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La CNMC detecta «importantes barreras» de entrada en el mercado mayorista de carburantes que elevan los precios a los consumidores

Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que aún persisten «importantes barreras de entrada y expansión» para los nuevos operadores que quieran operar en el mercado mayorista de carburantes, lo que repercute en altos precios para los consumidores. Así lo señala el organismo en un estudio en el que subraya que la competencia en el sector «no es satisfactoria», a pesar de que los recientes cambios normativos han mostrado «ciertos avances» en la competencia entre gasolineras.

El informe concluye que una de las principales causas que impiden la aparición y expansión de nuevos operadores petroleros es la propia estructura que ostentan los operadores tradicionales (Repsol, Cepsa y BP), presentes en toda la cadena de valor. En opinión de la CNMC, «esta situación favorece situaciones de concentración e integración vertical del mercado, donde tienen un poder de mercado significativo y no replicable«.

En este sentido, la CNMC apunta que los operadores petrolíferos con refinerías en España «disfrutan de ventajas prácticamente irreproducibles para el resto de operadores, fruto de su integración vertical en el refino, el transporte, el almacenamiento primario y secundario y la distribución». Respecto al impacto que esta integración vertical ha tenido sobre las importaciones de carburantes en España apunta que, debido al reciente incremento de capacidad instalada y a la reducción de la demanda, «las importaciones habrían dejado de generar una mínima tensión competitiva que pudiese mitigar parcialmente los actuales resultados en precios, poco competitivos».

Adicionalmente, la influencia de los operadores sobre la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) y sobre las decisiones estratégicas de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), a través de su presencia en el consejo de la empresa y su accionariado, «dificultan aún más la competencia«, según la CNMC que, por tanto, considera que debería evitarse la influencia excesiva de los operadores con capacidad de refino en España sobre las decisiones estratégicas de Cores, corporación de derecho público responsable de garantizar el mantenimiento de reservas de productos petrolíferos y el control de las existencias mínimas de seguridad para el suministro de hidrocarburos en España.

A este respecto, estima que el hecho de que la mayor parte de los costes de mantenimiento de Cores sean soportados, fundamentalmente, por los operadores mayoristas que no están integrados, «reduce sus márgenes y capacidad de expansión en el mercado español«. Por ello Competencia realiza una serie de recomendaciones para reducir el poder de mercado de los operadores con capacidad de refino y mejorar la competencia en beneficio de los consumidores y empresas en España.

En relación al operador logístico, CLH, propone limitar al 4,99% del capital social la participación en su accionariado de los operadores que realicen actividades en el mercado de refino en España. Actualmente, Repsol tiene un 9,9% del capital de CLH; Cepsa, un 9,14%; y BP, un 5%. Asimismo, recomienda evitar «totalmente» su presencia en los órganos de decisión de CLH para no seguir favoreciendo a estos operadores. Igualmente, la CNMC considera que la obligación de mantener las reservas mínimas de seguridad debería recaer sobre los operadores con capacidad de refino y los importadores de carburantes de automoción, liberando a los operadores mayoristas de dicha obligación.

Del mismo modo, para limitar la influencia de los operadores con refino sobre Cores, aconseja constituir una entidad de gestión de las existencias mínimas de seguridad independiente de los operadores de la industria petrolífera, o bien limitar sustancialmente la influencia de estos operadores sobre las decisiones de Cores. Además, para limitar la influencia de las actividades de refino sobre las actividades realizadas en el tramo mayorista y minorista, apuesta por separar la gestión de las operaciones mayoristas del resto de las actividades. Por último, aboga por desarrollar un régimen de incompatibilidades efectivo para el personal directivo relacionado con la actividad mayorista de carburantes de automoción.

La CNMC investiga prácticas anticompetitivas en la venta de cables eléctricos de baja y media tensión

Servimedia.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la distribución y venta de cables eléctricos de baja y media tensión. Por ello, diversos inspectores de la CNMC realizaron inspecciones en las sedes de varias empresas y en una asociación del sector de la distribución y venta de cables eléctricos de baja y media tensión.

El motivo fue la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas en este sector consistentes en la fijación de precios y condiciones comerciales, así como en el reparto de contratos en el marco de licitaciones competitivas convocadas en el territorio español. La Dirección de Competencia de la CNMC solicitó la colaboración en estas investigaciones de inspectores de las autoridades de competencia autonómicas correspondientes a las localidades donde se ubican algunas de las empresas y la asociación inspeccionadas.

En caso de que como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas anticompetitivas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procedería a la incoación de un expediente sancionador. Los acuerdos entre competidores se consideran una infracción muy grave de la legislación de competencia, que pueden conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio anterior al de imposición de la multa.

El organismo regulador indicó que la persecución de cárteles es prioritaria en materia de competencia para la CNMC, dada la «especial gravedad» de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados. Competencia cuenta con el Programa de Clemencia que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten pruebas para su detección.

La CNMC multa a Repsol con 22,59 millones de euros por infracciones de «especial gravedad» con sus gasolineras abanderadas

Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha impuesto varias multas por importe de 22,8 millones de euros a Repsol, que recibe el grueso de la sanción con 22,59 millones, y también a varias empresas de su red de gasolineras abanderadas por coordinar sus precios y descuentos en los ejercicios 2012 y 2013, según informó el organismo regulador. La petrolera recurrirá ante la Audiencia Nacional al considerar la sanción «injusta» y «desproporcionada».

Efectivamente, la resolución sanciona a Repsol con 22,59 millones de euros y a tres empresas de estaciones de servicio: Lence Torres y Complejo San Cristóbal (113.801 euros), Estación de Servicio Lorqui (28.074 euros) y Cerro de la Cabaña (148.763 euros), las tres estaciones abanderadas de la petrolera. El expediente ahora resuelto tuvo su origen en una investigación iniciada en mayo de 2013 a raíz de los informes publicados por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre el alineamiento de los precios de venta al público de combustibles en estaciones de servicio.

Tras inspecciones en las sedes de varios operadores petrolíferos se incoó el expediente, resuelto ahora, contra Repsol, Compañía Española de Petróleos (Cepsa); BP España; Lence Torres y Complejo San Cristóbal (Lence); Cerro de la Cabaña; Estación de Servicio Macar; y Estación de Servicio Lorqui, por coordinación en materia de precios entre cada uno de estos operadores de productos petrolíferos y los empresarios independientes que operan en sus respectivas redes de distribución de combustible de automoción. Tras la instrucción del expediente, la CNMC considera que las cuatro empresas sancionadas infringieron la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La CNMC recordó que estas conductas afectaron al mercado de distribución mayorista y minorista de carburantes de automoción en España y que Repsol es la empresa líder en el mercado nacional de distribución minorista de combustibles de automoción a través de estaciones de servicio. Casi dos tercios de los puntos de venta de su red tiene «un vínculo fuerte» y casi el tercio restante son de gestión propia. Por ello, las prácticas acreditadas «revisten de una especial gravedad», ya que «cualquier acuerdo o intercambio de información entre rivales para no competir a la baja en precios supone una grave restricción a la competencia que es particularmente nociva para el consumidor«.

En concreto, se ha acreditado el acuerdo alcanzado en abril de 2013 entre Repsol y las empresas Lence Torres y Complejo San Cristobal para coordinar de los precios de venta al público en sus estaciones de servicio en el entorno de Lugo. Mediante tal compromiso se perseguía igualar los precios de venta al público de combustible en todas las estaciones de servicio dependientes de ambos grupos ubicadas en dicha zona.

En el caso del acuerdo entre Repsol y Estación de Servicio Lorqui (Murcia), en diciembre de 2012, Repsol se comprometió a no aplicar en la estación de servicio de Espinardo descuentos superiores a 3 céntimos/litro, a cambio de conseguir finalizar con éxito sus negociaciones con el Grupo Aranguren en Madrid. Por su parte, Repsol y Cerro de la Cabaña (Madrid) intercambiaron información estratégica relativa a los precios de venta con el objeto de eliminar la incertidumbre de precios en dicha estación de servicio y así permitir a Repsol finalizar la guerra de precios iniciada el año anterior en dicho entorno, eliminando progresivamente la rebaja que venía aplicando sobre sus precios.

Fuentes cercanas al dictamen indicaron que tres consejeros de la CNMC, incluido su presidente, José María Marín Quemada, votaron a favor de la resolución, que cuenta con los votos en contra de los otros dos consejeros de la Sala. Por su parte, desde Repsol consideraron la sanción «injusta, desproporcionada y carente de fundamento», por lo que interpondrá un recurso ante la Audiencia Nacional, según informaron fuentes de la compañía. La compañía presidida por Antonio Brufau ya recibió otra sanción de la CNMC en febrero, de 20 millones, así como Cepsa (10 millones), Disa (1,3 millones), Galp (800.000 euros) y Meroil (300.000 euros) por coordinación de precios e intercambio de información.

Los transportistas ven insuficientes las multas a Repsol y a varias de sus gasolineras abanderadas

Redacción / Agencias.- La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) considera que las sanciones por un importe global de 22,8 millones de euros a la petrolera Repsol y a varias de sus gasolineras abanderadas impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por coordinar precios «son insuficientes y no ejemplarizantes«. Según Fenadismer, que estaba personada en el expediente abierto por la CNMC, el importe de las multas es «irrelevante» en comparación con la facturación de Repsol.

Así responde La asociación empresarial a la decisión de la CNMC de imponer la sanción a Repsol por considerar que cometió infracciones con sus estaciones de servicio abanderadas en materia de formación de precios o aplicación de descuentos. «Las multas impuestas son irrelevantes en comparación con el importe de la facturación anual de su volumen de negocio, como lo prueba el hecho de las sucesivas sanciones que a lo largo de estos últimos años han ido acumulando Repsol y otras grandes empresas petrolíferas», insistió Fenadismer.

Por ello, Fenadismer considera que no se cumple su finalidad disuasoria y «no produce efectos en la eliminación de las distorsiones reales de la competencia» en el mercado de carburantes en España. La organización representativa del transporte por carretera estuvo personada en el procedimiento por los «gravísimos perjuicios que dichas actuaciones vienen ocasionando históricamente a las más 140.000 empresas de transporte de mercancías y viajeros que operan en España». En este sentido, recordó que implica «una pérdida de su competitividad por el mayor coste que supone la adquisición del carburante en nuestro país«, ya que dicha materia prima representa la principal partida de los costes de explotación en una empresa transportista al suponer casi el 40% del total de costes.

Bruselas aprueba la compra de la unidad de comercialización de crudo de Morgan Stanley por Castleton

Europa Press.- La Comisión Europea autorizó la adquisición de la Unidad Global de Comercialización de Crudo de Morgan Stanley por parte de la empresa estadounidense Castleton tras comprobar que la operación propuesta no creará problemas para la competencia en el mercado europeo. Esta unidad de la entidad financiera estadounidense adquiere y revende suministros de crudo y productos petroleros, mientras que Castleton Commodities comercializa instrumentos físicos y financieros relacionados con la energía.

El Ejecutivo comunitario ha dado luz verde a la transacción, que le fue notificada el pasado 5 de junio, tras comprobar que el solapamiento de las actividades de ambas firmas en la comercialización del crudo y de los productos petroleros es «muy limitada» y por tanto la transacción no planteará problemas de competencia. La fusión fue examinada por Bruselas siguiendo el procedimiento de revisión de operaciones simplificado, aquél que se utiliza a priori para los casos más simples y sin impacto negativo para la competencia.

El Supremo confirma una multa de 15 millones de euros que Competencia impuso a Iberdrola en 2009

EFE.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirmó la multa de 15 millones de euros que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) impuso en 2009 a Iberdrola por negar al grupo británico Centrica el acceso a la información sobre sus clientes, según la sentencia del Alto Tribunal, que rechazó el recurso de Iberdrola contra la resolución del Consejo de la CNC, organismo integrado desde 2013 en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según el Supremo, una sentencia de 2012 de la Audiencia Nacional, que había ratificado la multa, se anula únicamente por la infracción «de las normas reguladoras» de la propia sentencia, pero no por los hechos probados ni por «el carácter antijurídico de la conducta sancionada». Por ello, se asume «la respuesta dada» en la sentencia de la Audiencia Nacional, que considera probados los hechos y califica la actuación de Iberdrola como contraria a la Ley de Defensa de la Competencia. Iberdrola no fue la única eléctrica sancionada por la CNC en 2009, ya que la multa incluyó a Endesa, Unión Fenosa, HC Energía y Viesgo.

El Supremo confirma una multa de 1,1 millones de euros a BP por fijar precios a empresarios independientes

EFE.- El Tribunal Supremo confirmó la sanción de 1,1 millones de euros que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) impuso a BP por fijar indirectamente el precio de venta al público en sus estaciones de servicio. Da la razón así a la Audiencia Nacional, que ratificó en 2012 la multa por haber fijado indirectamente el precio de venta al público a empresarios independientes que operan bajo su bandera, restringiendo así la competencia entre las estaciones de servicio de su red.

La sanción de Competencia se remonta a 2009, cuando también multó a Repsol y Cepsa con 7,9 millones de euros en total por este motivo. Según el organismo, cada uno de los tres operadores controló los precios de venta al público de las estaciones de servicio bajo su bandera para evitar la competencia en precios entre las estaciones de su red, a lo que se unió la fijación directa de precios, que sí está permitida, en las estaciones gestionadas por la propia operadora. El resultado de estas prácticas fue que, independientemente de la marca, de la ubicación o del régimen económico de explotación de la estación de servicio, todas aplicaron el mismo precio máximo o recomendado fijado por su operadora.

También los magistrados llegan a esta conclusión para desestimar el recurso de BP, subrayando que su conducta tuvo un «carácter desincentivador de una política comercial independiente por parte de las empresas titulares de dichas estaciones de servicio, vinculadas por el régimen de comisión o de reventa». Con ello favoreció «la ausencia de competencia en el sector de distribución minorista de carburantes«, con lo que «debe considerarse ilícita por ser contrarias al derecho de competencia». Para el Supremo, ha quedado puesto de manifiesto «la dificultad» de las empresas de apartarse de de los precios máximos recomendados.

El BOE publica la nueva Ley del Sector de Hidrocarburos para introducir más competencia entre gasolineras e impulsar al fracking

Redacción / Agencias.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes la norma que modifica la Ley del Sector de Hidrocarburos de 1998, que fue aprobada por el pleno del Senado la semana pasada tras recibir el visto bueno del Congreso y que busca introducir más competencia en el sector. La nueva ley, que entrará en vigor este sábado, establece la creación de un mercado secundario del gas para obtener precios «más competitivos y transparentes» y facilitar la entrada de nuevos comercializadores.

La norma limita la cuota de mercado de las petroleras en cada provincia al 30% en términos de ventas anuales y no de número de estaciones de servicio como hasta ahora. Los operadores al por mayor de productos petrolíferos con una cuota de mercado superior al 30% no podrán incrementar el número de instalaciones. Tampoco podrán suscribir nuevos contratos de distribución en exclusiva con distribuidores al por menor que se dediquen a la explotación de la instalación para el suministro de combustibles y carburantes a vehículos, con independencia de quién sea el titular de la instalación. No obstante, podrán renovarse a su expiración los contratos preexistentes aunque con ello se supere dicha cuota de mercado.

Esta limitación, que entrará en vigor el 1 de julio de 2016, tiene como objetivo evitar que los operadores mayoristas reorganicen su red deshaciéndose de instalaciones de su propiedad y adquiriendo otras de manera que, sin incrementar el número de estaciones que controlan, puedan ampliar sustancialmente su cuota de mercado. Conforme a la nueva Ley, la Dirección General de Política Energética y Minas publicará anualmente un listado de los mayoristas que superan el porcentaje establecido, que podrá ser revisado por el Ministerio a los tres años o cuando la evolución del mercado y la estructura empresarial del sector lo aconsejen.

Impulso al desarrollo del fracking

Otra de las principales novedades es el impulso a la extracción de hidrocarburos no convencionales de gas y petróleo mediante la técnica del fracking; para ello el Gobierno crea incentivos económicos para los municipios donde se desarrolle esta actividad. La norma crea el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados, que establece un gravamen de entre el 1% y el 4% sobre la producción de gas no convencional. Además, fija un canon de 125.000 euros que se abonará por cada sondeo de exploración y cada pozo de producción en tierra.

La Ley establece que las cantidades recaudadas tanto por el impuesto como por el canon deberán revertir con especial intensidad en las comunidades autónomas y en los municipios donde se ubiquen los pozos. Además, las empresas propietarias de las explotaciones deberán abonar el 1% del valor de la producción a los propietarios de los terrenos situados en un perímetro en torno a los pozos, aunque esos terrenos se destinen a una actividad diferente a la extracción de gas o petróleo.

Asimismo, se posibilita que cualquier instalador de gas natural habilitado pueda realizar la inspección de las instalaciones, fomentando la competencia, ya que actualmente sólo podían realizar las inspecciones los distribuidores. Además se elimina la autorización previa para las empresas comercializadoras de gas natural de países de fuera de la Unión Europea si ya cuentan con el permiso de algún país miembro y se modifica la periodicidad con que las gasolineras envían a Industria sus datos. De igual forma, se igualan las exigencias de existencias de seguridad, que aportan una mayor flexibilidad, para los nuevos operadores a las de los que ya operan en el mercado.

La Comisión Europea en el avispero español

Margrethe Vestager, la comisaria de Competencia de la Unión Europea, visitaba este miércoles España. Danesa, de perfil y comportamiento nórdico, directo, es uno de los pesos pesados de la Comisión Junker y tiene un halo de dura y rigurosa. Enarbola el caso Google, con un fuerte aparato mediático a su alrededor. No es una comisaria al uso y está siendo una de las caras más conocidas del nuevo Ejecutivo europeo. Ostenta, además, una de las comisarías de primera categoría en la actual Comisión Europea, estructurada en dos capas.

En su estancia en España y comparecencia ante los medios en los desayunos de Europa Press, Margrethe Vestager fue interpelada respecto a la cuestión que dictamine que las primas a las renovables sean consideradas como ayudas de Estado ilegales por su volumen excesivo. La comisaria anunció que hasta el momento no hay una decisión tomada por la Comisión Europea respecto a este expediente y añadió que hay que tener «mucho cuidado» cuando existen procesos judiciales abiertos, dado que los resultados de sus investigaciones pueden influir en los litigios en marcha.

En días anteriores se había conocido que, en estos momentos, desde el propio Gobierno español se estaría intentando la consumación de un acuerdo con el Ejecutivo comunitario para que la Comisión incoase un expediente a España que, de facto, supondría la remoción de las políticas renovables seguidas en los últimos años con un efecto cuantificado en más de 40.000 millones de euros en primas. Un aval al sistema de recortes ideado por Industria y cuyo escenario judicial es muy sombrío, incluyendo las últimas revelaciones sobre los informes que lo soportaron.

Por otra parte, la invocación a la Comisión Europea desde Industria en este sentido, confirmada por la propia Abogacía del Estado al Tribunal Supremo, se realiza una vez que España ya colecciona más de una docena de arbitrajes a nivel internacional por las reformas en el sistema retributivo desde la cúpula del Ministerio de Industria, José Manuel Soria y Alberto Nadal, además de los procesos judiciales en el plano interno.

Dichas maniobras son consideradas por distintas fuentes como estratagemas de última hora para tratar de mitigar las consecuencias de los previsibles reveses judiciales de la reforma de forma que, con la calificación de ayudas de Estado ilegales por excesivas, se permitiría una posición del Gobierno ante los tribunales que desactivara las devoluciones e indemnizaciones subsiguientes en los pleitos que se resolviesen de forma negativa en cada una de las instancias.

Fuentes solventes apuntan al responsable de la Oficina Económica de Moncloa y al secretario de Estado de Energía, los hermanos gemelos Álvaro y Alberto Nadal respectivamente, como los que habrían tomado el mando de los movimientos de la ofensiva del Gobierno español en Bruselas en esta materia, buscando el apoyo del comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, en su momento propulsado por Rajoy para ocupar esta cartera.

La primera derivada de estas declaraciones de la comisaria Vestager es que en Europa se han dado cuenta del papel y del momento en el que se buscado la implicación de la Comisión Europea dentro del conflicto renovable en España y, a la vez, que se reserva un margen de maniobra respecto a las actuaciones del Gobierno de nuestro país para abordarlo en clave comunitaria.

Por otra parte, la forma en que se abordan estas cuestiones en la Comisión Europea, en las que se mezclan competencia, seguridad jurídica, conflictos judiciales y arbitrajes, se analizan con mucho detalle y precisión, teniendo en cuenta los efectos para las inversiones y los mercados financieros, elementos clave en la política europea de la actualidad. La maquinaria de la Unión, como dice un perfecto conocedor de ella, Alejo Vidal-Quadras, está orientada al acuerdo, con grandes dosis de diplomacia,  y tiene una concepción muy minuciosa y transparente de los asuntos públicos.

En definitiva, la comisaria danesa se sacude las avispas que el Ejecutivo español ha depositado en la Comisión Europea sobre esta cuestión. Después del desayuno informativo en Europa Press, la comisaria Vestager se reunió con el propio José Manuel Soria en la sede del Ministerio de Industria. Tiene mucho morbo, con el perfil de los dos, saber que se dijeron.

Bruselas no ha decidido si abrirá una investigación formal sobre las ayudas a las energías renovables

Europa Press.- La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, aseguró que Bruselas no ha decidido si la Unión Europea abrirá una investigación formal sobre las primas concedidas a las renovables, como en el caso de España, dado el impacto que podría tener en los litigios judiciales abiertos si las primas fueran declaradas como ayudas de Estado.

Vestager incidió en que hay que tener «mucho cuidado» cuando existen procesos judiciales abiertos, como es el caso de España, y ver cómo los resultados de las investigaciones pueden influir en los litigios en marcha. En este sentido, la comisaria europea reconoció que esta situación genera incertidumbre y destacó que en las conversaciones que ya se han iniciado con los inversores se está intentando alcanzar un acuerdo sobre estas disputas.

Respecto a las ayudas públicas concedidas en España y otros diez países europeos en los denominados pagos por capacidad, Vestager incidió en la importancia de que las ayudas sean neutrales a la tecnología que se emplea. Así, recalcó que la necesidad de un mecanismo para garantizar el suministro puede ser una preocupación completamente legítima si existe la necesidad. En este sentido, incidió en que hay que asegurarse que la gestión de la demanda puede ser tan eficiente como el aumento del suministro y defendió que, si se puede conseguir que la energía y el gas fluyan de forma más libre, asegurarán el suministro, habrá una mejor distribución y menores precios.