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El PSOE defiende que el Gobierno elaborará una estrategia global del sector energético antes de decidir sobre el ATC nuclear

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EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista ha pedido al PP la retirada de la solicitud de comparecencia ante el Congreso de la ministra Teresa Ribera, ante la propia solicitud presentada por la encargada de la cartera de Transición Ecológica para explicar la resolución que paraliza el Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y de los residuos de alta actividad (ATC) en Villar de Cañas, en Cuenca.

Así lo ha explicado la diputada socialista Pilar Lucio ante los miembros de la Diputación Permanente del Congreso en relación a las preguntas del PP sobre el ATC. Lucio ha señalado que la suspensión se ha adoptado ya que, después de 6 años de Gobierno del PP, se encontraron con «una falta de previsión para la gestión de los residuos nucleares, fruto de la inacción y a falta de una estrategia global del sector energético«.

La socialista ha destacado que el Gobierno se ha limitado a solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación para analizar la situación». Por ello indicó que en el Ministerio se está a la espera de un «estudio sobre el volumen total de residuos, el mix energético y la idoneidad de los terrenos». «Hay que garantizar una gestión segura, algo que no hizo el PP», ha remarcado Lucio.

El Gobierno socialista, según indicó, «ha asumido la descarbonización, con una transición energética» a corto y largo plazo, por ello está concluyendo el Plan nacional integrado de energía y clima, que «deberá presentar a la Unión Europea a finales de 2018». Asimismo, consideran necesario actualizar el cuarto Plan de residuos de 2006, algo que «no se hizo» durante la anterior legislatura, y que estaba prevista su puesta en marcha para 2010, por lo que han sido necesarios los almacenes individualizados.

«No es el propósito gastar más dinero», ha remarcado en relación al coste de 70.000 euros diarios de almacenamiento en Francia de los residuos nucleares españoles, pero es una «cuestión de política energética y gestión de residuos global». Finalmente, ha concluido que, para explicar todo ello, la solicitud ya la presentó la ministra, por lo que ha pedido la retirada de la solicitud del PP.

Por su parte, la diputada del PP por Castilla-La Mancha, Rosa Romero, reiteró la solicitud de comparecencia de Ribera al señalar que durante su comparecencia del pasado julio la ministra “ocultó la decisión adoptada con anterioridad y que ya se había comunicado al CSN”. Además, señaló que el ATC es “un proyecto fundamental para la seguridad nuclear nacional y para el desarrollo de la comarca, que incluiría la construcción de un parque de desarrollo e investigación y la inversión de 1.000 millones de euros”. Asimismo, instó a la ministra a que ponga encima de la mesa las «alternativas» al ATC.

El diputado por Ciudadanos, Antonio Roldán, ha apoyado la solicitud del PP y ha señalado que el ATC «estaba aprobado en el sexto plan de residuos» y la «posición de Ribera no se ha explicado de forma amplia«. Por ello, Ciudadanos ve necesario que explique «en detalle» esta decisión, y especialmente «una alternativa» y «plan» para el almacenamiento de esos residuos, más allá «de ocurrencias».

Desde Unidos Podemos, Josep Vendrell acusó al PP de «cinismo» por reclamar esta comparecencia de la ministra que, a su juicio, «acumula chapuza tras chapuza» del Gobierno anterior. «Seremos exigentes, es necesario un plan de cierre de centrales nucleares», resaltó. Por ello, Vendrell ha apoyado la suspensión del ATC porque «es un primer paso» para el cierre de las centrales nucleares. Vendrell ha achacado al PP haber tomado la decisión de construcción del ATC «más por razones políticas que económicas«, y ha añadido que varios informes desaconsejan la ubicación del ATC en Villar de Cañas.

Ciudadanos pide explicaciones a la ministra Ribera sobre «su papel en la planta Castor»

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Europa Press.- La diputada nacional de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Castellón, Sandra Julià, ha pedido «explicaciones» a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «sobre su papel en la planta Castor». La formación ha registrado una pregunta en el Congreso en la que cuestiona «por qué no figuran en la Declaración de Impacto Ambiental, de la que la ministra fue responsable, las medidas que se contemplaron para estudiar la sismicidad de la zona y el posible impacto de la puesta en marcha de la instalación».

La parlamentaria ha señalado que «desde Ciudadanos queremos conocer qué medidas plantea el Gobierno, una vez conocido el fallo del Tribunal Constitucional que acordó declarar inconstitucionales y nulos los artículos del decreto que establecían una indemnización para las empresas promotoras del proyecto Castor por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los seísmos registrados en la zona». Por ello la diputada de Ciudadanos lamenta que «el capitalismo de amiguetes y la irresponsabilidad de unos pocos hayan causado estragos no solo en el medioambiente sino también en los bolsillos de todos los españoles».

Unidos Podemos propone que el 50% de lo recaudado en la subasta de emisiones se dedique a desarrollar las renovables

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Europa Press.- El grupo parlamentario de Unidos Podemos propone que, al menos, el 50% de la recaudación de la subasta de emisiones de gases de efecto invernadero se destine por ley al desarrollo de las energías renovables. Así lo recoge una de sus enmiendas al proyecto de ley aprobado por el PP que modifica hasta tres leyes: la de Evaluación Ambiental, la de Montes y la ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Según explicó en su momento el Ejecutivo popular, este texto propone reforzar el carácter preventivo ante las amenazas y los nuevos desafíos ambientales y presta una atención especial a la eficiencia de los recursos y a la prevención de riesgos que a partir de ahora estarán «mejor reflejados en el proceso de evaluación». De este modo, la Ley de Evaluación Ambiental modificará la evaluación de las obras de repercusión social para hacer hincapié en la especial eficiencia del uso de los recursos y también se espera la integración o coordinación de la evaluación de impacto ambiental con otros procedimientos ambientales.

PNV y Ciudadanos piden, en sus enmiendas, que la norma recoja una nueva disposición final en la que se determine que, cuando un procedimiento judicial afecte a la ejecución de un proyecto y ya cuente con una Declaración de Impacto Ambiental favorable, el plazo de vigencia de la misma se quedará en suspenso hasta el momento de la sentencia firme. «Se pretende evitar que el promotor tenga que tramitar nuevamente una evaluación ambiental del proyecto desde cero», indican los nacionalistas.

El proyecto de ley también busca potenciar la calidad de la información y la participación pública en los procedimientos de evaluación ambiental y priorizar el uso de los medios electrónicos, para poder garantizar así la participación efectiva de todas las personas interesadas en el procedimiento. En este sentido, Unidos Podemos ha incluido enmiendas para que esta información sea accesible a la población, a través de las webs de los ayuntamientos.

Javier Fernández buscará una posición común en Asturias sobre el carbón y las térmicas antes de reunirse con Pedro Sánchez

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EFE.- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, comparecerá en la Junta General en julio durante un pleno extraordinario de la Cámara autonómica para explicar la postura del Gobierno y buscar una posición común ante el riesgo de cierre de las centrales térmicas y el futuro del sector del carbón.

La comparecencia fue solicitada por PP, Izquierda Unida y Foro después de que no fuese posible sacar adelante la declaración institucional propuesta por el PP en defensa de la presencia del carbón en el mix energético nacional y de la continuidad de las centrales térmicas. Previsiblemente, la comparecencia se llevaría a cabo antes de que Fernández mantenga su primer encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de la ronda de reuniones con todos los jefes de Ejecutivos autonómicos.

Para el diputado y secretario general del PP, Luis Venta, aunque Fernández ha expresado ya su criterio contrario a la postura defendida por el nuevo Gobierno, el objetivo debe ser «que lo diga y lo pelee» dado que la postura «radicalmente ecológica» del nuevo gabinete conllevaría un adelanto del cierre de las térmicas. «Es el Gobierno socialista y no vale con decir que Pedro Sánchez conoce muy bien Asturias y que ponga a ministros para cerrar las térmicas», ha apuntado tras reiterar sus críticas a Podemos, y en especial a Ciudadanos, por impedir la aprobación de una declaración institucional conjunta.

Según el portavoz de Podemos, Emilio León, en este asunto y en todo lo relacionado con el sector minero el PP y el PSOE «juegan a la cerilla» de forma que los socialistas pensaban que se la quedaría los populares y viceversa «y la cerilla es cada vez más corta«. A su juicio, el PP ni siquiera ha aportado las cantidades previstas en el último Plan de la Minería para afrontar la situación de un sector cuya desaparición paulatina requiere previamente de «un plan de choque» que genere empleos alternativos.

Para la diputada de Izquierda Unida, Concha Masa, la comparecencia de Fernández debería servir para fijar una posición común y que pueda defenderla ante el Gobierno central mientras que Ciudadanos reprocha a PSOE y PP «lanzarse la pelota» mutuamente en torno al futuro del carbón dada la «imparable» transición ecológica del sector energético que requiere de un pacto de Estado.

Ciudadanos pide un plan para renovar instalaciones eólicas y de cogeneración para ampliar su potencia y su vida útil regulatoria

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Europa Press.- Ciudadanos ha propuesto en el Congreso un plan para renovar instalaciones eólicas y de cogeneración, con el fin de ampliar la potencia que aportan al sistema eléctrico y salvar la conclusión de su vida útil. Así, la portavoz de Energía en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha registrado una proposición no de ley en la que advierte de que la longevidad de muchas instalaciones anticipa, por ejemplo en cogeneración, una pérdida de la potencia instalada de unos 2.000 megavatios hasta 2020.

Todo ello a pesar de que todos los compromisos y objetivos futuros pasan por un aumento del peso de la energía renovable y de la cogeneración. En el caso de esta última, el informe del Comité de Expertos de Transición Energética planteaba una potencia instalada de unos 8.500 megavatios. A 31 de diciembre de 2017, explica Rodríguez, este proceso que aprovecha el calor útil en el ámbito de la producción industrial para también generar electricidad aportaba cerca de 6.500 megavatios al conjunto del sistema eléctrico, un 6,4% de la capacidad instalada. Sin embargo, asegura que su capacidad de producción cubrió el pasado año hasta el 11% de la demanda peninsular.

Ante esta situación que califica de «incertidumbre», la diputada de Ciudadanos critica la «inacción del Ejecutivo» de Mariano Rajoy pues cree que por ello se han paralizado inversiones de modernización y de nuevos proyectos, los cuales también considera necesarios para alcanzar los objetivos del 30% de eficiencia renovable planteados por Bruselas para 2030. Rodríguez ve similar la situación de las instalaciones eólicas, y señala que la vida útil regulatoria de varios aerogeneradores instalados desde hace dos décadas está próxima a su final, lo que entiende como una oportunidad para acometer un plan de renovación con el que maximizar su potencial.

Según las estimaciones de Rodríguez, la modernización podría duplicar su producción, entre un 60% y un 100% más sobre los actuales valores. Por ello, considera «conveniente fomentar la posibilidad de repotenciar los parques eólicos existentes más antiguos, con el objetivo de incrementar la producción de energía limpia», incorporando aerogeneradores más eficientes y de mayor tamaño. En todo caso, Ciudadanos subraya que esta «repotenciación» debe ser «una libre elección empresarial», y recuerdan que, con el fin de favorecer estas inversiones se necesita «un marco regulatorio estable que fortalezca la confianza de los inversores y las entidades financiadoras, y que de esta forma se puedan abaratar los costes de capital para los propietarios de instalaciones a repotenciar».

Por todo ello, reclama un plan Renove e instalación de nuevas cogeneraciones, en línea de las recomendaciones del informe de expertos para la transición energética, que «prime criterios medioambientales, económicos y de seguridad de suministro». Asimismo, insta a impulsar la renovación de las infraestructuras eólicas de mayor antigüedad a través de un plan que potencie la industria española en renovables, y que atienda a las necesidades específicas del sector «del modo más eficiente y competitivo».

Ciudadanos plantea auditorías presenciales obligatorias para certificar la eficiencia energética de los edificios

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Europa Press. – Ciudadanos plantea endurecer la normativa sobre eficiencia energética de los edificios, y pone sobre la mesa, entre otras medidas, que esta certificación pase por una auditoría presencial obligatoria por parte del técnico, y que esta sea vinculante.

Esta es una de las propuestas que la formación naranja ha llevado ante el Congreso, a través de una proposición no de ley registrada por su portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, para su debate y votación ante la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Otra de las medidas planteadas por Rodríguez es que estos técnicos, además de contar con titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación, tengan acreditados conocimientos específicos sobre eficiencia energética.

Asimismo, demandan sistemas de control e inspecciones periódicas, que se realizarían junto a las comunidades autónomas, «a un alto número de inmuebles» con el fin de comprobar la validez de los datos tanto administrativos como técnicos presentes en estos certificados, y exigir el cumplimiento a todos los edificios que estén obligados a exhibir esta etiqueta.

Algunas debilidades

Todo esto se produce después de señalar en la exposición de motivos de su iniciativa varias de las «debilidades» que aparecen en la aplicación de este sistema de certificados regulada.

Así, aseguran que en estos momentos, no existe una obligación a realizar comprobaciones o inspecciones presenciales -lo que ha causado la proliferación de plataformas que lo realizan de forma remota- o que los propios técnicos designados como competentes para realizar las certificaciones no tienen por qué contar con conocimientos necesarios.

Además, tampoco se valora que las medidas planteadas para obtener la certificación sean técnicamente viables, ni se realiza la comprobación completa de los datos base del edificio utilizados para expedir el certificado ni las inspecciones necesarias para vigilar el cumplimiento.

Informe de resultados

Por todo ello, Ciudadanos reclama que toda medida de mejora que se plantea sea técnicamente viable y que pueda aplicarse en futuras rehabilitaciones o mejoras del inmueble.

Y con ello, se elaboren informes sobre los resultados obtenidos de los edificios certificados, pudiendo así comprobar el impacto de las mejoras a nivel de emisiones y establecer que los edificios en régimen de alquiler, bien sea vivienda o terciario, exhiban en el interior del mismo su etiqueta de eficiencia energética para el conocimiento de sus inquilinos.

 

La oposición, a excepción de Ciudadanos, registra su vetada ley para fomentar el autoconsumo energético y eliminar los cargos

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Europa Press.- Todos los grupos parlamentarios del Congreso, a excepción de PP y Ciudadanos, han vuelto a registrar la proposición de ley para fomentar el autoconsumo energético y eliminar el llamado impuesto al sol, una iniciativa que el Gobierno llegó a vetar, lo que impidió su debate y tramitación en la Cámara Baja.

La iniciativa es prácticamente idéntica a la registrada en enero de 2017, si bien en esta ocasión Ciudadanos no ha respaldado su presentación, como sí hizo hace más de un año. La iniciativa está respaldada por PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias, una mayoría suficiente para garantizar su tramitación. Sin embargo, deberá sortear de nuevo el análisis del Ejecutivo, al que la Constitución le otorga la capacidad de vetar toda ley que tenga afectación en los ingresos y gastos. La oposición argumenta que esta ley no implicaría una modificación de las cuentas. Además, han recordado que el propio Tribunal Constitucional ha dado la razón recientemente al Congreso en el conflicto de atribuciones entre ambos poderes.

Ciudadanos opina diferente en Europa

Acompañando a los diputados de todos los grupos firmantes de la iniciativa, excepto del PNV, EH-Bildu y Nueva Canarias, ha estado el representante de Alianza por el Autoconsumo, David Howell, que lamenta las ausencias de PP y Ciudadanos que «no sólo no apoyan, sino que además bloquean estas iniciativas de autoconsumo». «A nivel incluso europeo el Gobierno intenta frenar el progreso con el autoconsumo, pero curiosamente Ciudadanos vota a favor en el Parlamento Europeo. Y no lo apoya aquí en España», critica Howell, considerando que, por no avanzar en esta materia, «España hace el ridículo».

Sí ha subrayado, por el contrario, el interés mostrado por administraciones autonómicas y municipales por impulsar este tipo de fórmulas de consumo, la cual permitiría, según ha argumentado, una importante fuente de creación de empleo y un avance para lograr un futuro de energía 100% renovable. Además de eliminar el llamado impuesto al sol, la iniciativa impulsa el autoconsumo colectivo y una simplificación administrativa de esta fórmula.Según han comentado durante su presentación los grupos, la única modificación respecto a la iniciativa ya registrada en el Congreso pasa por reflejar el criterio del Tribunal Constitucional al respecto del autoconsumo compartido, que atribuía la competencia para regular a las comunidades autónomas.

El Parlamento de Baleares pedirá otra vez al Congreso de los Diputados que se prohíban las prospecciones en el Mediterráneo

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EFE.- Todos los diputados del Parlament balear respaldan volver a tramitar ante el Congreso una proposición de ley para que se prohíban las prospecciones petrolíferas y de gas en todo el Mediterráneo español.

Los grupos políticos de la Cámara regional han registrado una proposición de ley idéntica a la aprobada hace un año para prohibir «actividades de investigación, exploración y explotación» de hidrocarburos en el subsuelo marino, propuesta que rechazó la Cámara Baja por el veto del Gobierno, ha recordado la diputada por Formentera, Silvia Tur.

La portavoz del PP, Marga Prohens, ha indicado que entonces el Gobierno usó su derecho de veto, argumentando que estaban vigentes unos presupuestos prorrogados, pero la próxima aprobación de las cuentas estatales podría facilitar la tramitación.

La diputada Olga Ballester, de Ciudadanos, ha señalado que aunque hace un año su partido ratificó el veto en la Mesa del Congreso, en esta ocasión espera que el Gobierno no ejerza su prerrogativa y, si lo hace, tendrá que argumentarlo mejor para contar con su apoyo.

Los grupos políticos baleares han intentado ofrecer una imagen de consenso con la presentación de esta iniciativa contra las prospecciones, aunque en las últimas semanas han mostrado diferencias por la reactivación del proyecto de sondeos acústicos Medsalt-2, que vuelve a tramitar el Gobierno, iniciativa que el PP defendió al principio por su carácter «científico», aunque Prohens no ha querido abundar en las discrepancias «por respeto» a la unidad.

Silvia Tur, que ha ejercido de portavoz de todo el arco parlamentario, ha puesto de manifiesto que, si ya estuviera aprobada la ley que respalda el PP balear, «el Medsalt no sería una amenaza», porque el proyecto que impulsará el Parlament prohíbe investigaciones científicas lesivas para el medio ambiente.

El Congreso aprueba a iniciativa de Ciudadanos pedir al Gobierno que prime la interconexión energética en las relaciones con Francia

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Europa Press.- El Congreso ha reclamado al Gobierno que priorice en su relación bilateral con Francia la necesidad de avanzar de forma conjunta en la interconexión eléctrica y gasística con el país vecino y reforzar las relaciones con el norte de África para mejorar las conexiones energéticas, introduciendo «objetivos ambiciosos para 2030».

Así figura en la iniciativa pactada por Ciudadanos y PDeCAT, a raíz de una proposición registrada por la formación naranja en el Congreso aprobada en la Comisión de Exteriores con la abstención de Unidos Podemos y ERC. El texto finalmente aprobado pide que la cooperación en materia de energías renovables sea «uno de los pilares de la diplomacia española respecto a los países del norte de África, dado el potencial conjunto de España y de estos países para la instalación de renovables como la solar».

Asimismo, el Congreso quiere «maximizar» los recursos humanos y económicos de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores «con el objetivo de mejorar la cooperación entre organismos competentes en materia de cooperación en las interconexiones eléctricas y gasísticas». En este sentido, pide al Gobierno que trate de asegurar el suministro energético a través de su política diplomática, «con especial atención al incremento de interconexión energética, tanto eléctrica como gasista, de España con sus países vecinos».

Objetivo: impulsar el gasoducto MidCat

Todo ello, reza el texto aprobado por el Congreso, «en coherencia siempre con los objetivos firmados en el Acuerdo de París, y asumiendo que España tiene la oportunidad de liderar con una propuesta ambiciosa de lucha contra el cambio climático». Así, pide que dentro de la Unión Europea impulse el cumplimiento de los objetivos comunitarios de interconexiones energéticas «en línea con el objetivo de la Comisión Europea de completar la Unión de la Energía y establecer un mercado único energético». «En este sentido y a corto plazo, impulsar la rápida ejecución del MIDCAT entre Hostalric y la frontera francesa«, apostilla.

Por último, también llama a acompañar la llamada «diplomacia energética» con «una apuesta por la diplomacia científica», con el fin de lograr una «cooperación estrecha» entre expertos españoles y de países vecinos «para desarrollar proyectos de investigación conjuntos en materia de tecnologías sostenibles, materiales bajos en carbono y sistemas de captura y reutilización de carbono que beneficien la seguridad energética».

Ciudadanos insta al Gobierno a aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con objetivos para el año 2050

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EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario Ciudadanos ha instado al Ejecutivo a aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que fije un marco legal y de gobernanza que situé el análisis científico independiente en el centro de las políticas del país y establezca objetivos vinculantes y ambiciosos para lograr la descarbonización de la economía en 2050.

En una proposición no de ley (PNL) registrada en el Congreso, Ciudadanos argumenta que España «debe volver a jugar un papel relevante en Europa y en el mundo» en la lucha contra el cambio climático «aprovechando su potencial para la economía sostenible». Recuerda que en 2015, el Acuerdo de París evidenció la voluntad global de adoptar acciones ambiciosas contra el cambio climático, pero España «no está cumpliendo», al no haber suscrito el pacto final del carbón ni disponer aún de una ley de cambio climático.

Recientemente, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, afirmó que el Gobierno está esperando a que se apruebe la correspondiente norma europea para después hacer la trasposición al ordenamiento jurídico español como «se han hecho siempre las leyes en nuestro país», sentenció. Unas palabras que van contra lo apuntado por la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que indicó que esta ley se elaboraría a comienzos de 2018. En opinión de Ciudadanos, «España no juega un papel activo en el debate europeo sobre estrategias climáticas y energéticas a medio y largo plazo y debe ocupar el puesto de liderazgo que le corresponde en la Unión Europea como una de las democracias más prosperas del mundo».

Por ello, Ciudadanos reclama al Gobierno que mejore los instrumentos de promoción de la eficiencia energética en edificios y urbanismo, impulse la «compra pública verde» en España para que el sector público cumpla con su papel ejemplificador, desarrolle campañas de educación e información a los ciudadanos sobre consumo responsable y elabore planes sectoriales de adaptación y mitigación del cambio climático para aquellas actividades estratégicas como el turismo o la industria 4.0, entre otros. Para Ciudadanos, España «no puede permitirse quedarse rezagado, porque los costes de la inacción pueden ser catastróficos y porque la economía sostenible es uno de los vectores más potentes de desarrollo económico».

«España no puede permitirse quedarse rezagado en la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático», apunta la formación. En este sentido, Ciudadanos recuerda los récord en temperaturas registrados desde 2014, la desertificación que, según los expertos, es un problema real o una amenaza para una parte muy importante del territorio español, o los incendios, la erosión y la salinización consecuencia de este problema en los últimos años. «Un reciente estudio del Gobierno calcula que la España de tipo húmeda o semihumeda pase de ocupar el 50,62% de media del periodo 1971-2000 al 28,54% de nuestro territorio en el 2071-2100», alerta la portavoz parlamentaria adjunta de Ciudadanos, Melisa Rodríguez.

Por ello, reclaman esta norma, pero, también, el conjugar «el enfoque medioambiental con el crecimiento» como «única manera de avanzar en esta fase del desarrollo de las sociedades occidentales». Para Ciudadanos, no es deseable un ecologismo contrario a las necesidades de las poblaciones humanas y tampoco un desarrollo de espaldas a las necesidades de respeto y sostenibilidad en el medio.