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La ministra Ribera pide a las compañías eléctricas que se pongan de acuerdo sobre el futuro de las centrales nucleares

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido a las eléctricas que actúen «de manera sosegada y sensata» y les ha invitado a ponerse «de acuerdo sobre los planteamientos en los que comparten intereses«. En su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica en el Senado, Ribera se refirió así a la reunión que mantuvo con los máximos directivos de Iberdrola, Endesa y Naturgy para abordar el futuro de las nucleares en España.

La ministra indicó que las nucleares son «una pieza más del puzzle» sobre la visión de conjunto que recogerá el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que está ultimando el Gobierno. Asimismo, Ribera subrayó que la reunión, celebrada a petición de las tres grandes eléctricas, no será «la última conversación» que tendrá el Ejecutivo «ni con ellas ni con ningún otro agente del sector».

Según fuentes conocedoras del encuentro, el Gobierno y las principales eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, pusieron sobre la mesa en la reunión un cierre «escalonado» para las centrales nucleares en España, que será abordado «central por central», aunque de tal manera que nunca se produzca el cierre antes de 2025, pero con un horizonte para la clausura de 2035 o 2036. Ribera mantuvo una reunión al máximo nivel con los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Sánchez Galán y Francisco Reynés, respectivamente, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas.

Disputa política extremeña sobre Almaraz

Por su parte, el PSOE de Extremadura cree que se ha «despejado el futuro a medio plazo» para la central nuclear de Almaraz, mientras que el PP ha criticado que se haya acordado una «prorroguita para el cierre». Así, Podemos ha defendido que «ya es hora de que haya políticas valientes en esta comunidad» en relación a la planta nuclear, y Ciudadanos ha abogado por que exista una «compensación» para la zona en la que está enclavada la central nuclear.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha valorado que esta fue una reunión «muy importante» ya que «deja despejado en un entorno del medio plazo el futuro de Almaraz», y que a su juicio demuestra que el presidente de la Junta «tenía razón cuando exigía que haya un plan energético en este país para ir de las centrales nucleares a la energía limpia».

Un cambio que se debe hacerse «con una transición que permita que la comarca del Campo Arañuelo tenga un plan de futuro, un plan de empleo y un plan de desarrollo» en la zona, ha señalado Valentín García, quien ha destacado que todos los proyectos en energías renovables que existen «van a permitir que la comarca de Campo Arañuelo sea una comarca con mucho futuro». Por eso el portavoz socialista reiteró que esta reunión «despeja el futuro a medio plazo para la central nuclear» y da «el tiempo suficiente para que cuando se produzca el cierre» de la planta, la comarca tenga «un futuro despejado de empleo y actividad económica».

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha lamentado el «anuncio de prorroguita» de Almaraz que se ha realizado, cuando lo cierto es «tanto Vara como Sánchez como el señor Navarro están trabajando sin descanso por el cierre» de la planta cacereña, ya que «estaba en su programa electoral». Teniente ha recordado que el presidente de la Junta «votó hace 3 meses en este Parlamento el no a la prórroga de la central nuclear de Almaraz» ante una iniciativa del PP, tras lo que ha señalado en la actualidad no se está hablando «de una prórroga» de la planta, sino «de una prorroguita para el cierre».

Se trata de una «prorroguita» de Almaraz para que «mientras tanto hagamos lo que se quiere hacer, ayudar a instalar ahí las plantas fotovoltaicas que tengan el punto de evacuación en Almaraz», tras lo que reafirmó Teniente que, para que «se cumpla este interés, hace falta que no haya almacén» temporal de residuos. Por eso ha señalado que el exconsejero extremeño de Economía, José Luis Navarro, «está donde está», nombrado como presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), ya que «una de sus primeras decisiones ha sido cerrar la inversión en el almacén».

Teniente recordó que Navarro «se posicionó de forma clara y contundente contra la energía nuclear y contra el almacén porque tiene sus propios intereses», que «están en la energía renovable» en la zona. Frente a ello, la portavoz parlamentaria del PP ha defendido la necesidad de una «prórroga sólida» para la central de Almaraz, que «venga con inversiones y con proyección de un futuro, hasta que haya una alternativa real en la zona«, que en la actualidad «no la hay».

La presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, Irene de Miguel, ha considerado que la central de Almaraz «está ya amortizada» y cuenta con unos «jugosos beneficios», por lo que «era más que previsible que pidieran la prorroga los propietarios» de la planta En ese sentido, la diputada de Podemos ha tachado de «irresponsables» y «políticos mediocres» a los que defienden que «no puede haber cierre de Almaraz hasta que no haya un plan de empleo», pero sin embargo, «no ha hecho nada en los últimos años para que haya una alternativa», ya que a su juicio «no están a la altura».

Y es que, en la actualidad, «la transición energética es el futuro» ante el que «o bien queremos ser punta de lanza, o bien ser los últimos del vagón», señaló De Miguel, que considera que «ya es hora de que haya políticas valientes en esta comunidad». En ese sentido, De Miguel ha criticado que PSOE y PP «han querido vendernos una central eterna y segura, y ni es eterna ni es segura», tras lo que ha defendido que «cerrar Almaraz no es solo una cuestión de seguridad, que lo es», sino también «una cuestión económica, porque cuantos más residuos genere Almaraz, más dinero vamos a necesitar para gestionarlos«, ha dicho.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha abogado por que la central nuclear de Almaraz no se cierre «sin tener planes alternativos de empleo para una zona importante que ha soportado durante más de 40 años el tener una central nuclear en su territorio». En ese sentido, Domínguez considera que «deber haber una compensación» para esa zona, ya que a su juicio los extremeños, al margen de algunas manifestaciones que se han realizado por grupos ecologistas, no han dicho «casi nada» y se han «aguantado por tener aquí una central nuclear».

Ciudadanos critica que el Gobierno socialista haya prorrogado la plataforma petrolífera Casablanca que opera Repsol en Tarragona sin informe medioambiental

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Europa Press.- Ciudadanos cuestiona que el Gobierno decidiera prorrogar la concesión de la plataforma Casablanca para la explotación de hidrocarburos, que opera Repsol, sin contar con ningún estudio de impacto ambiental, y se pregunta si este expediente no debería haber sido sometido a este trámite, de acuerdo con las directivas comunitarias de evaluación de impacto ambiental y de protección del medio marino.

Así lo manifiestan a través de una batería de preguntas registrada en el Congreso por los diputados Fernando Navarro, José Luis Martínez González y Sergio del Campo, para la que han solicitado respuesta escrita del Gobierno. «Parece haberse hecho atendiendo meramente al cumplimiento de los requisitos legales por la concesionaria, pero sin ningún estudio de impacto ambiental, todo ello en una zona especialmente sensible desde el punto de vista medioambiental como es el Mediterráneo», inciden. Por ello, preguntan si esta prórroga era «obligatoria o potestativa para el Gobierno» y, si así era, qué razones llevaron a ello y si esta decisión es congruente con «la política de avanzar en la transición energética hacia un modelo descarbonizado, libre de combustibles fósiles».

El Congreso pide aumentar las primas a la cogeneración eléctrica y un plan para la renovación de las actuales plantas

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Europa Press.– La Comisión de Transición Ecológica del Congreso ha aprobado una iniciativa que reclama al Gobierno el aumento de las retribuciones a la cogeneración, así como la puesta en marcha de un plan de renovación de las actuales plantas que permita mejorar su eficiencia. Este sistema de producción de energía permite obtener, al mismo tiempo, energía eléctrica y energía térmica, aprovechando el calor generado, y normalmente se suele obtener mediante la combustión de combustibles fósiles, como el gas o el petróleo.

Solo el PP se abstuvo

La iniciativa, defendida por Compromís y finalmente acordada con PSOE y Unidos Podemos, ha sido respaldada también por Ciudadanos y Esquerra Republicana, mientras que el PP optó por abstenerse. El texto aprobado por el Congreso reclama concretamente «revertir los recortes en la retribución» incluidos en los decretos y órdenes donde se regula la producción de energía eléctrica a partir de energía renovables, cogeneración y residuos, y «recuperar un régimen retributivo razonable que prime la eficiencia».

Asimismo, insta a «poner en marcha un plan de renovación de las actuales plantas de cogeneración para fomentar la alta eficiencia» para evitar su paralización, y que este plan incluya un informe que analice el potencial de la cogeneración, proponga retribuciones que la fomente e indique las necesidades de renovación de las centrales, así como procedimientos que incentiven sustituir combustibles y generar el menor impacto posible en el medio ambiente.

Ciudadanos cuestiona la decisión del Gobierno de aprobar por decreto algunas medidas de la nueva Ley de Cambio Climático

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Europa Press.- Mientras las organizaciones ecologistas piden a España que apueste por exigir niveles de CO2 más ambiciosos a los vehículos, desde Ciudadanos cuestionan la forma en la que el Gobierno quiere aprobar la nueva Ley de Cambio Climático. Según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la norma estaría aprobada en diciembre y su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la puerta a sacar adelante algunas medidas «urgentes» por decreto ley. Los naranjas buscan ahora una aclaración sobre este interminable proceso.

Los de Albert Rivera denuncian que el Ejecutivo ha ido ofreciendo información sobre este texto, sin concretar en ningún momento cuáles son sus intenciones reales. La ministra aseguró el pasado mes de noviembre que el texto se está «ultimando» y que estaba abierto un debate en el seno del Gobierno sobre la «conveniencia de anticipar» la aprobación de algunos de los elementos más urgentes que se recogen en él. En concreto, aquellos destacados por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, como los más necesarios.

La aprobación de un decreto ley que, después, se tramita como proyecto de ley en el Parlamento es la fórmula a la que ha dejado abierta la puerta Ribera, sin confirmar si es el procedimiento elegido. Tampoco el presidente del Gobierno explicó cuál sería es el procedimiento a seguir para aprobar esta norma «antes de que acabe el año», tal y como anunció en el Congreso. A los naranjas les preocupa que el Gobierno piense que el proceso legislativo ordinario de consultas, tanto la pública como a los órganos consultivos preceptivos, sean «innecesarios» o «poco adecuados» y quiere que el Ejecutivo aclare qué informes técnicos va a consultar en el caso de aprobar la Ley a través de un decreto.

«En la lucha contra el cambio climático, tan importante como los objetivos sobre los que se trabaja es cómo se trabaja», advierte Ciudadanos en una iniciativa registrada en el Congreso, en la que precisa que «el diálogo, la inclusión, la participación de todos los agentes sociales interesados y un amplio consenso político son clave para tener éxito en un reto tan importante como es la lucha contra el cambio climático».

Menos emisiones en los vehículos

Las organizaciones ecologistas han pedido al Gobierno que eleve su ambición y apueste por exigir niveles de emisiones de CO2 para los vehículos ya que en la actualidad España tiene una posición intermedia en las negociaciones europeas sobre esta cuestión. Países como Alemania tratan de rebajar los objetivos a una propuesta que es crucial para conseguir los objetivos de París. Según denuncia ECODES, si Alemania gana este «pulso», «no habrá otra oportunidad para disminuir las emisiones de CO2 en vehículos hasta dentro de 10 años.

Las organizaciones Ecodes, Ecologistas en Acción, Eco-unión y PTP, socios nacionales de Transport&Environment, consideran que una reducción del 35% en 2030 es «insuficiente» para cumplir el Acuerdo de París sobre todo teniendo en cuenta que el transporte supone el 27% de las emisiones de CO2 en la Unión Europea, y es el único sector que continúa aumentando emisiones. En este contexto, reclaman al Gobierno que mantenga los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para 2030 en el 40% que votó el Parlamento Europeo y que, en cualquier caso, no bajen del 35% reales. Además, piden que se establezca como obligatorio el uso de medidores de consumo de combustible que dificultarían que los fabricantes puedan manipular los resultados de emisiones.

“Recompensa a los híbridos enchufables”

Para este grupo de organizaciones, España no debería apoyar la enmienda introducida por el Consejo de la Unión Europea porque consideran que «recompensa en exceso» a los híbridos enchufables, que no están exentos de emisiones invernadero. A ese respecto, advierten de aceptarse esa enmienda se motivaría a los fabricantes a seguir fabricando coches contaminantes, lo que convertiría un 35% de reducción en 2030 en un 31,8%. Asimismo, aconsejan limitar el conteo doble de vehículos eléctricos para mercados menos desarrollados a no más del 5% de las ventas de vehículos eléctricos por los fabricantes de automóviles.

De forma paralela las organizaciones recuerdan que en el Consejo de la Unión Europea se negocia también la implantación de estándares de CO2 para vehículos pesados y su nivel de ambición. Se trata de la primera vez que fijen estándares sobre consumo de combustible para camiones. La medida cuenta con apoyo de la industria por lo que los ecologistas opinan que es «sorprendente la falta de ambición» de la Comisión Europea y de los Estados miembro, incluyendo España. «Si nuestro Gobierno realmente quiere descarbonizar el transporte a largo plazo, España ha de defender la aprobación de estándares ambiciosos, pues sólo así la industria acelerará los cambios necesarios para hacerlo asegurando así los empleos asociados», concluyen.

El Congreso reclama al Gobierno que las nuevas concesiones hidroeléctricas reviertan parte de sus beneficios al Estado y los consumidores

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Europa Press.- El pleno del Congreso ha reclamado al Gobierno, con el voto del PP, PSOE y Unidos Podemos, que las nuevas concesiones hidroeléctricas reviertan parte de sus beneficios al Estado, las confederaciones hidrográficas, los consumidores de electricidad y los municipios afectados.

Todo ello una vez se descuente un «beneficio industrial razonable» para su explotador, teniendo en cuenta «la realidad de un sector ya maduro», según reza la moción impulsada por Unidos Podemos, y finalmente pactada con PP y PSOE. Este texto ha contado con el apoyo del resto de grupos, a excepción de Ciudadanos y UPN, que se han abstenido, y de Foro Asturias, que ha votado en contra. Con esta moción, el Congreso ha reclamado que la explotación de estos aprovechamientos hidroeléctricos supongan la inversión de al menos del 20% de los ingresos que se deriven de las mismas en los territorios afectados, con el fin de combatir la despoblación.

El texto también pide al Gobierno el desarrollo de «un marco jurídico estable en materia de reversión de los saltos hidroeléctricos» de cara a la extinción de concesiones, y que en este marco se reconozca el agua «como un bien de dominio público que debe gestionarse desde la perspectiva del interés general, apoyándose en el principio de unidad de cuenca». Así, pide que, una vez venzan las concesiones, la titularidad pase a manos públicas, y que en caso de que se otorguen nuevas concesiones, se realicen mediante concurso público y con una serie de condiciones.

Concretamente, con unos plazos de 5 años, elevándose hasta los 30 años cuando haya inversiones, pero nunca superando el período de amortización, y con la obligación de «seguir las consignas del operador del sistema» eléctrico con el fin de «facilitar la entrada de energías renovables y de contención del precio de mercado«. Para la extinción de las concesiones, pide garantizar la transparencia e información a las comunidades autónomas, entidades locales y ciudadanía sobre la situación administrativa de cada salto y la caducidad de su concesión.

Reducir las emisiones de CO2 y usar más las energías renovables, principales soluciones de los españoles contra el cambio climático

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Europa Press.- Ocho de cada diez españoles (83,4%) consideran que existe el cambio climático y un 93% cree que la acción de los seres humanos, la industria, los coches y los gases están influyendo en este fenómeno. De ahí, que las principales medidas que los españoles sugieren contra esta situación son la reducción de emisiones invernadero y el uso de energías renovables.

Así se recoge en el barómetro del CIS, que incluye una serie de preguntas sobre el cambio climático y la percepción que tienen los españoles sobre diferentes aspectos. Los resultados muestran que dos de cada tres españoles considera que las inundaciones y fenómenos que se registraron en los últimos años son consecuencia del cambio climático, pero una mayoría (el 62,7%) cree que aun «se puede parar y dar marcha atrás». Asimismo, un 88% piensa que hay que modificar conductas, mientras que sólo un 4,1% no lo ve de esta manera.

Entre las medidas que los españoles creen que se deberían fomentar en la lucha contra el cambio climático destaca la reducción de emisiones, que defiende un 62% de los encuestados, seguido del uso de energías renovables (42,5%). La sustitución de coches que usan gasolina y gasoil por vehículos eléctricos e híbridos es, con un 23,2%, la tercera medida preferida de los españoles, antes de gestionar adecuadamente los residuos (21,6%). Poner impuestos a las industrias contaminantes o cambiar las calefacciones que usan combustibles fósiles son otras medidas que más apoyo reciben.

En cuanto a la labor de los partidos en esta materia, el 88% cree que le dedican poca o ninguna atención, siendo los partidos de izquierdas los que «más están haciendo por ocuparse del tema». Así lo piensa el 33,3% de los encuestados, frente al 2,8% que cree que son los de derechas quienes más se preocupan, y el 2,4% que respondió que son los partidos de centro. Aún así, el 31,9% cree que no hay «ninguno» que esté haciendo algo contra el cambio climático.

Por partidos, Podemos es el mejor valorado, pues lo marcaron un 9,8% de los encuestados. Le sigue con el 6,9% el PSOE, un 3,6% Los Verdes, un 2% el PP, un 1,5% PACMA, un 1,3% Ciudadanos, un 1,2% IU y con un 1% Equo. Aún así, el porcentaje más alto de esta respuesta, un 15,3% es «Ninguno«. Para la mayoría de los españoles, los partidos deberían dar mucha (36,9%) o bastante (44.6%) importancia a este tema en sus programas electorales. Sin embargo, la mitad de los encuestados (50,9%) reconocen que poco o nada les influye esta materia a la hora de votar a una formación.

El Gobierno podría adelantar aspectos urgentes de la Ley de Cambio Climático mientras Ciudadanos denuncia su “baja técnica legislativa”

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Europa Press.- Mientras Ciudadanos ha pedido explicaciones al Gobierno acerca del asesoramiento y los informes utilizados por el Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar el proyecto de Ley de Cambio Climático, la ministra Teresa Ribera confirma que el Gobierno podría adelantar los aspectos más urgentes en materia de energía en un Real Decreto ley, aunque prevé «en las próximas» semanas presentar un texto base que garantice una «buena ley» en la que las premisas principales cuenten con «suficiente debate público y consenso«.

En este sentido, Ribera ha defendido que el Gobierno ha trabajado en un texto «bastante completo y amplio» y que, de momento, está «barajando» si algunas de las cuestiones recogidas en él y que considera «urgentes» deben ser «adelantadas» en forma de Real Decreto Ley. Respecto a las fechas, ha precisado que el texto provisional se compartió con los grupos parlamentarios, que ahora están recogiendo sus comentarios para incorporarlos y, precisamente, se está «ultimando» la actualización de este documento «oficial» que será presentado para su debate público «en las próximas semanas», sin perjuicio de que algunos aspectos puedan ser adelantados.

En cuanto a la ambición y liderazgo en materia de lucha contra el cambio climático, apuntó que el Ejecutivo quiere intentar liderar ese proceso sin que «nadie» desde fuera imponga nada, sino porque desde dentro parece lo más responsable para los españoles de hoy y los españoles de mañana y garantizar que hijos y nietos puedan tener un contexto de prosperidad de acceso a la energía, de agua, de estabilidad, de paz importante. «Eso requiere liderar o facilitar un proceso de cambio sin que se produzcan grandes tensiones», ha manifestado.

La propuesta, según ha recordado, pasa por reducir un 20% las emisiones en 2030 respecto a 1990, lo que supone reducir 37 puntos las emisiones. En ese sentido, ha concluido que plantear en 11 años una transformación «tan importante» del modelo energético, con la capacidad de digestión que ese cambio requiere, es un esfuerzo colectivo importante» y por ello ha dicho que busca el consenso sobre esta transición para que sea independiente de quien gobierna.

Ciudadanos pide explicaciones al Gobierno

Por otro lado, a Ciudadanos le llama la atención la «indefinición y baja técnica legislativa» del proyecto de ley, que contiene «más de una decena de mandatos al Gobierno». Apunta la formación naranja que parece más una proposición no de ley, que insta al Ejecutivo a hacer algo, que una norma que recoja obligaciones. Por el contrario, sí existe una «concreción sorprendente», considera Ciudadanos, en lo que se refiere a medidas contra la contaminación y las emisiones. «Este es el caso de la prohibición a partir del año 2040 de la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono», apuntan.

Para Ciudadanos, este cambio «tan radical» tendría «efectos directos sobre la industria de producción del automóvil en España», siendo el país el octavo del mundo en esta materia, con 2,8 millones de unidades producidas en 2017. En este sentido, recuerda que, en la actualidad, se fabrican 5 modelos de vehículos eléctricos en España, 4 de ellos furgonetas, que suponen unas 10.000 unidades. El partido que preside Rivera cree que una medida así debería ser presentada con tiempo y en el marco de un plan general a sindicatos, asociaciones empresariales y usuarios. «Y éste no parece ser el caso», apunta, para pedir explicaciones al Gobierno sobre los datos consultados para incluir esta iniciativa en la ley.

A través de una iniciativa parlamentaria, Ciudadanos también pide explicaciones sobre el objetivo de lograr 100.000 rehabilitaciones de edificios al año para obtener ganancias en eficiencia energética, y que también se incluye en el texto. Los naranjas aseguran que los estudios independientes, como el de la Fundación La casa que ahorra, fijan en torno a 350.000 viviendas anuales el ritmo necesario para cumplir con los objetivos para 2030 y 2050.

«Para Ciudadanos es una prioridad aprobar una Ley de cambio climático y transición energética para España», explica el partido, que para ello ve necesario establecer objetivos vinculantes ambiciosos para lograr la descarbonización de la economía en 2050«. A su juicio, ese marco normativo para la economía sostenible del siglo XXI debe asegurar «fuertes inversiones y guiar una transición de primera magnitud» y «no puede ser fruto de la improvisación» como, en su opinión hace el Ministerio, sino de «una planificación exhaustiva y un amplio consenso».

El Gobierno reafirma el «compromiso» de España con la transición justa mientras Rivera pide que haya «consenso y no decretazos»

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Europa Press.- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al Gobierno que para la Ley del Cambio Climático y Transición Energética se llegue a «un acuerdo de consenso y no decretazos» de modo que el Ejecutivo, «en vez de gobernar por decreto, gobierne escuchando al Parlamento». Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó ante la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia) el «compromiso» de España con la lucha contra el cambio climático en el marco de una transición justa.

Así lo indicó la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, considera que «no es posible avanzar» en una agenda de descarbonización si no se tiene en cuenta a los trabajadores y las poblaciones más vulnerables. En ese sentido, ha dado el apoyo de España a esta cuestión y ha puesto de ejemplo el acuerdo que firmó el Gobierno el 26 de octubre con los mineros porque es «posible» hacer una transición baja en carbono «teniendo en cuenta a todo el mundo» y aprovechando las nuevas oportunidades que propiciará el modelo verde.

Además, Ulargui tiene expectativas de que en la Cumbre de Polonia se cerrará una agenda técnica con las reglas para que el Acuerdo de París sea «aplicable de manera urgente» y que se pueda medir «lo lejos» que está la comunidad internacional del objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 2ºC y a 1,5ºC que se recogen en el Acuerdo del Clima.

Aportar compromisos ambiciosos en COP24

Asimismo, ha añadido que en la COP24 hay que hablar de «ambición» para ver como se reduce la brecha entre los compromisos sobre la mesa y los datos de la ciencia. «Tenemos que poner compromisos más ambiciosos para entre todos realmente reducir los impactos del cambio climático y para promover esa economía descarbonizada que va a generar numerosos empleos y oportunidades para modernizar la economía«, ha manifestado. En ese sentido, ha afirmado que la postura y la ambición de España en la COP es «clara» y ha subrayado que desde que el Gobierno tomó posesión anunció «claramente» que quería ir hacia una descarbonización de la economía en 2050 y a un objetivo ambicioso en 2030.

Ha admitido que estos objetivos repercutirán en «todos» los sectores y, en particular, al energético o la automoción, y cree que las señales generan «credibilidad, certidumbre» y hay que poner sobre la mesa las políticas y medidas para acompañar a todos en el objetivo. A nivel nacional, manifestó la voluntad de participación en la elaboración del borrador de la ley de cambio climático al que en este momento, según ha precisado, se están incorporando las aportaciones recibidas. «Tenemos la esperanza de poder aprobarlo cuanto antes para realmente aportar esa ambición adicional de España para aportar el liderazgo que necesita España en esta transición energética», concluyó.

Rivera pide “consenso, no decretazos»

Por su parte, Rivera ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez «una ley de transición energética para consensuarla porque a este Gobierno le quedan meses, y por tanto el cambio climático no lo va a gestionar este Gobierno solo, sino que tendrán que ser futuros gobiernos y ser un asunto de Estado». En este sentido, el presidente de Cs avanzó que «si el PSOE quiere sentarse a hablar de una política energética de futuro para apostar por las energías limpias, estamos de acuerdo, pero no por decreto ya que esto es un asunto muy serio que hay que tratar en el tiempo y durará décadas».

Por ello, ha remarcado que no está de acuerdo en que «se haga por decreto», de ahí que haya solicitado al Gobierno que «escuche y se siente a negociar con los demás grupos, porque es un asunto de Estado, un asunto global», citando el acuerdo de París, por lo que «no se puede tomar por decreto», ha subrayado. En definitiva, el líder de Cs ha pedido al Gobierno que «abandone la política de decretos, que no sirve para nada, que vaya a las urnas, que convoque elecciones y que con un nuevo gobierno y con una nueva mayoría parlamentaria se llegue a acuerdos de Estado.

El PSOE recaba apoyos en el Congreso frente a la exigencia de la oposición de no elevar impuestos al diesel

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Europa Press.– El PP y Ciudadanos se han unido en el Congreso para reclamar al Gobierno que renuncie a elevar la fiscalidad al diesel por los posibles impactos que podría tener esta medida pero el PSOE recabó el apoyo de Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV y EH-Bildu para rechazar ese posicionamiento.

La diputada del PP, Teresa Palmer, criticó que el Gobierno haya apostado por una subida de impuestos, en lugar de apoyar un aumento de las compras de vehículos eléctricos «a través de un sistema potente de ayudas e incentivos», y ha señalado que el aumento de la recaudación únicamente se traslade a este plan a partir de 2020. Por parte de Ciudadanos, su diputado Rodrigo Gómez ha lamentado que el Gobierno prepare estos cambios sin planificación ni consenso con patronal y sindicatos, y ha pedido al Ejecutivo actuar con acuerdos.

Frente a esta postura, Pilar Lucio, portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, ha señalado que el «desequilibrio fiscal» en los carburantes «no se justifica en un escenario de descarbonización», máxime cuando la comunidad científica ha demostrado la responsabilidad del diésel en las emisiones de dióxido de nitrógeno y partículas, y su efecto sobre la salud. Pese a rechazar la iniciativa del PP, el resto de formaciones tampoco han garantizado su respaldo al Gobierno ante una futura subida del diésel, recriminando todas ellas la forma de proceder del Ejecutivo a la hora de avanzar sus planes en esta materia.

«No se puede ir a golpe de titular ni que los trabajadores sean los más perjudicados por el viejo modelo contaminante y también por la transición energética», ha lamentado Josep Vendrell, de Podemos, que detecta un «envoltorio ambiental, pero con fines recaudatorios» en la medida. Ferrán Bel, del PDeCAT, aclaró que su rechazo no avala las propuestas del PSOE, que deberán estudiar, así como ha manifestado Idoia Sagastizabal, del PNV, que ha pedido «no hacer demagogia» al respecto, por lo no considera «razonable» posicionarse ante una reforma aún no presentada.

El PSOE garantiza que el Gobierno facilitará en menos de 3 meses los cambios de la potencia eléctrica contratada

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Europa Press.- El PSOE se comprometió en el Congreso a impulsar en menos de 3 meses los cambios legislativos dirigidos a cumplir con varias proposiciones no de ley aprobadas en la Cámara Baja, entre ellas la relativa a facilitar los cambios en la potencia eléctrica contratada para ajustarla a las necesidades del momento y favorecer la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad del sistema eléctrico. Su objetivo es evitar que las mociones y PnLs no se queden «en una mera declaración de intenciones».

Su portavoz de Energía, Pilar Lucio, ha asegurado que no sólo apoyará la iniciativa defendida por Esquerra Republicana en el Pleno para exigir este cumplimiento, sino que garantiza que el Gobierno así lo hará en el plazo indicado de 3 meses. «Se dará cumplimiento a todas las demandas establecidas en esta moción y en los plazos que se solicita«, comprometió Lucio, que ha asegurado que el Gobierno ya trabaja, a partir de los Ministerios de Transición Ecológica e Interior, en la actualización de los planes de emergencia nuclear de las centrales de Ascó (I y II) y Vandellós (II), y que la nueva Ley de Cambio Climático incluirá el establecimiento de las redes eléctricas cerradas.

Asimismo, los republicanos reclamaban que el Gobierno haga efectiva una proposición no de ley aprobada hace menos de un mes, en octubre, en la que pedía facilitar el autoconsumo en el sector agrícola, eximiendo de trámites administrativos a las pequeñas instalaciones de autoconsumo, a excepción de una notificación previa a la conexión. Con esta iniciativa el Congreso reclamó habilitar que una instalación de autoconsumo pueda ser gestionada por un tercero, y definir una tramitación administrativa simplificada adecuada a las características de las instalaciones de autoconsumo.

Otra medida reivindicada por ERC en su moción es garantizar que se da un correcto uso de los datos de los consumidores en la sustitución de los contadores inteligentes. El texto aprobado pedía garantizar que el acceso a la información se hiciera mediante «un portal neutral», evitando así una posible posición de dominio por parte de la empresas distribuidora y comercializadora a la que esté vinculado el punto de suministro.

La iniciativa encontró el respaldo de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT y Compromis. El portavoz de Energía de ERC, Joan Capdevila, recordó que las medidas cuya aplicación exige ya han sido aprobadas en el Congreso. Asimismo, defendió que su puesta en marcha mejoraría la competitividad, como los cambios de potencia o la introducción de una tarifa estacional para pymes, o permitir en redes cerradas que diferentes industrias contaran con una sola conexión a la red.

ERC recordó que el Congreso acordó en 2017 obligar a las distribuidoras eléctricas a atender las peticiones de modificación de tarifa y potencia contratada ya permitir las variaciones voluntarias del consumidor en caso de contar con un contrato de potencia estacional. Este contrato, al que podrían acogerse pymes y cooperativas, establecería diferentes valores de potencia para cada período del año, así como tarifas y condiciones técnicas de acceso. Para cada período tarifario se contrataría una potencia, aplicable durante todo el año, y se podrían acordar cambios en la tarifa según las necesidades del cliente.

También en febrero de 2017, el Congreso instó al Gobierno a revisar, modernizar y adecuar los planes de emergencia nuclear de las centrales de Tarragona, redefinir los planes de todas las centrales para contemplar a los municipios dentro del radio de entre 10 y 20 kilómetros desde la instalación y equiparar sus mecanismos de protección civil ya incluidos en zonas más cercanas. Por otro lado, la iniciativa aprobada en mayo de 2017 sobre redes energéticas cerradas apostaba por el desarrollo de la regulación para su implantación, prevista en una directiva europea de 2009, y el desarrollo de la figura del agregador de demanda y oferta.

Tras su intervención, varios de los diputados intervinientes subrayaron la importancia de este tipo de enfoques con el fin de apremiar al Gobierno a cumplir con lo dispuesto en la Cámara Baja. Melisa Rodríguez, portavoz adjunta de Ciudadanos, apuntó que se trata de «un toque de atención» tanto al Ejecutivo actual como a su predecesor. Enric Bataller, de Compromís, cree necesario conocer qué se ha tomado en consideración por parte del Gobierno de lo aprobado en las Cortes, mientras que Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, ha lamentado «la poca credibilidad de la que gozan las proposiciones no de ley». En este sentido, ha instado a la reforma del Reglamento que se tramita en el Congreso.

Las únicas formaciones que han declinado dar su apoyo fueron el PNV, que apostó por abstenerse pues no comparte las resoluciones «en su literalidad», y el PP, cuyo diputado José Manuel Juncal ha instado a «esperar a tener bien definido el sistema eléctrico» que propone el Gobierno, y por ello ha avanzado su voto en contra. «Esperemos a ver ese árbol, porque igual nos encontramos un árbol frondoso y bonito, o bien un árbol chamuscado. Vistas las experiencias con el PSOE, me espero lo peor», ha lamentado el diputado popular.