidad de las empresas distribuidoras, que realizaban las correspondientes inspecciones, en ocasiones a través de empresas subcontratadas, señala, antes de recordar que la normativa recoge un incentivo a la reducción del fraude.

El Defensor del Pueblo también indica que se encuentra a la espera de una respuesta a su recomendación a Industria acerca de la conveniencia de revisar el elevado peso de la parte fija en la tarifa de la luz, que impide el ahorro en la factura de electricidad. También considera necesario flexibilizar los actuales tramos para cambiar de potencia de energía eléctrica contratada, ya que con los actuales contadores digitales «dejaría de ser necesario el establecimiento de unos rangos de potencia de energía eléctrica». Al desaparecer estos tramos, «los consumidores dispondrían de más flexibilidad para definir sus necesidades de consumo».

El Defensor del Pueblo también llama la atención acerca de la necesidad de facilitar el fraccionamiento en el pago de las deudas con las empresas comercializadoras, sobre todo en los casos en los que el consumidor sufre dificultades económicas. Concretamente, cita el caso de una ciudadana que percibe un sueldo de 650 euros mensuales a la que le exigieron más de 2.000 euros por un supuesto fraude. La interesada solicitó un fraccionamiento de la deuda en 12 meses, pero la empresa solo aceptó 6 meses.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha recomendado que la producción de energía eléctrica en régimen de autoconsumo en los casos en que no hay vertido de excedentes a la red no estuviese sujeta a cargo alguno ni a obligación de registro administrativo, por tratarse de una medida de ahorro energético que no debe desincentivarse. Durante 2015, la institución siguió recibiendo quejas denunciando este problema, que se sumarían a las recibidas desde 2013, señala.

Podemos propone un bono social progresivo para la luz y el gas que sea costeado por las empresas energéticas

Europa Press.- Podemos ha incluido en su Ley 25, la primera iniciativa que ha registrado en el Congreso de los Diputados, la regulación de un nuevo bono social para la electricidad y el gas que sea de cuantía progresiva en función de la vulnerabilidad de las familias y que parta de un Consumo Mínimo Vital mensual por hogar.

La proposición de ley plantea una modificación de la Ley del Sector Eléctrico y una regulación similar para el ámbito del gas natural. En ambos casos el objetivo es establecer unos criterios en las ayudas basados en la renta y evitar que se corte el suministro a familias que no pueden pagar sus facturas. Así, el Gobierno definirá lo que se considera un hogar vulnerable y actualizará cada año los parámetros para medirlo, incluyendo en todo caso a los hogares en situación de pobreza relativa y severa según los estándares del Instituto Nacional de Estadística.

Serán los servicios sociales los que certifiquen la situación de vulnerabilidad de una familia y su grado, lo que le dará derecho a acceder a un bono de suministros para cubrir las necesidades básicas de electricidad y gas, cuya cuantía irá aumentando conforme mayor sea la pobreza. El bono se aplicará en forma de rebaja progresiva del coste de los suministros hasta el límite que cada año el Ministerio de Energía fije como Consumo Mínimo Vital mensual, tanto para el gas como para la electricidad.

Así, los hogares con grado máximo de vulnerabilidad estarán exentos de pagar hasta el 100% de las facturas, y el porcentaje se irá reduciendo en función del nivel de pobreza y en las cuantías que determine el Gobierno. Las condiciones de acceso se podrán mantener durante un ejercicio y se revisarán anualmente, pudiendo prolongarse de manera indefinida mientras persista la situación de vulnerabilidad. Si el hogar ya percibe alguna otra ayuda pública para paliar su situación de pobreza energética, el importe que le corresponda de ese bono se ajustará para no superar los límites máximos.

Por otra parte, la formación morada pretende con su proposición de ley impedir que las empresas energéticas puedan cortar el suministro de la vivienda habitual de los consumidores vulnerables: antes de cualquier corte los servicios sociales deberán verificar la situación del hogar, con un plazo máximo de 60 días para resolver y el régimen de silencio positivo. Es decir, que se considerará que el consumidor se encuentra en situación de vulnerabilidad mientras la Administración no se pronuncie en sentido contrario.

En este caso, la empresa sólo podrá iniciar los trámites de suspensión de suministro si se hubiera superado el Consumo Mínimo Vital anual y hubieran pasado 3 meses desde la factura adicional de gastos adeudados. Sin embargo, en estos casos los servicios sociales comprobarían también si ha aumentado el grado de vulnerabilidad del hogary, en su caso, ajustarían la cuantía del bono con carácter retroactivo, de modo que el consumidor tuviera que abonar únicamente la deuda que le quedara pendiente, contando para ello con un plazo de 3 meses.

En cuanto a quién asume el coste de esta medida, Podemos cree que deben ser las empresas suministradoras las que, al menos en parte, costeen este bono social «proporcionalmente a su volumen de negocio». Por eso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendría que publicar anualmente qué empresas y en qué porcentaje se harían cargo de los costes, y publicar el listado en el Boletín Oficial del Estado, tanto para la electricidad como para el gas.

El PSOE propone en el Congreso una ley para crear una nueva tarifa social energética cargada a los Presupuestos

Europa Press.- El PSOE registró en el Congreso de los Diputados sus primeras iniciativas parlamentarias de carácter económico para la XI legislatura, que apenas ha comenzado, incluyendo entre ellas una propuesta normativa con la que crear una nueva tarifa social para el gas y la electricidad que dejaría en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Los socialistas alegan que varias directivas comunitarias emplazan ya a los Estados miembros a atajar el problema de la pobreza energética garantizando un suministro mínimo para una vida digna a un precio asequible para consumidores vulnerables y prohibiendo la desconexión en periodos críticos. Para hacer efectivas estas exigencias, propone que sea la CNMC la que, trimestralmente, proponga una tarifa social para cada suministro energético hasta un cierto nivel de potencia o consumo, que sea asequible y que esté referenciado con la renta y el gasto energético de las familias, y desvinculado totalmente de la evolución de los precios de mercado.

A esta tarifa social podrían acogerse quienes no superen unos umbrales de consumo y, además, cumplan uno de los siguientes requisitos: ser perceptor de pensión mínima, no contributiva o no concurrente; que todos los miembros de la familia estén en paro, tener una renta familiar per cápita inferior al 75% del salario mínimo, tener derecho a ayudas de alguna administración pública o ser familia numerosa. Ese precio regulado se aplicaría sobre el consumo destinado a la climatización de la vivienda, la iluminación y el consumo de aparatos de conservación y transformación de alimentos, y el calentamiento del agua de uso sanitario e higiénico. Lo que no aclara es cómo se discriminaría este consumo entre otros.

El déficit de ingresos que sufrirían las empresas obligadas a ofrecer la tarifa social se repercutiría sobre el conjunto del sistema y se financiaría mediante cargos o partidas provenientes de los Presupuestos. Además, los socialistas incluyen en su iniciativa un procedimiento para reconocer los casos de pobreza energética a las familias que destinen más del 10% anual de su renta al pago de los suministros y que cumplan ciertas circunstancias a determinar reglamentariamente, junto con otros requisitos como la localización de la vivienda, el grado de eficiencia o el número de miembros en la familia.

A quienes se reconozca esta situación no se les podrían cortar los suministros indispensables ni tampoco las fuentes de energía durante los periodos más fríos, en función de un calendario estacional según las zonas climáticas. Igualmente, las suministradoras habrían de pedir permiso para cualquier desconexión, que en ningún caso tendría lugar antes de 6 meses desde el primer requerimiento de pago. Finalmente, el PSOE incluye también la previsión de que, en 6 meses, el futuro Gobierno apruebe una estrategia para erradicar la pobreza energética usando fondos del Presupuesto a complementar por comunidades y ayuntamientos, mediante actuaciones como créditos preferentes para la rehabilitación o fomento de las renovables en los hogares.

Castilla-La Mancha asegura que sus consumidores vulnerables están «protegidos» ante el impago de su factura eléctrica

EFE.- La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, aseguró que el 95% de las familias de la región en situación de pobreza severa quedan protegidas contra el impago de la factura eléctrica durante los meses de invierno en el marco del Plan Regional contra la Pobreza Energética.

De esta forma se pronunció Sánchez tras la firma de un convenio de colaboración con Gas Natural Fenosa que contempla «el evitar el corte de suministro de energía durante los meses de invierno y, en caso de que ocurra, recuperarlo en 24 horas y, en segundo lugar, colaborar en la formación y asesoramiento para la eficiencia energética». El acuerdo, según la consejera, supone que «se garantice la protección energética del 95% de las familias de Castilla-La Mancha porque Gas Natural Fenosa, junto a Iberdrola», con la que ya se rubricó un acuerdo de estas mismas características, «tienen esa cuota del mercado energético en la región«.

Sánchez, que agradeció «el compromiso social» de Fenosa para adherirse al Plan contra la Pobreza Energética, añadió que la otra gran medida, que sí llega a la totalidad de familias de mayor pobreza de la comunidad, son las ayudas de Emergencia Social, a la que se han sumado «a día de hoy» 94 solicitudes, de las que 19 ya están concedidas y 75 se están tramitando, ha detallado. «En caso de que haya algún problema de suministro, amenaza de corte, igualmente los servicios sociales o la Dirección Provincial contactarán con las empresas energéticas», ha agregado.

El delegado de la empresa energética en la región, Miguel Francisco Duarte, ha destacado «la ambición y el interés» en colaborar con la sociedad más desfavorecida «y, como no podía ser de otra forma, nos hemos adherido a esta colaboración», ha sostenido. El convenio abarca a todo el ámbito de comercialización del grupo, tanto de gas como de electricidad, ha ampliado Duarte, quien ha reseñado la búsqueda «del interés general de las familias que se puedan ver afectadas por la necesidad de acudir a esta ayuda para evitar a los clientes vulnerables estas situaciones desagradables».

El delegado de Gas Natural Fenosa remarcó que «el punto de mejora» de este acuerdo respecto a los firmados con otros Gobiernos autónomos es que «tratamos de que los meses de invierno no se produzca la interrupción del suministro y dilataremos los plazos normales de suspensión del servicio». Además, «hasta ahora no se establecía una comisión de seguimiento que a partir de ahora si se recoge» una vez que «los servicios de Bienestar Social constaten la situación de vulnerabilidad de las familias y se avalen con los pertinentes informes», zanjó.

El regulador luso multa a EDP con 7,5 millones de euros por vulnerar la tarifa social

EFE.- La Entidad Reguladora de los Servicios Energéticos (ERSE) decidió multar con 7,5 millones de euros a la eléctrica Energías de Portugal (EDP) por no haber atribuido y aplicado tarifas sociales a consumidores económicamente vulnerables.

El regulador sustentó su decisión debido a que la empresa practicó «infracciones en la aplicación de la tarifa social y del ASECE (Apoyo Social Extraordinario al Consumidor de Energía) a consumidores económicamente vulnerables de electricidad y gas natural».

EDP, una multinacional con beneficios de casi 1.000 millones anuales, ya anunció que recurrirá la decisión de la ERSE al Tribunal de la Competencia, Regulación y Supervisión.

Se calcula que el número de beneficiarios de la tarifa social de electricidad en Portugal se situaba en unos 85.000 (en un país de 10,5 millones).

Esta cifra se aleja a los 500.000 beneficiarios que el anterior Gobierno conservador quería alcanzar.

Según datos del 2013, el 19,5 % de los 10,5 millones de portugueses vivía con 411 euros mensuales o menos, cifra considerada en zona de riesgo de pobreza.

La Comunidad de Madrid pacta con Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa contra la pobreza energética

EFE / Servimedia.- La Comunidad de Madrid ha cerrado un convenio con las empresas Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa para establecer un sistema que impida que las familias sin recursos sufran cortes de electricidad y gas natural, especialmente en los meses de invierno. Según avanzó  la propia presidenta regional Cristina Cifuentes, la administración analizó y aprobó el convenio, negociado desde septiembre y que se ejecutará de forma «inminente» a falta de cerrar la fecha para la firma con las empresas comercializadoras.

El convenio establece un procedimiento para garantizar durante 6 meses el suministro energético en viviendas habituales ubicadas en la Comunidad de Madrid de personas o familias en situación de especial vulnerabilidad, particularmente durante el invierno, que no pueden afrontar sus facturas. A través de él, se evitará la suspensión o se restablecerá el servicio de electricidad y de gas en el plazo más breve posible cuando ya se esté tramitando una ayuda pública para pagar los recibos. La Comunidad de Madrid aportará para el fondo que recoge el convenio un millón para lo que queda de 2015 y otro para 2016, cuantía que se ampliará de ser necesario si hay mucha demanda de la ayuda.

Límites de potencia y consumo

Indicó Cifuentes que para asegurar la adecuada aplicación de los recursos públicos y garantizar un consumo responsable, se establecen unos límites de potencia y consumo por cada punto de suministro, en los que se han tenido en cuenta las medias obtenidas por diversas fuentes oficiales de consumo de un hogar equipado en la región en los meses de invierno. Así, la Comunidad de Madrid se hará cargo de las facturas de gas natural y electricidad de las familias más desfavorecidas, con una potencia máxima contratada de 4,6 kW en el caso de la electricidad, y un consumo máximo establecido en función del número de miembros de la unidad familiar por suministro para el gas natural y también para la electricidad.

En este sentido, Cifuentes añadió que «este acuerdo dará respuesta a una demanda de justicia social que requiere soluciones inmediatas». Los beneficiarios de este convenio serán las personas físicas titulares de contratos suscritos con dichas empresas comercializadoras de electricidad y gas natural. Cifuentes señaló que el objetivo del convenio es «garantizar el acceso a la energía suficiente para atender las necesidades básicas diarias, como son la luz, los electrodomésticos, el agua caliente y la calefacción».

Para poder acceder a esta ayuda los particulares deberán acreditar su situación de especial necesidad económica con un informe previo emitido por los servicios sociales de su ayuntamiento, documento que deberán remitir a la Consejería de Políticas Sociales y Familia, que se encargará de dar el visto bueno a la solicitud. A partir de ese momento, la empresa comercializadora se compromete a no suspender el suministro durante el plazo de un mes o a restablecerlo en un máximo de 48 horas en caso de que se haya suspendido el servicio.

Podemos quiere asegurar por ley el suministro energético a los consumidores vulnerables

EFE.- El grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid registró una proposición de ley para garantizar el suministro de energía en los hogares vulnerables a través de una serie de medidas, como la financiación de la ayuda en el pago de las facturas de gas, luz y agua.

El portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, presentó esta propuesta junto a la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras; y la coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Cote Romero. «La desigualdad general se ha convertido en desigualdad en términos de energía», aseguró López, que comentó cómo en determinadas familias la escasez de recursos económicos les lleva a prescindir progresivamente de Internet, de la calefacción y de hábitos de higiene como la ducha diaria.

La proposición de ley encaminada a paliar y reducir la pobreza energética contempla la creación de la figura del hogar vulnerable, que podrá acceder a una ayuda para el pago de las facturas de gas, luz y agua, procedente del fondo de contingencia del Gobierno regional. En el caso de los hogares en situación de pobreza extrema recibirán un pago del 100%; los de pobreza severa será del 35% (con la posibilidad de llegar hasta el 50% a partir de un hijo o de una persona dependiente); en los hogares de pobreza relativa, donde el gasto energético suponga más del 10% de sus ingresos, la ayuda será del 20% .

La declaración de hogar vulnerable, con una validez de dos años con posibilidad de renovación automática, puede darse en familias que estén situadas en alguno de estos niveles de pobreza, según la clasificación del INE en la Comunidad de Madrid, o en aquellas que reciben prestaciones por rentas mínimas de inserción, entre otros motivos. Además, la proposición de ley insta a la Comunidad de Madrid a buscar acuerdos con las empresas para que no corten el suministro por razones de impago a menos que haya un informe de los servicios sociales municipales que lo autorice.

Por otro lado, establece la aprobación de un plan de medidas de micro-eficiencia energética para promover el cambio en los hábitos de consumo y el ahorro en el coste de la factura de luz, agua y gas en los hogares vulnerables. Este plan, con una duración estimada de 3 años y que estudiará igualmente la posibilidad de reducir la potencia contratada en las viviendas, se nutriría a través de la financiación autonómica o de Europa.

El portavoz de Podemos ha defendido esta iniciativa porque cree que los actuales bonos sociales «se han pensado mal», ya que no tienen en cuenta la renta de las familias sino la potencia energética contratada, por lo que «se está transfiriendo dinero a gente que no lo necesita». «Estamos hablando con las eléctricas, hay que tener buena relación con ellas, pero este tema no es de buena relación, es un tema de derecho, hay que asegurar por ley que no se corte la luz«, afirmó.

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, explicó que en la capital madrileña un total de 1.141 hogares recibieron ayuda para el pago de facturas energéticas pero estima que pueden ser más al haber personas que no acuden a los servicios sociales «por la razón que sea». «El Ayuntamiento se está planteando cuando tengamos el estudio de vulnerabilidad asumir el pago de dos facturas», ha dicho.

El grupo de Podemos registró también dos proposiciones no de ley sobre pobreza energética y apoyo al autoconsumo que forman parte de una iniciativa conjunta sobre este asunto presentada en un total de doce comunidades autónomas. En una de estas proposiciones no de ley se pide al Gobierno regional que inste al nacional precisamente a modificar el sistema del bono social para tener en cuenta la renta como criterio principal.