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Bogas (Endesa) pide a Ribera que el Plan de Energía y Clima no esté «escrito sobre piedra» y pueda adaptarse

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Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha pedido que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que marca la hoja de ruta de la transición energética, no esté «escrito sobre piedra» y sea adaptable a las circunstancias que se presenten en el futuro.

Bogas indicó que se va «a dar un salto» con la transición energética que ya «no se puede parar» pero subrayó que el Plan debe «tener capacidad de adaptación a las circunstancias con las que nos vamos a encontrar en el futuro». A este respecto, consideró que en España se parte de una situación «envidiable» para afrontar la transición energética ya que existe una sobrecapacidad en el sistema eléctrico que hace que no sea necesario instalar nueva potencia térmica de aquí a 2030, por lo que el principal problema será «como gestionar la incorporación de las renovables y las paradas de las térmicas» que hay.

Sin embargo, afirmó que a partir de 2030 se puede registrar una situación de falta de capacidad, con un déficit de entre 9 y 13 gigavatios (GW), que habrá que cubrir. Así, indicó que la vida de las centrales de carbón no se podrá alargar más ya que «va contra los tiempos actuales». De esta manera, Bogas aseguró que a la capacidad de respaldo existente, principalmente los ciclos combinados de gas natural, hay que darles «un papel fundamental», para lo que serán necesarios los pagos por capacidad. «De esto tiene que ser consciente cualquier regulador; hay muchas formas de hacerlo, lo importante es hacerlo», añadió.

Asimismo, advirtió de que si se produce un recorte retributivo a las eléctricas por sus actividades de redes y transporte, del 6,5% actual al 5,6% propuesto por el Ejecutivo para el periodo 2020-2025, quien tendrá «un problemón será el Gobierno de turno» ya que las compañías «no vamos a hacer nuevas inversiones«. Bogas subrayó que en la transición energética, que es «felizmente irreversible» y que en ella jugarán un papel clave las renovables y la digitalización, el sector eléctrico debe «hacer un esfuerzo», pero también «el resto de sectores», como la industria o el transporte.

Por su parte, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, consideró que en España existe «un déficit regulatorio» de reconocimiento de la capacidad firme, que será vital para garantizar la transición energética, por lo que pidió que se reconozca el papel que jugarán los ciclos combinados de gas natural. «La capacidad firme en un escenario de 70% de renovables será fundamental y el papel de los ciclos tiene que ser reconocido», afirmó la directiva, subrayando que con pocas horas de funcionamiento al año «es difícil que puedan ser sostenibles».

Santamaría destacó que España está «en una situación inmejorable» para alcanzar los objetivos de la transición energética ya que se cuenta con recursos eólicos y solares y con las empresas para ello. No obstante, indicó que resta «mucho desarrollo por delante». Asimismo, indicó que el objetivo de instalar 5 gigavatios (GW) anuales al año de energía renovable supone «un esfuerzo inversor desconocido» en España, para el cual pidió «la confianza para los inversores para que se haga realidad». «Tenemos una mala historia de seguridad jurídica y hay que revertirla para que sea una realidad«, sentenció.

Mientras, el director general de Gas y Electricidad de Naturgy, Manuel Fernández, defendió que el gas natural jugará «un papel fundamental» en la transición energética hasta 2050. El directivo valoró que en 2030 la penetración de renovables en el mundo será del 14%, por lo que «quedan otros 86 puntos para las demás energías, y la única en todos los escenarios que crece es el gas». Además, Fernández aseguró que cualquier avance debe realizarse «desde la prudencia regulatoria» y afirmó que la transición energética debe también cuidar «el impacto social» y no debe ser «discriminatoria».

Greenpeace y la Fundación Renovables piden adelantar el cierre de las centrales nucleares y participar en el proceso

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Europa Press.- Greenpeace y la Fundación Renovables piden al Gobierno que acelere la transición ecológica y adelante el cierre «inevitable» de las centrales nucleares que debe ser «seguro, eficaz y eficiente». En el marco de un foro de debate Un horizonte sin nucleares celebrado en Madrid en el que ha participado una veintena de expertos de distintos sectores que instan al Gobierno a no tomar decisiones a puerta cerrada, sino participar en un diálogo social sobre el apagón nuclear.

Los participantes han coincidido en reclamar un «debate necesario» al respecto y quieren ser «escuchados en igualdad de condiciones» por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, igual que ha hecho con los presidentes de las eléctricas. En ese sentido, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, defiende que «el Gobierno no está para rescatar a las eléctricas, sino para defender los intereses ciudadanos».

«La prórroga de las licencias de operación de las centrales nucleares es una hipoteca para las generaciones futuras. No entendemos que este debate, cuyas consecuencias va a tener que soportar la sociedad, se haga sin luz ni taquígrafos», denunció el presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, que cree que el papel de las nucleares puede cubrirse «solamente» con las subastas pendientes de ejecutar este año y con los planes de mínimos del Gobierno de subastar 3.000 MW/año. «Las renovables están perfectamente preparadas para sustituir al parque nuclear actual», apostilló.

Ribera confirma que el parque actual de centrales nucleares irá cerrándose «entre 2025 y 2035» de manera «ordenada»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, desgranó las líneas maestras del plan hacia la descarbonización de la economía, confirmando que el parque actual de centrales nucleares irá cerrándose «entre 2025 y 2035» de manera «ordenada». La ministra destacó que se iniciará en 2020 un cierre del carbón, que a lo largo de esa década «saldrá» de manera definitiva del mix energético, para a partir de 2025 empezar con las nucleares, cierre que se llevará a cabo con «todas las garantías».

Ribera indicó que el Gobierno «no dicta nada» a las empresas propietarias de estas nucleares, en referencia a cómo debe ser el orden de cierre de las centrales existentes, como mucho les puede «poner el marco», apuntó, aunque subrayó que se debe garantizar la seguridad de suministro, de residuos y la financiera para abordar esta clausura. Lo que sí advirtió es que no quiere que este proceso de cierre de las nucleares se convierta en un nuevo Garoña, con el enfrentamiento entre los propietarios de la central por su clausura.

En lo que se refiere al gas natural, consideró que se deben «mirar con cuidado» las nuevas inversiones en este sector, ya que se prevé una estabilización a lo largo de la transición energética en su consumo, mientras que en el caso del petróleo para usos energéticos vaticinó que sufrirá «una caída» a lo largo de la década de 2030. «El objetivo es llegar a un 2050 en el que el conjunto del sistema sea cero emisiones», añadió. Ribera fijó un objetivo de reducción de emisiones de CO2 de un 20% en 2030 con respecto a 1990, un reto que calificó de «ambicioso», ya que supone una reducción del 38% con respecto al nivel actual.

Ribera indicó que las renovables y la eficiencia energética, junto a la electrificación, serán los motores para esa transición hacia 2030, con una movilización en inversiones de más de 200.000 millones de euros. De este montante en inversiones, alrededor del 40-45% se focalizarán en renovables, el 30-35% en eficiencia energética, el 15% estará asociado a redes y otro 4% en electrificación para usos finales, señaló.

Ribera indicó que el plan estima que, en el horizonte del 2030, las renovables representen más del 70% de la generación eléctrica, con el objetivo de alcanzar el 100% en 2050, y con una presencia en el consumo final por encima del 40% al final de la próxima década. En lo que respecta al ahorro, afirmó que el efecto de la eficiencia energética puede llevar a unos ahorros de más de 70.000 millones de euros en importaciones en la década, con un aumento del 1,9% en el PIB y unas estimaciones de empleo «muy positivas».

Ribera subrayó que este plan será «una propuesta de objetivos a 2030», sin olvidar que estos objetivos «deben ser creíbles con respecto a la posibilidad de alcanzar el resultado al que nos hemos comprometido a 2050» de descarbonización de la economía. Junto a esa hoja de ruta, Ribera señaló que se aprobará la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que establecerá un marco regulatorio «relativamente sencillo» y dotará de un esquema de gobernanza general «con instrumentos que puedan facilitar la implementación de las medidas».

Castilla y León añadirá 862 MW eólicos hasta 2020 al atraer 789 millones de inversión y crear 2.471 empleos

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Europa Press.- Castilla y León añadirá 862 megavatios (MW) de energía eólica en 2019 tras inversiones de en torno a 789 millones de euros y la creación de unos 2.471 empleos en su construcción, según ha avanzado el director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González, quien ha señalado que estos proyectos se pondrán en marcha en 6 de las 9 provincias de la comunidad.

González participó en un acto organizado por Naturgy para detallar sus proyectos previstos en la comunidad durante 2019. Así, como han explicado la directora de Generación de la empresa energética y el responsable de Desarrollo de Renovables en la comunidad de la compañía, Ana Peris y David Muñoz, Naturgy se encargara de impulsar 306 MW de los 862 previstos, con una inversión de 300 millones de euros en 9 parques en Valladolid, Zamora y Burgos.

El director general de Energía y Minas de la Junta ha detallado que el 77,5% de la potencia que se genera en Castilla y León es renovable y acumula el 22% del total de renovables de España. El dirigente autonómico explicó que los proyectos previstos en Castilla y León hasta 2020 «implicará rentas anuales de 2,3 millones de euros en arrendamientos de terrenos y más de 20 millones de euros en ingresos para las corporaciones locales en concepto de ICIO, así como más de 3,5 millones de euros anuales en concepto de tasas e impuestos«.

Finalmente, González destacó que, por convenios e impuestos medioambientales, la Administración autonómica recibirá ingresos por unos 3 millones de euros de media anual durante los primeros 20 años y ha destacado que «a medio y largo plazo, dado el elevado número de avales presentados y vista la capacidad técnica de acceso a la red eléctrica, se estima que se podrían incorporar otros 2.100 MW eólicos».

En concreto, como ha detallado González, en Castilla y León la puesta en marcha de estos 862 MW de potencia tendrá una repercusión más fuerte en Valladolid, donde se prevé generar una potencia de 528 MW con una inversión de 528 millones de euros y la creación de 1.471 empleos, seguida de Burgos con 240 MW, una inversión de 186 millones y 681 empleos. En Soria, se sumarán 41 MW hasta 2020 con una inversión de 33 millones y 220 empleos, a la que le sigue Palencia, con 39 MW por 30 millones y 60 empleos, Salamanca, con 9 MW, ocho millones de inversión y 60 empleos y León, con 5 MW, 4 millones y 16 empleos en su construcción.

Por su parte, Naturgy prevé la construcción de 9 parques eólicos en 16 municipios de las provincias de Burgos, Valladolid y Zamora. Estos parques, que crearán 1.000 empleos durante sus diferentes fases de construcción, tendrán una potencia conjunta de más de 300 MW, equivalentes al consumo eléctrico anual de 380.000 viviendas, el 24% de las totales de Castilla y León.

Galán (Iberdrola) anticipa una «explosión» en la demanda de coches eléctricos cuando la gente entienda sus ventajas

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Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado que está «convencido» de que la demanda de coches eléctricos registrará una «explosión» cuando «la gente se empiece a dar cuenta de las ventajas» que tiene en «multitud de temas», entre ellos el «bajo coste» de los puntos de recarga, al tiempo que ha garantizado que hará «todo lo posible» para que el suministro eléctrico no sea «el cuello de botella» de su desarrollo.

Así, el presidente de Iberdrola ha trazado un paralelismo entre el desarrollo de los coches eléctricos y la explosión de los teléfonos móviles cuando él era consejero delegado de Airtel. «Todos los ciudadanos que conozco que tienen un coche eléctrico recomiendan comprar un coche eléctrico y el efecto boca-oreja va a funcionar sin duda», ha defendido. En la misma línea, ha asegurado que no quiere que el desarrollo de los coches eléctricos «se limite» por falta de infraestructuras, por lo que ha garantizado que la empresa que dirige está «haciendo todo lo posible» para instalar puntos de recarga rápida e infraestructuras con la potencia suficiente.

Ni carbón ni energía nuclear

Galán ha subrayado que ya «no hace falta carbón» para generar electricidad, al tiempo que ha remarcado que construir una central de carbón «es más caro que cualquier energía renovable». Además, ha afirmado que la energía nuclear «va a desaparecer lentamente» porque extender la vida de las centrales también es «muy caro«. En este contexto, el presidente de Iberdrola ha instado a mirar «con luces largas» la transición hacia una economía descarbonizada y ha pedido no hacerlo «con luces cortas».

Por su parte, el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, ha defendido los «enormes» beneficios que supone avanzar hacia una economía libre de carbón, como la reducción de muertes prematuras por contaminación atmosférica, o la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que residan en edificios más eficientes desde el punto de vista energético. «La Unión Europea está comprometida con liderar la descarbonización», ha remarcado Arias Cañete, para después advertir de que la próxima Comisión Europea tendrá «mucho trabajo» por hacer para seguir apoyando la descarbonización europea. En cualquier caso, ha recalcado que «lo más importante» de cara a la transición energética es «preparar las herramientas» para evitar que haya «perdedores» con “una transición justa y socialmente aceptable».

Endesa detectó casi 65.000 casos de fraude eléctrico en 2018, equivalente al consumo de Palma de Mallorca durante medio año

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Europa Press.- Endesa detectó en 2018 cerca de 65.000 fraudes eléctricos y recuperó 601 millones de kWh defraudados, una cifra que equivale al consumo eléctrico de Palma de Mallorca durante 6 meses. Según la compañía, el uso de las nuevas tecnologías y la colaboración con las Fuerzas de Seguridad y los ciudadanos están permitiendo reforzar la lucha contra este problema. Tan sólo en el último año, las denuncias de ciudadanos ayudaron a destapar cerca de 4.000 fraudes.

Durante el pasado ejercicio, 4 de cada 10 inspecciones realizadas por la compañía concluyó con la detección de fraudes. En el 48% de los casos, se trató de enganches ilegales a la red por parte de usuarios sin contrato y el resto, a otro tipo de fraudes, como dobles acometidas o manipulación de los equipos de medida. Endesa incide en que el fraude eléctrico es, sobre todo, un problema grave para la seguridad y la salud de las personas, tanto para el propio defraudador como para los que le rodean. En los últimos años, se han registrado numerosos casos de incendios y descargas provocadas por la manipulación de las instalaciones.

Otro factor que agrava el problema del fraude es el crecimiento de los cultivos de cannabis que se ha producido en los últimos años. Estos cultivos van frecuentemente acompañados de enganches ilegales a la red eléctrica, que pueden llegar a generar importantes interrupciones de suministro a los núcleos de población en los que se llevan a cabo. Una vivienda utilizada como plantación indoor de marihuana consume el equivalente a 20 viviendas y la concentración de estos cultivos en determinadas zonas llega a saturar la red.

La compañía señala que el fraude eléctrico supone un perjuicio social ya que se traduce en un incremento de la factura eléctrica del conjunto de los consumidores y puede poner en riesgo tanto la seguridad como la calidad de suministro del resto de usuarios. «Además, en contra de lo que podría creerse, el grueso del fraude eléctrico en España lo cometen grandes consumidores, tanto empresas de sectores industriales y de servicios como negocios y domicilios particulares con consumos elevados», revela.

Dentro de su apuesta por la digitalización, Endesa está redoblando los esfuerzos en la aplicación de algoritmos avanzados para la detección de fraude. A la utilización del Big Data, se suman las nuevas tecnologías desarrolladas en los últimos años. Destacan, entre otras, los videoscopios y trazadores, que permiten inspeccionar instalaciones subterráneas, empotradas en las paredes, o inaccesibles a simple vista, para detectar, entre otras manipulaciones, la existencia de dobles acometidas.

En 2018, Endesa recibió más de 46.600 notificaciones de posibles fraudes en la línea telefónica (800 760 20) y el mail anomalias@enel.com. Mediante estos canales, los ciudadanos pueden aportar, de manera confidencial, cualquier información sobre anomalías y presuntos fraudes. Además, hay en la nueva web de Endesa un servicio para que los ciudadanos puedan realizar denuncias acerca de posibles fraudes.

La Reina Letizia y Teresa Ribera entregan las 97 Becas Iberdrola a la investigación para el curso 2018-2019

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Europa Press.- La Reina Doña Letizia, acompañada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, entregó las 97 becas máster y ayudas a la investigación que Iberdrola ha concedido para el presente curso 2018-2019. En esta edición, la empresa ha destinado cerca de 3 millones de euros a su programa de becas y ayudas, destinados a jóvenes procedentes de 10 países: España, el Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil, Italia, Hungría, Holanda, Alemania y República Checa.

Durante el acto, el presidente de la compañía ha agradecido el respaldo de la Reina Letizia a las nuevas generaciones, «llamadas a transformar la realidad de hoy en su realidad de mañana, en un mundo más global, más justo y más solidario». Para Galán, es «fundamental» que los jóvenes con talento contribuyan a construir un mundo «más sostenible» mediante la protección del medio ambiente y la biodiversidad, tal y como promueve «de manera tan decidida» el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera.

«Nos sentimos orgullosos de haber contribuido tan solo en los últimos 5 años a la formación de casi 4.000 universitarios, 4.000 historias de esfuerzo y de éxito», ha asegurado. Asimismo, el presidente de Iberdrola ha anunciado la convocatoria de nuevas becas y ayudas a la investigación para el curso 2019-2020, cuyo plazo de solicitud quedará abierto a partir de ya. «Sed valientes. Arriesgaos», ha concluido.

Greenpeace asegura que «ningún» país ha logrado gestionar de forma segura sus residuos nucleares y pide el cierre de centrales

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Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace ha publicado un informe a nivel mundial en el que asegura que «ningún» Estado ha logrado gestionar «de forma segura» sus residuos nucleares y señala que 2019 será decisivo en esta cuestión ya que se prevé la aprobación de un nuevo plan nacional de residuos que sustituya al anterior, de 2010.

Por ello, la ONG reclama la paralización de los residuos radiactivos y exige que cada industria se encargue de gestionar sus propios residuos. El documento analiza la situación de los residuos nucleares en distintos países como Estados Unidos, Francia, Japón, entre otros. La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, denuncia que el «preacuerdo» entre el Gobierno español y las compañías eléctricas, que contemplaría un cierre de las centrales nucleares a partir de 2025, supone «un riesgo innecesario» que prioriza las cuentas de resultados de las empresas «frente al coste para la sociedad».

La ONG insiste en que el Gobierno debe contemplar «con rigor», en el Plan de Energía y Clima, que el coste de desmantelar las centrales y de gestionar los residuos sea «íntegramente cubierto» por las empresas titulares de las plantas. «Toda industria debe ser capaz de sufragar la gestión de los residuos que produce, además de evitar que la población y el medio ambiente se vean expuestos a graves riesgos. No puede haber excepciones, sobre todo en lo referente a los residuos nucleares, algunos de los cuales son extremadamente perjudiciales y peligrosos», ha añadido Montón.

Asimismo, expone que para Greenpeace la opción «menos perjudicial» para el combustible gastado, seguirá siendo el almacenamiento temporal cerca de la superficie, en superficie o en seco, ya que deja abiertas todas las puertas para las generaciones futuras y hace posible vigilar los residuos fácilmente. Sin embargo, no aporta ninguna solución para los dilatados plazos necesarios. Finalmente añade que ve un «peligroso sinsentido» seguir promoviendo la minería de uranio en España, donde se está estudiando el proyecto de la empresa australiana Berkeley en Retortillo (Salamanca).

La ministra Ribera pide a las compañías eléctricas que se pongan de acuerdo sobre el futuro de las centrales nucleares

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido a las eléctricas que actúen «de manera sosegada y sensata» y les ha invitado a ponerse «de acuerdo sobre los planteamientos en los que comparten intereses«. En su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica en el Senado, Ribera se refirió así a la reunión que mantuvo con los máximos directivos de Iberdrola, Endesa y Naturgy para abordar el futuro de las nucleares en España.

La ministra indicó que las nucleares son «una pieza más del puzzle» sobre la visión de conjunto que recogerá el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que está ultimando el Gobierno. Asimismo, Ribera subrayó que la reunión, celebrada a petición de las tres grandes eléctricas, no será «la última conversación» que tendrá el Ejecutivo «ni con ellas ni con ningún otro agente del sector».

Según fuentes conocedoras del encuentro, el Gobierno y las principales eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, pusieron sobre la mesa en la reunión un cierre «escalonado» para las centrales nucleares en España, que será abordado «central por central», aunque de tal manera que nunca se produzca el cierre antes de 2025, pero con un horizonte para la clausura de 2035 o 2036. Ribera mantuvo una reunión al máximo nivel con los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Sánchez Galán y Francisco Reynés, respectivamente, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas.

Disputa política extremeña sobre Almaraz

Por su parte, el PSOE de Extremadura cree que se ha «despejado el futuro a medio plazo» para la central nuclear de Almaraz, mientras que el PP ha criticado que se haya acordado una «prorroguita para el cierre». Así, Podemos ha defendido que «ya es hora de que haya políticas valientes en esta comunidad» en relación a la planta nuclear, y Ciudadanos ha abogado por que exista una «compensación» para la zona en la que está enclavada la central nuclear.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha valorado que esta fue una reunión «muy importante» ya que «deja despejado en un entorno del medio plazo el futuro de Almaraz», y que a su juicio demuestra que el presidente de la Junta «tenía razón cuando exigía que haya un plan energético en este país para ir de las centrales nucleares a la energía limpia».

Un cambio que se debe hacerse «con una transición que permita que la comarca del Campo Arañuelo tenga un plan de futuro, un plan de empleo y un plan de desarrollo» en la zona, ha señalado Valentín García, quien ha destacado que todos los proyectos en energías renovables que existen «van a permitir que la comarca de Campo Arañuelo sea una comarca con mucho futuro». Por eso el portavoz socialista reiteró que esta reunión «despeja el futuro a medio plazo para la central nuclear» y da «el tiempo suficiente para que cuando se produzca el cierre» de la planta, la comarca tenga «un futuro despejado de empleo y actividad económica».

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha lamentado el «anuncio de prorroguita» de Almaraz que se ha realizado, cuando lo cierto es «tanto Vara como Sánchez como el señor Navarro están trabajando sin descanso por el cierre» de la planta cacereña, ya que «estaba en su programa electoral». Teniente ha recordado que el presidente de la Junta «votó hace 3 meses en este Parlamento el no a la prórroga de la central nuclear de Almaraz» ante una iniciativa del PP, tras lo que ha señalado en la actualidad no se está hablando «de una prórroga» de la planta, sino «de una prorroguita para el cierre».

Se trata de una «prorroguita» de Almaraz para que «mientras tanto hagamos lo que se quiere hacer, ayudar a instalar ahí las plantas fotovoltaicas que tengan el punto de evacuación en Almaraz», tras lo que reafirmó Teniente que, para que «se cumpla este interés, hace falta que no haya almacén» temporal de residuos. Por eso ha señalado que el exconsejero extremeño de Economía, José Luis Navarro, «está donde está», nombrado como presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), ya que «una de sus primeras decisiones ha sido cerrar la inversión en el almacén».

Teniente recordó que Navarro «se posicionó de forma clara y contundente contra la energía nuclear y contra el almacén porque tiene sus propios intereses», que «están en la energía renovable» en la zona. Frente a ello, la portavoz parlamentaria del PP ha defendido la necesidad de una «prórroga sólida» para la central de Almaraz, que «venga con inversiones y con proyección de un futuro, hasta que haya una alternativa real en la zona«, que en la actualidad «no la hay».

La presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, Irene de Miguel, ha considerado que la central de Almaraz «está ya amortizada» y cuenta con unos «jugosos beneficios», por lo que «era más que previsible que pidieran la prorroga los propietarios» de la planta En ese sentido, la diputada de Podemos ha tachado de «irresponsables» y «políticos mediocres» a los que defienden que «no puede haber cierre de Almaraz hasta que no haya un plan de empleo», pero sin embargo, «no ha hecho nada en los últimos años para que haya una alternativa», ya que a su juicio «no están a la altura».

Y es que, en la actualidad, «la transición energética es el futuro» ante el que «o bien queremos ser punta de lanza, o bien ser los últimos del vagón», señaló De Miguel, que considera que «ya es hora de que haya políticas valientes en esta comunidad». En ese sentido, De Miguel ha criticado que PSOE y PP «han querido vendernos una central eterna y segura, y ni es eterna ni es segura», tras lo que ha defendido que «cerrar Almaraz no es solo una cuestión de seguridad, que lo es», sino también «una cuestión económica, porque cuantos más residuos genere Almaraz, más dinero vamos a necesitar para gestionarlos«, ha dicho.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha abogado por que la central nuclear de Almaraz no se cierre «sin tener planes alternativos de empleo para una zona importante que ha soportado durante más de 40 años el tener una central nuclear en su territorio». En ese sentido, Domínguez considera que «deber haber una compensación» para esa zona, ya que a su juicio los extremeños, al margen de algunas manifestaciones que se han realizado por grupos ecologistas, no han dicho «casi nada» y se han «aguantado por tener aquí una central nuclear».

RWE cree que 2038 es demasiado pronto para el adiós alemán al carbón y supondrá una pérdida significativa de empleo

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Europa Press.- La recomendación de que Alemania deje de usar completamente carbón como combustible a partir de 2038, efectuada por una comisión designada por el Gobierno, tendrá un impacto negativo significativo sobre el empleo, según ha advertido la eléctrica alemana RWE, señalando que la fecha fijada para el abandono de esta fuente de energía «es demasiado pronto».

«La fecha de finalización de 2038 recomendada por la Comisión para la generación de energía a base de carbón es demasiado pronto para la compañía», advierte la utility germana, que defiende la necesidad de volver a examinar esta fecha en 2032. En este sentido, RWE sostiene que la implementación de las propuestas de la Comisión gubernamental representaría un tour de force de políticas estructurales para las regiones afectadas, añadiendo que las medidas planteadas por los expertos para abordar estos problemas representan «un buen primer paso», pero advirtiendo de que la gestión de este cambio estructural «es una tarea de décadas».

Asimismo, la eléctrica recuerda que ya había advertido de que este plan tendría un «impacto considerable en la empresa y sus empleados», tanto de manera directa como mediante proveedores y empresas colaboradoras. «Las propuestas de la Comisión tienen graves consecuencias para el negocio de lignito de RWE», advirtió Rolf Martin Schmitz, consejero delegado de RWE, subrayando el compromiso de la empresa para salvaguardar los intereses de sus empleados y accionistas.

El máximo ejecutivo de RWE ha añadido que las propuestas supondrán «una reducción significativa» de puestos de trabajo para 2023, aunque aún no se puede cuantificar», pero que va «mucho más allá» de los planes anteriores. En este sentido, Schmitz ha apuntado el impacto directo sobre los empleados de las plantas afectadas por el cierre previsto para 2022, añadiendo que indirectamente se verán afectados también los empleados en minería a cielo abierto, por lo que ha expresado su deseo de que el plan se ejecute de una manera socialmente aceptable, «porque los empleados no deben ser víctimas de decisiones políticas».

La llamada Comisión del Carbón recomendó que Alemania deje de usar este combustible a más tardar en 2038. La Comisión solo efectúa recomendaciones. La puesta en práctica correrá por cuenta del Gobierno federal de la canciller Angela Merkel y de los Ejecutivos de los estados federados. Un 37% de la energía eléctrica de Alemania se genera a través de la producción de lignito y hulla.

Alemania aspira a poner fin a la explotación de lignito y hulla para cumplir con sus metas de reducción de emisiones de dióxido de carbono. El carbón cobró mayor importancia al resolver el Gobierno el apagón gradual de la centrales nucleares hasta 2022. La Comisión aconsejó que los estados federados afectados reciban compensaciones de unos 40.000 millones de euros durante un plazo de 20 años y propuso que en el año 2032 se revise la posibilidad de adelantar la fecha de salida a 2035 en consenso con los operadores energéticos.