Entradas

La Fundación Renovables propone que todas las centrales nucleares estén cerradas en 2024 y las térmicas de carbón en 2025

EFE / Europa Press.- La Fundación Renovables plantea que todas las centrales nucleares estén cerradas en 2024 y las térmicas de carbón en 2025, según el documento presentado Hacia una transición energética sostenible, con 200 medidas «urgentes e ineludibles» para realizar la transición energética en España. La Fundación propone un plan de cierre progresivo de las centrales de carbón que comience en 2018 y que culmine en 2025, así como la eliminación de todas las subvenciones a la minería y al uso del carbón.

Además, propone que no se den pagos por capacidad a las centrales de carbón que emitan más de 550 gramos de CO2 por kilovatio hora (Kwh) y un plan de «transición justa» para las zonas afectadas por la desaparición del carbón. José Luis García Ortega, patrono de la Fundación, ha denunciado que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, está empeñado en que las plantas de carbón no se cierren y ha pedido a los grupos parlamentarios que no apoyen la proposición de ley que se va a presentar en el Congreso para ampliar los criterios a tener en cuenta para el cierre de centrales valorando la posibilidad de mantener una central si su cierre incrementara los precios de la electricidad.

En cuanto a las centrales nucleares, la Fundación Renovables propone un cierre programado a medida que vayan expirando las licencias actualmente en vigor, con lo que la última cerraría en 2024. También pide que los costes de desmantelamiento de las centrales y el tratamiento de los residuos los asuman las empresas. Además, reclama que el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos de Villar de Cañas (Cuenca) siga paralizado hasta que no haya un plan de cierre de todas las nucleares.

El presidente de la Fundación, Fernando Ferrando, considera que se trata de una propuesta «proactiva, justa, viable económica y tecnológicamente, es global, es estructural y no oportunista» que parte del convencimiento de luchar contra el cambio climático y contra «las graves disfunciones del sistema energético» en España, así como para lograr una significativa reducción de las emisiones. Por ello, ve imprescindible electrificar la demanda de manera generalizada, por eficiencia y por emisiones cero en consumo. La propuesta parte de que la ciudad es el escenario del cambio energético, ya que en ellas reside el 80% de la población y consumen el 75% de la energía.

El documento, que plantea un escenario hasta 2030, gira en torno a desincentivar el consumo de combustibles fósiles. Actualmente, el 50% de esa demanda de energía en España corresponde a productos petrolíferos, frente al objetivo de la Fundación Renovables para 2030 de que el 50% se cubra con renovables, multiplicando su peso por tres. Por tanto, aboga por reducir el petróleo del 50% al 22% a 2030; reducir la dependencia del 83% al 50% y frenar las emisiones un 59%, pasando de las 255 mtn de CO2 de 2015 a 104 Mtn. Ese objetivo supondría que la electrificación de la demanda pasara de un 25% en 2015 a un 50% en 2030 y que la generación renovable llegara al 80%.

Cuota del 10% en autoconsumo

La Fundación Renovables, que propone anular las medidas retroactivas en la retribución de estas energías y la repotenciación de 15.000 MW hasta 2030, calcula que habría que instalar 85.000 megavatios (MW). La Fundación Renovables exige derogar el decreto de autoconsumo, simplificar los procedimientos administrativos y fomentar la incorporación de baterías y el desarrollo del autoconsumo compartido con el fin de que en 2030 la generación distribuida alcance el 10% de cobertura de la demanda de la electricidad. Asimismo, propone que no se limite la potencia de estas instalaciones y que se permitan las compras y ventas de energía entre particulares.

El documento recoge también propuestas para erradicar la pobreza energética. La Fundación considera ineficaz el actual bono social y propone una tarifa social. La Fundación Renovables propone rehabilitar 500.000 viviendas al año para mejorar su eficiencia energética, lo que representa el 3% del parque actual. De esta forma, en 2030 estarían adaptadas todas las que lo necesitan. También se propone actuar en los edificios públicos, rehabilitando el 5% de ellos cada año. Plantea eliminar el consumo de combustibles fósiles con sistemas de alta eficiencia como la bomba de calor. Por ello, propone prohibir las calderas de carbón a partir de 2021 y las calderas de gasóleo a partir de 2025.

En materia de movilidad, la Fundación Renovables propone prohibir la circulación de vehículos diesel en las ciudades en 2025, que en 2030 el 60% de los nuevos vehículos sean eléctricos, lo que supondrá alcanzar una cuota del 30% de los vehículos en circulación (5 millones de vehículos eléctricos) con una reducción del parque automovilístico de un 15%. Asimismo, pretende minimizar las necesidades de transporte por servicios de cercanía, con prácticas de mínimo consumo y emisiones y abandonar progresivamente los vehículos de combustión interna. «Apostamos por la peatonalización, el fomento del uso de la bicicleta y del transporte público y la implantación del vehículo eléctrico», comenta.

Por otro lado, otra de las prioridades de la Fundación Renovables es la reforma urgente del sector eléctrico con la corresponsabilidad de los sectores del petróleo y del gas en soportar los costes de los cumplimientos de los objetivos a 2020, modificar la retribución de la distribución y el transporte por la energía verdaderamente distribuida y transportada en lugar de por las inversiones, se propone que la tarifa eléctrica debe ser monómica y progresiva, de forma que su precio horario se defina solo en función de la electricidad que se consuma, transformando los costes fijos en variables. En materia regulatoria, pide sacar de la tarifa las políticas industriales y territoriales.

Entre otras propuestas plantea actuar de forma prioritaria sobre la demanda sobre la vía para mejorar la gestión del sistema eléctrico y una reforma de la política fiscal como herramienta «fundamental» mediante, por ejemplo, la incorporación en el IBI de las ineficiencias energéticas de los edificios. En su contribución al debate nacional sobre la elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Fundación Renovables señala que «para alcanzar en 2050 la descarbonización no solo de nuestro sistema energético sino de la economía en general, es fundamental pisar el acelerador desde el momento actual y no dejar el esfuerzo principal para el final».

En el ámbito de la fiscalidad, propone que esta se dirija a fomentar y penalizar las prácticas que se quieran limitar. Por ejemplo plantea modificar el Impuesto Especial de Hidrocarburos y aumentar el gravamen de los combustibles derivados del petróleo líquido (5 céntimos por litro) y del gas natural (1 euro por MWh). Con esta medida calcula que recaudarían aproximadamente 3.500 millones de euros que se destinarán a planes urbanos, rehabilitación de viviendas, sustituir calderas por bomba de calor, mejorar la domótica o instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Álvarez (UGT) defiende el carbón y cree que España no tiene que intentar “ser la campeona” de las energías limpias

EFE.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido en León la compatibilidad del carbón con las energías limpias y ha afirmado que España no tiene por qué intentar ser la «campeona» en el abandono de los combustibles fósiles. El líder sindical ha apostillado que no se debe contraponer el carbón a otras fuentes de energías sostenibles y ha garantizado al apoyo de UGT al mantenimiento del sector minero así como de las centrales térmicas.

«Reitero el compromiso de la UGT con el carbón autóctono», proclamó Álvarez, que ha afirmado que las «comarcas mineras pueden tener vida con el carbón porque no va contra el medio ambiente». Ha recordado que en los países del entorno de España en los que hay carbón «se continúa quemando» y ha subrayado que eso es «plenamente compatible con el compromiso con las nuevas energías limpias«. «Es de justicia para las comarcas mineras que tanto han dado a este país, que ahora no puede mirar hacia otro lado y tiene que tener un compromiso con los mineros y con el mantenimiento de las térmicas”, sentenció.

Cañete subraya que los Estados no pueden dar ayudas a las empresas para adaptar las térmicas a los requisitos medioambientales

EFE.- El comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, recordó que los Estados miembros de la Unión Europea «no están autorizados» a conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan las normas medioambientales obligatorias porque eso les otorgaría «una ventaja competitiva desleal«.

Cañete respondió así a los eurodiputados de Los Verdes/ALE, Florent Marcellesi, y de Podemos, Xabier Benito, sobre el encaje en la legislación europea y el Acuerdo Climático de París del plan del Gobierno de impedir el cierre de centrales energéticas, incluidas las térmicas, si afecta al precio de la luz: «De conformidad con las normas de competencia, los Estados miembros no están autorizados a conceder ayudas estatales a las empresas para cumplir normas medioambientales obligatorias porque esto atentaría contra el principio de quién contamina, paga«.

El eurocomisario señaló que supondría una «ventaja competitiva desleal» respecto a otras formas de producción de electricidad y de las mismas centrales en otros Estados miembros de la Unión Europea. La Comisión Europea aseguró estar «al corriente» del decreto de España y aseguró que mantiene «un estrecho contacto con las autoridades españolas» para aclarar el contenido del mismo y buscar soluciones «que se ajusten al Derecho vigente de la Unión».

«La Comisión Europea nos da razón: el Gobierno español no puede conceder ayudas estatales a centrales de combustibles fósiles para cumplir normas medioambientales. En caso contrario, esto conferiría a las energías sucias una ventaja competitiva desleal frente a las energías limpias, como las renovables«, celebraron ambos eurodiputados. Marcellesi y Benito pidieron al Gobierno español que se una a la lista de países que anunciaron una fecha para poner fin al carbón tras la cumbre climática COP23 de Bonn de noviembre.

Abogados ambientales del IIDMA piden a los europarlamentarios españoles que acaben con las ayudas al carbón

Europa Press.- El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha reclamado a los europarlamentarios españoles miembros del Comité de Industria del Parlamento Europeo que pongan fin a las ayudas al carbón. Así, con motivo del debate sobre el diseño del futuro mercado energético de la Unión Europea y, en concreto, sobre el Reglamento del Mercado Interno de la Electricidad que se está negociando, los abogados ambientales han formulado un conjunto de recomendaciones a los representantes españoles en la Eurocámara.

En concreto, han subrayado la importancia clave de regular los mecanismos de capacidad para evitar el alargamiento de la vida de las centrales de carbón de manera artificial, y los mecanismos de acceso y despacho preferentes, para promover una transición energética a las renovables. El carbón, según recuerdan, es la fuente de energía más contaminante y además impacta sobre la salud y el medio ambiente. Así, recomienda promover las energías limpias como base para una transición energética baja en carbono.

Límite: 550 gramos de CO2/kWh

En cuanto a las evaluaciones de adecuación de recursos y mecanismos de capacidad, estiman que estos mecanismos deben ser reducidos al máximo y controlados con una evaluaciónque certifique su necesidad real y un plan para su abandono posterior. De este modo, aseguran que las centrales con emisiones intensas de carbono, bajo criterios estrictos de límites de las emisiones de CO2 de 550g CO2/kWh, «no deberían recibir subvenciones que alarguen su vida de forma artificial».

La directora del IIDMA, Ana Barreira, ha señalado que este tipo de mecanismos, mal entendidos, permiten que se alargue de forma artificial el uso del carbón a pesar de ser el combustible más contaminante. «No se debe permitir el uso de la legislación para proteger y subvencionar centrales térmicas que están abocadas al cierre en el contexto actual. Es necesario trabajar en un plan ordenado de abandono del carbón y cierre de las centrales térmicas si queremos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y evitar los efectos más duros del cambio climático», sentenció.

Greenpeace pide en Filipinas a la petrolera angloholandesa Shell rendir cuentas por las catástrofes naturales inducidas por el cambio climático

EFE.- Miembros de Greenpeace accedieron a una refinería de Shell en Filipinas con el objetivo de exigir a ésta y a otras compañías que cooperen con una investigación para estudiar su responsabilidad en desastres inducidos por el cambio climático. Decenas de ecologistas entraron en lanchas desde su buque Rainbow Warrior, que se encuentra en el archipiélago desde la semana pasada, a la planta de Shell de Batangas, donde desplegaron una gran pancarta amarilla con el lema Personas y planeta, no beneficios.

«Shell y otras compañías de combustibles fósiles continúan llenándose los bolsillos a expensas de las personas y el medio ambiente», afirmó Desiree Llanos Dee, activista en el sudeste asiático de Greenpeace.Como resultado «la gente está sufriendo más tifones destructivos, hay menos peces por el calentamiento del mar y menos producción de alimentos por la sequía o las lluvias más intensas», concluyó.Greenpeace entregó una carta a Shell para que asista a las próximas audiencias de la Comisión de Derechos Humanos filipina, que abrió una investigación para estudiar la responsabilidad de empresas de combustibles fósiles sobre el impacto del cambio climático en los derechos humanos.

En la investigación, impulsada por la división local de Greenpeace y más de una docena de demandantes particulares, se pedirá a 47 compañías, entre ellas Repsol, Shell, BP o Chevron, que expliquen su papel en el fenómeno del cambio climático. De cara a la primera audiencia en marzo, Greenpeace aseguró que ha tratado de «involucrar a los grandes contaminadores», pero éstos «continúan ignorando la difícil situación de las personas y sus familias, eligiendo los beneficios por encima de la gente y el planeta». «Es por ello que tomamos el muelle de la refinería de Shell en Batangas», explicó la ONG.

Filipinas es el cuarto país del mundo que más catástrofes naturales ha sufrido en los últimos 20 años, según un estudio publicado por la Oficina para la Reducción de Riesgo de Desastres de la ONU. Desde 1995 a 2015 el archipiélago se ha visto azotado por 274 desastres naturales que han afectado a unos 130 millones de personas, un 90% de ellos relacionados con el clima, según el informe. En noviembre de 2013 el tifón Haiyan, uno de los más poderosos de Filipinas, causó 6.300 muertos, más de 1.000 desaparecidos y 14 millones de damnificados.

La Universidad de Alicante lidera el proyecto europeo FotoH2 para diseñar un dispositivo fotoelectroquímico que cree hidrógeno con energía solar

Europa Press.- La Universidad de Alicante lidera el proyecto europeo FotoH2 que trabaja en el diseño y desarrollo de un dispositivo fotoelectroquímico capaz de producir la conversión directa de energía solar en energía química, contenida en los enlaces de las moléculas de hidrógeno. El objetivo es lograr obtener hidrógeno a partir de los recursos «tan abundantes» de energía solar y el agua, hacer frente al «agotamiento» de combustibles fósiles como fuente principal de energía y reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

Según expusieron, «uno de los principales desafíos del siglo XXI es resolver la creciente demanda energética para hacer frente al agotamiento de combustibles fósiles, así como reducir las emisiones de CO2″. En este sentido, «la fotosíntesis artificial se presenta como una de las técnicas más sostenibles para obtener hidrógeno como combustible» a partir de la energía solar y el agua.

«La fotosíntesis artificial es una de las alternativas que puede contribuir a rebajar nuestra dependencia de energías de carácter no renovable. En este contexto, se desarrolla este proyecto para diseñar un dispositivo de conversión de energía solar en química (hidrógeno a partir de la fotoelectrólisis del agua) «que también proporciona un método para acumular energía», explica el investigador principal del proyecto, Roberto Gómez, del Departamento de Química Física y miembro del Instituto Universitario de Electroquímica de la Universidad de Alicante.

La aproximación que se adopta en FotoH2 es «altamente innovadora», sobre todo, en lo que se refiere al diseño del dispositivo en forma de paneles planos y a la utilización de membranas de electrolito polimérico, empleadas en otros dispositivos electroquímicos como electrolizadores de agua. Entre otros objetivos, este proyecto pretende que el dispositivo produzca hidrógeno puro y seco con células construidas a partir de materiales «asequibles y abundantes». «Para que el hidrógeno sea competitivo a nivel económico con tecnologías convencionales se deben reducir, por un lado, los costes asociados a su producción y, por otro, los riesgos que implica su transporte y almacenamiento», ha aclarado.

La obtención eficiente de energía renovable es una de las líneas de investigación más emergentes. «En este sentido, la radiación solar aporta energía a la Tierra con una intensidad de 120.000 TW, una cantidad que es superior en cuatro órdenes de magnitud al consumo tecnológico realizado por el hombre», ha agregado. «Resulta, por tanto, atractivo abordar la demanda energética con fuentes de energía renovables desde el punto de vista de la conversión y acumulación fotoquímica de energía solar», ha descrito.

Con una duración de tres años, desde enero de 2018 hasta diciembre de 2020, el proyecto de investigación FotoH2, financiado por el programa de la Unión Europea Horizonte 2020, cuenta con, además de investigadores del Instituto Universitario de Electroquímica de la Universidad de Alicante, las empresas Broadbit Energy Technologies Sro (Eslovaquia), Hygear BV (Holanda) y Advanced Technology Solutions SRL (Italia), y el Instituto italiano de Tecnologías Avanzadas de Energía «Consiglio Nazionale Delle Ricerche – ITAE».

La OCDE pide elevar la fiscalidad sobre la energía para combatir el cambio climático

Europa Press.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda a los gobiernos elevar los impuestos sobre la energía para combatir los efectos del cambio climático, en vista de los lentos progresos registrados en esta materia. En un informe que analiza a 42 países que representan aproximadamente el 80% del consumo de energía global, la organización considera que es necesario endurecer la fiscalidad verde sobre la energía ya que está generalmente dominada por los impuestos indirectos y «sigue estando muy por debajo de su potencial».

En este sentido, el secretario general de la institución, Ángel Gurría, señaló que comparar la evolución de estos impuestos entre 2012 y 2015 arroja «un resultado desconcertante» ya que se han realizado o se están realizando «esfuerzos para aplicar el principio de quien contamina paga, pero los avances hacia el uso efectivo de los impuestos para reducir las emisiones nocivas son lentos». «Los gobiernos deberían hacer más y mejor», añadió.

Fiscalidad insuficiente y cambio climático

Así, en 2015, excluido el transporte por carretera, la OCDE afirma que el 81% de las emisiones no estaban gravadas. Mientras que en aquellos casos en que sí existían tasas impositivas, se encontraban por debajo de la estimaciones de los costes climáticos (30 euros por tonelada de CO2) para el 97% de las emisiones. A este respecto, el informe destaca que el carbón, que se caracteriza por sus altos niveles de emisiones y que representa casi la mitad de las emisiones de carbono en el consumo de energía en los 42 países, está gravado con las tasas más bajas o está totalmente exento de impuestos en casi todos los países.

De esta manera, la organización lamenta que, a pesar del «intenso debate», las tasas reales de impuestos sobre el carbono siguen siendo bajas ya que, aunque la cobertura con algún tipo de tasa aumentó del 1% al 6% en 2015, apenas un 0,3% de las emisiones de CO2 estaban gravadas con un nivel de impuestos que reflejara los costes climáticos.

Además, la OCDE apunta que los aumentos significativos de la fiscalidad verde se limitan en gran medida al sector transporte. Así, valora que en algunos países, como Francia, se están eliminando las tasas impositivas más bajas para el diésel en comparación con la gasolina, aunque considera que estos impuestos siguen «muy por debajo» de los niveles necesarios para cubrir los costes externos no relacionados con el clima en casi todos los países. Para Gurría, «el daño al clima y la calidad del aire por la combustión de combustibles fósiles puede contenerse, pero cuanto más tarde se demore, más difícil y costoso será afrontar este desafío».

El PSOE vasco lamenta la decisión del Tribunal Constitucional de anular varios apartados de la ley vasca sobre el fracking

Europa Press.- Tras anular el Tribunal Constitucional partes de los artículos de la ley vasca antifracking por no tener la comunidad autónoma «competencias en la materia», el sindicato ELA denuncia que la falta de «soberanía energética impone» a Euskadi un modelo «insostenible, favoreciendo el fracking» y el PSOE de Álava ha mostrado su preocupación por la decisión del Constitucional de estimar parcialmente el recurso del Gobierno central.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha anulado varios apartados de la Ley vasca sobre el fracking por considerarlos anticonstitucionales, al entender que «desbordan» las competencias de Euskadi en materia de protección del medio ambiente y que podrían «vulnerar» el principio de territorialidad. Los socialistas alaveses han considerado que ésta es «un mala noticia ya que puede reabrir la puerta de los fantasmas» que ya se vivieron en el pasado y que daban «por zanjandos».

El secretario de Política Ambiental y Energía del PSOE de Álava, Daniel Senderos, indicó que «es necesario y urgente derogar todos los puntos de la Ley de hidrocarburos estatal que premian e incentivan el fracking, desprotegiendo el territorio y poniendo en serio riesgo su patrimonio natural y medioambiental», con una técnica que su partido «rechaza por completo y que también rechaza la mayoría social alavesa».

Senderos ha recordado que el grupo parlamentario socialista obtuvo el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados, con los votos en contra del PP «hace ahora justo un año, a una proposición no de Ley para prohibir en todo el país la utilización de técnicas de prospección de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (fracking) y que el PSOE lo rechaza en su ponencia del último Congreso». Por ello, el PSOE se «compromete a seguir trabajado a nivel político e institucional para que el fracking no sea una alternativa» en territorio alavés.

La falta de «soberanía energética”

Tras recordar que la ley antifracking se aprobó en el Parlamento vasco gracias a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que recabó más de 100.000 firmas en apoyo a la misma, ELA aseveró que «esta respuesta del Estado español es una clara evidencia de que se sigue favoreciendo un modelo de energía insostenible, basado en la potenciación de las energías fósiles».

«Este modelo va en contra de la necesaria soberanía energética que tenemos los pueblos para poder decidir qué energía consumimos y cómo queremos que se genere», ha denunciado, para asegurar que la anulación de parte de los artículos de esta ley es «un nuevo golpe a las energías renovables, a la vez que deja la puerta abierta nuevamente a energías que por activa y por pasiva hemos dicho que rechazamos«.

El PSOE plantea recuperar las concesiones hidroeléctricas y pregunta a Tejerina sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Europa Press.- El PSOE registró en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno sobre las actuaciones que pretende realizar en materia de lucha contra el cambio climático y en particular sobre la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la calidad del aire. Asimismo, los socialistas han presentado las bases que consideran esenciales para lograr un acuerdo sobre un Pacto de Estado sobre agua.

El responsable del área de Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, subrayó la necesidad de avanzar en una norma que prohíba la privatización de las infraestructuras de captación y distribución y de las entidades o empresas públicas que tengan encomendadas su gestión. «Se abre una oportunidad para recuperar las concesiones hidroeléctricas para su gestión pública», concluye. Estructurado en 10 ámbitos, la primera iniciativa que plantea el PSOE es la necesidad de realizar una profunda revisión del diagnóstico en cuanto a recursos disponibles y usos eficientes del agua a través de una auditoría hidrológica, un análisis asociado al que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética realice.

Cambio Climático y Transición Energética

Por su parte, el diputado del grupo socialista, Ricardo García Mira, planteó varias preguntas escritas al Gobierno y, entre ellas, el PSOE quiere saber cómo integrará el Gobierno las conclusiones realizadas por el grupo de expertos de Energía y Clima en el texto de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, interroga por el calendario de actuaciones del grupo de expertos y de negociaciones y debates a seguir desde una perspectiva institucional y política, en interacción con otros actores políticos y ambientales.

Entre otras cuestiones, García Mira quiere saber cuál será el procedimiento que se seguirá para seleccionar, discutir e integrar las más de 350 aportaciones que se registraron en la fase de información pública así como por la metodología y procedimientos que se emplearán para incorporarlas o no al texto. También pide conocer las medidas que adoptará el Gobierno para cumplir con la legislación europea sobre la calidad del aire después de las «reiteradas advertencias» de la Comisión Europea por los altos índices de contaminación en las dos grandes ciudades españolas.

Otra de las cuestiones quiere indagar si el Gobierno puede proporcionar las dimensiones más importantes y previsiones sobre las que desarrollar la acción política en relación y le pide que defina de forma «concreta y precisa» hojas de ruta de descarbonización para el horizonte de 2030 y 2050 en materia de emisiones del transporte, la industria, la agricultura, la ganadería y quema de combustibles fósiles, con una «apuesta decidida por la eficiencia energética«. A su juicio, esto es el «modo más rápido y seguro» de reducir emisiones y de facilitar una mayor competitividad en la producción industrial y generar efectos sociales positivos en los hogares.

En esa línea, el diputado quiere saber para cuándo proporcionará el Gobierno a los partidos políticos y resto de las organizaciones de la sociedad civil una propuesta de desarrollo de una estructura de Economía Circular así como la cuantificación de las emisiones que tendrán que reducirse por sectores de cara al cumplimiento de objetivos de la Unión Europea y de los Acuerdos de París, a consecuencia de la puesta en marcha de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

«El proceso de ralentización en el que ha entrado España, después de la firma del Acuerdo de París, ha hecho que dos años después no exista avance alguno y España sea un ejemplo de inacción, un Estado que incumple los compromisos adoptados en el seno de la Unión Europea con la comunidad internacional», lamenta García Mira. La última de las cuestiones en esta batería pregunta por las propuestas relativas a la fiscalidad que resultarán afectadas por la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El diputado considera que España está «entre los países que menos hace para combatir el calentamiento de la Tierra» y ha exigido a García Tejerina una política climática «con garantías» porque «no hay fórmulas mágicas», de modo que es preciso cambiar el modelo energético y los modelos de crecimiento, negocio y desarrollo. Del mismo modo, opina que es preciso generalizar el empleo de tecnologías renovables y eliminar «toda barrera» a su potencial a través del impuesto al sol.  Asimismo, el diputado ve necesario introducir los cambios precisos en la fiscalidad.

Fijar precios altos para el carbono dispararía la desinversión en combustibles fósiles y la reducción de emisiones de CO2

Europa Press.- La fijación de precios sustancialmente altos para el carbono impulsaría significativamente la reducción de emisiones de CO2, al disparar así la desinversión en combustibles fósiles, según un equipo de economistas próximos al sector energético. Según expertos, se temía que se produjese una paradoja verde tras los acuerdos de París, pues con la anticipación de fuertes políticas de reducción de CO2, los propietarios de combustibles fósiles podrían acelerar su extracción de recursos para maximizar las ganancias, aumentado así las emisiones de CO2.

Sin embargo, y al mismo tiempo, otro efecto acarrearía que los inversores podrían dejar de invertir su dinero en plantas generadoras de carbono, ya que pueden esperar que sus activos se estanquen. El estudio elaborado por estos economistas, que por primera vez investiga ambos efectos de manera conjunta, revela que esta desinversión sí podría superar esta paradoja verde pero sólo si se anunciaran de manera creíble precios altos del carbono.

«Las fuertes políticas climáticas futuras pueden reducir las emisiones incluso antes de que entren en vigor si se anuncian de manera creíble», afirma el autor principal, Nico Bauer, del Instituto Potsdam de Investigación del Impacto Climático (PIK), en Alemania. Si bien el Acuerdo de París es débil en ambiciones políticas a corto plazo, con cerca de 200 países que se comprometen a limitar el aumento de la temperatura a menos de 2 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales, se requerirán políticas climáticas fuertes en el futuro para reducir las emisiones a largo plazo.

«Encontramos que 10 años antes de que se introduzcan realmente las políticas de fijación de precios del carbono, los inversores comienzan a sacar su dinero del sector energético del carbón. Rehúyen invertir en centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles ya que se dan cuenta de que la vida útil de estas plantas se verá reducida por la política climática futura. Descubrimos que esta desinversión reduce las emisiones entre un 5% y un 20%, dependiendo de la fortaleza de la política climática, ya en el tiempo anterior a la implementación de la política climática», explica Bauer.

El carbón es particularmente susceptible a los precios del carbono. «Agregar un precio del carbono de 20 dólares estadounidenses por tonelada de CO2 duplica el coste del uso del carbón», destaca Christophe McGlade, del University College London (UCL), en Reino Unido, y la Agencia Internacional de la Energía (IEA). «Los inversores del sector energético ven que las plantas de carbón no serán competitivas con los precios del carbono y, por lo tanto, cambiarán sus carteras hacia fuentes de electricidad con bajas emisiones de carbono«, apunta.

Mejor adoptar medidas cuanto antes

Según indica McGlade, el petróleo es «mucho menos sensible a los precios del carbono». «Aunque descubrimos que el efecto paradoja verde puede surgir en los mercados petroleros, con los principales propietarios de recursos petroleros impulsando la producción por temor a que sus recursos se queden encallados, es probable que sea mucho más pequeño que el efecto de desinversión que reduce el uso de carbón», añade.

Comúnmente, se emplean simulaciones informáticas de la dinámica futura de los mercados de energía para investigar los efectos económicos de las políticas. «Realizamos nuestras simulaciones con una variedad de niveles de precios de CO2, alcanzando constantemente entre 25 y 300 dólares estadounidenses por tonelada de CO2 para 2050, con un escenario medio que alcanza los 100 dólares estadounidenses. Estos impuestos se introdujeron con una serie de demoras diferentes para representar varios grados de rigor y credibilidad de la política climática y ver cómo reaccionan los mercados de combustibles fósiles en anticipación de tales políticas climáticas», relata Jérôme Hilaire de PIK.

Este experto subraya que esto sirve para darse cuenta de las incertidumbres, pero el efecto de desinversión prevalece sobre el efecto paradoja verde en casi todos los casos fiscales investigados, independientemente de la demora en la implementación y, por lo tanto, disminuye las emisiones globales. Sólo si el precio del CO2 comienza muy tarde, por ejemplo, antes de 2050 a un nivel muy bajo, la anticipación de las fuerzas del mercado conduce a un aumento en las emisiones de CO2 en lugar de una disminución».

«Nuestros resultados dependen de algunas suposiciones cruciales: que los responsables políticos pueden comprometerse a introducir políticas climáticas sólidas en varios años en el futuro, que el precio del carbono es uniforme en todas las regiones, que los inversionistas creen que los responsables políticos harán lo que dicen que harán; que los inversores son astutos en la adaptación de sus estrategias de inversión en consecuencia», apunta Paul Ekins, de UCL, también perteneciente al Panel de Alto Nivel de la Comisión de Descarbonización de la Unión Europea.

Si se introdujeran diferentes regulaciones de precios de CO2 a distintos precios en varios países, aunque algunas instalaciones de producción intensivas en emisiones se moverían de lugares de alta regulación a aquellos con estándares bajos, este efecto es limitado. «Los esquemas de fijación de precios de emisiones de CO2 están emergiendo en China, la Unión Europea se encuentra actualmente en el proceso de arreglar su esquema comercial, y los precios del CO2 están vigentes en Reino Unido, Chile, Canadá e, incluso, en California», señala Ekins.

El experto concluye que el Acuerdo de París emitió una fuerte señal de que los responsables políticos toman en serio el cambio climático y están listos y dispuestos a cumplir con las reducciones de emisiones necesarias. «Al anticipar la implementación de políticas para enfrentar el cambio climático, las fuerzas del mercado probablemente reducirán las emisiones, ayudándonos en el primer paso para lograr reducciones de emisiones profundas, siempre y cuando las señales de política sean fuertes, claras y creíbles», indicó Ekins.