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Nadal asegura que las compañías eléctricas estarán obligadas a informar sobre las ventajas e inconvenientes de cada cambio de contrato

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció que su departamento «aumentará las obligaciones» de las compañías suministradoras de energía para que informen de forma pormenorizada a los ciudadanos que cambian de contrato sobre las ventajas e inconvenientes de las nuevas tarifas a las que se acojan.

Los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de noviembre de 2016, revelan una tendencia al alza en los contratos con contratos de electricidad en el mercado libre (14 millones de clientes), frente a los 11,8 millones que están acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Para evitar la posibilidad de que haya personas que tengan dificultades para afrontar los gastos de su factura eléctrica, el ministro señaló que el Gobierno «va a hacer un apunte dentro del decreto del bono social» que obligará a las compañías eléctricas a «informar» a los usuarios que cambien de contrato.

Así, las empresas deberán explicar a las personas interesadas en acogerse a una nueva tarifa «sobre las ventajas e inconvenientes y los derechos que ganan y los que pierden, para que de esta forma puedan estar mejor informados», explicó Nadal. El ministro incidió en «la libertad» de los ciudadanos «a la hora de elegir su tipo de contrato, aunque recordó que para él «el régimen más favorable es el que regula el propio Ministerio: que es el PVPC». «Sólo tiene un inconveniente, que es más volátil, pero en la media y a lo largo del tiempo es por el que menos se paga», argumentó Nadal.

Sobre la posibilidad de una subida de la luz en Galicia para pagar el canon eólico, como ha sucedido en Cataluña, La Rioja, Valencia y Castilla-La Mancha, el ministro ha señalado que la política del Ministerio «es que los recibos de la luz sean iguales en toda España». Nadal ha recordado que existe una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a repercutir en diferentes recibos los impuestos establecidos por las comunidades autónomas en los recibos de la luz durante 2012 y que «ya se ha hecho cumplimiento de esa sentencia». «Sobre esta cuestión no hay nada más, salvo que alguien recurra», ha ahondado el ministro.

En su intervención el ministro ha reivindicado que «la política» de su departamento «es siempre que la electricidad sea lo más barata posible para todos los ciudadanos», pero ha explicado que «si hay una sentencia del Tribunal Supremo hay que cumplirla». «Cuando las administraciones autonómicas ponen impuestos en el sistema energético se corre el riesgo de que esto lo acabe pagando el usuario«, concluyó Nadal.

Energía impedirá a las comercializadoras eléctricas sacar a un usuario del bono social hacia el mercado libre sin advertírselo expresamente

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Europa Press.– El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prohibirá a las comercializadoras de electricidad suscribir un contrato en el mercado libre con un beneficiario del bono social sin advertirle expresamente de que la firma implicará la pérdida de la ayuda. Esta novedad forma parte de las medidas recogidas en el borrador de reglamento de desarrollo del bono social de electricidad, que fue remitido por Energía a las distintas comunidades autónomas.

El borrador recoge tres novedades normativas encaminadas al refuerzo de la protección de los consumidores de electricidad, especialmente de los vulnerables. Entre ellas figura la de que el nuevo comercializador «deberá informar expresamente» al consumidor con bono social de que «la suscripción del nuevo contrato en mercado libre implicará que no resulte aplicable la percepción del bono social». Otra de las novedades es que las comercializadoras deberán incluir en sus reclamaciones a los consumidores con impagos en su factura que estén en el mercado libre la posibilidad de acogerse al precio regulado, el PVPC, y de solicitar el bono social.

Junto a esto, Energía anulará expresamente las cláusulas que contemplen penalizaciones o costes adicionales para los consumidores que tengan un contrato en el mercado libre y que soliciten acogerse al PVPC acreditando los requisitos para ser consumidor vulnerable. El borrador también obliga a las comercializadoras eléctricas a actualizar al menos una vez a la semana el listado con los consumidores a los que ha remitido la primera o, en su caso, segunda notificación de impago.

Esta lista se remitirá a las comunidades autónomas, que designarán por su parte un centro directivo para recibir esta información e informar a las distintas administraciones del territorio. De esta forma, «las autoridades competentes en materia de servicios sociales dispondrán permanentemente de un listado actualizado de los impagos en su territorio». Las comunidades autónomas podrán usar la información del listado para incluir a los consumidores en sus distintos programas de asistencia social. También estarán obligadas a notificar a las comercializadoras de referencia los nombres de los usuarios que están siendo atendidos por sus servicios sociales.

Al abordar el nuevo principio de asignación del bono social, Energía reconoce que la actual definición de beneficiarios «tiene una relación muy indirecta con las categoría de renta«, lo que justifica, según sus consideraciones, vincular la ayuda a un indicador como el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). En este sentido, reconoce que con la actual definición «puede haber consumidores que realmente necesiten la ayuda del bono social y no la estén recibiendo», así como «beneficiarios que no requieran realmente del descuento del 25% en su factura eléctrica».

La ley antifracking de Castilla-La Mancha entrará en vigor a mediados de abril

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Europa Press.- La ley antifracking por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica entrará en vigor a mediados de abril. La ley fue aprobada el pasado 9 de marzo en las Cortes regionales de Castilla-La Mancha, que se convierte así en la quinta comunidad autónoma que regula la fractura hidráulica.

La técnica del fracking consiste en la extracción de hidrocarburos gaseosos a elevada profundidad, mediante la fractura de la roca con explosivos y la inyección de agua con aditivos para extraer el gas, lo que, según el Gobierno regional que ha impulsado la ley, puede contaminar tanto el aire como las aguas, sobre todo los acuíferos subterráneos. La ley fue aprobada con el voto a favor de PSOE y Podemos y la abstención del PP, y con ella se impedirá en la práctica el fracking.

La ley antifracking incluye varias medidas para imposibilitar el desarrollo de este tipo de proyectos en la región, como por ejemplo exigir que el operador de estas actividades establezca una garantía financiera que cubra las condiciones de autorización y las responsabilidades potenciales por daños al medio ambiente antes de iniciar las operaciones. La norma también recoge que no se concederán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos obtenidos a través de la fractura hidráulica en tanto que no se apruebe el plan estratégico sectorial.

Según Castilla-La Mancha, en la búsqueda de yacimientos energéticos no convencionales, como el gas de esquisto, las empresas empiezan a usar técnicas como la fractura hidráulica, también conocida como fracking, que plantea problemas específicos, en especial los relativos a la salud pública y el medio ambiente y generan conflictos socioambientales allí donde se pretenden emplear técnicas de fractura hidráulica. Si bien la Unión Europea ha incidido en la necesidad de elaborar una recomendación que establezca unos principios mínimos que ayuden a los Estados miembros en la exploración y producción de gas natural en formaciones de esquisto utilizando la fractura hidráulica y garanticen la preservación del clima y el medio ambiente, a nivel estatal existe una «insuficiente regulación de la materia».

Así, recuerda queson varios los permisos de investigación otorgados hasta el momento que afectan al territorio de la comunidad autónoma: Aries 1 y Leo en Albacete y Murcia (otorgados respectivamente por el real decreto); Esteros, Almorada y Nava en Albacete y Ciudad Real (otorgados por resolución de julio de 2012 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha); y Cronos en Guadalajara y Soria (otorgado por real decreto). No obstante, los permisos de Aries 1 y Nava han sido extinguidos.

Las autorizaciones de exploración, los permisos de investigación y las concesiones de explotación ya otorgados en el momento de la entrada en vigor de la ley, puesto que sus trabajos específicos quedan sujetos a autorización administrativa por el órgano competente sometida a evaluación de impacto ambiental en los casos que proceda, deben ser incluidos en el ámbito de aplicación de las disposiciones querecoge esta ley, todo ello de acuerdo con los principios de prevención y cautela anteriormente citados, para la salvaguarda de los valores afectados, esto es, la salud humana y el medio ambiente.

Por otra parte, la presente ley de Castilla-La Mancha incluye, en una disposición final, la Modificación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística para establecer como un supuesto más de los que requieren previa calificación urbanística en suelo rústico a los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos, almacenamiento de CO2, almacenamiento de gas y geotermia de media y alta entalpía, que requieran la utilización de técnicas de fracking.

La patronal Ceees denuncia que el auge de las estaciones de servicio desatendidas ha supuesto la pérdida de 2.700 empleos

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Europa Press.- El presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), Jorge de Benito, consideró que las estaciones de servicio desatendidas, conocidas como gasolineras fantasma, «no tienen cabida en el sector», y aseguró que su auge ha supuesto la pérdida de 2.700 empleos en los dos últimos años.

De Benito señaló que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas ya cuentan con normativa propia que regula la presencia de al menos un empleado en las gasolineras, aunque subrayó que estas normas «luego se vulneran sin consecuencias». «Ése es precisamente el motivo por el cual, según los sindicatos, se han destruido 15.000 empleos en nuestro sector desde 2008″, denunció el presidente de la Ceees, que apuntó que en los dos últimos años se perdieron 2.700 empleos, «la mitad en Cataluña, donde no existe una regulación contra las gasolineras desatendidas».

Para De Benito, quien calificó esta tendencia como «escalofriante», la mejor prueba de que esta destrucción de empleo se debe a la proliferación de las gasolineras desatendidas es que en 2015 se experimentó un crecimiento neto de 235 puntos de venta en nuestro país. De Benito subrayó que, a pesar de que no hay datos correspondientes a 2016, «todo parece indicar que esa tendencia de más puntos de suministro y menos empleos se verá acentuada», por lo que pidió al respecto una «legislación clara y, sobre todo, que se cumpla».

Patronales, sindicatos y Cocemfe respaldan ante Bruselas la legislación de las autonomías en contra de las gasolineras desatendidas

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Europa Press.- Las patronales de las gasolineras Aevecar (Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles) y Ceees (Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio), los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) han mostrado su respaldo al mantenimiento de la actual legislación en varias comunidades autónomas españolas en contra de las gasolineras desatendidas o automáticas.

Estas organizaciones consideran que la decisión de la Comisión Europea de admitir a trámite una denuncia contra España por su inacción ante la proliferación de estas normativas es «un paso administrativo habitual». Asimismo, sostienen la necesidad de mantener las normas básicas de un sector de interés nacional para «garantizar los derechos de los consumidores, el mantenimiento del empleo, la seguridad de las personas y del medio ambiente y la atención a las personas con discapacidad».

Así, reivindican «la vital importancia» de los trabajadores en las estaciones de servicio por su profesionalidad y formación de cara a la atención a los usuarios con un objetivo primordial de contribuir «al mantenimiento del empleo en España». Estas organizaciones, que recuerdan que la Constitución establece la obligación a las administraciones públicas de garantizar los derechos de los consumidores, subrayan también que las gasolineras desatendidas «impiden que personas con discapacidad reciban la asistencia necesaria para poder ejercer sus derechos como consumidores y hacer su vida con la mayor autonomía posible».

La Comisión Europea admite a trámite una denuncia de las gasolineras desatendidas contra España por las prohibiciones de las autonomías

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Europa Press.- La Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) contra España por su inacción ante la proliferación de normativas en las diferentes comunidades autónomas en contra de las gasolineras desatendidas. La asociación señala que, tras varios meses en los que la Comisión realizó una investigación preliminar de los hechos denunciados por la AESAE, la semana pasada tomó la decisión de admitir a trámite el expediente.

Como parte del proceso, asegura, el Ejecutivo comunitario ha procedido a enviar la preceptiva carta al Estado español en la que se recogen los hechos fundamentales que constituyen la base del argumento de la Comisión y se esboza la valoración jurídica de los mismos. El Gobierno tendrá de plazo hasta el 8 de julio para presentar sus alegaciones. LA AESAE había presentado su denuncia en julio al considerar que las normativas autonómicas en contra de las gasolineras automáticas constituyen «una clara restricción al libre mercado», en línea con la posición del organismo regulador, la CNMC.

Entre las legislaciones incluidas en la denuncia de la AESAE se encuentran las de Navarra, Castilla-La Mancha, Valencia, Baleares y Murcia, mientras que las que están en tramitación son las de Madrid, Asturias y Extremadura. Posteriormente, indica, esta denuncia fue ampliada el 16 de diciembre, con la Ley de Castilla y León y el proyecto legislativo en tramitación en Euskadi.

Energía insiste en que la subasta de renovables será «tecnológicamente neutra» y ganará la que ofrezca el precio más bajo

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, insiste en que la subasta de renovables de 3.000 megavatios (MW) que el Gobierno celebrará a lo largo de este primer semestre será «tecnológicamente neutra», sin favorecer a una tecnología sobre otra.

«La subasta está diseñada para otorgarse a la tecnología en la que el euro por megavatio hora (MWh) sea más barato. No sé si será la eólica, la fotovoltaica… dependerá de la eficacia de cada tecnología», señaló Navia, quien subrayó que «lo lógico» es que en el resultado se dé un mix de tecnologías. Respecto a los objetivos de implantación de renovables a futuro, Navia indicó que el único compromiso vinculante es el objetivo de un 20% de renovables en el horizonte de 2020. «A día de hoy estamos por encima y esta subasta nos ayuda mucho a ponernos todavía más cerca de conseguirlo», aseveró.

El secretario de Estado de Energía, más allá de cifrar un objetivo de instalación de energía renovable, consideró que lo necesario es llegar a ese horizonte del 20% «de la forma más eficiente, con el menor coste y de la forma más rápida». «Nunca nos hemos comprometido a sacar 8.000 MW de potencia renovable en ninguna planificación vinculante, ya que no tendría sentido porque la tecnología está avanzando constantemente. No se puede comprometer la política energética a 10 años», aseguró.

Sobre el reglamento para desarrollar el bono social, Navia indicó que una vez realizado el trabajo de recabar las opiniones de los distintos grupos políticos, «que ha sido lento», en «muy breve» se enviará una primera propuesta para discutir con todas las partes implicadas (agentes del sector, partidos políticos, comunidades autónomas, corporaciones locales) y empezar su trámite. Navia ha participado en la apertura del Business Beyond Energy, una iniciativa de la Comisión Europea para ayudar a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas y a los clusters, a operar internacionalmente con el objetivo de promover el crecimiento económico dentro y fuera de Europa.

Unión Fenosa Distribución cuenta ya con un 75 % de contadores inteligentes

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EFE.- Unión Fenosa Distribución, filial de distribución eléctrica de Gas Natural Fenosa, ha informado hoy de que ya ha instalado contadores inteligentes en el 75% de su parque de equipos domésticos, frente al 70% exigido por el Gobierno a las compañías para este año.

En total, Unión Fenosa Distribución ha superado los 2,7 millones de contadores inteligentes domésticos instalados e integrados en el sistema de telegestión.

Por comunidades autónomas, Unión Fenosa Distribución ha colocado 1,12 millones de contadores nuevos en 282 municipios de Galicia; más de 890.300 contadores en 44 localidades de Madrid; unos 441.000 contadores en 426 municipios de Castilla-La Mancha, y casi 260.000 en 358 localidades de Castilla y León.

En todas las comunidades, la compañía ha superado el umbral del 70% exigido por el Gobierno para antes del 31 de diciembre de este año.

Asimismo, la compañía ha instalado otros 150.000 contadores inteligentes que serán integrados en los sistemas de la compañía durante las próximas semanas.

La sustitución de los contadores continuará hasta 2018, cuando todos los equipos domésticos deben ser inteligentes.

Unión Fenosa Distribución distribuye energía a 3,6 millones de puntos de suministro con una potencia contratada inferior a 15 kilovatios, principalmente en la Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla y León, y Castilla-La Mancha.

Energía subastará 3.000 MW de renovables en la primera mitad de 2017

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital subastará nueva capacidad de renovables por 3.000 megavatios (MW) en la primera mitad de 2017 y conforme a principios de «neutralidad tecnológica», según anunció en su comparecencia en Comisión en el Congreso de los Diputados el ministro del ramo, Álvaro Nadal.

El Gobierno realizó ya a principios de este año una subasta, la primera desde la ‘moratoria a las renovables’, que sirvió para licitar 700 MW de renovables, de los que 500 fueron de eólica y 200 de biomasa. Los ganadores se llevaron esta potencia sin incentivo.

Esta nueva subasta se lanzará «en breves semanas», será con «criterios competitivos», al menor coste y basada en la neutralidad tecnológica, «ya que es lo justo y no prejuzgas qué tecnología es la más eficiente», indicó Nadal.

Además, advirtió que se llevarán a cabo unos «controles generales» a los proyectos que se presenten a estas subastas, a través de la petición de garantías, para que, una vez sean adjudicados, «sepamos que van a ser realizados».

El ministro subrayó que España es «un país líder» en la generación de energía con fuentes renovables, con un 41% de la generación procedente de estas tecnologías, aunque señaló que «no hay que dormirse en los laureles» en esta materia.

A este respecto, apuntó que España va «muy adelantado» en sus objetivos de cumplimiento fijados en renovables, con un porcentaje del 17,3% en el peso de estas tecnologías sobre el consumo final de energía, frente al 12,1% previsto.

En su comparecencia, Nadal aseguró que el momento actual es «crucial» y está marcado por la transición energética necesaria para hacer efectivos los acuerdos medioambientales del conjunto de Europa y del Mundo tras el acuerdo alcanzado en la cumbre contra el cambio climático de París de 2015.

Más interconexión

Así, destacó que el ‘paquete de invierno’ de la UE se «alinea bastante bien con la línea del Gobierno» al marcar como objetivos la eficiencia energética, la mejora medioambiental y la protección del consumidor, aunque consideró que parte de «un supuesto irreal» de que todos mercados europeos están conectados.

Por ello, afirmó que España tiene que cumplir «de forma realista» con estos objetivos fijados por Europa, aunque subrayó que para ello es necesario pedir unos niveles mayores de interconexión con el Viejo Continente.

Junto a la falta de interconexión con Europa, Nadal aseguró que el sistema eléctrico en España está cargado con otra «gran hipoteca», como son «los costes de decisiones» políticas del pasado, con la instalación prematura de renovables que supuso «un coste muy caro» y el déficit tarifario, que derivó en una deuda financiera de casi 30.000 millones de euros cuya amortización se va a realizar a lo largo de los próximos 30 años. «Eso nos diferencia del resto de sistemas, estas decisiones del pasado que hace que tengamos estas grandes hipotecas», dijo.

En lo que se refiere a materia de defensa del consumidor, Álvaro Nadal indicó que se trabaja en medidas de transparencia y control de los productos financieros, así como en mantener la vigilancia sobre las prácticas anticompetitivas.

Asimismo, recordó el diálogo abierto con el resto de fuerzas políticas para definir el consumidor vulnerable y regular la financiación del bono social. «Debemos definir un nuevo marco para los consumidores en situación de vulnerabilidad, debemos definir el bono social», dijo.

A este respecto, defendió que el bono social debe seguir con un sistema que haga que sea financiado por el sector, en este caso por todas las comercializadoras. «Necesitamos un acto normativa en esta Cámara y en el Senado que nos permita mantener esa financiación, y a partir de ahí hay que discutir cómo queremos que sea y diseñarlo», añadió al respecto.

Colaborar con las Comunidades Autónomas

En lo referente a los cortes de luz a consumidores, respaldó la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de no permitirlos sin existir un informe previo de los servicios sociales, y se mostró abierto a colaborar en las competencias autonómicas sobre política social, «solamente si ellas quieren».

No obstante, subrayó que la protección del consumidor vulnerable no debe formar parte de la política energética, «no se debe alterar los precios para los distintos tipos de consumidores», subrayó, sino que se debe derivar a la política social.

Por otra parte, Nadal defendió que «la mejor política» es la eficiencia energética y señaló que le gustaría que en España se llevará a cabo un «esfuerzo mayor» en esta materia.

«La eficiencia energética será prioritaria y proponemos profundizar en su inversión», destacó al respecto, subrayando que es necesario mejorar en el diseño de los programas de eficiencia energética.

Energía convocará a las comunidades para estandarizar acciones sobre cortes eléctricos

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prevé abrir el diálogo político para mejorar el sistema del bono social y la asistencia social ante casos de cortes del suministro eléctrico, para posteriormente convocar un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para consensuar un procedimiento «estándar» común a aplicar ante este tipo de casos, según informaron fuentes ministeriales.

La intención del departamento dirigido por Álvaro Nadal es mantener el «status quo» del bono social tras la sentencia del Tribunal Supremo, recurrida ya por el Ejecutivo, que declaró inaplicable el régimen de financiación de la tarifa subvencionada por las compañías eléctricas para los consumidores con bajos ingresos.

No obstante, las mismas fuentes aseguran que se abrirá el diálogo político para estudiar si realmente interesa cambiar o realizar mejoras del sistema actual y evitar que dicha tarifa subvencionada se quede sin financiación.

El Ministerio de Energía entiende que el sistema español referido a los cortes de luz y la garantía de los servicios sociales tiene que estar concentrado en el ámbito social y ve «importante» que esto quede reflejado en una directiva europea.

En cualquier caso, las mismas fuentes detallaron que la intención del Ministerio es alcanzar un acuerdo con los grupos políticos en el parlamento y más tarde convocar un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para que de «común acuerdo» entre ellas se establezca el mismo procedimiento «estándar» y se aplique.

No obstante, desde Energía insisten en que el Gobierno central no puede hacer una política estatal que se inmiscuya en las competencias de las comunidades autónomas.

Los contactos parlamentarios sobre este asunto se han incrementado después de que hace dos semanas una mujer de 81 años que vivía sola falleciese en un incendio doméstico en su piso en Reus, ocasionado por una vela que utilizaba para iluminar el hogar tras llevar dos meses con la luz cortada.

En dicho grupo de trabajo se trabajaría para intentar consensuar mejores prácticas de actuación ante este tipo de casos y se intentaría buscar el compromiso de las comunidades para acometer un mismo procedimiento estándar, si bien desde el Ministerio, en el que valoran que la ley catalana haya respetado «escrupulosamente» los límites marcados por el Tribunal Constitucional sobre este tema, insisten en que es una competencia «exclusiva» de las autonomías.

En todo caso, parece haber unanimidad en el posicionamiento del Tribunal Constitucional, el Gobierno y la Comisión Europea respecto a que el sostenimiento de este tipo de situaciones se tiene que hacer con recursos de los servicios sociales, en el ámbito social de cada región.