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El PSOE propone en Castilla y León compensaciones a los propietarios de los montes por «limpiar» de CO2

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EFE.- El grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Castilla y León plantea la necesidad de que los propietarios de los montes «obtengan compensaciones económicas» por la labor que desarrollan esos bosques como «sumideros de CO2». El grupo socialista, según su portavoz medioambiental, José Luis Aceves, defiende que «quien contamina paga y el que limpia debe cobrar».

Por ello, defienden ante el Gobierno de España y la Comisión Europea ese papel de los bosques y que haya «compensaciones económicas» por esa labor que desarrollan los montes de Castilla y León. Asimismo, el grupo socialista muestra su oposición al empleo de la técnica de la fractura hidráulica en la comunidad y a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). El grupo socialista busca «un pronunciamiento claro» de la Junta en materia de calidad y sostenibilidad ambiental, ya que a su juicio las políticas medioambientales autonómicas «están diluidas» y «los objetivos y planes en la materia se han convertido en papel mojado».

La moción del PSOE se completa con la petición de que municipios, sindicatos y organizaciones de defensa del medio ambiente entre en los órganos colegiados y de participación de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el ámbito autonómico y provincial. La apuesta efectiva por las renovables o la vigilancia y control de calidad del aire son otros de los planteamientos de la iniciativa socialista en el parlamento autonómico.

El parón eólico en Cataluña se extenderá al menos hasta 2018, prolongándose más de 5 años

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EFE.- Cataluña lleva sin instalar un megavatio de energía eólica desde enero de 2013, el parque eólico Vilobí 2 (Lleida) de 9 megavatios (MW), un parón que la patronal EolicCat prevé que se extienda, al menos, hasta 2018. En este sentido, el presidente de EolicCat, Víctor Cusí, augura que el «bloqueo» se romperá «con suerte» en 2018 con la puesta en marcha del proyecto de Gas Natural y Alstom para construir tres parques eólicos, con una potencia total de 90 megavatios, en la Terra Alta.

El máximo responsable de esta patronal, que agrupa a las principales empresas privadas implicadas en el desarrollo eólico en Cataluña, alera de que «ahora mismo nadie se fija en Cataluña para invertir en eólica». Con el fin de reactivar la actividad del sector en Cataluña, EolicCat impulsa la aprobación de una moción en el Parlamento catalán. La propuesta de moción, avalada de momento por el grupo parlamentario de Junts pel Sí, pide que no sea necesario un concurso público para promover un parque eólico de más de 10 megavatios de potencia en Cataluña. Si esta medida se llevara a la práctica, Cusí cree que se podrían desbloquear proyectos en Cataluña que suman «unos 200 megavatios«.

Asimismo, este borrador de moción pide al Ejecutivo autonómico que cree la figura del coordinador de proyectos eólicos con el fin de agilizar la tramitación de parques eólicos en Cataluña. Aunque el sector eólico vive todavía momentos complicados, Cusí reivindica que hay comunidades, como Aragón y Galicia, que impulsan de nuevo este tipo de energía, por lo que «si Cataluña no se mueve ahora», corre el riesgo que quedarse «aún más abajo» en energía eólica en comparación al conjunto de España. En 30 años de historia de la energía eólica en Cataluña, la potencia instalada es de 1.272 megavatios, lejos de comunidades punteras como Castilla y León, con 5.560 megavatios, o Castilla-La Mancha, con 3.806.

Otra reclamación de EolicCat es «revisar» el actual mapa eólico de Cataluña, que data de 2002, para que se aprovechen mejor zonas de viento como las tierras del Ebro. Una prueba de la crisis de la eólica en Cataluña es el despido de 105 trabajadores llevado a cabo en General Electric Wind y en General Electric Hydro, donde se diseñan parques eólicos y turbinas hidráulicas de pequeño y mediano tamaño.

El PSOE critica una política minera de «mucho ruido y pocas nueces» y el PP le acusa de “demagogia”

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EFE.- El alcalde de Bembibre (León), José Manuel Otero (PP), ha pedido al procurador y secretario general del PSOE en León, Celestino Rodríguez, que se deje de «demagogias» en la defensa del carbón, «ya que los socialistas no pueden dar lecciones a ningún cargo público» de la comunidad autónoma. Así se pronunció después de que Rodríguez anunciara la presentación de diversas medidas en las Cortes autonómicas para hacer frente a la política minera de la Junta de «mucho ruido y pocas nueces».

Se trata de unas medidas que apuestan por políticas que garanticen el consumo de carbón autóctono y la necesidad de recuperar los planes complementarios del Plan de Dinamización de Comarcas Mineras. El grupo del PSOE en las Cortes apoyará sus propuestas en el dato de que España es el país del mundo que más incrementó el consumo de carbón para la generación de energía eléctrica en 2015 con una subida que rozó el 25%. A esto se suma que el 40% de la Reserva Estratégica de Carbón de España se encuentra en la provincia leonesa.

A tenor de estos datos, Rodríguez apuntó que «aunque las térmicas están consumiendo más carbón que otros años y hay reserva de mineral las cuencas mineras pierden empleo y se hunden mientras los barcos hacen cola con carbón de importación». A este respecto, ha criticado duramente la política del Gobierno debido a la cual, ha denunciado, sólo tres centrales térmicas en España situadas en la costa son las que están recibiendo ayudas gubernamentales para la adaptación medioambiental de sus instalaciones para la quema de carbón.

El PSOE va a proponer varias medidas en las Cortes, una de ellas ya prevista y enmarcada en el Plan de Dinamización de Comarcas Mineras de la Junta para solicitar al Gobierno que incentive el consumo del carbón autóctono a través del céntimo verde. Rodríguez destacó que después de aprobarse este plan «no se ha tomado ninguna iniciativa a este respecto», por lo que la «política en materia de carbón de la Junta es de mucha foto y pocos hechos».

La iniciativa socialista, que insta al Gobierno a poner en marcha el céntimo de España, también se llevará al Congreso de los Diputados. Una medida que, como ha recordado Rodríguez, ya fue rechazada hace un año en el Congreso pero que «si la oposición se une podría salir adelante ante un Gobierno en minoría, a pesar de que en su momento no contó con el apoyo de Ciudadanos y Podemos».

También en el Plan de Dinamización había un compromiso explícito de la Junta para recurrir, por vía judicial si fuera necesario, la demanda de los Fondos Miner que adeuda el Gobierno a la Junta de Castilla y León entre los años 2006-2012. En este sentido, Rodríguez ha anunciado que preguntara para conocer qué medidas ha tomado la Junta a este respecto.  Por último, el PSOE preguntará sobre los proyectos complementarios que recoge el Plan de Dinamización. Según Rodríguez, «hasta la fecha hay muchos anuncios y pocas realidades ya que no se sabe cuándo se va a acometer la planta de biomasa anunciada para el Bierzo».

El PP critica la demagogia

Precisamente Otero ironizó sobre la fijación de Rodríguez en la defensa del sector. «Tiene una mina; que no produce riqueza sino postureo y que no piensa en la gente de la mina ni en las cuencas», aseveró Otero. En esta línea, ha asegurado que tanto el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, como el PP «han defendido ante el Gobierno central las reivindicaciones de los alcaldes mineros». También recordó la reunión entre Herrera y Luis de Guindos, «en la que se trasladó las inquietudes y acuerdos alcanzados en Castilla y León, así como la petición del 7,5% de consumo de carbón nacional en el mix energético y reivindicó la puesta en marcha del céntimo verde«.

En el marco de las actuaciones realizadas por el Gobierno autonómico, Otero ha resaltado la firma del acuerdo entre la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, por el que se concedió una ayuda de 150 millones de euros para la creación de empleo en las cuencas mineras. Estas inversiones, según ha resaltado el alcalde, continúan con la aprobación y puesta en marcha del Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras, aprobado en las Cortes con el voto favorable del PSOE, y por el que se pusieron a disposición de los ayuntamientos otros 2 millones de euros para generar empleo.

Por todo ello, Otero ha defendido la gestión y defensa del sector minero del Gobierno regional y, aún reconociendo las críticas que arrastró el dimitido ministro de Industria, José Manuel Soria, ha abogado por «dar tiempo nuevo Gobierno para que se pongan en marcha todas las medidas y ayudas aprobadas». «De lo contrario seremos los primeros en ser críticos», aseguró.

Asimismo, criticó las afirmaciones de Rodríguez sobre la inacción de la Junta para demandar al Gobierno central los Fondos Miner que se le adeudan del periodo 2006-2012. En este sentido, Otero ha apuntado que todas las obras de infraestructuras financiadas con Fondos Miner de ese periodo que se llegaron a firmar y a ejecutar «fueron pagadas por la Junta a pesar de no haberse transferido los fondos mineros desde el Gobierno». Otero también negó que todo el carbón que se quema en las térmicas leonesas sea de importación, tal y como afirma Rodríguez. «En la central de Anllares, el 70% del mineral es nacional y hay acuerdos recientemente firmados para que el consumo de carbón autóctono se incremente», ha concluido.

El Gobierno eleva las ayudas mineras mientras Castilla y León pide una transición de hasta 50 años para las cuencas

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Redacción / Agencias.- La Junta de Castilla y León defiende un «período de transición de entre 25 y 50 años» que permita elaborar un plan de apoyo a las comunidades autónomas que dependan de la producción del carbón «para reestructurar su industria». Mientras tanto, el Gobierno autoriza la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, entre 2017 y 2020, al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

El objetivo del acuerdo es posibilitar la concesión de ayudas destinadas a cubrir costes excepcionales derivados del cierre de unidades de producción de carbón no competitivas incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la minería del carbón no competitiva. Con la autorización, el compromiso máximos de adquisición ascenderá a 2,4 millones para 2017, lo que supone un 400% de sobrecrédito inicial, frente a los 1,23 millones de 2018 (un 200% más), 1,23 millones de 2019 (un 100% más) y 616.666 euros de 2020 (un 100% más).

La aprobación de este acuerdo permitirá continuar con la convocatoria de ayudas, actualmente en fase de evaluación de solicitudes, con las que se pretende paliar los efectos perjudiciales que el cese de la actividad minera ocasiona en el entorno social y regional. La medida complementa además la autorización extendida por el Gobierno recientemente para que esta convocatoria de ayudas se considere una excepción a la convocatoria de la orden de cierre de ejercicio presupuestario 2016.

Los sindicatos critican las ayudas

Precisamente, los sindicatos CCOO y UGT denunciaron que estas ayudas complementarias a las minas de carbón de 36,1 millones de euros aprobadas por el Gobierno recientemente se limitarán al año 2016, como consecuencia del mecanismo que rige su aplicación. Por ello, ambos sindicatos tachan de «burla» del Ejecutivo ante el sector dichas ayudas. A este respecto, explican que la aplicación efectiva de la norma introduce un «truco» que limita su alcance únicamente a este año y no permitirá su aplicación en 2017 y 2018. En consecuencia, piden la convocatoria de la Comisión de Seguimiento para corregir esta situación, además de poner al día toda la serie de incumplimientos con el sector para evitar su desaparición.

Transición para próximos 50 años

Por su parte, el Comité Económico y Social (CES) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León defienden un «período de transición de entre 25 y 50 años» que permita elaborar un plan de apoyo a las comunidades autónomas que dependan de la producción del carbón «para reestructurar su industria«. Se trata de una conclusión del dictamen del CES sobre la minería del carbón, presentado por el sindicalista rumano Dumitru Fornea, quien ha advertido sobre la necesidad de «establecer diálogos políticos, cívicos y sociales», puesto que la transición energética impuesta por la Unión Europea requiere del «acuerdo de todas las partes» para poder lograr los cambios exigidos.

En este sentido, Fornea señaló que «el Plan de apoyo a la transición debe animar a las regiones a que emprendan transformaciones, promuevan el desarrollo innovador y creen empleo». Al respecto recordó que en Castilla y León «hay unas 4.000 personas que dependen directa o indirectamente de la explotación del carbón», una cifra que alcanza el millón de personas si se hace extensiva al resto de Europa, de ahí que sea necesario «que todos los agentes implicados alcancen un acuerdo».

Dimitru Fornea recordó que «las ayudas del Estado para la industria se terminan en 2018» y se pregunta «qué va a hacer el Gobierno de España» y los diferentes gobiernos de los países afectados, «que hasta ahora se han callado bastante, pero es momento de defender los intereses de sus comunidades». Este dictamen pretende ser «un primer paso para abrir el debate» y presentar un acuerdo coherente en Europa, puesto que existe, según indicó, «un fuerte interés de las corporaciones internacionales involucradas en las renovables». Por ello Fornea incidió en que «las cuencas mineras deben prepararse para la supresión progresiva de la producción del carbón».

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha destacado que el dictamen plantea «un período de transición de 25 o 50 años» que permitiría poder realizar los cambios necesarios y, al respecto, recordó que la Junta de Castilla y León ya impulsa «un Plan de Dinamización de los municipios mineros». Eso sí, Del Olmo ha mostrado su confianza respecto a que este informe «permita revertir la decisión de la Comisión Europea de eliminar las ayudas a la industria en 2018» y poder abordar un «régimen transitorio con diferentes medidas para adaptar la minería, lo que, a su juicio, sería perfectamente compatible con el Acuerdo de París sobre cambio climático».

El CERMI aplaude la reforma legal para que no haya gasolineras desatendidas en Castilla y León

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EFE.- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) aplaudió la modificación legal acordada por las Cortes de Castilla y León para impedir gasolineras desatendidas en este territorio, al obligar a estos establecimientos a contar al menos con un empleado cuando permanezcan abiertos. CERMI cree que así se ampara que «las personas con discapacidad que no puedan acceder al suministro de carburantes y combustibles serán atendidas por una persona responsable de las instalaciones». Actualmente hay unas sesenta gasolineras desatendidas en Castilla y León.

El Gobierno aprueba 36,1 millones para conceder ayudas de 10 euros por tonelada de carbón nacional

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Redacción / Agencias.- El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo para autorizar la convocatoria de ayudas adicionales al carbón por 36,1 millones de euros, que suponen una ayuda adicional de 10 euros por tonelada, según avanzó la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, que explicó que se trata de ayudas aprobadas por la Unión Europea para compensar las pérdidas de producción sufridas por el sector del carbón por las caídas de precios del mineral de importación, que agravaron la situación del sector en España.

2016: 61,4 millones en ayudas

En este contexto, el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Comisión Europea en mayo para poder otorgar una ayuda adicional para el periodo 2016-2018, tanto para las minas subterráneas como de cielo abierto. La nueva ayuda adicional supone 10 euros por tonelada de carbón para 2016 y es compatible con la normativa europea, que limita las posibilidades de apoyo de los Estados Miembros a las minas no competitivas hasta el 2018, con el objetivo de un cierre ordenado de dichas minas. El acuerdo alcanzado con la Comisión Europea, según indicó el Ministerio de Industria, también incluye la autorización del Plan de Cierre de España, lo que supone que todas las ayudas otorgadas desde 2010 a las compañías mineras son válidas.

Dentro del plan de cierre de las instalaciones mineras no rentables, se contemplan diferentes mecanismos entre los que se incluyen otra partida de ayudas ordinarias a la producción, adicionales a las ayudas por el mismo importe ya previstas en el Plan de la Minería, por valor de 25,3 millones de euros y cuyo acuerdo para tramitación también se aprobó, con lo que se elevan a más de 60 millones las ayudas para el ejercicio 2016.

De la cuantía total de la ayuda, cerca de 1,6 millones van destinados a la empresa pública Hunosa (1,3 millones en 2016 y 260.000 euros en 2017) y 34,4 millones a empresas privadas (28,7 en 2016 y 5,7 en 2017). Esta ayuda excepcional se suma a la ayuda ordinaria de 2016, que estaba dotada con 25,3 millones de euros. Con estas decisiones «se facilita el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea sin menoscabar el desarrollo de las comarcas mineras», indicó Sáenz de Santamaría.

Castilla y León: “Da oxígeno”

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, aplaudió la rapidez con que el Gobierno central aprobó las ayudas adicionales a la extracción de carbón autóctono porque suponen «un balón de oxígeno» para el sector minero. En este sentido, Del Olmo recordó la reciente reunión entre el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien asumió las funciones de Energía tras la dimisión de José Manuel Soria. Precisamente este relevo es lo que, según Del Olmo, ha podido motivar el cambio de posición del Gobierno central.

Del Olmo destacó que estas ayudas se aprueban en un momento en el que el Gobierno central tiene sobre sí un cierre presupuestario que dificulta las autorizaciones de gasto, por lo que recalcó que «añade un valor» a la decisión adoptada y revela que el Ejecutivo es consciente de que se trata de un problema «importante y urgente». La consejera destacó que, además de esta medida, existen otras de ámbito autonómico como el Plan de Dinamización de los Municipios Mineros y el acuerdo para que el Gobierno desbloquee otros 152 millones de euros de ayudas, que van en la misma dirección de apoyo al sector.

Industria agilizará nuevas ayudas a la minería y firma un convenio marco de apoyo a las comarcas mineras en Castilla y León

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EFE.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha anunciado la inminente modificación de las bases reguladoras de las ayudas a las empresas mineras para que pueda convocarse la nueva ayuda adicional habilitada por la UE en un plazo de un mes, previa autorización preceptiva del Consejo de Ministros.

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha entrevistado con el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha asumido también las competencias del Ministerio de Industria, para tratar sobre la problemática de la cuenca minera.

Tras el encuentro y en rueda de prensa, Herrera ha explicado que esas ayudas adicionales consistirán en diez euros por cada tonelada «en favor de los carbones nacionales».

Ha precisado que está autorizada por la Unión Europea y que Guindos le ha garantizado «que de forma inmediata» se procederá a la firma de las bases de la convocatoria, «incluso, en este mismo año», ya que cuenta con «recursos presupuestarios reservados», así como para 2017 y 2018.

Con esta modificación se trata de dar respuesta a la Decisión de la Comisión Europea, de 27 de mayo de 2016, en la que se declaran compatibles con la normativa comunitaria las ayudas a la producción concedidas a las empresas mineras, según ha informado hoy el Ministerio y la Junta de Castilla y León en un comunicado conjunto tras la reunión de ambos.

En dicha decisión se posibilita además una nueva ayuda adicional para las producciones de carbón, tanto de minería subterránea como a cielo abierto, para el periodo 2016-2018.

Convenio Marco entre Castilla y Leóy y el Ministerio para el desarrollo de las comarcas mineras

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, han firmado un convenio marco para el impulso económico de las cuencas mineras.

Herrera ha dicho que ese acuerdo contempla 28 convenios de inversión alternativa en la cuencas mineras de la comunidad en infraestructuras básicas, mejora de carreteras, polígonos industriales o actuaciones en reforestación, con una inversión pública estimada de 150 millones de euros, de los que el 25 % los aportará la Junta y el resto el Gobierno central.

Ha agregado que se trata de proyectos propuestos por los ayuntamientos de las comarcas mineras y ha precisado que habrá otros acuerdos bilaterales con el resto de las comunidades mineras próximamente.

Respecto al precio del carbón nacional para hacerlo más competitivo, Herrera ha recordado que Castilla y León insiste en que la forma más eficaz es el establecimiento de una bonificación fiscal al carbón europeo y nacional como elemento estratégico para garantizar el suministro energético y una menor dependencia exterior, si bien ha reconocido que su puesta en marcha depende del Ministerio de Hacienda.

El presidente castellanoleonés ha expuesto al ministro el plan autonómico de dinamización de los municipios mineros para 2016-2020, ya que necesitan que el Gobierno central participe en su desarrollo y puesta en marcha y ha recibido «una valoración muy favorable».

Ha reconocido que Guindos le había advertido de que en este momento no puede señalar una figura concreta en la que poder integrar este plan, «pero ha entendido que existen razones suficientes y líneas de apoyo» del Ejecutivo central, que posibilitan su integración.

Sobre la normativa de emisiones de la UE, ha señalado que exige que para continuar en actividad las centrales térmicas deben hacer unas inversiones costosas y, además, son muy exigente con respecto a los apoyos públicos y las obligaciones medioambientales.

El Gobierno les ha confirmado, ha indicado Herrera, que las ayudas públicas vinculadas a esas inversiones con el compromiso de las térmicas de comprar el carbón nacional «no es admitida por la autoridad europea».

A su juicio, una empresa propietaria de una central energética no puede tomar la decisión unilateral de cerrar o no, lo tiene que plantear al Gobierno, «lo que aún no está decidido» y «ahí podría actuar el Ejecutivo y podrían llegar a algún tipo de acuerdo o de compensación» para que Endesa no lleve a cabo «la amenaza de cierre».

Ambas partes han acordado proseguir las reuniones de la Comisión de Cooperación para analizar la situación de los convenios específicos entre ambas administraciones correspondientes a los Planes de la Minería 1998-2005 y 2006-2012. Y han valorado el refuerzo del sistema de protección para los trabajadores de la minería, mediante ayudas por prejubilaciones y bajas indemnizadas, llevado a cabo durante esta legislatura.

La agrupación de municipios minero Acom, la patronal Carbunión, los sindicatos y representantes de las diputaciones de León y Palencia, en una reunión previa celebrada hoy en Valladolid, le han instado al presidente Herrera a que reclame del ministro una posición clara del Gobierno en favor el futuro de la minera y el cumplimiento del Plan del Carbón.

Castilla y León y Extremadura son las únicas comunidades autónomas en las que la producción renovable supera a la demanda

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EFE.- Castilla y León, con una cobertura con renovables de la demanda eléctrica del 146,36%, y Extremadura, con un 104,26%, fueron las únicas comunidades autónomas en las que su producción de energía eléctrica procedente de fuentes renovables superó a su demanda durante 2015, según datos de Red Eléctrica de España. A continuación se situó Castilla-La Mancha, con el 92,55%, mientras que Madrid (1,33%), Baleares (2,24%) y País Vasco (4,68%) ocupan los últimos lugares en este ránking.

Durante 2015, Castilla y León produjo 20.128 gigavatios/hora (gwh) de energía eléctrica con origen renovable frente a una demanda eléctrica de 13.752 gwh, mientras que Extremadura produjo 5.014 gwh y demandó 4.809 y Castilla-La Mancha produjo 10.715 gwh y necesitó 11.567. En Castilla y León, la mayor parte de la electricidad renovable procede de la eólica, con una producción de 11.080 gwh, y la hidráulica (7.952 gwh), mientras que en Extremadura fue la solar termoeléctrica (2.038 gwh), la hidráulica (1.612) y la fotovoltáica (1.111 gwh).

En el conjunto de España, la demanda de energía eléctrica ascendió en 2015 a 262.931 gigavatios/hora (gwh), de los que 96.883 gwh fueron cubiertos con fuentes renovables, lo que supone el 36,85%. La producción neta de energía eléctrica en 2015 fue de 267.584 gigavatios/hora, con Cataluña (16%), Andalucía (13,3%), Castilla y León (11,67%), Galicia (11%), Castilla-la Mancha (8%) y Extremadura (7,89%), como principales aportadoras. Respecto al origen de la electricidad generada en 2015, el 63,79% procedió de fuentes no renovables (nuclear, cogeneración, carbón, fuel/gas, ciclo combinado y residuos) y el 36,21% de renovables (solar, hidráulica, biomasa, biogás, geotérmica y eólica).

En cuanto a las comunidades autónomas que más energía eléctrica demandaron fueron Cataluña, con el 17,7% del total, Andalucía (14,7%), Madrid (10,9) y Comunidad Valenciana (10,1%), mientras que Ceuta y Melilla (0,08%); La Rioja (0,65%), Cantabria (1,60%) y Extremadura (1,83) y Navarra (1,84) fueron las que menos consumieron.  Cataluña (20,58%), Andalucía (13%) y Extremadura (9,42%), son las comunidades que más aportaron a la producción nacional de energía eléctrica de fuente no renovable en 2015, sobre todo por la aportada con origen nuclear, que en el caso catalán fue del 42,6% del total nacional y del 29,35% en el caso extremeño.

El balance también recoge que las ciudades de Ceuta y Melilla y los archipiélagos balear y canario son los que tienen un porcentaje superior al 90% en cuanto al origen no renovable de su producción de energía eléctrica, mientras que en el lado opuesto, Navarra, con el 70%, Castilla y León (64,4%) y La Rioja (64,2%), encabezan el ránking de las que tienen en las fuentes renovables su mayor producción.

La Audiencia desestima el recurso de Nuclenor contra la multa de 18,4 millones por el cierre de Garoña en 2012

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Europa Press / EFE.- Mientras desde la Junta de Castilla y León sostienen que su posición «ni ha variado ni variará» sobre el futuro de la nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que debe reabrirse bajo los parámetros de «seguridad y empleo», la Audiencia Nacional desestimó el recurso presentado por Nuclenor en contra de la sanción de 18,4 millones de euros que le impuso en julio de 2014 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el cierre en 2012.

En su sanción, el regulador consideró que Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, había incurrido en una infracción muy grave al acometer una «reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica». El cese de la explotación de Garoña estaba previsto para el 6 de julio de 2013, si bien Nuclenor acordó el 14 de diciembre de 2012 extraer el combustible nuclear. Apenas 15 días después entrarían en vigor los nuevos impuestos eléctricos. La CNMC consideró que el cese de actividad se produjo «estando plenamente vigente y operativa la autorización de explotación de la central, y sin que concurrieran las circunstancias de parada previamente programada, ni circunstancias imprevistas que aconsejaran o hicieran necesaria la parada».

«La Sala comparte plenamente el planteamiento de la resolución de la CNMC», señala la Audiencia, que considera además que el operador de Garoña «siguió una política de hechos consumados, limitándose a comunicar al Ministerio su decisión unilateral de cese, comunicación que no tuvo lugar hasta el 28 de diciembre de 2012, 14 días después de adoptarse el acuerdo». La comunicación, señala la Audiencia, se produjo «cuando el proceso de descarga del combustible estaba ya concluido desde el anterior 22 de diciembre», de modo que «la recurrente puso en conocimiento del Ministerio unos hechos ya consumados«.

En su recurso ante la Audiencia Nacional, la sociedad propietaria de Garoña, que tiene una potencia de 455 megavatios (MW), sostenía que la decisión de su consejo de administración se adoptó únicamente como consecuencia de los efectos asociados a la nueva tributación a los residuos nucleares, aprobada por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa eléctrica. Los nuevos impuestos de la Ley 15/2012 implicaban, según cálculos de Nuclenor, un pago «inasumible» de 153 millones de euros para Garoña, que consideraban que hacía la central “inviable”, lo que supone una causa con carácter de «imprevisibilidad» que, a juicio de la demandante, le debería eximir de cumplir el plazo de operación con un año de antelación.

La decisión del consejo de administración «se adoptó únicamente cuando los efectos asociados a la nueva tributación suponía la declaración de concurso de la sociedad y no desde el momento en que se tuvo conocimiento del establecimiento de un nuevo tributo que reduciría notablemente la rentabilidad de la instalación», afirmaba la propietaria de Garoña. Nuclenor también consideraba que la infracción de la CNMC es desproporcionada y que infringe «de manera flagrante» el principio de tipicidad establecido en la Ley 30/1992. Precisamente, la sentencia ve adecuada la sanción de 18,4 millones de euros calculada basándose en el 10% de la cifra de negocio que tuvo la central nuclear en 2011, que se elevó a 184 millones.

Junto a esto, la empresa discrepaba de las consideraciones del regulador acerca de los efectos de su decisión sobre la seguridad de suministro. Considerar que el cierre afectaría al suministro «estaría en contradicción con la existencia en la actualidad de un exceso de capacidad de generación eléctrica, según aseveraciones tanto del propio Ministerio como de la CNMC», señalaba. En su demanda, Nuclenor llegaba a considerar que la decisión del cierre de Garoña resulta «totalmente insignificante para la seguridad del suministro». Por ello, fuentes de la empresa explicaron que la interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuya argumentación no han desvelado, será suficiente para suspender el pago de la multa hasta que se produzca una resolución judicial definitiva.

El Ejecutivo siempre ha mantenido abierta la puerta a que la planta retome la actividad. Actualmente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evalúa la petición de la central de renovar su permiso de explotación hasta 2031, cuando sumaría 60 años de antigüedad. El 27 de mayo, Nuclenor presentó dicha solicitud y el Gobierno solicitó al CSN el informe preceptivo. Si éste es negativo, obligará al cierre de la planta y si es positivo dejará la decisión en manos de Industria y del Consejo de Ministros.

El Gobierno trabaja en una normativa de seguridad en las gasolineras desatendidas mientras Castilla y León exige que haya empleados

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Redacción / Agencias.- Las Cortes de Castilla y León, con el voto en contra de Ciudadanos, han respaldado la Ley por la que todas las gasolineras deberán contar con al menos un trabajador en el tiempo que permanezcan abiertas para garantizar así la atención a personas con discapacidad y mejorar la cifra de empleos en el sector, una norma que excluye a las cooperativas agrarias siempre que atiendan a sus asociados y no ofrezcan combustible al público general.

Mientras tanto, en el Congreso, el Gobierno en funciones está trabajando en un proyecto de decreto sobre las medidas de seguridad en las llamadas estaciones de servicio desatendidas, es decir, aquellas en las que no hay personal. Según señaló en la Comisión de Industria el diputado del PP, Juan Manuel Juncal, el Gobierno, pese a estar en funciones, trabaja sobre la necesidad de revisar una instrucción técnica complementaria, denominada IP04, relativa a estaciones de servicio.

Aprobada la propuesta del PSOE

Se trata de los puntos de la proposición no de ley (PnL) que llevó a la Comisión de Industria el PSOE y que ha salido adelante. Esa instrucción técnica, según el texto de la PnL, debe «aclarar y hacer más concretas y rigurosas las medidas de seguridad de las estaciones de servicio desatendidas». Junto a este punto, la propuesta del PSOE insta al Gobierno a que se modifiquen, en coordinación con las autonomías, las normas necesarias para obligar a que haya al menos un empleado para atender en horario diurno.

También han pedido «desarrollar y clarificar» los requisitos de seguridad industrial y garantizar la unidad de mercado para que no se produzcan agravios comparativos en los requisitos de acceso de seguridad básicos en las diferentes comunidades autónomas. En definitiva, concluye el texto, se trata de articular e implantar una normativa que «aclare la posición jurídica de las gasolineras desatendidas y garantice la seguridad de estas instalaciones y el cumplimiento de los derechos de los consumidores».

En nombre del PSOE, Begoña Tundidor, explicó que estas medidas, junto a otras, son necesarias para evitar las dificultades que pueden tener las personas con discapacidad para utilizar gasolineras que no cuentan con personal, además de los riesgos a los que pueden estar expuestos. Además, Tundidor advirtió sobre el impacto en el empleo que puede tener la expansión de este tipo de gasolineras desatendidas en un sector que actualmente da trabajo a unas 40.000 personas.

PP y Ciudadanos en contra

Por su parte, Ángela Ballester, portavoz de Podemos, otro grupo que apoyó la exigencia de que haya personal en las gasolineras, destacó la importancia de que «se respeten los derechos de todos los consumidores y en particular el de las personas con discapacidad al acceso a este servicio». Entre los grupos que se opusieron o se abstuvieron, los portavoces del PP, Juan Manuel Juncal; de Ciudadanos, José Luis Martínez, y de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, defendieron la existencia de estas gasolineras por la necesidad de que exista una mayor competencia, lo que redunda en unos menores precios, en la línea de lo defendido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó recientemente un informe en el que pedía que se eliminaran las trabas normativas al desarrollo de estas gasolineras que, a su juicio, aseguran una mayor competencia y unos mejores precios que «benefician» al consumidor final. El informe provocó reacciones de sindicatos y algunos grupos políticos, que criticaban la pérdida de empleo que puede conllevar este tipo de gasolineras, así como problemas de seguridad o de atención a determinados colectivos.

En cuanto al efecto en los discapacitados, Juncal defendió que hay muchas de ellas que sí pueden utilizar este tipo de gasolineras gracias a las innovaciones en los aparatos de expedición y en los dispositivos que utilizan y Martínez apuntó que los problemas de acceso se pueden subsanar con mejoras en los diseños arquitectónicos. Asimismo, el portavoz del PP señaló que en Suecia, país que se puede considerar referente en la atención a personas con discapacidad, actualmente hay un 60% de sus gasolineras sin trabajadores.

Castilla y León las prohíbe

La nueva normativa de Castilla y León modifica la Ley por la que se aprobó el Estatuto del Consumidor y se ha impulsado a instancias del grupo parlamentario popular con el objetivo, como expuso el procurador Salvador Cruz, de establecer garantías, «mejorar» la protección de los usuarios y la accesibilidad, además de actuar de forma «responsable» con el empleo. Cruz ha explicado que las estaciones de servicio deberán tener al menos a un responsable de las instalaciones debidamente formado durante todo el horario en el que permanezcan abiertas, así, ha recordado que la norma establece una moratoria de tres meses para que todos los centros se adapten a la misma.

La exención de las cooperativas agrarias es algo que, a juicio del procurador de UPL, Luis Mariano Santos, no queda claro en esta Ley por lo que «dañará», a su juicio, al mundo rural, motivo por el que finalmente se abstuvo en la votación. Por su parte, el procurador de Ciudadanos, David Castaño, ha incidido en que su grupo no puede apoyar una Ley que, según su lectura, es «contraria a derecho», ya que la normativa estatal básica establece tres tipo de instalaciones de hidrocarburos que son «las atendidas, autoservicio y desatendidas«. Así, ha considerado que con esta normativa las nuevas gasolineras denominadas low cost pierden «su razón de ser».

Sector en Castilla y León

En concreto, se estima que en torno a 60 estaciones de servicio de 1.305 no están atendidas por ningún personal, por lo que esta obligación incluye como beneficio «mayores garantías de seguridad y de protección del medio ambiente», como ha destacado la procuradora popular Irene Cortes, desde el convencimiento de que la presencia de al menos un empleado ayuda a garantizar el correcto suministro de unos «productos peligrosos y contaminantes».