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El Consejo de Ministros aprobará «en muy pocas semanas» el bono social de la electricidad

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Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobará «en muy pocas semanas» el bono social eléctrico, que cuenta ya con informe del Consejo de Estado y la Comisión Europea y está pendiente únicamente del de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que estará dentro de «muy poquito«, según confirmó el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que recordó que el bono social salió adelante mediante un decreto ley hace meses, tras un desarrollo normativo posterior al diálogo con otras fuerzas políticas.

La iniciativa, cuya aprobación es competencia del Gobierno, precisa desarrollos normativos que, como explicó Nadal, en el ámbito energético son «muy largos», toda vez que requieren diferentes informes. En este caso, el bono social eléctrico dispone ya del informe del Consejo de Estado, de la Comisión Europea y está únicamente pendiente del que debe otorgar la CNMC, que estará «en muy poquito». Y cuando esté, según expuso el ministro, se iniciará la pertinente tramitación para su «inmediata» aprobación por el Consejo de Ministros. Así, aunque todo depende de la CNMC, Álvaro Nadal cree que el bono social eléctrico recibirá luz verde «en muy pocas semanas».

El 78% de los clientes de gas natural están en el mercado liberalizado

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Europa Press.- El número de clientes suministrados a precio libre en el mercado minorista español de gas natural asciende a 6,008 millones, lo que supone el 78% del total de clientes de gas, mientras que los suministrados a tarifa de último recurso eran en 2016 un total de 1,664 millones, lo que representa el 22% del total de clientes. Con respecto a 2015, el número de clientes en la tarifa de último recurso se vio reducido en 80.000, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El número total de clientes de gas natural en el mercado minorista creció un 1,15%, para situarse en 7,672 millones. En 2016, el principal comercializador, por número de clientes, era el Grupo Gas Natural Fenosa, con un 55,73%, seguido de Endesa (19,76%), Iberdrola (12,12%), EDP (11,09%), Viesgo (0,75%). El resto de compañías suponen entre todas el 0,5% restante del mercado, con unos 42.000 clientes, frente a 20.000 clientes en 2015. El ranking de ventas lo encabeza Grupo Gas Natural Fenosa, con un 43,9% del total; seguido de Endesa, con un 16,8%; UFG Comercializadora (7,9%); Iberdrola (7,5%) y Cepsa (5,6%). El resto de grupos comercializadores suponen el 18,4% restante del mercado.

En lo que respecta a los precios, el coste del suministro de gas para un cliente tipo de 2.500 kilovatios hora (kWh) al año en la tarifa TUR-1 supuso 216 euros al año, un 4,2% menos que en 2015, lo que representa un ahorro de 9 euros con respecto al ejercicio anterior. Para un cliente tipo de 9.000 kWh/año en la tarifa TUR-2 el coste del suministro supuso 602 euros al año, un 5,5% menos con respecto a 2015, lo que representa un ahorro de 35 euros para ese cliente tipo, principalmente motivado por la bajada del término variable, señala el informe de la CNMC.

En el caso del mercado libre, si consideramos ofertas de gas sin servicios adicionales para los consumidores con derecho a TUR, con consumos inferiores o iguales a 50.000 kWh anuales, la mayor parte de las ofertas se encontraron por debajo de la TUR y en un nivel muy próximo a ésta. Durante 2016 se registraron varias bajadas coincidiendo con los cambios de la TUR, «observándose una fuerte correlación entre la variación de la TUR y de las ofertas en el mercado liberalizado», señala el informe.

Los reguladores de España y Francia acuerdan cómo financiar la interconexión eléctrica submarina por el Golfo de Vizcaya

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EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) de Francia han llegado a un acuerdo sobre la financiación de la interconexión eléctrica submarina a través del golfo de Vizcaya, que incluye solicitar una subvención europea por el 40% del coste. Las autoridades reguladoras de España y Francia han acordado un reparto de los costes en función de los beneficios obtenidos por cada país, según indicaron ambas entidades.

La interconexión, que unirá Gatica (España) con Cubnezais (Francia) y deberá estar en servicio en 2025, supondrá una inversión de 1.750 millones de euros. Los dos reguladores subrayan que la conexión submarina ha sido declarada proyecto de interés común por la Comisión Europea en 2013 y 2015 y que, por lo tanto, es susceptible de recibir financiación comunitaria. Por ello, y por las repercusiones positivas de esta infraestructura en el sistema eléctrico, la CNMC y la CRE han decidido postular este proyecto como candidato para obtener una subvención europea por importe de 700 millones de euros, lo que cubriría el 40% de la inversión necesaria.

El déficit eléctrico provisional asciende a 1.555,2 millones de euros hasta julio, 304,5 millones menos de lo previsto

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Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de las actividades reguladas son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.555,2 millones de euros en los siete primeros meses del año, 304,5 millones menos de lo previsto, según la séptima liquidación mensual del sector eléctrico, de energías renovables, cogeneración y residuos y del sector del gas natural, realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según Competencia, esta reducción en el déficit se debe a la evolución favorable de los ingresos por peajes de acceso y cargos en 50,3 millones de euros y de la menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 261 millones de euros. En concreto, el consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 122.825 gigavatios hora (GWh), un 2,1% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores ascendieron a 7.124 millones de euros, un 0,7% superiores al valor promedio histórico, esos 50,3 millones de euros. En este sentido, los costes regulados fueron 231,5 millones de euros inferiores a los previstos.

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, contemplados en el artículo 19 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, es necesario aplicar un coeficiente de cobertura del 81,62%, frente al 81,63% de la anterior, a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. En cuanto a las energías renovables y al sector de la cogeneración, en la liquidación de julio la CNMC gestionó la liquidación de 63.638 instalaciones del total de las inscritas en el Registro de Régimen Retributivo Específico del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y que tienen derecho a retribución específica.

La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en los 7 primeros meses del año, con cargo a las Liquidaciones de las Actividades Reguladas del Sector Eléctrico, se elevó hasta los 4.146,2 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Asimismo, la cantidad a pagar a cuenta a los productores de renovables en la séptima liquidación asciende a 506,14 millones de euros, antes de IVA.

Por otro lado, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asciende a 39,875 millones de euros, antes de impuestos. La CNMC indicó que al cierre de la liquidación se han recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación séptima asciende a 5,860 millones de euros, antes de impuestos.

En cuanto al sector gasista, el déficit registrado fue de 249 millones de euros, frente al déficit de 240 millones de euros en el mismo periodo del 2016. Así, teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 85,1% de la retribución acreditada. Los ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 1.561 millones de euros, un 1,6% más que en el mismo periodo del 2016, con un descenso de ingresos por término de conducción y, en sentido contrario, con el incremento de los ingresos por reserva de capacidad y por peaje de regasificación.

Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 28 millones de euros, un 30,7% superiores a los del mismo periodo del ejercicio anterior, debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación en el Mercado Organizado de Gas. Por tanto, teniendo en cuenta los ingresos existentes, se obtuvieron unos ingresos netos declarados de 1.533 millones de euros.

La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 1.649 millones de euros. Por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques se acreditó en esta liquidación una retribución variable de 17 millones de euros. Como resultado, se tiene una retribución total acreditada de 1.666 millones de euros, un 2,1% inferior a la del año anterior.

Por su parte, la demanda nacional de gas este año facturada hasta el 31 de julio, ascendió a 168,9 teravatios hora (TWh) incluida carga de cisternas desde plantas (6,2 TWh), lo que supone un descenso del 1%. El número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras al cierre del pasado 31 de julio fue de a 7,76 millones, con un aumento interanual de 80.940 consumidores, un 1,1% más, de los que 1,63 millones se suministraron con tarifa de último recurso.

La compañía canaria DISA se convierte en el cuarto operador del país al comprar 30 gasolineras al grupo GESA

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EFE.- La compañía canaria de distribución de productos energéticos DISA va a incorporar a su red 30 gasolineras adquiridas al grupo GESA en la Península, con lo que ampliará su red a 588 puntos de venta y se convertirá en el cuarto operador nacional del sector tras Repsol, Cepsa y BP. El grupo DISA precisa que sus 30 nuevas gasolineras en la península operarán bajo bandera de Shell, marca de la que tiene la licencia en España.

A falta de la autorización de la CNMC, el grupo canario asegura que, con este movimiento, «cumple el objetivo estratégico de aumentar su posición y presencia dentro del mercado peninsular», con estaciones localizadas en las provincias de Madrid, Segovia, Ciudad Real, Sevilla, Córdoba, Málaga y Alicante. Los 286 trabajadores de las gasolineras incluidas en esta operación y que hasta ahora prestaban sus servicios para el grupo GESA quedarán incorporados a la plantilla de DISA, que se ha duplicado en los últimos 10 años. DISA precisa que las estaciones que adquiere a GESA le aportan casi 140 millones de litros al volumen de ventas del grupo.

La factura de la luz se encarece un 5,42% en agosto

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Redacción.- Un consumidor doméstico medio pagó 67,16 euros en su factura de la luz de agosto, por lo que esta factura se incrementó en un 5,42% respecto a los 63,71 euros de agosto de 2016, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 3,45 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 67,16 euros abonados en los 31 días de agosto del 2017, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de mayo, 37,42 euros obedecen al consumo, 2,7 euros al impuesto eléctrico y 11,66 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Idénticos precios respecto a julio

Sin embargo, la factura de la luz de agosto se mantuvo exactamente idéntica respecto al mes anterior, julio, mes marcado por la ola de calor, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,17 euros. Se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses, aunque en esta ocasión no resulta necesaria. Así, el recibo eléctrico se estabiliza tras la ligera caída de junio y después de tres meses consecutivos de subidas tras los descensos que registró en febrero y en marzo, que dejaban atrás el episodio alcista de enero y del final de 2016.

Con esta subida interanual en agosto, el recibo de la luz cerró los primeros ocho meses del año con una subida del 14,74% con respecto al mismo periodo de 2016. La subida de precios en agosto ha contribuido a que el recibo de los ocho primeros meses del año se haya situado en 546,52 euros, 70,19 euros más frente a los 476,33 euros en el mismo periodo del año anterior, aún teniendo en cuenta que 2016 fue año bisiesto. En los primeros siete meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 120,56 euros por el término fijo, de 309,14 euros por el consumo, de 21,97 euros por el impuesto de electricidad y 94,85 euros por el IVA.

El arranque del ejercicio 2017 se caracterizó por el fuerte alza de precios provocado por la ola de frío, la menor eolicidad e hidraulicidad, el encarecimiento del carbón y del gas, y la indisponibilidad de centrales nucleares en Francia, frente al arranque de 2016, en el que se produjeron fuertes caídas respecto al año anterior. Desde enero, mes en el que la factura superó los 80 euros y el precio de la electricidad alcanzó picos superiores a los 91 euros el megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, el descenso en el recibo de la luz ha sido del 17,7%.

La Audiencia Nacional anula una multa de 22,6 millones impuesta a Repsol por Competencia por defecto de forma

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Europa Press / EFE.- La Audiencia Nacional anuló una multa de 22,59 millones de euros impuesta a Repsol por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2015 por considerar que en sus relaciones con sus estaciones de servicio abanderadas cometió infracciones en materia de formación de precios o aplicación de descuentos, coordinando los precios de los carburantes.

En una sentencia dictada el pasado 28 de julio, la sección sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional estima el recurso interpuesto por Repsol S.A. al existir un defecto de forma. En concreto, la petrolera recurrió la multa al considerar que la CNMC fundamentaba erróneamente la imputación de forma exclusiva de la autoría y responsabilidad de las conductas anticompetitivas contra Repsol S.A., al entender que ejerció influencia en la toma de decisiones de sus sociedades filiales, en este caso Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, sociedad de la que la matriz posee un 99,78% de su capital, y que fue en realidad la autora de las presuntas prácticas que fueron sancionadas.

En su escrito de recurso, Repsol señalaba que la responsabilidad e imputación del delito era contraria a los principios de responsabilidad personal y de culpabilidad de la legislación comunitaria. De esta manera, añadía que Repsol S.A. no realiza actividades en el mercado de distribución de combustibles de carburantes a través de estaciones de servicio, actividad que corresponde a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos. Para la multinacional, la sociedad matriz podría haber sido declarada responsable solidaria junto a la sociedad filial a la que previamente se le había declarado autora de la acción, pero no fue esto lo que hizo la CNMC, que declaró a Repsol SA autora y responsable de los actos de la filial.

Así, el fallo, del que ha sido ponente la jueza Berta Santillán Pedrosa, admite el recurso de Repsol al considerar que «se le ha sancionado aplicando la responsabilidad objetiva y se ha vulnerado el principio de personalidad de la pena cuando como sociedad matriz la CNMC le ha declarado autora y responsable de los acuerdos colusorios que se han realizado materialmente por la filial, lo que ha supuesto que la CNMC aplicara la responsabilidad objetiva».

En la sentencia, en la que no se entra a valorar si las conductas sancionadas eran o no anticompetitivas, se subraya que en el ámbito del derecho de la competencia «es clara» la distinción entre autor material y entre responsable de la actuación realizada por la filial. Esta sanción de 22,59 millones de euros fue impuesta en julio de 2015 por la CNMC a Repsol. El organismo presidido por José María Marín Quemada sancionaba además a 3 empresas de gasolineras abanderadas de Repsol: con 113.801 euros a Lence Torres y Complejo San Cristóbal; con 28.074 euros a Estación de Servicio Lorqui, y con 148.763 euros a Cerro de la Cabaña.

Una vez instruido el procedimiento, la CNMC consideró acreditado que las sociedades multadas infringieron la Ley de Defensa de la Competencia; concretamente, constataron que en 2013, Repsol llegó a un acuerdo con Lence Torres y Complejo San Cristóbal para coordinar sus precios de venta en el entorno de Lugo. Denunciaba además que la petrolera había llegado a un compromiso similar con la Estación de Servicio Lorqui, en Murcia, para no aplicar descuentos superiores a tres céntimos por litro. Acusaciones de las que se desmarcaba Repsol, que durante este proceso ha alegado una vulneración de sus derechos fundamentales como persona jurídica dada su «ausencia de actividad» en el mercado de distribución.

La resolución culminaba un expediente incoado en 2013, que se abrió en el marco de las actuaciones dirigidas contra los principales operadores petrolíferos de país a raíz de los informes publicados por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Tres consejeros de la CNMC, incluido su presidente Marín Quemada aprobaron la resolución, que contó con los votos en contra de los otros dos consejeros de la Sala. La Audiencia Nacional ya anuló otra sentencia de la CNMC por la que había sancionado con 61 millones de euros a la patronal eléctrica (Unesa).

Ciudadanos propone dar más competencias a los reguladores en su nueva ley para restar control político a las tarifas energéticas

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Europa Press.- Ciudadanos cree que la próxima reordenación de los organismos reguladores y supervisores que prepara el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad es una oportunidad para dotarles de un mayor poder como, por ejemplo, que se le devuelva a la comisión oportuna la competencia de fijar las tarifas de la luz.

Así lo ha manifestado el portavoz económico de la formación naranja en el Congreso, Toni Roldán, que recuerda que la disgregación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que contempla el anteproyecto de ley en el que trabaja el Gobierno, ya se acordó en el acuerdo entre PP y Cs para la investidura de Mariano Rajoy. La potestad de fijar tarifas de electricidad y gas fue una de las competencias que el Gobierno pasó a asumir en la creación de la CNMC; precisamente por esta cuestión la Comisión Europea mantiene abierto un procedimiento de infracción del que podría derivarse una sanción.

Roldán reconoce que en el pacto no se incluyó la devolución de competencias pero cree que tendría sentido hacerlo con la creación de una autoridad independiente para supervisar y controlar los mercados regulados, como sí refleja el acuerdo. «Creo que está claro que tiene que ser un organismo independiente. Hasta ahora, el Ministerio de Energía ha tenido el control. No es parte del acuerdo, pero es parte de las funciones que debería tener un regulador independiente», manifiesta el diputado barcelonés.

En este sentido, Roldán reconoce las dificultades que encuentran en el PP para poner en marcha los acuerdos alcanzados. «Ya sabemos que les cuesta poner en marcha reformas», asevera Roldán, que también atribuye esta situación a las limitaciones que se encuentran en la aritmética parlamentaria. «Lo que falta básicamente para que el Gobierno apruebe su proyecto y lo remita a las Cortes es que el PSOE se sume», asegura, considerando que el partido que ahora dirige Pedro Sánchez «tiene mucho más interés en señalar que están en la izquierda que en llegar a acuerdos sensatos en reformas«. «Parece que no ha dado demasiado feedback«, apostilla.

Según el anteproyecto elaborado por el Gobierno, la reestructuración de los reguladores y supervisores dará como fruto dos organismos a raíz de la división de la CNMC, además de otros dos: uno dedicado a la supervisión de seguros y planes de pensiones, y otro para la protección de inversores y de usuarios de servicios financieros. Asimismo, también está previsto y acordado entre PP y Cs, el establecimiento de un nuevo sistema de nombramientos, con el fin de evitar una «politización» que, considera Roldán, «tiene un coste gigantesco para la economía».

«Lo importante es encontrar un sistema en el que en vez de elegir a dedo unos políticos, tengas un procedimiento de hearing (audiencia) en el que haya un grupo de personas que hagan una preselección y que después se aprueben con mayoría suficiente», explica. Roldán cree que una mayoría clara aseguraría «un filtro clarísimo y despolitización». «De esta manera no tienes a un amigo del ministro arreglando precios de un sector, o a uno poniendo unas multas muy bajas porque, en realidad, está capturado por las grandes empresas del país.

Sin embargo, desde el inicio del segundo Gobierno de Rajoy se han producido renovaciones de cargos e incluso nuevos nombramientos sin un procedimiento así. Concretamente, el del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Santiago Albella, su vicepresidenta, Ana María Martínez-Pina, y, recientemente, tres consejeros de la CNMC: María Ortiz, Pilar Canedo y Mariano Bacigalupo. Roldán escuda esos nombramientos, elegidos a la vieja usanza a través de pactos políticos, en la ausencia de la esperada norma y en la necesidad por cubrir tales plazas. «Eran plazas que tenían que llenarse desde hace meses, y está bien que se llenen y que funcionen con normalidad las instituciones», justifica.

El déficit eléctrico provisional asciende a 1.321,7 millones a junio, 330,6 millones menos de lo previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.321,7 millones de euros en los seis primeros meses del año, 330,6 millones menos de lo previsto, según la sexta liquidación mensual realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En concreto, el consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 102.144 gigavatios hora (GWh), un 2,1% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores ascendieron a 5.967,6 millones de euros, un 1,3% superiores (+79 millones de euros) al valor promedio histórico.

En esta liquidación se registraron 519,3 millones de euros por aplicación de la Ley 15/2012, de los cuales 498,7 millones de euros procedieron de los impuestos y 20,5 millones de euros de la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Por su parte, los costes regulados fueron 222,5 millones de euros inferiores a los previstos, debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares (-225 millones de euros).

El coeficiente de cobertura de la liquidación provisional se situó en un 81,63%, frente al 74,26% en la liquidación anterior, y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación.

La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2017, con cargo a las Liquidaciones de las Actividades Reguladas del Sector Eléctrico se elevó hasta los 3.525,72 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, contemplados en el artículo 19 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, es necesario aplicar un coeficiente de cobertura del 81,63% al importe total de las liquidaciones acumuladas positivas. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en la Liquidación 6/2017 asciende a 743,97 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

175 Millones de déficit en el sector gasista

En cuanto al sector gasista, el déficit registrado fue de 175 millones de euros, frente a los 169 millones de euros en el mismo periodo del año anterior.

El total de ingresos declarados por las empresas al sistema supuso 1.385 millones de euros por facturación de tarifas, peajes y cánones. Esta cantidad es un 0,5% inferior al mismo periodo del ejercicio anterior, con un descenso de ingresos por término de conducción y, en sentido contrario, con el incremento de los ingresos por reserva de capacidad y por peaje de regasificación.

Mientras, la retribución total fija acreditada a las empresas asciende a 1.422 millones de euros. Por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques se acredita en esta liquidación una retribución variable de 14 millones de euros. Como resultado, se tiene una retribución total acreditada de 1.436 millones de euros, que es un 2,2% inferior a la del año anterior.

Competencia considera que las distribuidoras de gas logran una alta rentabilidad y pide revisar su retribución

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Servimedia.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que se debe revisar a la baja la retribución recibida por las empresas distribuidoras de gas, ya que actualmente se produce «una alta rentabilidad para una actividad de bajo riesgo».

Así lo señala la CNMC en su análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución del sector gasista, que analiza el periodo 2013-2015.

La Comisión apunta que el periodo objeto de análisis es especialmente relevante, dado que permite analizar el impacto de la reforma del marco retributivo del sector gasista que tuvo lugar en 2014.

Actualmente la retribución regulada de la distribución de gas se sitúa aproximadamente en 1.400 millones de euros anuales y representa casi la mitad de los costes regulados del sistema gasista.

En su análisis, la CNMC observa que las inversiones en inmovilizado material, que corresponden esencialmente a instalaciones de distribución, han tenido un crecimiento promedio del 31% entre 2013 y 2015.

Asimismo, el informe revela que casi todas las empresas analizadas evidencian una disminución de su ratio de apalancamiento en dicho periodo, estando una parte importante de la deuda de las empresas distribuidoras suscrita con empresas del grupo y asociadas.

En lo que a rentabilidad se refiere, del análisis realizado concluye que los resultados obtenidos para los ratios de rentabilidad analizados por las distribuidoras gasistas durante el periodo 2013-2015 reflejan las características del marco retributivo que ha venido aplicando a esta actividad desde el año 2002.

Para la CNMC, este marco es especialmente favorable para aquellas distribuidoras que tenían una parte de sus activos amortizados en el año 2000 y que comenzaron a recibir una retribución por amortización y una retribución financiera por dichos activos como si se acabasen de poner en servicio.

Por ello, considera que a pesar de los cambios introducidos en 2014, los ratios de rentabilidad de las distribuidoras de gas «continúan siendo holgados» para una actividad que de acuerdo con la ley está considerada como de bajo riesgo. Además, estima que son superiores a los de otras actividades reguladas comparables.

En conclusión, advierte de que dichos ratios de rentabilidad «resultan especialmente llamativos» en un contexto de continuado desequilibrio entre los ingresos y los costes regulados del sector gasista, por lo que sostiene que si no se toman las medidas adecuadas, este desequilibrio se puede agravar.

El periodo regulatorio finaliza el 31 de diciembre de 2020. Por consiguiente, es necesario revisar la retribución de la actividad de distribución en el segundo periodo regulatorio que comienza en 2021. Y, en particular, la CNMC pide modificar la retribución por amortización y la retribución financiera de los activos que fueron puestos en servicio antes del año 2001.