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El Tribunal Supremo acudirá al Tribunal de Luxemburgo para determinar la legalidad de los impuestos de la reforma eléctrica

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Europa Press.- El Tribunal Supremo presentará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine la legalidad de la fiscalidad creada en la reforma eléctrica para acabar con el déficit de tarifa, según indicaron fuentes judiciales.

En concreto, esta fiscalidad, recogida en la Ley 15/2012, incluía el impuesto del 7% a la generación y las tasas sobre los residuos nucleares, así como un canon a la producción hidráulica y un céntimo verde, consistente en la eliminación de las desgravaciones a centrales térmicas. Así, el alto tribunal sigue la recomendación del Tribunal Constitucional, que se mostró partidario de acudir al tribunal europeo para resolver la adecuación de la normativa al derecho comunitario. De esta manera, el Supremo ha abierto periodo de alegaciones a los recurrentes antes de plantear la cuestión al TJUE.

Estos impuestos han recaudado desde su aplicación en 2013 unos 6.950 millones de euros, del orden de 1.900 millones de euros anuales, para evitar la aparición del déficit de tarifa. Esta no sería la primera vez que el Supremo acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el caso de la Ley que establece las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética también acordó plantear una cuestión prejudicial al TJUE, al tener dudas sobre su compatibilidad con la directiva comunitaria de eficiencia energética.

Asimismo, en el fallo que tumbó el régimen de financiación del bono social de la luz, el Supremo también consideró determinante la jurisprudencia del TJUE respecto a una consulta del Gobierno francés acerca de la posibilidad de aplicar un bono social del gas con una financiación parecida al español, en la que las empresas se encargan de sufragar la ayuda.

Gas Natural Fenosa cerrará la térmica de Anllares e invertirá 200 millones de euros en eólica en Castilla y León

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Europa Press.- Gas Natural Fenosa acometerá un «cese paulatino» de la actividad de la central térmica de Anllares hasta 2019 e invertirá más de 200 millones para desarrollar más de 200 megavatios (MW) de generación eólica en la comunidad autónoma de Castilla y León, para lo que se prevé la creación de 500 empleos directos e indirectos en el horizonte temporal 2017-2019.

La compañía ha hecho públicos estos planes tras conseguir en mayo un «cupo relevante» de potencia eólica en la subasta de energías renovables impulsada por el Gobierno, con lo que «reafirma» su apuesta por la energía renovable. Además, Gas Natural Fenosa mantendrá operativa la central térmica de La Robla con una «fuerte inversión» para cumplir con la Directiva Europea de Emisiones Industriales y está finalizando el análisis de alternativas para la adaptación en el grupo 2 de la central, «con el objetivo de extender su operación más allá de 2020”.

Sin embargo, la empresa mantiene la decisión de «cese paulatino» de la actividad de la central térmica de Anllares hasta 2019, en cumplimiento con la directiva europea de emisiones. Propiedad de Gas Natural Fenosa (66,6%) y Endesa (33,3%), la central situada en Páramo del Sil (León) acumula 35 años de operación y tiene una capacidad de 347 MW de potencia. La actual plantilla está compuesta por 77 trabajadores de los que un tercio serán reubicados en el grupo y el resto podrán acogerse a un plan de salida acordada que incluye prejubilaciones y bajas incentivadas, han indicado las mismas fuentes.

La compañía ha explicado que Anllares no cuenta con una infraestructura de desulfuración, ni de desnitrificación de las emisiones, por lo que en octubre de 2013 ya se comunicó la «imposibilidad» para cumplir con los límites recogidos en la Directiva de Emisiones Industriales (DEI). Además, la central, al 50% de su capacidad, emite 1.500.000 toneladas al año de CO2 y consume carbón nacional de «bajo volátil» que conlleva «una baja eficiencia y competitividad de la central», según Gas Natural Fenosa.

El PP y Foro Asturias pactan destinar 10 millones de euros a reducir las emisiones contaminantes en las centrales térmicas

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Europa Press.- El PP y Foro Asturias alcanzaron un acuerdo para la promoción por parte del Gobierno de mecanismos de apoyo para la reducción de emisiones medioambientales en las centrales térmicas por valor de 10 millones de euros. La enmienda, incluida en el proyecto de Presupuestos a través de una nueva disposición adicional, recoge así el acuerdo entre PP y Foro, que pactaron dotar con hasta 10 millones de euros en los Presupuestos las subvenciones para reducir la contaminación en estas centrales.

El Gobierno quiere obligar a subastar desde «un euro» las térmicas de carbón si se decide su cierre

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Europa Press.- El Gobierno quiere obligar a subastar «desde un euro» las centrales térmicas de carbón si sus propietarios deciden su cierre, para lo que ha elaborado un decreto ley que llevará al Congreso, donde reclama el apoyo del PSOE que permita su aprobación. Así lo ha explicado la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, antes de reunirse con el Comité de Empresa de Endesa Generación UPT Compostilla, central cuyo cierre ha anunciado Enel, actual propietaria de Endesa.

A este respecto, la consejera ha recordado que la Junta ha hecho «todo lo posible» en defensa de la extracción y quema de carbón autóctono, con cuyo mantenimiento está de acuerdo el Ministerio de Energía, pero para ello incide en que la única manera es mantener la central abierta, dado que es «muy importante» en España (tiene una potencia de más de 1.000 megavatios) y habría razones de «seguridad en el suministro» para su mantenimiento.

Pilar del Olmo ha asegurado que el Ministerio ha elaborado el citado decreto ley con el que pretende que continúen todas las centrales por seguridad del suministro y competitividad y recogería que, una vez que se comunique la intención de cerrar la central, algo de lo que tienen obligación, se abriera un procedimiento de subasta «baratísimo», ya que se podría subastar hasta «por un euro«.

La consejera, quien asegura que sería «rentable», ha apelado a la «responsabilidad» del PSOE para que apoye este decreto ley en el Congreso y continúen las centrales más allá de 2020, aunque entiende que la formación se encuentra ahora en un debate interno. Además, ha aclarado que se lo pide a los socialistas porque no conoce la opinión al respecto de otras formaciones y, por ejemplo, Podemos no se manifiesta.

Asimismo, subrayó la importancia del carbón y de las centrales térmicas, que en el mix de generación supusieron en 2016 el 16%, pero los pasados diciembre y enero llegaron al 20% de aportación, con precios de 50 euros por megavatio hora frente a otras energías que alcanzaron los 90. El propio ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya pidió el apoyo del PSOE en el último pleno del Senado para que el carbón esté en el mix energético nacional y espera su apoyo al decreto ley.

El objetivo de todo esto, insistió la consejera de Economía, es que Compostilla siga y se permita a Endesa o a otras empresas realizar las inversiones para que tengan continuidad. Pilar del Olmo señaló que el problema de Endesa es que depende de la italiana Enel, cuyo principal accionista es el Gobierno, por lo que atiende a los intereses italianos. En este sentido, recordó que todas las centrales tienen que hacer inversiones para adaptarse a la normativa medioambiental y ya en una primera fase hicieron procesos de desulfuración y en una segunda tienen que abordar la desnitrificación, para continuar su funcionamiento más allá de 2023.

El director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, ha detallado que los grupos III, IV y V de Compostilla y los grupos II de Robla y Guardo se han sometido a desulfuración y con una adaptación a la directiva de Emisiones Industriales sería suficiente potencia para quemar todo el carbón que se extrae en Castilla y León (dado que los grupos I de La Robla y Guardo y Anllares no han llevado a cabo adaptaciones). En cualquier caso, ha recordado que el plazo para adaptarse se extiende hasta el 2020 y hay tiempo, aunque hay que tomar decisiones.

Nadal carga contra la italiana Enel por planear el cierre de las centrales térmicas de Andorra y Compostilla en 2020

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital advierte a Enel, el principal accionista de Endesa con un 70% de su capital, de que el cierre de las centrales térmicas de carbón de Andorra (Teruel) y de Compostilla (León) no es «coherente» con las necesidades energéticas de España, según fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal. El propio ministro fue más allá y acusó a Enel de «hacer política para los italianos a costa de los consumidores y trabajadores españoles».

En concreto, Nadal recordó en el pleno del Senado que «no fue un Gobierno del PP» quien facilitó que Enel, empresa participada por el Estado italiano, adquiriera Endesa, en alusión a la estrategia del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de propiciar la entrada de Enel en la eléctrica española. «Al ser una empresa italiana no le importa, para hacer política de empleo en Italia, crear desempleo en España, y no le importa, para hacer política medioambiental en Italia, hacer política de pérdida de competitividad en España», acusó. Así, el ministro subrayó que éste es «el origen del problema» para las centrales térmicas de carbón de Endesa en Andorra (Teruel) y Compostilla (León), cuyo cierre para 2020 anunció Enel.

Nadal señaló que está trabajando para que el carbón forme parte del mix energético hasta 2030. «Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, porque el Gobierno es el único que ha dicho que queremos que el carbón forme parte del mix energético de aquí a 2030». «Estoy de acuerdo en que el mix energético no lo deciden las empresas, sino el Gobierno y las Cortes Generales, por eso quiero hacer una ley que ustedes no quieren apoyar», indicó Nadal, al ser cuestionado en el Senado por el PSOE.

Por su parte, el senador socialista Graciliano Palomo ha exigido al Gobierno que tome medidas para obligar a las centrales térmicas de Compostilla y Andorra a desnitrificar sus emisiones y continuar su actividad más allá de 2020. «Al Gobierno le corresponde tomar una decisión estratégica y dejarse de maniobras de despiste. Queremos que se imite a Alemania, y que programe el cierre nuclear a medida que venzan las centrales y que apoye a las centrales térmicas españolas», ha señalado Palomo.

“Si se confirma este planteamiento demostraría, por un lado, que el compromiso de Enel con España no es el que le gustaría a este Gobierno y, por otro, que tampoco es coherente con las necesidades de la política energética del país», fue la primera reacción del Ministerio de Energía, que asegura no tener noticia directa por parte de Enel ni de Endesa sobre las intenciones de la empresa acerca de las dos centrales referidas. El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) asegura que la intención de Enel es realizar desnitrificaciones en las centrales de As Pontes, Litoral y Alcudia para cumplir con la normativa de la Unión Europea.

La Junta de Castilla y León apoya la continuidad de Garoña porque es energía barata; Greenpeace pide el cierre definitivo

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EFE / Europa Press.- Greenpeace considera que Endesa, accionista al 50% de Nuclenor, la empresa titular de la central nuclear de Garoña (Burgos) «falta al respeto a los ciudadanos, al Gobierno y al clima» al no desistir de su solicitud de operar hasta 2031. Por su parte, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha apostado por la continuidad de la central ya que es una fuente de producción de energía eléctrica barata y genera mil empleos en la zona.

Sin embargo, Del Olmo ha reconocido que las «perspectivas no son buenas» para la central ya que las empresas «no son ONGs» y si no les cuadran los números será «difícil que continúen». La consejera ha explicado que ha mantenido reuniones con las dos empresas y les ha animado a que «estudien muy bien los números y a que inviertan en Garoña«. «Si no quieren invertir habrá que solicitar a esas empresas que contribuyan al desarrollo de esas zonas, porque una de sus principales actividades es la central. Dejarían un amplio territorio sin una empresa de referencia y con un problema de empleo», ha agregado.

Del Olmo ha insistido en que el planteamiento de la Junta de Castilla y León es que «la central nuclear continúe», ya que «es una fuente de producción de energía eléctrica barata» y que «genera 1.000 empleos en la zona», aunque ha reconocido que «no hay instrumentos para forzar a las empresas a que continúen». Preguntada por posibles ayudas públicas para mantener la central, la consejera de Hacienda negó que «sea la forma de ayudar a las eléctricas», pues «tienen una capacidad económica suficiente para realizar esa actividad sin ayudas».

Los ecologistas arremeten contra Endesa

La portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha pedido al presidente de la eléctrica, Borja Prado, «respeto a los ciudadanos, al Congreso y al clima». «Parece que no piensan desistir del proceso de licencia de Garoña, tal y como le pidió Iberdrola, pero aún pueden cambiar de opinión, porque ha manifestado en varias ocasiones que mantendrá sus inversiones nucleares siempre que las centrales sean viables. Por eso, es mucho más coherente el desistimiento«, ha lamentado. La portavoz de Greenpeace ha subrayado que la decisión de Endesa no solo es de tipo empresarial sino que «va más allá» y tiene que ver con el modelo energético, con la vida del parque nuclear español y con el cambio climático».

A juicio de Montón, Endesa debe decir «adiós a Garoña«, una central que es “el vivo ejemplo de la especulación energética y del envejecimiento de la tecnología atómica”. Si Endesa retirara la solicitud, continuó Montón, sería una respuesta «muy buena», pero si continuarán adelante con la posible reapertura de la nuclear, estaríamos ante una posición de absoluta «debilidad» a las órdenes del Gobierno y jugando con una política energética cuyas decisiones nos competen a todos. Asimismo la portavoz ha pedido a Endesa que «concrete sus planes de transición hacia las energías renovables y el abandono de energías sucias», y para ello le reclamará que anuncie las fechas estimadas de cierre de sus plantas de carbón.

Según datos de esta organización, Endesa produce el 10% de todas las emisiones del país, más de 33 millones de toneladas de CO2, pero según se deduce de su plan estratégico solo dos de sus térmicas cerrarán antes de 2020, ya que no realizarán inversiones en ellas: Andorra (Teruel) y Compostilla (León). Endesa no ha planificado el cierre ordenado de sus térmicas de carbón, pero sí una reducción de emisiones que exige, tarde o temprano, el cierre de todos los grupos de Litoral (Almería), As Pontes (A Coruña) y Alcudia (Mallorca), en las que se quema carbón de importación, pero no detalla cuándo, según Greenpeace.

Ecologistas confía que prevalezca Iberdrola

Por su parte, Ecologistas en Acción confía y desea que, en «el pulso» entre Endesa e Iberdrola, se imponga finalmente la posición de la segunda porque considera que «es más racional». Así se pronunció el portavoz antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, respecto a la falta de acuerdo entre ambas compañías en el seno de Nuclenor, tras no alcanzar una postura común sobre el proceder en el proceso de solicitud de renovación de la central nuclear hasta 2031. «Asistimos a un pulso entre Iberdrola, que quiere desistir, y Endesa, que yo creo que no tiene claro que hacer, si seguir o no, y se lo está pensando», ha valorado.

En este contexto, no ve muchas opciones puesto que «si Iberdrola dice no, se trata de un bloqueo» porque Castejón no cree que Endesa vaya a comprarle a Iberdrola su mitad, que según calcula conllevaría pagar 250 millones de euros, sin garantías de que tras las inversiones, en un «corto periodo de tiempo» se produzca otra avería o, en el peor de los casos un accidente severo. «No creo que Endesa tenga muy claro seguir y mi deseo es que finalmente Iberdrola impondrá sus motivos porque hay una racionalidad detrás de lo que dice», aseguró.

Endesa ve necesario prorrogar las nucleares para poder descarbonizar la economía española y cree que su cierre incrementaría las tarifas

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Redacción / Agencias.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, asegura que anticipar «innecesariamente» el cierre de las centrales nucleares daría lugar a «un importante aumento» de las tarifas eléctricas, «lo que agravaría el problema de la pobreza energética, reduciría la competitividad de la economía y limitaría la electrificación de la demanda energética». Por ello ve «necesario el alargamiento de la utilización de las centrales nucleares» para que España pueda ejecutar la transición energética hacia la descarbonización total de la economía en 2050.

En este sentido, Bogas pidió un pacto de Estado por la energía que evite decisiones cortoplacistas y establezca un plan de transición hacia un sistema descarbonizado “en condiciones de seguridad energética y competitividad económica”. «Esta travesía va a durar más de 30 años», indicó Bogas, quien añadió que «exigirá un enorme esfuerzo inversor» para incorporar 30.000 megavatios de renovables antes de 2030 y 70.000 antes de 2050. En esta línea, defendió que «para no poner en riesgo el objetivo final ni el abastecimiento durante ese largo camino, es imprescindible aprovechar todos los recursos que poseemos«.

En cuanto a las nucleares, advirtió de que «anticipar innecesariamente» su cierre exigiría construir nuevas centrales de gas para no sufrir problemas de abastecimiento, lo que incrementaría las emisiones totales de CO2 del sistema eléctrico, haciendo «imposible» conseguir los objetivos de la Cumbre del Clima (COP21). Asimismo, alertó de que el cierre nuclear provocaría también un incremento significativo de las tarifas en 10 euros el megavatio hora (MWh), lo que afectaría a la competitividad de la economía, además de hacer aumentar la pobreza energética. En la misma línea, defendió que el cierre de las centrales térmicas debe ser “gradual y acompasado con los avances tecnológicos”.

Por otro lado, apuntó que, en el proceso de descarbonización, la aportación de sectores como el transporte, la industria o la electrificación es tan importante como la del sector eléctrico. De hecho, denunció que el transporte aporta el 24% de las emisiones, frente al 19% de la generación de electricidad. Además, pidió un plan nacional de eficiencia energética e impulsar el despliegue de redes eléctricas inteligentes. Bogas recalcó que la transición hacia un sistema energético descarbonizado «no es una opción para tomar o dejar», aunque afirmó que para que sea posible es «imprescindible» abordar «cuanto antes» las medidas regulatorias necesarias.

A este respecto, el presidente de Endesa, Borja Prado que afirmó el compromiso «muy exigente y ambicioso» del grupo de que en el horizonte de 2050 su sistema energético sea neutro en materia de emisiones, consideró que todos los agentes del sector tienen «la obligación» de sentar las bases del futuro energético. Prado calificó de «comprensible» que las necesidades políticas y fiscales a corto plazo hayan presionado «en uno u otro sentido», pero subrayó que los «intereses cortoplacistas» en la transición energética que se está llevando a cabo pueden poner «en riesgo la estabilidad futura del sistema» y “no son aceptables«. Ha reconocido que puede haber cuestiones que requieran soluciones inmediatas, pero éstas «no deben comprometer los objetivos del futuro».

Carga fiscal de las nucleares

En cuanto a las centrales de Almaraz (Cáceres) y Vandellós (Tarragona), que serán las próximas centrales nucleares que tendrán que renovar sus permisos, ha señalado que no van a tomar decisiones antes de tiempo y que lo harán cuando lleguen las fechas. Prado ha negado que las nucleares sean «negocios inviables», aunque admite que soportan «cargas fiscales importantes, pero lo que no vamos a ser nosotros es los precursores de cargarnos el sistema«. Respecto al coste al que puede ascender la reapertura de Garoña, ha manifestado que lo evaluarán después de que el Gobierno decida si puede volver a operar.

Prado ha dicho que «continúan pendientes algunos desarrollos regulatorios en las distintas áreas de la actividad eléctrica, que son muy necesarios». Entre ellos, ha citado un planteamiento «claro y responsable» del futuro de las fuentes de generación térmicas, que, ha precisado, serán claves para la seguridad y la estabilidad del sistema eléctrico y para hacer posible la transición a cero emisiones en 2050. También ha insistido en que hay que luchar contra el fraude eléctrico, que pone en riesgo la seguridad de los que viven próximos a instalaciones manipuladas e incrementa los costes que asumen los usuarios. Asimismo, reclama un marco regulatorio «adecuado y sostenible» que permita «una clara protección a todos los consumidores en una situación de vulnerabilidad económica».

Por otra parte, Bogas destacó el esfuerzo inversor de la compañía en España, con alrededor de 8.000 millones de euros desde el año 2010. «Ninguna empresa eléctrica invierte más que Endesa en este país», dijo. A este respecto, valoró la adquisición de hasta el 100% de Enel Green Power España, una operación que «tiene gran sentido económico y estratégico» y que sitúa a la compañía en una situación para aprovechar la oportunidades de crecimiento en energías renovables, «que son el futuro de nuestro sistema energético».

Endesa compra Eléctrica de Jafre

Finalmente, Endesa notificó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la toma del control exclusivo de la distribuidora de electricidad Eléctrica de Jafre. Esta pequeña empresa, con sede en Girona, desarrolla su actividad en el área de distribución, así como en el negocio del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. El año pasado, la eléctrica, a través de Endesa Red, ya se hizo con otra pequeña empresa de este perfil, Eléctrica del Ebro, por 24,7 millones de euros. Esta última empresa, cuya compra también requirió el análisis de la CNMC, tiene sede en Tarragona y se dedica a la distribución y comercialización de energía eléctrica en esta provincia.

Endesa invierte 250 millones en la central térmica Litoral (Almería) mientras Livio Gallo deja el consejo de administración

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EFE.- El consejero dominical Livio Gallo, que formaba parte del consejo de administración de Endesa en representación del grupo italiano Enel, presentó su dimisión por motivos personales, según comunicó la eléctrica española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, Endesa invertirá 250 millones de euros en un proyecto industrial que persigue reducir el impacto medioambiental de su planta de generación eléctrica en Carboneras (Almería) para cumplir con la Directiva Europea de Emisiones Industriales.

Para el consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, esta inversión demuestra el «compromiso de la compañía por la provincia de Almería», y subraya su «impacto positivo en el empleo» con 500 puestos de trabajo «altamente cualificados». Sánchez Maldonado señaló que este proyecto permitirá reducir el impacto medioambiental de la planta con el descenso de un 60% en las emisiones de dióxido de azufre y de un 80% en las de oxígeno de nitrógeno. El consejero considera que esta iniciativa «garantiza la continuidad de la planta otros 20 años» y apuntó que el sector energético es «uno de los que más contribuye al crecimiento económico y al empleo».

Maldonado también visitó la planta experimental de microalgas de Endesa en las instalaciones de Carboneras, un proyecto en el que la compañía eléctrica desarrolla varias líneas de investigación. Entre ellas se encuentran los estudios de captura y fijación de CO2 de estos organismos marinos y el proyecto Algae for Healthy World (A4HW), al frente del cual está un consorcio de 7 socios, entre empresas e instituciones públicas, liderado por Endesa y cuyo objetivo es investigar la producción industrial de microalgas marinas para crear biocompuestos alimentarios.

Livio Gallo deja el consejo

Por su parte, el consejero dominical Livio Gallo presentó su dimisión por motivos personales, según comunicó la eléctrica española a la CNMV. Gallo fue nombrado consejero dominical en la junta general extraordinaria de accionistas de Endesa celebrada en octubre de 2014. El consejo de administración de Endesa nombró vocal del mismo a Patrizia Greco, presidenta de Enel, el grupo italiano que es el accionista mayoritario de Endesa, como consejera externa dominical, en sustitución de Livio Gallo. Además, la junta de accionistas ha dado su visto bueno a la reelección de Miquel Roca Junyent y de Alejandro Echevarría como consejeros independientes.

El sindicato minero UGT FICA reúne a sus miembros de la Comisión de Seguimiento del acuerdo marco del carbón

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Europa Press.- El secretario del sector de la Minería de UGT FICA, Víctor Fernández, se reunió con los componentes de la Comisión de Seguimiento con el objetivo de trasladarles los contenidos tratados durante el encuentro mantenido con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia junto al responsable de Industrias Extractivas de CCOO de industria, José Luis Villares.

El responsable de energía y los sindicatos mineros mantuvieron una conversación en la que Navia «reconoció» la importancia de incluir el carbón nacional dentro del mix energético en el sistema eléctrico español como elemento «moderador» de los costes de la energía, entre otras conclusiones. Tal y como se acordó en el acercamiento después de dos años desde la última reunión, se iniciará un proceso de diálogo «regular», previsiblemente antes de Semana Santa, en el que participarán cuatro miembros de este sindicato y otros cuatro de CCOO de industria, por lo que la federación asegura que se debe alcanzar un «posicionamiento».

Desde la firma del marco de actuación 2013-2018, UGT incide en que sus reivindicaciones «siempre» han estado orientadas hacia la adopción de decisiones que permitan el mantenimiento de una producción de carbón autóctono y que asegure su uso en las centrales térmicas de generación eléctrica, así como la posibilidad de firmar contratos a largo plazo entre compañías eléctricas y empresas mineras. «El carbón continúa siendo necesario como energía de respaldo para garantizar la seguridad de suministro y la estabilización de precios de la energía y más aún en un periodo de transición energética como complemento a las energías renovables», consideran.

De igual modo, UGT persevera en la continuidad de las explotaciones mineras durante los años 2017 y 2018 y en el caso de aquellas que sean competitivas, seguir produciendo «más allá» de este periodo. La iniciativa pasa también por acordar nuevas medidas de futuro que releven a las vigentes, tanto en materia social como de reactivación, hasta que el cambio económico e industrial de las comarcas mineras sea una «realidad».

«Nos resulta preocupante que la Administración Pública, a través de sus organismos o entidades, sea la que está poniendo en cuestión la continuidad de la actividad», subrayan desde el sindicato en alusión a la problemática de las empresas en los centros de trabajo de Aragón y Castilla y León, así como en lo relativo a la situación general de la minería en la región del sudoccidente asturiano. En este sentido, UGT cree que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) debe dar un «paso adelante» y «asumir» la gestión del carbón, garantizar los empleos y la recuperación de las «ingentes» cantidades de dinero público reclamado.

Galán (Iberdrola) considera que el sistema eléctrico europeo es «kafkiano» al proteger el carbón en lugar de fomentar las renovables

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Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, considera que el sistema eléctrico europeo es «kafkiano» ya que cuenta con una regulación que anima al sector a mantener las actuales plantas de carbón, más contaminantes, en lugar de fomentar la inversión en renovables a largo plazo.

Galán señala que como «no hay suficiente capacidad para satisfacer la demanda prevista» se están manteniendo plantas eléctricas que «son obsoletas y que estarían cerradas si no fuese por los subsidios». «Al mismo tiempo, no estamos creando nuevas plantas de gas», indicó. El directivo muestra así su preocupación ante posibles déficit de electricidad durante los picos de demanda o en momentos en los que hay poco sol o viento, lo que hace que los gobiernos, para hacer frente a ese riesgo, ofrezcan subsidios para mantener operativas centrales anticuadas de carbón y de diésel, altamente contaminantes.

Respecto a su presencia en el Reino Unido, donde el grupo prevé inversiones por 2.000 millones de libras (unos 1.883 millones de euros) de 2016 a 2020, Galán subrayó que Iberdrola está protegida de cualquier impacto derivado de la devaluación de la libra en 2016 y 2017 tras el Brexit. «No creemos que el Brexit vaya a tener un impacto negativo en nuestro negocio», recalcó.

Asimismo, el presidente de Iberdrola también se mostró cauto respecto a un posible cambio de rumbo en la política energética en Estados Unidos, donde la compañía es el segundo mayor productor de energía eólica, tras la victoria electoral de Donald Trump. «El presidente Trump lleva pocas semanas en el cargo. Veamos cómo evolucionan las cosas. Hay que darle tiempo. No veo ninguna señal que sugiera que Estados Unidos no va a disminuir sus emisiones», dijo.