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Pablo Iglesias denuncia que la factura del gas natural soporte “el regalazo de los españoles a Florentino Pérez” con Castor

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Europa Press.- Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el pago de 1.350 millones de euros de compensación económica por el almacén de gas Castor a la empresa Escal-UGS, participada mayoritariamente por ACS, Pablo Iglesias (Podemos) considera Castor como «la palabra que señala una manera de gobernar, una época y un estilo» y denuncia que «fue un regalazo de los españoles a Florentino Pérez que los españoles siguen pagando en cómodas cuotas en su factura del gas durante 30 años».

En su opinión, la indemnización es una «cláusula patriótica» para devolver el dinero si había algún problema en el proyecto del «gran» almacén de gas que ha costado más del doble del presupuesto inicial y vaticina que ahora «la factura del desastre alcanzará 4.700 millones de euros» con los que se podrían financiar más de 3 millones de becas o 18.500 aparatos de mamografías. Por eso, ha pedido al Gobierno que exija a Florentino Pérez, cuya empresa participa en un 67% en Escal-UGS, que devuelva la citada indemnización y que el empresario no vuelva a recibir «un solo contrato público».

El proyecto de almacén de gas Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón) suspendió su actividad después de que durante las pruebas de llenado en agosto de 2013 se registrasen numerosos seísmos en la zona que obligaron a cesar el proyecto en septiembre y a su hibernación a finales de 2014. El Gobierno terminó con la concesión del almacén y se indemnizó a Escal-UGS con 1.350 millones de euros, un importe que los consumidores de gas pagan en su factura hasta 2034, 96,38 millones durante este año. De hecho, el propio Gobierno ha indicado que la hibernación del almacén tiene un coste de unos 16 millones de euros anuales.

El diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, estima que la indemnización a Escal-UGS terminará costando «casi 5.000 millones de euros». A su juicio, el «timo» de Castor es «el resultado del juego económico y político español entre el PP y el PSOE en el que siempre gana Florentino Pérez en esa especie de BOE que es el palco del Bernabéu» y que pagarán los ciudadanos hasta 2034. Por eso, exige una subcomisión de investigación en el Congreso para saber por qué se «blindó» un negocio en el que Escal-UGS actuó de manera «negligente»; por qué el Gobierno no ha abierto una auditoría y, en definitiva «quién se sigue lucrando» y cuántos años costará “este desastre».

Por su parte, el diputado del PdeCat Carles Campuzano, considera que Castor es «uno de los escándalos más graves» sobre las relaciones entre el poder político y las empresas que gestionan servicios de infraestructuras estratégicas de España. En línea parecida, el diputado de Compromís Joan Baldoví cree que «con un poco de sentido común» este proyecto no se habría realizado nunca y propone evitar que «siempre los mismos» sean rescatados «a costa» de los ciudadanos».

Desde el grupo parlamentario socialista, Pilar Lucio ha criticado la «vertiginosa» rapidez en el pago de la indemnización por parte del Gobierno a la empresa cuando «no había urgencia» y cuestiona por qué hay que compensar este activo a Escal-UGS, por qué no se corresponsabiliza la empresa adjudicataria y por qué el Ejecutivo, primero devolvió urgentemente el dinero y luego encargó un estudio al MIT.  Asimismo, para el diputado de Ciudadanos, Antonio Roldán, el proyecto de Castor es «otra chapuza que deja el bipartidismo de amiguetes para dar adjudicaciones y contratos que pagan los españoles».

Por su parte, el diputado del PP, Teodoro García Egea, ha culpado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que pidió perdón, y al ex ministro de Industria, Miguel Sebastián, de haber firmado el citado contrato y, por tanto, estima que son estos «quienes deberían dar explicaciones». A su juicio, fue el anterior gobierno socialista responsable de «dejar temblando» a los vecinos de Castellón porque si no se hubiera autorizado la cláusula «abusiva» probablemente el proyecto nunca se habría construido. Asimismo, ha defendido que el PP recurrió la cláusula abusiva para evitar pagar la citada indemnización pero el Tribunal Supremo acordó que esta indemnización debía pagarse.

Nadal resalta la «alineación total» del Gobierno y los sindicatos de la minería para evitar el cierre de las térmicas

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Europa Press.- Mientras UGT anuncia encuentros con el resto de partidos para evitar el cierre de las centrales de carbón, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que existe una «alineación total» entre los sindicatos de la minería y el Gobierno en evitar el cierre de las centrales térmicas en España, «sobre todo si no es por una causa justificada». En este sentido, Nadal valoró muy positivamente la reunión mantenida en la sede del Ministerio con el conjunto de la industria.

A este respecto, el ministro de Energía defendió la tesis del Gobierno de que “si una central no pierde dinero, es rentable y necesaria para el sistema, se debe mantener y seguir funcionando», algo compartido por los sindicatos. Así, subrayó que pidió a los sindicatos que «trasladen esa misma postura a otros grupos parlamentarios, muchos de los cuales no quieren que se use el carbón para generar electricidad”, así como a «todos los sectores empresariales concernidos, no sólo al energético, sino también al industrial». A este respecto, advirtió que todas las empresas deben ser conscientes de que si la política energética no es correcta se producirá un aumento de los costes energéticos, que «son pérdida de puestos de trabajo industriales».

En lo que se refiere a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula parcialmente el medio utilizado para indemnizar a Escal por el cierre del almacén de gas Castor, Nadal indicó que el Gobierno está estudiando las implicaciones qué tendría para el sistema gasístico. Nadal reconoció que es «complicado» ver qué efectos tiene la decisión judicial ya que valida casi la totalidad del decreto ley, aunque anula «el acto formal de un artículo en concreto».

Los sindicatos apoyan al ministro

Por su parte, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha manifestado su apoyo a la postura del ministro de Energía sobre el cierre de las térmicas y ha anunciado que pondrá en marcha una ronda de reuniones con partidos políticos a nivel nacional y con las autonomías afectadas «para que apuesten por el mantenimiento» del carbón en el mix eléctrico. En este sentido, el secretario general de UGT-FICA, Pedro Hojas, concretó que van a pedir reuniones a los 3 presidentes de las autonomías afectadas por el cierre de las térmicas (Asturias, Castilla y León y Aragón) para que, desde sus puestos, «presionen a los grupos políticos» contrarios a su mantenimiento.

Factura un 30% más cara

Hojas ha trasladado públicamente a Nadal «que no se sienta solo» y que «en ningún caso tiene que ceder a las presiones que está recibiendo». Hojas ha afirmado que, «sin las centrales nucleares y de carbón conectadas, la factura de la luz habría sido un 30% más cara«, por lo que ha pedido que las propuestas trasladadas desde el grupo de expertos de UGT se transformen en «un gran Pacto de Estado» en el que todos los actores diseñen «una política energética que garantice unas tarifas que no sean un factor de pérdida de competitividad».

También ha llamado a las empresas eléctricas «a que digan la verdad» sobre las emisiones. «Lo que tienen que hacer es invertir en las centrales de carbón», ha reiterado, añadiendo que » si las empresas térmicas hubieran invertido sus cuantiosos beneficios en tecnología de vanguardia, las emisiones serían mucho menores». Finalmente, Hojas ha llamado a elaborar políticas energéticas a largo plazo, «fuera de populismos y política fácil que busque votos» y advirtió de los «grandes riesgos» de deslocalización de grandes empresas si no hay una energía competitiva a precios europeos.

Unidos Podemos pregunta en el Congreso por la subvención del proyecto de Gas Natural en Doñana y reclama su paralización

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Europa Press.- Unidos Podemos ha registrado una nueva pregunta en el Congreso respecto al proyecto de almacenamiento gasista de Gas Natural en Doñana en la que ha pedido explicaciones al Gobierno por la última subvención concedida a Gas Natural. El coportavoz federal de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha tildado de «disparate» que no se frene el proyecto y se subvencione con dinero público. «Por supuesto que pedimos explicaciones y reclamamos de nuevo su paralización», ha sentenciado.

Así, Unidos Podemos ha vuelto a llevar al Congreso el proyecto que Gas Natural pretende poner en marcha en Doñana, preguntando esta vez por «los 6,3 millones de euros que el Gobierno ha concedido a la empresa para sufragar el almacenamiento de gas en el subsuelo del espacio natural». La formación ha instado al Gobierno a pronunciarse sobre si «conoce el informe del Defensor del Pueblo que desaconseja el almacenamiento de gas en Doñana» y sobre el motivo para mantener esta subvención, «teniendo en cuenta la oposición y los informes existentes en contra del proyecto«.

Por su parte, la coportavoz andaluza de Equo, Carmen Molina, aprovechó para volver a pedir a las distintas administraciones, y en especial a la Junta de Andalucía, «contundencia a la hora de dejar claro que el proyecto no se llevará a cabo». Molina ha reclamado que «se acabe con la incertidumbre» y se diga ya «abiertamente» que este proyecto «no se materializará de ninguna de las maneras». «Aunque se agradece que la Junta de Andalucía esté de parte de quienes nos oponemos al proyecto, dejando atrás esa etapa en la que otorgaba autorizaciones ambientales a esta empresa, son necesarias más acciones y menos palabras», indicó.

Para Unidos Podemos, con esta nueva subvención el Gobierno «vuelve a primar los intereses de una empresa extractiva y contaminante» en lugar de elegir «apostar por pequeñas empresas y cooperativas de energías renovables». Así lo señala el también coportavoz andaluz de Equo, Francisco Sánchez Molina, quien ha criticado que el Ejecutivo del PP «no aprenda del pasado». «El proyecto Castor es otro ejemplo de cómo el Gobierno central va de la mano de un oligopolio energético altamente contaminante y destructivo con el medio natural», ha denunciado, al tiempo que ha explicado que «estas empresas se lucran con la connivencia de los gobiernos centrales y autonómicos«.

Con todo, la formación ha insistido en «no bajara la guardia» porque con esta subvención el Gobierno «avala el interés general de un proyecto al que multitud de colectivos, partidos y ciudadanía» han mostrado su «más profundo rechazo». Por ello, ha reiterado que la prioridad «debe ser escuchar al CSIC y al IGME para evitar consecuencias» como la de Castor, porque si «hay que esperar a que la Justicia resuelva, damos tiempo a Gas Natural y al PP para culminar un proyecto inviable para Doñana».

“La subvención es una barbaridad”

Por su parte, la diputada por Huelva de Unidos Podemos, Isabel Franco, ha criticado que «esta barbaridad del Gobierno central de nuevo demuestra que gobierna para Gas Natural», indicando además que «con esta partida y otra en el anterior año, ya ha recibido esta empresa, que quiere utilizar Doñana para almacenamiento de gas, un total de 12,6 millones en concepto de peaje y cánones», estimó. En este sentido, lamenta que el Gobierno «haga oídos sordos» ante todas las denuncias que van contra este proyecto tanto de vecinos, ayuntamientos, Unesco, UICN, ONGs, organizaciones ecologistas, instituciones e incluso el Defensor del Pueblo.

Por otra parte, ha criticado que el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), al que hace referencia el Defensor del Pueblo, «no esté publicado y sea accesible a la ciudadanía y las instituciones«, y asegura encontrarse a la espera de las respuestas a las preguntas registradas en el Congreso para conocer «por qué ocultan dicho informe y cuándo estará accesible su información».

Por su parte Jesús Romero, parlamentario autonómico por Huelva de Podemos Andalucía, calificó de «irresponsables e inmaduras las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, al afirmar que el odio nubla la razón de Podemos al obviar que el PP es responsable del proyecto de gas en Doñana«. Romero recordó que en 2010, cuando el Gobierno era presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, se dio la primera declaración de impacto ambiental al proyecto y «ningún diputado ni en el Parlamento ni en el Congreso manifestaron queja ninguna ni emprendieron ningún procedimiento para impedirlo, ni del PP, ni del PSOE».

Por ello, Romero ha criticado «la inacción continua del Gobierno andaluz, incluso cuando en 2013 y 2014 la Unesco advertía de los peligros de Doñana» y ha recalcado que la Junta «sólo comienza a posicionarse en contra del proyecto y tomar alguna medida en 2015 tras las movilizaciones de la plataforma Salvemos Doñana junto con acciones en el Parlamento andaluz de organizaciones políticas como Podemos«.

En ese mismo año, según asegura Romero, «Fiscal hablaba de la seguridad del proyecto y alababa su completa legalidad, lo cual denotaba que seguían con la inercia de la irresponsabilidad», a la par que ha advertido de «la falta de evaluación de impacto sísmico del proyecto, aún estando en la zona del golfo de Cádiz con alta actividad sísmica y que sabemos, como ocurrió con el proyecto Castor, que la inyección provoca aún más actividad«.

El PSOE ve «inaudito» que nadie del PP explique por qué se pagó la indemnización del almacén de gas Castor

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Europa Press.- La vicesecretaria general primera del PSOE en la provincia de Castellón, Ana Edo, considera «inaudito» que después de que el Tribunal Constitucional anulara la indemnización para las promotoras de Castor, «nadie de peso en el PP se haya atrevido a dar la cara» y a explicar qué «extraños motivos» movieron al Gobierno de Mariano Rajoy y el PP «a pagar una indemnización de 1.350,7 millones de euros a Florentino Pérez con nocturnidad, opacidad y alevosía».

Edo cree «que deben ser los actores principales del PP los que expliquen qué hubo detrás de la celeridad con la que Rajoy llenó la caja del señor Florentino Pérez». «Nos parece que en aquella decisión del Gobierno hubo gato encerrado, porque de lo contrario no se entienden las prisas de Rajoy», ha señalado Edo, a quien le parece que «ya es hora» de que los presidentes del PP en la Comunidad Valenciana y del PP de la provincia de Castellón, Isabel Bonig y Miguel Barrachina, respectivamente, «den la cara».

Edo cree que una vez que se produjeron los terremotos, «se debería haber impuesto la cordura». Según ha dicho, «lo lógico era analizar lo que había ocurrido y, una vez que se tuvieran todos los datos encima de la mesa, adoptar las medidas que fuera menester, atendiendo a la realidad económica, social y judicial del momento». «Lo que no tiene ninguna lógica», según la socialista, es que «por su cuenta y riesgo, Rajoy decidiera que los españoles pagaríamos de nuestro bolsillo 1.350,7 millones de euros».

«Menos mal que el hoy presidente de la Generalitat, Ximo Puig, instó al grupo socialista en el Congreso a presentar un recurso que ahora ha dado sus frutos», ha añadido. En este sentido, ha recordado que el Tribunal Constitucional ha anulado el pago de la indemnización», pero, subrayó, «lo que no se ha anulado es su culpa, la que le llevó a regalar 1.350,7 millones de euros a un grupo de empresas, mientras se aplicaba un salvaje programa de recortes».

Energía esgrime que el Constitucional solo cuestiona la forma de aprobar la indemnización de 1.350 millones de Castor al anularla

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Europa Press.- El Tribunal Constitucional ha declarado «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley, aprobado en octubre de 2014, que contemplaba la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS. En este sentido, el Ministerio de Energía ha señalado que el Constitucional no se opone a dicho esquema financiero, sino que cuestiona el instrumento utilizado para su aprobación.

El departamento que dirige Álvaro Nadal resalta que la sentencia del Constitucional no declara la inconstitucionalidad del texto íntegro del real decreto ley 13/2014, sino que estima únicamente los recursos interpuestos sobre los artículos referidos a la solución financiera adoptada por un «motivo formal». En esta línea, el Ministerio apunta que la sentencia no se opone al esquema de las indemnizaciones, sino que cuestiona la fórmula utilizada para su aprobación, puesto que considera que no se cumplían los supuestos de «extraordinaria y urgente necesidad» que se exigen para la aprobación de un real decreto ley.

Igualmente, señala que el Constitucional no concluye «en ningún caso» que se hubiera producido un pago indebido al titular del almacenamiento, sino que subraya que hubiera bastado que la decisión se hubiera aprobado a través de un procedimiento legislativo ordinario de urgencia, en lugar de por un real decreto. Ante esta situación, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital asegura que adoptará las medidas «oportunas» una vez que haya estudiado «en profundidad» la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional.

El Constitucional admitió «parcialmente» los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Parlamento de Cataluña, así como por la Generalitat catalana y por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Efectivamente, este organismo declara «inconstitucionales y nulos» los artículos 4 a 6 y precisa que no ve ninguna razón para haber aprobado dicha compensación mediante un decreto ley, puesto que esta medida únicamente está justificada ante la existencia de una situación «de extraordinaria y urgente necesidad a la que debiera hacerse frente».

En su sentencia, el Tribunal no entra en el fondo de la cuestión sobre la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en la forma de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia. En 2014, el Gobierno aprobó un decreto en el que se reconocía esta compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe se repercutiría durante 30 años en la tarifa de gas.

No obstante, el fallo señala que «no se ha aducido ninguna razón» que acredite la existencia de «una situación de extraordinaria y urgente necesidad a la que debiera hacerse frente» con el Real Decreto. Asimismo, destaca que ante la utilización del decreto-ley como instrumento de habilitación de créditos, el ahorro o ventaja económica que pueda derivarse de una determinada operación no es un «argumento válido para justificar la situación de extraordinaria y urgente necesidad requerida en la Constitución, «si no va acompañado de una justificación adicional» que explicite las razones por las cuales la asignación del pago al sistema gasista ha de ejecutarse «en unos términos y plazos tan perentorios«.

Además, considera que, admitida la existencia de una situación de urgente necesidad que por los movimientos sísmicos habidos en el entorno de la instalación de almacenamiento de gas Castor pondría en riesgo de personas, bienes y el medio ambiente se ha convenir, tras un examen particularizado de las circunstancias concurrentes en el presente caso, en que las medidas adoptadas en los artículos 4 a 6 del Real Decreto-ley «no guardan la debida conexión de sentido con dicha situación y su adopción representa una inadecuada alteración del sistema de fuentes del Derecho que no encuentra cobertura en la regulación que del artículo 86.1 contiene nuestra Constitución».

Por contra, el tribunal sí que avala la constitucionalidad que regula la hibernación de las instalaciones, así como la atribución de su administración a una nueva empresa. La actividad de Castor se encuentra detenida desde 2013, cuando se detectaron, durante la fase de llenado de gas colchón, movimientos sísmicos. El almacenamiento fue puesto en hibernación en 2015 y este año se conoció un informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT) que concluyó que los terremotos, de hasta 4,3 magnitud Richter, fueron causados por las inyecciones de gas en el silo.

El PSOE y Cecot critican que el Gobierno «antepuso los intereses privados a los generales» con la indemnización de Castor

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Europa Press.- Al igual que organizaciones empresariales e industriales, como la patronal catalana Cecot, el diputado del PSOE por Castellón, Artemi Rallo, expresó su «satisfacción» por el fallo del Tribunal Constitucional que ha declarado «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del decreto que contemplaba la indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa promotora del almacén de gas Castor, Escal UGS, y asegura que el Gobierno, al arbitrar un mecanismo «tan urgente» para la indemnización, «antepuso los intereses privados a los generales».

Rallo ha calificado la decisión que adoptó entonces el Gobierno de «arbitraria e injustificada», pues el decreto ley «hacía que se abonara de forma inmediata, en 30 días, una indemnización escandalosa, que los ciudadanos debían de pagar en 30 años». «Esto suponía un despropósito general que el Tribunal Constitucional ha reparado», asevera el diputado, quien considera que el Gobierno «ha salido por peteneras aludiendo a un supuesto defecto formal que no es tal, sino que es una excusa recurrente y que también utilizó cuando se declaró inconstitucional la amnistía fiscal». Rallo ha resaltado el papel del Grupo Parlamentario Socialista, que promovió el recurso de inconstitucionalidad.

Por su parte, el PSOE de Castellón también ha celebrado el fallo del Tribunal Constitucional, con el cual adquiere «rango de verdad judicial» lo que el PSOE ya advirtió en 2014, que el Gobierno de Rajoy «no gobierna para el conjunto de la sociedad, sino para favorecer a los sectores más poderosos, a cuyo dictado parece actuar«. Como el PSOE puso de manifiesto entonces, estaba «fuera de toda lógica» que en un momento como aquel, en el que se estaba aplicando una «despiadada» política de recortes sociales, se decidiera aprobar un decreto ley para tramitar por la vía de urgencia el pago de una indemnización multimillonaria, «a todas luces injusta».

El PSOE ha pedido que el PP aclare cuáles fueron los motivos que le llevaron a pagar de forma «tan rauda y veloz» una indemnización de 1.350,7 millones de euros a las empresas de Florentino Pérez, que tenía una participación mayoritaria en Escal UGS. «Lo que se imponía en un momento como aquel era realizar un análisis de la situación medioambiental, administrativa, jurídica y económica que se creaba a partir del momento en el que se produjeron los terremotos, para tomar una decisión con calma, que se ajustara al Derecho y a la lógica», concluyó.

Entidades industriales celebran la sentencia

Diversas entidades del sector industrial han celebrado la sentencia del Tribunal Constitucional, así como desde la patronal catalana Cecot, y han garantizado que han seguido de cerca las gestiones del caso por la incidencia en los consumos de determinadas industrias «como resultado de la mala gestión de la administración del Estado», según indicó la patronal. El presidente de Cecot, Antoni Abad, ha criticado que «no es de recibo que el coste lo tengan que asumir los consumidores» por un problema de planificación y mala gestión.

El Castor sigue generando temblores

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La sentencia del Tribunal Constitucional respecto al Castor supone un varapalo mucho mayor de lo que parece, entre otras cosas porque escarnece las costumbres, usos y vicios de la mayoría absoluta, que se fue para nunca volver a la vida parlamentaria española. La deficiente vida política y mediática española abriga diversas fórmulas que no coinciden con lo que establece el ordenamiento legal y constitucional español. Así, el Parlamento aprueba Leyes, el Gobierno tiene conferida la posibilidad de aprobar Proyectos de Ley y decretos en desarrollo de legislación preexistente, los Ministerios dictan y resuelven Órdenes Ministeriales.

Esta construcción se pervierte, consecuentemente, con la lectura de expresiones como «el Gobierno aprueba una Ley» cuando lo que hace es un Decreto Ley (una emulación de ley formulada por razones de urgencia que requiere por tanto la aprobación y convalidación del Parlamento), transformando la capacidad de acción gubernativa para exhibir autoridad. La anterior legislatura fue un ejemplo del empleo del Decreto Ley, dado que era un atajo al proceso parlamentario de una Ley, cuando el Ejecutivo tenía prisa (no necesariamente cuando la circunstancia a regular lo exigía). Los decretos leyes están reservados en nuestro ordenamiento para asuntos de urgencia y una de las razones jurídicas clave en esta sentencia es la ausencia de urgencia que justificase acelerar la ‘indemnización’.

Esta ortodoxia tiene difícil apreciación entre los partidos, entre los medios de comunicación que gustan de un lenguaje mucho más vertical en lo político y, evidentemente, entre los ministros, que gustan de saberse con mayor capacidad y menor dependencia de la Ley. De hecho, esta práctica se normalizó, si puede decirse así. Resabios de otra forma de concebir la autoridad.

La sentencia del Tribunal Constitucional respecto del Castor, cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, cuestiona la forma en que se arbitró la indemnización por la construcción de esta infraestructura y su hibernación posterior, a través precisamente de un Decreto Ley,  puesto que los supuestos de indemnización tienen su propio procedimiento en el Derecho Administrativo Económico español.

Así, el Tribunal Constitucional anula varios artículos del Decreto Ley de 2014 que permitió a la compañía Escal UGS, propiedad en un 66,7% por ACS, cobrar una indemnización de 1.350 millones de euros tras la paralización del almacenamiento Castor, suspendido tras una serie de seísmos. En realidad el Constitucional declara conforme a la fórmula del Decreto Ley la decisión de hibernación del mismo, pero no el mecanismo de cálculo, fijación y pago de la indemnización (acelerada, trepidante, en 35 días tras su entrada en vigor).

El ministro de Energía demedia retóricamente la sentencia porque el Tribunal Constitucional no cuestiona la indemnización dictada (no la enjuicia, en realidad), sólo anula el procedimiento de reconocimiento, fijación y pago, acogido a la razón de urgencia. Es decir, a Nadal le parece poco cuestionamiento, seguramente porque sigue teniendo mentalidad de vivir en la mayoría absoluta o porque quiere echar tierra sobre el asunto. Le beneficia el entorno político y la falta de finura de la vida cívica. A veces el fondo son las formas.

Para él es una cuestión menor, pese a la relevancia que tiene en este Ejecutivo el influyente cuerpo de Abogados del Estado como para que los reveses judiciales adquieran esta envergadura. El Gobierno tenía prisa por quitarse el problema de encima (una infraestructura no necesaria, no restituida en la planificación energética, causante de seísmos, una empresa propietaria del mismo, un proceso de aprobación y de construcción acelerado, la reclamación de la indemnización, el enfado de las administraciones y ciudadanos de las zonas afectadas…). ¿Cuál era el objetivo de Estado que perseguía tal aceleración que ha llevado a que el Gobierno vea constitucionalmente reprobado este Decreto?

La sentencia emite otra lectura de refilón, otro mensaje al mundo independentista respecto al ordenamiento constitucional. De hecho, la Generalitat de Puigdemont era parte activa en este procedimiento judicial. Y es que ni siquiera los Decretos Leyes (con concurso de las mayorías parlamentarias temporales o «rodillos», según el caso) están fuera de la tutela judicial.  El PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero tampoco fue especialmente fino con la aprobación y adjudicación del proyecto (incluyendo la cláusula indemnizatoria avalada por el Tribunal Supremo en caso de su extinción), cuestionado por los distintos rectificados de sus costes estudiados por la extinta CNE. Hoy se justifica en una ampulosa estrategia de silos «estratégicos» subterráneos para problemas prolongados de suministro internacional de este hidrocarburo.

De lo que hay dudas es de las consecuencias para los perceptores de la indemnización (en el sentido de su devolución en la misma medida acelerada, o bien, aplazada) y del tiempo transcurrido entre el Real Decreto y esta sentencia: paradójicamente, sobre una cuestión cuyo objeto era la velocidad indemnizatoria, la resolución ha sido lenta. Y es que, al final, todo es cuestión de tiempo.

El Gobierno quiere analizar técnica y económicamente las alternativas en el almacén de gas Castor antes de empezar su desmantelamiento

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Europa Press.- El almacén de gas Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón) está en la actualidad en una situación «estable» y el Gobierno considera «necesario» analizar técnica y económicamente las alternativas para proceder de forma segura para las personas y el medioambiente y de la manera más eficiente de cara a su futuro desmantelamiento seguro.

En una respuesta del Gobierno al senador de Compromis, Carles Mulet, el Ejecutivo recuerda que se acordó la hibernación segura del almacén subterráneo de gas cuyas tareas de llenado provocaron movimientos sísmicos en agosto de 2013 que motivaron su posterior cierre. Entonces, el Ejecutivo acordó hibernar las instalaciones asociadas al almacenamiento y extinguió la concesión de explotación a su titular, Escal UGS, cuyas instalaciones pasaron a ser administradas por Enagás para garantizar la seguridad de las personas, los bienes, el medioambiente y el correcto mantenimiento de la operatividad del almacén Castor y optimizar los recursos disponibles del sistema gasista español. Desde entonces, el Gobierno asegura que Enagás «ha adoptado las medidas técnicas necesarias para la hibernación segura de la instalación».

En este contexto, añade el Gobierno en su respuesta, que el estudio encargado por Enagás al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y a expertos de la Universidad de Harvard concluyó con claridad que volver a operar Castor podría desencadenar «con muy alta probabilidad» por la desestabilización de las fallas de la zona «nuevos episodios sísmicos«. En definitiva, el Gobierno considera que ahora que Castor está en situación estable y teniendo como prioritaria la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, «antes de proceder a cualquier operación tendente al desmantelamiento» ve «necesario» analizar técnica y económicamente las alternativas a ello de forma segura.

El senador de Compromis, Carles Mulet, lamenta la falta de «medidas reales» para desmantelar el almacén al que define como un «amasijo de ferralla en el mar» y critica la falta de «transparencia en todo lo que rodea al proyecto de almacén de gas. Así, reprochó la práctica «enquistada» en las respuestas del Gobierno respecto a este «proyecto energético fracasado» porque considera que el Ejecutivo no concreta las medidas que se adoptarán para su desmantelamiento.

Mulet critica que el Gobierno le conteste que ha decidido que la instalación de almacén gasista Castor siga «en su estado actual de hibernación que garantiza la estabilidad del mismo». El senador denuncia que «el método Rajoy» de resolver los conflictos no sirve a los vecinos afectados por los terremotos y considera que no se puede tener sine die «toda esa ferralla en medio del mar a expensas de algún accidente o movimiento geológico que genere peligro a la población.

Por ello el senador propone sellar el almacén de la mano de expertos, como ya hizo la empresa Shell cuando abandonó la planta al haber constatado durante décadas los episodios sísmicos que producía la explotación del yacimiento petrolífero. Por otro lado, Mulet considera que el coste de desmantelar la planta deberían abonarlo «quienes planificaron mal» y ejecutaron con más de un año de retraso un proyecto innecesario y que dio toda clase de problemas. En definitiva, Compromis lamenta que 2017 vaya a terminar sin tomar medidas reales tras el estudio que se encargó al MIT.

El Estado gasta 15,7 millones de euros al año en el mantenimiento en hibernación del almacén de gas Castor

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Europa Press.– El mantenimiento de las instalaciones de la plataforma de almacenamiento de gas de Castor cuesta a las arcas del Estado unos 15,7 millones de euros al año, según ha indicado el propio Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el coportavoz de Equo, el diputado Juan López de Uralde.

Este proyecto de extracción de gas, instalado en el mar Mediterráneo frente a las costas de Castellón y Tarragona, fue aprobado por el Gobierno de Zapatero en 2008 y comenzó a funcionar ya bajo mandato de Rajoy en 2012. Sin embargo, su actividad tuvo que suspenderse un año más tarde, después de que la zona en la que se situaba registrara una serie de seísmos.

Desde entonces, las instalaciones se encuentran en hibernación, siendo Enagás Transporte la sociedad responsable de su mantenimiento en condiciones seguras. Pero, según explica el Ejecutivo, a cambio recibe de las arcas públicas una compensación por los costes incurridos en la ejecución de tales funciones. Además, también le corresponde «la realización de estudios necesarios sobre la seguridad» de la plataforma. Para López de Uralde, esta información facilitada por el Gobierno demuestra que Castor «es un pozo sin fondo» para el erario público. «Todo ese dinero debería estar gastándose en impulsar la transición energética basada en renovables, en vez de mantener una estructura que no va a servir de nada ya», denunció.

En la pregunta registrada en el Congreso, el coportavoz de Equo recuerda al Gobierno que este proyecto ya ha costado a los españoles unos 1.350 millones de euros, en relación con la indemnización que el Ejecutivo aprobó en favor de Escal UGS, la sociedad a la que se concedió el desarrollo del proyecto. Por otra parte, López de Uralde también preguntaba por el posible desmantelamiento de las instalaciones y el coste que esto supondría, una pregunta a la que, sin embargo, el Gobierno no responde.

Equo plantea esta posibilidad después de los resultados obtenidos en el estudio encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard, en el que se señalaba a las instalaciones de Castor como causantes de los seísmos detectados en 2013. Cuando se conoció el informe, el actual ministro de Energía, Álvaro Nadal apuntó que «lo ideal en un futuro», en su opinión, es poder desmantelar la instalación.

ERC, Unidos Podemos, Compromís y PDeCAT piden al Tribunal de Cuentas investigar los sobrecostes del proyecto de almacén gasista Castor

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Europa Press.- Diputados y senadores de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Unidos Podemos, Compromís y Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) presentaron en el Tribunal de Cuentas de Madrid, junto a la Plataforma Ciudadana en Defensa de les Terres del Sènia, una solicitud formal en la que piden que se abra una investigación por los sobrecostes del proyecto Castor de almacenamientode gas natural, y en la que exigen a la Administración responsabilidades.

Así lo ha asegurado la portavoz de la Plataforma, Cristina Reverte, que lo considera como un «acto de concienciación» y «reclamación» ciudadana. «Es una lucha más contra un proyecto que creemos innecesario y que ha puesto en riesgo la seguridad ciudadana», ha señalado Reverte, que afirma que llevan 10 años luchando «pacíficamente» por esto. El documento que han presentado al Tribunal de Cuentas de Madrid declara, según ha afirmado la portavoz, el aumento de costes del proyecto, que al inicio suponían 400 millones de euros, según asegura la portavoz, y después aumentó a 1.700 millones de euros para, finalmente, ascender a más de 4.000 millones.

«No tenemos ninguna transparencia por parte de la Administración, a lo largo de 10 años hemos pedido que se expliquen las cosas, que se nos dé la información, porque al final, quien tenemos que pagar las facturas de otros y la responsabilidad de otros, somos la gente corriente», ha criticado. Las actividades en el almacén de Castor, situado entre Castellón y Tarragona, fueron paralizadas en septiembre de 2013 debido a que las inyecciones de gas provocaban terremotos en la zona de Vinaroz (Castellón). Un año después, en octubre de 2014, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que acordaba el cierre de las instalaciones.

El Gobierno también acordó que el Gobierno indemnizaría con 1.350 millones de euros a Escal UGS, participada por el grupo ACS, la empresa concesionaria de la explotación del almacenamiento subterráneo de gas Castor, por su cierre. Pero el importe sería abonado por Enagás Transporte, lo que según advirtió OCU, repercutiría en los consumidores, los cuales acabarían pagando en su factura de gas durante los próximos 30 años esa cantidad, más un interés del 4,27% anual, lo que elevaría el importe final pagado por los consumidores de gas a 4.731 millones.

Los diputados y senadores que apoyan a la Plataforma también han pedido responsabilidades al Gobierno y que se inicie una investigación. Por su parte, el alcalde de Alcanar (Tarragona), Alfons Montserrat (ERC) exigió «transparencia, claridad, e información» sobre Castor porque, a su juicio, «es la mejor manera de que no vuelva a repetirse». Montserrat tachó de «deplorables» las indemnizaciones acordadas por el Gobierno por su cierre y ha recordado que este almacén «ha puesto en peligro todo un territorio con alrededor de 500 movimientos sísmicos». Por su parte, el senador de ERC, Miguel Aubà, reclamó «que pague quien haya cometido el problema» y ha expresado su apoyo a la plataforma.

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, destacó que este proceso contra Castor se ha materializado en la petición para la creación de una comisión de investigación en el Congreso. Navarrete señaló que se abordarían cuestiones como los motivos por los que no se hicieron los estudios de impacto medioambientales necesarios que exigía la ley, el aumento del gasto del proyecto, el motivo por el que las indemnizaciones del Gobierno repercuten en los usuarios del gas o quién dio la orden de inyectar más gas del que era capaz la infraestructura con una velocidad superior a la recomendada por los técnicos.