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La CNMC multa a EDP Energía con 900.000 euros por aplicar una penalización a una empresa por cambiarse de suministrador

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Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a EDP Energía con una multa de 900.000 euros por aplicar una penalización de 2.400 euros a una empresa por cambiarse de suministrador, según indicó el regulador. En septiembre de 2014 tuvo entrada en el registro de la CNMC un escrito de una empresa mediante el cual puso en conocimiento del organismo incidencias relativas al cambio de comercializador para el suministro de energía eléctrica.

La empresa tenía su suministro contratado con Hidrocantábrico Energía, actualmente denominada EDP Energía, y pasó a contratarlo con una empresa comercializadora diferente, a raíz de lo cual Hidrocantábrico procedió a aplicar una penalización de 2.400 euros en concepto de indemnización según contrato resolución anticipada. En consecuencia, EDP aplicó una penalización a un consumidor no doméstico, a pesar de que el cliente cumplió con el preaviso de 15 días establecido para la rescisión de las prórrogas.

Según indicó Competencia, el regulador ha impuesto esta multa tras comprobar que este tipo de penalizaciones están contempladas en todos los contratos de baja tensión de clientes no domésticos de EDP Energía, cuando no debería ser así en virtud de la ley 24/2013 del sector eléctrico. Una vez instruido el expediente, la CNMC ha multado EDP Energía con 900.000 euros como responsable de la comisión de una infracción grave, consistente en el incumplimiento de medidas de protección al consumidor según lo establecido en la Ley y su normativa de desarrollo.

Además, el organismo presidido por José María Marín Quemada impone a EDP la obligación de modificar las cláusulas primera y decimosexta de los contratos de suministro en baja tensión para la inclusión en una serie de condiciones referentes a los casos en que haya una rescisión del contrato por parte del usuario. La CNMC recuerda que contra estas resoluciones no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Nadal pide «acostumbrarse» a precios más altos de la energía en algunos momentos y prevé 2017 a niveles de 2015

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Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, indicó que España se deberá «acostumbrar» a precios de la energía más altos en algunos momentos e hizo un llamamiento a tener una demanda más gestionable para poder cumplir los objetivos ambientales. Además, asegura que España cumple la normativa europea actual de peajes y pide mantener su control político.

El ministro ha destacado como retos aumentar la flexibilidad de generación del sistema energético y gestionar el sistema teniendo en cuenta que todavía faltan interconexiones entre países en Europa: «Veo a los Gobiernos más pegados a la realidad, respecto a los planteamientos teóricos de la Comisión Europea», indicó Nadal, defendiendo menos ideología y más tecnología, frente a una confrontación actual entre el deseo de adonde se quiere llegar, especialmente en materia medioambiental, y la realidad. «Se está regulando un mercado europeo que todavía no existe. Hay lugares todavía muy poco interconectados y los diferentes países no fijamos precios de la misma manera» ni en gas ni en electricidad, ha argumentado.

En cualquier caso, ha dado por sentado que España «va a cumplir sin ningún problema» el objetivo de contar en 2020 con un 20% de renovables. Nadal indicó que ir por detrás de la tecnología hace perder oportunidades de ganar competitividad, pero ir muy por delante también puede generar sobrecostes. Eso sí, el ministro admitió dificultades en el cumplimiento de los objetivos en materia de eficiencia energética. En este punto, lamentó que las inversiones en eficiencia energética hechas por el sector público computen como gasto en lugar de como inversión, algo que considera «demencial», por lo que criticó una normativa «prácticamente inasumible» tanto para el sector público como el privado.

Por otra parte, el ministro argumentó que “hoy por hoy” no se puede prescindir de ninguna energía, ni siquiera del carbón, «a menos que se dé un salto tecnológico», y subrayó la dificultad de hacer compatible el suministro energético, una política razonable de precios y el cumplimiento de todos los objetivos medioambientales. «Estoy a favor de las renovables sí, pero si son baratas», aseguró el ministro para dejar claro que, actualmente, no es posible que el sistema funcione al 100% solo con este tipo de energías, y por ello ha defendido el papel que juegan las nucleares o las térmicas.

Respecto a la previsión de precios de la electricidad en España este año, hizo hincapié en que los precios mayoristas han vuelto a la normalidad en febrero, después de la «casi tormenta perfecta» que se produjo en enero, y ahora los precios de la energía atraviesan una «situación diferente» ya que las circunstancias meteorológicas han cambiado por completo. En esta línea, destacó el «vendaval enorme» en España que ha hecho que los precios de la electricidad estén 20 euros por debajo de Francia y Alemania.

Asimismo, ha destacado que las medidas impulsadas por el Gobierno en el sector del gas, con la introducción del creador de mercado, han contribuido a que el precio del megavatio hora en gas descendiera de 40 a 30 euros. Por ello, aunque no se ha atrevido a aventurar cómo evolucionarán los precios en los próximos meses, dado que dependerá de la meteorología, sí que ha apuntado que parece que los precios de la energía no podrán estar al nivel de 2016, sino que serán «muy similares a los de 2015», lo que ve como «razonable» ya que el petróleo es más caro que en 2016.

Sobre la negociación con Bruselas respecto a la interpretación de la directiva sobre la fijación de los peajes eléctricos, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, Nadal ha asegurado que España cumple la normativa actual, algo que Bruselas discute, pero que con los cambios que se están preparando y que dan más peso al regulador nacional en la fijación de precios, al pretender que pueda establecer la metodología y los precios, el Gobierno quiere mantener «una dirección política en la política tarifaria«. En este sentido, resaltó que «en todos los países europeos hay cierta dirección política», y en este punto recordó que en Francia el ministro de Energía puede vetar la propuesta de precios del regulador.

La Comisión Europea publicará el 17 de febrero el paquete de infracciones en el que decidirá si sanciona y denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no ceder poder al regulador para fijar los peajes de electricidad o si, por el contrario, acepta los compromisos remitidos por carta por el Gobierno en noviembre, cuando comunicó que cambiará la estructura de los peajes, en la medida en que acepta «aumentar las competencias» de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero reivindica un mecanismo de doble lectura en el que la CNMC realizará una propuesta y el Gobierno fijará los precios y quedará a la espera del posterior visto bueno del regulador.

Eso sí, el Ejecutivo español no especificaba qué ocurrirá en caso de discrepancia y pedía un periodo de adaptación para abordar la reforma que debe dar más peso a la CNMC en la fijación de la metodología y de las tarifas en transporte y distribución. Por su parte, el director general adjunto de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Christopher Jones, ha defendido la propuesta de diseño del mercado energético europeo y se ha mostrado convencido de que situará a Europa como líder global en lucha contra el cambio climático con un sistema energético competitivo y eficiente.

Pide a Cataluña evitar ideología

Por otro lado, Nadal instó al Gobierno catalán a no hacer de la política energética y del uso de las diferentes fuentes de energía un «debate ideológico» y a actuar en este ámbito con «sentido común». Así se refirió al documento aprobado en el que se dibuja el modelo energético de futuro que aspira a construir y el ministro subrayó que «tiene que haber mucho sentido común, poner todas las piezas juntas y no usarlo como un debate ideológico» porque lo importante, a su juicio, es «acertar» porque eso daría una ventaja estratégica al país.

El modelo energético de futuro que el Ejecutivo autonómico aspira a construir para Cataluña está basado en las energías renovables y marca como objetivo para el 2050 que el 100% de la energía que se consuma en hogares y empresas proceda de fuentes renovables, además de otorgar un papel importante al autoconsumo. «No creo que podamos prescindir ideológicamente de nada», ha dicho Nadal en referencia a la renuncia a la energía de origen nuclear. El ministro ha señalado que «hay que vivir de realidades y la realidad es que la nuclear es la que nos permite avanzar sin emitir CO2».

El pool sube un 11,7%

Mientras tanto, el precio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzó los 55,46 euros el megavatio hora, un 11,7% más que los 49,66 euros el MWh previos, según datos de OMIE, el operador del mercado. Este precio está muy lejos de los picos alcanzados a finales de enero, en plena ola de frío y con la actividad hidroeléctrica y eólica bajo mínimos. El 25 de enero, la electricidad alcanzó los 91,88 euros el MWh en el mercado mayorista, un nivel que no se veía desde diciembre de 2013. El precio mayorista supone en torno al 35% de la tarifa eléctrica regulada, mientras que el 65% restante depende de los peajes, que fija el Gobierno, y de los impuestos aplicados.

Iglesias traslada a Competencia su preocupación ante el «escándalo» de la subida de la luz y reclama bajar el IVA

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Europa Press / EFE.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reclamó al Gobierno que baje el IVA del recibo de la luz del 21% actual al 4% o al menos al 10%, que suprima el llamado impuesto al sol, grave las centrales nucleares y recupere la titularidad pública de las hidroeléctricas. Así lo ha hecho tras trasladar al organismo regulador CNMC la preocupación instalada en su partido ante el «escándalo» de la subida de la luz y la «ineficacia» demostrada por el Gobierno.

Iglesias recordó que Podemos reclama explicaciones a la CNMC en sede parlamentaria ante la Comisión de Energía sobre la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista.»En este país la factura de la luz es un escándalo y el Gobierno de nuestro país ha demostrado una enorme ineficacia a la hora de proteger a los consumidores, a la hora de proteger a la gente, completamente vulnerable ante unas tarifas de la luz, inexplicablemente altas, muy difíciles de comprender. «Además, las subidas en la tarifa eléctrica no solamente hacen sufrir a mucha gente sino que también afectan a los derechos de los consumidores, a la actividad de las pequeñas y medianas empresas y al trabajo de los autónomos», resaltó.

Asimismo, Iglesias ha incidido en que el Gobierno «sigue sin hacer nada» mientras «los españoles pagan una factura de la luz absurdamente alta» y ha reiterado el compromiso de su partido para «seguir defendiendo la dignidad» de España para que «no haya gente a la que se le corte el suministro por no poder pagar», algo que consideró “vergonzoso”. Por todo ello, ha denunciado «tanto la irresponsabilidad y las prácticas oligopólicas de las grandes empresas como la connivencia con un Gobierno que sigue permitiendo una realidad absurda como las puertas giratorias y que no toma medidas que podría tomar perfectamente».

El pool cae a mínimos

Mientras tanto, el precio de la electricidad se situó en una media de 47,77 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un 48% menos que el máximo de 91,88 euros alcanzado este año, según datos recogidos a partir del operador del mercado ibérico, Omie. Este precio representa el nivel más bajo desde que arrancó el año 2017, después de que la segunda quincena del mes de enero haya estado marcada por los picos en el precio de la electricidad.

De esta manera, el precio de la electricidad vuelve a situarse en precios normales, después de que la ola de frío de la segunda quincena de enero llevara a marcar los precios más elevados desde diciembre de 2013, cuando las subidas en el pool llevaron al Gobierno a suspender el anterior sistema de subasta eléctrica (Cesur) y sustituirlo por el actual, en el que el precio regulado deja de consistir en una referencia trimestral y queda vinculado al precio de cada hora en el mercado.

En enero, el mercado se ha visto afectado por el efecto acumulativo de varias circunstancias, entre las que figuran, además del aumento de la demanda y la ola de frío, la exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear, y una reducción en las aportaciones de agua, cuya participación se redujo y se realiza a un coste mayor, afectando al precio. Además, la tendencia alcista del precio de los combustibles fósiles incrementó los costes de producción de las centrales de carbón y gas. El mercado mayorista, conocido como pool, funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar marca el precio para el conjunto.

Los precios horarios se aplican a los consumidores domésticos que dispongan de contadores inteligentes y tarificación horaria, entre los que figuran los usuarios que tienen contratado el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y disponen de estos aparatos. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno ha congelado para 2017 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

Energía utilizará el fondo de contingencia para evitar el déficit de tarifa en 2017 ante el reconocimiento de 142 millones de euros a los purines

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prevé que el ejercicio 2017 se cierre con un nuevo superávit de tarifa en el sistema eléctrico pese a su intención de reconocer mediante una orden ministerial un coste adicional por cerca de 142 millones para retribuir la actividad de las plantas de tratamiento de purines con el objeto de cumplir una sentencia del Tribunal Supremo, según indicaron fuentes del departamento ministerial.

La orden de peajes de electricidad para 2017 recoge, dentro de los costes del sistema, un fondo de contingencia por valor de 150 millones de euros que podrá usarse para responder a gastos no contemplados en las previsiones iniciales. Las fuentes explican que este fondo de contingencia, en función de las circunstancias, podría utilizarse para responder al coste adicional de la retribución de los purines y garantizar que no se produzca déficit de tarifa durante el año. El uso del fondo dependerá en todo caso de cómo evolucionen los ingresos y los gastos del sistema a lo largo del año.

Energía precisa además que el importe de 142 millones de euros recogido en su borrador de orden ministerial sobre la revisión de la retribución de los purines es solo una estimación y que el importe final dependerá de aspectos como el número de horas de funcionamiento de las plantas. La orden ministerial sobre las plantas de tratamiento de purines, cuyo borrador ha sido remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), revisa al alza la retribución a este tipo de instalaciones con el objeto de cumplir una sentencia del Tribunal Supremo.

380 millones acumulados hasta 2019

Según datos de la CNMC, las plantas para el tratamiento de purines de porcino tienen una potencia instalada de 384 megavatios (MW) y producen casi 3.000 gigavatios hora (GWh) al año. El borrador de orden ministerial indica en su memoria económica que, de funcionar las plantas de purines al ritmo de 2013 y de mantenerse la previsión de precios del gas, estas instalaciones ocasionarán al sistema eléctrico un coste de 142 millones en el 2017, a los que se suman otros 136 millones en 2018 y 102 millones en 2019. En total, los sobrecostes del periodo comprendido entre 2017 y 2019 serán de 380 millones.

La orden ministerial de peajes de electricidad para 2017, en la que se congela la parte del recibo que los consumidores deben dedicar a cubrir los costes regulados del sistema, pronosticaba un leve superávit de 9 millones de euros para 2017. Al elaborar la orden ministerial, Energía no incluyó ninguna partida relacionada con los costes de los purines porque se hallaba a la espera de ejecutar la sentencia del Supremo que daba la razón a la empresa Energyworks San Millán y obligaba no solo a revisar la retribución, sino a indemnizar por los importes pagados de menos en el pasado.

El año pasado, el Supremo anuló dos anexos de la orden ministerial 1045/2014 en los que se recogen los parámetros retributivos de las plantas de producción de electricidad a partir de purines y obligó al Gobierno a aprobar una regulación sustitutiva. Este nuevo coste suma incertidumbre a la parte regulada del sistema eléctrico, sobre la que también podría recaer el importe de la indemnización por 500 millones a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo por haber financiado el bono social en los últimos años. El Gobierno recurrió la sentencia del Supremo en la que se da la razón a las eléctricas al Constitucional.

Bruselas decidirá el 17 de febrero si son suficientes los cambios sobre los peajes eléctricos o sanciona a España

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Europa Press / EFE.- La Comisión Europea publicará el 17 de febrero el paquete de infracciones en el que decidirá si sanciona y denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no ceder el Gobierno la competencia al regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para fijar los peajes de electricidad o si, por el contrario, acepta los compromisos remitidos por carta por el Gobierno para cambiar la legislación, según indicaron fuentes conocedoras del proceso.

El pasado noviembre, el Gobierno remitió una carta a Bruselas en la que respondió a la notificación de procedimiento sancionador presentada por las autoridades comunitarias y se comprometió a «despejar las dudas» y a adoptar las medidas necesarias para «permitir el cierre del expediente», según el contenido de la misiva. En la carta, el Gobierno comunicó que está dispuesto a cambiar la estructura de los peajes, en la medida en que acepta «aumentar las competencias de la CNMC». Sin embargo, habrá un «mecanismo de doble lectura» en el que la CNMC realizará una propuesta y el Gobierno fijará los precios y quedará a la espera del posterior visto bueno del regulador. No se especifica qué ocurrirá en caso de discrepancia.

El Gobierno le retiró competencias a la CNMC en 2014, limitando su capacidad de actuación sobre las tarifas eléctricas, de forma que actualmente este organismo valida la metodología y el Gobierno fija los peajes, que suponen más de un tercio de la factura. Los precios del mercado mayorista eléctrico suponen alrededor del 35% del recibo mientras que el 65% restante corresponde a impuestos y a esos peajes, que fija el Gobierno y que están congelados para este año. Poco después de estrenarse en el cargo de ministro de Energía, Álvaro Nadal se reunió con el comisario Miguel Arias Cañete y otros responsables de ambos equipos para abordar, entre otros, el asunto sobre la regulación de las tarifas eléctricas en España.

Al respecto, fuentes gubernamentales indicaron que España comunicó a Bruselas, dentro del curso habitual de las comunicaciones que regularmente se tiene con la Comisión Europea, que está abierta a mejorar la regulación nacional y clarificar la metodología de tarifas en la línea solicitada. Así, se manifestó la voluntad de estudiar una reforma que sitúe en la CNMC la fijación de la metodología y de las tarifas en transporte y distribución. No obstante, para abordar esta reforma, como ya lo han hecho otros países como Francia, se solicita un periodo transitorio para poder adaptar la legislación. Fuentes ministeriales españolas explicaron que «se está trabajando para hacer una reforma que afecta al organismo supervisor» de manera que han pedido «tiempo a Europa».

En paralelo a la carta enviada de Madrid a Bruselas, el Gobierno y Ciudadanos anunciaron la pasada semana que han alcanzado un acuerdo para reestructurar los reguladores económicos que afectan al dossier. Entre esos cambios, se contempla que la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia quede dividida en dos organismos, uno dedicado a la defensa de la competencia y otro a la regulación de los mercados, como el de la energía. Bruselas espera ahora a ver en qué se traducen las intenciones legislativas manifestadas por el Gobierno y la nueva estructura de la CNMC.

Fuentes comunitarias confirmaron la recepción de la carta y aseguraron que la Comisión se encuentra analizando su contenido. Bruselas no cerrará en ningún caso el expediente solo con esta carta, sino que considera necesaria la aprobación de la nueva normativa. La portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, también confirmó que España remitió esa carta a Bruselas como parte del procedimiento de infracción. «Dado que el procedimiento está en marcha, el Estado miembro tiene que contestar a la Comisión Europea qué es lo que van a hacer para colocar la legislación nacional en línea con la legislación europea. Informaremos cuando el procedimiento esté cerrado o sobre los siguientes pasos si son necesarios», señaló.

La Comisión Europea considera que la asunción por parte del Gobierno de la capacidad para fijar los peajes de luz, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, supone un incumplimiento de las directivas 2009/72-CE y 2009/73-CE. Por este motivo, inició en septiembre de 2015 un procedimiento de infracción que derivó en un dictamen de reprobación cuyo contenido llegó a finales del 2016 a Madrid. Desde ese momento, el Gobierno dispone de un plazo de dos meses para adoptar medidas con el objeto de evitar una sanción y la judicialización del caso.

El Colegio de Comisarios debe decidir ahora si acepta los argumentos presentados por el Gobierno, después de considerar que se infringen las directivas comunitarias en la actual regulación española. Las fuentes aseguran que el dictamen motivado remitido por Bruselas indica, textualmente, que «las directivas exigen la total independencia de cualquier interés público o privado, incluida la intervención nacional, en el ejercicio de las funciones de supervisión de la ARN (Autoridad Reguladora Nacional)». «La experiencia ha demostrado que la eficacia reguladora a menudo se ve obstaculizada por la falta de independencia de los reguladores respecto a los gobiernos», asevera el dictamen.

En la misiva, el Gobierno español también se dice dispuesto a ampliar el número de agentes que gestionan las interconexiones, rompiendo así el monopolio que ahora está en manos de Red Eléctrica y Enagás. No obstante, Madrid supedita esa iniciativa a que la vecina Francia legisle en la misma dirección. Actualmente, hay cinco expedientes abiertos por la Unión Europea en temas de energía, cuatro de ellos que se espera se resuelvan en los próximos meses y un quinto, al que se refiere la citada carta, que el Gobierno quiere evitar que termine en el TJUE.

Tras un primer aviso en febrero de 2015, el 29 de septiembre la Comisión Europea pidió a España, por segunda vez, que adaptara adecuadamente su legislación nacional a la normativa europea sobre la liberalización de las interconexiones de electricidad y gas, ya que de lo contrario referiría el caso al TJUE. En esa llamada de atención, segunda de tres etapas, Bruselas señalaba que «la actual legislación española impide construir y operar interconexiones con otros Estados miembros a empresas que estén fuera del sistema nacional de operadores de electricidad y gas».

Unidos Podemos pide una comisión de investigación sobre la subida del precio de la luz

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EFE / Europa Press.- Unidos Podemos y Compromís presentaron en el registro del Congreso una solicitud en la que piden la creación de una comisión parlamentaria para investigar «el incremento continuado del precio de la luz» y esclarecer el «origen y justificación» de todos los componentes que contribuyen al precio final. Estas formaciones reclaman que se investiguen los distintos conceptos que se incluyen en la tarifa eléctrica regulada, en la que el coste de la energía, que se marca en el mercado mayorista, sólo representa el 35% del total.

Entre los conceptos a investigar, la solicitud cita la retribución de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, los pagos para compensar los mayores costes de la generación extrapeninsular (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), las primas a las renovables o las ayudas al carbón nacional. Además, se señalan los costes asociados a la recuperación del déficit de tarifa acumulado en ejercicios anteriores y los pagos por garantía de potencia. En este último caso, los partidos firmantes plantean si es necesario incluirlos en la componente de mercado dado el carácter de subsidio que tiene. Sobre el IVA, Unidos Podemos y Compromís han pedido determinar si el actual tipo del 21% está justificado en un bien básico como la electricidad.

Josep Vendrell, diputado de En Comú Podem y portavoz de Energía, ha aludido al derecho de la sociedad a saber «qué ha ocurrido» para llegar a esta situación. Vendrell criticó que el actual precio se debe a «decisiones políticas erróneas» o a mecanismos del mercado «injustos». El diputado destacó que a pesar de la subida del precio de la luz en otros países vecinos, estos tienen «un salario mínimo mucho más alto». Vendrell ha pedido el apoyo del resto de grupos para crear una comisión de investigación sobre la «estafa eléctrica», con la que se citará a los «máximos responsables políticos de diferentes gobiernos», tanto del PSOE como del PP, a directivos de empresas eléctricas, a expertos y movimientos sociales.

Asimismo, la coportavoz de Equo y diputada de Unidos Podemos, Rosa Martínez, criticó que el PP esté «dificultando» las comisiones de investigación en un intento por «evadir la responsabilidad del Congreso de control del Gobierno». Por ello, pidió al Ejecutivo que asuma su «responsabilidad» y acepte con «naturalidad democrática» el uso del reglamento para esclarecer un sistema eléctrico «opaco» en el que se produce un «trasvase injustificado» de las rentas de las familias y las empresas al oligopolio eléctrico. Así, asegura que el Congreso «tiene que tomar la iniciativa». Además, Martínez ha apuntado a la «preocupación social» como reclamo para investigar el marco regulatorio actual.

Déficit y pagos por capacidad

La propuesta de creación de comisión busca investigar los motivos que han llevado al mercado regulatorio actual que permite que externalidades como la meteorología o el precio del gas y el carbón tengan un impacto «tan elevado» en el precio de la electricidad. El objetivo es esclarecer los CTC y el «regalo de 3.600 millones de euros a las eléctricas” que se produjo con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los «elementos fundamentales de la estafa eléctrica», según Vendrell. También investigará el déficit de tarifa de 25.000 millones y los pagos por capacidad que suponen 400 millones al año para tener disponibles centrales de ciclo combinado cuando se necesitan «y ahora que se necesitan no están operativas».

Unidos Podemos y Compromís ven necesario establecer en detalle cómo se constituyen los conceptos que conforman la parte regulada de la tarifa eléctrica: transporte, distribución y gestión comercial, organismos de operación del sistema y del mercado, CNMC, compensación por generación insular y extrapeninsular, adquisición de régimen especial o carbón, entre otros. También ven preciso una explicación «exhaustiva» de los constantes aumentos del precio a través de sus conceptos de mercado diario, intradiario y de operación, pagos por capacidad y garantía de potencia. De igual forma, Vendrell considera necesario que, en el marco de la comisión de investigación solicitada, se estudiase la justificación del «excesivamente elevado» IVA del 21% sobre un bien necesario como la luz.

Además, apuntó a los «beneficios caídos del cielo» como otro de los puntos a investigar, ya que el actual mecanismo de fijación de precios hace que las centrales hidroeléctricas y nucleares «totalmente amortizadas» y que ya recibieron pagos para su amortización, reciban ahora beneficio «como tecnología más cara». «Pagamos ocho veces más por la tecnología hidroeléctrica», ha denunciado Vendrell, quien denuncia la «mala regulación apoyada y decidida por los gobiernos del PSOE y el PP». Una auditoría independiente sería el paso previo a una reforma del sistema eléctrico que garantice la «fórmula del futuro», en la que se primarán las renovables, frente a la del «pasado» del ministro que «preserva los intereses de las eléctricas».

Pablo Iglesias aboga por «nacionalizar» las empresas eléctricas españolas y exige al Gobierno y a la CNMC intervenir el sector

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EFE / Europa Press.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha exigido al Gobierno y a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que «es un organismo público con capacidad reguladora», que «intervenga» en la regulación de «las tarifas abusivas» de las eléctricas. Así, el líder de Podemos apuesta por «nacionalizar» las empresas eléctricas españolas ya que el sistema español está «en manos de grandes empresas privadas que actúan como un oligopolio que impide la competencia real», según expresó en eldiario.es.

Para Iglesias, según este artículo, el actual modelo español hace que los beneficios de «estas grandes corporaciones» no dejen de crecer al tiempo que el precio final de la electricidad que paga la gente «no deja de aumentar». «Decir esto es decir la verdad, nos llamen lo que nos llamen», matiza. Para Iglesias, el papel de Podemos debe ser el de «señalar lo que el Gobierno y sus aliados no se atreven a decir», es decir: «el modelo eléctrico, que permite comprar a expresidentes y a exministros sentándolos en consejos de administración de grandes eléctricas a cambio de retribuciones impúdicas, no es sólo un modelo corrupto, sino ineficaz y obsoleto».

Por eso, según Pablo Iglesias en España «hace falta» un «plan nacional de transición energética» que sirva para «ahorrar energía rehabilitando edificios y apostando por las renovables». Un plan que implicaría una «inversión estatal razonable» (15.000 millones de euros al año, la cuarta parte de lo que costó rescatar a la banca), que crearía 400.000 empleos de calidad, «fortalecería» un tejido industrial propio y «reduciría» la dependencia energética de España. «¿Tenemos miedo de que nos llamen estatalistas por proponer lo evidente? ¿Tenemos miedo a que anuncien la llegada de las diez plagas de Egipto porque queremos perseguir con medios de verdad el fraude fiscal de los ricos y las grandes corporaciones para aumentar los ingresos del Estado?», se cuestiona Iglesias.

En este sentido, Iglesias señala que el «Gobierno del PP nacionalizó Bankia con dinero público», y por eso añade, «sin miedo», que «las nacionalizaciones no deben hacerse para salvar intereses privados sino para defender lo público, que es defender a la gente». «La nacionalización de las eléctricas no es la única ni la primera solución a los graves problemas del sector eléctrico español y tal vez no sea la mejor a corto a plazo, pero es una posibilidad que permite la Constitución y además es una excelente oportunidad para debatir qué hacer», agrega. Según concluye su artículo, el papel de Podemos «debe ser apoyar a los sectores de la sociedad civil que están planteando soluciones».

Concentración ante el organismo regulador

Por otro lado, Pablo Iglesias protagonizó una concentración contra la pobreza energética frente a la sede de la CNMC, donde criticó duramente que este organismo proteja a los mercados cuando «estos actúan en contra de los intereses de los consumidores, de los ciudadanos y de las empresas». En esta línea, añadió que «es una vergüenza» que las compañías eléctricas sigan metiendo la mano en el bolsillo de los ciudadanos», así como que «la factura de la luz suba el día que más frío hace» mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy achaca el problema «al viento y a la meteorología».

El líder de la formación morada ha reivindicado «un Gobierno patriótico que entienda que poder encender la luz y tener calefacción es un derecho» y ha criticado «la vergüenza» que supone que las empresas eléctricas «sigan sentando en sus consejos de administración a ex ministros y ex presidentes del PP y del PSOE». Por último, ha recordado que su formación ha sacado adelante en el congreso una medida contra la pobreza energética. «Estamos aquí porque entendemos que la oposición parlamentaria adquiere sentido cuando trasladamos las demandas de la sociedad civil tanto en la sociedad civil como en las instituciones», indicó.

Que investigue la subida eléctrica

Pablo Iglesias ha exigido a la CNMC que investigue la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que ha remitido en los últimos días. En teoría, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya pidió una investigación a la CNMC cuando los precios iniciaron su senda alcista en diciembre. El propio Ministerio analiza si el comportamiento del mercado mayorista responde únicamente a motivos coyunturales, como la ola de frío, la escasez de lluvia y viento o la subida del pecio del petróleo, o se han producido comportamientos anticompetitivos por parte agentes del sector.

Facua reclama a la CNMC que investigue las subidas de la luz en enero

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Redacción / Agencias.- Facua reclama a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que abra una investigación formal sobre las «desproporcionadas» subidas de la luz en enero, que asegura que traerán el recibo “más caro de la historia”, para aclarar si las eléctricas operan “dentro de los márgenes legales o manipulan al alza los precios”. Facua remitió un escrito a la CNMC para que investigue si se están manipulando los precios artificialmente mediante prácticas como la disminución de la producción de determinadas centrales.

Ha argumentado que hay antecedentes «que inducen a sospechar», entre los que ha citado que en 2015 la CNMC multó con 25 millones a Iberdrola por haber manipulado de manera fraudulenta los precios de la electricidad mediante la disminución de la producción de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013. Además, ha indicado que en junio Iberdrola fue multada en Estados Unidos con 370 millones de dólares (unos 320 millones de euros) “por haber alterado artificialmente la cotización de la luz en el mercado mayorista”, lo que supuso un encarecimiento “muy elevado” de la factura para los consumidores de California.

Facua, se esté produciendo un fraude o no en la actualidad, ha reivindicado un cambio en el modelo de fijación de precios, ya que el mecanismo «facilita la especulación y conlleva la injustificada carestía de las tarifas». Ha lamentado que la liberalización energética ha sido «una gran estafa» para los consumidores y ha manifestado que España es uno de los Estados europeos con las tarifas más caras y los niveles más altos de pobreza energética.

Facua exige la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible, dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español «fomenta la especulación». Ha denunciado que actualmente «es el sector eléctrico el que tiene intervenido al Gobierno, cuya política energética está más orientada a proteger los intereses de las compañías”, y a su juicio la solución es que sea el Gobierno el que fije los precios para los consumidores domésticos. Además, la asociación demanda la bajada del IVA que se aplica a la electricidad, del 21%, «impropio de un servicio esencial», ya que entiende que se debe reducir al tipo mínimo permitido por la normativa europea.

“Más caro de la historia”

Asimismo, Facua asegura que la factura de la luz de este enero será la más cara de toda la historia, pues el recibo del usuario que utilizan en sus cálculos superará por primera vez los 90 euros. En este sentido, Facua denuncia que el precio del kilovatio hora (kWh) batió este miércoles un nuevo récord, al situarse en 21,71 céntimos (17,07 euros más impuestos). Con las tarifas vigentes entre el 1 y el 26 de enero, el usuario medio (consumo de 366 kWh y potencia de 4,4 kW) pagaría 88,48 euros. Sólo en los últimos 10 días, la subida fue de casi 4 euros, siendo así el recibo unos 10 euros más caros que el del pasado mes de diciembre.

Así, la organización indicó que el recibo de enero será en torno a un 85% más caro que hace 10 años, con lo que casi lo duplica. En enero de 2007 se situó 48,59 euros, prácticamente el mismo importe que en el mismo mes de 1997, 48,98 euros. El recibo de enero de 2017 estará, según Facua, por encima de los máximos históricos, que se registraron en julio de 2015, mes en que la facturación del usuario medio alcanzó los 81,18 euros; y entre enero y marzo de 2012, fechas en las que se situó en 74 euros, pero posteriormente se refacturó hasta alcanzar los 88,66 euros como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo.

España no alcanza el objetivo de biocarburantes, con un 3,5% frente al 4,3% del objetivo, según estimaciones de la CNMC

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Europa Press.- España no alcanzó los objetivos de incorporación de biocarburantes en combustibles de automoción en ninguno de los meses analizados de 2016, correspondientes al periodo comprendido entre enero y agosto, según cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En concreto, el organismo presidido por José María Marín Quemada indica que, en términos acumulados, el peso de los biocarburantes hasta agosto ascendió al 3,5% en términos acumulados, frente al 4,3% del objetivo para el conjunto del ejercicio.

La CNMC realiza estas consideraciones en un informe acerca de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes correspondientes a los meses de julio y agosto de 2016. «El número de certificados provisionales anotados en cuenta no permite alcanzar el objetivo establecido por 0,8 puntos porcentuales», explica el organismo regulador, tras analizar la marcha de este mecanismo de justificación de cumplimiento tanto para la gasolina como para el gasóleo. El organismo también indica que en la actualidad existen 40 plantas de producción de biodiésel con cantidades de actividad asignadas por el Gobierno, de las que 24 se encuentran ubicadas en España.

El sector eléctrico mejora en 452 millones sus previsiones hasta noviembre pero el gasista eleva su déficit a 482 millones

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Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.301,8 millones de euros hasta noviembre, lo que supone 452 millones de euros menos de los previstos, mientras que el agujero del sector gasista se elevó a 482 millones de euros, un 44% superior al de 2015.

En el sistema eléctrico, esa diferencia resulta entre todos los ingresos del sistema, 13.708 millones de euros, y los costes, que sumaron 15.009 millones. Esta diferencia entre los ingresos y los costes del sistema se termina ajustando en las últimas liquidaciones del año, hasta dar como resultado un equilibrio entre los ingresos y los costes a cierre del ejercicio. De esta forma, la tendencia actual anticipa un nuevo superávit en 2016, que se sumaría a los de 2014 y 2015, que acumulan entre los dos ejercicios 1.020 millones de euros.

Según la undécima liquidación del sistema eléctrico de 2016, elaborada por el regulador, la CNMC, los ingresos por peajes de acceso de consumidores (11.764,3 millones de euros) resultaron un 0,6% superiores al valor promedio histórico. Por el contrario, los ingresos de peajes de generadores en esta liquidación fueron un millón de euros inferiores a los previstos para esta liquidación, un 0,9% menos. Asimismo, los ingresos registrados por los consumidores suministrados a precio regulado más unas penalizaciones tras haber perdido el derecho a esta tarifa, resultaron un 48,3% inferiores a los previstos en la Orden IET/2735/2015.

Por su parte, los costes regulados resultaron 334 millones de euros inferiores a los previstos para esta liquidación debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución específica de la producción renovable, cogeneración y residuos (257,5 millones de euros) y de los pagos por capacidad (88 millones de euros). En lo que se refiere a la demanda de consumo de electricidad registrada hasta noviembre, fue un 0,3% superior al valor promedio registrado en años anteriores, con 202.213 gigavatios hora (GWh).

El coeficiente de cobertura de esta liquidación se situó en un 90,16%, es decir, que los agentes del sistema cobrarán ese porcentaje de los ingresos reconocidos ahora, mientras que el resto se abonará a medida que haya nuevos recursos disponibles. La normativa establece que los costes del sistema se pagan conforme a los recursos disponibles, lo que genera un cierto desfase porque los ingresos procedentes de peajes de acceso se suelen recibir con cierto retraso.

Asimismo, el organismo presidido por José María Marín Quemada gestionó la liquidación de 63.704 instalaciones con derecho a retribución específica. De esta manera, la liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero al 30 de noviembre ascendió a 5.907,2 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en esta liquidación asciende a 681 millones de euros, antes de IVA.

En lo que se refiere al sector gasista, el déficit ascendió a 482 millones de euros a noviembre, frente al agujero de 335 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos netos liquidables fueron de 2.103 millones de euros, un 6,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, y la retribución total acreditada a las empresas fue de 2.585 millones de euros, que es un 0,3% superior a la del año anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 81,4% de la retribución acreditada, señaló Competencia.

La cifra de déficit se ajusta en las últimas liquidaciones del año, cuando entran los ingresos de los meses de invierno en los que se registran los mayores incrementos de demanda. Tanto noviembre como diciembre del 2016 cerraron con alzas en el consumo de gas convencional, del 13,5% y el 10%, respectivamente. Así, y según fuentes del sector, el déficit definitivo del año podría rondar los 100 millones de euros. Esta cifra supondría cuatriplicar los 23 millones con los que cerró 2015, aunque, señalan desde el sector, se trata de cifras modestas en comparación con los ingresos del sector, que rondan los 3.500 millones anuales.

La demanda de gas en 2016 facturada hasta noviembre, ascendió a 269,82 teravatios hora (TWh), lo que supone un aumento del 0,7% respecto al año anterior. A este respecto, la CNMC señaló que en los últimos meses se observa una recuperación de la demanda del grupo 1, que por primera vez en 2016 supera a la del ejercicio anterior. Por su parte, el número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras a 30 de noviembre del año pasado ha ascendido a 7,7 millones, con un aumento interanual de 91.480 consumidores.