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Los mineros encerrados en el Pozo Aurelio (León) realizan una huelga de hambre con el apoyo de políticos y sindicatos

Europa Press / EFE.- Los 4 mineros encerrados desde el pasado día 13 de junio en el Pozo Aurelio (León), realizaron una huelga de hambre de 3 días, aunque se inició con el propósito de ser indefinida, cuando se cumplen 18 días de su encierro para presionar al Gobierno Central y conseguir que desbloquee las ayudas para el cierre de las explotaciones de interior.

Los mineros presentaron esta propuesta al Comité de Empresa, a quienes pidieron que se retirase la comida del interior del pozo. Los propios familiares de los cuatro mineros explicaron que la decisión de comenzar la huelga de hambre perseguía el objetivo de «llevar al límite una protesta para reclamar a los organismos oficiales una decisión firme que permita liberar el dinero prometido para el cierre».

Herrera defiende una «causa justa»

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, defendió «de forma muy intensa y personal» la que considera «causa justa y justificable» de los cuatro mineros de la Hullera Vasco-Leonesa que reclaman al Gobierno central el pago de las ayudas que fomentan el cierre de explotaciones mineras y que fueron suscritas en octubre de 2013. Así se pronunció Herrera en el debate sobre el estado de la Comunidad.

El primero en referirse expresamente al caso de estos mineros encerrados en el Poco Aurelio ha sido el socialista Luis Tudanca, quien les ha enviado «todo el calor y aliento» porque son un «símbolo de la dignidad de las cuencas«. Posteriormente también el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se refirió a los mineros para mostrar su solidaridad con su situación, pero fue el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien profundizó más en la situación que atraviesan. Lo hizo tras una alusión del procurador leonesista Luis Mariano Santos, quien ha planteado como «dramático» y «terrible» que los mineros tengan que estar en huelga de hambre para pedir ayudas que promueven el cierre de explotaciones.

Herrera explicó que la situación de las explotaciones mineras de la Hullera Vasco-Leonesa en La Pola de Gordón tienen dos planos diferentes, ya que la mina de interior carece de viabilidad en el proceso concursal en que se halla al no haber potenciales compradores, mientras que la mina a cielo abierto sí puede contar con inversores que mantengan el empleo.

El presidente detalló que la entrega de las ayudas, para lo que ha ofrecido a la propia Junta de Castilla y León como intermediara, serviría por un lado para dar empleo al menos durante 3 años a los mineros en los trabajos de desmontaje de la mina, y por otro para dar tiempo a que fructifiquen las gestiones de venta del cielo abierto. «Hay que mover a un Gobierno que no puede justificar su inacción en el hecho de estar en funciones», ha adelantado Herrera antes de calificar de «causa justa y justificada» la defendida por los mineros de la Hullera y de comprometerse a reclamar de forma «muy intensa y personal» el cumplimiento de lo pactado ante el Gobierno.

Tudanca arremete contra el PP

A su vez, el portavoz del grupo socialista, Luis Tudanca, criticó que las «lágrimas de cocodrilo» del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con relación a la minería del carbón «no han dado de comer a ni una sola familia de las cuencas». Tudanca preguntó al presidente qué va a hacer la Junta para acabar con la despoblación en las comarcas mineras y le advirtió que en esta materia «se acabaron las bromas». “Un año después de sus golpes de pecho hoy quedan dos minas de interior abiertas con tan solo 60 trabajadores y el futuro del carbón es más negro que nunca», insistió.

En este punto, Tudanca ha acusado a Herrera y al PP de firmar «la defunción de un sector sin el cual estas comarcas no tienen futuro», en una coyuntura en la que los socialistas están «hartos» de que en Castilla y León «digan una cosa y en Madrid otra». Herrera ha replicado que le parecía «poco objetivo» que el PSOE le pueda «endosar» al PP el fin de la minería del carbón en el año 2016, cuando, en su opinión, fue en 2010 cuando se empleó la «guillotina» contra el sector por parte de los socialistas. «Nos podemos y debemos entender», ha planteado el presidente, especialmente en el principio de defender que se mantengan abiertas las explotaciones que resulten rentables.

USO exige evitar los «dramas”

Asimismo, el sindicato USO ha reclamado al Ministerio de Industria que evite el «drama humano» que supone la situación de los mineros encerrados en el pozo Aurelio y conceda las ayudas al cierre que contempla y regula el Plan del Carbón 2013-2018. El sindicato reclama del Instituto del Carbón y del Ministerio de Industria que, de una vez por todas, resuelvan la interpretación sobre «las deudas con Hacienda o Seguridad Social» a los efectos de poder percibir ayudas del Estado.

USO considera que en el caso de la Hullera Vasco-Leonesa, así como ocurre también con Astur-Leonesa (antigua Coto Minero del Cantábrico), se debe dar una interpretación legal en el sentido de favorecer el empleo. «Lo contrario supone un contrasentido total y absoluto sobre los fines de salvar las empresas que entran en concurso de acreedores y a la vez se les niega la percepción de ayudas del Estado por situaciones ajenas al nuevo adjudicatario», señala USO. También advierte del contrasentido que supone que en situaciones como las que atraviesa la Hullera, por entrar en quiebra y mantener deudas con Hacienda y Seguridad Social, se niegue las ayudas para realizar un cierre ordenado y con seguridad.

Izquierda Unida pide aumentar el objetivo europeo renovable en 2030 mientras se preocupa por el carbón en Castilla y León

Servimedia / EFE.- El portavoz de Izquierda Unida-Equo en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, pidió al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, una reunión en la que abordar los problemas que atraviesa la minería del carbón mientras la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, cree que España debe reorientar su política energética, ya que está en riesgo el cumplimiento de los objetivos comunitarios de renovables para 2020 y para que se pueda fijar un objetivo del 40% en 2030.

De hecho considera imprescindible aumentar el objetivo de renovables al 40% para que la aportación de este tipo de energías sea prácticamente del 100% en 2050. Un informe del Parlamente Europeo sitúa a España entre los países en los que está en riesgo el cumplimiento de los objetivos para 2020, junto a Bélgica, Francia, Luxemburgo, Malta, Reino Unido y Holanda, el único Estado que no cumplió la meta de 2014.

López lamentó que España se encuentre en esta situación, «cuando estábamos a la cabeza de desarrollo de energías renovables con una apuesta muy decidida por ellas», y atribuyó este cambio a las medidas adoptadas en la última legislatura. En concreto, dijo que se ha creado «inseguridad jurídica» con medidas como el recorte a la retribución de las energías renovables o la decisión de que quienes autoconsuman su energía deban pagar el mantenimiento de la red.

Entre los puntos del informe, López destacó que «hemos vuelto a poner en valor la importancia que tienen los objetivos vinculantes», ya que algunos partidos pedían que fueran recomendaciones; y también valoró que «hemos garantizado el 30% de renovables para 2030», frente a la Comisión Europea, que proponía el 27%. Además, hizo referencia a la inclusión de una enmienda que recoge estándares laborales en materia de generación de empleo de calidad, para aprovechar el «gran potencial» del sector, y lamentó que no haya incluido garantías sociales para los consumidores vulnerables.

Abordar problemas del carbón nacional

Por su parte, Sarrión ha explicado que los encargados de la liquidación de Hullera Vasco-Leonesa han subrayado la «imposibilidad de hacer un cierre controlado de la minería de interior si no se desbloquean las ayudas destinadas a ello» y que dependen del Gobierno central. Para Sarrión, no llevar a cabo el cierre controlado de las explotaciones mineras «supone un riesgo muy elevado para la población del municipio y sus pueblos colindantes, además del impacto medioambiental que puede suponer», con posibles «hundimientos, inundaciones, contaminación de acuíferos y explosiones«, entre otros riesgos.

Por esta razón el representante de Izquierda Unida se ha mostrado partidario de informar a las personas que desconozcan estos peligros, para que se agilicen los trámites y se concedan las ayudas pertinentes para el cierre. «La comarca de La Pola de Gordón ha sido muy castigada social y laboralmente por el fin de la minería y no queremos añadir a esto un sufrimiento más para la población», resumió Sarrión.

El PSOE se compromete a que un 70% de la electricidad sea renovable en 2030 y a cerrar Garoña definitivamente

EFE / Europa Press.- El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Murcia, Pedro Saura, reafirmó el compromiso del PSOE hacia una transición energética de tal manera que en 2030 el 70% de la producción de electricidad proceda de las energías renovables.

«Quiero mostrar nuestro compromiso con este sector, porque no sólo estamos contribuyendo al ahorro de las empresas y las familias, sino también a construir toda una industria muy necesaria en España, y particularmente, en Murcia, para equilibrar el conjunto de la economía e ir cambiando el modelo de crecimiento», explicó Saura, que recordó que el PSOE siempre ha garantizado las inversiones de este sector. «Pero ahora más que nunca, decimos alto y claro que Pedro Sánchez garantizará esta inversión y la transición energética hacia otro modelo económico», afirmó. Finalmente, ha recordado que el PSOE y Pedro Sánchez se comprometen a derogar el impuesto al sol, «un impuesto contra las familias, contra las rentas más humildes y contra el sector energético».

Un plan para cerrar Garoña

Por su parte, el presidente del Congreso, el socialista Patxi López, reiteró que el PSOE se compromete a cerrar la central nuclear de Garoña, parada desde diciembre de 2012 pero pendiente de una solicitud de renovación que estudia el Consejo de Seguridad Nuclear. No obstante, López precisó que «como históricamente ha hecho el PSOE» en otros casos de reconversión industrial, es necesario acompañar el cierre con «planes para invertir en el futuro de la zona«; puso el ejemplo de Euskadi, donde con una reconversión brutal con miles de empleos desaparecidos el gobierno socialista hizo una inversión para diversificar el modelo económico mediante la puesta en marcha de centros tecnológicos y empresas ligadas a la innovación.

Ecologistas en Acción pide que se paralice Valurcia, una explotación minera de carbón a cielo abierto en Palencia declarada ilegal

EFE.- Ecologistas en Acción pide que se paralice de forma urgente la actividad de la explotación a cielo abierto Valurcia, en Villanueva de la Peña (Palencia), que lleva funcionando tres años y ha sido declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCYL), que ratificó una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia contra la autorización de la Junta de Castilla y León otorgada a la empresa UMINSA (Unión Minera del Norte).

Los ecologistas recuerdan que en 2015 este juzgado de Palencia declaró no conforme a derecho la desestimación del recurso de alzada presentado en enero de 2013 por Ecologistas en Acción-Palencia ante la Junta de Castilla y León por dictar una Declaración de Impacto Ambiental favorable sin atenerse a la normativa de obligado cumplimiento que hubiera imposibilitado su concesión. La sentencia del TSJCYL recoge, según Ecologistas, una desatención del procedimiento establecido, secretismo y complicidad de la Junta de Castilla y León para conceder a UMINSA esta autorización pese a su ilegalidad.

Ecologistas en Acción además determinaba que el impacto ambiental para esta autorización era muy perjudicial, y que todo se hizo para que la empresa pudiese obtener la autorización, pese a las restricciones normativas y de ordenación del territorio. Los conservacionistas aseguran que con esta decisión, la Junta de Castilla y León ha contribuido de forma activa a la destrucción de una zona de protección natural de doce hectáreas de arbolado, que se ha convertido ahora «en un paisaje lunar donde antes había bosque y pradera».

Ecologistas en Acción lamenta lo ocasionado con una explotación que es ilegal, «tal y como sentencian los tribunales de manera firme, y a la que viene oponiéndose debido a su clara ilegalidad desde mucho antes a la autorización». Ahora pide a la Junta de Castilla y León que paralice la autorización a UMINSA de manera urgente, «ya que esta actividad ha sido declarada ilegal», y que compense el daño que se ocasionó a los vecinos de Villanueva de la Peña.

Gamesa mantendrá 216 MW en España para el Grupo Vapat durante los próximos siete años

Servimedia.- Gamesa, empresa tecnológica global en la industria eólica, ha firmado un nuevo contrato con el Grupo Vapat para realizar los servicios de operación y mantenimiento de 216 MW en España por un periodo de siete años.

Gamesa renueva así los servicios de operación y mantenimiento de 216 MW de aerogeneradores G90-2.0 MW, instalados en varios parques eólicos situados en Castilla y León, y que la compañía ha mantenido desde su puesta en marcha en 2010.

La respuesta integral de Gamesa en el sector industrial eólico se completa con su área de servicios de operación y mantenimiento, que da servicio a más de 400 clientes para los que mantiene unos 8.100 MW en España y más de 22.300 MW en otros 35 países.

El Grupo Vapat, presidido por el empresario Rafael González-Vallinas Delgado, actualmente opera en España unos 472 MW eólicos.

 

ACOM rechaza que el pacto de apoyo al carbón tuviera fines electoralistas mientras se suceden las dimisiones en IU

EFE.- Dos responsables de Izquierda Unida no han tardado en mostrar su descontento con el partido tras no sumarse al pacto en defensa de la minería del carbón en el que sí participaron el PSOE y Ciudadanos. Así, han dimitido el alcalde de Pola de Gordón y el coordinador municipal en Ponferrada. Por su parte, el presidente de la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM-España), Adrián Barbón, rechazó las críticas que tachan a este pacto de electoralista.

Barbón, alcalde socialista de Laviana, explicó los motivos de la firma de ACOM España del acuerdo en defensa de la minería del carbón promovido por los sindicatos y la patronal del sector y que no fue apoyado por partidos como el PP, Podemos e Izquierda Unida. El alcalde de Laviana asegura que firmar el acuerdo era una «obligación» de compromiso con los territorios mineros y «no una opción a discutir desde posiciones electoralistas». En este sentido, apunta que el acto no fue convocado ni organizado por ningún partido político, por lo que, según ha aseverado, «no tiene nada de electoralista».

ACOM siempre con el carbón

«Lo que sí hay es una ofensa ante los firmantes del acuerdo, contra una decisión, que en el caso de ACOM España se decidió por unanimidad en el seno de la Comisión Permanente y en nombre de todos los ayuntamientos mineros de España», subraya. Considera que las críticas al acto son «poco acertadas» y «alejadas» de la realidad y cree que «suscitan una falta de respeto» institucional por las decisiones que se toman desde los órganos colegiados de la ACOM.

Barbón señala que ACOM España «siempre ha sido parte fundamental en todos los acuerdos y movilizaciones en defensa de la minería del carbón y de las comarcas mineras, enfrentándose a quien fuera por defender los intereses de los municipios mineros«. Por último, el presidente de ACOM España se reafirma en la decisión de firmar y defender lo firmado y anuncia la convocatoria de una reunión urgente y extraordinaria de la Comisión Permanente para analizar el contexto en el que se ha desarrollado la firma del acuerdo y sus consecuencias, así como para definir el marco de actuación de este organismo.

Varias dimisiones en Izquierda Unida

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida de Castilla y León, José María González, atribuyó la dimisión del alcalde del municipio leonés de La Pola de Gordón, Juan Carlos Lorenzana, de su mismo partido, a su «coherencia personal», pero insistió en que su sustituto seguirá defendiendo la minería. Asimismo, el dirigente autonómico de Izquierda Unida cargó contra algunos empresarios que ejercieron como «buitres» al quedarse «entre las uñas» con dinero procedente de los fondos miner, que en su opinión no llegó en su integridad a las cuencas mineras.

Sobre la firma del acuerdo sobre el mantenimiento del sector del carbón, sin que ningún representante de Izquierda Unida lo rubricara a pesar de estar presentes varios de sus cargos, González aseveró que el documento es «insuficiente» y no cuenta con compromisos reales de inversión. Así volvió a llamar la atención sobre algunos de los «buitres» que firmaron el acuerdo, en referencia a los empresarios, ya que algunos de ellos “explotan la minería sin mineros, ya que subcontratan con empresas que emplea a peones de la construcción o de transportes”.

Alcalde de Pola de Gordón

El alcalde de Pola de Gordón (León), Juan Carlos Lorenzana, junto a dos concejales más de la formación, dimitió por la negativa de Izquierda Unida, a suscribir el acuerdo en defensa de la minería del carbón nacional. El regidor, que también renunció a los cargos orgánicos que ocupa en Izquierda Unida, recalcó que dimite porque la minería exige el apoyo de todos para su supervivencia y criticó que los máximos dirigentes regionales de la coalición estuvieran presentes en la firma del documento pero no lo suscribieran, lo que calificó de «paripé». Por ello aseguró que dimite por «coherencia, honestidad y compromiso» con las cuencas mineras.

Pese a no firmar el documento, Izquierda Unida de Castilla y León reiteró su apoyo a las comarcas mineras. José María González sí que acudió al acto pero precisó que acudía en señal de apoyo a la minería, y explicó que Izquierda Unida no firmó el documento porque «supondría compartir un espacio con partidos como el PSOE, que fue de los primeros en poner fecha de caducidad a la minería», o el PP, que «promueve su liquidación anticipada«. «Queremos hablar de futuro, del futuro de la minería, pero de forma seria tras las elecciones del 26 de junio«, señaló González.

González recordó que en la XI Asamblea de Izquierda Unida, celebrada recientemente, la coalición expresó una vez más su defensa de la minería del carbón mediante la aprobación de una resolución en apoyo a las cuencas mineras y al nuevo modelo energético. En dicho documento, Izquierda Unida reiteró su apoyo a las cuencas mineras y su compromiso en la defensa de las reivindicaciones de sus gentes e instituciones públicas, para mantener la actividad económica de estos territorios y la búsqueda de un futuro con certidumbre.

Dimisión del coordinador de Ponferrada

Por su parte, el coordinador local de Izquierda Unida en Ponferrada (León), Emiliano Núñez, siguió los pasos de Lorenzana y también presentó su «dimisión irrevocable» alegando «severas discrepancias» con la dirección regional de Izquierda Unida «agudizadas en el tiempo» y la negativa de la dirección federal a adherirse al documento de apoyo presentado por la Mesa del Carbón como los motivos de su decisión. Otros cargos de la formación a nivel provincial en León meditan también su continuidad, como por ejemplo en Villablino o Toreno.

Castilla y León da el primer paso para obligar a las gasolineras a tener personal

EFE.- Las Cortes de Castilla y León han aceptado tramitar una proposición de ley promovida por el PP para limitar la proliferación de las denominadas ‘gasolineras fantasma’ y obligar a estos establecimientos a tener al menos a un empleado para atender al público.

Todos los grupos, excepto Ciudadanos, han coincidido en la necesidad de regular esta situación, provocada por la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y de la Creación de Empleo de 2013, ya que se producen situaciones de inseguridad y de competencia desleal con el resto de establecimientos.

La iniciativa, defendida ante el Pleno por el procurador del PP Salvador Cruz, plantea una modificación de la Ley que regula el Estatuto del Consumidor de Castilla y León para plantear que las gasolineras dispongan mientras permanezcan abiertas y en horario diurno, al menos de una persona, debidamente formada, responsable de los servicios que se prestan al objeto de garantizar los derechos de los consumidores reconocidos en la Ley.

El representante del PP ha detallado que la concreción de lo que se considera como horario diurno se realizará por medio de una resolución del órgano directivo central competente en materia de consumo, aunque los grupos han anunciado que enmendarán este punto para favorecer que haya personal cuando el establecimiento permanezca abierto.

Cruz ha insistido el propietario deberá garantizar que las personas con discapacidad que no puedan acceder al suministro serán atendidas por una persona responsable de las instalaciones.

En opinión del representante popular, la aprobación de esta nueva norma se crearían aproximadamente 200 puestos de trabajo, además de evitar la pérdida de empleo por la posible conversión de gasolineras actualmente atendidas en desatendidas.

El único en oponerse a la tramitación de la proposición de ley ha sido el representante de Ciudadanos, David Castaño, quien ha pedido «no tener miedo sino habilidad» para adaptar la realidad a la «onda» económica, porque este tipo de establecimientos sirvió para fomentar la competencia y evitar acuerdos de precios entre distribuidores.

Le ha contestado Cruz, que el planteamiento de Ciudadanos no era «coherente» con lo que han votado en comunidades como Madrid, y le ha acusado de hacer un planteamiento electoral.

PP, Podemos e Izquierda Unida no firman el acuerdo en defensa del carbón nacional de PSOE, Ciudadanos, patronal y sindicatos

Redacción / Agencias.- Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida no han firmado el Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, al que sí se han unido el PSOE, Ciudadanos, partidos de las zonas mineras como Foro Asturias o el Partido Aragonesista. El acuerdo fue promovido por la patronal del Carbón (Carbunión), la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICA-UGT), y la Federación de Industria de Comisiones Obreras para salvar al carbón nacional.

Izquierda Unida sí que acudió al acto: «Es más un acto electoral que un compromiso serio», aseguró la integrante de la formación, Sol Sánchez, quien indicó que la decisión del partido «es lo más coherente» al acudir junto a Podemos a las elecciones y que a partir del próximo 27 de junio Izquierda Unida «va a seguir estando con los mineros». El frente común sí que tuvo el respaldo y rúbrica de las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y de las asociaciones de las comarcas mineras (ACOM y Euracom).

El secretario general de Industria de CCOO, José Luis Villares, señaló que este acuerdo es «necesario e imprescindible» para mantener la viabilidad del carbón en un futuro inmediato. Además, lamentó la «situación crítica» que vive el sector y las empresas mineras, que «están al borde del desahucio». Por lo tanto, exigió al próximo gobierno que tenga en cuenta lo que ahora se ha visualizado y firmado y pidió que cumplan «sí o sí con el marco de actuación» firmado el 1 de octubre de 2013.

Respecto a la ausencia de algunos partidos, Villares comentó que mantuvieron una ronda de contactos con distintas formaciones y con todas las comunidades autónomas afectadas. «Todos estuvieron de acuerdo en que había que defender las comarcas mineras, todos estuvieron de acuerdo en el incumplimiento de actuación para la mina y el carbón», apuntó. Pero, «si no vienen a firmar, lo que está claro es que querían la foto, querían lo fácil, pero lo que hacen es rehusar el compromiso de apoyar a la minería», concluyó. Por ello lamentó “la inquina” del PP al carbón y la negativa a sumarse al acuerdo de los «nuevos partidos», en alusión a Podemos, que «con discursos vacíos y huecos no saben lo que dicen».

Por su parte, el secretario sectorial minero de FICA-UGT, Víctor Fernández, apuntó que las ausencias las tendrán que valorar los propios partidos políticos que «no han cumplido su palabra». «Aseguran que querían que la minería de carbón siguiera adelante», aseveró. Fernández comentó que Podemos «no solo quiere cerrar el carbón, sino que tampoco quieren el carbón de importación, con lo cual tendrán que decirle a los trabajadores de las centrales térmicas que usan carbón de importación dónde les vamos a meter porque dependen más trabajadores que en el carbón nacional». «No saben lo que dicen, usan la demagogia, porque eso significaría subir el precio de la electricidad y apartar el carbón, lo que nos haría depender del gas natural«, señaló.

Futuro para después de 2018

Fernández quiso agradecer la presencia de empresarios, sindicatos, consejeros de las comunidades autónomas y a los partidos políticos «que han cumplido con su palabra» y mostró su confianza en que este acuerdo sirva para que «entre todos se empuje para que el carbón nacional tenga el reconocimiento que merece». «Los demás tendrán el resultado que merezcan en las comarcas mineras a las que han engañado», auguró. Por último, tildó de «cobardes» a alguno de esos partidos, que «esperaron a última hora para anunciar que no venían», y denunció que «el PP presiona a través de sus diputados a los empresarios».

Por su parte, el presidente de la patronal minera Carbunion, Óscar Lapastora, indicó que han querido «poner el broche» a la rueda de contactos que han mantenido los últimos meses y tener un documento que les sirva para que en cuanto se forme un nuevo Gobierno después de las elecciones «podamos ir con este acuerdo para urgirles a que tomen medidas para revitalizar este sector que ahora mismo está agonizando». Asimismo subrayó que el acto «no se planteó en contra de nada ni de nadie» y pidió a todas las partes «buscar no solo los puntos de discrepancia, sino los puntos de acuerdo» para ser capaces de «en la mayor brevedad posible» darle «un futuro a la minería del carbón».

En concreto, el acuerdo trata de reivindicar el papel del carbón nacional, como “único combustible autóctono capaz de reducir la dependencia energética exterior y de garantizar la seguridad de suministro en momentos críticos”, en el periodo de transición hacia un modelo bajo en emisiones. Así, el documento, que cuenta con 5 puntos, recoge el compromiso de los firmantes con la defensa de la minería del carbón hasta y después de 2018, abogando por el cumplimiento de lo acordado en el Plan del Carbón de 2013-2018.

Además, cuenta con otras propuestas para dotar de viabilidad al sector y fortalecer el tejido industrial de los territorios, entre ellas, la puesta en marcha de un mecanismo que asegure un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón. Asimismo, se reclama la tramitación urgente de la orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2.

El acuerdo también estipula la agilización del cumplimiento del plan social, así como la puesta en marcha de los mecanismos acordados para el impulso económico (reactivación y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras) y “la promoción ante la Unión Europea de las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá de 2019”, plazo límite establecido por la Unión Europea para las ayudas a la producción.

El protagonista del caso eólico de Castilla y León se defiende: «ni autorizaba parques eólicos ni participé en trama alguna»

EFE.- Mientras Ecologistas en Acción critica «a los responsables de la trama eólica» por «utilizar las energías renovables para el lucro personal», el exsecretario de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León y uno de los investigados por su supuesta vinculación con irregularidades en la autorización de parques eólicos, Rafael Delgado, negó que fuera él quien los autorizara y que haya participado en trama alguna en una entrevista en el diario El Norte de Castilla.

Sobre su papel en los hechos que investiga la Fiscalía Anticorrupción a raíz de un informe de la Agencia Tributaria sobre el supuesto cobro de 110 millones de euros en comisiones para agilizar la tramitación de parques eólicos, Delgado aseveró que al no contar con dicho informe por ser confidencial se siente en «absoluta indefensión», aunque niega un enriquecimiento y el cobro de comisiones y llega a afirmar que lo publicado en los medios de comunicación es «cosa de los políticos, que lo lían todo».

«No tengo nada que ver con las operaciones societarias y sus contrapartidas económicas que hayan podido realizar empresas eólicas», indicó respecto a si se enriqueció con la autorización de los parques eólicos. Añadió que su papel se limitaba «a la firma de una de esas autorizaciones, cumpliendo una instrucción de la Dirección General de Energía, que además era un acto debido si el promotor había obtenido el resto de autorizaciones necesarias para llegar hasta ese estado de la tramitación». Delgado recela de los informes que forman parte del procedimiento y avanza acciones legales contra sus autores porque «no son correctos».

Ecologistas en Acción y Atila

Por su parte, la organización Ecologistas en Acción otorgó los Premios Atila 2016 de Castilla y León, un reproche en forma de galardón, «a los responsables de la trama eólica» por «utilizar las energías renovables para el lucro personal» y no para crear un modelo energético más sostenible. Esta organización ha recordado que este premio sirve para distinguir a quienes han destacado en el pasado año por su contribución a la destrucción del medio ambiente en Castilla y León. Además, han augurado que tras la imputación de los exaltos cargos de la Junta y sus empresas públicas, «previsiblemente con el desarrollo de las investigaciones la lista de imputados se incrementará».

Centran su crítica en el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el exconsejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, por «permitir bajo su dirección el desarrollo de la trama eólica, no evitar la corrupción, ni asumir responsabilidad política por lo ocurrido». Como contrapunto a estos premios negativos, Ecologistas en Acción ha concedido el Premio Ecologista a la Cooperativa Energética COOP, que forman consumidores de energía para comercializar energía 100% renovable. «Sin apuestas como la de las personas que impulsan y forman parte de cooperativas de consumo de electricidad sería imposible transitar a un modelo energético sostenible», han concluido.

Sindicatos, patronal y partidos se unen para pedir al próximo Gobierno la «supervivencia» del carbón nacional

Europa Press / EFE.- Sindicatos (CCOO y UGT) y patronal (Carbunión) escenificarán este martes la formación de un frente común con partidos políticos, comunidades autónomas productoras del carbón y las asociaciones de las comarcas mineras, con el objetivo de luchar por el futuro de una industria que se encuentra, en su opinión, en «estado terminal» y exigir al próximo Gobierno la «supervivencia» de la minería española del carbón más allá del horizonte de 2018.

El responsable de Industrias Extractivas de CCOO de Industria, José Luis Villares, afirmó que esta es «la última medida para poder salvar al sector de la minería en España», que se encuentra en una situación de «desahucio». A este respecto, el secretario del Sector Minero de Fitag-UGT, Víctor Fernández, criticó que el Gobierno popular desde que ganó las elecciones no ha hecho más que «masacrar» al sector, «reduciendo el empleo, las producciones y las ayudas».

Por su parte, el director general de Carbunión, Pedro Iglesia, aseguró que tratan de «reivindicar el papel del carbón nacional» en el periodo de transición hacia un modelo bajo en emisiones. «El carbón nacional debe mantenerse en el mix energético durante el periodo de transición», dijo Iglesia, subrayando que el carbón nacional es el único combustible autóctono capaz de reducir la dependencia energética del exterior y de garantizar la seguridad de suministro «en momentos críticos».

A la cumbre de la firma del documento, titulado Acuerdo en defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, está confirmada la asistencia de, además de sindicatos y patronal, representantes de los partidos del PSOE, Foro Asturias, Partido Aragonés y Xunta Aragonesista, así como de las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León), y de las asociaciones de las comarcas mineras (ACOM y Euroacom). Se mantienen las dudas de la asistencia a la cumbre y de la rúbrica del documento, de Ciudadanos y Podemos, «que están debatiendo la conveniencia o no de asistir», indicó Iglesia, así como del PP, que fueron también invitados.

En concreto, el documento, que cuenta con 5 puntos, recoge el compromiso de los firmantes con la defensa de la minería del carbón hasta y después de 2018, abogando por el cumplimiento de lo acordado en el Plan del Carbón 2013-2018. Además, cuenta con otras propuestas para dotar de viabilidad al sector y fortalecer el tejido industrial de los territorios, entre ellas, la puesta en marcha de un mecanismo que asegure un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón. Respecto a la presencia del carbón en el hueco térmico, Iglesia apuntó que “en los momentos actuales no llega a ser ni del 3,5%».

Asimismo, en el documento se reclama la tramitación «urgente» de la propuesta de orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. El acuerdo también estipula la agilización del cumplimiento del plan social, así como la puesta en marcha de los mecanismos acordados para el impulso económico (reactivación y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras) y “la promoción ante la Unión Europea de las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá de 2019”, plazo límite establecido por la Unión Europea para las ayudas a la producción.

Por otra parte, los sindicatos criticaron el plan para el carbón español aprobado por la Comisión Europea para destinar 2.130 millones de euros en ayudas para facilitar el cierre ordenado de un total de 26 minas de carbón de aquí a 2018. «Este plan no es el marco de actuación acordado, es el plan del PP, que contempla un cierre rápido y desordenado, el abandono de las comarcas mineras», aseguró Villares. El representante de CCOO acusó al Gobierno central de ser «mentiroso, incompetente y traidor» y aseguró que el próximo Ejecutivo deberá cumplir este marco de actuación, ya que si no es así, será también un «Gobierno mentiroso e incompetente».