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Energía impedirá a las comercializadoras eléctricas sacar a un usuario del bono social hacia el mercado libre sin advertírselo expresamente

Europa Press.– El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prohibirá a las comercializadoras de electricidad suscribir un contrato en el mercado libre con un beneficiario del bono social sin advertirle expresamente de que la firma implicará la pérdida de la ayuda. Esta novedad forma parte de las medidas recogidas en el borrador de reglamento de desarrollo del bono social de electricidad, que fue remitido por Energía a las distintas comunidades autónomas.

El borrador recoge tres novedades normativas encaminadas al refuerzo de la protección de los consumidores de electricidad, especialmente de los vulnerables. Entre ellas figura la de que el nuevo comercializador «deberá informar expresamente» al consumidor con bono social de que «la suscripción del nuevo contrato en mercado libre implicará que no resulte aplicable la percepción del bono social». Otra de las novedades es que las comercializadoras deberán incluir en sus reclamaciones a los consumidores con impagos en su factura que estén en el mercado libre la posibilidad de acogerse al precio regulado, el PVPC, y de solicitar el bono social.

Junto a esto, Energía anulará expresamente las cláusulas que contemplen penalizaciones o costes adicionales para los consumidores que tengan un contrato en el mercado libre y que soliciten acogerse al PVPC acreditando los requisitos para ser consumidor vulnerable. El borrador también obliga a las comercializadoras eléctricas a actualizar al menos una vez a la semana el listado con los consumidores a los que ha remitido la primera o, en su caso, segunda notificación de impago.

Esta lista se remitirá a las comunidades autónomas, que designarán por su parte un centro directivo para recibir esta información e informar a las distintas administraciones del territorio. De esta forma, «las autoridades competentes en materia de servicios sociales dispondrán permanentemente de un listado actualizado de los impagos en su territorio». Las comunidades autónomas podrán usar la información del listado para incluir a los consumidores en sus distintos programas de asistencia social. También estarán obligadas a notificar a las comercializadoras de referencia los nombres de los usuarios que están siendo atendidos por sus servicios sociales.

Al abordar el nuevo principio de asignación del bono social, Energía reconoce que la actual definición de beneficiarios «tiene una relación muy indirecta con las categoría de renta«, lo que justifica, según sus consideraciones, vincular la ayuda a un indicador como el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). En este sentido, reconoce que con la actual definición «puede haber consumidores que realmente necesiten la ayuda del bono social y no la estén recibiendo», así como «beneficiarios que no requieran realmente del descuento del 25% en su factura eléctrica».

El Gobierno envía a las comunidades autónomas el borrador del reglamento sobre el bono social, más «eficiente» y «accesible»

Europa Press.- El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas los principales aspectos del reglamento que desarrolla el real decreto ley sobre el bono social, que establece un mecanismo «más eficiente» y «accesible», con más categorías de hogares vulnerables y mejor comunicación entre las administraciones y las comercializadoras.

Tras haber recibido las aportaciones de los grupos políticos que contribuyeron a su aprobación, el Ministerio de Energía expone que el borrador establece un mecanismo basado en criterios de renta de la unidad familiar para reforzar la protección de los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social. En concreto, contempla la creación de diferentes categorías para los hogares vulnerables en función de unos umbrales de renta establecidos mediante el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que se ampliarán para una serie de circunstancias especiales basadas en supuestos socioeconómicos, como el grado de discapacidad. Además, crea la categoría de hogares vulnerables severos, que estarán más protegidos y se beneficiarán de un descuento más elevado que los consumidores vulnerables.

En cuanto a los impagos de los consumidores, las comercializadoras deberán de informar a estos desde el primer momento en que dejen de abonar sus facturas, para posteriormente reclamar el pago por correo certificado, por burofax o por medio telemático mediante firma electrónica. Si la reclamación no puede entregarse, habrá una segunda reclamación. Por último, las comercializadoras deberán realizar una tercera y última reclamación fehaciente de pago. Desde entonces, el consumidor dispondrá de 2 meses para efectuar el pago de la factura antes de que la compañía pueda proceder a la suspensión del suministro, un plazo que se ampliará a 4 meses para los consumidores vulnerables acogidos al bono social.

En los casos de hogares vulnerables severos en situación de exclusión social, cuando las autoridades competentes aporten ayudas que supongan una financiación del 50% de la factura, el suministro será declarado «esencial» y se cofinanciará junto con las comercializadoras eléctricas, impidiendo así el corte de suministro para estos hogares. Por otro lado, las administraciones competentes en materia de política social tendrán un listado permanentemente actualizado de las suspensiones del suministro previstas, lo que les permitirá identificar los casos de riesgo de exclusión social que puedan verse afectados y evitar así los cortes indeseados para asegurar la protección de los consumidores con problemas de inserción social.

La Barcelona de Ada Colau constituye la mayor empresa municipal comercializadora de electricidad de España

EFE.- El pleno del ayuntamiento de Barcelona ha aprobado crear su propia comercializadora municipal de electricidad, que se llamará Barcelona Energía y que entrará en funcionamiento en el verano de 2018, con los votos favorables de todos los grupos municipales, excepto el PP, que se ha abstenido. Las previsiones del gobierno municipal de Ada Colau son que esta empresa pública de electricidad le suponga un ahorro de 500.000 euros en concepto de compra de electricidad y que suministre a 20.000 hogares.

El concejal de Agua y Energía, Eloi Badia, ha destacado que el pleno dota al ayuntamiento de herramientas para volver a fomentar a la generación de energías renovables y el autoconsumo en la ciudad. La comercializadora aprobada por el pleno podrá convertirse en agente de mercado de los excedentes de energía que se produzcan en las instalaciones municipales de autoconsumo, por lo que tendrá que establecer acuerdos bilaterales para asegurar la compra de la energía excedentaria a un precio razonable.

Así, el Ayuntamiento de Barcelona asumirá el papel de gestor energético para facilitar la generación de energía por parte de la ciudadanía, gestionar la producción y garantizar el suministro necesario a todas las personas con dificultades o en situación de vulnerabilidad. El ayuntamiento quiere ofrecer tres tipos de tarifas: para ayuntamientos, para pequeño terciario (cliente generador o cliente consumidor) y tarifa ciudadana, que además de los dos tipos de clientes anteriores incluiría el cliente vulnerable.

El Gobierno tendrá en «breve» el borrador de desarrollo del bono social, que podría aplicarse antes de verano

Europa Press.- El Gobierno contará en «breve» con el borrador del reglamento para desarrollar el bono social eléctrico, que podría así estar listo para antes de este verano, según indicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que destacó que el texto recogerá como «requisito fundamental» la consideración de la renta para acceder al bono social. Hasta ahora, al bono social accedían las familias numerosas, los consumidores con una potencia contratada inferior a los 3 kilovatios (kW), las pensiones mínimas y los desempleados.

Además, Navia destacó que se va a trabajar en la protección adicional del consumidor en las prácticas de comercialización, así como en la regulación de los cortes, estableciendo una categoría de consumidores particularmente en riesgo de exclusión social, «donde los cortes quedarán cubiertos con una contribución de las comercializadoras«. El secretario de Estado de Energía indicó que el Gobierno está ultimando este borrador después de haber mantenido contactos con todos los grupos políticos y contar con «un consenso importante» y avanzó que se procederá a una tramitación acelerada que podría, si todo funciona según lo previsto, «concluir antes de verano».

El texto deberá pasar previamente al Consejo de Estado y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su aprobación, añadió Navia, quien aseguró que la percepción tras las reuniones con los grupos es «muy positiva» y que existe un grado de acuerdo «bastante importante». Por otra parte, el secretario de Energía insistió en que el Gobierno, «en la medida que haya márgenes en el sistema», bajará la parte regulada del recibo. «Está en nuestro programa electoral. No subir la parte regulada y, si se puede hacer de forma prudente, ir reduciendo la parte regulada», aseguró.

Barcelona amenaza con «aumentar la presión» si las compañías eléctricas recurren de nuevo el concurso municipal de suministro eléctrico

Europa Press.- El concejal de Presidencia, Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, ha advertido de que el consistorio «aumentará la presión» si las compañías vuelven a recurrir el contrato eléctrico municipal, después de que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público haya anulado el concurso. Badia sostiene que al tratarse de un servicio básico deben primar una serie de principios por encima del lucro: «Si finalmente no lo conseguimos, tendremos que ir a un cambio legislativo de mayor envergadura».

Badia ha defendido el concurso que presentó Barcelona, indicando que se hubieran «equivocado de no haberlo intentado», e insiste en que trabajarán en una nueva redacción que les permita vincular la pobreza energética al contrato de compra eléctrica sin que sea anulado de nuevo. El concejal critica que haya quien prime beneficios multimillonarios sobre las necesidades más básicas y considera que las grandes compañías eléctricas no quieren formar parte de su “solución”: «Con las pequeñas y medianas empresas estamos pudiendo avanzar más que con las grandes, lo que es lamentable».

En ese sentido, ha detallado que el ayuntamiento hará un contrato puente que estará vigente a partir del 26 de marzo y durante seis meses, al que podrán concurrir de nuevo todas las empresas. Un modelo que utilizarán hasta presentar su nueva propuesta de contrato. El convenio puente se basará en el contrato marco de la Associació Catalana de Municipis (ACM), «que cita expresamente la ley de pobreza energética y que nunca ha sido recurrido». En cualquier caso, ha asegurado que es el último contrato que hará el municipio, ya que están desarrollando una operadora pública, y ha subrayado que el ayuntamiento debe ser «más valiente en la contratación pública».

El Gobierno recuerda que la potestad de sancionar a las comercializadoras eléctricas por supuesta publicidad engañosa corresponde a la CNMC

Europa Press.- El Gobierno considera que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuenta con «una variedad de instrumentos» suficiente para sancionar cualquier actuación irregular de las comercializadoras eléctricas, dejando así en manos del regulador las posibles sanciones por las prácticas que denuncia Facua.

El diputado de Podemos, Josep Vendrell, preguntó por escrito al Ejecutivo sobre las ofertas que algunas comercializadoras eléctricas plantean a los consumidores bajo la excusa de pretendidas rebajas que en realidad pueden llegar a encarecer el recibo de la luz hasta un 68,2% en el caso de los potenciales beneficiarios del bono social. En su respuesta el Gobierno se limita a señalar que la CNMC, organismo encargado de supervisar el mercado y la competencia, ha tenido conocimiento de que «algunas comercializadoras tramitan cambios de suministrador sin consentimiento o con consentimiento obtenido a través de engaño».

En este sentido, cita varios informes del regulador en el que se denuncia que «los consumidores reciben información poco transparente o poco veraz», lo que resulta en contrataciones que, «en muchos casos, empeoran las condiciones contratadas previamente». Sin embargo, el Ejecutivo considera que la Comisión tiene a su disposición «una variedad» de instrumentos suficiente para sancionar este tipo de conductas que «pudieran obstaculizar el cambio de suministrador falseando la competencia» de manera «activa y coordinada», y recuerda que ya están en tramitación diversos expedientes sancionadoras por incumplimientos de esta naturaleza.

La OCU denuncia prácticas irregulares de los servicios de atención al cliente de las compañías eléctricas promocionando el mercado libre

Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que los servicios de atención al cliente de las comercializadoras de referencia eléctricas ofrecen por defecto las ofertas de su filial en el mercado libre, «sin advertir al consumidor de esta circunstancia».

La asociación señala que ha realizado varias consultas telefónicas a los servicios de atención al cliente de las compañías, en las que ha constatado «la facilidad con la que un consumidor que contacte con una comercializadora de referencia puede acabar con un contrato en el mercado libre sin que la compañía le informe de que en realidad está contratando con otra compañía diferente». Así, OCU, que señala a las comercializadoras de referencia de Iberdrola, Endesa, Viesgo y EDP, critica que, a través de estos servicios de atención al cliente de las eléctricas, no se respeta la separación de actividades a la que obliga la ley.

Además, denuncia la existencia de varias irregularidades adicionales, como negarse a ofrecer la tarifa regulada (PVPC) con discriminación horaria a nuevos clientes, en el caso de EDP Comercialización de Último Recurso, o no hacer contratos fuera de su área de distribución, en el caso de Viesgo Comercializadora de Referencia. Gas Natural fue la única compañía que hace «una clara separación de su actividad» y, por lo tanto, se limitó a ofrecer exclusivamente los productos reservados a su condición de comercializadora de referencia, señala la asociación.

Para la OCU, estas prácticas no dejan de ser un claro de ejemplo de slamming, como son denominadas estas prácticas en el mundo anglosajón, por parte de las compañías que aprovechan «el grave desconocimiento sobre el mercado de la electricidad para contratar con una tarifa y compañía diferente de la que se corresponde con el servicio de información con la que el futuro cliente está contactando«. La asociación, que recuerda que estas compañías son las únicas que por Ley pueden ofrecer la tarifa regulada o el bono social, subraya la necesidad de la separación de actividades para garantizar la competencia.

La CNMC multa a tres comercializadoras eléctricas por no presentar las garantías exigidas por Red Eléctrica

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un importe total de 21.300 euros a tres comercializadoras de electricidad por no presentar las garantías exigidas por el operador del sistema. La Ley del Sector Eléctrico impone a las empresas comercializadoras la obligación de prestar las garantías que reglamentariamente resulten exigibles. En los tres casos, el operador del Sistema, Red Eléctrica de España (REE) denunció los incumplimientos ante la CNMC.

En concreto, el organismo presidido por José María Marín Quemada ha sancionado a las compañías Alcanzia Energía y Estrategias Eléctricas Integrales con 10.000 euros, respectivamente, y a Comercial y Asesora de Electricidad con 1.300 euros. La sociedad Alcanzia Energía incurrió en un incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por REE por insuficiencia de dichas garantías durante el periodo de tiempo comprendido entre el mes de septiembre de 2015 y el 5 de febrero de 2016. Esta sociedad procedió, con fecha 5 de febrero de 2016, a depositar el importe de 2,832 millones de euros en concepto de garantías y regularizó así su déficit de garantías con REE.

Por su parte, el incumplimiento de las garantías exigidas por REE a Estrategias Eléctricas Integrales se prolongó desde el período comprendido entre el 19 de febrero y el 2 de septiembre de 2016 y ascendió a 732.000 euros. La compañía subsanó el déficit el pasado 2 de septiembre. Finalmente, Comercial y Asesora de Electricidad, S.L. no prestó las garantías requeridas por REE con fecha límite de 21 de enero de 2016 y por valor de 44.000 euros. Posteriormente, la empresa depositó las garantías pendientes en fecha 22 de febrero de 2016, siendo su estado de garantías correcto desde dicha fecha.

El Tribunal de Contratos Públicos paraliza el concurso municipal de suministro eléctrico de Barcelona, recurrido por Endesa y Gas Natural

EFE.- El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público acordó suspender cautelarmente el concurso municipal para el suministro eléctrico convocado por el Ayuntamiento de Barcelona. Fuentes de Endesa, titular hasta ahora de ese contrato, explicaron que este tribunal ha estimado las medidas cautelares solicitadas por la compañía, que entendía que la cláusula sobre pobreza energética incluida en el pliego de condiciones podría introducir discriminación entre compañías.

Así pues, este tribunal paraliza ahora este concurso, valorado en 65,2 millones y al que no se habían presentado ni Endesa ni Gas Natural Fenosa, hasta que resuelva los recursos presentados por ambas compañías. Según las fuentes consultadas, este tribunal, que es independiente aunque está adscrito a la Generalitat, tiene ahora tres meses para comunicar su resolución definitiva. Tanto Endesa como Gas Natural Fenosa renunciaron a presentarse al nuevo contrato municipal de suministro eléctrico del Ayuntamiento de Barcelona por discrepar con una cláusula del mismo relacionada con la pobreza energética.

El Ayuntamiento de Barcelona incluyó en el contrato una cláusula que obligaba a las eléctricas a firmar, en un plazo de 6 meses, un convenio de “corresponsabilidad” en materia de pobreza energética que permitiría sancionarlas en caso de incumplir la ley catalana sobre la materia. Por su parte, estas compañías decidieron no presentarse al concurso por desconocer las implicaciones exactas de dicha cláusula, porque ello supondría suscribir un compromiso “a ciegas”. Por este motivo llevaron el caso al Tribunal de Contratos Públicos para que verifique la adecuación a la ley de las condiciones del concurso.

Este caso pone de manifiesto las diferencias entre las grandes eléctricas y el Ayuntamiento de Barcelona respecto a la interpretación de la ley catalana de pobreza energética. Endesa alega que resulta discriminatorio obligar a asumir a algunas compañías determinados compromisos respecto a los clientes en situación de vulnerabilidad cuando las pequeñas comercializadoras de electricidad que se han presentado al concurso, al operar en el mercado libre, no tienen estas exigencias. Asimismo, fuentes de Endesa subrayan que sus argumentos deben ser «razonables» si este tribunal ha optado por paralizar el concurso.

El concurso del Ayuntamiento, para el alumbrado de las calles y para el suministro eléctrico de los edificios municipales, está repartido entre tres lotes, aunque las compañías aspirantes solo podían aspirar a llevarse dos de ellos. El nuevo contrato debía entrar en vigor el 25 de marzo, tiene una duración de un año, prorrogable a otro, y es el último que se adjudica a una comercializadora privada, ya que el Ayuntamiento aspira a crear una comercializadora de energía pública. Hasta ahora acudieron al contrato comercializadoras de pequeño o mediano tamaño.

Axpo Iberia denuncia irregularidades en un contrato de suministro de electricidad a dos desaladoras

Europa Press.- Axpo Iberia ha presentado un recurso administrativo en el que denuncia «irregularidades y falta de transparencia» en el proceso de licitación pública para el suministro de electricidad por diez meses a las desaladoras Alicante II y San Pedro del Pinatar II, situadas en Alicante y Murcia.

El director general de Axpo, Ignacio Soneira, explica que el recurso ha sido presentado ante el organismo licitador del contrato y que el caso de estas desaladoras se suma a otros muchos en los que las comercializadoras independientes encuentran «dificultades» para contratar con la Administración. Axpo indica que el pasado noviembre el comité ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla aprobó los pliegos de la licitación y autorizó la contratación de energía eléctrica con las desaladoras por el sistema de procedimiento abierto, con la aprobación de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La Mancomunidad es un organismo autónomo adscrito a dicho Ministerio.

A la licitación se presentaron seis empresas, de las cuales una quedó excluida por superar el importe máximo de la licitación. Según asegura Axpo, su oferta fue la más competitiva, al tener un coste de 282.000 euros inferior a la adjudicada finalmente, pero al aplicarse «criterios técnicos no evaluables mediante fórmulas», es decir, «una valoración subjetiva», Iberdrola ganó. Ante estas circunstancias, Axpo Iberia anuncia la interposición de un recurso especial en materia de contratación basado en la falta de transparencia del informe de adjudicación y en la necesidad de una explicación acerca de los criterios técnicos que se encuentran detrás de la adjudicación de puntos a cada una de las empresas por aspectos no objetivos.

Soneira denuncia que este tipo de situación es habitual cuando se contrata con la Administración. «Los nuevos entrantes nos vemos con dificultades a la hora de contratar con las administraciones públicas, y resulta frustrante que te dejen atrás por criterios que pensamos que también cumplimos», indica Soneira. En la actualidad, se produce una «tendencia creciente en el marco de concursos públicos a reservar un porcentaje de la valoración a criterios no evaluables mediante fórmula, lo que en la práctica sirve de cajón de sastre para decidir las adjudicaciones a favor de empresas que no logran las mejores puntuaciones en su oferta», señala el director general.

La empresa señala que, en cuanto a la producción de renovables, que es uno de los criterios evaluados, Axpo cuenta con “la mayor cartera de energías renovables de la península” y deja patente, tanto en su catálogo de servicios como en su presentación, que el 100% de la energía que suministra es de origen renovable. El pliego también evaluaba la calidad de la atención al cliente. Sobre este aspecto, Axpo dice que «cumplía sobradamente los requisitos» y que detalló toda su oferta de servicios, que van desde un gestor personal, oficinas de representación en todo el territorio nacional, teléfono de atención 24 horas y servicios técnicos de asesoramiento hasta auditorías energéticas, web de descarga de facturas o curvas de carga.

Al aludir a los problemas de contratación con las administraciones, Soneira pone como ejemplo las licitaciones realizadas por ayuntamientos en los que «resulta complicado reemplazar a la compañía que ha suministrado históricamente la electricidad«. En esas ocasiones, también es habitual que, cuando existen oportunidades para reofertar, las incumbentes «hagan bajadas en todo lo que pueden» para evitar el cambio de suministrador, señala. La empresa recuerda además que la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) ha estimado recientemente en 48.000 millones de euros los sobrecostes por la falta de competencia en las licitaciones públicas.