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El sistema eléctrico acumulará un superávit de 767 millones hasta 2021 y aumentará un 26% su potencia renovable, según Industria

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Europa Press / EFE.- El sistema eléctrico arrojará en su parte regulada un superávit de tarifa (los ingresos superarán a los costes) de 24,2 millones de euros este año y de 767 millones en el periodo acumulado entre 2016 y 2021, a razón de 154,3 millones en 2017, 162,2 millones en 2018, 159,9 millones en 2019, 121,8 millones en 2020 y 145,8 millones en 2021. Asimismo, elevará en un 26% la capacidad renovable instalada. incremento que se concentrará en las tecnologías eólica y fotovoltaica.

Estos datos forman parte de una propuesta de orden ministerial del Ministerio de Industria sobre la previsión de los ingresos y costes eléctricos entre 2016 y 2021, sobre la que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de emitir un informe. El escenario de Industria recoge un volumen de ingresos procedentes de los peajes que pagan los consumidores de 15.399 millones en 2021, un 4,4% superior a los actuales, gracias a una senda sostenida de recuperación de la demanda, que aumentará un 1% en 2016 y un 1,9% anual hasta 2021. Una previsión que podría quedarse corta ya que la CNMC estima que el consumo registrará un incremento aún mayor, del 2,1% anual para el período.

De acuerdo a la propuesta, los ingresos del sistema eléctrico bajarán un 2,7% este año y posteriormente repuntarán un 0,7% en 2017 y 2018, un 1,1% en 2019 y 2020 y un 0,8% en 2021. Los impuestos recogidos en la Ley 15/2012 permitirán ingresar además 2.704 millones este año y una cifra similar en los siguientes ejercicios, hasta 2.866 millones en 2021. Las subastas de derechos de emisiones de CO2 aportarán 450 millones al año. El sistema eléctrico registró superávit en 2014 por primera vez en más de una década, con lo que cerró un periodo de déficit persistente que acumuló una deuda cercana a los 30.000 millones de euros.

En el lado de los costes regulados, el periodo se cerrará con una cifra de 18.569 millones de euros, un 5,6% más que los 17.875 millones pronosticados para 2016. El coste del transporte eléctrico aumentará un 8%, hasta 1.904 millones, mientras que el de la distribución lo hará un 5,3%, hasta 5.351 millones. Las anualidades para responder al pago de la deuda eléctrica registrarán un leve descenso y pasarán de 2.872 millones en 2016 a 2.792 millones en 2021, al tiempo que el coste de los pagos por capacidad para incentivar la disponibilidad de centrales térmicas se reducirá de 512 millones a 377 millones, debido entre otras cosas al previsible cierre de centrales de carbón.

La propuesta recoge la instalación de 8.537 megavatios (MW) nuevos de energías renovables hasta 2021 con el propósito de cumplir los objetivos comunitarios de España hasta 2020, que pasan por lograr que el 20% del consumo final de energía proceda de fuentes renovables. Tras la primera subasta de potencia eólica y de biomasa, el coste de los incentivos a las renovables aumentará en 50 millones en 2017, y luego lo hará en 150 millones en los dos años siguientes, en 170 millones en 2020 y en 50 millones en 2021.

En total, el coste de los incentivos a las renovables y a la cogeneración habrá aumentado un 8% y ascenderá, al cierre del periodo, a 7.296 millones. Para 2016, las anteriormente conocidas como primas supondrán un coste de 6.726 millones. Este incremento del 8% permitirá elevar en un 26% la capacidad renovable instalada. Industria asegura que el incremento de megavatios se concentrará en las tecnologías eólica y fotovoltaica. Esta relación entre costes y potencia es fruto de «la madurez de las tecnologías involucradas en mayor medida en dicho crecimiento y al aprovechamiento de los menores costes de inversión aplicables mediante el actual marco retributivo de estas instalaciones y la asignación de nueva potencia mediante subastas».

Marín Quemada confía en que Bruselas corrija la retirada de competencias que sufrió la CNMC

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Europa Press.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, expresó su confianza en que la Unión Europea corrija la retirada de competencias por el Gobierno que sufrió el organismo hace unos meses e indicó que espera que «algunas anomalías que están en mente de todos, como retiradas de competencias de la CNMC, se reconduzcan en los próximos meses». «Quizás de la mano de Bruselas», añadió al respecto.

En los últimos tiempos, la CNMC ha acusado al Gobierno de retirar varias competencias al organismo que son propias del regulador, entre ellas alguna referente a los peajes eléctricos, y que han provocado diversos expedientes de Bruselas. A este respecto, Marín Quemada defendió como pilares «básicos» de un organismo regulador «el rigor, la transparencia y la independencia«. «La acción política, que es complejísima de desarrollar, se adapta a las exigencias políticas, mientras que la acción del regulador se tiene que adaptar a las exigencias del ciudadano, el bienestar general», dijo.

Por otra parte, el presidente de la CNMC se mostró partidario de evitar un marco normativo «petrificado» si se quiere impulsar el desarrollo de las energías renovables. «Creo que en ese entorno tan cambiante, y que varía tan rápido, petrificar un marco normativo es algo que no nos podemos permitir. Debemos ser flexibles en la estrategia», destacó. De esta manera, advirtió de que «las rigideces pueden salir muy caras» y se debe tratar de evitar «aplicar una regulación de ayer a esa realidad de mañana cuando nuestro entorno haya cambiado».

Además, subrayó que esa «petrificación» normativa no suele ser equilibrada y tiende a mantener el statu quo, «que tiende a ser caduco y perjudica a la mayoría». Marín Quemada también aseguró que el incremento del uso de energías renovables va a generar «grandes oportunidades» para la Unión Europea y España, aunque también conllevará «grandes desafíos«. Por ello, subrayó que el marco regulatorio también debe adaptarse a esos «nuevos desafíos que nos van a rodear, aunque no sepamos cómo y cuándo».

La CNMC sanciona a tres empresas de hidrocarburos líquidos por no remitir información sobre precios y ventas anuales

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Servimedia.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a dos empresas titulares de estaciones de servicio y a un operador al por mayor con 7.365 euros por no enviar la información periódica relativa a los precios y ventas anuales de sus instalaciones, tal como establece la normativa.

En un comunicado, la CNMC recordó que la legislación establece que los titulares de instalaciones de suministro a vehículos tienen la obligación de remitir a la Dirección General de Política Energética y Minas «con la periodicidad que se establezca y, en todo caso, cuando exista una modificación de precios, los datos sobre los productos ofrecidos, así como su precio y marca, en caso de abanderamiento», entre otra información.

Tras recibir las correspondientes denuncias, la Comisión inició los respectivos procedimientos sancionadores, que ahora resuelve, contra Estación de Servicio Atalaya, Bon Preu y Petróleos Archipiélago.

Una vez resueltos dichos procedimientos, la CNMC ha sancionado como responsable de una infracción grave a Estación de Servicio Atalaya con 5.465 euros; Bon Preu, con 1.800 euros; y Petróleos Archipiélago, con 100 euros.

Las resoluciones pueden ser recurridas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

El sistema eléctrico registra hasta noviembre un desajuste que es 652 millones de euros inferior al previsto

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Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 776 millones de euros hasta noviembre, lo que supone un desajuste 652 millones inferior al previsto para este periodo, de 1.428 millones. En este sentido, estos 776 millones son menos de la mitad de los 1.724 millones registrados hasta octubre. Las previsiones para el cierre del ejercicio son de superávit.

Estas cifras aparecen en la undécima liquidación del sistema eléctrico, donde se aprecia que los ingresos fiscales del sistema eléctrico ascendieron hasta noviembre a 1.859 millones. Esta partida de ingresos fiscales es aún inferior a los 2.989 millones de euros previstos para el conjunto del ejercicio 2015. La llegada de los impuestos pendientes, procedentes de las figuras impositivas creadas en 2012, contribuirá a que el sistema eléctrico arroje superávit en el ejercicio. De hecho, el Ministerio de Industria esperaba un superávit de 36,8 millones de euros para el ejercicio, si bien la evolución del escenario de costes e ingresos arrojará previsiblemente un saldo positivo mayor.

La CNMC redistribuye mensualmente el dinero que recaudan los distribuidores o transportistas de gas y electricidad entre los agentes que se encargan del transporte, distribución, comercialización a tarifas y otros costes. Este trámite se denomina liquidación de las actividades reguladas y proporciona un seguimiento de la evolución del consumo, los ingresos y los gastos del sector.  En esta ocasión el coeficiente de cobertura se sitúa en el 94,1%, es decir, que los agentes del sistema eléctrico cobrarán ese porcentaje de los ingresos reconocidos ahora, mientras que el resto se abonará a medida que haya recursos.

Hasta noviembre, la demanda de energía eléctrica se situó en 201.996 gigavatios hora (GWh), lo que supone un incremento del 2,8% con respecto al valor promedio observado en años anteriores, lo que ha repercutido en un incremento de los ingresos por peajes de acceso y de generadores. Además, los costes regulados son inferiores a lo previsto gracias los menores pagos por capacidad y a la bajada de la retribución renovable.

Respecto a las renovables, cogeneración y residuos, la CNMC liquidó un total de 63.691 instalaciones que estaban activas. La liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada hasta noviembre ascendió a 6.159 millones de euros. Precisamente en noviembre la cantidad recogida en la liquidación para su pago a los productores del anteriormente conocido como régimen especial ascendió a un total de 668 millones de euros, una vez aplicado el coeficiente de cobertura y descontado los pagos cobrados por estas tecnologías antes de la entrada en vigor del modelo retributivo.

En cuanto al sector gasista, la liquidación arroja unos ingresos netos liquidables de 2.243 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El déficit se situó en 335 millones de euros, un 65% menos que en la liquidación anterior. La demanda de gas en los 11 primeros meses de 2015 ascendió a 268.046 GWh, un 4,3% más que el año anterior. El número de consumidores declarado por las empresas se situaba en 7,608 millones con un aumento anual de 65.254 consumidores.

Standard & Poor’s advierte de posibles subidas de impuestos a la energía hidráulica y nuclear en España

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Europa Press / EFE.- Standard & Poor’s (S&P) cree que «el regulador podría considerar la imposición de mayores impuestos sobre la producción hidráulica y nuclear» en España, al tiempo que advierte de la «incertidumbre» en el sector eléctrico tras las pasadas elecciones. La agencia de calificación crediticia realiza estas consideraciones en un informe titulado Las eléctricas españolas afrontan incertidumbres tras los no concluyentes resultados de las elecciones.

Tras aludir a la «escasa visibilidad» acerca de la política energética española en el largo plazo fruto del reciente resultado electoral, S&P indica que las eléctricas disfrutan de estabilidad gracias a la reforma energética y considera que los «riesgos» proceden de la actividad de generación, a la vista de que «el sistema tarifario está expuesto a la intervención política». El posible aumento de la presión impositiva sobre la nuclear y la hidráulica «podría reducir la generación de caja de los generadores«, en un momento en el que además es previsible un «mayor escrutinio» por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acerca de sus márgenes de generación y de comercialización.

El regulador, señala, también podría revisar los servicios de ajuste y los pagos por capacidad, si bien cualquier cambio retributivo en este aspecto sería «muy complejo». «También podría acometerse una reforma de los incentivos del carbón nacional, pero habría que cumplir con los objetivos del país en lucha contra el cambio climático», indica. S&P alude en su análisis a las «implicaciones negativas» para las eléctricas, especialmente para Iberdrola y Endesa, de «algunos programas electorales» en los que se recoge el cierre gradual de las centrales nucleares. En todo caso, considera que este «riesgo» es «manejable».

Otro de los aspectos que contribuyen a la incertidumbre se refiere a la necesidad de poner en marcha un nuevo marco para «incentivar las fuertes inversiones que se necesitan para acompañar la transición energética». Este aspecto resulta «especialmente importante» en un país en el que las inversiones en renovables «prácticamente se han congelado» tras haber experimentado un «rápido crecimiento». S&P no contempla en sus análisis sobre el rating de las eléctricas la posibilidad de que se produzca una «significativa intervención política negativa» para su negocio que pueda afectar a las redes de transporte o distribución ya que el esquema retributivo está fijado hasta finales de 2019 para las actividades reguladas.

Competencia autoriza la venta de parte del negocio de gas de Repsol a Redexis

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EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado la operación por la que Redexis se ha hecho con parte del negocio de gas licuado canalizado (GLP) de Repsol, con 71.529 puntos de suministro, imponiendo una salvedad. En su informe de la operación, Competencia detalla que quedan fuera de la autorización los contratos suscritos con Repsol Butano de suministro de GLP a granel de más de 5 años de duración, «quedando por tanto dicha restricción sujeta a la normativa sobre acuerdos entre empresas».

Tras la operación, detalla la CNMC, Redexis alcanzará una cuota del 13,4% en el mercado nacional de distribución y suministro de GLP canalizado y pasará a ser el segundo operador del mercado, aún lejos de Repsol que pasará a tener cuotas de mercado del 76,81% en términos de puntos suministro y del 75,38% en términos de volumen. Competencia añade que, teniendo en cuenta que se trata de «un mercado muy concentrado», la operación «ha de valorarse de forma positiva» y avanza que las próximas adquisiciones previstas en el sector supondrán una mayor reducción de la cuota de Repsol. Así, Competencia concluye que no cabe esperar que la operación suponga una amenaza para la competencia efectiva.

En septiembre del año pasado, Repsol anunció el acuerdo para la venta de parte de su negocio de gas canalizado a Gas Natural Distribución y Redexis Gas por 651,5 millones de euros. En el marco de esa operación, Redexis Gas adquirió 53.760 puntos de suministro canalizado y 213 kilómetros de red de distribución en 10 comunidades autónomas que se sumaban a otras compras anteriores. En total, Redexis ha comprado a Repsol 71.529 puntos de suministro y 270 kilómetros de red de distribución por 136 millones.

Zencer recurrirá ante la Audiencia Nacional la multa impuesta por la CNMC

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Europa Press.- Zencer recurrirá ante la Audiencia Nacional la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por incumplir con la obligación que tienen las empresas eléctricas de prestar una serie de garantías exigidas por Red Eléctrica (REE) como operador del sistema. La cooperativa indica que este recurso se basará en los argumentos que ha defendido durante el proceso administrativo.

Asimismo, Zencer considera que «debe revisarse y aplicarse una mayor flexibilidad en la regulación, en cuanto a la formalización de garantías, y que desde esta organización reivindicamos, así como un sustancial cambio en el modelo energético, donde se legisle con criterios que atiendan los intereses generales de los consumidores finales». La CNMC impuso una multa de 25.000 euros a Zencer por este incumplimiento ante la denuncia presentada por Red Eléctrica el pasado mes de marzo.

El margen de la gasolina cayó un 2% en noviembre y el del gasóleo un 0,6%

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Redacción / Agencias.- El margen bruto promedio (diferencia entre el precio antes de impuestos y la cotización internacional de la materia prima) de la gasolina descendió un 2% en noviembre respecto al mes anterior y se situó en 17,2 céntimos por litro, mientras que el del gasóleo también experimentó una caída, del 0,6%, hasta 17,1 céntimos, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Cabe destacar también que el precio de venta al público promedio de la gasolina en Península aumentó en noviembre por primera vez en 5 meses, en un 0,2%, hasta situarse en 1,175 euros por litro. Este insignificante cambio llevó aparejado que el precio diario de la gasolina no experimentó grandes variaciones a lo largo del mes, fluctuando en una horquilla máxima de variación de 2,2 céntimos de euro por litro. Hay que decir que el promedio de la cotización internacional de referencia de la gasolina aumentó un 1,7% en noviembre.

En cuanto al gasóleo, su precio de venta promedio disminuyó, por sexto mes consecutivo, un 0,3%, situándose en 1,069 euros por litro. La evolución diaria del precio del gasóleo fue similar a la de la gasolina, con unos precios que oscilaron en una horquilla máxima de variación de 2,4 céntimos de euro por litro. El promedio mensual de la cotización de referencia del gasóleo se redujo en un 0,4%. La diferencia promedio de precios gasolina-gasóleo aumentó por primera vez en 4 meses, situándose en 10,6 céntimos de euro por litro.

En lo que respecta a las provincias peninsulares, Vizcaya fue la que presentó los precios antes de impuestos más altos en gasolina 95, seguida por Guipúzcoa y Pontevedra. Lleida, continuó siendo la provincia con precios antes de impuestos más bajos para la gasolina 95, seguida por Barcelona y Girona. Con respecto al gasóleo A, las tres provincias del País Vasco fueron las que registraron los precios antes de impuestos más altos. Lleida ocupó su habitual posición como provincia con precios antes de impuestos más bajos, seguida por Valencia y Barcelona.

En cambio, Pontevedra fue la provincia peninsular con precios de venta al público más altos en gasolina, seguida por Ourense y Lugo. Navarra recuperó su posición como provincia con precios más bajos, seguida de Huesca y Zaragoza. En relación al gasóleo, un mes más Galicia fue la comunidad cuyas provincias alcanzaron los precios de venta al público más altos. Navarra, Huesca y Zaragoza volvieron a marcar los precios más bajos.

Por su parte, las estaciones de servicio integradas en la red de distribución de BP y Cepsa marcaron los precios de venta al público promedio más altos en gasolina y las de Repsol los más altos en gasóleo, según datos de la CNMC. Las estaciones de servicio independientes establecieron los precios más bajos. En noviembre de 2015 las diferencias con los precios de las estaciones de servicio integradas en redes de operadores aumentaron hasta los 3,4 céntimos de euro por litro y 4,5 céntimos/ litro en gasolina y gasóleo, respectivamente.

El precio de venta al público medio en hipermercados fue, para ambos carburantes, inferior al correspondiente al total de estaciones independientes. Las diferencias, tanto en gasolina como en gasóleo, se mantuvieron en el entorno de los 2,5 céntimos de euro por litro. Los precios antes de impuestos de la gasolina y del gasóleo en España superaron a los de las medias europeas y España ascendió del cuarto al tercer puesto en el ranking de precios de la gasolina, y de la novena a la octava posición en cuanto al gasóleo.

La CNMC multa a Vertsel Energía y a Zencer por no prestar las garantías exigidas por Red Eléctrica

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Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 140.000 euros a la empresa Vertsel Energía y de 25.000 euros a la empresa Zencer, por incumplir con la obligación que tienen las empresas eléctricas de prestar una serie de garantías exigidas por Red Eléctrica de España como operador del sistema, según comunicó. El artículo 46.1.e) de la Ley del Sector Eléctrico impone a las empresas comercializadoras la obligación de prestar las garantías que reglamentariamente les resulten exigibles.

En 2015, Red Eléctrica denunció ante la CNMC el incumplimiento por parte de Vertsel Energía y de Zencer de la obligación de prestar las garantías exigidas que establece la Ley del Sector Eléctrico. Tras la instrucción de ambos expedientes, la CNMC impuso a Vertsel Energía una multa de 140.000 euros y a Zencer de 25.000 euros, al declararlas responsables de una infracción leve, según el artículo 66.2 de la citada ley. Además, exigió a ambas empresas que cumplan con el depósito de las garantías requeridas. Las resoluciones pueden ser recurridas ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

El PSOE propone en el Congreso una ley para crear una nueva tarifa social energética cargada a los Presupuestos

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Europa Press.- El PSOE registró en el Congreso de los Diputados sus primeras iniciativas parlamentarias de carácter económico para la XI legislatura, que apenas ha comenzado, incluyendo entre ellas una propuesta normativa con la que crear una nueva tarifa social para el gas y la electricidad que dejaría en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Los socialistas alegan que varias directivas comunitarias emplazan ya a los Estados miembros a atajar el problema de la pobreza energética garantizando un suministro mínimo para una vida digna a un precio asequible para consumidores vulnerables y prohibiendo la desconexión en periodos críticos. Para hacer efectivas estas exigencias, propone que sea la CNMC la que, trimestralmente, proponga una tarifa social para cada suministro energético hasta un cierto nivel de potencia o consumo, que sea asequible y que esté referenciado con la renta y el gasto energético de las familias, y desvinculado totalmente de la evolución de los precios de mercado.

A esta tarifa social podrían acogerse quienes no superen unos umbrales de consumo y, además, cumplan uno de los siguientes requisitos: ser perceptor de pensión mínima, no contributiva o no concurrente; que todos los miembros de la familia estén en paro, tener una renta familiar per cápita inferior al 75% del salario mínimo, tener derecho a ayudas de alguna administración pública o ser familia numerosa. Ese precio regulado se aplicaría sobre el consumo destinado a la climatización de la vivienda, la iluminación y el consumo de aparatos de conservación y transformación de alimentos, y el calentamiento del agua de uso sanitario e higiénico. Lo que no aclara es cómo se discriminaría este consumo entre otros.

El déficit de ingresos que sufrirían las empresas obligadas a ofrecer la tarifa social se repercutiría sobre el conjunto del sistema y se financiaría mediante cargos o partidas provenientes de los Presupuestos. Además, los socialistas incluyen en su iniciativa un procedimiento para reconocer los casos de pobreza energética a las familias que destinen más del 10% anual de su renta al pago de los suministros y que cumplan ciertas circunstancias a determinar reglamentariamente, junto con otros requisitos como la localización de la vivienda, el grado de eficiencia o el número de miembros en la familia.

A quienes se reconozca esta situación no se les podrían cortar los suministros indispensables ni tampoco las fuentes de energía durante los periodos más fríos, en función de un calendario estacional según las zonas climáticas. Igualmente, las suministradoras habrían de pedir permiso para cualquier desconexión, que en ningún caso tendría lugar antes de 6 meses desde el primer requerimiento de pago. Finalmente, el PSOE incluye también la previsión de que, en 6 meses, el futuro Gobierno apruebe una estrategia para erradicar la pobreza energética usando fondos del Presupuesto a complementar por comunidades y ayuntamientos, mediante actuaciones como créditos preferentes para la rehabilitación o fomento de las renovables en los hogares.