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Unidos Podemos reclama que la CNMC vigile si las compañías de distribución eléctrica dificultan los proyectos de autoconsumo

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Europa Press.- Unidos Podemos ha reclamado al Gobierno que garantice, a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que las empresas distribuidoras de energía eléctrica no están poniendo dificultades a las nuevas solicitudes sobre autoconsumo tras la derogación del conocido como impuesto al sol.

Según alertan sus diputados Eva García Sempere (IU) y Josep Vendrell (Podemos), algunas de estas empresas están rechazando peticiones de altas, alegando circulares y acuerdos del organismo regulador, por lo que creen que existe «riesgo real de que se bloquee a través de ardides jurídicos la nueva legislación«. Así se lo han trasladado al Gobierno en una batería de preguntas registrada en el Congreso. Estos diputados piden medidas para que la CNMC «fiscalice y garantice que no existen motivos de rechazo» a las nuevas instalaciones «aduciendo falta de desarrollo reglamentario».

Tal y como argumenta Unidos Podemos, «la modificación y cambio de los criterios para gestionar con rapidez las solicitudes de altas de autoconsumo debería ser una prioridad absoluta del sector y de la propia CNMC», por lo que piden al Gobierno garantizar que no exista ningún bloqueo y que el supervisor «tenga una especial vigilancia y dé una solución transitoria».

«De lo contrario, podría haber autoconsumidores en condición de poner en marcha sus instalaciones y que no pueden hacerlo. No puede existir ningún motivo de rechazo procedimental sobre un mandato legislativo, con independencia del grado de desarrollo reglamentario«, aseveran. Por otro lado, plantean al Gobierno que solicite a la CNMC el número de rechazos existentes por parte de las empresas distribuidoras que aleguen una ausencia de desarrollo reglamentario y si considera que esta alegación justifica el rechazo de puesta en marcha de las nuevas instalaciones.

Las principales compañías eléctricas lideran los mercados liberalizados de electricidad y gas a pesar de las nuevas comercializadoras

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Europa Press.- Los 5 grandes grupos energéticos (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Viesgo) siguen concentrando la mayor parte de los mercados liberalizados de electricidad y gas a pesar de que han surgido en los últimos años nuevas comercializadoras, según datos del informe Comercializadores de Electricidad y Gas del Observatorio Sectorial DBK de Informa.

Así, las comercializadoras no dependientes de las cinco grandes compañías eléctricas reunieron en 2017 el 25,6% de la energía suministrada en el mercado liberalizado de electricidad, cerca de 2 puntos porcentuales menos que el porcentaje registrado en 2015.En el mercado de gas, la penetración de las comercializadoras no vinculadas a grupos de generación se situó en el 31,9% el pasado año, advirtiéndose en este caso un incremento muy relevante de su cuota de negocio, en comparación con el 19,3% en 2015, según el informe.

Además, el 90% de la electricidad y el 97,9% del gas total suministrados correspondieron en 2017 a contratos a precio libre. En 2017, el volumen de negocio generado por las empresas comercializadoras de electricidad se cifró en 32.170 millones de euros, un 2,4% más que en 2016, cuando había descendido un 6,5% como consecuencia de la caída de precios. Por su parte, impulsados por el repunte de los precios, los ingresos de las compañías de gas ascendieron a 11.410 millones de euros en 2017, lo que supuso un aumento del 13,1% respecto al año anterior.

Familias vulnerables de Calatayud experimentan por primera vez en España el prepago de electricidad para incentivar el control del consumo

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Europa Press.- El Proyecto ReluCe, impulsado por Ecodes, Endesa y el Ayuntamiento de Calatayud, ya está en marcha. La operativa ha comenzado ya con el objetivo de incentivar el consumo eficiente de energía y control de gasto de las familias vulnerables mediante un sistema de prepago de la electricidad. Esta es la primera experiencia de este tipo que se realiza en España.

Con este sistema, el usuario es informado a través de SMS, de forma semanal, sobre la evolución de su saldo y de la previsión de necesidad de recarga, si fuera necesario, para llegar a final de mes. De este modo, el consumidor puede llevar un control sobre el gasto realizado y adecuar su consumo. Cuando el saldo está próximo a terminarse, los participantes reciben un aviso en el móvil informándole sobre la necesidad de realizar una recarga. Si no la realizan y se quedaran sin saldo, su potencia quedaría reducida hasta un nivel que les permita cubrir las necesidades básicas, evitando el corte de suministro.

El proyecto permite mejorar la gestión del gasto en electricidad en el hogar de estas familias, la planificación de los recursos económicos familiares evitando gastos inesperados y conocer los consumos de forma semanal para poder implementar medidas si se detectan consumos por encima del óptimo en cada hogar. De forma previa al comienzo de la operativa, el proyecto ha optimizado el contrato de electricidad de las 18 familias ayudándoles a tramitar el bono social en los casos que tuvieran derecho al mismo. Por su parte Ecodes, ha mantenido con las familias un continuo contacto, asesorándoles y formándoles en una mejor comprensión de la factura eléctrica y en hábitos y medidas para lograr un consumo eficiente.

Asturias, Aragón y Castilla y León exigen a Ribera que sea «cómplice» para que las térmicas no cierren en 2020

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Europa Press.- Mientras el Gobierno asegura que será firme para que las eléctricas presenten planes de «transición justa» donde cierren centrales térmicas, los presidentes de Asturias, Aragón y Castilla y León han exigido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que sea «cómplice» con estas comunidades para evitar que las térmicas no cierren en 2020, como están solicitando, de manera que el final del carbón no sea «abrupto» y haya tiempo para construir una alternativa económica para las zonas mineras.

Así lo han explicado los tres presidentes, Javier Fernández, Javier Lambán y Juan Vicente Herrera, tras reunirse durante dos horas con Ribera. El encuentro se produce en respuesta a la carta que los dirigentes autonómicos remitieron a la ministra exigiendo una «transición justa». Los tres han sido contundentes en que si no existe una alternativa económica para las zonas afectadas antes de que termine la extracción y uso del carbón, la transición energética que defiende el Ministerio para cumplir las exigencias de la Unión Europea no será justa. Para ello, una de sus principales reivindicaciones es que se presione a las dueñas de las térmicas que consumen ese carbón para que no cierren en 2020.

Las solicitudes tienen que ser autorizadas por el departamento que dirige Teresa Ribera y de ahí la reclamación a la ministra para que sea «cómplice» con la reivindicación autonómica de que se prolongue la vida de estas centrales hasta 2030. Es el tiempo que, según los dirigentes autonómicos, puede costar poner en marcha nuevos proyectos económicos que generen empleos alternativos a los que se perderán por el final del carbón.

Lambán ha sido contundente al denunciar el cierre de la térmica de Andorra por parte de Endesa, a la que ha acusado de no demostrar la responsabilidad social «que cabe exigirle a una empresa moderna del ámbito de la Europa occidental». «La ministra creo que entiende ese planteamiento y será cómplice con nosotros en esa exigencia de responsabilidades», ha afirmado.

Más allá de las renovables

El presidente del Gobierno de Aragón ha sido exigente con la citada empresa, a la que le reclama no sólo que haga las inversiones necesarias para prolongar la vida de la central, de acuerdo con los parámetros que impone Bruselas, sino también que se comprometa con la creación de alternativas económicas. Proponer energías renovables, a su juicio, no es la solución. «El sol y el viento son nuestros, no de Endesa, y tenemos empresarios aragoneses comprometidos», ha apuntado. Según Javier Lambán, la ministra les ha mostrado «buena predisposición a hacer lo que esté en su mano» para evitar una «interrupción abrupta del carbón» sin dar paso a actividades nuevas. «Cerrar en 2020 es incompatible con la transición justa», ha insistido.

En esta misma línea se ha expresado el presidente del Gobierno de Castilla y León. Juan Vicente Herrera ha asegurado que es posible que algunos proyectos mineros puedan continuar porque son rentables y están haciendo cuentas para devolver las ayudas recibidas, como exige la Unión Europea para continuar la actividad. Así, ha indicado que es el caso de Hijos de Baldomero García, que trabaja precisamente con el Ministerio en cómo devolver esas ayudas. «Pero hacen falta grupos térmicos que compren ese carbón. Obliguemos a las empresas a que tenga visión de Estado», ha reivindicado Herrera.

Por último, el presidente del Gobierno de Asturias, Javier Fernández, ha reclamado igualmente colaboración para prolongar la vida de las térmicas y dar tiempo a que las economías alternativas sean fuertes. Ha explicado además otra vertiente del problema, el alza de precios de la electricidad que puede producirse por el cierre en año y medio de las térmicas, lo que en el caso de la industria asturiana es «preocupante». Javier Fernández ha subrayado que este sector necesita «fórmulas estables de precios» para asegurar a medio y largo plazo la producción.

Firme ante las compañías eléctricas

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, subrayó el compromiso del Gobierno para ser firme frente a las eléctricas con el fin de que acompañen sus peticiones de cierres de centrales térmicas de carbón de unos planes «de transición justa» para la comarcas que albergan estas plantas. Tras la reunión con las comunidades autónomas para tratar de la transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales y de minas de carbón, Domínguez señaló que «no le gusta hablar de presionar» a las compañías, aunque subrayó que se les solicitará «firmemente unos planes de transición justa que permitan tener un futuro para los lugares donde tienen esas plantas».

El secretario de Estado de Energía recordó que estas compañías, por la naturaleza de su negocio, «tienen vocación» de operar en el sistema eléctrico español y no abandonar el país, por lo que consideró que deben «hacer transformaciones en su interior para adaptarse a la situación». «Con las compañías, lo que hacemos es trabajar de una manera firme y decidida en la generación de nuevas oportunidades donde tienen plantas que en este momento no pueden seguir funcionando«, añadió al respecto.

No obstante, advirtió de que es necesario no «engañarse», ya que la transición energética es algo que debe hacerse y que viene marcada por las directrices europeas, por lo que subrayó que el Ministerio para la Transición Ecológica está «mucho más interesado en el futuro» que ofrecen las nuevas inversiones y oportunidades para los territorios que en permanecer «en la no modificación de algo que debemos modificar«. «Nos obliga la Unión Europea», añadió. «No es el Ministerio quien pone limitaciones o diga que se tienen que cerrar. Va a haber centrales más allá de 2020», aseguró el secretario de Estado.

Domínguez señaló que la reunión mantenida con los tres presidentes autonómicos estuvo marcada por «un clima de cooperación y de reconocimiento de la realidad», centrándose en el futuro y en la transformación y «no en una desaparición del sector». En lo que respecta a las empresas mineras, recordó que para continuar con su actividad en 2019 deberán devolver las ayudas que recibieron, ya que así lo establece la Unión Europea.

No obstante, señaló que existen ya dos empresas (la aragonesa Samca y la castellano-leonesa Hijos de Baldomero García, según indicaron los presidentes autonómicos) que han comunicado al Ministerio que están dispuestas a proceder a esta devolución de las ayudas para mantener su actividad más allá 2018. Para ello, Domínguez indicó que se están «explorando mecanismos» para flexibilizar los plazos de la devolución de las ayudas y que puedan «ser capaces de continuar con su actividad».

Naturgy invirtió 20,5 millones en recomprar 904.207 acciones propias

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Europa Press.– Naturgy Energy Group adquirió un total de 904.207 títulos de la propia compañía en los que invirtió un total de 20,496 millones de euros, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Concretamente, en el marco de su programa de recompra de acciones propias de la compañía, Naturgy adquirió 249.716 de sus títulos a un precio medio de 22,79 euros y otros 173.118 a 22,94 euros. Asimismo, la compañía recompró 216.373 acciones propias a 22,75 euros por título, mientras que adquirió 265.000 de sus acciones a 22,31 euros.

Según costa en la información remitida por la compañía al supervisor de los mercados españoles, Citigroup Global Markets y Link Securities actuaron como intermediarios en las operaciones de recompra de títulos. De este modo, Naturgy aceleró el volumen de adquisiciones de acciones propias, puesto que entre los días 7 y 14 de diciembre, la compañía había recomprado 525.651 títulos propios a un precio medio que osciló entre los 22,14 y 23,09 euros por acción. Estas adquisiciones las ha llevado a cabo en cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Estratégico 2018-2022 presentado al mercado el pasado 28 de junio.

El grupo alemán de generación Uniper negocia en exclusiva con la checa EPH la venta de sus activos en Francia

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Europa Press.- El grupo alemán de generación de energía Uniper, que aglutina los antiguos negocios de generación convencional de E.ON y que es propiedad de la finlandesa Fortum, mantiene «negociaciones en exclusiva» con EP Power Europe, filial de Energeticky a Prumyslovy Holding (EPH), presidido por el magnate checo Daniel Kretinsky, para la venta de todas las actividades de la empresa en Francia, según han comunicado ambas sociedades.

La empresa, de la que la alemana salió en junio al completar la venta del 46,65% de su antigua filial a la finlandesa Fortum por 3.800 millones de euros. A partir de este momento, la alemana indicó que llevará a cabo un proceso de consultas con los representantes de los trabajadores sin el cual no sería posible concluir la transacción. Uniper comenzó en agosto el proceso exploratorio para la posible venta de sus actividades como parte de la revisión estratégica de su negocio en Francia. El negocio de Uniper en el país galo aportó en el ejercicio 2017 una cifra baja de un solo dígito al beneficio neto de 217 millones de la compañía germana.

La irrupción de las empresas petroleras y gasistas es una de las principales preocupaciones de los directivos del sector eléctrico

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Europa Press.- La irrupción de las empresas petroleras y gasistas en el mercado se convierte en la segunda principal amenaza para las compañías eléctricas, según el 48% de los directivos encuestados, de acuerdo con los resultados de la Global Power & Utilities Survey 2018 elaborada por PwC. Además, el informe considera que, en la actualidad, muchas compañías ajenas al sector eléctrico están «muy atentas» a las oportunidades que se puedan presentar en el mercado de la electricidad.

Para el socio responsable de Energía en PwC, Carlos Fernández Landa, ninguno de los eslabones que componen la cadena de valor del sector va a seguir como hasta ahora. En este sentido, ha destacado que el mercado eléctrico está evolucionando hacia un modelo mucho más digital, donde la tecnología va a ser disruptiva en muchos aspectos y donde la personalización y la gestión del cliente están tomando un protagonismo «fundamental«.

«Vamos hacia un mercado más descentralizado del que hemos estado acostumbrados a ver, en el que los competidores ya no van a ser únicamente los tradicionales y donde seremos testigo de modelos de negocio nuevos y muy diferentes», ha asegurado Fernández Landa. En esta dirección, explicó que el sector, tradicionalmente acostumbrado a inversiones a largo plazo y a gran escala, deberá ajustarse en el futuro a las nuevas tecnologías y a ciclos más cortos en el tiempo, lo que va a exigir a las compañías a contar con modelos de negocio «más ágiles y dinámicos».

La convergencia de los avances tecnológicos, las nuevas medidas regulatorias, la generación de energía descentralizada, los cambios en los hábitos de consumo y la aparición de nuevos competidores que están transformando el sector eléctrico conforman las principales preocupaciones de las empresas eléctricas, para un 82% de los encuestados. El estudio revela una contradicción. Los directivos son «plenamente conscientes» de que tienen que adaptarse al nuevo entorno competitivo, pero son «pocos» los que transforman a fondo sus modelos de negocio para cumplir con el cambio de expectativas de los consumidores y aprovechar las nuevas disrupciones tecnológicas.

En 2015, solo el 26% de los encuestados pensaba que los modelos de negocio tradicionales del sector eléctrico seguirían funcionando en el futuro. Tres años más tarde, el 65% de los directivos cree que adaptar su modelo de negocio es «clave» y, de hecho, la mayoría (79%) ya ha ejecutado cambios en mayor o menor medida. Concretamente, el 54% de los directivos encuestados asegura haber hecho algún cambio, el 20% haber tocado su modelo de negocio en varias ocasiones y un 5% haberlo transformado completamente. Un 21% reconoce que no lo ha cambiado en absoluto.

El PP insta en el Senado al Gobierno socialista a que mantenga el carbón como componente del mix energético nacional

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Europa Press.- El PP ha defendido una moción en el Senado, aprobada en la Comisión de Transición Ecológica, en la que insta al Gobierno a seguir impulsando las energías renovables, pero manteniendo el carbón como componente del mix energético nacional, planteando una transición efectiva del sector minero y no un cierre inmediato.

En la moción, defendida por el senador del PP por Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, se insta al Ejecutivo a abordar la transición energética desde tres ámbitos: el cumplimiento de los compromisos medioambientales, el menor coste energético para familias y empresas y la estabilidad y seguridad del suministro. Asimismo, Rubio Mielgo reprochó al PSOE que vote en contra «a pesar de haber aceptado 3 de las 4 enmiendas que ha presentado este partido». «El PSOE ha demostrado una vez más su incongruencia y su falta de criterio a la hora de defender los intereses de los castellanoleoneses y del medio rural de nuestra comunidad», indicó.

El senador también recalcó que es necesario que el Gobierno defienda los pagos por capacidad para las centrales térmicas de carbón hasta que las interconexiones sean las mínimas necesarias para una correcta gestión de la red. Para ello, consideró que el Gobierno debe alinearse con lo decidido en el marco europeo y llevar el posible objetivo de fin de generación térmica con carbón a 2030.

De esta manera, afirmó que el carbón representa un 30% de la producción de electricidad total de la Unión Europea, por lo que debería seguir ocupando un puesto esencial en las fuentes de energía utilizadas. Pero esto, apuntó, debe ser compatible con el propósito de la Unión Europea de disminuir las emisiones de CO2 entre un 80% y un 95%.

Además, el senador del PP recordó que en Castilla y León existen 8 grupos térmicos repartidos en las centrales de Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla del Río Carrión y ha destacado que, en Europa, países como Alemania y Polonia están apostando por la construcción de nuevas centrales de carbón en la que los avances tecnológicos aportan sistemas de captura y almacenamiento de CO2, sistemas que pueden adaptarse en las centrales existentes de forma progresiva. «El interés general de España implica que el carbón tiene que formar parte del mix energético nacional, asegurando al menos hasta 2030 el funcionamiento de los grupos térmicos existentes», recalcó.

En el texto, el PP también pide al Gobierno que modifique los criterios de autorización del cierre de instalaciones de generación de modo que puedan impedirse cierres como el de la central de Velilla, propiedad de Iberdrola, que en noviembre de 2017 solicitó al entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo el permiso para su clausura. Asimismo, la moción solicita que se establezca, por razones estratégicas, un procedimiento de devolución de las ayudas cobradas desde 2011, que permita la continuidad de las explotaciones rentables que pretenden continuar operativas desde el 1 de enero de 2019.

Endesa solicita el cierre de las centrales térmicas de Andorra y Compostilla e invertirá 1.000 millones en energía solar fotovoltaica

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Europa Press.- Endesa ha presentado la solicitud de cierre de las centrales de carbón de Compostilla (León) y Andorra (Teruel). La compañía eléctrica alega que en el actual contexto regulatorio y de mercado es «imposible» abordar las inversiones necesarias para que cumplan los límites de emisiones. Dichos límites, establecidos por la Unión Europea, entrarán en vigor el 30 de junio de 2020.

Endesa subraya que la decisión de cerrar estas plantas está en línea con los objetivos de la política energética nacional avanzados por el Ministerio para la Transición Ecológica para conseguir un sistema energético totalmente descarbonizado en 2050. Según la misma fuente, antes de presentar la solicitud de cierre informó al Ministerio, a las autoridades de Aragón y de Castilla y León, y a las de los municipios en los que se hallan ubicadas las plantas.

Además, ha presentado de manera voluntaria planes de futuro destinados a promover el desarrollo de actividades económicas y generación de empleo en las zonas de las dos centrales, ha destacado la empresa, que ha subrayado que estos planes están abiertos a incluir nuevas iniciativas viables. En virtud de los planes presentados, Endesa respetará el puesto de trabajo de todos los empleados de las dos centrales: 166 en el caso de Compostilla y 153 en Andorra.

Por lo que se refiere a los empleados de las empresas auxiliares, les dará prioridad en la contratación para acometer los trabajos de cierre y desmantelamiento de ambas plantas, así como en el desarrollo de las nuevas instalaciones renovables que se propone llevar a cabo en las zonas de las dos centrales. Los trabajos de cierre y desmantelamiento se prolongarán durante entre 4 y 6 años y generarán en torno a 130 empleos, con puntas de hasta 200, en cada uno de los dos emplazamientos.

Además, Endesa prevé desarrollar hasta 1.000 megavatios (MW) de nueva capacidad solar fotovoltaica en la zona de la central de Andorra con una inversión de 800 millones. En cuanto a Compostilla, la eléctrica tiene en estudio proyectos fotovoltaicos en la zona de Ponferrada (León) que representarían una inversión de unos 240 millones de euros. Una vez finalice el plazo de aplicación del Plan Nacional Transitorio en junio de 2020, al que están acogidas, las dos centrales térmicas estarán obligadas a dejar de producir. Hasta entonces, irán dando salida progresivamente al carbón que tienen almacenado, así como a las posibles toneladas adicionales que pudieran ir precisando en el futuro según el funcionamiento que les permita la evolución del mercado de generación.

Según el consejero delegado de Endesa, José Bogas, los planes «no compensan la actividad económica que puede tener ahora Endesa en la región» pero sí pretenden «paliar» los efectos del cierre. Así, ha comentado que se valorarán proyectos de energías renovables y crear un centro de excelencia, siempre «algo que sea sostenible y genere empleabilidad». Ha insistido en que se deben buscar medidas sostenibles que «tenemos que ir estudiando». Ha puntualizado que Endesa no se dedica a la producción de paneles solares, pero sí se ha planteado la posibilidad de «tratar de que vengan aquí» empresas de fabricación de componentes.

Insuficiente para el Gobierno aragonés

Por su parte, la consejera de Economía de Aragón, Marta Gastón, ha manifestado que el borrador del plan es «insuficiente» por su falta de «concreción», expresando que en Aragón «no vamos a ser los que digamos ahora que las inversiones en renovables nos parecen algo negativo, pero no nos parece suficiente«. A su juicio, la prioridad es el alargamiento de la vida de la central térmica más allá de 2020, considerando que la normativa contempla «una posibilidad», que es mantener una actividad de 1.500 horas anuales aun sin inversiones, a lo que se sumaría la eliminación del denominado céntimo verde.

Gastón ha avanzado que la autorización del cierre no será «rápida» si el Ministerio no considera suficiente el plan y que en esta decisión contará con el Gobierno de Aragón y los sindicatos, exigiendo «medidas concretas» como poner en marcha una planta de biomasa y otros proyectos que con «la garantía de promotores del territorio» van a llevarse a cabo.

La consejera ha aludido a la creación de un centro «referente» en España de formación e investigación sobre energías renovables, que sería el primero en el país, y que incluiría FP dual, constituyendo un hub de las renovables, lo que daría «posibilidades» al territorio. La colaboración de Endesa en este centro sería «de partida» y «continua», ha agregado. Para Gastón son importantes los empleos pero también «nos preocupa el futuro de la zona», especialmente para la gente joven que quiera quedarse a vivir, en lo que «queremos que Endesa colabore».

La alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, ha advertido de que «no vamos a permitir que se autorice el cierre mientras no se pongan encima de la mesa los puestos de trabajo que se van a destruir». De esta forma Ciércoles ha aludido al «duro golpe» que recibe la localidad de Andorra. Ha exigido que el plan sea más concreto y «flexible». «Es normal» que los sindicatos se sigan movilizando, ha aseverado la alcaldesa, quien ha apostado por ser «más reivindicativos» para no ser «cómplices», recordando que la Térmica ha creado riqueza en la zona y «tenemos que mantener Andorra y su comarca» donde «se merece».

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, ha aludido a los proyectos que están «dando sus frutos» y ha afirmado que «todo suma». A Endesa «le pedimos más», que empuje los proyectos del territorio para ir todos «juntos de la mano» porque «el problema es mucho más grave que el simple cierre de la Térmica». Noé ha recordado que «hemos estado siempre trabajando» y que necesitamos «unidad» política, empresarial y sindical.

Desde UGT, Alejo Gálvez, ha dicho que «no vamos a aceptar lo que nos han venido a vender de energías renovables» y, de hecho, «no estamos nada de acuerdo», a lo que el dirigente local de CCOO, Antonio Planas, ha añadido que «seguimos sin conformarnos con 4 placas solares» y que «no nos vale que nos digan que se van a crear puestos para las contratas durante tres años porque será una patada para adelante«. «Nos planteamos todo, no descartamos nada», tampoco convocar movilizaciones, advirtió.

Las empresas del sector energético aportarán más de 203 millones de euros en 2019 al Fondo de Eficiencia Energética

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Europa Press.– Las empresas energéticas aportarán en 2019 más de 203 millones de euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de los cuales la mayor parte corresponderán a Repsol, Endesa y Naturgy, las tres compañías que mayor volumen de energía venden en España.

En concreto, Repsol, a través de todas sus filiales, aportará más de 39 millones de euros al Fondo, mientras que Endesa contribuirá con casi 28 millones de euros y Naturgy con más de 22 millones de euros, según la propuesta de orden que establece las obligaciones de aportación al Fondo para el próximo año. Además de estas tres compañías, destaca la aportación al Fondo por parte de Cepsa, con casi 22 millones, Iberdrola, con más de 15 millones, BP, con más de 11 millones, y Galp, con casi 9 millones.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto el trámite de audiencia de la propuesta de orden ministerial por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo para 2019, paso previo a aprobarse y que sea definitiva. La aportación obligatoria al Fondo, creado en 2014, se establece, conforme a la metodología diseñada por el Gobierno, en proporción al volumen de ventas de energía. En la propuesta de orden, para el año 2019 se establece un objetivo de ahorro agregado de 262 kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep) o 3.046,51 gigavatios (GWh). Así, la equivalencia financiera para el 2019 se establece en 0,789728 millones de euros por ktep ahorrado, o 67.916,58 euros por GWh ahorrado.

En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida al nivel nacional para su posterior distribución al por menor y a consumidores durante 2017. Las empresas del sector energético obligadas a realizar estas aportaciones han venido recurriendo ante el Tribunal Supremo, por separado o a través de asociaciones empresariales, las cantidades que se les ha obligado a aportar al fondo en los últimos años.