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La ministra Teresa Ribera e Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) inaugurarán en marzo la Conferencia Change the Change en San Sebastián

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Europa Press.- Una mesa redonda en la que participarán la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el consejero vasco de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, y el economista británico Nicholas Stern, autor del informe Stern sobre el impacto económico del cambio climático y el calentamiento global, inaugurará la Conferencia Internacional Change the Change, que se celebrará del 6 al 8 de marzo en San Sebastián.

La conferencia se convertirá en una de las «principales citas» del año en materia de cambio climático y su organización ha sido posible gracias a un acuerdo entre el Gobierno español y vasco, Diputación de Guipúzcoa y Ayuntamiento de San Sebastián. A esta apuesta pública se ha sumado también el patrocinio privado, liderado por Iberdrola, que confirmó su apoyo a la cita, según los organizadores.

Asteklima, la semana del clima

Iberdrola forma parte de las 50 empresas agrupadas en la Alianza de Directores Generales por el Clima, organizada por el Foro Económico Mundial. Durante 3 días, el Palacio Kursaal de San Sebastián acogerá las experiencias de 50 ponentes «de primer orden», especialistas sobre el cambio climático que debatirán y ofrecerán los últimos avances en este ámbito. Junto a ellos, también intervendrán personas que están actuando de forma relevante ante el cambio climático en sus respectivas áreas de actividad y geográficas.

«La Conferencia Change the Change supondrá el evento más importante de la primera semana de Euskadi por el Cambio Climático que, bajo el nombre Asteklima, se articulará en distintas localizaciones del territorio vasco del 1 al 10 de marzo de 2019, con un amplio calendario de actividades para todos los públicos», destacaron. Iberdrola también será un participante activo en la Asteklima, con diferentes actividades en Bilbao y San Sebastián centradas en uso de la energía y movilidad sostenible, entre otras. El objetivo de la Asteklima es movilizar a la ciudadanía hacia el compromiso personal frente al cambio climático, con la premisa de que toda acción, por pequeña que sea, cuenta.

Gobierno y eléctricas plantean un cierre escalonado de las nucleares, pero nunca antes de 2025 ni más tarde de 2036

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Europa Press.- El Gobierno y las principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, están estudiando un cierre «escalonado» para las centrales nucleares en España, que será abordado «central por central», aunque de tal manera que nunca se produzca el cierre para ellas antes de 2025, pero con un horizonte para la clausura de 2035 o 2036, según apuntaron fuentes conocedoras del encuentro.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mantenido una reunión al máximo nivel con los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Sánchez Galán y Francisco Reynés, respectivamente, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas, con el fin de abordar el futuro apagón nuclear. Las mismas fuentes indicaron que la reunión ha sido positiva ya que ha permitido avanzar en diversos temas referentes a cómo se deberá afrontar esta hoja de ruta para las nucleares. En este sentido, la decisión de no abordar el cierre para las nucleares antes de 2025 permitiría a los dos reactores de Almaraz seguir operativos más allá de su periodo de vida útil de 40 años, que se cumplen en 2023 y 2024.

Asimismo, en la reunión se ha puesto sobre la mesa la necesidad de cambiar la normativa actual que obliga en las sociedades que controlan las nucleares, como agrupaciones con la categoría de interés económico (AIE) que son, a tomar las decisiones por unanimidad, lo que ha conducido a una situación de constante bloqueo ante los intereses enfrentados entre las propietarias. A este respecto, se apuesta por hacer imperar para tomar las decisiones las «mayorías razonables».

Además, se estudia que cualquier decisión que se adopte sobre el futuro del parque nuclear sea revisada y supervisada por Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar el desmantelamiento de las plantas y sus residuos. Enresa cuenta actualmente con un fondo de algo más de 5.000 millones de euros para afrontar esta labor, aunque esta cifra no será suficiente para cubrir los costes del desmantelamiento de todo el parque nuclear.

El encuentro ha sido el primero en el que el Ministerio se sienta a la vez con las tres principales compañías eléctricas ya que anteriormente se habían mantenido otros encuentros, aunque por separado, para poner sobre la mesa el cierre de las centrales nucleares en España, cuya vida útil expira entre 2023 y 2028. La reunión se ha producido en un momento en el que todavía no se ha desvelado uno de los grandes interrogantes que marcarán los pasos a seguir en los próximos años en el sector energético español: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que estaba previsto que el Gobierno hubiera presentado su documento a Bruselas antes de finales de 2018.

En el caso de Iberdrola, la compañía energética ha venido proponiendo para la generación nuclear en España varias actuaciones, entre ellas, la planteada al Ministerio de una modificación normativa que permita solicitar la renovación limitada, hasta un plazo de 40 años de funcionamiento, sin perjuicio de eventuales renovaciones en el futuro. Con esta modificación, la compañía considera que el Gobierno dispondrá de mayor margen de maniobra para precisar la política energética y el papel de la energía nuclear durante la transición hacia un mix donde la energía renovable sea mayoritaria.

Por su parte, Endesa ha reiterado su apuesta por mantener la operación de las centrales nucleares a largo plazo, en adecuadas condiciones de rentabilidad y asegurando siempre que estas instalaciones cumplan los más elevados estándares de seguridad establecidos en la regulación nacional e internacional. La eléctrica presidida por Borja Prado defiende así alargar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años para garantizar la transición energética a 2050, ya que no hay otra alternativa que garantice la seguridad de suministro, un precio competitivo de la electricidad y ayude en el cumplimiento de los objetivos de emisiones.

La Junta de Extremadura reclama a las empresas propietarias de la nuclear de Almaraz que presenten la solicitud de continuidad

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Europa Press.- La Junta de Extremadura ha reiterado su compromiso con la actividad de la central nuclear de Almaraz «hasta que no haya una alternativa de garantía» para la comarca, por lo que ha reclamado a las empresas propietarias de la planta que presenten antes del próximo 31 de marzo la solicitud de continuidad de esta central.

Una moratoria que, según defiende el Ejecutivo extremeño, deberá estar en vigor durante «el tiempo suficiente hasta que haya una alternativa clara y suficiente ejecutable para la zona», además de «estar definido cuál será el futuro del parque nuclear en España». En ese sentido, la Junta de Extremadura advierte que «no va a permitir en ningún caso» afrontar un proceso de clausura de la actividad «sin que las alternativas económicas, industriales y energéticas estén ejecutadas».

De esta forma se pronuncia la Junta de Extremadura sobre la posible continuidad de la central nuclear extremeña, y ante las que el Ejecutivo regional reitera su «compromiso con esta zona de Extremadura» a través de una posición «adecuada y firme» en este momento como es «con pocas declaraciones públicas y trabajando para ofrecer la solución más viable para los municipios de esta comarca«. Finalmente, la Administración autonómica ha defendido la «necesaria unidad de acción» desde Extremadura como «la mejor herramienta para prolongar la vida de la central nuclear hasta que esa alternativa para el Campo Arañuelo sea una realidad».

Las principales compañías eléctricas defienden en el Congreso una menor fiscalidad para afrontar más inversiones en las centrales nucleares

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Europa Press.- Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP han defendido en el Congreso ante los grupos parlamentarios la necesidad de rebajar la carga fiscal a la que deben hacer frente con el fin de poder acometer las inversiones necesarias en sus centrales nucleares. Estas compañías acudieron a la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), dentro del marco de comparecencias que tienen lugar para elaborar el informe parlamentario de este organismo del ejercicio 2017.

Concretamente, acudieron a la comisión, celebrada a puerta cerrada, el director de Nuclear Naturgy, José María Nubla; el director de Iberdrola Generación Nuclear, Francisco López; el director general de Nuclear Iberia de Endesa, Gonzalo Carbó de Haya, y el director de Generación EDP, Miguel Mateos. Más allá de la actividad desarrollada en el ejercicio en cuestión, diferentes grupos han explicado que las compañías plantearon que tenían que hacer frente a «una carga tributaria inasumible» o que los costes eran «exagerados».

«Básicamente ese era el mensaje. O me bajáis los impuestos o la nuclear no me sale rentable porque no salen las cuentas», ha explicado uno de los diputados, al tiempo que otra diputada presente en las comparecencias se preguntaba cómo podían ser negocios no rentables cuando siguen operando y su voluntad es continuar haciéndolo. «Se les preguntó si era cierto que no querían seguir operando y ninguna lo afirmó, todo lo contrario. Dijeron que estaban preparadas después de incorporar modificaciones tras Fukushima y que estaban dispuestos a pasar la revisión periódica», ha asegurado esta diputada.

Y es que, según corroboró otro diputado, ninguna de las compañías expresó que el negocio fuera inviable. Es más, considera que con los datos expuestos, la sensación que dejaron fue de que tenían una «firme disposición» de mantenerse. «Van a solicitar la prórroga todos», apostilló. Una afirmación que no es unánime dentro de la ponencia, puesto que otro diputado destaca que únicamente Endesa avanzó de forma contundente que, salvo que se le impidiera, iba a pedir el alargamiento de vida de sus centrales por 10 años más, mientras que el resto, Iberdrola, Naturgy y EDP, se mostraban más a la expectativa de lo que marque para las nucleares el futuro Plan de Energía y Clima.

Así, otra diputada incidió en la necesidad de contar con esta estrategia con la suficiente previsión, y así no repetir errores del pasado. «Por eso pedimos una planificación ya. Si no, viviremos la situación de Garoña», apuntó. «Hay que dar algo de estabilidad política y previsión, y que nadie vaya a presionar ni a poner en un brete a ningún Gobierno, amenazando con cerrar», sentenció.

Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Repsol deberán financiar el 92,8% del bono social al ser las mayores comercializadoras eléctricas

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Europa Press.– Las 4 principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP España, y Repsol, que entra en el grupo tras adquirir la comercializadora de electricidad de Viesgo, deberán aportar el 92,8% de la financiación para el bono social eléctrico en 2019.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como encargada de determinar el porcentaje que corresponde aportar a cada una de las empresas tras el cambio normativo que se produjo después de las sentencias del Tribunal Supremo, ha aprobado el informe que determina el porcentaje que deben aportar las distintas empresas comercializadoras de electricidad para financiarlo en 2019.

El bono social eléctrico reconoce el derecho de determinados colectivos, (pensionistas, personas con discapacidad o familias numerosas, entre otros) a ser beneficiarios de descuentos del 25% o 40% en su factura mensual de electricidad. En el caso de los consumidores en riesgo de exclusión social, se subvenciona el 100% de su recibo. La normativa del bono social establece que su financiación corre a cargo de todas las comercializadoras eléctricas, por lo que la CNMC ha calculado el porcentaje asignado a las distintas compañías, que suman un total de 254 sociedades y 20 grupos de sociedades.

Así, las 5 comercializadoras con mayor número de consumidores deberá asumir el 92,8% de la financiación del bono social, mientras que el 7,2% restante corresponderá a los otros grupos y sociedades con actividades de comercialización eléctrica. Endesa, con una cartera de más de 10,62 consumidores eléctricos, deberá aportar el 36,26% del importe del bono social; mientras que Iberdrola, con 10,14 millones de consumidores, financiará el 34,62%, y Naturgy (4,63 millones de consumidores) el 15,82%. EDP España (1,13 millones de consumidores) será el cuarto mayor aportador a la financiación del bono social eléctrico, con el 3,86%.

La gran novedad dentro de los principales financiadores será Repsol (656.883 consumidores), que deberá poner el 2,24% del importe al que ascienda el bono social eléctrico en 2019. La compañía presidida por Antonio Brufau entró en este grupo de principales comercializadores de electricidad del país con la compra de la comercializadora de Viesgo, que le permite contar con una importante presencia en sector minorista de electricidad y gas en España, con una cuota de mercado superior al 2% y más de 750.000 clientes. El objetivo del grupo, que desarrolla esta actividad mediante la filial Repsol Electricidad y Gas, es alcanzar en el 2025 una cuota de mercado minorista de electricidad y gas superior al 5% y 2,5 millones de clientes.

En 2017, el coste de la financiación del bono social fue de 194 millones de euros. Durante 2017, el 99% del importe de su financiación fue para consumidores que cumplían los requisitos con el antiguo sistema (consumidores con potencia contratada inferior a 3 kW, pensionistas con renta mínima, consumidores en paro y familias numerosas, entre otros). A falta de los datos definitivos, la previsión del coste en 2018 es similar.

Podemos pide reuniones con Valerio y Ribera para asegurar un «plan social» ante el cierre de las térmicas de carbón

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Europa Press.- Unidos Podemos ha solicitado formalmente reuniones con las ministras de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de asegurar un «plan social» para los trabajadores ante el cierre de todas las centrales térmicas de Endesa en España.

Tras mantener un encuentro con los empleados de la central Compostilla II, en la comarca leonesa de El Bierzo, su diputada Ana Marcello ha exigido que este plan tenga en cuenta tanto a los trabajadores de la empresa matriz como a los de las subcontratas. Marcello ha criticado que Ribera «se cansa de decir que no va a dejar a nadie atrás en las cunetas» cuando, a su juicio, «no ha sido así en el caso de los mineros. «Si no se pone una solución, vamos a tener que sufrir cómo se quedan atrás muchas comarcas y trabajadores«, ha lamentado.

Junto a ella, el presidente del comité de empresa de Endesa en esta central, Juan Sobredo, ha reclamado al Gobierno acelerar la reversión de la reforma laboral con el fin de «tener armas y algún tipo de cobertura legal» ante un cierre «que de por sí va a ser suficientemente traumático». «Reclamamos una transición justa, como se nos había prometido, pero nos encontramos con un desmantelamiento y con que esa transición justa no existe», ha proseguido, relatando que la propia empresa, propiedad de Enel, cuestiona las condiciones de trabajadores que ya salieron de la empresa.

Por otra parte, Marcello también ha advertido de las posibles consecuencias que puede tener el cierre de estas centrales, tras el cierre programado de las minas, en materia de soberanía energética, una cuestión que también quieren plantear al Gobierno. Y es que, tal y como critican, el Gobierno no está dirigiendo esta transición. «La están dirigiendo las empresas», lamentan. En este caso, Enel, participada por el Estado italiano, por lo que concluyen que los poderes públicos del país deben jugar un papel activo en esta política, como lo juega Italia.

Naturgy cerrará todas sus térmicas de carbón en España en 2020 con el cierre de Meirama, Narcea y La Robla

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Europa Press.- Naturgy ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica el cierre de todas sus centrales de carbón en España, las de Meirama (en Cerceda, Galicia), Narcea (Asturias) y La Robla (Castilla y León),según confirmó la compañía. La empresa comprometió en 2015 una inversión de casi 100 millones de euros para adaptar la factoría de Meirama, pero esa cuantía nunca se llegó a ejecutar, por lo que tampoco se desarrollaron las actuaciones de renovación tecnológica.

El grupo energético enmarca esta decisión de echar el cierre a sus plantas de carbón en 2020 en los objetivos de la política energética europea y nacional anunciados por el Ministerio para la Transición Ecológica para avanzar hacia la descarbonización del sistema. En concreto, el nuevo contexto regulatorio obliga a las compañías propietarias a afrontar nuevas inversiones para que estas plantas puedan continuar funcionando más allá de 2020. Asimismo, los actuales precios de mercado, el mayor coste del precio de CO2 y las tasas medioambientales han agravado la viabilidad económica de este tipo de plantas.

Fuentes de la compañía precisaron que las peticiones de cierre se presentaron el pasado diciembre y que se han presentado planes de adecuación para los casi 240 trabajadores de las tres plantas. El grupo presidido por Francisco Reynés tiene en marcha, dentro de su plan estratégico, inversiones por más de 1.000 millones de euros en generación renovable en todo el territorio nacional antes de 2020. La compañía ha trasladado también a las distintas administraciones autonómicas esta decisión y trabaja, junto a ellas, en el diseño de planes para dinamizar económicamente el entorno de las regiones donde están ubicadas estas plantas.

En el caso de Meirama, Naturgy tiene un plan por el cual prevé invertir aproximadamente 80 millones de euros en un parque eólico y en un centro avanzado de gas renovable, además de una iniciativa para atraer nuevos proyectos industriales al emplazamiento en colaboración con la Xunta de Galicia. La empresa también ha diseñado un plan de adecuación para los 77 trabajadores de la central, que contempla la recolocación de una gran parte de ellos y salidas pactadas para el resto. También se propondrá a las empresas auxiliares de la comarca continuar trabajando para los nuevos proyectos renovables de Naturgy.

En el caso de Narcea y La Roba, la compañía cuenta con un plan de adecuación para los 82 y 80 trabajadores, respectivamente, que componen la plantilla y que contempla soluciones consensuadas, bien mediante su continuidad en los trabajos de desmantelamiento o reubicación en otras unidades de la empresa, o bien mediante salidas pactadas. En lo referido a los empleados de las empresas auxiliares de las distintas centrales, Naturgy hará lo posible por favorecer su contratación para acometer los trabajos de cierre y desmantelamiento de la planta, así como para el desarrollo del plan alternativo.

De esta manera, Naturgy sigue los pasos de Iberdrola, que en noviembre de 2017 pidió también al Gobierno el cierre de sus térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En el caso de Endesa, también el pasado mes de diciembre presentó la solicitud formal de cierre para sus centrales de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León) al ser «imposible» abordar las inversiones necesarias para que estas plantas cumplan con los nuevos límites de emisiones establecidos por la Unión Europea que entrarán en vigor el 30 de junio de 2020.

No obstante, la energética presidida por Borja Prado sí continuará con la generación en las centrales de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), donde sí que realizó las inversiones necesarias. De esta manera, de las 14 centrales operativas en España, no habrá abiertas más allá de 2020 más que 5; estas 2 de Endesa, Los Barrios (Cádiz), de Viesgo, y Aboño y Soto de Ribera, las dos en Asturias y propiedad de EDP España.

Iberdrola, la italiana Enel y la portuguesa EDP se alían con otras grandes compañías europeas para impulsar la financiación verde

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Europa Press.– Las grandes energéticas europeas, con la española Iberdrola, la italiana Enel, la portuguesa EDP o las francesas EDF y Engie a la cabeza, han unido fuerzas con un grupo de empresas europeas para crear el Foro Corporativo sobre Finanzas Sostenibles, con el que, como principales emisores de bonos verdes de Europa, pretenden impulsar el desarrollo de ese tipo de financiación.

Este foro representa a más de dos tercios del volumen de bonos verdes y sostenibles emitidos por sociedades europeas y considera a los instrumentos financieros sostenibles como herramientas eficientes con base en el mercado que asignan los recursos económicos donde más se necesitan, particularmente a inversiones bajas en carbono y sostenibles, «que son clave para las estrategias corporativas de los miembros«, señaló. Junto a Iberdrola, Enel, EDP, EDF y Engie, figuran también entre las 16 compañías que participan en la iniciativa: Ferrovie Dello Stato Italiane, Icade, Orsted, RATP, SNCF Réseau, Société du Grand París, SSE, Tennet, Terna, Tideway y Vasakronan.

Estas compañías proceden de una serie de sectores entre los que se incluyen el de las empresas de suministros, incluido el eléctrico, infraestructuras y operación de transporte ecológico, infraestructuras y servicios medioambientales y propiedad inmobiliaria. El foro aspira a contribuir en mayor medida al desarrollo de un conjunto más amplio de instrumentos del mercado financiero bajo el paraguas de las finanzas sostenibles, tales como los bonos y préstamos verdes y sostenibles, líneas de crédito y otras herramientas financieras sostenibles que reconocen la sostenibilidad del modelo de negocio de sus emisores.

Iberdrola es uno de los actores de referencia internacional en este tipo de financiación, habiendo sido en 2016 y 2017 el mayor emisor verde del mundo a nivel empresarial. La energética presidida por Ignacio Sánchez Galán fue la primera compañía en emitir un bono verde, en abril de 2014, y desde entonces realizó hasta 7 operaciones públicas de este tipo.

Actualmente, la compañía cuenta con cerca de 7.400 millones de euros de financiación verde. En 2018, Iberdrola logró cerrar la mayor operación de crédito realizada a nivel mundial bajo criterios de sostenibilidad, por importe de 5.300 millones de euros, con un diferencial sobre la referencia de tipo de interés ligado a la reducción de la intensidad de emisiones del grupo. En junio, cerró también otra por 750 millones de euros.

El Gobierno traslada a las compañías eléctricas que para aceptar el cierre de las centrales térmicas exigirá unos planes consensuados

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica ha trasladado a las empresas eléctricas que, para aceptar el cierre de las centrales térmicas, deberán presentar un plan social y de reactivación industrial acordado por las partes, según ha indicado la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT tras reunirse junto a CCOO de Industria con el Ministerio para la Transición Ecológica,

Según FICA UGT, se han abordado aspectos relacionados con la transición energética, la estrategia de transición justa y la situación de las centrales térmicas. Además, ambas partes han acordado desarrollar un calendario de reuniones para alcanzar una solución consensuada en todos los temas y han fijado la próxima reunión entre el Ministerio y sindicatos para el próximo 30 de enero.

En diciembre, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ya mostró el compromiso del Gobierno de ser firme frente a las eléctricas con el fin de que acompañen sus peticiones de cierres de centrales térmicas de unos planes «de transición justa» para la comarcas que albergan estas plantas. Tras reunirse con las comunidades autónomas para abordar la transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales y de minas de carbón, Domínguez señaló que no le gustaba «hablar de presionar» a las compañías, aunque subrayó que se les solicitaría «unos planes de transición justa que permitan tener un futuro para los lugares donde tienen esas plantas».

Iberdrola cierra la venta a Drax Group por 777 millones de sus activos de generación convencional en Reino Unido

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Europa Press.- Iberdrola ha cerrado la venta de la totalidad de su participación en Scottish Power Generation a la británica Drax Group por un importe de 777,6 millones de euros, una vez cumplidas las condiciones suspensivas a las que estaba sujeta la operación. En concreto, la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán se desprende de una capacidad total instalada de generación de energía eléctrica convencional de 2.566 megavatios (MW) en el Reino Unido.

La operación se enmarca dentro del plan de rotación de activos por valor de 3.000 millones de euros anunciado por el grupo energético dentro de su plan estratégico 2018-2022. El precio de compraventa está sujeto a ajustes habituales en este tipo de operaciones una vez esté disponible el balance de situación de Scottish Power Generation, así como a un mecanismo de compartición de riesgos y beneficios en función del nivel de pagos por capacidad no recibidos por Scottish Power Generation hasta el 30 de septiembre de 2019. Iberdrola ha precisado que el impacto de la operación en los resultados consolidados correspondientes al ejercicio 2018 se determinará en las próximas semanas.