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Investigadores españoles de la Universidad Politécnica de Madrid también confirman que hubo sismicidad inducida por el almacén de gas Castor

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Europa Press.- Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han presentado un estudio que confirma que hubo sismicidad inducida en el proyecto Castor. El estudio relata que, en septiembre de 2013, cuando comenzaron las operaciones de inyección en la plataforma de gas Castor, situada a 22 kilómetros de la costa de Castellón, empezaron a registrarse en la zona centenares de terremotos alcanzando una intensidad de III en la escala EMS98. Esto provocó, según recuerda la investigación, que las operaciones se paralizaran.

Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con la Universidad Federico II de Nápoles, ha confirmado que las operaciones de inyección desencadenaron la ocurrencia de sismos en las proximidades de la plataforma. El trabajo refuerza las aportaciones realizadas el pasado mes de mayo por el MIT y la Universidad de Harvard, que relacionaron los temblores con la inyección del gas.

«El inicio de las operaciones de inyección de gas vino acompañado de un notable aumento de la tasa de sismos en las proximidades del almacén submarino, que se situaba en una zona con baja sismicidad de la Comunidad Valenciana», explican las investigadoras del Grupo de Investigación en Ingeniería Sísmica de la ETSI de Topografía, Geodesia y Cartografía de la UPM, Sandra Ruiz y Belén Benito. El objetivo del trabajo fue identificar variaciones en diferentes parámetros sísmicos que permiten describir la sismicidad antes y después de la inyección de gas, así como los cambios que esta inyección pudo causar en el patrón sísmico en la zona.

Como resultado del trabajo, los expertos de la UPM y la Universidad Federico II de Nápoles descubrieron que existen evidencias claras de cambios en el patrón de sismicidad antes y después de la inyección de gas, identificándose dos grupos de temblores con orígenes distintos. «Nuestro trabajo muestra que la primera parte de la serie sísmica está directamente relacionada con los esfuerzos inducidos por las operaciones de inyección en la plataforma Castor (sismicidad inducida). No obstante, la segunda parte de la serie se asocia a la posible activación de una falla próxima debido a los cambios de esfuerzos locales como consecuencia del aumento de la presión de poros (sismicidad disparada)», relatan las investigadoras de la UPM.

El valor de los resultados obtenidos por los investigadores, que utilizaron para su estudio datos públicos registrados por la red sísmica del Instituto Geográfico Nacional, radica en que pueden ser usados como indicadores para monitorizar en el futuro la evolución de una serie sísmica y detectar posibles cambios de «sismicidad inducida» hacia «sismicidad disparada» de origen tectónico. «El análisis estadístico de la variación temporal de los sismos que se registren durante operaciones de inyección o extracción de fluidos puede ayudar a identificar rápidamente anomalías en la tasa de ocurrencia de sismos y en la distribución de magnitudes y detectar así posible reactivación de fallas próximas que puedan generar sismos de mayor magnitud«, explican las investigadoras.

El juez prorroga 18 meses más, hasta diciembre de 2018, la investigación por el almacén de gas Castor

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Europa Press.- El juez decidió prorrogar 18 meses más la instrucción de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén gasista subterráneo de Vinaròs (Castellón), tras recibir el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

El juez accede así a la petición del ministerio fiscal, que solicitó la ampliación del plazo de instrucción de la causa, según consta en un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs, que instruye el caso Castor, acordó en enero de 2016 declarar la causa compleja y fijó un plazo inicial de instrucción de 18 meses.

Según el magistrado, no puede decirse que la instrucción se encuentre todavía concluida, teniendo en cuenta que se ha recibido recientemente el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que está redactado en inglés, y sólo se ha tenido acceso a las conclusiones, redactadas en castellano. Así, en dicho auto se indica que se hace precisa la traducción del informe para poder efectuar un análisis «más profundo» de cuáles han sido los motivos que han llevado a los técnicos al mismo.

Además, se añade que sólo tras el conocimiento íntegro del informe se podrán determinar las siguientes diligencias instructoras que del conocimiento del mismo puedan derivarse y que podrían conllevar la realización de nuevas pericias que se considerarían «indispensables» para esclarecer los hechos y determinar los presuntos responsables. Así, el juez decide acordar la prórroga de la instrucción de la causa por 18 meses adicionales, la cual deberá concluir el 6 de diciembre de 2018, salvo que se estime conveniente una nueva prórroga de la misma.

Compromís, Podemos, Esquerra Republicana y PDeCAT exigen en el Senado una comisión de investigación sobre el almacén de gas Castor

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Europa Press / EFE.- El senador de Compromís Jordi Navarrete presentó una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el almacenamiento de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), con el objetivo de aclarar las responsabilidades, de poner el «foco de atención informativo para que la ciudadanía esté informada de forma clara, abierta y transparente» de lo que ocurrió. Así se ha expresado el senador, que busca clarificar el procedimiento seguido en la tramitación administrativa del proyecto energético Castor.

La solicitud se ha registrado después de que el informe encargado por el Gobierno al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard concluyera que los terremotos registrados en 2013 se debieron a la inyección de gas en el almacén. Los senadores pretenden que se investiguen y depuren las responsabilidades de los que autorizaron y aprobaron la puesta en funcionamiento del Castor, en la que participaron los gobiernos del PSOE y del PP. Estos grupos también piden que la comisión de investigación fije un calendario para el desmantelamiento de las instalaciones que se hicieron para el proyecto.

El parlamentario de Compromís, promotor de esta iniciativa que ha recabado los apoyos de ERC, Podemos y PDeCAT, ha criticado que el proyecto Castor está «lleno de irregularidades, de sobrecostes y de mala gestión». Además, ha defendido que es el momento de que el PP y el PSOE tomen una posición al respecto. «Es el momento de saber donde están las responsabilidades y de saber qué normas tenemos que ponernos para que en otras circunstancias no se produzcan estas actuaciones», ha argumentado Navarrete, para el que Castor fue un «fiasco económico». «La ciudadanía necesita saber por qué hemos tenido que repercutir en la factura del gas de todos los españoles el gasto de una infamia de un proyecto faraónico», sentenció.

Aclarar el proceso de licitación

Por su parte, el senador de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Miquel Aubà explicó que su formación apoya la petición de Compromís ante la necesidad de que «se aclare cómo fue la cuestión, todo el proceso» de un proyecto que «desde el minuto cero fue un desastre, un error de construcción y económico«. Según ha defendido Aubà, «todos» los españoles van a pagar el coste del proyecto «a través de la factura del gas«. «La ciudadanía se merece una explicación clara y contundente de por qué va a pagar», concluyó. Además, ERC ha pedido la comparecencia en el Senado del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que informe sobre el frustrado almacén Castor que el Gobierno ha decidido mantener hibernado.

En esta línea, el parlamentario del PDeCAT Josep Lluis Cleries ha argumentado su apoyo a la comisión de investigación porque «se han producido una serie de irregularidades difíciles de entender». «Es bueno que en sede parlamentaria se den las explicaciones oportunas», ha indicado, al tiempo que ha abogado por poner «negro sobre blanco» lo que ha sucedido. Ante los sobrecostes del proyecto, Cleries ha defendido que cuando una compañía privada hace una inversión de este tipo «es esta empresa la que arriesga a costa de los beneficios que ha obtenido».

Desde Podemos, la senadora alicantina Vicenta Jiménez, ha asegurado que hay «motivos más que suficientes para exigir que la comisión de investigación» salga adelante porque la ciudadanía «debe conocer cómo, porqué y quiénes son los responsables» de llevar a cabo un proyecto con «la oposición ciudadana». Por su parte, la senadora catalana María Freixanet ha puesto de manifiesto que el proyecto «ha estado impugnado por la sociedad civil desde el momento cero» y que ha tenido informes técnicos y medioambientales en su contra también desde el inicio. «Se está tratando de una verdadera chapuza, un pelotazo económico permitido y avalado desde el Estado», ha subrayado.

Podemos y Compromís ya registraron en el Congreso de los Diputados otra petición de creación de una comisión de investigación sobre el almacén Castor para esclarecer las responsabilidades del caso y recuperar el dinero de las indemnizaciones, por ser un proyecto «negligente». La instalación dejó de almacenar gas en septiembre de 2013 tras registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona. El almacenamiento fue construido por la sociedad Escal UGS, controlada por la constructora ACS, que renunció a la concesión y recibió una indemnización de 1.350 millones de euros. En marzo de 2016, Enagás culminó el proceso de hibernación (cierre temporal) del almacenamiento con el doble sellado de los pozos.

El PDeCAT quiere que Nadal explique en el Congreso las actuaciones del Gobierno respecto al proyecto Castor y su desmantelamiento

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Europa Press.- El PDeCAT exigió en el Congreso la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que explique las actuaciones del Estado en relación con el almacén de gas Castor, así como su futuro desmantelamiento. La formación catalana quiere que Nadal ponga «especial atención» al «cumplimiento de la legislación en las adjudicaciones de este proyecto y detalle costes que tienen que pagar los contribuyentes y los usuarios del sistema gasístico” tras la indemnización de 1.700 millones de euros a Escal UGS.

Del mismo modo, el PDeCAT quiere que se dé cuenta del estudio y las evaluaciones de impacto ambiental realizadas a raíz de los movimientos sísmicos que se registraron en la zona y, más concretamente, el trabajo realizado recientemente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard. Precisamente, a raíz de este estudio, el ministro señalaba que «lo ideal» era cerrar el almacén de gas y desmantelarlo, siempre que fuera un trabajo seguro. Por este motivo, la petición de comparecencia de PDeCAT también pide explicaciones sobre la fecha y el procedimiento para el desmantelamiento del almacén Castor.

Nadal recuerda que el Tribunal Supremo impidió eludir la indemnización de Castor mientras Unidos Podemos pide una comisión de investigación

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Europa Press.- Unidos Podemos y Compromís registraron en el Congreso de los Diputados una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el proyecto Castor con el objetivo de «esclarecer las responsabilidades políticas» de este caso. Por su parte, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, recordó a la Generalitat de Cataluña que fue el Ejecutivo del PP quien pidió al Tribunal Supremo (TS) la lesividad del contrato del almacén de gas Castor.

En respuesta a una carta del consejero de Empresa de Cataluña, Jordi Baiget, el ministro de Energía recordó que una vez el Supremo dijo que no se podía considerar lesivo el contrato, el Gobierno elaboró un decreto ley que redujo en más de la mitad el «daño anual» de la instalación al sistema. Nadal ha asegurado que la situación del almacén es «estable» y que la extracción del gas se tiene que hacer con todas las garantías y con los estudios adecuados sin que ello perjudique a las poblaciones cercanas.

Piden una comisión de investigación

Por su parte, el diputado de En Comú, y portavoz de energía de la formación morada, Josep Vendrell, ha señalado que su comisión de investigación implicaría tanto a Gobiernos del PP como del PSOE, ya que se inició con el entonces ministro popular Josep Piqué, pero el proceso de adjudicación continuó con los socialistas Joan Clos, José Montilla y Miguel Sebastián. Todos ellos, según ha apuntado Vendrell serán llamados a comparecer en esta comisión y también el exministro José Manuel Soria, debido a su implicación en el proceso de indemnización de la empresa adjudicataria, así como el actual titular del departamento de Energía Álvaro Nadal.

Asimismo, proponen llamar a expertos, científicos y organizaciones ecologistas que avisaron de los peligros medioambientales y del riesgo sísmico de la zona, así como a la sociedad civil, ayuntamientos y asociaciones vecinales que se opusieron desde el primer momento a la construcción del almacén de gas. «Ahora estamos pagando los consumidores de gas por este capitalismo parasitario que permite que la empresa gane cuando se autoriza el proyecto y, cuando éste falla, también gane», ha denunciado el diputado catalán, quien ha recordado que esta situación también pasa en otros sectores.

Del mismo modo, ha recordado que la intención de Unidos Podemos es desmantelar la planta de Castor y sellar el pozo, con las medidas de seguridad necesarias, y recuperar la indemnización de 1.700 millones de euros que ha recibido la empresa adjudicataria. En este sentido, la formación morada ya obtuvo el voto a favor de la mayoría de los diputados y la abstención del PP a una proposición no de ley para que el Gobierno trate de recuperar la indemnización concedida a Escal UGS. Por este motivo, la diputada de Unidos Podemos, Ángela Ballester, se ha mostrado convencida de que se van a recabar los apoyos necesarios para sacar adelante esta comisión de investigación parlamentaria.

El Congreso pide al Gobierno que recupere la indemnización de 1.350 millones concedida a Escal UGS por el proyecto Castor

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Europa Press.- La comisión de Energía del Congreso ha apoyado una proposición no de ley de Unidos Podemos en la que se pide al Gobierno que emprenda las acciones legales necesarias para recuperar la indemnización concedida a Escal UGS S.L. tras la extinción de la concesión para el proyecto Castor. La formación morada entiende que la empresa incurrió en dolo o negligencia imputable y que por tanto «la compensación debería limitarse al valor residual de las instalaciones».

Así lo recoge en el texto votado, que contó con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP, en la que, además, también pide iniciar acciones legales para establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de Escal UGS por «los más de 1.000 movimientos sísmicos consecuencia» de la puesta en funcionamiento del almacén de gas.

Además, llama al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias para impedir que, en el futuro, sean las arcas públicas las que asuman las indemnizaciones derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o servicio. «Para ello, se dará un mayor protagonismo a la Oficina Nacional de Evaluación para mejorar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, dotándola de medios y recursos suficientes para realizar un control anterior a la licitación y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos», apunta la propuesta.

El ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, reconocía recientemente que el proyecto Castor “nunca debió existir» y que «lo ideal» es desmantelarlo con cuidado. En este sentido, el texto llama a establecer una calendarización para el sellado de pozos y el desmantelamiento de las instalaciones de Castor, tanto las terrestres como las marinas. Unidos Podemos plantea que, con la participación de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos de las localidades afectadas, se busquen soluciones «responsables, transparentes y no onerosas para las arcas públicas».

Así, piden al Gobierno elaborar estudios técnicos sobre la afectación que la hibernación del proyecto puede tener sobre el medio ambiente y otras instalaciones de riesgo presentes en la zona; realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales, y si cabe morales, que sufrieron las poblaciones cercanas a las costas de Castellón y Tarragona, como consecuencia de los terremotos y, de este modo, realizar las reclamaciones que correspondan. Además, piden que se hagan llegar al Juzgado de Primera Instancia de Vinaròs los informes elaborados por la Universidad de Standford y el MIT relativos a las responsabilidades en las fases de tramitación y adjudicación del proyecto.

En este sentido, el portavoz de la formación morada, Josep Vendrell, ha denunciado «el menosprecio» del Ejecutivo hacia los diferentes informes sobre el riesgo enviados por diferentes centros de investigación y organizaciones, que ya alertaron de las posibles consecuencias del almacén de gas. Además de denunciar que el concurso para la adjudicación de este proyecto «estaba hecho a medida de la única empresa que se presentó» y, por lo tanto, «no hubo concurrencia real», Vendrell también ha criticado que el Gobierno decidiera, finalmente, resolver este problema buscando la solución «más beneficiosa para la empresa y más onerosa para la ciudadanía”.

Nadal asevera que el almacén de gas Castor «no tenía sentido» por «faraónico» y lo desmantelará cuando sea seguro hacerlo

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, considera que el proyecto de almacén subterráneo de Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón) aprobado por el anterior Gobierno socialista «no tenía sentido» porque «no hacía ninguna falta» y era «faraónico», al tiempo que el contrato eximía a la empresa de «cualquier responsabilidad«.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Nadal ha confirmado la intención de desmantelar el almacén cuando sea seguro hacerlo pero antes «habrá que estudiar mucho la situación» ya que es «tan peligroso» volver a meter gas como extraerlo. El ministro comparó la situación con un globo, que al inflarse ha movido unas paredes que al desinflarse también se pueden mover, aunque la situación en la actualidad «es estable». «El Gobierno está tratando esto con mucha prudencia y cuidado, teniendo todas las garantías de que no se van a repetir los movimientos sísmicos y cuando tengamos claro en qué condiciones se va a producir esto», ha apuntado.

Por otro lado, ha alabado al anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, porque asumió su «responsabilidad política» y pidió «perdón» por el desarrollo de Castor así como por los efectos que produjo a la población. «Tuvo la capacidad política y la honradez de pedir perdón y yo creo que eso está muy bien», ha defendido el ministro de Energía que, en cuanto a las responsabilidades judiciales, ha dicho que «el tema» está judicializado y que por tanto hay que esperar al pronunciamiento de los jueces.

Así ha respondido al senador de Esquerra Republicana, Miguel José Aubá, que ha pedido el desmantelamiento «inmediato» del almacén «con las máximas garantías de seguridad y de transparencia» y ha reiterado la petición de su grupo parlamentario de crear una subcomisión de investigación para esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades. En este sentido, el ministro ha sacado pecho por la actuación del Ejecutivo en torno a Castor, “un problema creado por gobiernos anteriores». Nadal recordó  que cuando asumió las responsabilidades, el Gobierno pidió la nulidad al Supremo, que no la concedió «porque el Gobierno socialista al que ustedes apoyaban, fue el que firmó ese contrato e hizo ese real decreto».

Por el contrario, ha añadido que se buscó una solución financiera y que estableció el cierre del proyecto y la elaboración de un estudio para conocer exactamente lo ocurrido. De este modo, ha defendido el «esfuerzo» de negociación del Ejecutivo porque si Castor estuviera funcionando, en la actualidad los consumidores estarían pagando 214 millones anuales pero se llegó a un acuerdo con las partes para bajar la rentabilidad, lo que permite pagar 95 millones de euros en su lugar. El ministro obvia que se pagarían 214 millones por un almacén de gas y sin embargo se van a pagar 95 millones por una instalación fallida.

Por su parte, el senador ha solicitado al ministro que desmantele «de manera inmediata» con un calendario de actuaciones «público» y que se traslade la información «a los afectados», porque los consumidores están pagando 4.700 millones de euros y un coste anual de 15,7 millones más por mantener Castor en hibernación. En ese sentido, ha deseado que el Gobierno hubiese mostrado exigencia en el desmantelamiento del almacén y en «depurar responsabilidades» de quienes tramitaron, gestionaron y aprobaron la puesta en marcha del Castor. Sin embargo, ha lamentado que «nadie» ha asumido responsabilidades técnicas, políticas ni económicas ni administrativas, mientras los consumidores de gas están pagando «el desastre» con el aumento del gas en su factura.

Compromís buscará el apoyo de Europa para conseguir el desmantelamiento del almacén Castor tras los informes del MIT

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Europa Press.- Compromís buscará el apoyo de Europa para conseguir el cierre del almacén Castor, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), tras las conclusiones del informe realizado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) que apunta que las operaciones de inyección de gas realizadas en el almacén en 2013 provocaron «terremotos en una zona activa de la falla de Amposta que han generado su desestabilización».

El portavoz de Compromís en el Parlamento Europeo, Jordi Sebastià, ha insistido en que esta instalación es «un riesgo» para los ciudadanos y el entorno de la zona donde se ubica como así lo demuestra el informe del MIT que señala que «es un peligro y recomienda su cierre», ha puntualizado. Asimismo, ha remarcado que el documento «avala» sus peticiones y pone de manifiesto la necesidad de «iniciar el proceso de desmantelamiento, con todas las garantías de seguridad necesarias», para lo que ve necesario «una implicación de las instituciones europeas, dada la magnitud del problema y la singularidad del mismo».

«Sabemos de las presiones que se cuecen en el palco del Bernabéu, pero este informe debería servir para que el Gobierno de Rajoy abandone definitivamente proyectos como el fracking«, ha remarcado Sebastià. Desde Compromís han recordado que ya solicitaron la investigación sobre el problema que suponía el almacén de Castor por los efectos que tenía y que, según el informe, «podía propiciar seísmos de hasta 6,8 grados», ha puntualizado. Por ello, ha reivindicado la implicación de Europa en este tipo de proyectos que «atentan contra la seguridad de los ciudadanos y de su entorno». «No se pueden consentir que presiones e intereses personales pongan en peligro el bienestar de miles de personas», ha zanjado Sebastià.

Nadal cree que el Gobierno socialista sobredimensionó el almacén Castor y que «lo ideal» es desmantelarlo porque “nunca debió existir”

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha puesto en duda la necesidad del proyecto del almacén de gas Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón), que se planificó en 2006 con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y se puso en funcionamiento en 2013,»porque una vez construido había que cumplir el contrato», pero, en opinión del actual ministro, «estaba probablemente muy sobredimensionado para las necesidades gasísticas» de España y «nunca debió existir».

Nadal ha recordado que en 2013, tras inyectar el gas colchón, comenzaron unos días más tarde seísmos, de hasta 4,3 magnitud Richter, en toda la zona, especialmente en el norte de Castellón y sur de Tarragona, y ha admitido que «siempre hubo la pregunta de qué es lo que ocasionó los seísmos y si tenían que ver con Castor», una relación que el informe realizado durante 18 meses por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard ha confirmado e incluso advierte de que podrían ser mayores.

El ministro confirmó que «no hay ningún interés» en tener una instalación que no se podrá utilizar porque el riesgo es «muy alto» en términos de sismología por la posibilidad de provocar terremotos. «Es evidente que un Gobierno que tiene que actuar con prudencia y que en su día tomó la decisión de dejar de inyectar gas, ahora mismo no vamos a reutilizar la planta porque existen estos riesgos», apostilló.

Por ello, «lo ideal en un futuro», en su opinión, es poder desmantelarla porque «no tiene ningún sentido» una plataforma en medio del mar que «no sirve para nada» y «porque nunca debió existir». Sin embargo, ha insistido en que se debe hacer «con mucho cuidado», de modo que hay que hacer estudios «adecuados» y «ver la mejor manera de hacerlo». En todo caso, subrayó que «hay tiempo» porque el informe concluye que la situación «ahora» es «de total estabilidad».

Nadal se pronuncia así sobre el informe que el Gobierno, tras un decreto de 2014, solicitó a estas instituciones académicas por ser las mejores que «existen en el mundo sobre estas cuestiones» para conocer lo ocurrido, después de hacerlo dos instituciones españolas, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Geológico Nacional (IGN), de cuyos técnicos ha dicho que «son muy buenos» y sus informes también, pero ha justificado que se recurriera a estas entidades estadounidenses por la metodología «única» que utilizan.

Nadal explicó que esta técnica integra la aproximación sismológica, la geológica y el análisis técnico de ingeniería y cuando se hicieron los análisis parciales (españoles), cada uno daba datos que «en algunos casos parecen contradictorios». Con el nuevo estudio, asegura que «elimina sustancialmente» estas contradicciones y tiene «mayor capacidad» de explicar lo que ha sucedido. Por ello, ve «muy conveniente» que se utilice esta metodología y tecnología «muy sofisticada» en el futuro porque ha permitido esclarecer «muchísimo» lo que ocurrió.

Nadal señala que Castor se desmantelará «cuando se pueda garantizar la seguridad” mientras el PP culpa a Zapatero

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Europa Press.- El diputado nacional del PP por Castellón, Miguel Barrachina, asegura que las disculpas del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a Vinaròs por el almacén Castor «se quedaron cortas» tras el informe por el que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha señalado que el almacén no se reabrirá y que su desmantelamiento se producirá tras la elaboración de «muchos estudios» que permitan a su departamento tener «las garantías» de que esta decisión «no va a suponer ningún problema».

«Cuando se pueda hacer se hará», fue la respuesta de Nadal sobre el desmantelamiento del proyecto Castor. Según ha explicado, el informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y a la Universidad de Harvard relaciona la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de terremotos y reconoce que la decisión del Gobierno de parar la actividad de la plataforma fue la correcta. Actualmente, según dicen los expertos, la situación es estable.

Aprovechando esta estabilidad, Industria encargará nuevos informes para determinar el futuro de Castor, según indicó Nadal. Y es que, igual que existe un riesgo para la zona con la inyección de gas, también lo existe a la hora de desmantelar el proyecto. «Es como si inflamos un globo que ha tocado unos cimientos, si luego se desinfla, que es lo que ocurriría con el desmantelamiento, también podría mover los cimientos, así que habría que hacerlo con prudencia y seguridad», explicó.

El MIT, “la mejor técnica”

Otra de las novedades que aparecen en el informe del MIT es que la falla que se pensaba afectada hasta ahora no es la que ocasionó los problemas, sino otra que está muy cercana: la falla de Amposta. Por este motivo, el Ejecutivo también «deberá hacer estudios de todo tipo, técnicos y geológicos, para ver cómo se hace con el futuro con esta instalación» que, para Nadal, «está claro que no puede volver a funcionar».

Finalmente, Nadal apunta que desde el MIT se ha reconocido la buena labor de los técnicos del Ejecutivo, tanto antes como después de la puesta en marcha de la plataforma aunque señalan que estas instalaciones tan complejas requieren un estadio de desarrollo tecnológico superior al que es obligatorio actualmente. Por eso llaman a incluir un trabajo como el que ellos realizan a partir de ahora. Concretamente, ha explicado que este centro tiene «la mejor técnica que existe a nivel mundial» porque unen tres tipos simultáneamente: la técnica de los sismólogos, la de los geólogos y las de los ingenieros. «Por eso el Gobierno eligió este sitio, porque se sabía que tenían las técnicas más avanzadas a nivel mundial», ha concluido.

El PP recuerda a Zapatero

Por su parte, el diputado popular Miguel Barrachina ha recordado que el expresidente socialista Zapatero hizo una visita a Vinaròs en la que aprovechó «para pedir perdón pero, después del informe de los expertos del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) es evidente que aquellas disculpas se quedan cortas«. Según considera, el «contundente» informe muestra el «grave error» que los socialistas cometieron cuando impusieron el Castor en Vinaròs «y que ha acabado por ser un desastre que debemos pagar entre todos en nuestros recibos del gas».

Asimismo, el PP ha pedido celeridad a la justicia, «ya que hay 18 altos cargos, todos del PSOE, imputados por este atropello a los intereses de los consumidores y que además ha sido toda una agresión a la provincia de Castellón». El PP ha recordado que el almacén fue impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, quien fijó una compensación a la empresa en caso de que no se llevara a cabo de 1.300 millones, así como otras compensaciones incluidas en un real decreto del PSOE.

El Gobierno del PP dejó en hibernación el almacén y «defendió» los derechos de los consumidores al recurrir a los tribunales para evitar la indemnización en 2012, nada más entrar en el Gobierno y, además, con una orden ministerial del mismo año «inició un procedimiento de urgencia para la Declaración de Lesividad del artículo 14 del Consejo de Ministros de 2008, que fue cuando se fijó la indemnización para la empresa», ha añadido el partido, que ha añadido que «gracias al PP se han conseguido reducir los intereses y gastos financieros de esta decisión del PSOE, se ha ampliado el periodo de amortización y se ha garantizado que no se van a extinguir las responsabilidades».

«Tal y como ha defendido el PP en la comisión de Industria, ahora mismo se está investigando qué pasó, mientras el PP busca garantizar que se cumpla la Ley, a la vez que trabaja por reducir el coste de esta hipoteca socialista», ha apuntado Barrachina. No obstante, el diputado ha recordado que el Tribunal Supremo no aceptó la queja del PP «al haber firmado el Gobierno socialista esta compensación para la empresa, lo que ha supuesto una herencia envenenada para los consumidores de toda España». Barrachina ha sentenciado que Castor “fue una apuesta de los socialistas que ahora pagamos todos».