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Baleares subraya que la central térmica de Alcudia es la novena industria más contaminante de España e insiste en cerrarla

Europa Press.- El consejero de Territorio, Movilidad y Energía de Islas Baleares, Marc Pons, ha insistido en la necesidad de proceder al cierre progresivo de la central de carbón de Es Murterar, en Alcudia, puesto que, tal y como ha constatado, es una de las 10 industrias más contaminantes de España. En concreto ocupa el puesto número 9 en el ranking de industrias con mayor cantidad de emisiones de CO2, ha precisado.

En este sentido, el consejero considera una «gran equivocación» la decisión del Ministerio de Industria de negarse al cierre de las instalaciones de Es Murterar porque va en contra de las directivas europeas. Pons ha explicado que por ese motivo denunciarán ante la Unión Europea el incumplimiento de compromisos internacionales en materia ambiental por parte del Ministerio, con su negativa al cierre de Es Murterar. Con todo, el consejero ha explicado que el objetivo del Gobierno balear es «evitar mantener una central altamente contaminante que no necesitamos en la isla de Mallorca» ya que, tal y como ha asegurado, «el suministro energético está totalmente garantizado».

Con el secretario de Estado

La negativa llegó tras reunirse con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que rechazó la propuesta del Gobierno balear para el cierre progresivo de la central de Es Murterar, así como la sustitución del fuel y gasoil de la central de Mahón para gas natural. Tanto el cierre de los 2 primeros grupos de los 4 que tiene Es Murterar antes de 2020 como la reconversión de la central de Mahón son medidas incluidas en el Plan de Transición Energética de las Baleares.

Según ha indicado la Consejería, este plan se marca como objetivo la reducción de las emisiones de CO2 (emisiones cero en 2050) con el cierre de los centros de producción más contaminantes y la progresiva incorporación de las energías renovables. La reunión es la tercera que mantiene el consejero Marc Pons con el Ministerio sobre el cierre de las centrales contaminantes. En la reunión del pasado 7 de septiembre, la conclusión fue que el Ministerio veía con buenos ojos las propuestas planteadas desde Baleares si económicamente eran viables. El consejero ha insistido en que «no puede haber ningún impedimento si el Estado también asume el compromiso de la lucha contra el cambio climático en Baleares«.

El planteamiento del Gobierno balear contempla, además de cerrar los focos más contaminantes, la necesidad de avanzar «urgentemente» en producción de renovables para reducir emisiones y dependencia energética y para compensar los costes derivados del cierre de estos grupos contaminantes. Así, en la reunión con el Ministerio abordaron el coste del cierre y la reconversión de las centrales y también las alternativas para compensarlo, centradas esencialmente en el incremento de las renovables, con detalle de todos los parques que están en tramitación, y en otras iniciativas para incrementar la producción de renovables en Baleares. La puesta en marcha de los proyectos de renovables en trámite supondría la incorporación a la red de 175 megavatios de energía renovable en la red.

Según el planteamiento del Gobierno balear, el cierre «no implicará nunca una subida del precio de la electricidad para los ciudadanos de las Islas». «En primer lugar, no debe causar costes y, en caso de que los hubiera, se han asumir en el conjunto del sistema, al igual que ocurre con medidas que se toman en relación a otros lugares del Estado», recalcan desde el Ejecutivo. El Gobierno de Baleares también se compromete a implicarse en encontrar salida a los trabajadores, en el marco de del Pacto por la Competitividad.

Igualmente, en el caso de la reconversión de la central de Mahón, los costes se compensarán con los proyectos de renovables ya en trámite. Menorca es la isla que puede llegar al 20% de energías renovables antes de 2020, gracias al proyecto de Son Salomó. Respecto de Ibiza, el consejero preguntó también al Ministerio cuando estará aprobada la nueva planificación estatal, actualmente en previsión, y que incluye el proyecto alternativo planteado por el Gobierno balear al proyecto de Es Fornás y que ha permitido salvar esta zona del tendido eléctrico.

Las empresas con mayor riesgo de accidente con sustancias peligrosas cubrirán daños entre 300.000 euros y 20 millones de euros

Europa Press.- Las empresas que realicen actividades empresariales con mayor riesgo de sufrir un accidente con sustancias peligrosas tendrán un año, hasta noviembre de 2018, para depositar las garantías financieras que exige la Ley de Responsabilidad Medioambiental en determinadas actividades industriales, que oscilan entre los 300.000 euros y 2 millones de euros. Así consta en la orden ministerial del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que publica el Boletín Oficial del Estado.

Según han explicado fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, para determinar el importe de garantía financiera obligatoria, prevista en la Ley 26/2007 de 23 de octubre, el operador deberá realizar un análisis de riesgos medioambientales de la instalación, según el reglamento de desarrollo parcial de dicha ley. Como resultado del procedimiento, se calcula la cuantía que debe quedar cubierta mediante la garantía financiera obligatoria, a la que deberá añadir un 10% del importe calculado para incluir en la garantía el coste de las medidas de prevención y evitación de daños.

Además, según el artículo 28 de la Ley 26/2007, una vez que los operadores realicen el análisis de riesgo medioambiental, estarán exentos de constituir la garantía financiera obligatoria aquellos que obtengan un coste de posibles daños inferior a 300.000 euros, o a 2 millones de euros si están adheridos al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) o al sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001 vigente. También hay un límite máximo de la garantía financiera obligatoria, que establece en 20 millones de euros.

En definitiva, señalan que el importe de la cobertura por responsabilidad medioambiental prevista en la ley debe calcularse a partir del análisis de riesgos de la actividad, por lo que depende fundamentalmente de las características de la instalación y de su localización, así como de la gestión del riesgo que se lleve a cabo. Por tanto, la horquilla de la cobertura cubierta por la garantía financiera obligatoria, estará entre los 300.000 euros y los 20 millones de euros, aunque el Ministerio recuerda que, en todo caso, los operadores también pueden suscribir de forma voluntaria una garantía financiera con cobertura superior.

En concreto, han precisado que las modalidades de garantía financiera según la normativa de responsabilidad ambiental a las que puede acogerse el operador pueden ser alternativas o complementarias. Se trata de tres modalidades: la póliza de seguro, suscrita con una entidad aseguradora autorizada; Aval, concedido por alguna entidad financiera autorizada y Reserva técnica, mediante dotación de un fondo ad hoc, con materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público.

El objetivo es reforzar la protección del medio ambiente y asegurar el principio de prevención y del principio de quien contamina, paga en las actividades industriales clasificadas con nivel de prioridad 1 y 2, según la Orden ARM/1783/2011. La orden ministerial establece que las actividades clasificadas con nivel de prioridad 1 deberán disponer de una garantía financiera en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la Orden, es decir, antes de noviembre de 2018.

Entre las actividades del nivel de prioridad 1 están sujetas al Real Decreto de aprobación de medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como determinadas actividades incluidas en el Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC). Se trata, por ejemplo, de instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal igual o superior a 50 MW y las instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos con una capacidad de tratar más de 10 toneladas por día.

Por otro lado, las actividades clasificadas con nivel de prioridad 2 deberán disponer de una garantía financiera en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la Orden, es decir, antes de noviembre de 2019. Estas, por ejemplo son algunas de las incluidas en el anexo I del Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC), como son determinadas refinerías de petróleo y gas.

Para facilitar esta tarea, el Ministerio, a través de la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental ha desarrollado una serie de documentos guía y herramientas de ayuda y ha habilitado un servicio de apoyo y asesoramiento a las empresas afectadas. Por último, el Ministerio señala también que independientemente de la existencia de una garantía financiera obligatoria y de su cuantía cubierta, todos los operadores del anexo III de la Ley 26/2007 tienen responsabilidad objetiva e ilimitada desde que la ley entró en vigor en 2007. Es decir, que tienen la obligación de llevar a cabo todas las medidas de prevención, evitación y reparación de los daños causados que sean necesarias, independientemente de su coste.

Ecologistas en Acción denuncia la contaminación por ozono que deriva del transporte y de las centrales térmicas

Europa Press.- Cerca de 38 millones de españoles respiraron aire contaminado por ozono durante la primavera y el verano en España, lo que supone el 81% de la población, y el 87% del territorio estuvo expuesto a niveles superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, según las recomendaciones españolas la cifra se reduce hasta el 30% de los ciudadanos (27,6%), según el Informe La contaminación por ozono en el Estado español durante 2017 de Ecologistas en Acción, que destaca que esto supone uno de cada cuatro españoles (12,8 millones de personas) y que las comunidades autónomas con peor situación son Andalucía, Extremadura, Comunidad de Madrid, Murcia y Baleares.

Según el valor fijado por la Directiva 2008/50/CE y el Decreto 102/2011, las cifras de 2017 apuntan a un aumento de 2 y 3 millones de personas afectadas respecto a las evaluaciones de 2016 y 2015, y de 6 millones de personas más que las evaluaciones de 2013 y 2014. Es decir, que uno de cada cuatro españoles respira un aire que incumple el estándar legal vigente para el ozono.

Además, la ONG denuncia que solo 5 de 12 comunidades autónomas han elaborado sus preceptivos Planes de Mejora de Calidad del Aire, de modo que las 12 restantes siguen sin contar con estos planes obligatorios. Se trata de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Valenciano, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y País Vasco.

Estos planes son obligatorios cuando se superan los valores objetivo para la protección de la salud y/o la vegetación y, precisamente, la negativa de estas 12 comunidades a elaborarlos motivó que en 2016 se presentara una denuncia contra el Reino de España ante la Comisión Europea, aunque esta queja se archivó en agosto de 2017 porque «el cumplimiento de los valores objetivo establecido para el ozono resulta complejo«. En este contexto, señala que el coste sanitario que se deriva de la contaminación por ozono troposférico supuso unos 5.000 millones de euros en 2013, un 0,33% del Producto Interior Bruto (PIB) español, según el Banco Mundial.

Sin embargo, la ONG critica que pese a la vulneración de los límites legales, el Gobierno ha «aparcado sin fecha» el Plan Nacional de Ozono Troposférico y ha limitado las actuaciones previstas en cuanto a estudios científicos y la mejora de su medición. Entre las principales causas de este repunte, Ecologistas en Acción responsabiliza al aumento del tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles y la apuesta del Gobierno «por las energías sucias en detrimento de las renovables».

Sobre este contaminante, la ONG explica que se forma en la baja atmósfera por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el tráfico rodado (vehículos diésel), las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales. Se trata por lo tanto de un contaminante secundario que afecta durante la primavera y el verano especialmente a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial. Además, señala que la evolución reciente de la contaminación está relacionada con la tendencia al incremento en verano de las temperaturas medias y de las olas de calor, como resultado del cambio climático.

Por ello, considera que la contaminación por ozono debería abordarse como un problema sanitario de primer orden y recuerda que las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2014 se registraron 1.600 muertes prematuras en España por exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en la mayor parte del territorio durante 2017. De estos, los más afectados son niños, mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

Finalmente, la ONG recomienda como principales vías de actuación la disminución del tráfico motorizados, la reducción de la necesidad de movilidad y potenciar el transporte público, así como facilitar el tránsito peatonal, el uso de la bicicleta en las ciudades o sustituir los disolventes orgánicos por agua y reducir de forma drástica la generación eléctrica en centrales térmicas, en particular las que utilizan carbón, o limitar las emisiones contaminantes de los barcos en el caso de puertos con importante tránsito.

La central térmica de Compostilla, propiedad de Endesa, vuelve a funcionar tras más de 100 días parada

EFE.- La central térmica de Compostilla, propiedad de Endesa en Cubillos del Sil (León), ha vuelto a ponerse en marcha después de 105 días sin actividad tras su decisión de comprar carbón autóctono. Así, los grupos 3 y 5 han comenzado a producir, debido a que el mercado ha demandado energía por la falta de otras fuentes alternativas, según indicaron fuentes de la empresa.

La producción de los grupos de 337,2 MW de potencia instalada y 355,9 MW, respectivamente, se irá ajustando a las pautas del mercado. La eléctrica confirmó el acuerdo anunciado con la empresa Minera Asturleonesa por el que Endesa adquirirá, a lo largo de los próximos 6 meses, 90.000 toneladas de carbón, lo que le da una viabilidad a la firma minera de un año. Sin embargo, no se ha resuelto aún el acuerdo con Unión Minera del Norte (UMINSA) y con Hijos de Baldomero García (HBG) para comprar su carbón, aunque Endesa asegura que siguen los esfuerzos para acercar posturas. De no conseguirlo, los trabajadores aseguran que volverán a concentrarse a las puertas de la central para forzar el acuerdo.

Nadal admite que el Gobierno está «solo» en la defensa del carbón y pide a los partidos que se definan

Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha denunciado la «soledad» del Gobierno en su defensa del carbón dentro del mix energético nacional, por lo que reclamó a las fuerzas políticas que se «definan claramente» y digan «si quieren que el carbón» este dentro de este mix.

En este sentido, Nadal ha anunciado que «no habrá que esperar mucho» para que vea la luz la normativa que impedirá el cierre de las térmicas, si bien han incidido en su deseo de que dicha legislación cuente con «rango de ley». Por ello ha insistido en la necesidad de contar con el apoyo parlamentario «suficiente» para «reforzarla«. De ahí que el responsable ministerial haya insistido en que es el momento en el que las fuerzas políticas deben «definir» si quieren que el carbón forme parte del mix energético. «Nosotros como Gobierno y el Grupo Parlamentario del PP decimos que sí, porque es bueno para productores y consumidores», ha recalcado.

El Gobierno quiere mantener térmicas

No obstante, Nadal ha advertido que, de no lograr esos apoyos, el Gobierno actuará «por su cuenta» y hará «todo lo que pueda» con toda su «capacidad normativa» para mantener la quema del carbón en España, un sector «estratégico» de interés «tanto para productores como consumidores». Así, ha defendido que lo importante «antes que cualquier otra cosa» es que se mantengan las «centrales de carbón» dentro del mix, porque «tiene una enorme utilidad», ya que el carbón ayuda a «moderar precios» y a «diversificar riesgos«.

Por último, Nadal ha querido aclarar que el carbón depende fundamentalmente de la normativa europea y ha explicado que no se puede hablar de quema de carbón autóctono, pues la Unión Europea «no lo permite», pero sí que la quema de este mineral es estratégica en los momentos de «mayor necesidad energética». «Necesitamos apoyos de instituciones a nivel nacional y europeo y de las fuerzas políticas en España y dentro del Parlamento Europeo, y no nos sentimos suficientemente apoyados», insistió.

Abogados ambientales denuncian trabas de la administración para acceder a informes clave en zonas próximas a centrales térmicas de carbón

Europa Press.- El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha denunciado las trabas de las diferentes administraciones públicas, para acceder a documentos clave para la defensa del medio ambiente como los informes base del estado de las aguas subterráneas y el suelo en las zonas con centrales térmicas de carbón.

Según el IIDMA, que está conformado por abogados especializados en medio ambiente, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia Gratuita en materia de Medio Ambiente, las administraciones debería facilitar al público la documentación requerida, generalmente, en el plazo de un mes. Asimismo, los abogados del IIDMA citan la Directiva de Emisiones Industriales, que establece la obligación de presentar un informe base sobre el estado del suelo y de las aguas subterráneas para obtener la actualización de los permisos (Autorización Ambiental Integrada) en instalaciones como las centrales de carbón.

En base a estas normativas, IIDMA solicitó en 2016 a las autonomías que cuentan con centrales de carbón en su territorio los informes sobre la situación del suelo y las aguas subterráneas para analizar si están cumpliendo o no con las obligaciones establecidas por la legislación de la Unión Europea, con el objetivo de «evitar y reducir la contaminación de los entornos» de estos establecimientos.

Galicia frente Asturias y Aragón

Según aseguró la plataforma, Galicia fue la única comunidad que ha cumplido con el plazo de un mes establecido por la Ley, mientras que Castilla y León, Andalucía, Cantabria y Baleares retrasaron el proceso durante varios meses, «poniendo trabas a la democracia ambiental». No obstante, según el IIDMA, «los incumplimientos más graves de acceso a la información se producen en Aragón, donde alegan que no tienen obligación de remitir los informes». Por ello, la plataforma recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón esta alegación; también reclaman que en Asturias se han ignorado reiteradamente las solicitudes y aún no han conseguido la documentación requerida.

Para la directora del IIDMA, Ana Barreira, «esta actitud supone un menoscabo del Estado de Derecho, ya que obliga a las organizaciones como IIDMA a litigar por lo que en realidad son derechos reconocidos por la Ley«. De acuerdo con los abogados especializados en medio ambiente, las administraciones están sujetas a derecho igual que los ciudadanos, y «el hecho de que se obstaculice la defensa de un medio ambiente sano a la sociedad civil es un retroceso para el desarrollo democrático». «El bloqueo de acceso a la información podría esconder el escaso control de las comunidades autónomas sobre la posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas», según el IIDMA.

La Diputación de León aprueba una moción para evitar el cierre de las centrales térmicas

Europa Press.- El Pleno de la Diputación de León ha aprobado, con la abstención de Ciudadanos, la moción por la que se instará al Ministerio de Energía a que «adopte las medidas necesarias para evitar el cierre de las centrales térmicas» de la provincia, «esenciales para la supervivencia de las cuencas mineras».

La moción también recoge la necesidad de «aprobar urgentemente el marco legal de garantía de suministro a través del despacho preferente que blinda el uso de combustibles fósiles autóctonos» a través de un mecanismo que contempla la Directiva Europea de Mercado Interior de la Electricidad y que utilizan países como Eslovenia y Eslovaquia. El vicepresidente para el Bierzo, Ángel Calvo, ha recordado que «la minería del carbón está en una situación dramática, por lo que hay que adoptar una solución ya o no habrá solución».

Endesa advierte de que España necesitaría 11.000 MW más en 2025 si se prescinde de la nuclear y del carbón

Europa Press.- Endesa calcula que España necesitaría incorporar aproximadamente 11.000 MW de nueva potencia firme a partir de 2025 si se prescinde de manera prematura de las centrales de carbón nacional e importado y de las nucleares. Así lo indica en la respuesta a la consulta pública previa del proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica.

La compañía eléctrica explica que en 8 años las únicas tecnologías disponibles para proporcionar firmeza a un coste razonable serían nuevas turbinas de gas o nuevos ciclos combinados, «lo que incrementaría notablemente los precios de la electricidad». Por el contrario, el mantenimiento temporal del carbón y de la nuclear permitiría retrasar la necesidad de nueva potencia firme en, al menos, una década, dando así tiempo suficiente para que maduren nuevas tecnologías, actualmente incipientes, con emisiones nulas y a coste competitivo como, por ejemplo, las baterías.

Para la compañía que preside Borja Prado, es «crítico» determinar cuáles serán las necesidades de potencia del sistema eléctrico en distintos horizontes temporales. En la actualidad, considera que hay un cierto exceso de capacidad. No obstante, cree que es una situación transitoria que desaparecerá en un futuro más o menos cercano en función de las decisiones que se puedan tomar sobre el cierre de las centrales de carbón y nucleares.

A juicio de Endesa, la solución ambiental y económicamente más eficiente para la transición energética en España es mantener en operación la capacidad térmica y nuclear actual «hasta que deje de ser necesaria». En todo caso, precisa, mantener esta capacidad no significa continuar utilizándola del mismo modo: la producción de energía de estas plantas seguirá disminuyendo, debido a la creciente penetración de renovables, al igual que lo harán sus emisiones.

En su respuesta, Endesa indica que las herramientas para conseguir una correcta transición serían una planificación adecuada y unos mecanismos regulatorios que garanticen la disponibilidad de las instalaciones que son indispensables para el suministro energético y la reducción de emisiones al mínimo coste. Así, propone, en primer lugar, un plan de transición hacia un sistema energético libre de emisiones de CO2 en 2050 al mínimo coste posible, incluyendo mecanismos que permitan la electrificación de buena parte de la demanda doméstica, industrial, de servicios y del transporte; y garantizando que el cierre de las centrales emisoras existentes se lleve a cabo mediante la sustitución de estas instalaciones por renovables, como medida de eficiencia económica del sistema.

En segundo lugar, aboga por la revisión de la «elevada fiscalidad específica» que afecta a la generación eléctrica y que da lugar a que todas las tecnologías de generación estén afrontando «importantes dificultades económicas». Por último, aboga por el establecimiento de un mecanismo de pago por capacidad firme que sea conforme con los criterios recogidos por la Comisión Europea, basado en las necesidades del sistema, tecnológicamente neutro y cuyo precio esté fijado por criterios competitivos.

Bruselas pide permitir los incrementos

Ante la pregunta de la consulta de si considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio, Endesa argumenta que la necesidad de mantener operativa una central cuyo titular ha solicitado su cierre es, por lo general, el síntoma de un fallo de mercado, pues significa que el mercado no está permitiendo recuperar los costes de una central que es necesaria. Para evitar estas situaciones, la Comisión Europea recomienda permitir precios de escasez y eliminar distorsiones que afecten a las señales de precios. Si el fallo persiste, se puede proceder a la introducción de mecanismos de remuneración de la capacidad basados en criterios de mercado.

«En todo caso, si se deniega el cierre de una central, se está imponiendo a su titular una obligación de servicio público por la que debe ser lógicamente compensado, según la legislación y la jurisprudencia comunitarias», subraya. Así, recuerda que la Comisión Europea es contraria a la denegación del cierre si la razón es evitar un incremento del precio de mercado. Según Endesa, justificar el mantenimiento en explotación de una central, cuyo titular ha solicitado su cierre, para evitar un incremento en el precio de mercado, «supone una intervención que distorsiona el proceso de formación de la señal de precio».

Los mecanismos de remuneración de capacidad, que la Comisión Europea contempla como solución a problemas de seguridad de suministro, no son, en opinión de Endesa, «nada más que el pago firme, seguro, de las cantidades aleatorias, inciertas y volátiles que, de no existir esos mecanismos de pago, se recibirían como precios de escasez, así que estos mecanismos tienen el efecto positivo de reducir la volatilidad de los precios y los episodios de precios muy elevados».

Sobre qué procedimiento debería seguirse en el supuesto que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema, Endesa señala que si se pretende evitar el cierre de la central porque incide en la seguridad del sistema eléctrico o por motivos de cambio climático, «debe establecerse un mecanismo de compensación al titular que debe ser aprobado por la Comisión Europea con anterioridad a su implementación«.

La eléctrica estima que la introducción de un mecanismo de capacidad compatible con la normativa europea permitiría estructurar un proceso ordenado de previsión de las necesidades de capacidad y la modulación de los cierres, y explica que si el problema es de carácter transitorio, la Comisión Europea contempla el establecimiento de una reserva estratégica compuesta por capacidad de generación que ha de mantenerse fuera del mercado para preservar la señal de precios, pero a disposición del operador del sistema para operar en situaciones de escasez.

Endesa adjudica a Electro Power Systems la construcción de su gran batería de iones en la central térmica de Carboneras

EFE.- Endesa ha adjudicado a la empresa Electro Power Systems (EPS) la construcción de una batería de iones de litio, que será la mayor instalada en España, en Carboneras (Almería), un proyecto en el que la compañía invertirá más de 11,5 millones de euros, según indicó.

El proyecto se espera que esté listo en junio de 2018 y permitirá a la central de Carboneras adaptarse a las necesidades del sistema eléctrico sin alterar su ritmo de generación. La batería tendrá 20 megavatios (MW) de potencia y 11,7 megavatios hora (MWh) de capacidad. El proyecto incluye el suministro e instalación del banco de baterías, inversores y transformadores elevadores de tensión, así como dos transformadores auxiliares para la conexión con la central, transformadores adjudicados a la empresa ABB.

Actualizarse a las energías renovables

La central de Carboneras está diseñada para generar electricidad constantemente, algo que viene haciendo desde que se puso en marcha su primer grupo en 1985. El diseño original de la central, adaptado al sistema eléctrico de los últimos 30 años, tiene ahora que actualizarse a la nueva situación, con una notable penetración de renovables intermitentes, principalmente eólica, que obligará a modular la producción de la planta y aplicar funciones de respaldo para cubrir la demanda.

El gran sistema de almacenamiento de energía del que se le va a dotar se conectará a la red auxiliar de la central y le aportará más flexibilidad, al tiempo que mejorará su respuesta ante fluctuaciones de carga en el sistema de electricidad derivadas de la intermitencia derivada del aumento de penetración de las renovables. Además, la batería reducirá los costes de mantenimiento de los principales componentes de la central y alargará su vida útil.

Los sindicatos mineros exigen complementar con ayudas a la desnitrificación el decreto que dificultará el cierre de las plantas térmicas

EFE.- Los sindicatos UGT y CCOO han exigido al Gobierno que complemente el real decreto que regulará el cierre de las centrales térmicas con ayudas a la desnitrificación y que se fije un hueco térmico para el carbón autóctono. Así lo anunciaron representantes de ambos sindicatos, que ven como la única salvación que existe para el carbón que las térmicas empiecen a comprar «ya» carbón nacional.

Los sindicatos han considerado que sin esas medidas tanto el carbón como sector eléctrico están abocados al cierre y han recordado que Enel ha anunciado que cerrará Compostilla en 2020.El máximo responsable de minería de UGT en Castilla y León, Jorge Díez, alerta de que Unión Minera del Norte (UMINSA) es la única empresa que se mantiene en León, aunque la dirección advirtió de que extinguirá los 160 contratos vigentes en el plazo de «un mes o mes y medio» en caso de que no se retome el suministro de mineral. Díez ha anunciado que ante esta situación su sindicato celebrará una manifestación el próximo martes en Ponferrada (León).

El dirigente de UGT ha recordado que UMINSA no ha podido suministrar carbón desde el mes de enero, y ha alertado de que la extinción de los contratos supondría la pérdida de todos sus derechos a los trabajadores, ya que no podrían acogerse a las medidas sociales, como bajas incentivadas y prejubilaciones, hasta 2018. Díez, también presidente del comité de empresa de UMINSA, exige la compra inmediata de carbón autóctono y ha insistido en que «ya no queda tiempo para buscar otras soluciones». Además, ha puntualizado que actualmente el mineral foráneo que está entrando por el puerto gijonés de El Musel tiene un precio superior.