El PP de Castilla y León forzará a las gasolineras de bajo coste y automáticas a poner personal

EFE.- Una proposición de ley, registrada en las Cortes de Castilla y León por el Grupo Popular, buscará el apoyo del arco parlamentario para forzar a las gasolineras de bajo coste y de expedición automática a que dispongan al menos de una persona para garantizar la seguridad y la plena atención al consumidor.

Con esta medida no sólo se lograrían unos 200 empleos en el conjunto de las cerca de 60 estaciones de servicio que en Castilla y León carecen de personal, sino que se garantizaría el buen uso del combustible, aseguraría la debida protección del entorno frente a posibles incidentes con líquido inflamable, y cubriría potenciales reclamaciones de los consumidores y usuarios. Otro de los beneficios añadidos sería la adecuada atención a los conductores con determinados grados de minusvalía física, que no pueden valerse por sí solos, según indicó el portavoz popular en las Cortes de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo.

Unas 60 gasolineras de las aproximadamente 1.300 que existen en todo el territorio autonómico expenden combustible de forma automática, mediante el pago por tarjeta en una máquina, sin la asistencia de empleados, generalmente a un precio inferior al resto y están situadas en polígonos industriales y en zonas rurales. Con la obligación de al menos contratar a una persona durante el periodo diurno, se podrían crear unos 200 empleos al sumar los turnos de mañana y tarde durante 7 días a la semana, según los cálculos del procurador del PP.

Por su parte, el parlamentario socialista Fernando de Pablos recordó que su grupo defendió y sacó adelante hace dos años en la Comisión de Economía una iniciativa similar que en febrero de 2015 fue reivindicada por su portavoz, Luis Tudanca, ante la pasividad del Gobierno regional para promover el desarrollo normativo que le pedía las Cortes. Por ello, De Pablos ha lamentado que el Grupo Popular se haya convertido en un «instrumento» de la Junta de Castilla de Castilla y León «para esconder las iniciativas aprobadas en las Cortes y no llevadas a cabo» como le corresponde al poder ejecutivo.

Preguntado por este retraso, Fernández Carriedo ha explicado que «ahora las circunstancias son otras», que el paso del tiempo «nos dejan cosas impensables hace años». El objetivo ahora es evitar que el sector de las estaciones de servicio derive en la automatización de sus servicios con los consiguientes perjuicios para el usuario en la prestación del servicio, además de en riesgos derivados del uso del combustible para fines diferentes al estricto suministro de vehículos. El grupo popular pretende que esta iniciativa parlamentaria con rango de ley sea aprobada «cuanto antes«.