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España suma su 29ª demanda ante el Ciadi por el recorte a las renovables que denuncian inversores alemanes y suizos

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Europa Press.- España ha sumado una nueva demanda ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi en contra de los recortes aplicados a las energías renovables por las reformas del Gobierno en los años 2010 y 2014. Esta nueva demanda, que suma la 29ª contra el Estado español ante este organismo, ha sido presentada por las alemanas DCM Energy GmbH & Co. Solar 1 KG y 2 KG, Hannover Leasing Sun Invest 2 Spanien Beteiligungs GmbH y la suiza Edisun Power Europe.

Estas sociedades alemanas y suizas están asesoradas en la demanda por el bufete King & Spalding y por Gómez-Acebo-Pombo, según consta en los registros del tribunal. Esta demanda, presentada a finales de octubre, se une a las planteadas a lo largo de los últimos años ante este tribunal por compañías como Eurus Energy Holdings Corporation, una sociedad participada en un 60% por el conglomerado empresarial japonés Toyota que cuenta con 552 MW de renovables en España; la alemana E.ON, la firma portuguesa Cavalum y los japoneses de JGC Corporation, así como las firmas alemanas KS Invest y TLS Invest, Steag, BayWa, RREEF y un consorcio de 8 empresas en el que participa RWE, entre otros.

Además de en el Ciadi, otras sociedades presentaron arbitrajes contra España en otros organismos internacionales, como la Cámara de Comercio de Estocolmo o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Uncitral). En mayo se falló el primer laudo arbitral por los procedimientos abiertos en el Ciadi contra España por el recorte en la retribución a las renovables, en el que se estimaba parcialmente la demanda de Eiser Infraestructure Limited y Energía Solar Luxembourg y se condenaba a España al pago de 128 millones de euros más intereses.

De todas maneras, el fallo del tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial consideraba que “no podía ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante» para otros casos. No obstante, el Gobierno de España presentó este verano ante el propio Ciadi el recurso contra este laudo, que supuso el primer revés en las demandas internacionales por los recortes a las renovables acometidos primero a finales de 2010, con el PSOE al frente del Ejecutivo, y después en 2013, con la aprobación de la reforma del sector eléctrico del Gobierno del PP.

Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las energías renovables asciende a 7.566 millones de euros, según indicó recientemente el Ministerio de Energía a los diputados de Unidos Podemos Rosa Martínez (Equo) y Josep Vendrell (En Comú). Además, el Gobierno subraya que esta cantidad podría aumentar, ya que existían aún varias causas abiertas en las que el inversor aún no había presentado demanda. Entre todas las demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante Uncitral, que asciende a 1.900 millones de euros, casi una cuarta parte de todas la cantidad demandada a España.

Nadal asegura que la inversión de España en la futura interconexión con Francia se amortizará en 2 ó 3 años

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que la inversión que le corresponderá a España en la interconexión eléctrica con Francia por el Golfo de Vizcaya, «algo menos» de 1.800 millones de euros, se amortizará en 2 o 3 años. «Pocas inversiones tienen tanto rendimiento para el conjunto de la economía española como ésta», aseveró.

Nadal respondía así en el Senado a las críticas del senador socialista Ángel Manuel Mato sobre que España tenga que pagar el 50% de una infraestructura de la que sólo un 30% estará en territorio español y el 70% discurrirá por Francia. Álvaro Nadal, quien ha recordado que la negociación para financiar la futura interconexión la ha llevado a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española con su homóloga francesa la Comisión Regulatoria de la Energía (CRE) y no el Gobierno, ha manifestado que España pagará «como mucho» la mitad de la infraestructura, unos 800 y pico millones de euros, cifra que se podría reducir si se consigue financiación europea.

Teniendo en cuenta que el beneficio obtenido con la interconexión gracias a su efecto en los precios de la energía será de unos 350 millones de euros anuales, se produciría su amortización en 2 o 3 años, según apuntó Nadal. No obstante, insistió en que han sido los organismos reguladores francés y español los que han distribuido las cargas financieras que corresponden a cada país y recordó que todavía quedan por saber qué fondos europeos del Mecanismo Conectar Europa (CEF) aportará la Comisión Europea, que ha indicado que tiene la mejor disposición. Además, destacó que las interconexiones «son básicas» para mejorar el mercado energético y recordó que España solo ha alcanzado el 2,8% cuando el objetivo europeo es del 10%.

El ministro también ha respondido a las críticas del senador socialista por la planificación energética del Gobierno y el coste que están teniendo las reclamaciones de inversores por el cambio en el régimen de la retribución a las renovables que hizo el Gobierno del PP. Aseguró que la reforma energética evitó que la luz subiera un 42% a los españoles, lo que supone un ahorro anual de 5.000 millones de euros en su factura de la luz, frente a la suma de 2.000 millones a los que España podría hacer frente por los arbitrajes interpuestos contra el cambio de regulación. «Puede echar la cuenta, 5.000 millones por 25 años de ahorro frente a 2.000 millones de arbitrajes”, presumió el ministro.

Asimismo, Nadal ha recordado que el laudo del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) que multó a España con 128 millones de euros por los perjuicios causados al fondo británico Eiser está recurrido. El ministro ha añadido que, además, 2 arbitrajes fueron 100% favorables a la reforma energética del Gobierno, sobre la que la Comisión Europea ha dicho que cumple con la normativa europea. Nadal ha negado que la política energética del Gobierno cause desconfianza a los inversores y ha dicho que prueba de ello es que en las dos últimas subastas para adjudicar potencia a instalaciones renovables se han asignado 8.000 megavatios (MW) en unos proyectos que cuentan con una «cantidad enorme» de inversores internacionales.

Compromís quiere saber cuánto le pueden costar al Estado los arbitrajes internacionales por los recortes retributivos a las energías renovables

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Europa Press.- Compromís quiere saber a cuánto puede ascender el coste de los juicios que tiene abiertos el Estado por los recortes a las energías renovables, teniendo en cuenta que el primer juicio en el Ciadi se saldó con una condena de 128 millones de euros más 20 millones en asesoría, y aún hay 25 litigios pendientes.

El diputado de la formación naranja, Ignasi Candela, ha registrado una pregunta en el Congreso en la que recuerda que España lidera las denuncias de arbitraje contra su política energética, ya que empresas e inversores de Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, entre otros países, mantienen causas abiertas por los recortes que supusieron la reforma del sector en 2014. Candela ha preguntado qué iniciativas piensa llevar a cabo el Ejecutivo ante la avalancha de reclamaciones y ha criticado la postura del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ha anunciado nuevos recortes en renovables para 2019.

Por otro lado, el diputado valenciano ha preguntado por el rechazo del Gobierno a negociar con las empresas denunciantes ya que, según señala, algunos de los inversores han explicado que fueron a los tribunales de arbitraje después de que el Gobierno no contestara a la oferta de una solución amistosa del conflicto. Candela ha recordado que la primera condena a España supuso una multa de 128 millones de euros más costas e intereses, más al menos 20 millones de euros en asesoría jurídica, y que el Estado aún tiene más de 25 litigios pendientes. De hecho, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) estima el coste total en unos 7.000 millones de euros.

Un coste que, además, deberán asumir los consumidores de electricidad en España, habida cuenta de que los Presupuestos de 2017 incluyeron una disposición para poder utilizar parte del superávit eléctrico en el abono de laudos de arbitraje y que el propio ministro Nadal asumió que, en caso de perderse estas causas, la factura de la luz debería incrementarse. Una postura que critica Candela, lamentando que «se socializan pérdidas y se privatizan ganancias». «La reforma eléctrica de 2014 es injusta, perjudica la imagen en el exterior y va contra los objetivos europeos de transición energética», ha sentenciado. Tras conocerse la multa interpuesta por el Ciadi, Compromís ya reclamó la dimisión de Nadal como ministro de Energía.

Venezuela elude pagar a ExxonMobil una indemnización decretada por el Ciadi tras rechazar un tribunal las pretensiones de la petrolera

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EFE.- Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos rechazó la intención de la petrolera ExxonMobil de forzar a Venezuela a honrar las disposiciones de un arbitraje internacional vinculado con la expropiación de activos de esa compañía. El caso se remonta a 2007 a raíz de la expropiación de varios proyectos en los campos de Cerro Negro y La Ceiba, en el marco de la nacionalización petrolera aplicada por el Gobierno de Hugo Chávez, que fue recurrida por ExxonMobil en distintas instancias.

El caso fue llevado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal de disputas del Banco Mundial, que ordenó a Venezuela a compensar a ExxonMobil con la cantidad de 188 millones de dólares, después de revisarla a la baja desde la petición inicial de 1.600 millones de dólares. Un tribunal del distrito de Nueva York que vio el caso decidió en 2015 apoyar a ExxonMobil para que Venezuela honrara ese arbitraje y, en caso de negarse, se diera la luz verde para la incautación de activos de Venezuela en Estados Unidos.

Pero, después del recurso posterior, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos rechaza ahora esa decisión, y señaló que ExxonMobil debe ampararse en una legislación específica para tramitar su compensación. Esa legislación debe ser la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA, por sus siglas), donde el tribunal de apelaciones recuerda que «dictamina todos los aspectos de esta acción», según la sentencia aprobada de 61 páginas. El tribunal, con los votos favorables de 3 magistrados y 1 en contra, deja claro que las cantidades fijadas en el arbitrio fijado por la Ciadi deben ser reclamadas exclusivamente con los parámetros fijados en la FSIA.

Compromís exige la dimisión de Nadal tras la indemnización de 128 millones que pagará España por los recortes renovables

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Europa Press.- Compromís pide la dimisión del ministro de Energía, Álvaro Nadal, después de que un tribunal estadounidense haya ratificado la multa de 128 millones impuesta a España por la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi), que el pasado mayo dio la razón a dos empresas que vieron perjudicadas sus inversiones por la retirada de apoyo público a las energías renovables.

Además, la formación valenciana ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a aprobar un real decreto para evitar que el coste de los arbitrajes no recaiga en los consumidores ante el temor de que, por este asunto, se acabe incrementando el recibo de la luz. Según adelantó InfoLibre, el Tribunal Federal del distrito Sur de Nueva York confirmó la sentencia del Ciadi, que estableció que el recorte del Gobierno en renovables fue «excesivo, abrupto y devastador» y fijó una multa de 128 millones de euros. España recurrió ese laudo.

Compromís remarca en su iniciativa que, según la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), los recortes renovables ascendieron a 1.700 millones de euros y que el 80% de la inversión en el sector tenía origen español. Asimismo, recuerda que hay 26 denuncias pendientes de resolución, lo que puede originar una cascada de sentencias contra España y supondría un «alto coste para el contribuyente», puesto que durante la tramitación de los Presupuestos se dispuso que los costes de estos arbitrajes recayeran en la factura de la luz.

Según el diputado de Compromís, Ignasi Candela, esta multa de 128 millones deja en una situación de «agravio comparativo» a los inversores nacionales, que no han podido acudir al arbitraje internacional». Por eso en su iniciativa instan al Gobierno a llegar a un acuerdo con esos inversores para compensarles por las reformas. Por último, Candela ha recordado que Compromís presentó en el Congreso una proposición de ley para «garantizar una retribución mínima a los inversores» pero el Gobierno la vetó.

La patronal fotovoltaica UNEF se opone al recorte al 4% de la rentabilidad razonable anunciado por Nadal para las renovables

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera un «ataque al sector» y califica de «institucionalización de la inestabilidad jurídica» la nueva modificación de la rentabilidad razonable para las instalaciones de energía renovables anunciada por el ministro Álvaro Nadal, que bajaría del 7,38% actual al 4% a partir del 1 de enero de 2020, según indicó UNEF.

La asociación sectorial afirma que “esta medida tendría un impacto sobre la viabilidad de las instalaciones fotovoltaicas actualmente en operación, que se encuentran todavía en proceso de reestructuración tras la entrada en vigor del nuevo régimen retributivo”. En este sentido, UNEF defiende que “una nueva modificación supondría perjuicios relevantes para los bancos y los propietarios de las instalaciones, que se verán obligados a refinanciar sus proyectos, perdiendo el capital social y asumiendo mayores costes financieros”.

Con respecto al procedimiento para la modificación de la tasa de actualización que toma como valor el de la rentabilidad razonable, UNEF considera que “de tramitarla vía orden ministerial, Nadal se estaría atribuyendo una facultad que corresponde al Parlamento”. Por ello, el sector fotovoltaico considera que, para garantizar el cumplimiento de la ley, el Ejecutivo tiene que tramitar un proyecto de ley “para que el Parlamento pueda tomar la decisión final al respecto”. UNEF indicó «que la credibilidad regulatoria y la seguridad jurídica son imprescindibles para garantizar el correcto desarrollo de las empresas renovables, que desempeñan un papel fundamental en la reactivación de nuestra economía».

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, avanzó recientemente su intención de recortar la rentabilidad razonable en 2020, con el objetivo de que se pueda bajar el recibo de la luz un 10%. Por último, desde UNEF insisten en que “el ahorro de este recorte para el consumidor no será significativo ya que España tendrá que hacer frente a las indemnizaciones derivadas de la pérdida de los arbitrajes internacionales interpuestos ante el CIADI por los inversores extranjeros afectados por los recortes aplicados a la energía solar y a la termosolar desde 2012”.

La propuesta de renovables que presenta el grupo socialista en el Parlamento Europeo plantea un 36% para España en 2030

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Javier Angulo.- El eurodiputado socialista José Blanco aprovechó su intervención en el III Congreso Eólico organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) para exponer la propuesta que ha elaborado como ponente en el Parlamento Europeo de la directiva de renovables que se debatirá en los próximos meses y que aborda los objetivos climáticos del horizonte 2030. En este sentido, abogó por actuar “con mayor ambición” y actualizar la propuesta de la Comisión Europea a las metas establecidas por el Acuerdo de París.

Esta actualización eleva del 27% al 35% el objetivo de procedencia de fuentes renovables del conjunto de consumo energético de la Unión Europea para el año 2030, estableciendo asimismo objetivos “vinculantes” para los países, extremo que no está previsto de momento, y fijando un objetivo concreto para España de un 36% de renovables. Para Blanco, esta directiva debe suponer un llamamiento a la acción “para los que se dedican a aplaudir París” pero no toman medidas para materializar los acuerdos. El eurodiputado socialista apuntó al bloque del Este y al Gobierno de España como los principales obstáculos para que la Comisión Europea acepte su propuesta, reconociendo sin reparos la ambición del comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.

“La descarbonización es una obligación”

Por todo ello Blanco considera que la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París anunciada por su presidente, Donald Trump, supone para la Unión Europea «una oportunidad» para liderar «de verdad» la lucha contra el cambio climático y la transición energética. «Hay algo que tenemos que asumir todos: la descarbonización de nuestra economía no es una opción, es una obligación, y la descarbonización pasa por fomentar el uso de renovables», sentenció el eurodiputado socialista.

Respecto a las modificaciones regulatorias desarrolladas por varios países, entre ellos la reforma del sector energético en España de 2013 y 2014, el exministro de Fomento ha cuestionado las medidas retroactivas que han acarreado problemas de financiación para los promotores de las plantas renovables, para los que demanda establecer algún tipo de “compensación adecuada” en la próxima directiva de renovables.

Blanco defendió el fomento del autoconsumo como un derecho de los ciudadanos, simplificar trabas administrativas, evitar peajes como el impuesto al sol en España y ser «mucho más ambiciosos» en sectores «fundamentales» para conseguir la descarbonización, como el transporte y la calefacción y refrigeración. En ese sentido, el eurodiputado del grupo socialista precisó que «es el momento de pasar de las palabras a los hechos», ya que el tiempo que se pierda ahora «no lo vamos a recuperar». Blanco recordó que España era, con el Gobierno socialista del que formó parte, un país «puntero» en energía limpia, y apuntó que las «interconexiones» que plantea el Gobierno del PP para hacer una mayor apuesta por renovables «no pueden ser una excusa».

Arbitrajes: ni uno ni todos

Respecto a los arbitrajes internacionales, Luis Pérez de Ayala, socio del despacho Cuatrecasas, resaltó los precedentes no significan nada después del laudo favorable a la empresa británica Eiser y en contra del Reino de España en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), órgano donde el Estado aún debe afrontar una treintena de demandas pendientes. “Quien diga ganado uno, ganados todos, se equivoca; y al revés también», afirmó Pérez de Ayala, que subrayó que cada caso es distinto y el de Eiser afectaba a plantas termosolares. En este sentido, descartó que las indemnizaciones de los laudos adversos lleguen a los 4.000 millones de euros, aunque también rechazó el concepto de caso aislado que traslada el Gobierno.

Este abogado también rechazó que los laudos adversos puedan ser utilizados por los inversores nacionales para iniciar una nueva judicialización del proceso, si bien no descartó que puedan llegar a alegar discriminación en caso de cascada de sentencias indemnizatorias. En este sentido, recalcó que el laudo de Eiser viene a considerar que España “puede cambiar su sistema de apoyo a las renovables y ajustar la remuneración” pero lo que ha supuesto la reforma Soria es “ir más allá y cambiar el sistema entero, con una reforma retroactiva que tuvo en cuenta los ingresos ya obtenidos”.

El coche eléctrico pide infraestructuras

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la patronal del automóvil ANFAC, Mario Armero, destacó que el sector “va a cambiar en próximos 5 años más que en los últimos 50” con tendencias como el coche compartido y la electrificación del transporte. En este sentido, Armero demandó a las autoridades realizar una apuesta más decidida por el vehículo alternativo ya que España carece de infraestructuras de recarga. “Hay 1.800 puntos de recarga y son en su mayor parte de carga lenta”, señaló Armero, que demandó introducir cambios regulatorias para favorecer la expansión del vehículo eléctrico.

El banco alemán Portigon demanda a España ante el Ciadi por las renovables tras el fallo a favor de Eiser

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EFE / Europa Press.- Portigon, el antiguo banco público alemán WestLB, presentó una demanda contra España ante la Corte Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) por el cambio en el marco retributivo de las energías renovables, según los registros de la entidad. Se trata de la primera demanda presentada ante este organismo, desde que el Ciadi multó a España con 128 millones de euros, más intereses, por los perjuicios causados a tres plantas termosolares promovidas por el fondo británico Eiser Infrastructure.

Esta nueva demanda es la 28ª presentada por diversos inversores internacionales contra España ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, al considerarse perjudicados por el recorte en la retribución de las energías renovables. La demanda de Portigon, cuyos propietarios eran el Estado de Renania del Norte-Westfalia y las cajas de ahorro alemanas, está elaborada por el bufete británico Freshfields Bruckhaus Deringer. Los laudos del Ciadi «son definitivos y obligatorios respecto de las partes en la diferencia», aunque el convenio que regula esta institución contempla algunas posibilidades, limitadas, de recurrir y nunca «ante los tribunales locales sobre la base del derecho interno o de otros tratados».

No obstante, ante el fallo del tribunal de arbitraje en el caso de Eiser, el Ministerio de Energía consideraba que “no podía ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante» para otros casos. Además, a juicio del Ministerio, tampoco cuestionaba la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno. Lo cierto es que el laudo estimaba parcialmente la demanda de Eiser Infraestructure Limited y Energía Solar Luxembourg en relación a las consecuencias, para las tres instalaciones termosolares, de la reforma eléctrica ejecutada en 2013 y 2014.

La anterior demanda ante el Ciadi contra España databa del mes de agosto, cuando Cordoba Beheer recurrió el recorte aplicado a las renovables. Las denuncias ante los organismos internacionales contra España se centran tanto en los recortes a la energía solar y a la termosolar que el Gobierno aplicó a finales de 2010 como los acometidos por el Gobierno del PP en la pasada legislatura. Hasta el pasado fallo del Ciadi, solo se había resuelto uno de estos procesos internacionales, presentado por la firma Charanne and Construction Investment ante la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC). En este caso, en el que se abordó el recorte de 2010, los jueces dieron la razón a España.

Entre las compañías y fondos internacionales que han llevado a España ante el Ciadi figura Eurus Energy, una sociedad participada en un 60% por el conglomerado empresarial japonés Toyota que cuenta con 552 MW de renovables en España. En noviembre del 2015 se cursó la demanda de un grupo de bancos alemanes entre los que figuran Landesbank Baden-Württemberg, HSN Nordbank, Landesbank Hessen-Thüringen Gironzentrale y Norddeutsche Landesbank-Gironzentrale. Anteriormente, se tramitaron las denuncias presentadas por Watkins Holdings, junto a otras sociedades como Repier, Northsea Spain, Parque Eólico Marmellar y Parque Eólico La Boga, y por las sociedades Hydroxana Sweden e Hydro Energy 1, SolEs Badajoz y los fondos OperaFund Eco-Invest, que tiene licencia de Malta, y Schwab Holdings, radicado en Estados Unidos.

También la alemana E.ON, la firma portuguesa Cavalum y los japoneses de JGC Corporation, registraron su denuncia ante el organismo, así como las firmas alemanas KS Invest y TLS Invest, además de un grupo de inversores alemanes encabezado por Matthias Kruck. Estos arbitrajes de origen alemán se suman a los iniciados anteriormente por Steag, BayWa, RREEF y un consorcio en el que participa RWE. El Ciadi también registró la denuncia del fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, y de la firma norteamericana 9REN. Además, el organismo había iniciado la tramitación, entre otras, de las demandas de Infrared, Masdar y Antin, que ya se encuentran en fase avanzada, así como de Renergy, Nextera o el resuelto de Eiser.

Nadal presume de que España tiene energía renovable “sin prima” pero el Ministerio no descarta introducir cambios en las subastas

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EFE / Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, no descarta analizar el sistema de subastas de renovables para que en un futuro puedan «ser más efectivas» o para que exista la posibilidad de cupos para tecnologías que se queden fuera. Por su parte, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, subrayó que ahora, «por primera vez», España cuenta con energía renovable «sin prima» y que, además, «va a ser autóctona» porque las empresas que lo han obtenido producen «mucho» en España.

Nadal ha defendido que España debe «llegar a un objetivo del 20% de renovables» en 2020 y por eso apoya que se realicen subastas como la que se celebró el pasado 17 de mayo. Ha expuesto que así se tendrá una cuota de renovables superior a la de otros países como Alemania y Reino Unido y ha defendido que el criterio para adjudicar proyectos fuera que «tuviera el precio más bajo». Para el ministro, «esto supone que no le va a costar un sólo euro a los consumidores» y ha abogado por planificar cómo será la energía que se consuma en el 2030 desde una manera «realista» porque entiende que «no se puede prescindir de ninguna fuente de energía actual».

Subastas de renovables «más efectivas»

Navia señaló que en la subasta de renovables, en la que se adjudicaron 3.000 megavatios (MW) verdes, hubo «muchísima oferta, tanto de eólica como de fotovoltaica, en costes muy competitivos», por lo que ahora hay que ver «cómo se aprovecha» este hecho para el futuro. El secretario de Estado no considera la fotovoltaica como una tecnología «marginal», ya que acudió con mucha oferta a la subasta, aunque finalmente apenas se adjudicó un megavatio mientras que la eólica se hizo con casi la totalidad de la potencia en juego. Navia subrayó que será necesario ver cómo la fotovoltaica puede entrar «de la forma más efectiva posible«.

No obstante, aseguró que la consideración de coste tiene que seguir siendo «fundamental» a la hora de decantarse por una tecnología, aunque añadió que sí que es posible que se puedan introducir cambios en las subastas futuras de renovables «para que sean más efectivas o para que, si hay bolsas de tecnologías que no pueden entrar, entren«. Por otra parte, Navia indicó que el Gobierno está trabajando en el recurso contra el laudo arbitral del Ciadi, en el que se da la razón a Eiser Infraestructure por el recorte a las renovables, aunque señaló que se cuenta con un plazo de 120 días para presentarlo. «Estamos trabajando en ello y se trata de prepararlo de la mejor forma posible», aseguró.

Podemos quiere que Nadal explique en el Congreso la condena a España en el arbitraje por los recortes en renovables

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Europa Press.- Unidos Podemos-En Comú-En Marea quiere que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, rinda cuentas en la Comisión del ramo del Congreso por la condena a España en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial (Ciadi) por los recortes a la energía renovable.

La sentencia, dictada el 4 de mayo, estima parcialmente la demanda del fondo luxemburgués Eiser Infrastructure Limites, compensándola con 128 millones de euros por el perjuicio que, estima el tribunal, sufrió tras sus inversiones realizadas en tres plantas termosolares, a raíz de los recortes a las energías renovables aplicados tras las reformas realizadas por los últimos gobiernos en el sector.

Según Podemos, las conclusiones dictadas en el laudo apuntan a que «España realizó una revisión del régimen regulatorio sin precedentes y basado en premisas totalmente diferentes», considerando el nuevo sistema «profundamente injusto e inequitativo en el modo en que se aplicó a la inversión existente de las demandantes, despojando a las demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión«.

Unidos Podemos critica que el Gobierno habría dejado sin contestar la invitación que los inversores realizaron para pedir una negociación previa bajo el argumento de que se le remitiera el documento redactado en castellano y, posteriormente, sin dar respuesta. Una posición que, continúa Podemos, el arbitraje «valora como contradictoria, al existir un alegato por parte del Gobierno diciendo que el demandante no intentó llegar a un acuerdo«. Podemos pregunta si este hecho es cierto, las razones por las que fue así y por el lugar en el que se «deja al Gobierno no dignarse a responder este tipo de misivas».

Apuntan a la defensa jurídica

Podemos advierte de que los peritajes realizados y las declaraciones de testigos fueron «contradictorias y carentes de solidez», ante lo cual preguntan si el Gobierno ha solicitado a la Abogacía del Estado un informe que explique «los cambios sustanciales en la línea de defensa«, y si es así, qué motivos llevaron a ello. También quieren saber si el Gobierno considera que la defensa jurídica pudo afectar al resultado del laudo.

En este sentido, destacan que la principal alegación habría consistido en la carencia de jurisdicción por parte del Ciadi y que existieron «incoherencias e incertezas en la testifical del director de energías renovables del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)». «Igualmente, la defensa y alegatos de los representantes jurídicos del Estado habrían cambiado sustancialmente a lo largo del proceso», apostillan. Unidos Podemos pregunta al Gobierno si considera que estos representantes del IDAE «estuvieron a la altura en sus testificales» y si han solicitado «las explicaciones oportunas tras las presuntas contradicciones del director de renovables del IDAE».

También destacan que «los propios árbitros consideran los informes periciales aportados por la demandante como completos y profesionales», mientras que la valoración de las conclusiones presentadas por los peritos contratados al efecto por el Gobierno «fueron consideradas poco convincentes». Por esto último, Unidos Podemos cuestiona al Ejecutivo por los criterios que condujeron a la contratación de BDO Abogados a la hora de defender al país en el Ciadi, si se valoraron otras opciones y si se continuarán utilizando sus servicios en el resto de arbitrajes pendientes por esta misma controversia.