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El PSOE denuncia el trato discriminatorio de la Junta de Castilla y León a una empresa eólica durante 14 años

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EFE.- El PSOE de Castilla y León asegura que existen pruebas de que la administración autonómica ha discriminado a algunas empresas para favorecer a otras, como en el caso de Ibervento, que ha tardado 14 años en obtener un permiso que se tramita en un mes.

El parlamentario del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Javier Izquierdo, portavoz de la comisión que investiga la trama eólica, denuncia el caso de la empresa Ibervento, que recibió en febrero pasado la resolución favorable del Ente Regional de la Energía (EREN) para instalar un parque eólico cuando la solicitud se había entregado en 2002. Según criticó, se ha tardado 14 años en conceder un informe favorable de la primera fase, que normalmente se tarda en dilucidar en un mes, en una actuación que calificó como «abuso de poder» de la administración autonómica.

El socialista comparó este procedimiento administrativo con el que llevaron los expedientes de otras empresas, que a los pocos días obtuvieron los permisos para la adjudicación de diferentes parques. Consideró preciso esclarecer cómo la tardanza en la tramitación de las adjudicaciones obligó a alguna empresa a renunciar en beneficio de otras y cómo, después de las renuncias, se aceleraba la tramitación para concluirse a los pocos días. Izquierdo insistió en pedir la comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León en la comisión parlamentaria que investiga las adjudicaciones.

Ciudadanos insiste en que se avance en la comisión de investigación sobre la trama eólica de Castilla y León

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EFE.- El procurador de Ciudadanos en Castilla y León y miembro de la comisión de investigación de la trama eólica, José Ignacio Delgado, obvia las acciones legales realizadas por Rafael Delgado para que rectifique las declaraciones vertidas contra él, y pidió que «se avance» en una Comisión que «el PP ha obstruido».

En este sentido, el político de Ciudadano ha explicado que está citado para el próximo 25 de mayo a un acto de conciliación solicitado por el que fuera viceconsejero de Economía durante 8 años, quien previamente había solicitado al procurador de Ciudadanos que rectificara unas declaraciones en las que afirmaba que «estaba huido». Según el representante de Ciudadanos, «cada uno hace lo que considera que debe hacer» y, en su caso, se limitó a hablar de la «desaparición» de uno de los protagonistas de la trama eólica, diciendo que «hasta su entorno familiar estaba preocupado porque no sabían dónde estaba».

En ese momento, los abogados de Rafael Delgado pidieron al procuradorde Ciudadanos que rectificara, lo que «ni ha hecho ni piensa hacer, ya que hay otras cosas mucho más importantes, cómo es saber dónde están los 110 millones de euros de la trama eólica«. Por este motivo, el exviceconsejero ha continuado con el proceso legal «previo a una querella por un delito contra el honor, injurias y calumnias», tal y como ha señalado Delgado.

«Estoy sin dormir por esta situación», ha ironizado Delgado, quien ha confesado sentirse «ansioso», ante la convocatoria de la comisión de investigación de la trama eólica, prevista para el 24 de mayo «después de que haya estado paralizada desde febrero». Además aseguró que, si así se «consigue que la gente implicada en la trama aparezca», se congratula por ello y, en este sentido, reclamó que sea el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el que comparezca en la Comisión. «Lo único que nos preocupa es que la comisión siga adelante, que prevalezca la verdad, se den las correspondientes explicaciones y se asuman responsabilidades», concluyó.

El 93% de la producción eléctrica de Iberdrola en España durante el primer trimestre del año estuvo libre de emisiones

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Servimedia / EFE.– El 93% de la producción de electricidad de Iberdrola en España durante el primer trimestre de 2016 estuvo libre de emisiones de CO2, porcentaje que a nivel mundial se sitúa en el 61%. La producción libre es aquella procedente de plantas renovables, hidroeléctricas y nucleares.

Según explicaron fuentes de la eléctrica, en esos tres meses las emisiones producidas en sus plantas de generación españolas se redujeron, con respecto al año anterior, un 44%, hasta los 33 gramos de CO2 por kilovatio hora (kWh). A nivel mundial, la reducción fue de un 14,7%, hasta los 173 gramos por kWh, y en Reino Unido de un 5%, hasta 495 gramos por kWh.

73% de capacidad sin emisiones

Dicha reducción se produjo gracias a que la capacidad instalada libre de emisiones de Iberdrola aumentó entre enero y marzo de este año un 3,7% en todo el mundo, hasta 29.300 megavatios (MW), y un 5% en España, hasta 19.230 MW. Esto supone que el 63% de la potencia total de la empresa está libre de emisiones de CO2, porcentaje que en España se eleva al 73%. En concreto, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán dispone, dentro de su producción libre de emisiones, de 14.812 MW procedentes de fuentes renovables, 11.076 MW hidroeléctricos y 3.410 MW nucleares. El resto de su producción son 12.962 MW procedentes de ciclos combinados de gas y 1.258 MW instalados en plantas de cogeneración.

Iberdrola registra unas emisiones por kWh un 30% inferiores a la media del sector eléctrico europeo. De hecho, la generación con carbón representa únicamente el 2% de su capacidad total en el mundo. La compañía tiene el objetivo de que el carbón represente sólo un 1% de su potencia instalada en 2020 que, según las previsiones de la compañía, ascenderá a 48.700 MW tras la entrada en funcionamiento de 6.900 nuevos MW de tecnologías limpias y eficientes. A más largo plazo, la empresa se fijó como nuevo objetivo medioambiental lograr en 2030 una reducción del 50% de su intensidad de emisiones de CO2 sobre los niveles de 2007 y ser neutra en carbono en 2050.

Mejora en Castilla y León

Por otro lado, la empresa de producción, distribución y comercialización energética Iberdrola ha mejorado en casi un 8% la calidad del servicio que ofrece a sus clientes de Castilla y León en el primer cuatrimestre de 2016 respecto al mismo periodo del año anterior y ha logrado un Tiempo de Interrupción Equivalente a la Potencia Instalada (TIEPI), índice que mide dicha calidad, de 23,7 minutos, mientras que el año pasado se situó en 25,7 minutos.

Iberdrola ha avanzado además en el despliegue de las redes eléctricas inteligentes con la instalación de más de un millón de contadores de los más de 1,5 millones que tiene en la Comunidad, que suponen más del 69% de todo su parque de contadores con potencia contratada igual o inferior a 15 kilovatios en Castilla y León. Cuando finalice esta iniciativa, en 2018, y tras realizar la compañía eléctrica una inversión global de 180 millones de euros, los más de 1,5 millones de puntos de suministro a los que da servicio la empresa en Castilla y León tendrán contadores inteligentes.

El PSOE pide que la Junta de Castilla y León desarrolle ya el plan de dinamización para las cuencas mineras

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EFE.- El grupo socialista en las Cortes de Castilla y León exigirá a la Junta que cumpla con su compromiso de poner en marcha el plan de dinamización de las cuencas mineras anunciado por el Ejecutivo autonómico y en las que se prevé invertir 20 millones de euros en 4 años.

El viceportavoz socialista en las Cortes, Tino Rodríguez, señaló que el plan «debería haber estado aprobado antes del 30 de abril y que, de seguir así, se demorará, al menos, un mes». El plan de dinamización prevé recursos para la realización de proyectos complementarios en las cuencas que tienen como objetivo la creación de empleo y generación de actividad económica que, a juicio del socialista, es «indispensable ya que permitiría invertir en León cerca de 5 millones de euros anuales».

El también secretario general del PSOE leonés subrayó la difícil situación que desde hace dos legislaturas viven las cuencas mineras con una constante pérdida de empleo en el sector minero y la práctica desaparición de las empresas del sector. El procurador destacó que a esta situación se llegó ante los incumplimientos del Plan del Carbón por parte del Gobierno central.

Tino Rodríguez también aludió al «boicot por parte del PP a la implantación del céntimo verde promovido por el PSOE con el objetivo de hacer más competitivo el carbón nacional frente al de importación». Un boicot, recordó, que llegó al Congreso de los Diputados con la abstención del PP en la votación de una propuesta que salió adelante con el apoyo de otras formaciones políticas y que el «Gobierno en funciones no ha puesto en marcha y del que tampoco ha querido saber nada la Junta incorporándolo a sus tasas».

El presidente de la Diputación de León celebra el preacuerdo sobre el carbón: «Más vale tarde que nunca»

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EFE.- El presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, aplaudió el acuerdo entre el Gobierno y la Comisión Europea para conceder ayudas adicionales al sector del carbón nacional, y aseguró que «más vale tarde que nunca». De esta forma Martínez Majo admitió que el acuerdo puede llegar tarde, como denuncian los sindicatos, pero ha insistido en que también «es la última esperanza para salvar el carbón«.

En este sentido, ha destacado que las medidas incluidas en el acuerdo más el plan de apoyo a las cuencas mineras puesto en marcha por la Junta de Castilla y León son unas iniciativas «importantísimas». «Vamos a ver si las actuaciones previstas pueden incidir de una manera positiva en las comarcas mineras», indicó. También avanzó que, como institución, la Diputación de León «estará pendiente de la evolución del acuerdo y colaborará incluso económicamente si es necesario para ayudar a las comarcas mineras de la provincia».

Hasta 10 euros por tonelada

El Gobierno alcanzó un acuerdo con la Comisión Europea para conceder ayudas adicionales al sector del carbón nacional. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que este incentivo se establecerá en función de la diferencia entre el precio internacional del carbón y el que había en 2013, cuando se acordó el Plan de Minería nacional. En cifras, esa ayuda a la producción puede ser de hasta 10 euros la tonelada, lo que supondría duplicar las ayudas existentes con la normativa actual.

En el último mes el precio del carbón en los mercados internacionales ha caído mucho, lo que ha supuesto una pérdida de competitividad para el nacional y ha agravado la situación de la minería. Las empresas mineras se verán compensadas por la caída imprevista del precio internacional del carbón. El acuerdo, que deberá ser ratificado por la Dirección General de Competencia europea, se ha logrado tras un largo proceso de negociación de acuerdo con la normativa europea y supone validar el plan de la minería 2013-2018 y sumar estas ayudas.

El Gobierno alcanza un preacuerdo con Bruselas para incentivar el carbón nacional sin devolver las ayudas concedidas desde 2011

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Redacción / Agencias.- El Gobierno alcanzó un acuerdo con la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea que permite incentivar la quema de carbón nacional en centrales térmicas, sigue la senda del acuerdo preliminar del plan del carbón 2013-2018 y evita la devolución de las ayudas concedidas desde 2011. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que el acuerdo sobre el nuevo sistema de ayudas debe ser ratificado en las próximas semanas por el resto de servicios de la Comisión Europea.

Aparte de eximir a las empresas mineras española de devolver las ayudas, Bruselas se muestra dispuesta a permitir que el Gobierno español incentive en hasta 10 euros por tonelada la producción de carbón nacional. «Se duplicarían las ayudas previstas», afirmó Sáenz de Santamaría, que indicó que en el último mes el precio del carbón internacional ha seguido una tendencia decreciente, lo que aumenta «la pérdida de competitividad» del mineral nacional y «ha agravado» la situación del sector nacional de la minería. El nuevo incentivo se establecerá anualmente y tomará como referencia la diferencia entre el precio internacional y el precio establecido en 2013. «De esta forma, las empresas mineras se verán compensadas por la caída imprevista del comercio internacional», señaló.

El Ministerio de Industria indicó que el acuerdo preliminar se refiere a la autorización del plan de cierre de las minas de carbón no competitivas. El principio de acuerdo se alcanza «tras un largo proceso de intensas negociaciones y en un contexto europeo donde el apoyo al carbón es difícil, dados los compromisos medioambientales de la Unión Europea», señala Industria. En 2010, todos los Estados Miembros aprobaron unas ayudas para facilitar el cierre de las minas de carbón no competitivas. Esta decisión limita las posibilidades de apoyo de los Estados Miembros a las minas no competitivas hasta finales de 2018 con el objetivo de un cierre ordenado de dichas minas.

Tras este acuerdo preliminar, la Comisión Europea autorizaría el Plan de Cierre y, en consecuencia, las ayudas otorgadas a las compañías mineras desde 2010 serían válidas aunque el acuerdo estableció que las minas competitivas que hubieran recibido ayudas tendrían que devolverlas en caso de que quisieran continuar con su actividad. En España el Marco de Actuación para el período 2013-2018 fue firmado en 2013 por los sindicatos, la patronal Carbunión y el Ministerio de Industria. Sin embargo, este Plan de Cierre estaba pendiente de la autorización de la Comisión Europea.

Industria explica que el acuerdo preliminar incluye también la autorización de un incentivo adicional para las compañías mineras hasta el 31 de diciembre de 2018. En 2016 esta ayuda adicional a la producción supondría un incremento de 10 euros por tonelada, lo que permite duplicar las ayudas previstas con la normativa actual, ya que en el caso de la minería subterránea pasaría de 15 a 25 euros por tonelada, y en el de cielo abierto, que actualmente no recibe ayudas, se pasaría a cobrar 10 euros. En todo caso, las ayudas respetarán el techo establecido por la decisión comunitaria y el resto de su contenido.

Celebración en Castilla y León

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, confía en que los empresarios mineros puedan recibir las ayudas del plan del carbón pendientes desde 2011 y que se otorgue a España la posibilidad de dar ayudas complementarias hasta 2018. Igualmente, espera que las explotaciones no competitivas no tengan que devolver las ayudas recibidas. El presidente de la Junta aseguró que, a falta de cerrarse el acuerdo, España está «en el buen camino» y el sector está «bien orientado».

«El que se haya negociado ya con la Dirección General de la Competencia la aprobación de ese plan de cierre que tenía que presentar el Gobierno de España para que se pudiera desplegar en todo su potencial el acuerdo marco suscrito en 2013 con el conjunto del sector es trabajar en la buena dirección.», ha asegurado Herrera. El presidente regional ha agregado que ahora «lo que hace falta es que eso se confirme y que más pronto que tarde un gobierno que se encuentra en funciones pueda desplegar todos los elementos para que se garanticen esas ayudas y las empresas las reciban para que se pueda mantener actividad y empleo«.

Asimismo, la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, lo valoró como un «paso adelante importante para mantener la minería productiva», aunque ha pedido celeridad en su aplicación. Por ello lo consideró como una «buena noticia para la minería de Castilla y León» y que puede convertirse en «la tabla de salvación». En su opinión, esta medida «pretende igualar el precio del carbón nacional respecto al de importación», por lo que ha confiado en que las centrales térmicas «puedan comprar carbón autóctono» y «por lo tanto salvar a la minería».

«Estamos trabajando con el Gobierno para que esas ayudas se materialicen lo antes posible y para que se eliminen ciertos requisitos a la hora de obtener estas subvenciones, porque las empresas están en una situación muy delicada», planteó la consejera. Finalmente se refirió también a la aprobación del plan de cierre para el sector, ya que este anuncio era un «requisito imprescindible para que las empresas que han cobrado ayudas desde 2011 no las tengan que devolver de manera inmediata».

Asturias y Castilla y León piden al Gobierno cumplir el Plan del Carbón y trabajar en Europa pensando en 2018

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EFE.- Los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y de Asturias, Javier Fernández, han coincidido en demandar al Gobierno el cumplimiento del Plan del Carbón, como paso urgente, y también en la necesidad de pelear para que las minas rentables en 2018 no tengan que devolver las ayudas. Herrera y Fernández han dejado patente una posición consensuada ante la viabilidad del sector del carbón.

«El problema de la minería no está en funciones, cada día que pasa sea agrava», sentenció Herrera, convencido de que la disposición del nuevo ministro competente sobre la minería, el titular de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, es la de retomar la interlocución con los sindicatos y la patronal del carbón, que buscan un pacto nacional en esta materia. Herrera añadió que seguirán «insistiendo» para buscar soluciones a un problema en el que ha faltado «sentir» en el Gobierno central, aunque no ha avanzado si la intención del Ministerio irá más allá de «favorecer la interlocución» y «estudiar las circunstancias del momento».

En el plano europeo, el presidente de Castilla y León ha dicho que España «no puede abdicar» de su responsabilidad para «revertir» las políticas de la Unión Europea en materia energética y en concreto a la decisión de obligar a las empresas subvencionadas a devolver las ayudas si en 2018 son rentables y quieren seguir activas, ya que «eso las condena al fracaso«. «Es un absurdo y una incoherencia, es un carbonicidio«, ha resumido Herrera, quien sin embargo reconoció que mientras el Gobierno central «acertó cuando firmó el acuerdo con el sector en octubre de 2013», su «error es no ejecutarlo en todos sus aspectos». «Cúmplase ese marco», ha pedido.

Herrera señaló que, en el caso de que haya planes de cierre para el sector, se ofrezcan los fondos necesarios para paliar las «consecuencias sociales», ya que se trata del «futuro del hombre y la mujer en amplias zonas donde no hay muchas alternativas», sin que esto constituya una posición «frentista, sino coherente» con lo acordado entre el propio Gobierno y el sector. Preguntado por si en algún momento se ha sentido solo respecto a su partido, el PP, en la defensa del sector del carbón, Herrera reconoció que a veces es «difícil» explicar las posturas sobre temas como éste.

Por su parte, el socialista Javier Fernández insistió en la necesidad de que España reivindique ante las instituciones europeas que es un error mantener la normativa que llevará a que las explotaciones mineras que estén ahora recibiendo ayudas para llegar a ser rentables sin la necesidad de apoyos públicos, tengan que devolverlas a partir de 2018, ya que esto truncaría su viabilidad. Fernández ha reconocido que las decisiones no pueden «postergarse» porque son «de urgencia», ya que el sector corre el riesgo de no llegar a 2018 precisamente por la «incertidumbre» de tener que devolver las ayudas que ahora perciben.

Soria ve «buenas perspectivas» de que Bruselas acepte los nuevos incentivos al carbón mientras recibe críticas desde Castilla y León

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Redacción / Agencias.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, criticó que el Ministerio de Industria lleva en funciones “desde antes” de las elecciones generales del pasado diciembre y reivindicó nuevamente una solución a los problemas de la minería. Por su parte, el ministro José Manuel Soria asegura que existen «buenas perspectivas» de que la Comisión Europea dé el visto bueno a sus propuestas sobre incentivos a la quema de carbón nacional.

Aunque han llevado tiempo las negociaciones con la Unión Europea para establecer un mecanismo que permita al Gobierno seguir ayudando a las centrales térmicas a comprar carbón nacional al menos hasta el 31 de diciembre de 2018, Soria cree que se ha llegado a una solución, ya que propusieron una alternativa y «hay buenas perspectivas”. “Aunque todavía no han respondido, se espera que lo hagan más pronto que tarde”, apuntó Soria respecto a la posibilidad de “reactivar nuevamente” el sistema de ayudas al carbón nacional.

Industria presentó su propuesta ante la comisaria de Competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager. Soria explicó que lo que se solicita no son ayudas de Bruselas, sino que se reconozcan como «ayudas compatibles,» provenientes de recursos públicos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado, y no sean declaradas ayudas de Estado ilegales. «El problema es que «Bruselas las autorice o no», señaló antes de explicar que, desde que venciera el marco regulatorio en diciembre de 2014, el Ministerio trató de «arbitrar un mecanismo que pueda sustituir al anterior para garantizar la compra del carbón nacional a las empresas mineras».

En funciones, «antes del 20-D”

Por otro lado, la consejera de Castilla y León criticó que, en lo que atañe al carbón nacional, Industria parece que está en funciones desde hace más tiempo que desde el pasado 20-D.No obstante, Del Olmo añadió que está «insistiendo» ante los responsables ministeriales para que se tome alguna medida inmediata que contribuya a la resolución de los problemas que afectan a las explotaciones mineras y a las propias centrales térmicas de la comunidad.

«Seguimos luchando con el Ministerio», ha resumido la consejera, convencida de que «hay cosas urgentes» como la concesión de las ayudas comprometidas y que se apruebe el establecimiento de algún mecanismo que favorezca el consumo del carbón autóctono, ya que esto daría viabilidad a su extracción.En último lugar, Del Olmo ha dejado caer que si finalmente la opción del Ministerio se alarga, la Junta de Castilla y León es partidaria de que sea la vía parlamentaria, en el Congreso, la que desbloquee la situación, aunque no concretó más allá.

Sindicatos y patronal crean un «frente común» para salvar al carbón de una situación «crítica» mientras culpan a las compañías eléctricas

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Redacción / Agencias.- Los sindicatos Fitag-UGT y CCOO de Industria y la patronal Carbunión han anunciado la creación de un «frente común» en defensa del sector de la minería, que vive una situación «crítica» que le puede llevar a la desaparición «en meses«.

El presidente de Carbunión, Óscar Lapastora, advierte de que la situación del sector es «absolutamente crítica«, ya que a las empresas que se encuentran ya en situaciones concursales o liquidación se une que las abiertas «están prácticamente sin actividad ante la falta de compra de carbón». «Que nadie se dé por sorprendido si en unos meses no queda ni una empresa ni un trabajador», apostilló Lapastora, que subrayó que «parte de la culpa» de esta situación es de las eléctricas, «que apenas compran carbón», aunque señaló que para que esto se revierta hubiera sido necesario cumplir con la promesa de aprobar un mecanismo que incentivara el consumo de carbón autóctono.

La principal medida pedida por sindicatos y patronal es que se cumpla el compromiso de compra del 7,5% de carbón nacional por las centrales térmicas a las compañías mineras, tal y como establece el acuerdo con el Gobierno en 2013. «Nadie está pidiendo que se obligue a las eléctricas, se pide cumplir el acuerdo marco de la minería que recogía la adopción de una serie de incentivos para que resultara atractivo la compra de carbón autóctono. El problema es que no se está poniendo en marcha ese incentivo que haría atractivo a las eléctricas la compra de carbón», añadió Lapastora.

El presidente de Carbunión, que aseguró que las empresas que «sobreviven» lo están haciendo con las mínimas ventas de carbón a Endesa, EDP España e Iberdrola, ya que otras empresas como Gas Natural Fenosa o Viesgo no compran, indicó que la producción ya cayó en 2015 un 23%, con apenas 3,4 millones de toneladas, y que los datos del primer trimestre de este año serán también «sensiblemente inferiores» a los del mismo periodo del 2015.

Reclaman a los principales partidos

Por su parte, el secretario del Sector Minero de Fitag-UGT, Víctor Fernández, subrayó que la situación del sector está «tocando a su fin» y aseguró que si el Gobierno no toma medidas es posible que «en los próximos meses no quede trabajando ni una empresa». «Las minas no venden carbón y si no se vende las minas se cierran y mandan al paro a todos los trabajadores», añadió. Por ello, sindicatos y patronal remitirán una carta al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, solicitando por enésima vez la convocatoria con carácter de máxima urgencia de la comisión de seguimiento del marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras, órgano que no se reúne desde junio.

Asimismo, pedirán también a los partidos mayoritarios en el Congreso (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) y a IU una reunión urgente para explicarles la situación del sector y trasladarles las acciones que se deberían adoptar para dar estabilidad al sector. Fernández denunció que «este Gobierno ni está ni se le espera» ya que, según el sindicalista, «se escuda en la normativa europea», relativa al cierre de las empresas de la minería del carbón que no sean viables antes de 2019, para no cumplir sus compromisos. Por ello, afirmó que «sería conveniente que lo más rápido posible hubiera un nuevo Gobierno para poder dialogar con ellos».

A este respecto, el responsable de Industrias Extractivas de CCOO de Industria, José Luis Villares, consideró que se está «empezando a vivir la desaparición del sector de la minería del carbón» y acusó al Gobierno de «haber incumplido sistemáticamente todos los artículos y apartados» del marco de actuación para el periodo 2013-2018. «Estamos ante un Gobierno incompetente, incapaz de gestionar un sector de la minería del carbón y preso de las puertas giratorias que les llevan a participar en los consejos de administración de las empresas eléctricas”, añadió al respecto.

Por ello, patronal y sindicatos abogan por la formación de «un frente común» con los municipios, las comarcas y los gobiernos autonómicos de Asturias, Aragón y Castilla y León para intentar hacer frente a esta situación. «No puede ser que no haya encaje para 3 millones de toneladas de carbón nacional cuando las eléctricas importan 15 millones», lamentó Villares, quien indicó que con esa producción, la de 2015, se daría «viabilidad a las empresas, los trabajadores y las comarcas mineras».

Exige al Gobierno que cumpla

Por su parte, el director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, reclamó al Gobierno central que cumpla con el Plan del Carbón 2013-2018 «aunque esté en funciones». Además, el responsable de Minas autonómico ha alertado de que no sólo es preocupante la situación de las empresas mineras sino también de las centrales térmicas, que «tienen que hacer una serie de urgentes inversiones para adaptarse a la nueva directiva europea de emisiones industriales, sin las cuales desaparecerán«.

Sobre la nueva ayuda anunciada por el Gobierno para favorecer la compra de carbón nacional por parte de las térmicas, Mantero asegura desconocer su funcionamiento o formato, «eso habría que preguntárselo al Ministerio». Las ayudas anunciadas por Industria facilitarían reducir el precio de la tonelada de carbón autóctono entre 10 y 15 euros, lo que favorecería la compra de esta mineral nacional en detrimento del coque o del de importación. Unas ayudas que se desconocen si estarían ligadas a las eléctricas o las empresas mineras. Esta última posibilidad se encontraría con «un gravísimo inconveniente ya que son unas ayudas que habría que devolverlas en 2018 si las empresas continúan con la actividad minera», explicó Mantero.

El PP de Castilla y León forzará a las gasolineras de bajo coste y automáticas a poner personal

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EFE.- Una proposición de ley, registrada en las Cortes de Castilla y León por el Grupo Popular, buscará el apoyo del arco parlamentario para forzar a las gasolineras de bajo coste y de expedición automática a que dispongan al menos de una persona para garantizar la seguridad y la plena atención al consumidor.

Con esta medida no sólo se lograrían unos 200 empleos en el conjunto de las cerca de 60 estaciones de servicio que en Castilla y León carecen de personal, sino que se garantizaría el buen uso del combustible, aseguraría la debida protección del entorno frente a posibles incidentes con líquido inflamable, y cubriría potenciales reclamaciones de los consumidores y usuarios. Otro de los beneficios añadidos sería la adecuada atención a los conductores con determinados grados de minusvalía física, que no pueden valerse por sí solos, según indicó el portavoz popular en las Cortes de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo.

Unas 60 gasolineras de las aproximadamente 1.300 que existen en todo el territorio autonómico expenden combustible de forma automática, mediante el pago por tarjeta en una máquina, sin la asistencia de empleados, generalmente a un precio inferior al resto y están situadas en polígonos industriales y en zonas rurales. Con la obligación de al menos contratar a una persona durante el periodo diurno, se podrían crear unos 200 empleos al sumar los turnos de mañana y tarde durante 7 días a la semana, según los cálculos del procurador del PP.

Por su parte, el parlamentario socialista Fernando de Pablos recordó que su grupo defendió y sacó adelante hace dos años en la Comisión de Economía una iniciativa similar que en febrero de 2015 fue reivindicada por su portavoz, Luis Tudanca, ante la pasividad del Gobierno regional para promover el desarrollo normativo que le pedía las Cortes. Por ello, De Pablos ha lamentado que el Grupo Popular se haya convertido en un «instrumento» de la Junta de Castilla de Castilla y León «para esconder las iniciativas aprobadas en las Cortes y no llevadas a cabo» como le corresponde al poder ejecutivo.

Preguntado por este retraso, Fernández Carriedo ha explicado que «ahora las circunstancias son otras», que el paso del tiempo «nos dejan cosas impensables hace años». El objetivo ahora es evitar que el sector de las estaciones de servicio derive en la automatización de sus servicios con los consiguientes perjuicios para el usuario en la prestación del servicio, además de en riesgos derivados del uso del combustible para fines diferentes al estricto suministro de vehículos. El grupo popular pretende que esta iniciativa parlamentaria con rango de ley sea aprobada «cuanto antes«.