Episodio 1: Cuentan que la noche del 20 de diciembre, mientras se iba conociendo el resultado electoral, el candidato a presidente del Gobierno por Podemos y sus confluencias, Pablo Iglesias, se animaba cada vez más al conocer el recuento, en la efervescencia de los 69 diputados, e incluso hablaba de electricidad gratis al día siguiente según comentan estas fuentes.

Episodio 2: Se ha presentado la primera propuesta de ley de Podemos, la denominada Ley 25. En síntesis, la ley recoge una serie de preceptos derogatorios de otras leyes sin solución de continuidad, es decir, sin contener una sustitución normativa que contenga una regulación alternativa (más o menos discutible) a aquello que deroga o al menos una forma de administrar los períodos transitorios. Esto ocurre, por ejemplo, con el autoconsumo.

Episodio 3: Según se cuenta desde el Foro de Davos, España ha recibido un importante ‘zasca’ por la dejación política ante el fenómeno populista de Podemos y la falta de pedagogía económica e institucional de nuestro país, señalándonos que no se ha comprendido la complejidad de la situación económica española, sus riesgos y el papel de las clases dirigentes en una sociedad globalizada y occidental.

En definitiva, esto es algo que se está evidenciando en los distintos espectáculos políticos que está protagonizando esta formación, con especial alarma ante la rueda de prensa de Pablo Iglesias tras su entrevista con S.M. el Rey Felipe VI, reclamando la vicepresidencia del Gobierno y varios ministerios para los allí presentes en una escenografía preparada a tal efecto. Alarma general que se extiende en las cancillerías europeas, inversores y fondos internacionales: las cosas están llegando demasiado lejos y la condescendencia para no meterse en problemas se puede convertir en letal.

Tiene que ver toda esta introducción con las propuestas en materia de electricidad que efectúa Podemos. Dicha ley, en lo que se refiere a la energía eléctrica, define una especie de tarifa social para regalar el consumo de electricidad. Dicha tarifa social, establece que sea sufragada obligatoriamente y de forma sindicada por los operadores empresariales. Para ello, la definición de tarifa social o de consumidor vulnerable no se aproxima a ningún modelo reconocible en el ordenamiento europeo o en las economías occidentales. Ni falta que hace. Tampoco la forma confiscatoria de sufragarlo que proponen se encaja en la de un modelo redistributivo socialdemócrata en términos de ortodoxia en el ámbito hacendístico, vía gasto público como consecuencia de una decisión política.

Estiremos el argumento que aparentemente lo soporta: la primera necesidad. Mayor primera necesidad que la electricidad sería el hecho de proporcionar alimentos a la población y no parece que Podemos haya formulado norma alguna que obligue a las empresas de distribución alimentaria a proporcionar de forma gratuita bolsas de alimentos en los supermercados y que se sufragasen de forma colectiva los cestos de la compra entre estos operadores. O, por ejemplo, que las operadoras de telecomunicaciones suministren gratuitamente la conexión a internet y el móvil en un momento en que las telecomunicaciones son tan necesarias para cualquier persona. O que se ordenase a las petroleras la confiscación del combustible, su distribución y se estableciera su racionamiento obligatorio para los consumidores.

Podemos parte del aprovechamiento de una realidad y de un ambiente sociológico formado durante años en torno a la energía eléctrica, sus precios, sus costes y su naturaleza, fruto de su ausencia de pedagogía y cultura económica. A la vez, se aprovecha de una ausencia de política energética; esa pedagogía deficiente incluye decisiones como las bajadas electorales de las tarifas, aceptadas con tolerancia y simpatía pero caldo de cultivo de propuestas populistas, o la forma en que se articuló la abolición de las subastas CESUR.

Asimismo, la existencia de una pulsión antiempresarial y antimercado de una sociedad, la española, de fuertes resabios colectivistas que arrancan de la visión comunista inserta en la cultura económica del falangismo, coartada del nacionalsindicalismo del que no hemos salido. El argumento confiscatorio, por demagógico, es insostenible en cualquier país de la Unión Europea. Y también trae consecuencias: el no reconocimiento de la naturaleza del suministro, de los mercados, de las empresas, de los accionistas, desde la primera generadora de electricidad al último parque fotovoltaico, pasando por las distribuidoras y comercializadoras.

Además, refleja una concepción del aparato productivo como un instrumento al servicio de un modelo político caudillista que incluso pregunta a los informadores por las ropas y abrigos que llevan. La posición de Podemos, en este sentido, tiene componentes de comisaría política comunista venezolana. Y, con independencia del devenir de esta ley en su trámite parlamentario, de producirse, lo que parece claro es que ese maniqueísmo político anticipa una legislatura, corta o larga, de barricadas y de intensidad médica con cada numerito.

La pregunta es si nos lo podemos permitir.