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Las principales compañías eléctricas lideran los mercados liberalizados de electricidad y gas a pesar de las nuevas comercializadoras

Europa Press.- Los 5 grandes grupos energéticos (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Viesgo) siguen concentrando la mayor parte de los mercados liberalizados de electricidad y gas a pesar de que han surgido en los últimos años nuevas comercializadoras, según datos del informe Comercializadores de Electricidad y Gas del Observatorio Sectorial DBK de Informa.

Así, las comercializadoras no dependientes de las cinco grandes compañías eléctricas reunieron en 2017 el 25,6% de la energía suministrada en el mercado liberalizado de electricidad, cerca de 2 puntos porcentuales menos que el porcentaje registrado en 2015.En el mercado de gas, la penetración de las comercializadoras no vinculadas a grupos de generación se situó en el 31,9% el pasado año, advirtiéndose en este caso un incremento muy relevante de su cuota de negocio, en comparación con el 19,3% en 2015, según el informe.

Además, el 90% de la electricidad y el 97,9% del gas total suministrados correspondieron en 2017 a contratos a precio libre. En 2017, el volumen de negocio generado por las empresas comercializadoras de electricidad se cifró en 32.170 millones de euros, un 2,4% más que en 2016, cuando había descendido un 6,5% como consecuencia de la caída de precios. Por su parte, impulsados por el repunte de los precios, los ingresos de las compañías de gas ascendieron a 11.410 millones de euros en 2017, lo que supuso un aumento del 13,1% respecto al año anterior.

Unidos Podemos propone que la Administración sólo contrate energía de origen 100% renovable

Europa Press.- Unidos Podemos quiere que la Administración General del Estado y su sector público sólo contrate para el suministro eléctrico de sus edificios, sedes, equipamientos y otras instalaciones energía de origen 100% renovable. Su propuesta pasa por no tramitar prórrogas de los contratos de suministro eléctrico vigentes, salvo en supuestos de no concurrencia, y contratar exclusivamente el suministro con comercializadoras de Etiquetado A. Esto es, que tengan certificada su producción como limpia por el sistema de garantía de origen del organismo regulador CNMC.

Así consta en la proposición no de ley que sus diputados Jorge Luis Bail (Podemos) y Josep Vendrell (En Comú Podem) han registrado en el Congreso para su debate y votación ante el Pleno. Según recuerdan en su propuesta, ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alicante o Cádiz ya han abordado una contratación de suministro eléctrico 100% renovable, y creen que «resulta imperativo aprovechar al máximo» un potencial de ahorro energético en un inventario que en 2016 sumaba 2.142 edificios de más de 250 m2 útiles.

Es más, consideran que además de una compra verde, la Administración también puede aprovechar las cubiertas de sus edificios para generar energía renovable, con el fin de satisfacer en todo o en parte sus necesidades energéticas, y también verter a la red energía limpia. Así, piden poner en marcha medidas en estas instalaciones e instalar de forma progresiva sistemas de generación renovable. Actualmente, critican, sólo 4 de los 15 edificios ministeriales cuentan con energía solar. Según los estudios de Greenpeace, citados por Luis Bail y Vendrell, la Administración podría producir 93.457 GWh/año en sólo 917 de sus edificios, lo que supondría un ahorro de más de 320 millones de euros en una estimación a 25 años para las cuentas públicas.

La CNMC multa a Endesa con 120.000 euros por pasar clientes de la tarifa regulada al mercado libre sin consentimiento

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resolvió 4 procedimientos sancionadores contra Endesa Energía que acumulan multas por valor de 120.000 euros por haber activado contratos de varios clientes sin su consentimiento. En varios casos, implicó que el cliente dejase de tener su contrato con la tarifa eléctrica regulada (PVPC) para ser suministrado en el mercado libre, donde la comercializadora fija libremente el precio de la energía y puede incluir otros servicios y seguros de mantenimiento adicionales.

En uno de los casos, según ha explicado la CNMC, activó un nuevo contrato con suministros de gas y electricidad sin consentimiento del cliente, al que cambió la tarifa regulada de gas a un suministro a mercado libre. La CNMC tuvo conocimiento de estos hechos tras recibir varias denuncias de la Consejería de Economía, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, de los escritos de FACUA y de un particular.

No son los únicos multados

En las resoluciones aprobadas, la CNMC considera acreditado que Endesa Energía no respetó los requisitos que deben seguir las comercializadoras de electricidad y de gas para contratar un nuevo cliente ni, en particular, contó con su consentimiento. El organismo multó en 2017 a cuatro comercializadoras de electricidad y gas natural (Endesa Energía, Iberdrola Clientes, Gas Natural Servicios y Viesgo Energía) con un total de 155.000 euros por las mismas prácticas.

La CNMC insiste en que las comercializadoras deben respetar la Ley a la hora de realizar o modificar los contratos con sus clientes y en la importancia de que sean muy cuidadosas a la hora de captar clientes a través de canales de venta, especialmente en el caso de consumidores vulnerables y de personas mayores. Además, el pasado mes de septiembre obligó a los principales grupos energéticos a cambiar su imagen de marca para que los clientes puedan distinguir entre la empresa comercializadora que ofrece la tarifa regulada (PVPC), en electricidad, y (TUR), en gas, y la que lo hace a través del mercado libre.

El Congreso convalida las medidas para abaratar la luz aunque las tramitará como proyecto de ley para introducir cambios

Europa Press.- El Congreso ha convalidado el decreto ley aprobado por el Gobierno para abaratar el precio de la luz, incluyendo la ampliación del bono social, aunque tramitará la norma como proyecto de ley con el fin de introducir cambios en el mismo. El Gobierno pactó con Unidos Podemos incluso negociar de forma conjunta las enmiendas con el fin de modelar el diseño final del bono en el reciente acuerdo presupuestario, extendiendo todos los beneficios del bono eléctrico a otro bono del gas.

La convalidación ha sido respaldada por el PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias, mientras que el PP, Ciudadanos y UPN se han abstenido. Únicamente Foro Asturias se ha opuesto. Tras la votación, el Congreso ha aprobado la tramitación de esta norma como proyecto de ley, con el fin de poder introducir cambios, una decisión respaldada por todos los grupos de la Cámara Baja, con la sola excepción del PNV, que ha votado en contra porque ya consiguió fijar los cargos a diferentes tipos de potencia, una reivindicación de la formación jeltzale que abarata la factura eléctrica principalmente a empresas del País Vasco.

Con el decreto ley, el Gobierno socialista aumenta los supuestos en los que puede accederse al bono social, al incluir a familias monoparentales en función de la renta, y al restringir más los cortes de luz. Así, se prohíben los cortes de luz en los hogares donde viva al menos una persona con una discapacidad del 33% o superior o en situación de dependencia de grado II y III, y en hogares con bono social reconocido en los que viva un menor de 16 años.

El acuerdo establece que la renta será ahora el único criterio de adjudicación, con las únicas excepciones de criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como el de familias monoparentales. Además, su solicitud será automática y podrán ser prestado por cualquier comercializadora, sea privada o municipal. Sin embargo, el principal cambio que recoge el acuerdo en este aspecto es que deberán ser las empresas del sector las que se encarguen de financiar «íntegramente» esta ayuda, en nivel proporcional a su volumen de facturación, según recoge el documento del pacto presupuestario.

El acuerdo también establece el principio de precaución, para que antes de un corte de suministro los servicios sociales certifiquen si se trata de un consumidor vulnerable, la cuantía se determinará según la renta y contará con 50 millones para garantizar la protección del consumidor. Por último, acorta el plazo para presentar una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética a 4 meses, un plan que deberá realizar un diagnóstico de la situación de la pobreza energética con medidas concretas de reducción en un horizonte a medio y largo plazo, y que contará con la participación de partidos políticos, empresas, asociaciones, entidades locales, comunidades autónomas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Actualmente, el bono social cuenta con un total de 706.118 personas perceptoras de esta ayuda, principalmente en Madrid, ya que esta provincia concentra 1 de cada 10 hogares que tienen concedido el bono social eléctrico. Según la distribución de beneficiarios de esta ayuda, Madrid (10,3%), Valencia (6,6%) y Barcelona (5,9%) son las provincias que más personas concentran con esta ayuda, seguidas de Alicante (4,9%), Sevilla (4,7%), Murcia (3,9%), Badajoz (3,5%) y Málaga (3,1%). En el otro extremo se encuentran las ciudades autónomas y provincias de menos población como Soria (0,2%).

Sin embargo, el decreto ley incluye una serie de medidas dirigidas a combatir la escalada de precios en la electricidad, entre ellas la suspensión del 7% del impuesto de la electricidad durante 6 meses, una exención del Impuesto de Hidrocarburos, la derogación del impuesto al sol, eliminando peajes y cargos al autoconsumo, y el aumento del límite en los ingresos por subastas de emisión. Asimismo, el decreto también incluye medidas de impulso al transporte eléctrico.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, espera que Ribera se comprometa a cumplir con la normativa comunitaria y devuelva a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de final de año la fijación de los costes de los peajes. Un conflicto que se arrastra desde 2014 cuando el anterior Gobierno de Mariano Rajoy desligó del superregulador estas competencias y por la que la Comisión Europea ya ha advertido a España del riesgo de la sanción, recuerdan desde Convergència.

El Gobierno advierte a las compañías eléctricas que vigilará cómo repercuten la suspensión temporal del impuesto a la generación

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha advertido que tanto el Gobierno como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilarán «muy de cerca» cómo las compañías eléctricas repercuten en la factura de la luz la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobada por el Ejecutivo dentro de un paquete de medidas para hacer frente a la espiral alcista en el precio de la luz.

«Habrá que seguirlo de cerca. No me parece que sea razonable pensar que las compañías eléctricas no son conscientes de que todo el mundo va a tener los ojos encima de ellas y que esto habrá que vigilarlo también muy de cerca a través de las autoridades competentes en la vigilancia del comportamiento del mercado eléctrico y de traslación de precios«, indicó Ribera. Junto a la suspensión del impuesto del 7%, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP, el Gobierno acordó también introducir una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado céntimo verde, medidas que el Ejecutivo estima que tendrán un impacto en la factura de la luz del 4%.

Ribera reconoció que las medidas adoptadas por el Gobierno son «más paliativas que estructurales» de cara al invierno y que «lo fundamental» pasa por abordar una reforma estructural y ver cómo el sistema fiscal tiene que mandar las señales adecuadas a todos los actores del sector. Así, señaló que el nuevo bono social «reforzado» y el bono térmico aprobado por el Gobierno es un ejemplo de «respuesta solidaria» con los ciudadanos vulnerables, aunque subrayó que se requiere de «una reflexión a fondo, y por eso nos hemos dado 6 meses».

Convalidación en las próximas semanas

Asimismo, la ministra Ribera prevé que este real decreto-ley que amplía la cobertura del bono social a los consumidores vulnerables, sea convalidado en el Congreso de los Diputados «en las próximas semanas». «Y quien no esté dispuesto a convalidarlo, que explique qué es lo que le molesta o que es lo que no le gusta», añadió. Respecto a la financiación de ambos bonos sociales, Ribera indicó que, en el caso del eléctrico, se tomó la decisión «práctica» de mantener el sistema existente de que sea asumido por las comercializadoras eléctricas.

En el caso del nuevo térmico, señaló que en un primer momento se planteó hacerlo a través del sistema gasista, aunque, al comprobar que había muchas familias vulnerables que no tenían gas en sus casas, se optó por la fórmula de ayuda en una especie de cheque que fuera aportada por los Presupuestos Generales del Estado, «en un esfuerzo adicional durante este invierno hasta tener bien diseñada esa estrategia de solidaridad en materia de calefacción».

La ministra también dejó claro que la solidaridad tiene que «ser eficaz con quien más lo necesita», por lo que abrió la puerta a revisar los criterios actuales para que la renta sea el elemento determinante para percibir la ayuda. «Puede darse el absurdo de que familias numerosas con una renta muy alta puedan ser potencialmente beneficiarias, mientras que familias monoparentales con unos ingresos muy modestos queden excluidos. Todo esto hay que abordarlo de fondo y a futuro», concluyó Ribera.

El Gobierno amplía las coberturas para el bono social eléctrico y lanza medidas para abaratar la factura de la luz

Europa Press.- El Gobierno ha aprobado un plan de medidas para ampliar las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, y así como para abaratar la factura de la luz, ante la espiral alcista de los últimos meses en el precio de la electricidad.

En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, destacó que el objetivo de esta nueva norma es ofrecer cobertura a los consumidores vulnerables durante los próximos meses de invierno «mientras se construye una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética». El decreto-ley hace extensiva la medida de prohibir el corte de luz también para los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II y III. Estas circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban contempladas en la anterior regulación del bono social.

Asimismo, con el objetivo de que más familias monoparentales puedan acceder al bono social, se han establecido por el Ejecutivo criterios de renta específicos para estos colectivos, más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente las mujeres, considerando que el 85% de los hogares monoparentales tienen al frente a una madre. Así, el umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales.

La normativa fija como prioridad del Ejecutivo la lucha contra la pobreza energética, que afecta a unos 4,6 millones de personas. En el plazo de 6 meses desde su entrada en vigor, el Gobierno presentará una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que establecerá objetivos, en el medio y largo plazo, y un marco de acción estable para su erradicación. Ribera también dejó claro que, dentro de esta Estrategia contra la Pobreza Energética, se podrían revisar los criterios actuales para que la renta «sea un elemento determinante para todos los colectivos potencialmente afectados» algo que, por ejemplo, no sucede con el actual modelo para las familias numerosas, que tienen derecho al bono social eléctrico por el simple hecho de serlo.

En lo que respecta a los límites de consumo de energía con derecho a descuento, la nueva normativa los amplía un 15% con el objetivo de acercarse más a los consumos reales de los hogares más vulnerables. Asimismo, el cómputo de consumo anual con derecho a descuento que se liquidaba cada mes se flexibiliza. Ahora la energía con derecho a descuento no consumida un mes puede utilizarse en otro momento, con lo que se facilita también la protección durante los meses de mayor consumo, que suelen corresponderse con los de temperaturas más bajas. Además, la norma también prorroga hasta el próximo 31 de diciembre el plazo para renovar el bono social eléctrico a aquellos consumidores acogidos al bono social antiguo.

Paralelamente, se crea un nuevo bono social térmico, al que podrán acogerse los hogares que sean beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre y que se trata de una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina este invierno, con independencia del combustible que utilicen. El importe de esta ayuda dependerá de la cantidad que se consigne cada año en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y del número de beneficiarios del bono social eléctrico en diciembre y su cuantía dependerá de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, y de la zona climática donde esté ubicada la localidad en la que reside el beneficiario.

A modo de referencia, con un presupuesto de 100 millones de euros y si el número de beneficiarios del bono eléctrico a 31 de diciembre fuera de 1,5 millones, las cuantías del bono oscilarían entre un mínimo de 25 euros (para el consumidor vulnerable en zona cálida) y un máximo de 130 euros (para el consumidor vulnerable severo en zona muy fría), señala el Ministerio.

Asimismo, el Gobierno endurece las medidas sancionadoras a las empresas comercializadoras, que gestionan y financian el bono social. Por ejemplo, aquellas que impongan injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con la tramitación de las solicitudes podrían ser sancionadas con multas de hasta 60 millones de euros, en el caso de infracciones muy graves. Este real decreto-ley también contiene medidas dirigidas a incrementar la protección del conjunto de consumidores de electricidad, lo que permitirá optimizar la contratación de este suministro y reducir la factura eléctrica.

Así, si se dispone de contador digital, se podrá contratar la potencia en múltiplos de 0,1 para ajustarla con exactitud a las necesidades de consumo, frente a los actuales escalones de contratación de potencia eran de 1,1 kilovatios (kW). Teniendo en cuenta que en el último trimestre de 2017 casi el 40% de los hogares tenía una potencia contratada entre los 4 y los 6 kW, existe un margen para el ajuste y, por tanto, para el ahorro y la eficiencia en el consumo. Por ejemplo, un cambio de potencia de 0,5 kW, de 4,6 a 4,1 kW, podría suponer un ahorro en la factura anual de 26 euros en un hogar tipo, donde vivan 4 personas, estima el Ministerio.

Además, en cada período de facturación, las comercializadoras deberán incluir en la factura de cada consumidor que tenga contratado el PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) el importe al que hubiera ascendido de haberse aplicado una tarifa con discriminación horaria. En este caso, son 2 las posibles: tarifas con precios de la electricidad dividido en 2 tramos, punta y valle; o en 3 tramos, punta, valle y supervalle. En la actualidad, tan sólo 660.000 consumidores de los 11,1 millones de usuarios con PVPC se acogen a tarifas con discriminación horaria mientras que el mero cambio puede generar un ahorro que, en muchos casos, pueden superar los 20 euros anuales.

La normativa también prohíbe a las comercializadoras eléctricas y de gas natural realizar acciones de publicidad o contratación de sus productos a través de visitas domiciliarias, el sistema puerta a puerta, salvo que la visita fuera solicitada expresamente por el consumidor. De igual modo, se regulan los términos en los que las comercializadoras eléctricas podrán acceder a los datos de consumo y potencia contratada de los consumidores para que puedan ofrecerles mejoras en la gestión de su demanda o la adopción de medidas de eficiencia energética. Además, se permite la inhabilitación directa de las comercializadoras que realicen prácticas fraudulentas en el mercado mayorista, entre ellas, el incumplimiento de las obligaciones de compra de energía en los mercados diario e intradiarios.

La subida del precio de la electricidad elevó un 2,4% los ingresos de las compañías en 2017, hasta 32.170 millones

Europa Press.- El volumen de negocio generado por las empresas comercializadoras de electricidad ascendió en 2017 a 32.170 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,4% en relación a los ingresos registrados un año antes, debido al alza de los precios de los productos energéticos.

Según el análisis de Informa, compañía filial de Cesce, este repunte de los precios para los hogares españoles también implicó que las compañías de gas aumentasen sus ingresos un 13,1% respecto al año 2016, hasta alcanzar unos ingresos totales de 11.410 millones de euros.

No obstante, cabe recordar que tanto las comercializadoras de electricidad como las compañías de gas que operan en el país sufrieron fuertes descensos de su volumen de negocio en el año 2016, también debido a la bajada generalizada de los precios energéticos. En concreto, las de electricidad ingresaron un 6,5% menos y las de gas, un 8,8% menos.

En cuanto al grado de liberalización del mercado de la electricidad, en 2017 aumentó más de un punto porcentual, hasta suponer el 90,1% de toda la electricidad suministrada, es decir, a contratos asignados a precio libre. Por su parte, en el mercado de gas, el mercado libre suponía un 97,9% del total.

Respecto a la concentración de mercado, las comercializadoras no dependientes de las cinco mayores compañías eléctricas reunieron el 25,6% de la energía suministrada en el mercado liberalizado, cerca de dos puntos porcentuales menos que lo registrado en 2015.

En el mercado de gas, la penetración de las comercializadoras no vinculadas a grupos de generación se situó en el 31,9% en el último año, advirtiéndose en este caso un incremento de su cuota de negocio, al compararlo con el 19,3% obtenido en 2015.

700.000 consumidores tenían al finalizar agosto el nuevo bono social frente a los más de 2 millones del anterior sistema

EFE.- Un total de 700.034 consumidores disfrutaba al concluir agosto del nuevo bono social eléctrico, que sustituye al anterior y al que deben acogerse antes del 8 de octubre los beneficiarios que tienen el antiguo y quieran seguir disfrutando de él, que eran más de 2,2 millones en febrero de 2018.

El anterior Gobierno aprobó en 2017 un real decreto por el que modificó las condiciones y criterios socio-económicos para acceder al bono social, un descuento que se hace sobre la factura eléctrica para proteger a los colectivos de consumidores económica o socialmente más vulnerables. Para poder seguir disfrutando del bono social, se estableció un primer plazo para renovarlo que finalizaba en abril de este año y que luego se extendió hasta el 8 de octubre.

A 31 de agosto, 700.034 consumidores disfrutaban del nuevo bono social, según datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica, que han señalado que hasta esa fecha se habían presentado 954.000 solicitudes completas, aunque no todas fueron aprobadas por falta de documentación o porque sus datos no se ajustaban. Para que el nuevo bono social llegue al máximo número de beneficiarios posible, el Ministerio lanzará próximamente una campaña en radio y televisión, tal y como anunció a primeros de agosto su titular, Teresa Ribera.

El nuevo bono social, aprobado en octubre del año pasado, establece descuentos en la factura eléctrica del 25% o del 40% de su importe en función del nivel de renta y las circunstancias personales del consumidor. Para poder acogerse a estos beneficios, además de cumplir los requisitos de ingresos y personales, hay que presentar una solicitud a la empresa comercializadora por teléfono, fax, correo postal o electrónico en la oficina de la compañía o a través de su página web. El nuevo bono social establece 3 categorías de consumidores que pueden ser beneficiarios del bono social: «vulnerable», dentro del cual se encuentran los pensionistas con pensiones mínimas y las familias numerosas; «vulnerable severo» o «vulnerable en riesgo de exclusión social».

Carmen Becerril sustituirá a Ignacio Grangel en la presidencia del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMEL)

Europa Press.– Carmen Becerril, hasta ahora presidenta de la comercializadora eléctrica Fortia, abandonará la compañía para asumir la presidencia del Operador del Mercado Ibérico de Energía, Polo Español, S.A., (OMEL), en sustitución de Ignacio Grangel.

La exdirectora general de Política Energética y Minas se incorporará a OMEL el próximo 17 de septiembre, según fuentes conocedoras del nombramiento.

Desde julio de 2011, OMEL se configura como una sociedad tenedora de acciones que posee el 50% de la sociedad gestora portuguesa OMI-Polo Portugués (OMIP), y la sociedad gestora española OMI, Polo español (OMIE), así como el 10% de la sociedad matriz portuguesa, OMIP-Operador do Mercado Ibérico (Portugal), mientras que OMIE asume la gestión del sistema de ofertas de compra y venta de energía eléctrica en el mercado spot de energía eléctrica en el ámbito del MIBEL.

Becerril cuenta con una amplia experiencia en el ámbito energético, en el que ha desempeñado distintas responsabilidades tanto en el sector público como en el privado. Así, en el sector público ha sido directora general del IDAE y directora general de Política Energética y Minas.

En el sector privado, fue directora de Consultoría en energía en PwC y entre 2005 y 2017 ha ejercido distintos cargos directivos en Acciona, como directora general de Recursos Corporativos o presidenta de Acciona Energía.

Además, a lo largo de su carrera profesional, ha sido miembro de distintos consejos de administración, entre los que cabe destacar los de Red Eléctrica de España (REE), CLH, Endesa o Acciona.

EDP fue la comercializadora eléctrica que más creció en España en 2017

EFE. – EDP ha sido la comercializadora eléctrica que más ha crecido en España en 2017, al sumar unos 65.000 nuevos clientes y la segunda en gas, con 32.000 clientes más.

Según se desprende del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la evolución del mercado minorista en 2017, las cifras anteriormente citadas se traducen en un aumento de las carteras comerciales del seis% y el cuatro% respectivamente.

Así, EDP ha sumado 65.169 nuevos clientes en España, que achaca al «crecimiento estable de la cartera, trimestre a trimestre», tal y como refleja el informe de la CNMC que habla de una fidelización de clientes superior al 80%.

En términos absolutos, los mercados del gas y de la electricidad experimentaron un aumento del número de suministros respecto al último trimestre de 2016, que pasó de 29.085.975 a 29.269.244 suministros eléctricos y de 7.704.227 a 7.809.088 en el sector del gas en España