Compromís exige la dimisión de Nadal tras la indemnización de 128 millones que pagará España por los recortes renovables

Europa Press.- Compromís pide la dimisión del ministro de Energía, Álvaro Nadal, después de que un tribunal estadounidense haya ratificado la multa de 128 millones impuesta a España por la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi), que el pasado mayo dio la razón a dos empresas que vieron perjudicadas sus inversiones por la retirada de apoyo público a las energías renovables.

Además, la formación valenciana ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a aprobar un real decreto para evitar que el coste de los arbitrajes no recaiga en los consumidores ante el temor de que, por este asunto, se acabe incrementando el recibo de la luz. Según adelantó InfoLibre, el Tribunal Federal del distrito Sur de Nueva York confirmó la sentencia del Ciadi, que estableció que el recorte del Gobierno en renovables fue «excesivo, abrupto y devastador» y fijó una multa de 128 millones de euros. España recurrió ese laudo.

Compromís remarca en su iniciativa que, según la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), los recortes renovables ascendieron a 1.700 millones de euros y que el 80% de la inversión en el sector tenía origen español. Asimismo, recuerda que hay 26 denuncias pendientes de resolución, lo que puede originar una cascada de sentencias contra España y supondría un «alto coste para el contribuyente», puesto que durante la tramitación de los Presupuestos se dispuso que los costes de estos arbitrajes recayeran en la factura de la luz.

Según el diputado de Compromís, Ignasi Candela, esta multa de 128 millones deja en una situación de «agravio comparativo» a los inversores nacionales, que no han podido acudir al arbitraje internacional». Por eso en su iniciativa instan al Gobierno a llegar a un acuerdo con esos inversores para compensarles por las reformas. Por último, Candela ha recordado que Compromís presentó en el Congreso una proposición de ley para «garantizar una retribución mínima a los inversores» pero el Gobierno la vetó.