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La CNMC pide más competencias para evitar que se haga política con la tarifa eléctrica y para hacer propuestas vinculantes

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Redacción / Agencias.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, reclamó que las propuestas regulatorias que realiza el organismo en materia energética sean vinculantes, para lo que se le debe otorgar competencias que actualmente corresponden al Gobierno. Con más competencias cree que evitaría, entre otras cosas, que los gobiernos hagan «política industrial a través de las tarifas eléctricas».

Durante su intervención en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Marín Quemada ha insistido en que las actuaciones del organismo serían “mucho más eficaces” si tuviera las competencias que establecen las directivas europeas. «Somos el único regulador de la energía en la Unión Europea cuyas decisiones en ámbitos muy relevantes no son vinculantes», subrayó Marín Quemada, que recordó que Bruselas tiene muy avanzado un procedimiento contra España por este motivo, que puede terminar en «importantes sanciones» si no se introducen los cambios legislativos que exigen las directivas.

En este sentido, Marín Quemada ha indicado que en Europa consideran que determinadas cuestiones es mejor que las lleven a cabo los reguladores, más que los gobiernos «por su independencia, capacidad técnica y grado de transparencia». A juicio del presidente de la CNMC, contar con más competencias evitaría que los gobiernos hicieran política industrial a través de las tarifas eléctricas, “lo que contribuiría a evitar las dudas de los ciudadanos sobre el sector y a incrementar la eficacia del sistema en su conjunto, lo que es algo esencial para el bienestar de los consumidores en el largo plazo», ha remarcado.

Marín Quemada ha puesto como ejemplo de los beneficios que tendría para los ciudadanos hacer sus decisiones vinculantes el informe para calcular la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte de electricidad, donde la CNMC valoró la propuesta del Ministerio de Industria y recomendó cambios que suponen una rebaja del 24% de los costes de operación y mantenimiento. Respecto a las sanciones, señaló que en estos tres años se ha impulsado la actividad sancionadora y la atención a los consumidores, «que se ha convertido en una prioridad», y añadió que la finalidad de estas es disuasoria, no recaudadora, pese a que ha supuesto importantes ahorros a los consumidores.

Defiende el modelo de CNMC

Por otro lado, Quemada defendió que el «enfoque integrado» del organismo, que une el control de la competencia y la regulación de mercados, permite «una mayor eficacia y seguridad jurídica» aunque aseguró que acatará lo que determine el Congreso si se aprueba cambiar el modelo. Eso sí, recordó que no tuvo nada que ver en la creación del modelo. «Me encontré un modelo en el BOE», apuntó. Además, sostuvo que se trata de «una estrategia plenamente consolidada» en Europa y destacó que «otras autoridades están reproduciendo nuestra forma de actuar».

«La CNMC ya ha alcanzado su velocidad de crucero y hemos conseguido superar las numerosas vicisitudes de un proceso de fusión complejo», señaló Quemada, quien añadió que «es una organización integrada más fuerte y efectiva para los ciudadanos». En esta línea, destacó que las actuaciones contra los cárteles realizadas desde 2011 suponen un ahorro para los consumidores de más de 640 millones de euros anuales, cifra que asciende hasta 1.260 millones en 2014 y 2015. Por último, incidió en la necesidad de revisar la Ley de Competencia de 2007 para adaptarla a los cambios tecnológicos y para incrementar las sanciones para que sean realmente disuasorias con medidas como la prohibición de que los implicados en cárteles participen en concursos públicos.

Marín Quemada (CNMC) relativiza el impacto en el empleo de las gasolineras desatendidas y niega que supongan problemas de seguridad

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Redacción / Agencias.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, reiteró su defensa de las gasolineras desatendidas, ya que la mayor parte de las estaciones tradicionales tienen solo un empleado que, según su punto de vista, se dedica a cobrar la gasolina que los propios clientes se han echado y las cosas que puedan comprarse en el camino de la puerta del establecimiento a la caja, curiosamente situada «al final de la tienda».

Así se expresó Marín Quemada en una comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, donde valoró el impacto que pueden tener estas gasolineras como elemento dinamizador del mercado en un entorno como el de crecimiento del precio del crudo que se produce en estos momentos «haciendo frente a una situación oligopolista». Además, destacó que permiten dar servicios en lugares en que las tradicionales no son rentables y descartó que puedan suponer problemas de seguridad, por lo que Marín Quemada vinculó las críticas al informe presentado recientemente por la CNMC sobre las gasolineras automatizadas, donde expone que ayudará a fomentar la competencia en el sector. «¿Qué no interesa a todos? Esto es otra cuestión«, consideró el regulador.

Por otro lado, incidió en que con su propuesta la CNMC no está planteando nada distinto a lo que se hace en otros países «con éxito». Así, apuntó que las estaciones de servicio automatizadas suponen ya el 60% del total en Suecia y el 65% en Dinamarca, mientras que en Bélgica se aproximan al 20% y en Holanda al 23%. Asimismo, señaló que en España ya existen «un número relevante de estaciones desatendidas», en referencia a las de cooperativas agrarias, que según aseguró «nunca dieron ningún problema y son bien percibidas por los usuarios». Por último, defendió que estas establecimientos «están dirigidos a los usuarios que lo deseen y los que prefieran seguir yendo a gasolineras tradicionales podrán seguir haciendo».

Finalmente, criticó que cuando los precios del crudo bajaron, este descenso no se reflejó totalmente en los carburantes por lo que el aumento del número de gasolineras automáticas o desatendidas “será bueno para elevar la competencia y bajar los precios de los carburantes”. Frente a esta defensa, la diputada del PSOE, Ana María Botella, ha apuntado los problemas de empleo o seguridad que pueden conllevar este tipo de gasolineras y le ha pedido que tenga una reunión más amplia con los agentes del sector. El informe de la CNMC causó reacciones de sindicatos y algunos grupos políticos, que criticaban también los problemas de atención a determinados colectivos, como los minusválidos.

Los acogidos al bono social caen un 17,5% desde 2010, hasta los 2,4 millones, por la mayor potencia contratada

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EFE.– La cifra de beneficiarios del bono social, que supone una rebaja del 25% en la factura eléctrica, terminó mayo en 2,4 millones, lo que supone un descenso del 1% frente al mismo mes de 2015 y del 17,5% desde 2010, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Un dato que se debe al descenso en 0,7 millones del grupo de consumidores con menos de 3 kW de potencia contratada.

El organismo regulador, que destaca una estabilización en los beneficiarios de bono social, recuerda que a este descuento pueden acogerse distintos colectivos: pensionistas mayores de 60 años con la pensión mínima, familias numerosas, familias con todos sus miembros en paro y consumidores con menos de 3 kW de potencia contratada. También detalla cómo han evolucionado el número de acogidos desde 2010 en las distintas categorías.

La cifra de familias numerosas acogidas aumentó un 143% respecto a 2010, de 88.257 a 214.563, mientras que el número de familias en paro beneficiarias se triplicó, de 21.658 en 2010 a 76.563 en 2016. Frente a esto, los consumidores con menos de 3 kW contratados acogidos al bono han caído un 18%, desde 2,5 millones a 1,8 millones, y los pensionistas subieron un 3,9%, de 308.229 a 320.254. Competencia señala que estos aumentos en el acceso al bono social se debe a que los consumidores disponen de mayor información.

La OCU denuncia ante la CNMC solamente a las principales compañías eléctricas por “confundir al consumidor con el precio libre”

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Europa Press / Servimedia.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a las principales compañías eléctricas ante la CNMC por generar “confusión” entre los consumidores “al no separar de forma clara el precio regulado de las ofertas en el mercado libre”. Esta confusión, indica la organización, «está prohibida expresamente por la Ley del Sector Eléctrico» y su efecto causa «un perjuicio notable a los consumidores que en su gran mayoría desconocen con quién están contratando la electricidad».

La OCU indica que la Ley del Sector Eléctrico prohíbe a las empresas que desarrollan actividades reguladas (distribución y comercializadoras de referencia) y actividades liberalizadas (comercialización en el mercado libre) crear confusión en la presentación de su marca y la información que ofrecen a los consumidores. «La norma obliga a establecer una separación clara entre las comercializadoras de referencia, que tienen obligación de suministrar a los consumidores la tarifa regulada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor o PVPC, de las comercializadoras pertenecientes a ese mismo grupo, pero que ofrecen electricidad en el mercado libre«, indica.

Sin embargo, aunque la ley es clara en esta materia, OCU denuncia que la realidad es bien distinta para los consumidores. A su juicio, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo «incumplen claramente la ley y presentan una información confusa en aspectos básicos para los consumidores como son el nombre comercial de las compañías, las páginas web y logos corporativos, que son prácticamente idénticos». Además, la organización señala que estas compañías comparten los e-mail de contacto con los clientes e incluso «en algunos casos como Iberdrola tienen el mismo teléfono de atención al cliente».

Para OCU los efectos que provoca esta confusión en la identidad de las empresas que prestan el suministro de electricidad son «claros». «La mayoría de los consumidores desconoce exactamente cuál es su comercializadora más allá del grupo al que pertenece, y con ello desconoce un hecho fundamental, cuál es su tarifa y las condiciones comerciales que le aplican», señala. «Esta situación es terreno abonado para los abusos«, indica la organización, para la que la confusión entre empresas del mismo grupo daña la «exigua competencia en el mercado de la electricidad».

Por último, recordó que la normativa del sector eléctrico califica como grave esta infracción y establece sanciones que van desde 600.000 a los 6 millones de euros, por lo que pidió a la CNMC «que aplique lo dispuesto en la Ley para impedir la confusión de marca entre las empresas del mismo grupo y evite el perjuicio que esta situación provoca sobre el nivel de competencia del mercado eléctrico y por extensión en los consumidores».

156 distribuidoras de electricidad todavía no reemplazaron el 35% de sus contadores y serán investigadas por no cumplir los plazos

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Redacción / Agencias.- 156 distribuidoras no cumplieron a finales de 2015 el objetivo fijado para 2014 de sustituir el 35% de su parque de contadores analógicos por telegestionados, los conocidos como inteligentes, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Además, Competencia señala que existen distribuidoras de electricidad que, disponiendo de contadores inteligentes, emiten un porcentaje muy reducido de facturas basadas en curvas de consumo horario, o que no han puesto a disposición del consumidor sus curvas de consumo horario.

El organismo presidido por José María Marín Quemada ha anunciado que abrirá actuaciones previas para analizar los casos en los que se incumplen los plazos de sustitución de los contadores y en los que han instalado más de 1.000 inteligentes y no han emitido curvas de consumo horario. En global, el número total de contadores inteligentes a cierre del pasado año ascendía a 14,49 millones, lo que supone que el 51% de los contadores analógicos ya ha sido sustituido en España. Un dato que no es óbice para que haya esas 156 distribuidoras de electricidad que no están cumpliendo los plazos para reemplazar sus contadores.

Contadores inteligentes, integrados y telegestionados

Según el informe de seguimiento y aplicación de los datos procedentes de equipos de medida correspondiente al segundo semestre de 2015, al 90% de los consumidores con este tipo de contador se le facturó utilizando sus curvas de consumo horario. De estas medidas horarias, un 91,6% correspondieron a medidas reales. Los contadores telegestionados son equipos capaces de medir de forma remota el consumo horario de energía eléctrica de los usuarios.

La normativa vigente establece que las distribuidoras deben realizar la sustitución de los contadores analógicos y posteriormente integrarlos en sus sistemas de telemedida y telegestión para poder realizar las lecturas horarias de forma remota de aquellos consumidores con una potencia contratada de hasta 15 kW. Al tratarse de un proceso técnicamente complicado, se estableció un cambio gradual. Así, a fecha 31 de diciembre de 2014, un 35% del total del parque de contadores de hasta 15 kW de potencia contratada debían estar sustituidos. Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, debía cambiarse un 35% adicional, y entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, el 30% restante.

El 21% de los hogares españoles se sigue declarando insatisfecho con su servicio de electricidad

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Europa Press / EFE.- El 20,9% de los hogares españoles se declara poco o nada satisfecho con su servicio de electricidad aunque este porcentaje mejoró en 5 puntos con respecto al grado de insatisfacción de hace seis meses, según el Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para el gas natural, este porcentaje de insatisfacción cae hasta el 14,8% de los hogares.

Entre los hogares que se declaran insatisfechos con el servicio, el precio es el principal motivo apuntado. Un 90% de los hogares insatisfechos con su proveedor de electricidad opina que el servicio es caro y casi la mitad considera que las facturas de electricidad o las tarifas no son claras. En el caso del gas natural, sigue un patrón similar, aunque, en general, con mejores resultados que la electricidad. Las valoraciones de los hogares mejoran respecto a la calidad de los servicios de energía ofrecidos.

Respecto a la satisfacción con el precio de los servicios, un 54% del total de los hogares está poco o nada satisfecho con los precios del servicio de electricidad, 5 puntos menos que hace un año. Por su parte, el 46,1% de los hogares con servicio de gas natural están insatisfechos con el precio del servicio. Asimismo, a pesar de que los hogares españoles declaran mayor insatisfacción con los servicios de electricidad y gas natural, son los servicios de telecomunicaciones los que reciben más reclamaciones. Así, alrededor del 15% presentó reclamaciones en la materia frente al 5,7% de los hogares que presentaron quejas en gas natural y un 6,5% en el caso de la electricidad.

Los motivos para reclamar, exponen, siguen un patrón similar a los motivos de insatisfacción. En el caso de los servicios de electricidad y gas casi 6 reclamaciones de cada 10 de ellas están relacionadas con problemas en la facturación. Además, a la hora de recibir las facturas o notificaciones por parte de las empresas, destaca que el 77,1% de los hogares sigue recibiendo la factura del suministro energético en papel.

La revisión del margen de comercialización de la luz podría elevar la factura hasta 10 euros al año

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Europa Press / EFE.- La propuesta de revisión elaborada por el organismo regulador Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) del margen de comercialización incluido en los contratos de electricidad con precio regulado puede elevar el recibo entre 4 y 10 euros al año con respecto a los niveles actuales. Esta conclusión es la que extrae la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), que hace referencia así a la revisión pendiente de este margen que pagan 15 millones de usuarios del PVPC desde 2014.

En la actualidad, las eléctricas repercuten 4 euros por kilovatio (kW) al año a los clientes con el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) en concepto de margen de comercialización, si bien el Tribunal Supremo ha considerado insuficiente este coste y ha obligado al Gobierno a revisarlo, lo que aún no se ha producido. CECU indica que, con la propuesta de la CNMC, el nuevo margen anual de comercialización ascendería a 5,24 euros por kWh para los peajes 2.0 A, así como a 4,93 euros para los 2.0 DHA con discriminación horaria y a 6,46 euros para los 2.0 DHS.

Para una potencia de 4,4 kW, correspondiente a un consumidor medio, el coste anual por el margen de comercialización asciende a 17,6 euros en la actualidad, mientras que con la aplicación de la propuesta del regulador oscilaría entre los 21,6 y 28,42 euros, de modo que la subida sería de entre 4 y 10 euros al cabo de un año.

El Supremo había declarado nulo el actual coste de comercialización, recogido en el real decreto 216/2014, por no venir acompañado de una metodología para determinar tanto los costes de comercialización como la remuneración razonable de las empresas. La resolución del Supremo fue consecuencia de sendos recursos interpuestos por Gas Natural Fenosa e Iberdrola contra esta disposición adicional por considerar que el margen de comercialización propuesto por el Gobierno era insuficiente para cubrir los gastos en que incurren las empresas que deben ofrecer la tarifa regulada.

La CNMC considera que en los costes de comercialización deberían incluirse costes de captación y fidelización de clientes, costes de contratación, coste de facturación y cobro, costes de atención al cliente, costes financieros y costes de estructura, así como impuestos y retribución por la actividad. El diario Cinco Días publica que el Ministerio de Industria ya suma tres meses de incumplimiento de la ejecución de sentencia que el tribunal le impuso en junio. La medida implica una refacturación para cerca de 15 millones de consumidores.

Unión de Consumidores también alerta

Por su parte, la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana ha advertido sobre la posible revisión al alza del margen de comercialización al tiempo que manifiesta su preocupación por la tardanza en solucionar esta cuestión, que va a provocar que a 15 millones de usuarios le revisen el margen de comercialización que viene pagando desde 2014 y que tengan que abonar la diferencia entre lo que fijó el Ministerio como margen de comercialización y el que se ha calculado con la nueva metodología, que es más elevado y que está pendiente aún de resolver, tras casi un año desde la sentencia del Tribunal Supremo.

No obstante, independientemente del cálculo del margen de comercialización, «es evidente que la factura eléctrica desincentiva el ahorro energético, en tanto que la parte de consumo representa una mínima parte del gasto final. Por lo tanto, tratándose de un suministro básico y esencial para los ciudadanos, es necesario establecer mecanismos encaminados a reducir el importe final de la factura eléctrica, como la reducción de los impuestos que se aplican en la factura, evitando la pobreza energética y que este suministro básico sea más asequible para los ciudadanos», indicaron. Por ello, la Unión de Consumidores reclamó a Industria que se revisen los conceptos e impuestos que se aplican en la factura.

El sector gasista considera necesario discutir la estrategia en la UE en el largo plazo

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Europa Press.- El sector gasista considera necesario discutir acerca de la estrategia en el sector del gas natural en la Unión Europea (UE) en el largo plazo, según las conclusiones del 29º Foro del Sector Gasista, celebrado en la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), bajo la presidencia de la Unión Europea.

En este sentido, ven necesario tratar aspectos como la incidencia de las políticas de descarbonización, los desarrollos en el sector de la electricidad, los beneficios que conlleva el ahorro energético o el uso de nuevas tecnologías.

En lo que se refiera al papel que juega el gas natural licuado (GNL) y el almacenamiento de gas en el contexto de la diversificación, el foro también ha resaltado sus posibilidades de desarrollo, aunque ha urgido a que se realice un análisis caso por caso para asegurar la utilización más eficiente de estas infraestructuras.

Asimismo, los participantes en el foro han coincidido en que se analicen los escenarios de demanda y suministro del gas natural en la UE, y han alabado las mejoras en el funcionamiento de los mercados mayoristas de gas en Europa, reconociendo los avances en la integración del mercado ibérico.

El Foro del Sector Gasista es uno de los encuentros de regulación energética más importante de la UE, junto al de electricidad que tiene lugar en Florencia y el de consumidores que se reúne en Londres.

La Audiencia desestima el recurso de Nuclenor contra la multa de 18,4 millones por el cierre de Garoña en 2012

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Europa Press / EFE.- Mientras desde la Junta de Castilla y León sostienen que su posición «ni ha variado ni variará» sobre el futuro de la nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que debe reabrirse bajo los parámetros de «seguridad y empleo», la Audiencia Nacional desestimó el recurso presentado por Nuclenor en contra de la sanción de 18,4 millones de euros que le impuso en julio de 2014 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el cierre en 2012.

En su sanción, el regulador consideró que Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, había incurrido en una infracción muy grave al acometer una «reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica». El cese de la explotación de Garoña estaba previsto para el 6 de julio de 2013, si bien Nuclenor acordó el 14 de diciembre de 2012 extraer el combustible nuclear. Apenas 15 días después entrarían en vigor los nuevos impuestos eléctricos. La CNMC consideró que el cese de actividad se produjo «estando plenamente vigente y operativa la autorización de explotación de la central, y sin que concurrieran las circunstancias de parada previamente programada, ni circunstancias imprevistas que aconsejaran o hicieran necesaria la parada».

«La Sala comparte plenamente el planteamiento de la resolución de la CNMC», señala la Audiencia, que considera además que el operador de Garoña «siguió una política de hechos consumados, limitándose a comunicar al Ministerio su decisión unilateral de cese, comunicación que no tuvo lugar hasta el 28 de diciembre de 2012, 14 días después de adoptarse el acuerdo». La comunicación, señala la Audiencia, se produjo «cuando el proceso de descarga del combustible estaba ya concluido desde el anterior 22 de diciembre», de modo que «la recurrente puso en conocimiento del Ministerio unos hechos ya consumados«.

En su recurso ante la Audiencia Nacional, la sociedad propietaria de Garoña, que tiene una potencia de 455 megavatios (MW), sostenía que la decisión de su consejo de administración se adoptó únicamente como consecuencia de los efectos asociados a la nueva tributación a los residuos nucleares, aprobada por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa eléctrica. Los nuevos impuestos de la Ley 15/2012 implicaban, según cálculos de Nuclenor, un pago «inasumible» de 153 millones de euros para Garoña, que consideraban que hacía la central “inviable”, lo que supone una causa con carácter de «imprevisibilidad» que, a juicio de la demandante, le debería eximir de cumplir el plazo de operación con un año de antelación.

La decisión del consejo de administración «se adoptó únicamente cuando los efectos asociados a la nueva tributación suponía la declaración de concurso de la sociedad y no desde el momento en que se tuvo conocimiento del establecimiento de un nuevo tributo que reduciría notablemente la rentabilidad de la instalación», afirmaba la propietaria de Garoña. Nuclenor también consideraba que la infracción de la CNMC es desproporcionada y que infringe «de manera flagrante» el principio de tipicidad establecido en la Ley 30/1992. Precisamente, la sentencia ve adecuada la sanción de 18,4 millones de euros calculada basándose en el 10% de la cifra de negocio que tuvo la central nuclear en 2011, que se elevó a 184 millones.

Junto a esto, la empresa discrepaba de las consideraciones del regulador acerca de los efectos de su decisión sobre la seguridad de suministro. Considerar que el cierre afectaría al suministro «estaría en contradicción con la existencia en la actualidad de un exceso de capacidad de generación eléctrica, según aseveraciones tanto del propio Ministerio como de la CNMC», señalaba. En su demanda, Nuclenor llegaba a considerar que la decisión del cierre de Garoña resulta «totalmente insignificante para la seguridad del suministro». Por ello, fuentes de la empresa explicaron que la interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuya argumentación no han desvelado, será suficiente para suspender el pago de la multa hasta que se produzca una resolución judicial definitiva.

El Ejecutivo siempre ha mantenido abierta la puerta a que la planta retome la actividad. Actualmente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evalúa la petición de la central de renovar su permiso de explotación hasta 2031, cuando sumaría 60 años de antigüedad. El 27 de mayo, Nuclenor presentó dicha solicitud y el Gobierno solicitó al CSN el informe preceptivo. Si éste es negativo, obligará al cierre de la planta y si es positivo dejará la decisión en manos de Industria y del Consejo de Ministros.

El Gobierno trabaja en una normativa de seguridad en las gasolineras desatendidas mientras Castilla y León exige que haya empleados

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Redacción / Agencias.- Las Cortes de Castilla y León, con el voto en contra de Ciudadanos, han respaldado la Ley por la que todas las gasolineras deberán contar con al menos un trabajador en el tiempo que permanezcan abiertas para garantizar así la atención a personas con discapacidad y mejorar la cifra de empleos en el sector, una norma que excluye a las cooperativas agrarias siempre que atiendan a sus asociados y no ofrezcan combustible al público general.

Mientras tanto, en el Congreso, el Gobierno en funciones está trabajando en un proyecto de decreto sobre las medidas de seguridad en las llamadas estaciones de servicio desatendidas, es decir, aquellas en las que no hay personal. Según señaló en la Comisión de Industria el diputado del PP, Juan Manuel Juncal, el Gobierno, pese a estar en funciones, trabaja sobre la necesidad de revisar una instrucción técnica complementaria, denominada IP04, relativa a estaciones de servicio.

Aprobada la propuesta del PSOE

Se trata de los puntos de la proposición no de ley (PnL) que llevó a la Comisión de Industria el PSOE y que ha salido adelante. Esa instrucción técnica, según el texto de la PnL, debe «aclarar y hacer más concretas y rigurosas las medidas de seguridad de las estaciones de servicio desatendidas». Junto a este punto, la propuesta del PSOE insta al Gobierno a que se modifiquen, en coordinación con las autonomías, las normas necesarias para obligar a que haya al menos un empleado para atender en horario diurno.

También han pedido «desarrollar y clarificar» los requisitos de seguridad industrial y garantizar la unidad de mercado para que no se produzcan agravios comparativos en los requisitos de acceso de seguridad básicos en las diferentes comunidades autónomas. En definitiva, concluye el texto, se trata de articular e implantar una normativa que «aclare la posición jurídica de las gasolineras desatendidas y garantice la seguridad de estas instalaciones y el cumplimiento de los derechos de los consumidores».

En nombre del PSOE, Begoña Tundidor, explicó que estas medidas, junto a otras, son necesarias para evitar las dificultades que pueden tener las personas con discapacidad para utilizar gasolineras que no cuentan con personal, además de los riesgos a los que pueden estar expuestos. Además, Tundidor advirtió sobre el impacto en el empleo que puede tener la expansión de este tipo de gasolineras desatendidas en un sector que actualmente da trabajo a unas 40.000 personas.

PP y Ciudadanos en contra

Por su parte, Ángela Ballester, portavoz de Podemos, otro grupo que apoyó la exigencia de que haya personal en las gasolineras, destacó la importancia de que «se respeten los derechos de todos los consumidores y en particular el de las personas con discapacidad al acceso a este servicio». Entre los grupos que se opusieron o se abstuvieron, los portavoces del PP, Juan Manuel Juncal; de Ciudadanos, José Luis Martínez, y de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, defendieron la existencia de estas gasolineras por la necesidad de que exista una mayor competencia, lo que redunda en unos menores precios, en la línea de lo defendido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó recientemente un informe en el que pedía que se eliminaran las trabas normativas al desarrollo de estas gasolineras que, a su juicio, aseguran una mayor competencia y unos mejores precios que «benefician» al consumidor final. El informe provocó reacciones de sindicatos y algunos grupos políticos, que criticaban la pérdida de empleo que puede conllevar este tipo de gasolineras, así como problemas de seguridad o de atención a determinados colectivos.

En cuanto al efecto en los discapacitados, Juncal defendió que hay muchas de ellas que sí pueden utilizar este tipo de gasolineras gracias a las innovaciones en los aparatos de expedición y en los dispositivos que utilizan y Martínez apuntó que los problemas de acceso se pueden subsanar con mejoras en los diseños arquitectónicos. Asimismo, el portavoz del PP señaló que en Suecia, país que se puede considerar referente en la atención a personas con discapacidad, actualmente hay un 60% de sus gasolineras sin trabajadores.

Castilla y León las prohíbe

La nueva normativa de Castilla y León modifica la Ley por la que se aprobó el Estatuto del Consumidor y se ha impulsado a instancias del grupo parlamentario popular con el objetivo, como expuso el procurador Salvador Cruz, de establecer garantías, «mejorar» la protección de los usuarios y la accesibilidad, además de actuar de forma «responsable» con el empleo. Cruz ha explicado que las estaciones de servicio deberán tener al menos a un responsable de las instalaciones debidamente formado durante todo el horario en el que permanezcan abiertas, así, ha recordado que la norma establece una moratoria de tres meses para que todos los centros se adapten a la misma.

La exención de las cooperativas agrarias es algo que, a juicio del procurador de UPL, Luis Mariano Santos, no queda claro en esta Ley por lo que «dañará», a su juicio, al mundo rural, motivo por el que finalmente se abstuvo en la votación. Por su parte, el procurador de Ciudadanos, David Castaño, ha incidido en que su grupo no puede apoyar una Ley que, según su lectura, es «contraria a derecho», ya que la normativa estatal básica establece tres tipo de instalaciones de hidrocarburos que son «las atendidas, autoservicio y desatendidas«. Así, ha considerado que con esta normativa las nuevas gasolineras denominadas low cost pierden «su razón de ser».

Sector en Castilla y León

En concreto, se estima que en torno a 60 estaciones de servicio de 1.305 no están atendidas por ningún personal, por lo que esta obligación incluye como beneficio «mayores garantías de seguridad y de protección del medio ambiente», como ha destacado la procuradora popular Irene Cortes, desde el convencimiento de que la presencia de al menos un empleado ayuda a garantizar el correcto suministro de unos «productos peligrosos y contaminantes».