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Marín Quemada afirma que el precio de los carburantes disminuye a un ritmo «más lento» de lo deseado

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Redacción / Agencias.- El presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, aseguró que las compañías podrían «estar tentadas» a no trasladar la bajada del precio del petróleo a los precios de los carburantes para compensar la caída de ingresos de sus divisiones de upstream (exploración y producción) y señaló que los precios de la gasolina y el gasóleo están disminuyendo «más lento» de lo que los consumidores querrían.

Al respecto, Marín Quemada subrayó que el sector de la distribución al por menor de la gasolina y el gasóleo no está regulado, pero afirmó que si se detecta algún acto ilícito que afecte a la competencia la institución actuará «inmediatamente». «Si vemos acuerdos encaminados a modificar estos precios al alza por relación ilícita entre las partes intervendríamos«, afirmó el presidente de la CNMC, quien añadió que en estos momentos los márgenes no están disminuyendo tanto como los precios. En este sentido, destacó que se está viendo que el precio del crudo está disminuyendo a un ritmo «más que notable», y que los precios de referencia acusan también, aunque menos «de lo deseable» dada la cotización del petróleo, esa bajada.

El modelo de la CNMC

Por otra parte, Marín Quemada señaló que el modelo de supervisor único «está consolidado», por lo que su cuestionamiento «pertenece a otro momento del tiempo», ante la posibilidad de que la formación de un nuevo Gobierno pueda suponer la separación del órgano de competencia de otras comisiones como la de energía o telecomunicaciones. A este respecto, aseguró que en Europa «me han dejado de preguntar por el modelo», ya que ahora «ya no es tan singular». Asimismo, destacó que «todo el mundo subraya sus ventajas».

Industria no renuncia a lograr un mecanismo para el carbón nacional aceptado por Bruselas mientras recibe duras críticas desde Asturias

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Redacción / Agencias.- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, aseguró que prefiere «no imaginar» lo que ocurriría si no se habilita un sistema que garantice el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas ante lo que considera la «desidia» del Gobierno, que no renuncia a lograr un mecanismo para incentivar la quema de carbón nacional en centrales eléctricas que sea aceptado por la Comisión Europea, indicó el Ministerio de Industria.

Industria asegura que el Gobierno «sigue trabajando por el sector del carbón» y que el ministro José Manuel Soria se reunió la semana pasada con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, para abordar la posibilidad de que Bruselas «acepte algún tipo de mecanismo de ayudas para garantizar la quema de carbón nacional». Industria argumenta que la caída del precio internacional del carbón está provocando «un cierre abrupto de las minas en lugar de un cierre ordenado hasta el 2018», tal y como prevé la Decisión de la Unión Europea.

El Gobierno también apela a la necesidad de poner en marcha un mecanismo sobre la base de la necesidad de garantizar la seguridad de suministro energético del país. Vestager se mostró «comprensiva con los argumentos españoles», si bien supeditó cualquier tipo de ayuda a que sea compatible con el régimen europeo, para lo cual siguen trabajando equipos técnicos de la Comisión Europea y de Industria.

El ministro argumentó que, «a pesar de los avances en la legislatura anterior», España es un país «con muy pocas interconexiones *con el resto de Europa», de modo que es «vulnerable» de cara a la seguridad de suministro y precisa fuentes autóctonas. La Comisión Europea no se opone a este tipo de ayudas, siempre y cuando se hagan dentro de la legalidad europea, indica Industria. «El compromiso comunitario es por tanto estudiar la posibilidad de una vía legal que permita a España cierta compensación a la quema del carbón nacional hasta el año 2018″, añade.

Asturias critica desidia del Gobierno

El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, aseguró que prefiere «no imaginar» lo que ocurriría si no se habilita un sistema que garantice el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas, lo que llevaría a la minería a una situación crítica por la «desidia» del Gobierno. «Debemos estar a tiempo de disponer de un sistema pese al tiempo que se ha perdido y que es achacable al Gobierno de España y, en particular, al Ministerio de Industria», apuntó Fernández después de que la Unión Europea haya cuestionado el modelo propuesto por el Ejecutivo.

El presidente asturiano denunció también que la situación del sector carbonero «no tiene que ver con el hecho de que el Gobierno esté en funciones sino con la desidia de un Gobierno que ha intentado condenar a la minería». En relación con este asunto el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, indicó que la Comisión Europea «no ha cerrado la puerta» a la puesta en marcha en España de un nuevo incentivo al consumo de carbón nacional, pero que es necesario estudiar su encaje en la normativa europea.

El Parlamento respalda al carbón

Asimismo, el Parlamento asturiano aprobó una iniciativa de Izquierda Unida que muestra su respaldo al futuro de la minería del carbón que ha salido adelante por unanimidad aunque durante el debate se ha producido un duro intercambio de acusaciones entre el PSOE, el PP y Podemos. La iniciativa plantea promover desde Asturias junto a sindicatos, partidos y ayuntamientos una posición común que permita revertir en el seno de la Unión Europea, y en colaboración con otras comunidades autónomas y con el Gobierno central, la decisión adoptada en 2010 de suprimir a partir de 2018 todas las ayudas a explotaciones deficitarias.

La Cámara asturiana se compromete con la defensa del carbón y de su explotación como recurso natural de forma sostenida y sostenible «como un derecho irrenunciable y fundamental para Asturias» y exige del Gobierno central que habilite, tal y como prevé el vigente Plan del Carbón, los mecanismos que garanticen el consumo de hulla nacional. La ausencia de dicha regulación, a cuya renovación Bruselas sigue poniendo obstáculos, favorece según el diputado de Izquierda Unida Ovidio Zapico, el uso de hulla importada con cuyo coste el carbón nacional «no puede competir».

Para el portavoz socialista, Jesús Gutiérrez, en el frente común que plantea la iniciativa aprobada «no puede estar el PP porque es meter al zorro donde usted quiera» dado que incumple sus compromisos con el sector y alberga «al igual que Podemos, gente que siente desprecio por la minería». Previamente el parlamentario de la formación morada, Héctor Piernavieja, había criticado que el plan de cierre del sector fue «firmado y sellado» por PSOE y PP en las últimas décadas en las que además «dilapidaron el dinero que debía servir para construir un tejido económico alternativo».

PP se suma al compromiso

Por su parte, la portavoz adjunta del PP, Emma Ramos, recordó que su partido fue el «único» que luchó contra el cierre de las minas en la década de los años noventa y logró que Bruselas ampliara hasta 2018 el plazo para seguir subvencionando la producción, una decisión que ha considerado «difícil» de revertir por la Unión Europea. Para el diputado de Foro, Pedro Leal, si España deja de producir hulla se «dispararía» el precio de la importada de Colombia, China o Sudáfrica mientras que Armando Fernández, de Ciudadanos, ha emplazado al Gobierno a cumplir lo pactado en el Plan del Carbón, pero abogó por «no volver la cabeza a un pasado que no volverá».

La minería del carbón genera aún en Asturias entre empleos públicos y privados más de 3.000 puestos de trabajo directos y constituye la principal actividad económica de comarcas como la suroccidental donde operan empresas amenazadas de cierre si no se recupera la garantía de suministro para producir electricidad. El vigente Plan del Carbón contemplaba que el único recurso energético fósil de que dispone España supusiera el 7,5% de la producción eléctrica en el mix energético nacional y la hulla es la segunda fuente de generación en España tras las centrales nucleares tras consumir en los últimos años una media de 21 millones de toneladas de las que 18 son importadas.

Castilla y León también reivindica

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, confía en poder convencer a la Unión Europea por la vía de la «garantía de suministro» e insistió en que la puerta de las ayudas a la minería «no está cerrada«. Tras recordar que la orden del carbón que había preparado el Ministerio de Industria también fue informada desfavorablemente por la CNMC, al considerar que se trataba de ayudas de Estado contrarias a la normativa europea, Del Olmo ha defendido el «nuevo planteamiento» del ministro José Manuel Soria a la Comisión Europea.

España pide a la Comisión Europea ayudas para el sector de la minería del carbón

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EFE.- España ha pedido a la Comisión Europea ayudas y compensaciones en favor de su sector de la minería del carbón, indicó el ministro en funciones de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que se reunió, junto al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, con la comisaria europea de Competencia, la danesa Margrethe Vestager.

«Habíamos previsto fundamentalmente la reunión para plantearles un sistema de ayuda al carbón nacional, teniendo en cuenta que tenemos un problema derivado de la caída abrupta del precio internacional del carbón», dijo Soria. «Lo que le hemos pedido es que se estudie alguna suerte de ayuda y de compensación a lo largo de estos años para garantizar la quema de carbón nacional por parte de las centrales térmicas, teniendo en cuenta que el real decreto de restricciones al uso del carbón nacional venció el 31 de diciembre de 2014″, añadió.

El ministro recordó que «estamos en un plan de cierre de la minería del carbón no competitiva, de tal forma que al 31 de diciembre del año 2018 tienen que estar cerradas todas las minas de carbón que hayan recibido algún tipo de ayuda«. Indicó, en ese sentido, que España está cumpliendo con «las exigencias difíciles» de la Decisión 787/2010 de la Unión Europea, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas.

La comisaria, dijo el ministro «entienden nuestros argumentos, entiende perfectamente que España es un país que necesitamos gastar mucho en pagos por capacidad, por lo que han comprendido que efectivamente necesitamos ese tipo de compensación». La Comisión Europea, según Soria, se ha mostrado abierta a conceder una asistencia, aunque el ministro de Industriaprecisó que «necesitan hacerlo dentro de lo que es la legalidad europea, y por lo tanto se han comprometido a estudiar alguna puerta legal que nos permita efectivamente tener esa medida de compensación a la quema y al uso del carbón nacional«.

España no ha hecho «ningún tipo de cuantificación» de las ayudas; «lo que hemos pedido es que no sean consideradas como ayudas de Estado y, por tanto, puedan ser permisibles», señaló. Precisó que esas subvenciones beneficiarían en particular «al sector de la minería del carbón, porque permitiría ir en paralelo con el proceso de cierre de la minería y el carbón, con la posibilidad de que se siga quemando carbón nacional en las centrales térmicas».

Todo, añadió, «teniendo en cuenta que el precio del carbón internacional ha bajado muchísimo, está por debajo de 50 dólares la tonelada», y que «va a seguir bajando a lo largo de los próximos años de acuerdo a las previsiones que hay de la Agencia Internacional de la Energía». Es algo, explicó, que «está muy condicionado por la situación del carbón a nivel internacional, que a su vez está condicionado por la demanda del carbón, fundamentalmente en China», país que consume la mitad de todo el carbón a nivel mundial.

La CNMC sanciona a tres empresas de hidrocarburos líquidos por no remitir información sobre precios y ventas anuales

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Servimedia.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a dos empresas titulares de estaciones de servicio y a un operador al por mayor con 7.365 euros por no enviar la información periódica relativa a los precios y ventas anuales de sus instalaciones, tal como establece la normativa.

En un comunicado, la CNMC recordó que la legislación establece que los titulares de instalaciones de suministro a vehículos tienen la obligación de remitir a la Dirección General de Política Energética y Minas «con la periodicidad que se establezca y, en todo caso, cuando exista una modificación de precios, los datos sobre los productos ofrecidos, así como su precio y marca, en caso de abanderamiento», entre otra información.

Tras recibir las correspondientes denuncias, la Comisión inició los respectivos procedimientos sancionadores, que ahora resuelve, contra Estación de Servicio Atalaya, Bon Preu y Petróleos Archipiélago.

Una vez resueltos dichos procedimientos, la CNMC ha sancionado como responsable de una infracción grave a Estación de Servicio Atalaya con 5.465 euros; Bon Preu, con 1.800 euros; y Petróleos Archipiélago, con 100 euros.

Las resoluciones pueden ser recurridas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

Competencia autoriza la venta de parte del negocio de gas de Repsol a Redexis

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EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado la operación por la que Redexis se ha hecho con parte del negocio de gas licuado canalizado (GLP) de Repsol, con 71.529 puntos de suministro, imponiendo una salvedad. En su informe de la operación, Competencia detalla que quedan fuera de la autorización los contratos suscritos con Repsol Butano de suministro de GLP a granel de más de 5 años de duración, «quedando por tanto dicha restricción sujeta a la normativa sobre acuerdos entre empresas».

Tras la operación, detalla la CNMC, Redexis alcanzará una cuota del 13,4% en el mercado nacional de distribución y suministro de GLP canalizado y pasará a ser el segundo operador del mercado, aún lejos de Repsol que pasará a tener cuotas de mercado del 76,81% en términos de puntos suministro y del 75,38% en términos de volumen. Competencia añade que, teniendo en cuenta que se trata de «un mercado muy concentrado», la operación «ha de valorarse de forma positiva» y avanza que las próximas adquisiciones previstas en el sector supondrán una mayor reducción de la cuota de Repsol. Así, Competencia concluye que no cabe esperar que la operación suponga una amenaza para la competencia efectiva.

En septiembre del año pasado, Repsol anunció el acuerdo para la venta de parte de su negocio de gas canalizado a Gas Natural Distribución y Redexis Gas por 651,5 millones de euros. En el marco de esa operación, Redexis Gas adquirió 53.760 puntos de suministro canalizado y 213 kilómetros de red de distribución en 10 comunidades autónomas que se sumaban a otras compras anteriores. En total, Redexis ha comprado a Repsol 71.529 puntos de suministro y 270 kilómetros de red de distribución por 136 millones.

Acciona recibe la autorización comunitaria para adquirir la alemana Nordex y construye un parque eólico de 93 MW en Texas

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EFE / Servimedia.- La Comisión Europea dio luz verde a la adquisición de la factoría alemana de turbinas eólicas Nordex por parte de la compañía española Acciona, que también anunció que ha iniciado la construcción del parque eólico de San Román, de 93 megavatios (MW) de potencia, situado en Texas (Estados Unidos) y que supone su octavo parque en propiedad en el país.

La Comisión Europea aprobó la operación bajo el reglamento comunitario de concentración al determinar que esta adquisición «no conllevará problemas de competencia, ya que las empresas tienen una posición limitada en el mercado de las turbinas eólicas y seguirán enfrentándose a un importante número de grandes competidores». El Ejecutivo comunitario también evaluó si esta transacción permitiría a Acciona caer en un comportamiento anticompetitivo en los mercados relacionados, como el del desarrollo de parques eólicos o el de generación y venta al por mayor de electricidad. En este sentido, la Comisión Europea concluyó que dada la posición limitada de las empresas en todos los mercados en cuestión, el resto de competidores «seguirían teniendo suficientes proveedores alternativos».

Nuevo parque en Estados Unidos

Acciona Energía inició la construcción del parque eólico de San Román, de 93 megavatios (MW) de potencia, situado cerca de la costa sureste de Texas, su octavo en Estados Unidos. Según explicó la compañía, con este proyecto, adquirido al promotor estadounidense Pioneer Green Energy, alcanzará una potencia eólica total de 721 MW en Estados Unidos. El parque, situado en el condado de Cameron, constará de 31 aerogeneradores, estará operativo a finales de 2016 y producirá anualmente energía suficiente para abastecer a más de 30.000 hogares.

«El parque eólico de San Román supone la reactivación de nuestra actividad inversora en un mercado tan relevante para las energías renovables como es Estados Unidos», destacó el director de Acciona Energy North America, Ilya Hartmann. Acciona ya tiene 628 MW eólicos operativos en Estados Unidos: tres parques en Oklahoma (329 MW), uno en Dakota del Norte y del Sur (180 MW), otro en Illinois (101 MW), y dos más en Dakota del Norte y Iowa, de 12 MW y 6 MW, respectivamente. Asimismo cuenta con una planta termosolar de 64 MW en el desierto de Nevada. La empresa prevé invertir hasta 2020 alrededor de 2.300 millones de euros en instalaciones renovables en el mundo.

La CNMC asegura que la caída del crudo llegaría mejor a los carburantes con más competencia

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EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha asegurado que la entrada de más operadores en todos los segmentos del mercado de los carburantes haría posible que la bajada del precio del crudo se trasladara en mayor medida al consumidor final.

Según han indicado fuentes del regulador, la CNMC considera que las bajadas del precio del petróleo repercutirán en el precio de los carburantes en el surtidor en las próximas semanas, aunque la caída sería superior si existiera una «mayor competencia» y una «regulación eficiente» que permitiera la entrada de nuevos operadores. «Hay restricciones a la competencia que incrementan el precio al consumidor final respecto a lo que podría ser», matizan, una cuestión con la que no están de acuerdo las petroleras, que achacan la suave traslación de la caída del crudo al precio final al elevado peso de los impuestos.

La CNMC, que recuerda que no hay normativas comunitarias que regulen este sector, señala que en España no hay precios tan «eficientes» como deberían existir y como los que tienen otros países de su entorno, como Francia, Alemania o Reino Unido. Según apunta el organismo, el problema de fondo es que en países como Francia el litro de gasolina es casi 5 céntimos más barato que en España antes de impuestos, según datos de la Comisión Europea, aunque los precios al consumidor en España son menores porque los impuestos a los carburantes son más bajos.

CNMC pide actuar a CLH

Por ello, el organismo aboga por que la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) cuente con unas tarifas más eficientes que permitan la entrada de nuevos operadores en el mercado mayorista español y valora la entrada de nuevos actores en el mercado minorista, algo que ha favorecido una bajada en los precios. «La competencia es buena para el consumidor, para el sector público y para todas las empresa que usan gasolina y gasóleo como instrumento necesario para producir sus propios bienes. Perdemos competitividad como país por la falta de competencia», asegura la CNMC. Hay que recordar que el precio medio de venta del gasóleo de automoción en las gasolineras españolas bajó del euro por litro por primera vez en 6 años.

El director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Álvaro Mazarrasa, considera que los movimientos de la materia prima y de sus derivados «tienen reflejo casi inmediato en los precios en el surtidor». «Los consumidores pueden estar tranquilos. La competencia entre operadores hace que los precios se ajusten al precio del la gasolina y el gasóleo en el mercado internacional», subraya. No obstante, Mazarrasa reconoce que la bajada del precio del crudo no se traslada en la misma medida al precio final del gasóleo y la gasolina, algo que, a su juicio, está vinculado con el hecho de que el 55% del precio final son impuestos y el 15% corresponde a costes de distribución y almacenamiento.

Facua pide a la Fiscalía que indague si Iberdrola cometió un delito contra el mercado y los consumidores en 2013

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Servimedia / EFE.- Facua-Consumidores en Acción puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado la supuesta manipulación de los precios de energía llevada a cabo por Iberdrola y le solicita que investigue si la compañía ha cometido con estas acciones un delito contra el mercado y los consumidores. Estos hechos supusieron una sanción de 25 millones de euros, impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y que la compañía eléctrica anunció que recurriría desde el primer momento.

La asociación señala que de los hechos expuestos en el expediente sancionador, que el organismo de Competencia considera probados y que derivan en la mencionada multa, se podría desprender una posible conducta delictiva de la empresa. La sanción a Iberdrola se refiere al incremento del precio de las ofertas de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013.

Según Facua, la empresa manipuló «el precio de un bien de primera necesidad como es el suministro eléctrico, utilizando una disminución de la producción hidráulica», lo que provocó «un aumento en el precio ofertado de generación, al tener que acudir a tecnologías más caras para cubrir la demanda energética». En este sentido, la asociación recuerda que el artículo 281 del Código Penal establece expresamente que «el que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, será castigado con la pena de prisión de 1 a 5 años y multa de 12 a 24 meses«.

En su resolución, que Facua adjunta a la Fiscalía, la propia CNMC se refiere a la conducta de Iberdrola como una «manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía» eléctrica. Competencia afirma que la compañía, «consciente de la existencia de un escenario de elevada demanda al que corresponde el mes de diciembre, decide retirar una capacidad de producción para provocar un incremento adicional en el precio del mercado».

La CNMC indica que esta conducta hizo que el precio del mercado diario estimado aumentase en unos 7 euros por megavatio hora (MWh). El beneficio propio ocasionado por esa actuación fue de 21,5 millones de euros, mientras que el impacto para el conjunto de la demanda se cifra en 105 millones de euros, según la CNMC. Las sospechas de que había manipulado el mercado llevaron al Gobierno a cambiar todo el sistema de fijación de precios, motivo por el que el Ejecutivo decidió suspender la subasta Cesur, celebrada el 19 de diciembre de 2013, para evitar que la luz subiera casi un 11%, apuntó Facua.

El futuro de la CNMC, en juego en las urnas

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La presente legislatura ha supuesto un cambio capital en el capítulo de los órganos reguladores de los sectores económicos de España. Sin contar con el apoyo de la oposición, el PP aglutinó los 6 organismos anteriores, desde la Comisión Nacional de la Energía (CNE) o la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en un único macroregulador: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con la consecuente mezcolanza de departamentos bajo el mandato de José María Marín Quemada.

Un modelo en el punto de mira de Bruselas, que cuestiona cómo se ha ejecutado el proceso y que tenga cabida en las directivas europeas. Debe considerar el PP que hizo lo correcto al crear el nuevo organismo macroregulador cuando en su programa electoral no lleva ninguna referencia a la CNMC. Tampoco lleva referencias al papel del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), carencia compartida por el resto de partidos políticos.

Tampoco se menciona a la CNMC en el programa de Podemos. Y eso que tienen una visión bastante negativa de lo acontecido con el regulador. Precisamente, en entrevista a Energía Diario, el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, apuntaba que «el nuevo superregulador ya no es independiente puesto que sus miembros son nombrados por Real Decreto del Gobierno. En definitiva, tal y como está planteada, la CNMC no se ha creado para fomentar la competencia y la transparencia, sino todo lo contrario, para blindar al oligopolio. Es evidente que habría que modificar todo esto y adoptar medidas para que este organismo realmente sirva para favorecer la libre competencia, la transparencia y la defensa de los derechos de los consumidores».

Quién sí que lleva una propuesta de cambio en su programa es el PSOE. En primer lugar plantean «evaluar» el funcionamiento de la CNMC desde su creación en 2013 y, en su caso, «estudiar su transición hacia un modelo de regulador convergente, similar al existente en Alemania«. Según explican los socialistas, se trataría de separar la CNMC en un organismo regulador «para los sectores económicos en red (energía, telecomunicaciones, sector audiovisual, transporte, sector postal)» y en un organismo de Competencia.

El PSOE se propone «impulsar el reforzamiento de los organismos de competencia y de regulación de mercados dotándolos de mayor independencia funcional y recursos» con un modelo que consideran más próximo a los países de nuestro entorno. Finalmente, los socialistas aseguran que este modelo «dispondrá de la autoridad necesaria de Competencia, plenas capacidades normativas para los reguladores, independencia de recursos financieros y suficiente personal cualificado».

La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, denunció en Energía Diario que el Gobierno del PP había «debilitado» al organismo regulador con una modificación «en contra del criterio de la Unión Europea, de la racionalidad económica y de nuestra radical oposición«. Según sus palabras, desde el PSOE garantizarán su independencia ya que consideran el regulador básico para «promover el funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia efectiva y el impulso de la innovación en beneficio de los consumidores». Por ello anunció la intención de «modificar el procedimiento de designación de los miembros de los organismos reguladores».

Otro partido que acude a las urnas con un modelo claro de regulador es Ciudadanos. «La independencia de la CNMC no ha existido porque el Gobierno nunca ha creído en tal. Hay que volver a empezar en el diseño de este organismo clave ya que la estructura actual de la CNMC es el peor de todos los mundos posibles«, denuncia el programa electoral de Ciudadanos, que propone su reforma. «Proponemos la separación de Competencia de Regulación, que puede estar a su vez dividida en dos o tres áreas», dice Ciudadanos.

El programa va más allá e incorpora un procedimiento completamente detallado para proceder al nombramiento de los consejeros así como propuestas para asegurar su independencia funcional y presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Asimismo, Ciudadanos resalta que la CNMC debe cumplir con sus obligaciones de transparencia y publicar los órdenes del día del organismo regulador y publicar las actas y las resoluciones de una forma más rápida que la actual ya que «tardan meses en ser publicadas». Finalmente, aseguran que el regulador debe tener su propio servicio legal para no depender de la Abogacía del Estado.

«La fusión fue una decisión del Gobierno para tener todos los órganos controlados en único órgano. O bien se vuelve otra vez a la situación inicial de que cada regulador controla su sector o bien se respeta esta fórmula pero garantizando su independencia, incluso su independencia entre Mercados y Competencia. Es algo que no se ha logrado y nuestro objetivo es que el regulador sea independiente, pero no tenemos preferencia por un modelo u otro», indicó a Energía Diario el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado.