Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Defensor del Pueblo y la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop) han criticado las prácticas de venta a puerta fría de las comercializadoras energéticas, una problemática que ya ha sido abordada por el Ministerio de Energía. Asimismo, los ponentes han puesto de manifiesto que las ventas puerta a puerta son problemáticas, ya que en ocasiones incluyen prácticas abusivas y engañosas aprovechándose de los clientes más vulnerables.

El subdirector de energía eléctrica de la Secretaría de Estado de Energía, Santiago Caravantes, ha incidido en que en el Ministerio se han abordado en varias ocasiones los problemas que conlleva la venta puerta a puerta, pero no han llegado a una solución definitiva. Preguntado por si es posible prohibir este tipo de prácticas, ha señalado que «poder se puede», pero incidió en que tiene que ser con algún argumento legal, ya que prohibir a una empresa un modo de contratación es «una medida agresiva».

Por su parte, el director de Energía de la CNMC, Fernando Hernández, ha apuntado que una alternativa a la prohibición es que exista un «control de calidad» de las fuerzas de ventas de las comercializadoras y dar al consumidor una información «clara» que le permita comparar fácilmente las ofertas de las compañías. En este sentido, Caravantes avanzó que en el Ministerio están analizando también de qué forma los clientes pueden comparar los diferentes tipos de contrato, pero ha incidido en la complejidad de los precios de la energía, que cambian en función de múltiples variables.

Por su parte, Carmen Redondo, del Departamento de Relaciones Institucionales de Hispacoop, ha criticado que los métodos de ventas de las empresas por teléfono y, sobre todo, a través de puerta fría son «muy agresivos y a veces engañosos», al mismo tiempo que no cumplen con algunas exigencias que ya contempla la legislación con la información precontractual. En este contexto, ha demandado medidas para regular este tipo de prácticas, especialmente para proteger a los clientes más vulnerables, a los que se les hace contratar servicios adicionales que no desean y que no tiene la capacidad suficiente para reclamar. «Hay que ir mucho más allá que automatizar el desistimiento», ha incidido.

Sobre la posibilidad de que el sector cree una autoregulación en este campo, Caravantes ha añadido que en el Ministerio les consta que algunas empresas están trabajando internamente en modelos que lleven a una «mejora significativa» de esta situación. Sin embargo, Hernández se ha mostrado escéptico sobre el éxito de esta vía, ya que ha recordado que en 2015 la CNMC elaboró un decálogo de recomendaciones para las comercializadoras al que, dos años después, las empresas no han respondido. Por ello añadió que, si no funciona, parece que no queda otra opción que incluir una mayor regulación, tarea que en el sector energético le corresponde al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que permita mayor transparencia en la contratación.

Otras de las cuestiones abordadas en la mesa ha sido la confusión que genera la dificultad que tienen los consumidores para diferenciar las empresas que ofrecen suministro en el mercado libre de las que lo hacen a través de modalidad regulada, ya que compañías del mismo grupo tiene denominaciones prácticamente idénticas. Carmen Lence, de la Oficina del Defensor del Pueblo, ha incidido en que a veces estas empresas sólo se distinguen a través de unas siglas que no son fácilmente interpretables, por lo que tanto ella como Redondo han propuesto que se diseñen facturas que permitan diferenciar «de un solo vistazo» ambos tipos de empresas.

En este sentido, Hernández también ha incidido en la necesidad de que el cliente pueda diferenciar a la distribuidora de electricidad de la comercializadora, para lo cual haría falta una separación mas «clara y contundente» del nombre, la imagen o el logo. Así, ha añadido que, aunque no está claro que esto sea motivo de sanción, es un problema que existe. Asimismo, Lence abogó por analizar cuánto gana una empresa por prácticas como pasar a un consumidor al mercado libre sin su consentimiento y si le compensa pese a las multas que se le puedan imponer por saltarse la ley.

Por otro lado, Caravantes ha remarcado que todavía queda camino por recorrer en la reforma del sector eléctrico, ya que hasta ahora la regulación ha estado enfocada en corregir los desequilibrios y la parte regulada de la factura. En este sentido, ha agregado que queda abordar lo relacionado con el suministro y ha reconocido que el marco vigente es «mejorable», tanto en la parte de gas como de electricidad, y se está analizando la situación desde el Ministerio para tramitar los cambios que sean necesarios.