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El Congreso rechaza tramitar la Ley de Cambio Climático del PP reprochándole los 7 años de inacción en el Gobierno

Europa Press.– El pleno del Congreso rechazó tramitar la proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética del PP, quien ha recibido las críticas de la mayoría de los partidos por presentar ahora una norma que se comprometió a elaborar durante su estancia de 7 años en la Moncloa. También ha sido una mayoría quien ha reclamado al actual Ejecutivo socialista que presente en un corto periodo de tiempo el proyecto de ley sobre esta materia.

El texto popular incluía el objetivo de reducir un 26% las emisiones en 2030 y llegar al 80% cuando se habla de los valores a cumplir en 30 años. Además, pretendía que el objetivo de energías renovables en el consumo final aumente hasta el 32% en 2030, y hasta el 32,5% en lo que respecta a mejorar la eficiencia energética.

Asimismo, proponía elaborar un plan de adaptación al cambio climático, tener en cuenta la asistencia a grupos sociales y sectores especialmente vulnerables y elaborar un plan de adaptación a las comunidades autónomas, que deberían tener en cuenta la salud, el agua y la agricultura. Del mismo modo, se incluía la creación de un Observatorio de Cambio Climático y Transición Energética formado por expertos de reconocido prestigio como asesoramiento de las políticas y medidas que se aprobaran en la materia. Para financiar toda esta adaptación al cambio climático, se establecía que las administraciones públicas destinaran, al menos, un 20% de su presupuesto anual a actuaciones para luchar contra el cambio climático.

Sin embargo, todos los partidos, excepto Foro Asturias, han rechazado la propuesta de los de Pablo Casado. Tanto PSOE como Unidos Podemos han criticado que el PP haya usado el trabajo de los funcionarios del anterior Ministerio de Medio Ambiente para «uso partidista». «Se creen que España es su cortijo», criticó el portavoz socialista Marc Lamuà, mientras que su homólogo del grupo confederal, el diputado de En Marea Antón Gómez-Reino, criticó que durante 7 años de Gobierno haya «hasta legislado en contra» del cambio climático y, «15 días después» de salir de la Moncloa, presente una ley sobre la materia.

«Tuvieron 8 años y 2 semanas después de caerse del Gobierno presenta esta ley que sacaron de no sé qué cajón», insistió el portavoz de Ciudadanos en este debate, José Luis Martínez González. A su juicio, el texto no cumple con ninguna de las exigencias que solicitaron los sectores implicados: que fuera consensuada y participativa. Del mismo modo, ha destacado la falta de medidas en materia energética, pesca, turismo, agricultura o biodiversidad, entre otros aspectos.

Desde el PNV, su portavoz Joseba Agirretxea tampoco considera el texto el más adecuado para la lucha contra el cambio climático y urge al Gobierno socialista a presentar cuanto antes el proyecto de ley al que se comprometió a su llegada al poder. Por su parte, el portavoz de ERC en esta materia, Xavier Eritja, ha reprochado al PP que ahora busque el consenso y se de cuenta de que es necesario cambiar el modelo energético «con retraso y mal».

Desde el PDeCAT, su portavoz parlamentario, Carles Campuzano, ha llamado también al Gobierno a presentar su propuesta, recordando que la duración de la legislatura es «una incertidumbre» y que sería «una lástima» que se acabara sin haber cumplido con una ley de cambio climático. Sólo Foro Asturias ha apoyado al PP, mientras que EH Bildu ha reconocido el cambio de los populares reconociendo ahora la importancia del cambio climático, aunque del texto, según han explicado, no han encontrado nada positivo.

El ahorro en la factura de la luz constituye el principal beneficio económico percibido por los autoconsumidores energéticos en España

Europa Press.- El ahorro en la factura eléctrica constituye el principal beneficio económico percibido por los autoconsumidores en España, según el estudio del proyecto de investigación PVP4Grid, financiado por la Unión Europea y en el que participan como socios españoles la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y Tecnalia.

Además, el informe destaca que la principal barrera para inversiones por parte de los autoconsumidores en España es la desconfianza en la regulación y la falta de información, «que están presentes a la hora de analizar la viabilidad económica de la instalación, a pesar de que pequeños comercios e industria ya demuestran interés». Asimismo, señala que el tiempo de amortización para consumidores domésticos, de servicios y pyme sería de 16, 12 y 7,5 años respectivamente, para instalaciones en la Península.

Este periodo es considerado largo, no tanto por el tiempo de vida útil de un sistema, que puede ser de 20 años para los cálculos económicos aunque se podría considerar 30 años sin problemas, sino porque los períodos de retorno que buscan los pequeños inversores y ciudadanos en general son «normalmente más bajos«. El informe, que examinó el marco de condiciones legales y políticas existentes en Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Austria, Portugal y España, diferencia entre tres conceptos de prosumidor, examinando el marco regulatorio: autoconsumo individual, uso colectivo de un sistema fotovoltaico dentro de un edificio, y suministro de energía solar a nivel vecindario.

El Congreso crea una comisión para investigar el almacén de gas Castor y su millonaria indemnización

Europa Press.- El Pleno del Congreso ha aprobado la creación de una comisión para investigar las posibles responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor y su indemnización, tal y como habían propuesto Unidos Podemos y Compromís y han respaldado todos los grupos de la Cámara.

El responsable de energía de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha argumentado que, pese al archivo de la querella por la Audiencia Nacional contra exministros y Florentino Pérez, propietario de ACS, el Castor «no es un caso cerrado, ni judicial ni políticamente». «Nadie ha asumido responsabilidades políticas», ha aseverado. «Tenemos que explicar por qué algunos juegan con ventaja, por qué Florentino juega con ventaja cuando muchos han tenido que cerrar su negocio», ha esgrimido Ángela Ballester, de Podemos, que ha recordado que la zona sufrió más de mil terremotos y aún no está cuantificado el impacto medioambiental ni económico de un proyecto que comenzó con un presupuesto de 481 millones en 2007 y acabó con 1.200 millones tres años después.

El PSOE se ha mostrado dispuesto a investigar «sin reservas ni prejuicios, en aras de la transparencia y el interés general», si existieron irregularidades en la concesión y la financiación, si estaban justificados los sobrecostes o si se respetó la legislación medioambiental, cuestiones de las que deberá responder el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Su diputado Artemi Rallo también ha pedido investigar si la indemnización se aprobó ajustada a derecho y por qué se pagó «de forma tan veloz» cuando, a su juicio, debía analizarse qué había pasado, recordando además que, en un primer momento, el exministro popular José Manuel Soria aseguró que Escal UGS no sería indemnizada.

Por parte del PP, Guillermo Mariscal ha celebrado que la comisión permitirá al PSOE enmendar sus responsabilidades por el proyecto que, ha recordado, llevó la firma de la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su declaración de impacto ambiental. Además, ha defendido la gestión del anterior Gobierno, que suspendió la actividad del almacén tras solicitar un informe, redujo a la mitad la rentabilidad del proyecto y modificó la ley para asegurar estudios previos de sismicidad en proyectos similares. Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha lamentado que el proyecto fuera «otro de los parches» de PP y PSOE en el sistema energético, ya que no estaba dentro de ninguna estrategia ni planificación, y sus errores han repercutido en la tarifa.

Cláusulas millonarias y Real Madrid

Por ERC, Jordi Salvador ha denunciado que ni PP ni PSOE han apostado por investigar hasta ahora el proyecto ni a realizar una auditoría técnica, y recordó que Carlos Ocaña, coautor del libro de Pedro Sánchez, fue jefe de gabinete del ministro de Industria de Zapatero, Miguel Sebastián, para después acabar siendo fichado por Florentino Pérez para el Real Madrid. «Aprobó la famosa cláusula por la que Florentino pudo cobrar 1.350 millones de euros por unas instalaciones que no funcionaban y provocaban terremotos. Solo 6 meses después de que dejara el Ministerio, lo incorporó al Real Madrid. De hecho aún sigue. Todo un ejemplo de generosidad con sus amiguetes», relató.

Ferrán Bel, del PDeCAT, ha reclamado la investigación «por dignidad y por corresponder a todos los vecinos del Maestrat y de Terres de l’Ebre que denunciaron previamente qué iba a pasar». «Lo sufrieron en sus propias carnes y ahora no puede ser que el Parlamento les decepcione», ha subrayado. Por Compromís, Marta Sorlí instó a investigar «por qué se le puso una alfombra roja a Florentino Pérez» y las razones que llevaron a PSOE a permitir el almacén de gas y al PP a aprobar de forma rápida su indemnización.

La propuesta, impulsada por Unidos Podemos y Compromís, reclama «poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras» pues, argumentan estas formaciones, no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicatoria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad con suficientes garantías. En su propuesta de investigación, las formaciones de izquierda enumeraban varios puntos a investigar en la comisión parlamentaria, como posibles irregularidades vinculadas a la financiación del proyecto, el sobrecoste de ejecución, la aprobación de disposiciones «para blindar» la inversión, la supuesta ocultación de informes que alertaban de posibles movimientos sísmicos o «la no observancia de las declaraciones de impacto ambiental».

Precisamente por esta razón, la ministra podría tener que rendir explicaciones ante la comisión por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén. Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.

José Antonio Monago, líder del PP extremeño, augura que «la central nuclear de Almaraz la van a cerrar los socialistas»

EFE.- El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que la central nuclear de Almaraz «la van a cerrar los socialistas y van a hundir tanto a una comarca entera como a la producción industrial de la comunidad autónoma».

Cuestionado por el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central, Monago ha afirmado que «el problema no es el almacén, el problema es la central, la cual hundirán los socialistas».

Monago le ha pedido al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que se pronuncie sobre este tema y sobre la inexistencia de alternativas para la comarca.

En este sentido, ha recordado que el PP ha hecho una propuesta en las Cortes para evitar el cierre unilateral por parte de una empresa en este ámbito, por ejemplo en el caso de Almaraz, en la que no han contado con el apoyo ni del PSOE, formación cuyos máximos dirigentes son «antinucleares», ni de Cs, partido que se ha puesto «de perfil».

El almacén recoge los residuos que produce la central, ha indicado, pero lo que «interesa saber es que pasará con los miles de empleos directos e indirectos y con la actividad y tributación que genera, y cómo se resolverá el aumento previsto en un 20% del precio del recibo de la luz tras el cierre de las nucleares».

El Congreso rechaza dificultar el cierre de centrales de generación eléctrica ya que para el PSOE es un “despropósito jurídico”

EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista ha definido la Proposición de Ley del Partido Popular para ampliar los criterios para denegar el cierre de las centrales de generación eléctrica como «un despropósito jurídico», cuyo único fin es hacer campaña «desleal y engañosa» para ganar votos en territorios «abandonados por el PP durante 40 años». En consecuencia, la mayoría del Congreso de los Diputados rechazó tramitar esta ley para dificultar el cierre de estas centrales de generación eléctrica.

Además del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV han criticado la proposición de Ley porque va en contra del marco regulatorio europeo y no aboga por un cambio en el modelo energético. La proposición proviene del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuando el Ministerio de Energía quiso elaborar un real decreto que dificultaba con nuevos criterios el cierre de centrales térmicas y también nucleares. Energía quería impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales, después de tener que permitir el cierre de Garoña, al decidir su propietaria Iberdrola desistir de solicitar la renovación de su licencia de explotación.

El debate se ha producido después de que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez haya expresado su intención de cerrar las centrales nucleares y en medio de un fuerte repunte del precio de la luz. Precisamente el diputado del PP, José Alberto Herrero, indicó que la iniciativa persigue impedir que el recibo de la luz suba ante la inseguridad actual en torno al cierre de las centrales de generación eléctrica por parte de las empresas. Actualmente sólo puede denegarse la autorización si la clausura de una planta de generación eléctrica afecta a la seguridad del suministro y el anterior Ejecutivo quería impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales.

«Es una propuesta que pretende establecer condiciones óptimas para hacer llegar la energía a las casas, como bien de primera necesidad y de servicio público», apuntó, al tiempo que el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, apoyó la proposición para salvaguardar los puestos de trabajo que genera la minería y el carbón en su región. Sin embargo, el resto de grupos parlamentarios han reprochado al PP que en esta proposición no se mencione ni un plan de transición para las comarcas mineras ni para salvaguardar los puestos de trabajo.

La portavoz de Energía del PSOE, Pilar Lucio, ha subrayado que la iniciativa es un «fiasco y un despropósito» ya que incide en valorar nuevos criterios provenientes de informes de varios organismos para poder autorizar el cierre, pero no aclara qué dictamen es más importante, si el de la CNMC o el de la Oficina de Cambio Climático, por ejemplo. Ha reprochado que subyace la intención de mantener abiertas las centrales nucleares y que vaya en contra del nuevo marco regulatorio de la Unión Europea.

En este sentido, criticó que el PP ha querido «utilizar» la incertidumbre de las cuencas mineras tras 6 años de Gobierno del PP para atacar al Gobierno socialista, al tiempo que lamentó que durante su etapa al frente del Ejecutivo «no se tomaron medidas en favor de las cuencas mineras y siguen sin tener propuestas viables». «El PP dice que el objeto de la norma es que las decisiones de cierre guarden coherencia con los instrumentos de planificación energética», apuntó Lucio, quien considera que dicha previsión «no existe» tras «6 años pidiéndola los agentes implicados».

Del mismo modo, ha asegurado que los criterios del PP para impedir el cierre de instalaciones de generación eléctricas son «contradictorios entre sí», al tiempo que ha reprochado que «no dan pistas de cómo piensan hacer la valoración de estos nuevos criterios». Además, ha subrayado que «su propuesta puede contradecir los principios generales de libertad de empresa». En definitiva, la diputada aseguró que no es más que una historia de «órdagos políticos, de deslealtades en las negociaciones democráticas entre partidos, de astucias y personalismos y menosprecio a los oponentes políticos«.

Finalmente, ha acusado al PP de «utilizar el parlamento para fines electoralistas», de la utilización de la «desesperación» de muchos trabajadores y de «un gran engaño que ha convertido un propósito electoralista en un texto legal lleno de errores de bulto». Mientras tanto, «las comarcas mineras tienen futuro porque el PSOE está en el gobierno y es el garante de una transición justa y lleva 40 años defendiendo sus intereses».

En esta misma línea, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha señalado que el PP «no piensa en un nuevo modelo energético ni en los ciudadanos» y ha criticado que se aborden «parches» cuando más del 70% de la factura eléctrica se vincula a «errores electoralistas«. Ha recordado que Ciudadanos aboga por un plan de transición energética y por invertir en las zonas que deben rehabilitarse así como en investigación y desarrollo para que la industria sea menos contaminante. «El precio de la luz sube por las toneladas de CO2 que también van subiendo», explicó.

Desde el PNV la diputada Idoia Sagastizabal basó su voto en contra a que la competencia estatal no puede obviar las de otras administraciones territoriales para sustituirlas y ha aludido a la indefinición de los criterios que pide aplicar. La proposición abogaba por denegar el cierre de una central si su clausura incidía negativamente en los precios, en la competencia en el mercado eléctrico, en las emisiones de gases de efecto invernadero o en el cumplimiento de los objetivos de energías renovables y eficiencia energética. También contemplaba que se pudieran establecer medidas para hacer posible que una central siguiera funcionando, entre ellas un procedimiento de concurrencia competitiva o subasta para transmitir la titularidad de la instalación a un nuevo propietario.

“En manos de las eléctricas”

Por su parte, Guillermo Mariscal, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ha denunciado que PSOE, Podemos y Cs quieren dejar en manos de las compañías eléctricas la decisión sobre el cierre de centrales de generación sin tener en cuenta ni las emisiones, ni el precio ni la garantía de suministro. «Queremos que a la hora de cerrar una central eléctrica, sea de la tecnología que sea, las compañías tengan que solicitarlo de forma adecuada tanto para los que emitan más o menos gases de efecto invernadero o si perjudica a la garantía de suministro», ha explicado Mariscal.

Mariscal ha cuestionado que PSOE, Podemos y Cs «se oponen y por tanto, prefieren que sean las propias compañías las que tomen la decisión de si cierran esas centrales sin tener en cuenta ni las emisiones ni el precio ni la garantía de suministro». El diputado popular ha explicado que esta iniciativa está dirigida a garantizar el servicio público de acceso a energía eléctrica y fundamentalmente, conseguir precios que permitan la competitividad de las empresas y que sean «sostenibles y adecuados» para las familias. Además, ha abogado por una energía que garantice siempre el suministro.

Ciudadanos propone reformar la fiscalidad de la factura de la luz y ceñir el recibo al coste del suministro eléctrico

EFE / Europa Press.- Ciudadanos ha registrado, por medio de Melisa Rodríguez Hernández, su portavoz parlamentaria adjunta, una proposición no de ley, para su debate en la Comisión para la Transición Ecológica en el Congreso, para reformar la fiscalidad en la factura de la luz a fin de que se eliminen impuestos y se concentre en lo que es el precio de la energía.

En la iniciativa Ciudadanos insta al Gobierno a hacer, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), una auditoría para determinar qué conceptos determinan el volumen actual del recibo eléctrico y qué costes deben ser asumidos por los consumidores en él. Asimismo pide al Gobierno que impulse una reforma para modificar la base imponible del IVA y del impuesto eléctrico para que dichas bases estén compuestas sólo por el precio pagado por la electricidad y el coste de las redes de transporte y distribución, excluyendo el resto de costes añadidos.

Según Ciudadanos, aunque la subida de los precios que está habiendo en el pool se debe a circunstancias de mercado (subida del precio de los derechos de CO2 y aumento del de los combustibles fósiles para generar energía), la mayor parte de la factura de la luz no se destina a sufragar el precio que alcanza la electricidad. Recuerda que, junto a los costes fijos del sistema, hay una fuerte imposición fiscal, que «avala la factura como una herramienta recaudatoria en perjuicio de la ciudadanía».

Que se note el consumo

Ciudadanos cree que se puede actuar sobre los costes fijos, en concreto sobre aquellos de «origen político» no relacionados directamente con el suministro eléctrico, que constituyen el 70% de la factura. Según Ciudadanos, ese elevado porcentaje que tienen en la factura esos costes distorsionan las señales de precio, que deberían concentrarse en el consumo, para que no resulte indiferente consumir más o menos energía. Entre los costes no relacionados directamente con el suministro está el IVA del 21% en la península, el impuesto sobre la electricidad, creado inicialmente para subvencionar el carbón nacional, así como una tasa municipal del 1,5%.

Además está el impuesto a la generación eléctrica, de un 7% y destinado a sostener los costes del sistema; la tasa hidroeléctrica, del 25,5%, para centrales de esa tecnología, y tasas nucleares, que incluyen el impuesto por combustible nuclear gastado y por generación de residuos. También está la tasa que pagan las centrales nucleares para financiar la Empresa Nacional de Residuos, Enresa; los costes extrapeninsulares y la financiación de las renovables, que se incluyen en los peajes de la factura.

Además, en la transición energética, ve fundamental contar con una factura bien ordenada; que no contenga costes fijos en la parte variable y no generé problemas de distorsión entre consumidores a la hora de optar por la generación distribuida. Asimismo, cree que esta factura debe ser competitiva en virtud tanto de las necesidades de familias y empresas como también para favorecer la movilidad eléctrica en detrimento de los combustibles fósiles.

Ciudadanos aboga por una transición «inteligente» que apueste por las renovables y garantice que los consumidores paguen sólo los costes directamente relacionados con el suministro. Ciudadanos considera «hipócrita» que desde la Administración se trabaje en un bono social para paliar las dificultades de las personas más vulnerables cuando la mayor parte del recibo son impuestos y costes políticos. En opinión de Ciudadanos, sería más eficiente trabajar por una factura que refleje los costes reales de producción y no sea una «herramienta de recaudación del Estado».

Ciudadanos alerta de que 2 millones de hogares acogidos al antiguo bono social sufrirán las subidas de la luz

Europa Press.- La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha pedido al Gobierno que explique cómo está gestionando el nuevo bono social eléctrico, al mismo tiempo que alerta de que cerca de 2 millones de consumidores acogidos al antiguo modelo sufrirán las nuevas subidas de la luz en caso de no acogerse al nuevo sistema.

Ciudadanos ha registrado en el Congreso preguntas al Gobierno para que detalle cuántas personas están acogidas al bono social, cuántas más podrán acogerse en el futuro y qué está haciendo el Ejecutivo para promover el mismo. Además, la formación naranja critica que sea la Fundación Civio, junto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la que ayude a los consumidores a obtener el bono social «en lugar del Gobierno», a través de la creación de una aplicación por estas entidades para que los usuarios puedan comprobar si cumplen los requisitos normativos para acceder a esta tarifa.

Ciudadanos ha recordado que, a raíz de unas sentencias del Tribunal Supremo en 2016, se reformó el antiguo modelo de bono social. No obstante, según apunta el partido político, hasta mayo, solo medio millón de hogares han accedido al nuevo sistema, lo que podría ocasionar que otros casi 2 millones de hogares acogidos al antiguo sistema puedan verse afectados por las actuales subidas del recibo de la luz si no se cambian al nuevo modelo.

Arias Cañete destaca el papel de la electrificación y la energía de fusión en el futuro de la Unión Europea

Europa Press / EFE.- El comisario de Acción por el Clima y Energía en la Comisión Europea, Miguel Arias Cañete, ha destacado que la electrificación y la energía de fusión «juegan un papel fundamental» en el futuro energético de la Unión Europea y en la descarbonización de la economía. «La electricidad cubre el 27% de la demanda final de energía. En 2050 estará en los alrededores del 50%, de los cuales el 80% será de energías renovables», auguró Cañete.

En la misma línea, ha añadido que la energía de fusión «puede estar llamada a jugar un papel importante» en la descarbonización porque, a su juicio, sería una fuente «prácticamente inagotable y respetuosa con el medio ambiente». «La fusión se convertiría en un complemento básico de las renovables», ha defendido. El gas natural, según Cañete, puede jugar un papel en la descarbonización a corto plazo «sustituyendo a combustibles fósiles con más emisiones de carbono». Sin embargo, según ha explicado, el gas natural se enfrenta a largo plazo al «desafío» de «empezar a ser totalmente descarbonizado».

Respecto a la energía nuclear, ha subrayado que la Comisión Europea «no toma partido» por el tipo de energía que quiera utilizar cualquier Estado Miembro, aunque ha resaltado que la «realidad» es que hay 126 reactores en funcionamiento en 14 países de la Unión Europea con una media de 30 años. En este sentido, ha señalado que el 90% de los reactores existentes «tendrían que cerrarse con vistas a 2030». En concreto, afirmó que de los 126 reactores, 50 «tendrán que cerrarse de aquí a 2025», lo que supondrá «unos costos de 263.000 millones de euros» para su clausura y gestión de los residuos radiactivos.

Para el comisario de Acción por el Clima y Energía la Comisión Europea, el parque nuclear «está envejeciendo y va a requerir inversiones significativas». «A nivel mundial el número de países que cuenta con reactores nucleares va a aumentar hasta 2040, sobre todo en China», ha precisado. Otro reto al que se enfrenta la Unión Europea en la transición energética es, según Cañete, desarrollar el almacenamiento de la capacidad excedentaria de energías renovable, a través del desarrollo de las baterías. «En la Unión Europea no hacemos nada en el almacenamiento de baterías y ahora tenemos que extenderlo en nuestra estrategia del sistema eléctrico«, ha apuntado.

Los riesgos del cambio energético son, en palabras del comisario de la Comisión Europea, «muchos» y «complejos», como el «aumento de la vulnerabilidad ante ciberataques». «Queremos que los Estados no cierren sus fronteras frente a riesgos de suministro, sino que actuemos en perspectivas regionales con solidaridad e interconexión, porque acudir al cierre de fronteras en tiempos de crisis no es la mejor solución«, ha sentenciado.

Objetivos 2030: 45% en emisiones

Por otro lado, alcanzar una reducción de un 45% desde el 40% inicial de emisiones a la atmósfera para 2030 con la adopción de una serie de medidas y legislación y con una visión regional son algunas de las metas de la Unión Europea, ha asegurado el comisario europeo. Esto se logrará si la legislación que se ha elaborado en la Unión Europea se cumple, según Cañete. El Acuerdo de París, señaló el comisario, representa un gran reto para la transición energética y ecológica de la economía mundial y hasta el momento 180 países lo han ratificado y 168 firmantes han puesto sus compromisos sobre la mesa para la reducción de las emisiones a la atmósfera responsables del calentamiento global.

El compromiso para lograr la transición energética supone para Europa asumir un liderazgo frente al resto de países, porque los europeos fueron «los pioneros en la utilización del carbón en la revolución industrial» y actualmente la Unión Europa debe abanderar la descarbonización de la economía hacia energías renovables. El objetivo es lograr un 32% de eficiencia energética en 2030, meta que se revisará en 2023 para examinar metas y costes.

Durante la mesa de debate Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el portavoz de Energía del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha apostado por «electrificar la economía» y procurar a la vez que el precio «sea el más bajo cumpliendo siempre con los compromisos medioambientales». Así, ha subrayado que el precio de la energía es un factor «muy importante» para desarrollar un país y reivindica que hay que «quitar del sistema» aquellas fuentes de electricidad que generan CO2.

Para Mariscal, la descarbonización se debería hacer «basándose en hechos científicos», por lo que ha mostrado su apoyo a una ley «que garantice los compromisos medioambientales, pero también el precio». «Si vemos una ley ideológica pelearemos. Esperemos que el Ministerio de Transición Ecológica no haya que cambiarle de nombre y llamarlo Transición Ideológica«, ha ironizado Mariscal, al tiempo que asegura que se puede revertir el «alto» precio de la energía.

Posteriormente, la portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, ha respondido que la Ley de Cambio Climático «podría haber estado ya hecha». «El grave problema del sector energético ha sido la falta de planificación y de un diseño claro, por lo que ahora tenemos que hacer un trabajo acelerado. Lo tenemos que hacer deprisa pero lo vamos a hacer bien«, ha concretado.

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente en la Asamblea de Madrid de Ciudadanos, Enrique Veloso, ha pedido explicaciones al Gobierno por las subidas que «incrementan considerablemente» el recibo de la luz. «Queremos un escenario en el que los consumidores sean el eje de la transición energética y acabar con los sobrecostes de la factura de la luz«, ha manifestado. Asimismo, Veloso apuesta por dar seguridad jurídica al ámbito energético, la defensa de la implantación de los parques experimentales en materia de I+D+i y la movilidad sostenible. «Nos preocupa el transporte de mercancías, apostamos por un plan específico para ayudar a esos transportistas para que puedan hacer el tránsito hacia una movilidad descarbonizada», indicó.

Por último, el portavoz de la Comisión de Transición Ecológica de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha señalado que el sector energético es «clave» en la descarbonización, por lo que ha defendido la «necesidad» de un plan de energías renovables que es, a su juicio, «realmente es necesario». «Nuestra idea es que las líneas básicas de nuestro planteamiento podamos abordarlas con el Gobierno y llegar a una ley consensuada. El consenso es que tenemos que disminuir las emisiones de CO2″, indicó. Sobre el debate nuclear, Uralde señaló que la energía nuclear se está eliminando «poco a poco» porque las centrales «están envejeciendo y hay que cumplir con su cierre».

El Gobierno supedita la construcción del ATC nuclear de Villar de Cañas (Cuenca) al nuevo Plan de Residuos Radiactivos

EFE / Europa Press.- El Gobierno tomará una decisión sobre el proyecto de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) en 2019, cuando acometa la actualización del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR) de 2006, pendiente desde 2011. Así lo ha confirmado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una comparecencia en el Congreso para explicar las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo tras la paralización de las obras del almacén nuclear.

Para Ribera, «tenemos un plan caducado y se ha estado planificando un ATC tomando como referencia una situación que no se corresponde con la actual, en la que las magnitudes que se manejan no se ajustan a las necesidades y con una falta de previsión en el horizonte temporal». El Gobierno solicitó en julio al CSN que dejara en suspenso la emisión del informe sobre la autorización de las obras del ATC «para analizar con detalle» la situación del mismo.

Ribera anticipó entonces que el Ejecutivo tomaría una decisión cuando supiera cuándo, qué y en qué condiciones se deben almacenar esos residuos, una cuestión en la que ha insistido al reconocer que «no sabemos de cuántos residuos hablamos y cuánto cuesta gestionarlos», por lo que «no podemos hacer una estimación razonable de los costes que puede suponer mantener o cerrar las centrales», ha reiterado Ribera, que ve necesario un «análisis profundo» de estos aspectos para tomar decisiones en esta materia y no «mantener la incertidumbre«. Asimismo, ha recordado que el PGRR de 2006 contempla un escenario de residuos producidos por centrales operadas hasta un máximo de 40 años, y, sin embargo, el Gobierno anterior «tomó decisiones para alargar su vida».

Por tanto, «lo responsable es abordar de manera prioritaria su actualización antes de embarcarnos en la continuación de un proyecto multimillonario, respecto del que ahora no tenemos aún datos reales sobre el que fundamentarlo», señaló la ministra. Para Ribera, es prioritario «introducir la coherencia y la transparencia» sobre la viabilidad de esta instalación, por lo que «estudiaremos en profundidad las inversiones realizadas hasta la fecha y su coste antes de tomar una decisión definitiva». «Sólo hemos pedido tiempo», ha matizado, porque «estas prioridades no deben abordarse por la puerta de atrás, sino de forma transparente y con un análisis profundo de los escenarios financiero, económico y de seguridad«, ha insistido.

En este sentido, ha recordado que, al no haberse actualizado el PGRR, no se han incorporado los requisitos en materia de seguridad establecidos por la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, con mayores exigencias para garantizar la gestión responsable y segura de los residuos nucleares. Y ello ha conducido a España a enfrentar un procedimiento de infracción muy avanzado a nivel comunitario por incumplir la obligación de disponer de un plan nacional de seguridad en el tratamiento de los residuos nucleares. La ministra ha reconocido que, debido a los retrasos con el almacén nuclear, ha sido necesario dar más capacidad de almacenamiento de residuos a las centrales. «Aún tenemos margen, pero no para sustituir al ATC«, señaló.

Ribera ha explicado que la decisión de su departamento de paralizar la construcción del ATC se debe a la falta de «escucha y de consenso» existente entre las partes implicadas en este proyecto, cuestionando la idoneidad de la localización decidida para el almacén, es decir, Villar de Cañas. «La capacidad de escucha y consenso es mejorable», ha señalado Ribera, quien ha recordado que la propia Cámara baja, como las Cortes de Castilla-La Mancha y el Ejecutivo de dicha autonomía, mostraron su rechazo a esta iniciativa, a pesar del cual, la construcción del ATC continuó adelante.

La ministra recriminó, además, que este rechazo se «intentó superar» con la «instrumentalización» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, según ha indicado, puso en riesgo «su legitimidad» en la toma de decisiones. Para Ribera, estas medidas no son sólo «una cuestión técnica» sino que, «requiere la participación y el consenso» de todos los actores para «anteponer el interés general» a «cualquier otra cuestión». Así, ha adelantado que su departamento pretende «escuchar» a todas las partes, englobando a «técnicos, las Cortes generales, las Cortes de Castilla-La Mancha, Gobierno de Castilla-La Mancha y ciudadanos», antes de continuar. «No podemos despreciarlos. No hay posicionamiento ideológico al respecto. Sólo rigor y el cumplimiento de las demandas legislativas desde los diferentes sectores», ha apuntado.

En este sentido, Ribera ha insistido en su intención de mantener los canales de comunicación abiertos sobre este tema con todos los actores, a pesar de que, grupos parlamentarios como PNV, Ciudadanos o PP, le han reprochado que la decisión de paralizar la construcción del almacén les llegada a través de los medios. «Nos consta que envió la solicitud de paralización en 5 de julio y llegó al CSN el día 6 de julio. Usted vino a comparecer el 11 de julio a esta Cámara y no mencionó el asunto», le ha recriminado la portavoz del PP, María Jesús Bonilla.

El Grupo Mixto ha calificado el proyecto de desfasado, ha asegurado que necesita de un análisis más exhaustivo en puntos claves como el factor sísmico que atañe a Villar de Cañas y ha urgido a la ministra a planificar un calendario de cierre de nucleares. Para el PNV, el PGRR está «obsoleto» y hay que actualizarlo. Asimismo, preguntó a Ribera si el Gobierno descarta por completo la existencia de un ATC. La portavoz vasca Idoia Sagastizabal reconoció que le «hubiera gustado que, antes de tomar esta decisión se la hubiera consultado» a los grupos porque, según indicó, se trata de una medida que pone encima de la mesa el debate en materia energética y nuclear.

La representante de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, por su parte, ha descrito la situación como «un silencio absoluto» en cuanto a la comunicación del Ministerio con el Congreso. Además, ha calificado el proyecto del ATC como «una manipulación del bipartidismo en las instituciones para marear la perdiz con el almacenamiento de residuos«. También le ha preguntado a la ministra sobre el coste que supone enviar anualmente los residuos radiactivos a Francia.

«El relato del ATC debería sonrojar a una sociedad y a su sistema político en particular que ve como estas decisiones en España tardan decenios», ha señalado en este sentido el portavoz de Transición Ecológica de ERC, Joan Capdevila. A su juicio, en el país se piensa localmente en materia energética, pero «no hay asomo de actuar, ni localmente ni globalmente». Tanto la diputada naranja como el independentista, han reclamado a la ministra un calendario sobre este proyecto, sin éxito.

Precisamente, en materia de plazos, ha pedido también explicaciones el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde, quien le ha pedido «un plan de cierre progresivo de las centrales» y un «plan de transición energética» para llegar «a un modelo 100% renovable«. «Es urgente», subraya, para señalar que el objetivo es que las plantas «no tengan que cerrarse por accidente o por cuestiones que nadie desea, sino de una forma organizada». Finalmente, ha pedido que las partidas para el ATC incluidas en los Presupuestos Generales del Estado se destinen a empleo verde

Ciudadanos pregunta al Gobierno qué medidas va a adoptar ante la subida de la luz y Fenie también exige soluciones

EFE / Europa Press.- Mientras la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España (Fenie) insta al Gobierno a ofrecer soluciones ante las «incesantes» subidas del precio de la electricidad, al haber alcanzado esta semana su máximo anual, Ciudadanos ha registrado una pregunta parlamentaria para saber qué medidas planea llevar a cabo el Gobierno ante este incremento y si considera prioritario acometer una reforma de la fiscalidad de la factura eléctrica y una auditoría de la misma para eliminar las cargas ajenas al suministro.

En este sentido, el escrito registrado por la diputada Melisa Rodríguez y los diputados José Luis Martínez y Antonio Cantó también solicita al Ejecutivo que concrete si estaría de acuerdo con erradicar el uso de la factura de la luz como «herramienta recaudatoria» donde “lo que menos importancia tiene es el consumo eléctrico”. Además, también pide conocer si para el Gobierno sigue siendo prioritario el cierre de algunas centrales que no emiten CO2 mientras mantiene otras tecnologías más contaminantes y pide que se expliquen las medidas planteadas para avanzar en la instalación de potencia renovable.

Durante los últimos días, a comienzos del mes de septiembre, el precio del mercado mayorista de electricidad ha vuelto a registrar continuas subidas alcanzando niveles récord, superando el máximo del año en dos días consecutivos. El martes día 4, el pool alcanzó los 71,31 euros MWh, y el precio de la electricidad alcanzó los 74,58 euros MWh para el miércoles día 5. En este contexto, Ciudadanos critica la “dependencia del petróleo de la economía española, el escaso desfase entre el crecimiento económico y las emisiones contaminantes que se ha podido consolidar esta década, y los “escasos” niveles de producción renovable en verano en relación con las posibilidades que ofrece España.

Asimismo, subraya que el mercado marginalista, la coyuntura internacional, los costes de los derechos de emisión de CO2 o la subida del petróleo motivan “buena parte” de este ascenso en el precio de la luz. Por ello, Ciudadanos destaca la importancia de contar con tecnologías no emisoras de CO2 en dicho mercado con el fin de contener los precios máximos marcados por los combustibles fósiles y agrega que la reforma del sistema marginalista sólo puede venir de la mano de una reforma a nivel europeo y no de forma unilateral por parte de un Estado.

Fenie exige soluciones a Sánchez

Por su parte, Fenie ha calificado de «insólita» la coyuntura de precios de la electricidad que se está alcanzando en septiembre después de que, según resaltó un análisis de Facua, el mes de agosto finalizó con el recibo de la luz más caro desde enero de 2017 y en la cuarta factura más alta de la historia. De hecho, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya anunció que comparecerá el 19 de septiembre en el Congreso para explicar las circunstancias que están determinando el incremento del precio de la factura de la luz y para abordar cambios «estructurales» y reformas «sustantivas» que permitan una evolución racional de los precios y garanticen la protección de los colectivos más vulnerables.

En este sentido, Fenie ha expresado que espera que Ribera proponga en su intervención medidas que consigan beneficiar al usuario final ya que considera que el sistema de abastecimiento eléctrico debe estar al servicio del consumidor al tratarse de un bien de primera necesidad. Asimismo, ha mostrado su apoyo al autoconsumo que, según Fenie, es parte “indispensable” de la solución, y confía en que las premisas del Gobierno sobre su favorable regulación sean materializadas pronto.

Facua ve “alarmante” la situación

De parte de los consumidores, Facua ha reclamado al Gobierno que actúe con urgencia ante el «alarmante» precio de la electricidad en la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), que alcanzó el miércoles su record de 2018 con una media de 18,02 céntimos por kilovatio/hora (kWh), que resulta de aplicar a los 14,1647 euros del precio de la energía el 27,19% de impuestos indirectos. La asociación de consumidores advierte de que este precio es un 23,8% más caro que el del mismo día de 2017, cuando el kWh se situó en 14,55 céntimos.

Por ello, la asociación ha solicitado una reunión con la ministra Teresa Ribera para exponerle sus reivindicaciones ante las «desproporcionadas» tarifas eléctricas. Entre ellas, Facua reclama que el Gobierno amplíe la definición de «consumidor vulnerable», al que la normativa comunitaria permite proteger con tarifas bonificadas. La asociación considera que el actual modelo de bono social resulta «incoherente e injusto, ya que por un lado acota sobremanera el número de beneficiarios estableciendo niveles de renta excesivamente bajos, y por otro permite que cualquier familia numerosa, por muy elevados que sean sus ingresos, pueda beneficiarse de él”.

Asimismo, apunta al modelo de subasta en el que se establecen las tarifas en el pool como principal responsable de la «injustificada» carestía del recibo de la luz ya que, en su opinión, “se trata de un sistema opaco que favorece la especulación”: una subasta basada en un precio marginal que viene determinado por la última oferta en ser aceptada, es decir, la más elevada.

Además, Facua denuncia que el modelo tarifario implantado durante el Gobierno de Mariano Rajoy «no sólo ha facilitado a las compañías nuevas subidas injustificadas sino también un «auténtico caos» para los usuarios ya que ahora no pueden conocer con antelación qué tarifas se les aplicarán y sus recibos pueden llegar a incluir hasta 744 precios distintos por la energía consumida, uno por cada hora incluida en la facturación. Facua viene denunciando que las tarifas eléctricas vulneran la legislación en materia de protección de los consumidores ya que, en su opinión, la aplicación de una tarifa distinta cada hora es contraria a la obligación que tienen las empresas de facilitar a los usuarios información sobre sus precios con la antelación necesaria.

El precio mayorista se relaja

Para el jueves, el precio de la electricidad en el mercado mayorista cedió un 4,7%, 3,54 euros hasta fijarse en 71,04 euros por megavatio hora (MWh), una caída que rompe con los dos máximos anuales consecutivos pero que representa el tercer valor más alto en 2018. Según explican expertos del sector, el precio del mercado eléctrico se ha incrementado debido, principalmente, a la subida del gas natural y el carbón en los mercados internacionales y al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2. De hecho, el precio del CO2 se ha multiplicado por más de tres: si entre mayo y agosto de este año estaba en 16,3 euros por tonelada, en 2017 se situaba en 5,1 euros por tonelada.

También hay que tener en cuenta la menor aportación de la generación hidráulica y eólica, lo que obliga a recurrir más a las centrales de gas y carbón, cuya producción de electricidad es más cara. Otro factor a tener en cuenta es la ola de calor que tuvo lugar en Europa en agosto. Estos factores, señalan los expertos, no sólo están afectando a España sino también a países como Alemania, Francia e Italia, que están experimentando subidas de precio similares. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo.