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Cooperativas Agro-alimentarias aplaude el fallo judicial del Tribunal Supremo que valida las estaciones de servicio automáticas

Europa Press.- Cooperativas Agro-alimentarias de España ha aplaudido el fallo judicial del Tribunal Supremo que valida las estaciones de servicio automáticas. Concretamente, el alto tribunal ha confirmado la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) de 2017 que declaraba nulo el artículo 7 del Decreto Balear 31/2015, que exigía la presencia de un empleado en toda estación de servicio en Baleares.

Las cooperativas cuentan con 700 estaciones de servicio que llevan distribuyendo carburantes desde hace 30 años como servicio a sus socios. En general, estas instalaciones se encuentran ubicadas en entornos rurales y, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del servicio, se suele optar por un sistema de gasolinera que no obligue a tener personal de atención al cliente durante las 24 horas. El presidente del Grupo de Trabajo Carburantes de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Josep Lluís Escuer, ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo al entender que, esta vez, «sí ha tenido en cuenta la importancia del modelo automático, en particular la necesidad de protegerlo ante el deseo de algunas Comunidades Autónomas de aniquilarlo».

El Gobierno prevé un impacto económico «directo» en los ingresos del sistema eléctrico por las futuras redes de distribución cerradas

Europa Press.– El Gobierno prevé un impacto económico «directo» en los ingresos del sector eléctrico por la creación de las redes de distribución de energía eléctrica cerradas, una de las medidas recogidas en el real decreto de medidas urgentes aprobado para ayudar a la gran industria a hacer frente al impacto del precio de la electricidad, debido a la reducción de los ingresos por peajes de acceso.

En la memoria de impacto económico del decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, el Gobierno indica que esa merma de los ingresos por peajes de acceso se puede producir por el grado de simultaneidad de los consumos pertenecientes a la red cerrada, dependiendo del perfil de consumo de los clientes que se integran, así como por el posible cambio del nivel de tensión en el punto de conexión de determinados consumidores que se integran en la red cerrada.

No obstante, el Ejecutivo precisa que efectuar una valoración del impacto económico de la medida, cuando su determinación no se concreta mientras no se establezca su desarrollo reglamentario, resulta «cuanto menos difícil». A pesar de ello, considera que el mayor impacto en peajes es que el consumidor individual que se conecte a la red de distribución cerrada pase del escalón de tensión más bajo al escalón de tensión más alto. El paso de uno a otro escalón de tensión supone unas reducciones en el peaje en torno al 60%, lo que representa alrededor de 12 euros por megavatios hora (MWh).

Así, en la memoria se estima que, si se considera que toda la industria química que actualmente está en el primer escalón de tensión pasara al de mayor tensión, con una demanda de 790 gigavatios hora (GWh) según los datos del sector, el impacto total en peajes sería de una reducción de los ingresos de 9,5 millones de euros. Además, supondría una reducción de medio millón derivado del impuesto de la electricidad por peajes que impactaría en las comunidades autónomas.

No obstante, el Ejecutivo estima compensar el impacto de este incentivo con el incremento que supondrá de la actividad industrial, lo que podría materializarse en un aumento del consumo que implicaría un incremento de los impuestos, de los peajes y del impuesto de generación. Asimismo, valora los efectos positivos que van más allá del sector eléctrico, derivados del incremento de la actividad en el sector industrial y del aumento asociado del empleo, unido a la obligación de mantener la actividad productiva durante unos 3 años.

El Gobierno aprobó recientemente una batería de medidas para ayudar a las empresas electrointensivas a mantener su competitividad y cuota de mercado frente al impacto del precio de la electricidad, entre las que se encuentran la creación del Estatuto de Consumidor Electrointensivo. En el caso concreto de las redes de distribución de electricidad cerradas, el real decreto-ley modifica la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, permitiendo su creación, lo que facilitarán una reducción de costes de la energía eléctrica para la mediana y gran industria concentrada en ámbitos territoriales reducidos, garantizando unas condiciones de conexión a la red pública de manera que esta no quede afectada.

El Gobierno lanzará de manera «inminente» las ayudas para compensar las emisiones de CO2 del sector industrial

Europa Press. – El Gobierno lanzará de manera «inminente» la convocatoria de ayudas por un importe de 78 millones de euros que compensarán los costes indirectos de CO2 incurridos por las grandes empresas industriales.

En la nueva reunión del grupo de Trabajo del Acero participaron representantes de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), de diferentes ministerios, de las comunidades autónomas y de sindicados y la secretaria general de Industria y Pequeña y Mediana Empresa, Begoña Cristeto.

Los Ministerios de Energía, Turismo y Agenda Digital y de Economía, Industria y Competitividad firmaron el pasado mes de marzo un convenio mediante el cual el primero transferirá un total de 78 millones de euros de su presupuesto para esta nueva convocatoria de ayudas.

Este mecanismo de ayudas permite compensar a las industrias pertenecientes a los sectores más expuestos por los costes imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad.

Por su parte, el presidente de Unesid, Bernardo Velázquez, trasladó en la reunión «la importancia» que tiene el foro para la industria siderúrgica, «ya que permite reunir a todas las administraciones públicas con los representantes de la siderurgia española y entablar «un diálogo abierto y sincero sobre los temas de interés común».

En la reunión se trató la necesidad de un comercio libre y de acuerdo con las reglas. Al respecto, Unesid agradeció el apoyo de la Administración a la investigación lanzada por la Comisión Europea de cara al establecimiento de medidas de salvaguardia derivadas de las recientes decisiones del gobierno norteamericano.

El tema energético fue otro de los puntos tratados. Para Unesid, la competitividad de la siderurgia española está «seriamente lastrada» por el diferencial de precio que debe pagar por la electricidad en comparación con los principales países europeos, como Alemania y Francia.

Asimismo, la patronal expresó su interés por avanzar en el proceso de la economía circular y recalcó la necesidad de poder utilizar las escorias como áridos siderúrgicos en la construcción, en el cemento y en el hormigón.

Finalmente, el sector señaló que «está a la espera» desde hace años de que el Gobierno decida adoptar «un imprescindible aumento de la masa máxima de los camiones hasta las 44 toneladas, lo que redundará en beneficios para el conjunto de la economía y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero».

El Gobierno de las Islas Canarias recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJC sobre su decreto del gas

EFE.- El Gobierno autonómico de Canarias recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que anuló parcialmente el decreto con el que reguló los criterios de adjudicación de las obras necesarias para construir redes de distribución de aire propanado en las islas.

Esa sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), advertía varios defectos en el decreto, entre ellos, el de premiar que la extensión de la red de gas fuera la mayor posible, por encima de las necesidades reales. El TSJC también cuestionaba en su fallo la legalidad de las zonas de distribución fijadas para Canarias. En este sentido, la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias defiende que «existen argumentos suficientes» para que su recurso prospere en el Supremo. El Gobierno defiende que las bases que establece ese decreto «no afectan ni interfiere en la normativa básica del Estado, sino que la desarrollan, adaptándola a las peculiaridades propias y específicas de la comunidad autónoma».

Siguiendo el modelo de Baleares

Además, subraya que el decreto se aplica a municipios «en los que no existe red de distribución» y en los que, «al desarrollar las competencias normativas de la comunidad autónoma en esta materia, por razones de eficiencia y mejor gestión, puede determinar que las autorizaciones se otorgarán para el término municipal, como en otros modelos autonómicos, como el balear». «Finalmente, el recurso, en relación a si el despliegue de la red es financiado por el sistema, considera que no es así ya que a raíz de los cambios establecidos en el modelo retributivo actual sólo se toman en consideración dos variables: el número de consumidores y el consumo que éstos realizan», alega el Gobierno canario.

La Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) y el CERMI se unen contra las gasolineras desatendidas

EFE.- La Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) harán un frente común en Bruselas para defender las normas autonómicas que prohíben las gasolineras sin personal. Ambas organizaciones ven estas normativas plenamente conformes al derecho comunitario.

CEEES, la principal patronal del sector de la distribución de carburante, aportará informes que demuestran que las gasolineras sin personal incumplen un buen número de normas estatales y autonómicas que fueron aprobadas para garantizar la protección de los derechos de las personas discapacitadas. Por su parte, CERMI continuará con su labor de concienciación en las instituciones comunitarias, fruto de la cual el Parlamento Europeo ha instado a la Comisión Europea a que investigue en toda la Unión Europea la situación regulatoria de las gasolineras desatendidas.

Aevecar pide a la Comisión Europea «claridad» sobre su posición respecto a las gasolineras desatendidas

Europa Press.- La Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) exige a la Comisión Europea «claridad» respecto a su posición frente a las gasolineras desatendidas. En este sentido, la asociación subraya su predisposición a «acatar» lo que dicte la Unión Europea al respecto. Asimismo, reclama a los dirigentes de las comunidades autónomas que «no se precipiten a la hora de cambiar su legislación por temor a supuestas y graves sanciones que han sido desmentidas” con cambios en favor de las gasolineras desatendidas.

Igualmente, la patronal apoya la unión de todos los afectados por esta situación y representantes europeos, «con el fin de lograr clarificar una problemática» que consideran que «perjudica la seguridad en las instalaciones de servicio, el mantenimiento del empleo, los derechos de los consumidores y la atención a las personas con discapacidad«. Así, Aevecar se adhiere al llamamiento realizado por el CERMI de una unidad de acción por parte de asociaciones de consumidores, sindicatos, el CERMI y la patronal para conseguir que en todas las estaciones de servicio en horario de apertura al público «exista al menos un operario cualificado».

La Generalitat de Cataluña recurre la sentencia que anula el protocolo de la comunidad autónoma contra la pobreza energética

Europa Press.- La Generalitat de Cataluña ha presentado un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Barcelona contra la sentencia que declara nulo el protocolo de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

La titular de este Juzgado, Elsa Puig, anuló a principios de diciembre el protocolo por un defecto de forma y de competencias, aceptando el recurso interpuesto por Endesa contra la Agencia Catalana de Consumo (ACC), la Federación Catalana de Municipios (FCM) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM). La Generalitat ha recordado que la anulación de este protocolo no afecta a la lucha contra la pobreza energética, ya que en este ámbito la ley de pobreza energética de 2015 es de aplicación directa y no requiere de desarrollo reglamentario posterior.

En la sentencia, la juez consideró que el contenido del protocolo es propio de una disposición general que no se aproxima a las leyes vigentes en el momento de su aprobación: «De ahí que, no habiéndose aprobado por la Generalitat, es un acto nulo de pleno derecho». En este sentido, el recurso se fundamenta en que el protocolo es una guía que facilita a los servicios sociales la interpretación de la normativa aplicable para desplegar los mecanismos de protección necesarios para los consumidores vulnerables, y no una disposición de carácter general. Aclara que todos los elementos que la sentencia identifica como indicadores del carácter normativo del protocolo son solo prescripciones de la ley que el protocolo se limita a reproducir.

Endesa también alegó como motivo de nulidad el hecho de que el protocolo fuera aprobado por un órgano que considera «incompetente (la ACC), cuando, en su caso, debió de haberlo aprobado el Gobierno de la Generalitat». El recurso de la Generalitat considera que, como el protocolo no es una disposición de carácter general, no se puede considerar que no ha sido aprobado por el órgano competente ni que no ha seguido el procedimiento legalmente establecido.

La juez consideró que la prohibición de interrumpir el suministro es competencia del Estado. La Generalitat recuerda que ni la ley ni el protocolo vulneran la distribución competencial en materia de energía, ya que la normativa no impone ninguna prohibición a las compañías suministradoras, sino que establece que cuando la empresa tenga que hacer un corte de servicio debe solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o familia está en situación de riesgo de exclusión. La Generalitat puntualiza que del protocolo no se derivan sanciones ni ninguna empresa ha sido objeto de expedientes sancionadores basados en este protocolo.

Las comunidades autónomas deberán mantener un registro de instalaciones de combustión medianas para limitar las emisiones

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para limitar las emisiones a la atmósfera de contaminantes procedentes de instalaciones de combustión medianas. La norma transpone la directiva comunitaria y actualiza el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA), previsto en el anexo IV de la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. Tras la aprobación de este real decreto, las comunidades deberán mantener un registro de todas las instalaciones de combustión medianas.

Así, el decreto establece límites de emisión para instalaciones con una potencia térmica igual o superior a 1 megavatio e inferior a 50 megavatios de determinados contaminantes. La directiva establece valores límite para las emisiones de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas (polvo), así como mediciones para el control de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), procedentes de las citadas instalaciones. Estos valores entrarán en vigor a partir del 20 de diciembre para las instalaciones de combustión medianas nuevas, a partir de 2025 para las instalaciones existentes de más de 5 MW, y a partir de 2030 para las existentes de menos de 5 MW.

La eficiencia energética debe prevalecer

La nueva norma regula, entre otros aspectos, los permisos y obligaciones que deben cumplir los titulares de dichas instalaciones, su inspección por parte de las comunidades autónomas, la información a aportar para la evaluación y seguimiento de la norma así como el régimen sancionador por su incumplimiento. La eficiencia energética debe prevalecer en el desarrollo y explotación de estas instalaciones.

El real decreto actualiza también el CAPCA. Por tanto, se modifica el rango de potencia y el grupo establecido en el Catálogo de algunas actividades de combustión en el sector de la producción y transformación de la energía, así como de los sectores comercial e institucional, residencial y agrario, para poder aplicar los controles de emisiones establecidos por la Directiva europea. Con esta nueva legislación, ninguna instalación de más de 5 megavatios de potencia podrá estar en funcionamiento sin estar autorizada y registrada a partir de 2024 y las de menos de 5 MW de potencia deberán estar, en todo caso, registradas antes de 2029.

Para ello, las autoridades competentes de las comunidades autónomas deberán mantener un registro de instalaciones de combustión medianas, que deberá contar con la información que les deben proporcionar los titulares, relativa a datos técnicos y de funcionamiento de la instalación, combustibles, horas de funcionamiento, etc. Toda la información recogida por las comunidades autónomas será enviada al Ministerio, para que a su vez, el Estado pueda cumplir con las obligaciones de información a la Comisión Europea.

El Gobierno autonómico de Cataluña lanza un programa para promover el autoconsumo de electricidad con baterías de iones de litio

Redacción / Europa Press.- La Generalitat, a través del Instituto Catalán de Energía (Icaen), ha lanzado un programa de impulso de políticas públicas para promover el mercado del autoconsumo de electricidad con baterías de iones de litio. En este sentido, la directora del Icaen, Assumpta Farran, ha explicado que en septiembre ya se podrán solicitar estas ayudas, dotadas de 360.000 euros, que cubrirán hasta el 70% del precio de las baterías con un máximo de 5.000 euros por instalación.

«Calculamos que podremos ayudar a la adquisición de unas 75 baterías este año», ha asegurado Farran, y ha añadido que con estas ayudas se hace una apuesta firme en Cataluña por las energías renovables con la que se espera incrementar el número de instalaciones fotovoltaicas. La directora del Icaen ha recordado que están trabajando por el Pacto por la Transición Energética, que pretende que la energía que se consuma en Cataluña en 2050 sea 100% renovable, y ha criticado al Gobierno central por no aprovechar los recursos energéticos con los que cuenta la Península Ibérica.

Baterías para guardar la energía

También ha mostrado la importancia de avanzar en cómo guardar energía que se produce de manera renovable y que no se aprovecha, y ha aseverado que «quien controle el almacenaje, controlará la energía». Para contribuir a este nuevo modelo energético que propone Cataluña, la española Innover y la alemana Solarwatt se han unido para ofrecer una propuesta de autoconsumo y de almacenaje y han creado un modelo de batería de iones de litio. El director de Solarwatt España y el director general de Innover han insistido en la necesidad de promover instalaciones eléctricas que aprovechen mejor la energía y sirvan para combatir el cambio climático.

El Gobierno distribuye 16,3 millones de euros a planes medioambientales y lucha contra el cambio climático en las comunidades autónomas

Europa Press.- El Consejo de Ministros determinó distribuir entre las comunidades autónomas un total de 16.389.340 euros a distintas líneas de actuación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y el Organismo Autónomo Parques Nacionales como planes medioambientales y lucha contra el cambio climático. De esta cantidad, casi 16,4 millones de euros, 10,4 millones se dirigirán a iniciativas de lucha contra el cambio climático, en el marco de los Planes de Impulso al Medio Ambiente (PIMA): Residuos, Adapta Costas y Adapta-Ecosistemas.

En concreto, el plan PIMA Residuos contará con una dotación de más de 4,9 millones para actuaciones dirigidas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en los objetivos de la Ley de residuos y suelos contaminados y del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, así como para cumplir los objetivos en materia de energías renovables.

El Gobierno explica que acometerán tres líneas de actuación: Residuos-Compost, para fomentar la recogida separada de biorresiduos, compostaje doméstico y comunitario y construcción de instalaciones de compostaje de biorresiduos para su tratamiento; Residuos-Aceites, para fomentar la recogida separada de aceites de cocina usado de los hogares para destinarlo a producción de biocombustible para el transporte y Residuos-Biogás, para incentivar el uso eficiente de biogás y de la generación de biogás.

También se ha acordado llevar a cabo el plan PIMA Adapta-Ecosistemas que, con 2,5 millones, buscará combatir el cambio climático en las comunidades autónomas con medidas que garanticen que los bosques sean menos vulnerables y adquieran más capacidad de resistir a las condiciones climáticas futuras. Además, este plan permitirá aumentar la retención y secuestro de carbono y, por tanto, a cumplir las obligaciones de reducción de emisiones adquiridas por España.