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La OCU se persona en los expedientes de la CNMC a Endesa y Gas Natural por supuestas alteraciones del pool

Europa Press.– La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha solicitado su personación en los expedientes abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Endesa y Gas Natural, con el objetivo de que en los mismos se acredite de forma adecuada el perjuicio que, en su opinión, se generó a los consumidores.

El pasado 18 de diciembre, la CNMC anunció la apertura de un expediente sancionador a Endesa y otro a Gas Natural Fenosa por la alteración indebida de los precios mayoristas de la electricidad, que llegó a alcanzar los 90 euros MWh y que tuvo como consecuencia una fuerte subida del precio de la electricidad para los usuarios durante diciembre de 2016 y enero de 2017.

Según recuerda la OCU, el efecto de esta subida afectó directamente tanto a los consumidores acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) como al resto de consumidores en el mercado libre, ya que ambos contratos y sus renovaciones tienen muy en cuenta las señales de precios de este mercado mayorista. La OCU ya pidió en enero la apertura del expediente al entender que la escalada de precios del mercado mayorista no se podía explicar por un funcionamiento normal del mercado, y que solo unas alteraciones artificiales de las condiciones del pool podían justificar ese elevado incremento de los precios, precisamente lo que ahora señala la CNMC en los expedientes.

La CNMC ve necesario revisar la tasa de retribución financiera de la distribución eléctrica para el período regulatorio post-2020

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera necesario revisar, de cara al siguiente periodo regulatorio que comenzará el 1 de enero de 2020, la tasa de retribución financiera de la distribución de energía eléctrica «mediante una metodología que la adecúe al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio».

El marco retributivo actual establece una tasa de retribución financiera del 6,503%, que aplica sobre el valor neto de los activos en servicio a 31 de diciembre de 2014, valorados a coste de reposición. Adicionalmente, esta tasa se aplica a los activos puestos en servicio desde el 1 de enero de 2015 valorados como la semisuma del valor auditado y el valor calculado aplicando los valores unitarios de inversión vigentes.

En su informe sobre el análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución del sector eléctrico (Endesa Distribución Eléctrica, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidrocantábrico Distribución, y Viesgo Distribución Eléctrica), la CNMC apunta a un incremento de la rentabilidad económica, pasando su ROI (retorno sobre la inversión) del 6,57% en 2013 al 8,16% en 2016. Así, la rentabilidad financiera se incrementa también durante el periodo pasando el ROE del 8,84% en 2013 al 12,32% en 2016, situándose todas las distribuidoras por encima del 10%.

La CNMC señala que las inversiones anuales en inmovilizado material se mantienen en valores superiores a los 1.000 millones de euros durante el periodo. De esta manera, el importe neto de la cifra de negocios se ha incrementado de 5.214 millones de euros en 2013 a 5.471 millones en 2016, un 4,9% más en el periodo, motivado, principalmente, por el incremento de los ingresos regulados de la distribución eléctrica. Por otra parte, el regulador destaca que estas empresas han reducido su personal en un 9%, pasando de 9.877 a 8.990 empleados. Además, se produjo un descenso significativo de los gastos de explotación, pasando de 1.348 a 1.139 millones de euros.

La CNMC asegura que la orden ministerial de derechos de cobro del sistema gasista encarece el recibo en 8,2 millones

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima que la propuesta de orden del Ministerio de Energía que establece los tipos de interés de los derechos de cobro del sistema gasista incrementa los costes que se repercuten a los consumidores en la factura del gas en más de 8,2 millones de euros.

Esta propuesta de orden ministerial fija una metodología que difiere de la que en su día elaboró la CNMC que, según la Comisión que preside José María Marín Quemada, es «más robusta y refleja más adecuadamente las condiciones de mercado». Con esta propuesta de orden se determina el tipo de interés definitivo que se aplica a los derechos de cobro del déficit acumulado del sistema gasista al finalizar 2014, los desajustes anuales y el desvío en la retribución del gas destinado al mercado a tarifa procedente del contrato de Argelia.

Concretamente, la metodología aprobada por la CNMC supondría una reducción de 8,2 millones de euros en los costes del sistema gasista respecto a la propuesta de orden, millones que se repercuten a los consumidores a través de la factura del gas en el horizonte temporal que abarcan dichos derechos de cobro. En este sentido la CNMC recuerda que uno de los principios rectores de la Ley 18/2014 es que «en las metodologías retributivas reguladas en el sector del gas natural se considerarán los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente y bien gestionada bajo el principio de realización de la actividad al menor coste para el sistema».

La CNMC considera que se deberían mantener de forma definitiva los tipos de interés propuestos por la Comisión y que hasta ahora han sido reconocidos como tipos de interés provisionales en las anteriores órdenes ministeriales de peajes y retribuciones.  Además, respecto a la amortización anticipada de los distintos derechos de cobro, la orden del Ministerio establece que se aplicará en primer lugar al desajuste del ejercicio más antiguo. La CNMC considera que la opción más beneficiosa desde el punto de vista económico sería amortizar el derecho de cobro que suponga un mayor ahorro en costes para el sistema gasista, en lugar de al más antiguo.

Respecto a la cesión de los derechos de cobro del déficit 2014, el organismo revela que la mayoría de titulares de este derecho le indicaron que han cedido esos derechos. Por último, teniendo en cuenta que la liquidación definitiva del ejercicio 2016 se ha aprobado en noviembre, se calcula el tipo de interés y las anualidades que resultan para el desajuste 2016 de acuerdo con la metodología de la CNMC.

Nadal justifica el fin de las ayudas a la minería del carbón este año: “las decisiones se tomaron hace tiempo”

Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha referido al escenario relativo a este año 2018, ejercicio que supone el cierre de las minas de carbón no competitivas, y asegura que «la Unión Europea tiene sus reglas y las decisiones se tomaron en su día», recordando que el acuerdo se tomó en el año 2010.

Respecto a la petición del presidente del Gobierno asturiano, el socialista Javier Fernández, de que España debería exigir a la Comisión Europea unas condiciones más flexibles que permitan prolongar la actividad de la minería del carbón, el titular de Energía se ha mostrado prudente, pero ha desvelado que está trabajando, junto a Asturias y otras comunidades autónomas, para buscar «alternativas».

No obstante, ha recordado la «rigidez» de la normativa comunitaria en este aspecto, ya que el acuerdo relativo a los cierres «es muy claro». Gracias a ese acuerdo, ha explicado, se han podido mantener las ayudas hasta este 2018 y eso ha permitido el cierre ordenado de las minas. También ha permitido mantener las rentas a las personas que han dejado el sector. «La mayor parte del gasto público que se dedica actualmente a la minería del carbón es para prejubilaciones y jubilaciones», ha explicado.

En cuanto a la situación en la que quedan las minas deficitarias ha insistido en que «todo el mundo sabía las reglas del juego».  Respecto a la decisión de Iberdrola de cerrar la central térmica de Lada (Langreo), el ministro ha reiterado el criterio del Gobierno, que pasa por que sigan funcionando las centrales que son «viables y necesarias para el sistema«, e incluye en ese caso al grupo moderno de la central de Lada.

Actualmente el Gobierno impulsa un real decreto en ese sentido, para garantizar el funcionamiento de centrales que son rentables y viables. Está siendo analizado por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), y luego pasará al Consejo de Estado. Sin embargo, Nadal ha lamentado la «soledad» del Gobierno para aprobar una medida de este tipo. El resto de grupos no le apoyan, ha señalado, incluido el PSOE. No es el caso, matiza, del Gobierno asturiano, de signo socialista.

Nadal ha explicado que si en los últimos tres años no hubiesen funcionado las centrales térmicas en España, el precio de la electricidad mayorista habría subido de una manera «enorme», algo que afectaría enormemente a las empresas electrointensivas, de las que hay varias en España. En este sentido, ha advertido del impacto en el empleo que podría tener prescindir de las centrales de carbón. «Consideramos que estas centrales tienen que mantenerse si son rentables», sentenció.

La factura de la luz se encareció un 10,28% en 2017, lo que supuso un mayor gasto de 77,39 euros

Europa Press.- Un consumidor doméstico medio pagó 830,48 euros en su factura de la luz de todo el año 2017, por lo que esta factura se encareció en un 10,28% respecto a los 753,09 euros de 2016, lo que supuso un mayor gasto en el recibo de 77,39 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada PVPC con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De los 830,48 euros abonados en los 365 días del 2017, 181,09 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada, una partida que permaneció invariable, congelada, respecto a 2016. Del resto de la factura de 2017, 471,88 euros obedecen al consumo, 33,38 euros al impuesto eléctrico y 144,13 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Unas cifras al alza respecto a los 407,13 euros de consumo de 2016, 30,27 euros de impuesto eléctrico y 130,7 de IVA para totalizar los 753,09 euros de la factura del año anterior.

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía, el de un consumo de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio asegura que se corresponde con el de una familia media con dos hijos. Eso sí, por primera vez la factura de la luz de un mes de 2017 fue más barata que la de un mes de 2016: la factura en el mes de diciembre de 2017 fue de 74,27 euros, un 0,67% menos que los 74,77 euros registrados en diciembre del 2016, lo que supone un ahorro en el recibo eléctrico de 0,50 euros.

De los 74,27 euros abonados en los 31 días de diciembre del 2017, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de diciembre, 43,01 euros obedecen al consumo, 2,99 euros al impuesto eléctrico y 12,89 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Asimismo, la factura de la luz de diciembre respecto al mes anterior, noviembre, permaneció prácticamente invariable con una subida del 0,42%, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,40 euros en diciembre respecto a los 2,39 euros de noviembre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses a efectos de garantizar la homogeneidad estadística

Así, el recibo eléctrico sube por cuarto mes consecutivo después de dos meses de estabilidad tras la ligera caída de junio que siguió a tres meses consecutivos de subidas tras los descensos que registró febrero y marzo, que dejaban atrás el episodio alcista de enero. El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad,13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

El arranque del ejercicio 2017 se caracterizó por el fuerte alza de precios provocado por la ola de frío, la menor eolicidad e hidraulicidad, el encarecimiento del carbón y del gas, y la indisponibilidad de centrales nucleares en Francia, frente al arranque de 2016, en el que se produjeron fuertes caídas respecto al año anterior. Desde enero, mes en el que la factura superó los 80 euros y el precio de la electricidad alcanzó picos superiores a los 91 euros el megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, el descenso en el recibo de la luz ha sido del 9%.

El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. La fuerte sequía que sufren los embalses, que ha hecho que la producción hidroeléctrica se haya visto mermada con respecto a los ejercicios anteriores, así como una menor presencia de renovables, han mermado, al igual que en los últimos meses, la presión de ambas fuentes de energía baratas en el mix. Esto implica la entrada de las fuentes fósiles, ciclos combinados y carbón, para la generación, lo que presiona al alza los precios de la electricidad, el conocido como pool.

El mercado mayorista funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto. Los precios horarios se aplican a los consumidores domésticos que disponen de contadores inteligentes y tarificación por horas, entre los que figuran los usuarios que tienen contratado el PVPC y disponen de estos aparatos.

Por su parte, la asociación de consumidores Facua denuncia «la pasividad» del Gobierno ante la escalada tarifaria, que denota «su escandalosa complicidad con las eléctricas para ayudarles a seguir engordando beneficios anuales milmillonarios a costa de mantener unos escandalosos índices de pobreza energética«. Asimismo, critica que, además de no actuar para reducir unas tarifas que están entre las más elevadas de la Unión Europea, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital haya recortado el descuento que representa el bono social, «además de establecer limitaciones desproporcionadas para acceder a él».

El déficit eléctrico provisional de 2017 asciende a 1.443 millones de euros hasta octubre, 365,3 millones menos de lo previsto

Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.443,6 millones de euros en los diez primeros meses del 2017, 365,3 millones menos de lo previsto, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), debido, fundamentalmente, a la menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 376,5 millones de euros.

El consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 185.638 gigavatios hora (GWh), un 1,9% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores (10.642,7 millones de euros) fueron un 0,3% superiores al valor promedio histórico. Mientras, los ingresos registrados por peajes de acceso de generadores resultaron un 1,6% inferiores (1,5 millones de euros).

En cuanto a las renovables, en la liquidación del mes de octubre la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.572 instalaciones del total de las inscritas en el registro de régimen retributivo específico del Ministerio de Energía y que tienen derecho a retribución específica. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero y hasta el 31 de octubre de 2017, con cargo a las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico, se elevó hasta los 5.956,4 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, contemplados en el artículo 19 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, es necesario aplicar un coeficiente de cobertura de 88% a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. La cantidad a pagar a los productores en la décima liquidación asciende a 685,28 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Asimismo, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, asciende a 57,3 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

En cuanto al sector gasista, el déficit registrado hasta octubre fue de 466 millones de euros, frente a los 462 millones de euros en el mismo periodo del 2016. Así, teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 79,9% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.076 millones de euros, un 2,8% más que en el mismo periodo del 2016, destacando el incremento de los ingresos por reserva de capacidad y por peaje de regasificación.

Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 327 millones de euros, un 27,8% superiores a los del mismo periodo del ejercicio anterior, debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación en el Mercado Organizado de Gas (Mibgas). Por su parte, la demanda nacional de gas facturada hasta el 30 de octubre de 2017 ascendió a 245,9 teravatios hora (TWh). El número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras ascendía a 7,78 millones, con un aumento interanual de 91.044 consumidores (+1,2%).

El Supremo admite a trámite el recurso de la CNMC contra Energía por las últimas funciones arrebatas por el Ministerio

Europa Press.- El Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el Decreto 903/2017 por el que el Ministerio de Energía asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico. Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Sala Tercera, Sección Tercera del Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso.

La CNMC ha decidido judicializar el enfrentamiento abierto entre el organismo regulador y el gabinete dirigido por Álvaro Nadal. El organismo dio este paso después de que el Ministerio respondiera con una negativa al requerimiento de la CNMC para que se retractara de la decisión de arrebatarle estas funciones. En concreto, la CNMC recurrió los artículos 3.1 d), 3.1 m), 3.1 ñ), 3.1 q), 4.1 d), 4.1 i), 4.1 s) y 4.1 w), así como la disposición adicional segunda, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta de la normativa.

El Real Decreto 903/2017, aprobado el pasado octubre, desarrolla adaptaciones en la estructura orgánica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que contemplan que el Ministerio pase a asumir funciones que hasta la fecha correspondían a la CNMC. Entre esas funciones que pasa a desempeñar el Ministerio se encuentran las inspecciones y las liquidaciones, así como la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones.

En el fondo de este recurso por estas competencias entre la CNMC y el Ministerio de Energía se encuentra la pugna por la fijación de los peajes de acceso a redes eléctricas. En septiembre de 2016 Bruselas ya abrió un procedimiento sancionador a España, todavía sin cerrar, por las competencias en esta materia. Como solución, el Gobierno ha planteado a Bruselas un modelo análogo al de otros países europeos, como Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.

La CNMC insiste a Energía en la «urgente necesidad» de aprobar medidas para adecuar sus competencias a la normativa comunitaria

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reiteró al Gobierno la «urgente necesidad» en que apruebe las medidas legislativas necesarias para adecuar sus competencias con las del resto de reguladores europeos de acuerdo con la normativa comunitaria.

El organismo ha aprovechado la publicación de los informes sobre peajes de acceso de energía eléctrica para 2018 y sobre peajes, cánones y retribución asociados al acceso a las instalaciones gasistas en 2018, para volver a pedir al Ejecutivo la aprobación de estas medidas con el objetivo de poner fin al procedimiento de infracción abierto en 2016 contra el Reino de España por «la incorrecta transposición al ordenamiento español de las Directivas 2009/72/EC y 2009/73/EC».

De acuerdo con ello, la CNMC señala que debe ser ella quien debe determinar tanto la retribución de las actividades reguladas que se financian con cargo a peajes, como la estructura, las condiciones de aplicación de los mismos y las reglas de asignación de la retribución a los peajes regulados. Así, el superregulador advierte de que este incumplimiento «ha impedido cumplir con las obligaciones impuestas en el Reglamento (UE) 2017/460».

La CNMC mantiene un enfrentamiento con el Ejecutivo, cuyo último episodio ha acabado en los tribunales con la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por el organismo contra el Real Decreto 903/2017 por el que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico. En el fondo de esta pugna por estas competencias entre la CNMC y Energía se encuentra la determinación de la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos.

En lo que se refiere al informe sobre el sector eléctrico, la CNMC considera que los ingresos de peajes en el sector eléctrico serán suficientes para cubrir los costes previstos tanto en 2017 como en 2018. Eso sí, señala que la demanda prevista para 2018 en la propuesta de orden del Ministerio de Energía es inferior a la estimada por diversos agentes, mientras que los ingresos son un 1% superiores a los previstos en 2017.

Suficientes para cubrir los costes

Respecto a los costes previstos para 2018, afirma que se tiene en cuenta el impacto de la sentencia del Tribunal Supremo del 25 de octubre respecto al recurso contencioso-administrativo número 1379/2016 en la retribución de la distribución y estiman un aumento relevante de la retribución adicional de los sistemas no peninsulares. Asimismo, según la propuesta de Orden, los ingresos de peajes serán suficientes para cubrir los costes previstos de 2018, si bien se prevé la incorporación de superávit de ejercicios anteriores, para cubrir posibles desajustes.

Adicionalmente, Competencia realiza observaciones sobre la falta de metodología de cálculo de los cargos, lo que deja en suspenso su metodología de determinación de los peajes de transporte y distribución. A este respecto, subraya que ambas cuestiones «contribuirían a la transparencia y darían certidumbre al desarrollo del autoconsumo». Además, se reclama el desarrollo reglamentario para los superávits acumulados de los ingresos y se urge al Ministerio para que apruebe la metodología de retribución del Operador del Mercado Ibérico de Energía y del Operador del Sistema.

En lo que se refiere a los peajes y retribuciones del sector gasista, el regulador cree que las previsiones de la propuesta de orden de demanda e ingresos podrían estar infravaloradas para el cierre del ejercicio 2017 y, por el contrario, sobrevaloradas para el ejercicio 2018, lo que tiene como consecuencia una sobreestimación del déficit esperado para el ejercicio 2017 y una sobrevaloración del superávit del ejercicio 2018. Según la propuesta del Ministerio, los ingresos de peajes y cánones previstos para cerrar el ejercicio 2017 son insuficientes para cubrir los costes y el déficit se elevará a 120 millones de euros, mientras que en 2018 se registrará un superávit estimado en 10 millones de euros.

Según las estimaciones de la CNMC, el desajuste de 2017 y 2018 podría alcanzar saldos negativos de 84 millones de euros y de 99 millones de euros, respectivamente. Adicionalmente, realiza algunas observaciones como la no inclusión de referencia a la tarifa de alquiler de contadores propuesta por la CNMC en marzo y que supondría una rebaja para 7 millones de consumidores o la valoración positiva de la habilitación a Mibgas a negociar productos de transferencia de titularidad de gas con entrega en instalaciones no incluidas en el sistema gasista español.

El MIBEL ultima un estudio sobre la comparativa de precios del mercado ibérico con otros mercados eléctricos

Europa Press.- El Consejo de Reguladores del Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL) trabaja en un estudio sobre la comparativa de precios con otros mercados eléctricos. El consejo realizó un balance de sus actuaciones en 2017 y ha aprobado el plan de trabajo para 2018, entre cuyas prioridades figuran la implementación del reglamento para la asignación a plazo de la capacidad de las interconexiones y la aplicación de la normativa financiera (MiFID II y MiFIR).

Estas decisiones se adoptaron durante la reunión que celebró bajo la presidencia de Ana María Martínez-Pina, vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), autoridad que ha ostentado la presidencia del Consejo de Reguladores del MIBEL durante 2017. En el encuentro participaron también el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, así como representantes de la CMVM de Portugal.

Además, el Consejo de Reguladores del MIBEL ha realizado un análisis continuo de la evolución y seguimiento del mercado ibérico de la electricidad, en su doble vertiente de contado y plazo, así como de la gestión de la interconexión entre España y Portugal. Asimismo, el Consejo de Reguladores ha prestado una especial atención al seguimiento e implicaciones de las iniciativas regulatorias financieras de la Unión Europea. El organismo también concluyó en 2017 el estudio relativo a la integración de la energía procedente de fuentes renovables, cogeneración y residuos en MIBEL.

La OCU pide “sanciones ejemplares” para Gas Natural Fenosa y Endesa mientras Facua quiere que los tribunales investiguen ”la manipulación”

Europa Press.- Facua-Consumidores en Acción pedirá la apertura de una investigación en los tribunales si se confirma que Gas Natural Fenosa y Endesa manipularon los precios de la electricidad después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abriera un expediente sancionador a ambas compañías tras observar indicios de alteración de precios en las ofertas de mercado de generación entre octubre de 2016 y enero de 2017, decisión aplaudida también desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En este sentido, la OCU señala que la presunta manipulación del mercado de restricciones técnicas «causó una elevación del precio de la electricidad y un grave perjuicio que afectó a todos los consumidores, tanto a los que están sujetos al PVPC, la tarifa regulada, de manera directa, como a los que estaban en el mercado libre ya que, a diferencia de otros países europeos, la mayoría de la energía eléctrica se adquiere en ese mercado mayorista y no mediante negociaciones bilaterales entre generadores y comercializadores».

Para la OCU, este expediente evidencia «una vez más lo fácil que resulta a las empresas manipular el precio de la electricidad en su beneficio» ya que el sistema de precios marginalista contribuye «a extender el perjuicio a todos los consumidores». La asociación de consumidores, que recuerda que no es la primera vez que se producen hechos similares, lamenta «la lentitud» con la que se llevan a cabo estos procedimientos de sanción y pide castigos ejemplares para las empresas implicadas, «de forma que paguen no solo por el beneficio obtenido de forma ilícita, sino por el perjuicio real causado a los millones de usuarios de la electricidad en nuestro país».

Facua quiere verlos en tribunales

Por su parte, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, señaló que «si se confirma el fraude y hay sanción», la asociación de consumidores «exigirá» la apertura de esta investigación en los tribunales ya que supone «un suma y sigue en unas prácticas difíciles de detectar, donde sólo los esfuerzos de los inspectores del supervisor logran detectar prácticas presuntamente irregulares como éstas«. Finalmente, Facua pidió la intervención del sector eléctrico por parte del Gobierno y la modificación del sistema de fijación de tarifas, «para evitar que precios por encima de la media de la Unión Europea, provocando unas costes brutales», subrayó.