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Enagás inicia la fase final de la hibernación de Castor, cuyo coste ascenderá a 17 millones de euros

Redacción / Agencias.- Enagás comenzó la fase final del proceso de hibernación del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, de acuerdo con lo programado y según lo encomendado por el Gobierno, cuyo proceso está previsto que concluya en noviembre, informó el gestor del sistema gasista. Un estudio del MIT decidirá el futuro del almacenamiento en el segundo semestre de 2016.

El coste total del proceso de hibernación y de mantenimiento de las instalaciones en condiciones seguras, según una estimación preliminar, será de unos 17 millones de euros en 2015. A partir de 2016, esta cantidad será previsiblemente inferior, porque no incluirá los costes del proceso de hibernación. La mayor parte de la inversión corresponde a los seguros necesarios y a los costes inherentes para garantizar la seguridad, indicó la compañía.

Enagás señaló que el objetivo del proceso de hibernación es llevar la infraestructura a «una situación de máxima seguridad, sin gas en plataforma, gasoducto e instalaciones de tierra». Además, la compañía presidida por Antonio Llardén solicitó un estudio al MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) «que permitirá disponer de una base al Gobierno sobre la que poder tomar una decisión acerca del futuro de Castor». Según la estimación del MIT, este estudio previsiblemente estará finalizado en el segundo semestre de 2016.

Sellado ante el riesgo sísmico

Para desarrollar el plan definido de hibernación, se ha realizado previamente un exhaustivo análisis de riesgos y se han contemplado diferentes alternativas, con el fin de reducir al mínimo el impacto, garantizando las máximas exigencias de seguridad. El proceso de hibernación consiste técnicamente en inertizar las instalaciones de plataforma, gasoducto submarino e instalaciones en tierra. Para ello, se cierran las válvulas de los pozos y se realiza un sellado con piezas de acero, que actúan como tapones. Tras el cierre inicial de las válvulas de los 12 pozos existentes, Enagás va a proceder al sellado de estos pozos. Para realizar esta operación, Enagás contrató a una de las tres compañías en el mundo especializadas en estos trabajos, la americana Weatherford.

Además, en las próximas semanas se procederá a llevar la infraestructura a una situación de presión mínima de gas y se evacuará de forma controlada y programada el gas remanente, mediante su combustión en la antorcha de las instalaciones del almacenamiento. Una vez realizada esta operación, la antorcha quedará apagada definitivamente. Después se realizará el llenado con nitrógeno (gas inerte que se utiliza en infraestructuras gasistas para ponerlas en situación de máxima seguridad) de las instalaciones de superficie como parte del proceso de aislamiento. Con esta operación, el almacenamiento quedará en estado técnico de hibernación.

Después, quedarán en funcionamiento los servicios auxiliares necesarios para mantener la instalación de forma segura (sistemas de detección y extinción de fuego y alumbrado) y los sistemas que permitan poder realizar el mantenimiento básico de las instalaciones. Todo este proceso está siendo auditado y supervisado por Lloyd’s, el mayor experto del mundo en servicios de auditoría independiente a empresas que operan con activos de este tipo. Lloyd’s realizó también el análisis de riesgos previo. Finalizada la puesta en hibernación, prevista para noviembre de este año, se remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo todo el dossier de documentación final con el certificado de Lloyd’s.

Compromís advierte de que luchará desde todas las instituciones hasta que Castor deje de ser un «peligro potencial»

Europa Press.- El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, advirtió en Vinaròs (Castellón) de que la formación luchará desde todas la instituciones hasta garantizar que el proyecto Castor deja de ser un «peligro potencial«. «Es un insulto que una planta que ha costado cerca de 1.700 millones de euros siga siendo un peligro potencial para la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de estas comarcas», ha indicado Mulet.

Para el senador, «la experiencia con el PP al frente de las instituciones ha clarificado, una vez que han perdido las mayorías, cuáles son sus prioridades y para quién gobiernan, ideología que a menudo no coincide con el interés de los vecinos, como se ha visto con los vertederos, el fracking, comunicación o con la infrafinanciación a la que nos han sometido a los valencianos».

«Los informes encargados al Instituto de Tecnología de Massachussets nos hacen temblar», ha apuntado Mulet, quien cree que «la única garantía para evitar para siempre la inquietud que nos provoca ver la planta del Castor es que las fuerzas del cambio lideren el gobierno central», de manera que «los partidos como PP y PSOE nunca más puedan ser cautivos de intereses de energéticas y grandes multinacionales especializadas en hacer negocio a costa del dinero de la gente y a base de BOE y Reales Decretos».

Según Mulet, «el futuro ha de ser las energías limpias», y se preguntó «cómo hubiera cambiado el panorama energético si esos 1.700 millones de euros se hubieran invertido en energías renovables para que muchas familias e instituciones pudieran ahorrar en las facturas de la luz y el gas». El senador anunció que Compromís investigará en todas las instituciones donde tiene representación «todo lo que envuelve al Castor para que deje de ser un peligro potencial».

Mulet avanzó que presentará en el Senado una batería de preguntas dirigidas a conocer los plazos sobre los informes encargados a la Universitat de Standford y el Instituto Tecnológico de Massachussets, sobre los peajes del transporte que deberán de abonar los consumidores de gas, sobre la legalidad de que los consumidores comiencen a pagar por los costes de la infraestructura, así como sobre los medios de que dispone el juzgado de Vinaròs encargado de investigar el caso Castor o si han modificado los procedimientos para evitar «nuevos y costosos fracasos».

Enagás hará los estudios que determinarán la decisión definitiva sobre Castor

EFE / Europa Press.- Enagás Transporte SAU se encargará de realizar los estudios necesarios que determinarán la decisión definitiva sobre el futuro del almacén de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), y se procederá a su desmantelamiento si se certifican riesgos. Así lo asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria a la diputada de CiU, Lourdes Ciurò, el 16 de junio, publicada el pasado día 5 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Según el Gobierno, el Decreto ley 13/2014 de 3 de octubre establece una «solución equilibrada» en la que se determina la extinción de la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo, la hibernación de las instalaciones y su asignación a Enagás Transporte, que realizará el mantenimiento y operatividad de las instalaciones. Esta empresa también se encargará de elaborar los estudios necesarios «de cuyo conocimiento deberá obtenerse la profundidad de juicio precisa a fin de que se adopte» la decisión definitiva que determine el futuro del almacén, «debiendo procederse al desmantelamiento cuando puedan existir riesgos para las personas, los bienes o el medio ambiente que lo aconsejen«.

La hibernación del almacén permitirá su futura explotación siempre que se realicen los estudios técnicos necesarios que garanticen la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, y así se considere por acuerdo del Consejo de Ministros. De esta forma, el Gobierno encargará estudios adicionales sobre el almacenamiento subterráneo Castor, antes de decidir si desmantelar las instalaciones de forma definitiva o volver a ponerla en funcionamiento, ya que el proyecto «mantiene su interés estratégico» para España puesto que forma parte del conjunto de instalaciones para la seguridad de suministro del sistema gasista español.

Los informes no son definitivos

Por otra parte, añade en su respuesta, los informes actualmente disponibles del Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España «no permiten aún» emitir una conclusión definitiva sobre el episodio sísmico de 2013, sino que al contrario «recomiendan» la realización de una serie de estudios adicionales. Sobre la compensación por las inversiones efectuadas a Escal UGS, el importe que se reconoce asciende a 1.350 millones de euros, cantidad que no implica «en modo alguno» la extinción de la responsabilidad que ésta y sus accionistas deban afrontar, en su caso, por su gestión del proyecto y que será «convenientemente exigida» una vez se disponga de todos los elementos de juicio necesarios, según añade.

La organización Greenpeace calificó esta postura de «nuevo despropósito» del ministro ya que las condiciones geotécnicas del emplazamiento no han cambiado y reanudar las operaciones de reinyección de gas conllevaría, «con toda seguridad», la reactivación de la sismicidad en la zona que motivó su cierre. Según el responsable de campaña de Greenpeace España, Julio Barea, «es evidente que Soria está preocupado» por el proyecto Castor, ya que quedan «tres meses para las elecciones» y es un caso de «otro estrepitoso fracaso» de su política energética.

«A su incapacidad para solventar el déficit de tarifa eléctrica se suma ahora un nuevo y millonario déficit, esta vez en la factura del gas que terminaremos pagando los consumidores durante los próximos 30 años», indicó. Greenpeace ya denunció «el despilfarro» de dinero público que supone el almacén subterráneo, con un coste final con el pago de intereses que cifran en 4.400 millones de euros. Además, consideran que todo es consecuencia del «empeño» del Gobierno de España por «seguir beneficiando a las energías sucias y a las empresas que apuestan por ellas», en lugar de cambiar el modelo por otro basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables.

Presentan una querella por presuntas irregularidades en contratos del Castor

EFE.- Un ingeniero presentó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinarós una querella contra la planta de gas Castor por presuntas irregularidades en las contrataciones de los peritos por parte del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). En la denuncia se apunta a un «exceso de financiación» de este organismo y al presunto pago de complementos de productividad «de importes no justificados» a técnicos que redactaron informes y visados relacionados con estas prospecciones de búsqueda de gas en el Mediterráneo.

El proyecto Castor fue finalmente paralizado tras los 400 seísmos registrados en septiembre de 2013 en el litoral norte de Castellón y relacionados con la inyección de gas en el almacén subterráneo. La querella ha sido presentada por el ingeniero de minas Miguel Ángel Gallardo y la empresa Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, especializada en tecnologías forenses para peritajes judiciales. Va dirigida «contra todos aquellos que resulten responsables, por acciones u omisiones constitutivas de delitos que estén relacionados con los hechos narrados por el auto de 26 de enero de 2015, por el que se inician estas actuaciones».

En dicho auto, el juez de instrucción de Vinaròs imputaba a 18 cargos y técnicos del IGME y el Ministerio de Industria y directivos de la empresa Escal UGS, tras la denuncia presentada por la Fiscalía por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.

La querella cita que el informe de Fiscalización del IGME realizado por el Tribunal de Cuentas observa en sus 16 conclusiones «diversas irregularidades contables e indicios claros de presuntos delitos de empleados públicos» y «grave falta de controles contables». «La gestión que realiza el IGME de los convenios de colaboración y de los proyectos técnicos realizados no permite conocer su coste ni por tanto el valor de los productos de los respectivos trabajos, lo que podría dar lugar a que el IGME hubiese obtenido un exceso indebido de financiación y que hubiese pagado complementos de productividad por importe no justificado».

El texto de la querella indica que es «muy posible que auténticos expertos en sismología puedan hacer un análisis del proyecto, de los hechos y de los riesgos, mucho mejor y por menos dinero en Japón (país que se caracteriza, precisamente por su sismicidad), que en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde no se sabe quién está estudiando no se sabe qué». Sobre la contratación de peritos, los querellantes piden al juzgado que investigue los casos que han sido «pagados con fondos públicos o por entidades dependientes de la Administración a entidades privadas como el MIT o como sobresueldos de funcionarios públicos, porque existen antecedentes e indicios de auténticas malversaciones en pruebas periciales absolutamente inútiles«.

Cuatro entidades empresariales denuncian ante la Unión Europea la indemnización del Castor

Europa Press / EFE.- Cecot, Consejo Intertextil Español, Fepime y Centre Metalúrgico presentaron ante la Comisión Europea una denuncia contra la indemnización del Gobierno español a la concesionaria del almacén submarino de gas Castor en concepto de Ayuda de Estado. Alegan que puede ir «contra la libre competencia y la competitividad empresarial«, ya que los 1.350 millones de euros fijados por el Gobierno como compensación por paralizarse el proyecto recaerán sobre el recibo del gas durante 30 años desde el 1 de enero de 2016, según explicaron varios representantes de las entidades.

La abogada Asun Cirera indicó que el objetivo de esta denuncia administrativa es que la Comisión Europea abra una investigación para confirmar si la indemnización a la concesionaria Escal UGS, participada mayoritariamente por ACS, es una Ayuda de Estado, como argumentan las entidades denunciantes, y que la prohíba si así lo ratifica. Además justificó el interés legítimo de los denunciantes porque las empresas se verán afectadas por el coste que tendrá esta medida en los consumidores de gas, y esperan acuse de recibo de la denuncia en 2 semanas, seguidos de 2 meses para comunicar si se admite como prioritaria, y 12 meses de investigación.

Los denunciantes también informaron por escrito al ministro de Industria, José Manuel Soria, sobre la presentación de la denuncia y sus argumentos, según expuso el presidente de la patronal vallesana Cecot, Antoni Abad. Consideran que se primó favorecer a una empresa privada, para que recuperara su inversión por encima del interés general, y que el Gobierno no estaba obligado a compensar a la concesionaria, porque la infraestructura no llegó a estar operativa, ya que Escal renunció al contrato antes de poner en marcha el almacén de gas debido a la proliferación de movimientos sísmicos en la zona durante su construcción.

También inciden en que el riesgo sísmico se sabía antes de forma general en depósitos subterráneos, y que también estaba documentado con estudios y denuncias concretamente en esa zona, ante la costa de Tarragona y Castellón. La denuncia ve «clara intención de construir la infraestructura sin tener en cuenta su viabilidad» y que no se exigió el informe de riesgo sísmico, lo que supone falta de buenas prácticas administrativas. Expone que tampoco hubo control sobre los costes económicos, ya que se triplicó el presupuesto inicial, y que el proyecto Castor recibió financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) sin tener en cuenta el impacto medioambiental.

Además, la denuncia señala que la indemnización es una medida «selectiva» porque otras concesiones de este tipo en España (almacenamientos Yela y Gaviota) no garantizan recuperar la inversión en los mismos términos que Castor, y anexa la solicitud del Parlamento Europeo aprobada el 30 de abril que pide a la Comisión Europea y al BEI que tomen medidas para que los ciudadanos no deban asumir el coste de la indemnización.

Abad asegura que la denuncia tiene un «fundamento jurídico sólido» contra una medida que ve «discriminatoria» para el tejido productivo, además de para los ciudadanos, recordando que el sector industrial consume el 60% del gas en España. Además, incidió en que los denunciantes representan a todo el tejido empresarial no financiero de Cataluña, además de empresas del resto de España, comunidad que concentra el 21% del consumo de gas en España; también lamentó que dos gobiernos centrales de diverso signo posibilitaron esta indemnización, que, por su reparto en 30 años, supondrá a los consumidores un coste total de 4.500 millones.

El presidente del Consejo Intertextil Español, Alejandro Laquidain, recordó que el consumo de gas natural representa de media el 28% de la energía que necesita la industria, el 43% en el caso de la química, y la mayoría en algunos subsectores textiles, entre otros, y que no consigue ninguna mejora en el servicio pese a tener que asumir el pago de la indemnización en la factura. El presidente del Centro Metalúrgico, Carles Garriga, lamenta que la Administración no cumple su papel de facilitar la actividad empresarial, sino que agrega costes con esta indemnización, con un encarecimiento del 4,5% del recibo para ciudadanos y empresas desde 2016, además de otros impedimentos, como la burocracia y los retrasos en pagos a proveedores.

Soria cree que el contrato de Castor «era un disparate» pero justifica la indemnización a Escal

Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha sostenido este miércoles que el contrato del proyecto de almacén gasístico Castor «era un disparate», pero ha justificado el pago a la promotora Escal UGS de 1.350 millones en concepto de indemnización por una decisión del Tribunal Supremo (TS) que, ha dicho, debía cumplirse.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha considerado que las prospecciones son necesarias porque España es energéticamente dependiente, aunque siempre «garantizando la seguridad».

Preguntado por cuánto va a subir el recibo de la luz en 2015, ha admitido que ha estado subiendo durante años pero ha matizado que empieza a bajar «tímidamente», y ha augurado que lo continuará haciendo.

Sobre el proceso soberanista, ha dicho que se ha planteado como una «cortina de humo político para desviar la atención de temas que preocupan mucho a los ciudadanos».

En ese sentido, ha opinado que «el sentimiento independentista no estaba en alguna de las fuerzas políticas que ahora hacen bandera» de él.

La Eurocámara pide a Bruselas y al BEI medidas para bloquear la indemnización por el almacén Castor

Esta solicitud está incluida en el informe anual de actividad del BEI, cuyo ponente es el eurodiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds, Ernest Urtasun, y ha sido aprobada, en una votación por separado del resto del texto, por 350 votos a favor, 263 en contra y 28 abstenciones.

El Parlamento Europeo «lamenta el papel del BEI y de la Comisión en el proyecto Castor, financiado en el marco de la Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones para la Financiación de Proyectos, cuya evaluación de riesgos no tomó en consideración el riesgo de aumento de la actividad sísmica vinculado a la inyección de gas, pese a la existencia de estudios que alertan claramente de los peligros potenciales de esta operación», según destaca el informe.

Por ello, la Eurocámara «insta a la Comisión y al BEI a que tomen medidas a fin de evitar que los ciudadanos españoles tengan que abonar, bien mediante un déficit público más elevado, bien mediante el aumento de los costes de la energía, 1.300 millones de euros en compensaciones por un proyecto precedido de una evaluación desastrosa».

Finalmente, los eurodiputados reclaman al Ejecutivo comunitario que siga las recomendaciones de la Defensora del Pueblo Europeo e «investigue si las decisiones del Gobierno español sobre Castor pueden considerarse ayuda estatal prohibida».

El CGPJ aprueba destinar una juez de refuerzo al caso Castor

Según informó el CGPJ, su Comisión Permanente acordó el refuerzo para el juzgado que investiga si, al hilo de este proyecto gasístico, se cometieron delitos de prevaricación medioambiental, contra el medio ambiente y los recursos naturales. Las medidas de refuerzo van dirigidas, concretamente, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaroz (Castellón), que desde el mes de enero instruye el caso Castor.

Una de las acciones de refuerzo aprobadas por el CGPJ, que la adoptó a propuesta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, consiste en la adscripción a ese juzgado de Vinaroz, inicialmente por un periodo de seis meses, de la jueza sustituta que estuvo al frente del mismo hasta que en febrero se incorporó el nuevo titular del órgano judicial. Esta jueza se ocupará de parte de la actividad ordinaria del juzgado junto a su titular, quien tendrá la competencia exclusiva en la tramitación del caso Castor, que cuenta ya con dieciocho imputados.

La Comisión Permanente también ha acordado otorgar la prolongación de jornada al secretario judicial del juzgado, así como solicitar a la Dirección de Justicia de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Generalitat Valenciana el nombramiento en régimen de interinidad de un funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal. Un esfuerzo dirigido a reforzar la actividad de un juzgado que investiga supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del almacén gasista Castor.

Las instalaciones de almacenamiento gasista Castor cesaron su actividad de forma temporal en septiembre de 2013 por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras la actividad sísmica detectada en la zona, con el fin de solicitar información al Instituto Geográfico Nacional para conocer si los movimientos estaban relacionados con los trabajos realizados en la planta. El Instituto Geográfico Nacional comenzó a detectar actividad sísmica e inició un seguimiento especial debido al incremento de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma Castor y en su informe, concluyó que existía una «relación directa» entre la actividad de la planta y los movimientos.