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Argentina aprueba una subida en las tarifas de gas para usuarios residenciales de hasta el 400% tras su anulación judicial

Europa Press / EFE.- El Gobierno argentino anunció una subida en las tarifas de gas para usuarios residenciales de hasta el 400%. Concretamente, según el Boletín Oficial argentino, las tarifas se incrementarán hasta un 300% para los usuarios residenciales de la categoría R1-R23; un 350% para usuarios R31-R33; y hasta un 400% para los usuarios R34. En el caso de los usuarios del sector comercial e industrial (SGP), las nuevas tarifas de gas aprobadas por el Ejecutivo argentino prevén alzas de hasta del 500%.

De media, los argentinos pagarán un 200% más por el gas, según indicó el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, al explicar los nuevos precios. Cuando la factura supere los 250 pesos (unos 16 dólares), la subida no podrá ser mayor al 300%, en lugar del 400% que establecía la propuesta anterior, anulada judicialmente. En las tarifas para las pequeñas y medianas empresas, otro sector que había llevado los aumentos del Gobierno a los tribunales, sin resolución en firme aún, también se moderaron los aumentos hasta lo que Aranguren definió como «valores más digeribles para lograr mantener el nivel de ocupación», ya que este tipo de compañías son una importante fuente de empleo.

El nuevo régimen de tarifas en Argentina prevé también que los consumidores que registren un ahorro en su consumo igual o superior al 15% con respecto a igual periodo del año anterior contarán con una bonificación. Además, se incluye una tarifa social del servicio de gas dirigida a pensionistas, jubilados y trabajadores que perciban unos ingresos mínimos. Tras acceder a la presidencia argentina, Mauricio Macri anunció en abril un alza en las tarifas energéticas con el fin de reducir los subsidios sobre los servicios públicos y reducir el déficit fiscal del país. Sin embargo, estos incrementos provocaron la movilización de los consumidores y, además, la Justicia suspendió la aplicación de esta subida en las tarifas.

Aranguren explicó que el Gobierno argentino pretende aplicar una «disminución gradual y previsible de los subsidios» para tener un sistema «más justo»y «que promueva la producción», sin olvidar a «los más vulnerables», a los que se les aplicará una «tarifa social» si cobran menos de dos sueldos mínimos (unos 970 dólares). Asociaciones de consumidores han transmitido su descontento y manifestado que consideran que el nuevo aumento sigue siendo «excesivo».

Pablo Iglesias se concentrará contra la pobreza energética mientras Podemos propone que las compañías paguen la implantación de precios sociales

Servimedia / Europa Press.– En Comú pide que las compañías suministradoras de energía se hagan cargo de todo el coste que supondría la implantación de precios sociales para las personas con más dificultades para hacer frente a estos pagos, y “evitar así que este coste repercuta en administraciones públicas y usuarios”. Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, participará en una concentración en Madrid el próximo lunes, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, para protestar contra la pobreza energética.

La concentración tendrá lugar en la Plaza Dos de Mayo de Madrid. Pablo Iglesias asegura que más de 5 millones de personas van a pasar frío este invierno por no poder pagar la factura de la luz. Para informar del acto, Podemos difundió un vídeo en el que aparecen los rostros más visibles de la formación, entre ellos el del secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafael Mayoral, que denuncia que las políticas del PP y del PSOE «han impuesto la ley del salvaje oeste de las eléctricas triplicando la pobreza energética desde 2007».

Por su parte, la jefa de gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, dice en el vídeo, en el que aparecen los dirigentes de Podemos encendiendo bombillas, que «mientras cortaban la luz a cientos de miles de familias, exministros y expresidentes de nuestro país se sentaban en los consejos de administración de las compañías eléctricas, lo que supone el mayor caso de puertas giratorias que hemos vivido en España«. También aparece el secretario Político de Podemos, Iñigo Errejón, diciendo que «las grandes compañías eléctricas y sus socios políticos han creado un modelo ineficaz, opaco y especulativo que han provocado que tengamos una de las facturas eléctricas más caras de toda Europa».

Por su parte, el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, defiende que «seguirán luchando para recuperar los 3.500 millones de euros de dinero público que las eléctricas se han apropiado ilegítimamente en concepto de costes de transición de la competencia». Por último, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, lanza el siguiente mensaje: «No se puede consentir que se deje sin luz y sin calefacción a familias sin recursos. Por eso, porque llega el invierno, nos movilizamos contra la pobreza energética», dice para hacer un llamamiento a acudir el próximo lunes a esta concentración en un acto que quieren impulsar en redes sociales a través del hashtag #Nadiesinluz.

Que las compañías lo paguen

Según plantea la formación catalana del grupo de Unidos Podemos en una proposición no de ley registrada en el Congreso, la Asociación de Ciencias Ambientales expone que un 17% de los españoles sufre pobreza energética. La confluencia catalana reclama que el Gobierno tome medidas ante esta situación, máxime cuando “2 millones de familias sufrieron cortes en su suministro en 2015 por no hacer frente a sus recibos”. La electricidad que pagan los españoles es, según datos de Eurostat recogidos por En Comú, la cuarta más cara de toda Europa. En este sentido, denuncian que las tres grandes compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, han acumulado durante la crisis unas ganancias de 56.624 millones.

Otra de las medidas propuestas es el establecimiento de tarifas progresivas e incluir así la renta como principal criterio a la hora de establecer el precio social. Con ello también se conseguiría, razonan en En Comú, incentivar el ahorro y castigar el «consumo ineficiente«. También impulsar una auditoría sobre el sector eléctrico llevada a cabo por «actores independientes y con acceso a todos los datos» que cuantifique «los costes reales» del sector, y otra específica sobre el déficit de tarifa, su origen y su legitimidad.

Asimismo, piden también establecer garantías para que todos los hogares puedan mantener «unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales a un precio justo» y prohibir, aplicando el principio de precaución, los cortes de suministro hasta que no existen informes previos emitidos por servicios sociales que determinen el grado de vulnerabilidad de las familias y su capacidad económica. En Comú también llama a aplicar un IVA del 4% para el gas y la electricidad, que las empresas publiquen trimestralmente el número de usuarios que no pueden hacer frente a las facturas y el apoyo a toda iniciativa que impulsen las comunidades autónomas y los ayuntamientos en este sentido.

Moción ya aprobada en Comisión

Precisamente la Comisión de Industria, Energía y Turismo acaba de aprobar, con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos, una iniciativa en la que se instaba al Gobierno a impedir los cortes del suministro energético para personas «vulnerables» y a crear fondos con capital público y privado para afrontar la pobreza energética. En esta última también se incluyó, como pide Unidos Podemos-En Comú-En Marea, la obligación de contar con la valoración de los servicios sociales antes de interrumpir el suministro, aunque el resto de enmiendas presentadas por la formación morada, como la citada auditoría o analizar los Costes de Transición a la Competencia (CTC) no fueron incluidas. Finalmente, Unidos Podemos se abstuvo en la votación.

El Congreso de los Diputados reclama una tregua invernal y un fondo público-privado de protección para paliar la pobreza energética

Europa Press / EFE.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo aprobó una moción en la que se insta al Gobierno a crear un fondo de protección con participaciones de comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas con el objetivo de paliar los efectos de la pobreza energética. Esta medida se incluye dentro de la enmienda transaccional acordada por PP, PSOE y Ciudadanos, y que contó con el apoyo de todos los grupos políticos con la salvedad de Podemos y ERC, que optaron finalmente por abstenerse.

El texto aprobado por la comisión, con 26 votos a favor y 8 abstenciones, recogía los tres primeros puntos de una proposición no de ley presentada por Ciudadanos con distintas medidas para paliar los efectos de la pobreza energética y pidiendo que este problema sea una prioridad de la política energética española. Finalmente, tanto el PP como el PSOE han realizado varias aportaciones. Concretamente, la participación de las empresas energéticas en estos fondos ha sido propuesta por los populares, si bien Ciudadanos ya incluía en su iniciativa acuerdos con las compañías suministradoras de energía para evitar estos cortes de luz.

Así, se insta a establecer la obligatoriedad de avisar por parte de las compañías antes de interrumpir el servicio con el fin de que los servicios sociales puedan valorar la situación de los afectados, así como se pide limitar los cortes de electricidad y de gas para personas reconocidas como «vulnerables» en período invernal. La moción también solicita que se regule un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano para todos los hogares con poder adquisitivo reducido, en el que «se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente».

Además, plantea la necesidad de introducir criterios de renta a la hora de acceder al bono social, una rebaja del 25% en la factura que pueden solicitar algunos colectivos. Asimismo, pide que los servicios sociales puedan gestionar directamente la solicitud de dicho bono social por parte de las familias en situación de vulnerabilidad. Por último, la enmienda recoge la necesidad de mejorar la eficiencia energética e incorporar «servicios energéticos avanzados» a estas personas en situación de dificultad dentro de los planes de rehabilitación de edificios.

Según los datos ofrecidos por Ciudadanos durante el debate de la iniciativa, en los últimos dos años se han encarecido en un 22% el precio del gas, un 23% la bombona de butano, un 34% del precio de la luz y un 8,5% el agua. «Creo que todos entendemos que la pobreza energética es un problema real que hay que paliar», aseveró la diputada Melissa Rodríguez, que criticó que se estén produciendo cortes en el suministro energético «sin tener en cuenta su condición social, su renta o que es invierno».

Ciudadanos recordó que en España hay 4,5 millones de personas «pobres desde el punto de vista energético», sin dinero suficiente para mantener en invierno su casa por encima de los 18 grados centígrados. En todo caso, lamentan, la norma no garantiza que no se interrumpa el suministro energético, «sino que incluso permite a las compañías suministradoras la posibilidad de interrumpirlo a aquellos servicios esenciales que acumulen seis meses de impago«.

Por su parte, el diputado socialista, Gonzalo Palacín, destacó la necesidad de profundizar con iniciativas como esta los beneficios del bono social con el que, a su juicio, existe un «problema de indefinición» de las personas que pueden acogerse a él. Asimismo, ha mostrado su satisfacción por tener la posibilidad de aprobar esta iniciativa, pues su grupo presentó otras medidas al respecto en el pasado y, a pesar de contar con el apoyo de otros grupos parlamentarios, fueron tumbadas por la mayoría absoluta del PP.

Teresa Palmer, diputada popular, reivindicó que el Gobierno del PP «ha sido el primero que ha afrontado el problema heredero del déficit tarifario, de unos 26.000 millones de euros«, cuantificando el ahorro gracias a las reformas llevadas a cabo en unos 10.000 millones. Por el contrario, el único grupo de los cuatro grandes partidos que no apoyó la medida fue Podemos, pese a compartir, según indicó Rafael Mayoral, diputado de la formación morada, las ideas y el diagnóstico de la iniciativa. Sin embargo, ha pedido «no mirar la pobreza energética como si fuera un fenómeno de la naturaleza». Sus enmiendas referidas al cobro de los Costes de Transición a la Competencia y a una tarifa progresiva no han sido aceptadas.

El Senado rechaza instar al Gobierno a implementar medidas contra la pobreza energética

Europa Press.- El Senado ha rechazado la propuesta del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea de instar al Gobierno a implementar medidas contra la pobreza energética. En concreto, la propuesta ha sido rechazada durante el pleno de la Cámara Alta por 138 senadores y apoyada por 109. Se ha producido además una abstención.

El grupo parlamentario proponía aplicar un tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 4% para el gas y la electricidad y realizar una auditoría sobre todo el sistema eléctrico y los «costes reales» del sector y otra sobre el déficit tarifario, según recogía la propuesta. Asimismo, Podemos pedía ampliar el bono social para hogares en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social y que su concesión se base en la renta familiar a través de criterios «claros, transparentes y homogéneos», tanto para viviendas de alquiler como en propiedad. Además, proponía que se responsabilizara a las empresas a la hora de garantizar un suministro mínimo, descuentos en las facturas y bonos sociales.

La propuesta incluía también la exigencia a las empresas suministradoras de «mayor y mejor información» sobre los conceptos que se incluyen en la factura eléctrica, los servicios energéticos, las medidas de eficiencia energética y la disponibilidad de bonos sociales, así como de la publicación trimestral del número de consumidores que no pueden abonar la factura y de los afectados por cortes de suministro. Podemos buscaba con su propuesta que la energía se considere “un bien público para que se garantice que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y otros servicios energéticos básicos a un precio justo”.

Además, el grupo parlamentario pedía regular el sistema de suministros básicos del hogar para establecer tarifas progresivas que incentiven el ahorro, penalicen el consumo ineficiente con elementos de fiscalidad energética y consideren la renta como criterio principal a la hora de establecer precios sociales favorables para las familias en función de los ingresos económicos. Otra de las medidas que Podemos propuso es legislar la prohibición de los cortes de suministros aplicando el principio de precaución, de forma que no se puedan llevar a cabo suspensiones sin que haya un informe de los servicios sociales que determine el grado de vulnerabilidad de las familias, así como que se garantice la garantía de suministro en momentos críticos en forma de «tregua invernal».

El Supremo incorpora argumentos del TUE favorables a las compañías eléctricas en su análisis del bono social de la luz

Europa Press.- El Tribunal Supremo incorporó un escrito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) favorable a las compañías eléctricas en su análisis del nuevo mecanismo para la financiación del bono social de la luz, según fuentes jurídicas. Concretamente estudiará la respuesta emitida por el TUE a una consulta de Francia acerca de la posibilidad de aplicar un bono social del gas con una financiación parecida a la española, en la que varias empresas se encargan de sufragar la ayuda.

Las fuentes señalan que la incorporación de este nuevo elemento retrasará previsiblemente hasta finales de octubre o noviembre la sentencia del Supremo sobre el bono social, inicialmente prevista para septiembre. Los abogados de las eléctricas confían en que este documento produzca una sentencia a su favor, ya que el tribunal comunitario se muestra en contra de la discriminación entre empresas al financiar estas ayudas, cuyo coste debería corresponder al Estado. Acepta que el conjunto de las empresas lo financien siempre que no se produzcan discriminaciones.

Cinco Días, que adelanta la incorporación de la resolución del TUE, indica además que Endesa ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional como paso previo a la tramitación de un recurso en contra de la orden ministerial del 10 de septiembre con el reparto del coste del bono social de la luz para 2016. Desde la fijación de la nueva metodología, las principales compañías eléctricas han ido recurriendo todos los repartos anuales de costes fijados en distintas órdenes ministeriales de Industria. En todo caso, la decisión clave del Supremo es la que versa sobre el real decreto de noviembre de 2014 en el que se establecen los principios de la nueva metodología de financiación.

Conforme al esquema de reparto, en el que se tienen en cuenta aspectos como el número de suministros conectados a la red de distribución y de clientes de las filiales de comercialización, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa deberán financiar el 93% de la ayuda, destinada a colectivos vulnerables y que ronda los 200 millones de euros. Concretamente, Endesa financiará un 41% del bono social en 2016, frente al 37,9% de Iberdrola y el 14,7% de Gas Natural Fenosa. Otras 21 sociedades participarán en la asunción de este coste, entre ellas EDP España, con 3,2%, y Viesgo, con un 2,2%.

Ciudadanos se interesa por la vinculación del bono social de la luz a la renta de las familias

Europa Press.- El grupo parlamentario de Ciudadanos ha registrado una pregunta al Gobierno en el Congreso para saber si la renta de las familias demandantes del bono social eléctrico se tiene en cuenta al otorgar este descuento en la tarifa energética. Este bono, que se aplica automáticamente a todos los hogares que tengan contratada una potencia inferior a 3 kilovatios, puede ser solicitado también por hogares con potencia inferior a 10 kw siempre que cumplan una serie de requisitos.

Precisamente, la tipología de los demandantes es uno de los intereses de la pregunta registrada por la portavoz adjunta de la formación naranja en el Congreso, Melisa Rodríguez Hernández . Así, en la pregunta formulada al Gobierno en funciones se inquiere por el número de hogares que hasta la fecha se han acogido a este bono social, cuántos de ellos lo han hecho como familia numerosa y cuántos por tener a todos sus miembros en situación de desempleo. También por aquellos hogares que lo hayan hecho por tener sus titulares más de 60 años y ser beneficiarios de una pensión no contributiva de jubilación o invalidez.

Las compañías eléctricas se muestran partidarias de reformar o buscar alternativas al bono social de la luz

Europa Press.- Las eléctricas son partidarias de reformar el esquema de funcionamiento del bono social de la luz o de buscar alternativas de protección a los consumidores vulnerables que acaben con las ineficiencias del modelo actual. Las compañías no precisan si recurrirán el nuevo reparto de la financiación del bono para 2016, si bien fuentes jurídicas indicaron que es probable que sí adopten esta decisión por una cuestión de coherencia con su propia estrategia judicial, por la que denuncian cada uno de los repartos anuales.

Frente al actual bono social, Endesa propone tres fondos distintos para proteger a los consumidores vulnerables, los dos primeros en sustitución del actual mecanismo, y el tercero centrado en la eficiencia energética y destinado a financiar mejoras en viviendas en situación de pobreza energética. Endesa, que asegura que el 97% de sus clientes están cubiertos por los más de 110 convenios de colaboración firmados con ayuntamientos y autonomías, propone que el primero de los fondos funcione de forma parecida al bono social, pero vinculando la ayuda a la renta y no a los criterios actuales.

El segundo fondo tiene como objetivo cubrir a clientes que se encuentren en una situación de pobreza energética y no puedan hacer frente a la factura de electricidad. Este fondo cubriría el 100% del recibo. La eléctrica propone financiar el primer fondo a través de la tarifa eléctrica y de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que en el segundo también se contaría con aportaciones de los ayuntamientos. El tercero correspondería a todos los suministradores energéticos y correspondería al actual Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Gas Natural Fenosa también se muestra partidaria de reformar el bono social. Su consejero delegado, Rafael Villaseca, ya indicó que sería bueno modificar el enfoque actual de esta ayuda para que tuviese «factores más ligados» a las situaciones de pobreza energética, en vez de basarse en índices genéricos. Por su parte, Iberdrola calcula que ya protege a prácticamente el 99% de sus clientes residenciales de la suspensión del suministro eléctrico o gas por impagos de factura mediante los diversos convenios con Administraciones Públicas y ONG.

La compañía defiende una estrategia de protección del consumidor vulnerable centrada en la colaboración con las administraciones públicas en función de las políticas que establezcan las mismas en cada caso. Desde julio de 2015, Iberdrola ya ha firmado 38 convenios con comunidades autónomas, ayuntamientos y ONG para la protección de estos clientes. La protección es de aplicación a todos aquellos consumidores que tengan contratado el suministro eléctrico o de gas de su vivienda habitual con Iberdrola y que estén considerados clientes en situación de vulnerabilidad.

Industria carga sobre Endesa, Iberdrola y Gas Natural el 93% del bono social de la luz en 2016

Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicó en el BOE la orden ministerial en la que se aprueban los porcentajes de reparto de la financiación del bono social para 2016. Tras tener en cuenta aspectos como el número de suministros conectados a la red de distribución y de clientes de las filiales de comercialización, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa deberán financiar el 93% de la ayuda, destinada a colectivos vulnerables.

Concretamente, Endesa financiará un 41% del bono social en 2016, frente al 37,9% de Iberdrola y el 14,7% de Gas Natural Fenosa. Otras 21 sociedades participarán en la asunción de este coste, entre ellas EDP España, con 3,2%, y Viesgo, con un 2,2%. El bono social consiste en un descuento de hasta el 25% en el recibo de la luz de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW). El coste total ronda los 200 millones de euros al año.

La orden ministerial aparece firmada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, después de que el ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, que ejerce también la titularidad de la cartera de Industria tras la renuncia de José Manuel Soria por el caso de los Papeles de Panamá, decidiese inhibirse. El ministro de Economía en funciones ya actuó de esta forma en la aprobación de la orden ministerial acerca de los valores retributivos para la operación de las plantas de cogeneración para el segundo semestre del año, así como en la correspondiente a la retribución a la actividad de distribución.

Para inhibirse en la firma de las órdenes y decretos, De Guindos se acoge al artículo 11.2.e de la Ley que regula el ejercicio de los altos cargos de la Administración. Este artículo establece que existe conflicto de intereses cuando el alto cargo tuvo una relación laboral o profesional de cualquier tipo con personas jurídicas o entidades privadas en los dos años anteriores a su nombramiento. Guindos fue consejero de Endesa y miembro de su comité de nombramientos y retribuciones hasta que fue designado ministro de Economía en diciembre de 2011. De firmar una orden ministerial sobre el sector eléctrico, vería además ampliado el plazo de incompatibilidad para trabajar en alguna empresa con actividades relacionadas.

Endesa arroja luz sobre el fraude eléctrico y aclara que menos del 1% procede de familias sin recursos

EFE / Servimedia.- Endesa calcula que, “al contrario de lo que muchas veces se piensa”, las familias de bajos ingresos son responsables de menos del 1% del fraude eléctrico cometido en España mediante enganches ilegales, según indicó la compañía eléctrica que señaló que, de acuerdo a sus datos, la mayor parte del fraude «se concentra en puntos de suministro que tienen altos niveles de consumo».

En concreto, la eléctrica defiende que el 80% del fraude eléctrico en el año 2015 en España se debió a empresas industriales y de servicios y el resto a particulares. Además, entre el 20% restante, cometido por particulares, asegura que el 80% del fraude correspondió a hogares con elevado nivel de consumo. Así, según los cálculos de la compañía, el 96% del fraude eléctrico, que el pasado año supuso un consumo equivalente al de Sevilla y su área metropolitana, se debió a empresas y particulares con alto nivel de consumo.

Endesa argumenta que el fraude eléctrico es así «un recurso ilegal que utilizan algunas empresas y grandes consumidores domésticos para abaratar su factura eléctrica a costa de todos los demás consumidores«, que son quienes tienen que cargar con estos gastos «al igual que sucede con el fraude fiscal». Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el fraude eléctrico encareció en 150 millones de euros la factura eléctrica en 2015.

Endesa alerta de que el fraude cometido por empresas no solo afecta a los ciudadanos, sino también a sus competidores, ya que al abaratar ilícitamente su factura incurre en «una clara competencia desleal». Además, recuerda que el fraude constituye «un problema grave para la seguridad y salud de las personas» próximas, ya que las instalaciones manipuladas no cumplen los requisitos de seguridad, lo que puede provocar incendios o electrocuciones e, incluso, la muerte de las personas que la llevan a cabo físicamente, así como producir accidentes a quienes vivan cerca.

Endesa está realizando acciones contra el fraude con el apoyo de equipos especializados y aplicando herramientas tecnológicas en sus redes, como el Data Mining. Esta iniciativa ha permitido detectar, según la empresa, más de 83.522 casos de fraude en 2015, lo que supone casi un 25% más que en 2014, recuperando 600 millones de kWh. Además, prevé que estas cifras sean superadas ampliamente en 2016.

Endesa y la Diputación de Almería colaborarán para sufragar las deudas de los consumidores vulnerables

EFE.- Endesa y la Diputación de Almería han firmado un convenio para sufragar las deudas generadas por impagos en el suministro de electricidad de ciudadanos con dificultades económicas. Elacuerdo, rubricado por el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, y por el director general de Endesa en Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga, pretender agilizar y facilitar el pago de las ayudas municipales a los usuarios de servicios sociales que hayan contraído deudas con la compañía eléctrica.

Endesa se compromete a facilitar la forma de pago de los recibos pendientes y evitar así el corte del suministro, sin aplicar ningún interés de demora o comisión, cuando reciba la comunicación por parte de los centros de Servicios Sociales de que el titular del contrato es sujeto de una ayuda al respecto. La Diputación facilitará las vías necesarias para cubrir las necesidades básicas, entre las que se encuentran los costes derivados del mantenimiento de los suministros del hogar. Asimismo, la Institución Provincial informará, a través del asesoramiento de Endesa, de los requisitos necesarios para la concesión del Bono Social cuando éste sea de aplicación.

Responsabilidad Social Corporativa de Endesa

Arteaga ha asegurado que «la prioridad de Endesa, dando cumplimiento a sus líneas de actuación de Responsabilidad Social Corporativa, es protocolarizar y agilizar la comunicación entre el área social de los ayuntamientos y la compañía para atender de manera efectiva a los clientes más vulnerables que no pueden cubrir sus necesidades básicas«. Por su parte, Amat ha destacado la «importancia que tiene este convenio porque brinda la posibilidad de adherirse a todos los municipios de la provincia almeriense con la finalidad de poner fin a un problema que sufren las familias y personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.