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Castilla-La Mancha aprueba un borrador de decreto de energías para adaptar la normativa autonómica a la ley estatal

EFE.- El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el borrador del decreto de energías para adaptar el desarrollo normativo autonómico, que data de 2007 y 2010, a la ley estatal del Sector Eléctrico de 2013. Así lo ha dado a conocer la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, que explicó que conllevará una simplificación de trámites que va a favorecer y permitir, especialmente en el sector eólico, que las empresas se implanten en la comunidad autónoma.

Franco subrayó que el Ejecutivo autonómico seguirá apostando por la implantación de renovables porque Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma en potencia fotovoltaica instalada, la segunda en energía eólica y la tercera en el total de renovables. En este sentido, señaló que el compromiso del Gobierno regional es agilizar al máximo todas las tramitaciones para seguir favoreciendo la implantación y el desarrollo de estas energías en la comunidad autónoma.

La consejera destacó la importancia que tendrá este decreto, porque se estaban exigiendo numerosos requisitos a las empresas que no eran necesarios para su implantación y ahora se pasa a la autorización previa por parte de la Administración. Antes se hacía mediante un sistema de concurrencia y con la adaptación a la normativa nacional se posibilitará que haya una implantación libre por parte de las empresas, con la autorización previa de la Administración tutelante. Para ello habrá una simplificación de trámites que afecta tanto a las acometidas (por ejemplo, para las pequeñas acometidas no va a ser necesario el trámite de información pública) como a otros aspectos como a las futuras repotenciaciones del sector eólico.

Por otra parte, Franco ha valorado que las 33 empresas distribuidoras de energía que hay en la región van a realizar inversiones en los tres próximos años por importe de 270 millones de euros para mejorar las infraestructuras energéticas en Castilla-La Mancha. En este sentido, hizo hincapié en que el suministro energético es clave no solo para el bienestar de los habitantes de la región, sino para el crecimiento y la competitividad de las empresas. Franco consideró importante para la competitividad de las empresas «que el suministro sea económico» ya que en España siguen generándose problemas en la competitividad de las empresas con respecto a otros países de Europa debido al coste de la electricidad.

Castilla-La Mancha triplicará sus municipios con gas natural para el año 2020 y creará 900 empleos

EFE / Europa Press.– Castilla-La Mancha triplicará el número de municipios con gas natural hasta el año 2020, lo que se enmarca en el plan de gasificación planteado por la Junta para los próximos cinco años, que contará con una inversión de 140 millones de euros y generará unos 900 puestos de trabajo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, presentó este plan en la inauguración de las primeras Jornadas sobre gas natural en Castilla-La Mancha, organizadas por la Asociación Española del Gas (Sedigas) y el Gobierno regional.

«Este plan es un ejemplo muy claro de que podemos dejar aparte los problemas entre partidos diferentes y ponernos de acuerdo en objetivos globales y comunes, que son los que merecen la pena, los que cambian las cosas de verdad», ha aseverado García-Page, quien ha defendido que «las palabras competitividad y sostenibilidad no son contrarias», y ha unido a ello la necesidad de «la cohesión».

El objetivo del nuevo plan de gasificación es triplicar el número de municipios con gas natural en Castilla-La Mancha, pasando de 74 a cerca de 240, para lo que se crearán 1.900 kilómetros de nuevas redes de distribución. Prácticamente, todos los municipios de más de 2.000 habitantes de la región tendrán abastecimiento y en 2020 tendrán gas 373.000 hogares en Castilla-La Mancha, la mitad del total de la comunidad, y habrá 5.500 kilómetros de instalaciones.

Eso sí, la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha detallado que en la comunidad se produce más energía renovable de la que se consume y ha garantizado el compromiso de la Junta con este tipo de energía. Asimismo, apuntó que en un año el Gobierno castellanomanchego ha concedido 600 ayudas para el ahorro energético por un valor total de más de 2,5 millones de euros. También señaló que han evitado 183 cortes de suministro y sufragado más de 6.000 ayudas a través del Plan Regional contra la Pobreza Energética.

Por su parte, García-Page abogó por que España consensue un plan de modelo energético de cara a 2020 para negociar con la Unión Europea. «He echado en falta en España un acuerdo energético», aseveró el presidente autonómico, quien ha insistido en que «no se puede perder tiempo» y ha considerado que «urge» que haya consenso en el país en el ámbito energético porque España no puede quedarse «descolgada«. Con ello, destacó la importancia del plan presentado y ha argumentado que hay empresas que no se instalaron en Castilla-La Mancha por el problema del suministro energético.

También ha intervenido durante la inauguración de las jornadas el presidente de Sedigas, Antoni Peris, quien ha valorado la puesta en marcha del plan, que ha calificado de «ambicioso». «No solo generará beneficio para los usuarios, también va a crear empleo durante todo este proceso», ha destacado Peris, quien también ha recalcado que el gas natural es una «energía limpia» y «la que menos contamina».

Un ahorro de 223 millones

Según un informe elaborado por KPMG para la patronal Sedigas, España podría ahorrar hasta 223 millones de euros anuales en un escenario con un peso del 33% del gas en el mix energético, y todo ello sin comprometer los objetivos europeos de energías renovables y de reducción de emisiones para 2030, si apuesta por un «papel fundamental» del gas natural. En concreto, esto supondría un ahorro de hasta 340 euros al año para un hogar medio, según el informe, que destaca que, en el caso del sector terciario, podría ver reducido su gasto energético en hasta 38 millones de euros.

Los objetivos 2030 de la Unión Europea prevén una presencia del gas para ese horizonte del 27% en el mix, frente al 20% en 2014, aunque hay potencial en España, «apostando por sus singularidades», para elevarlo hasta ese 33% aprovechando la infraestructura, según indicó Carlos Solé, socio de KPMG en España. Asimismo, el informe destaca el papel de los ciclos combinados como principal respaldo a la penetración necesaria de las renovables para alcanzar los objetivos de 2030. A este respecto, prevé que el sector eléctrico requiere, para esos objetivos, un aumento de capacidad firme del 8% en el mix de generación para el horizonte 2030.

En lo que respecta a la capacidad firme de ciclos combinados, Sedigas prevé que será necesario un aumento de entre 5.500 y 10.000 megavatios (MW), según el escenario de cierre de las centrales de carbón considerado. De esta manera, el gas constituiría entre un 51% y un 58% del total de la capacidad firme del sistema eléctrico y los ciclos combinados serían los suministradores de estabilidad al sector eléctrico. Además, el informe destaca que el gas natural aplicado al transporte aporta una solución económicamente eficiente para lograr reducir emisiones y mejorar la calidad del aire.

Castilla y León y Extremadura son las únicas comunidades autónomas en las que la producción renovable supera a la demanda

EFE.- Castilla y León, con una cobertura con renovables de la demanda eléctrica del 146,36%, y Extremadura, con un 104,26%, fueron las únicas comunidades autónomas en las que su producción de energía eléctrica procedente de fuentes renovables superó a su demanda durante 2015, según datos de Red Eléctrica de España. A continuación se situó Castilla-La Mancha, con el 92,55%, mientras que Madrid (1,33%), Baleares (2,24%) y País Vasco (4,68%) ocupan los últimos lugares en este ránking.

Durante 2015, Castilla y León produjo 20.128 gigavatios/hora (gwh) de energía eléctrica con origen renovable frente a una demanda eléctrica de 13.752 gwh, mientras que Extremadura produjo 5.014 gwh y demandó 4.809 y Castilla-La Mancha produjo 10.715 gwh y necesitó 11.567. En Castilla y León, la mayor parte de la electricidad renovable procede de la eólica, con una producción de 11.080 gwh, y la hidráulica (7.952 gwh), mientras que en Extremadura fue la solar termoeléctrica (2.038 gwh), la hidráulica (1.612) y la fotovoltáica (1.111 gwh).

En el conjunto de España, la demanda de energía eléctrica ascendió en 2015 a 262.931 gigavatios/hora (gwh), de los que 96.883 gwh fueron cubiertos con fuentes renovables, lo que supone el 36,85%. La producción neta de energía eléctrica en 2015 fue de 267.584 gigavatios/hora, con Cataluña (16%), Andalucía (13,3%), Castilla y León (11,67%), Galicia (11%), Castilla-la Mancha (8%) y Extremadura (7,89%), como principales aportadoras. Respecto al origen de la electricidad generada en 2015, el 63,79% procedió de fuentes no renovables (nuclear, cogeneración, carbón, fuel/gas, ciclo combinado y residuos) y el 36,21% de renovables (solar, hidráulica, biomasa, biogás, geotérmica y eólica).

En cuanto a las comunidades autónomas que más energía eléctrica demandaron fueron Cataluña, con el 17,7% del total, Andalucía (14,7%), Madrid (10,9) y Comunidad Valenciana (10,1%), mientras que Ceuta y Melilla (0,08%); La Rioja (0,65%), Cantabria (1,60%) y Extremadura (1,83) y Navarra (1,84) fueron las que menos consumieron.  Cataluña (20,58%), Andalucía (13%) y Extremadura (9,42%), son las comunidades que más aportaron a la producción nacional de energía eléctrica de fuente no renovable en 2015, sobre todo por la aportada con origen nuclear, que en el caso catalán fue del 42,6% del total nacional y del 29,35% en el caso extremeño.

El balance también recoge que las ciudades de Ceuta y Melilla y los archipiélagos balear y canario son los que tienen un porcentaje superior al 90% en cuanto al origen no renovable de su producción de energía eléctrica, mientras que en el lado opuesto, Navarra, con el 70%, Castilla y León (64,4%) y La Rioja (64,2%), encabezan el ránking de las que tienen en las fuentes renovables su mayor producción.

Cuenca cuenta con 250 MW fotovoltaicos, el 27% del total en Castilla-La Mancha, según Anpier

EFE.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) destacó que el sector tiene instalados 250 megavatios (MW) de energía fotovoltaica en Cuenca, lo que supone el 27,7% de los 900 que hay en Castilla-La Mancha. Estas instalaciones están en manos de 3.000 familias en Cuenca, 12.000 en el caso de la región, y Anpier asevera que «los drásticos recortes retroactivos» que el Gobierno central ha impuesto al sector «han obligado a la gran mayoría de las 62.000 familias productoras españolas a refinanciar sus instalaciones».

«Un esfuerzo financiero que volatiliza los retornos que el Estado ofreció a este sector», indicó Anpier, que no duda en calificar la situación de «caos sectorial generado por la reforma Nadal-Soria» y está recorriendo 22 ciudades de la geografía española para exigir soluciones al Gobierno. Asimismo, la asociación ha dicho temer que el sector sufra nuevos recortes a finales de 2019 que «desmoronaría al sector sin ya más opciones de refinanciación» y ha defendido que el sector ha cumplido una labor social al desarrollar una tecnología que «ya permite al ciudadano acceder a una fuente generadora limpia y muy barata».

Castilla-La Mancha declara la protección ambiental para los terrenos del ATC y Villar de Cañas anuncia que la recurrirá

EFE.- El alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz, anunció que presentará un contencioso contra la decisión del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de ampliar la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la laguna de El Hito (Cuenca), hasta afectar a los terrenos en los que se quiere ubicar el Almacén Temporal Centralizado de Residuos Nucleares (ATC), lo que implica que cualquier infraestructura relacionada con el almacén nuclear proyectado en Villar de Cañas necesite la aprobación ambiental previa.

El consejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, explicó que, tras un proceso «absolutamente garantista» que se inició en julio de 2015, se ha decidido ampliar la ZEPA y la Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Laguna de El Hito y, además, solicita a la Unión Europea su declaración como Lugar de Interés Comunitario (LIC). La nueva zona protegida es un espacio total de 23.188 hectáreas, que es «excepcional» desde el punto de vista de la biodiversidad y tiene hábitats «únicos», por ejemplo, para la invernada de la grulla, ya que reúne a unos 10.000 ejemplares cada año, y para otras aves esteparias como la avutarda que necesitan un espacio mayor.

El acuerdo adoptado implica que toda infraestructura en la zona necesitará una aprobación ambiental de la Consejería «y por tanto el ATC se verá afectado como cualquier inversión que se quiera hacer en la zona», indicó Martínez Arroyo. El consejero recordó que el Gobierno central ya recurrió hace un año el inicio del procedimiento que ahora culmina, pero los tribunales lo desestimaron, y señaló que, en su opinión, no hay «ninguna posibilidad» de que ahora prospere un nuevo recurso contra la decisión de Castilla-La Mancha.

Plataforma antiATC se muestra satisfecha

La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca recibió con «enorme satisfacción» la decisión de Castilla-La Mancha ya que «libera a la Mancha de la radiactividad» y «supone el adiós al cementerio nuclear». Al respecto, la ganadera de Villares del Saz (Cuenca) y portavoz de la Plataforma antiATC, María Andrés, comentó: «Ya llevábamos meses esperando que llegara este momento», porque el decreto aprobado «se convierte en un importante obstáculo para el proyecto del cementerio nuclear y al tiempo es un balón de oxígeno para el desarrollo sostenible de la comarca».

La Plataforma ha recordado que había solicitado esta ampliación en julio de 2015 y ha asegurado que la medida «tiene un amplio consenso social y político», al contrario de lo que ocurre con el proyecto del ATC para el que «no hay consenso social ni lo ha habido nunca». «Técnicamente los terrenos no son válidos y políticamente solo fue apoyado por el gobierno del PP, puesto que el resto de la ciudadanía de Cuenca, articulada social y políticamente está dentro de esta Plataforma», ha subrayado.

Este lunes, 10 de octubre, representantes de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear, del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) y del Foro Extremeño Antinuclear, se concentrarán a las 11.00 horas en la puerta del CSN. El objeto de la concentración será «protestar por la irresponsabilidad del pleno del regulador, que aprueba sin complejos tanto los ATI como el ATC, sin las suficientes garantías y con el único objetivo de “dar vía libre a las empresas nucleares” para que prolonguen la vida útil de las vetustas centrales nucleares». Además, la Plataforma presentará un informe realizado por una empresa de ingeniería y geología, «demoledor con la pretendida seguridad de los terrenos del ATC».

Villar de Cañas lo recurrirá

El alcalde de Villar de Cañas argumentó que después de un año de gobierno de Emiliano García-Page «hemos comprobado que la razón y el diálogo con este gobierno no van a ningún sitio», así que se ha mostrado dispuesto a seguir por la vía judicial, «y seguiremos ganando los recursos como ha sucedido hasta ahora», vaticinó. El regidor asevera que el ATC se va a construir en Villar de Cañas «haya ZEPA o no haya ZEPA, y eso lo sabe el señor García-Page y su gobierno» y, sin embargo, ha valorado que la zona de protección ambiental va a «cargarse» 7 municipios y 700 agricultores.

Asimismo, Sáiz ha lamentado que «un presidente autonómico debería echar una mano a los alcaldes, no ponerles el pie en el cuello», y recalcó que el ATC es un proyecto de Estado y seguirá adelante. Por último, recordó que lleva 21 años como alcalde de su pueblo «y por primera vez he visto como se arreglaban carreteras en mi comarca, la construcción de un Centro de Empresas y cómo gente que se pensaba ir del pueblo o que se había ido han regresado para abrir negocios y replantearse, de nuevo, su vida en el pueblo y en los de alrededor».

El Ayuntamiento de Almaraz apoya la construcción del ATI en la central pero la Junta extremeña no lo ve “justificado”

EFE.- El consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, José Luis Navarro, no cree que actualmente esté «justificada» la necesidad de construir un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para la central nuclear de Almaraz (Cáceres) por lo que no comparte la decisión de construirlo, una decisión que sin embargo ha recibido el apoyo de la corporación municipal de la localidad, que ha instado a otras instituciones «a sumarse en la defensa» de su instalación.

El Ayuntamiento de Almaraz celebró una sesión plenaria en la que se aprobó, por unanimidad, una moción de urgencia presentada por el equipo de Gobierno local, que encabeza la alcaldesa, Sabina Hernández (PP), según indicó el consistorio. Esta moción fue presentada a raíz de la Proposición no de Ley registrada en el Congreso de los Diputados por Unidos Podemos, a través de la cual se propone a instar al Gobierno a rechazar la construcción del ATI en Almaraz y a no conceder la autorización para su construcción. A su juicio, la instalación “es necesaria una vez las piscinas de la central nuclear de Almaraz presentan el grado actual de ocupación».

Junta extremeña contra el ATI

Por su parte, Navarro ha señalado que «con independencia» de que el Ejecutivo regional no comparte la decisión de construir el ATI, está sería una cuestión que debería plantearse cuando llegue el momento de que los promotores decidan pedir la autorización para ampliar la explotación de la central nuclear. El consejero reconoció que el ATI y las autorizaciones para alargar la vida útil «son dos cuestiones independientes», ya que la autorización que tienen los dos reactores finalizan en 2020 y tendrá que ser sometida en su momento si los promotores presentan la solicitud de renovación.

Prolongar vida útil de Almaraz

«Otra cosa distinta es el ATI», ha indicado Navarro, que ha recordado que en el período de consultas que abrió el Ministerio de Industria la Junta de Extremadura ya indicó «que es innecesario, no está justificada su necesidad antes de que venza la autorización de la explotación». En este sentido, Navarro ha recalcado que «hasta ahora» no está suficientemente acreditada y «si en el curso de la renovación se considerara necesaria tendrá sentido plantearla, pero ahora no corresponde el planteamiento».

Navarro reiteró que la Junta ha hecho hasta ahora lo que tenía que hacer, ya que hay una ley que cumplir, que establece que la competencia es del Ministerio de Industria «oídos los informes del CSN y previa evaluación impacto ambiental en curso». Añadió que si esta evaluación es desfavorable, se archivaría el expediente, y si fuera favorable será potestad del Ministerio de Industria «y a nosotros nos toca respetar la ley, con independencia de que no compartamos la decisión».

En cuanto a la decisión del Gobierno de Portugal de pedir una reunión con responsables de los ministerios de Energía y Medio Ambiente españoles, para abordar la construcción del ATI, el consejero entiende que el país vecino «ejerce sus derechos» y su planteamiento «entra dentro de la normalidad». Ha precisado que, como en cualquier otro proyecto transfronterizo, el gobierno de un país está amparado por la legislación europea para pedir información a otro en el caso de que se presuma que pueda tener impacto ambiental.

Críticas de Podemos desde Talavera

Por su parte, el grupo municipal de Ganemos en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) ha mostrado su rechazo absoluto a la construcción de un ATI de residuos radiactivos en Almaraz, situada a unos 75 kilómetros de distancia de la ciudad. En este sentido, Ganemos Talavera ha tachado de «lamentable y alarmante» que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya dado luz verde a la construcción de este almacén “en una de las centrales nucleares más antiguas de España, cuyo cierre está previsto para 2020”. Aunque aún faltarían informes para su aprobación definitiva, para Ganemos Talavera «todo apunta a que esta decisión podría tener como propósito la ampliación de la vida útil de la obsoleta central de Almaraz».

Así, ha recordado que ya en febrero de 2016, tras los «graves incidentes, fallos y averías en el sistema de refrigeración», se elevó al pleno una moción que fue aprobada por unanimidad en la que se solicitaba al Gobierno central información puntual acerca del estado de seguridad de la planta, así como los planes de evacuación de la propia ciudad y la comarca en el caso de un accidente nuclear. «Desde Ganemos Talavera rechazamos que las tierras que nos rodean, ya sean castellanomanchegas o extremeñas, se conviertan en el basurero radiactivo de este país y seguiremos apostando por el cierre de las centrales nucleares, empezando por las que han agotado su vida útil como es la de Almaraz», ha asegurado.

Los sindicatos piden más agilidad para recolocar a los trabajadores de Elcogas

EFE.- Los sindicatos CCOO y UGT solicitaron a la consejera de Economía de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, que medie ante las empresas del grupo Elcogas para que lleven a cabo con mayor agilidad las contrataciones de los trabajadores despedidos cumpliendo de esta forma con el acuerdo alcanzado. Una petición que realizaron los secretarios generales de Industria de CCOO, Ángel León, y de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, Carlos Duque.

León y Duque han coincidido que es una de las cuestiones en relación al proceso de Elcogas que «más preocupa a los sindicatos», pues el proceso de recolocación avanza «muy lentamente» y las reincorporaciones laborales «van muy despacio». Duque apuntó que con esta reunión querían «dar una voz de atención a las empresas» para que recoloquen cuanto antes a unos trabajadores que «llevan ya siete 7 parados y en los que cada vez la incertidumbre es mayor». León, por su parte, ha señalado que el compromiso que adquirieron las empresas con las recolocaciones se están llevando a cabo a «cuentagotas«.

La consejera de Economía indicó que el Gobierno regional entiende la preocupación de los trabajadores y por ello «va a insistir» ante estas empresas para que «se lleven a cabo el máximo de recolocaciones posibles en el mejor tiempo posible». Patricia Franco señaló que, según sus datos, se han llevado a cabo 28 recolocaciones en Elcogas y 2 están en proceso, por lo que en total se llevarían 30 recolocaciones. Además de estas, añadió, se han producido 10 recolocaciones en empresas terceras, a las que habría que sumar 8 prejubilaciones para un total de 48 personas de las 122 afectadas.

Además, Franco reconoció que el Gobierno regional está analizando uno de los proyectos que les han presentado para hacerse con Elcogas y, aunque no ha avanzado muchos detalles, si desveló que este jueves tiene previsto mantener una reunión con la empresa interesada en quedarse con esta planta para conocer más detalles y poder mediar «una posible salida al proyecto» con las empresas propietarias de Elcogas.

Un juez oficializa la compra de Aurinka de las instalaciones de Silicio Solar en Puertollano

EFE.- El Juzgado de Primera Instancia e instrucción número 4 de Ciudad Real ha dictado un auto por el que se aprueba definitivamente la venta y adjudicación de las antiguas instalaciones de Silicio Solar de Puertollano a la empresa Aurinka International. Según el portavoz de la empresa, Benjamín Llaneza, el auto «viene a oficializar un proceso que se puso en marcha hace 15 días con el depósito realizado al Juzgado» de casi 7 millones de euros.

El auto acuerda además la cancelación de todas las cargas, gravámenes y anotaciones preventivas de embargo que existían, si bien aún falta por salvar el escollo de los 12 millones de euros adeudados por la antigua Silicio Solar a la Seguridad Social, a los que aún no ha renunciado. Aurinka International prevé una inversión entre 60 y 100 millones de euros en Puertollano, donde pretende desarrollar una «tecnología novedosa y muy competitiva» con el mercado asiático, en la fabricación de polisilicio, base para la elaboración de obleas para placas fotovoltaicas.

La tecnología que se pretende aplicar, impulsada en colaboración con la Universidad de Oviedo, prevé una producción de 3.000 toneladas anuales y la generación de unos 400 puestos de trabajo en la primera fase, que podría estar en marcha en junio del 2017. En la actualidad, operarios de Aurinka  trabajan para que la planta esté disponible a principios del 2017, para empezar a instalar la nueva maquinaria en la fábrica.

Castilla-La Mancha modifica la autorización ambiental para Elcogas: no exigirá el control de emisiones durante el cese

Europa Press.- La Viceconsejería de Medio Ambiente ha modificado la resolución que otorga la autorización ambiental integrada para la central termoeléctrica de gasificación integrada en ciclo combinado de Elcogas, ubicada en el término municipal de Puertollano (Ciudad Real), en lo que se refiere al cierre, clausura y desmantelamiento de las instalaciones.

Según la resolución de modificación, que se publica este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), en las condiciones de cierre se incluye que durante el cese de la actividad en la instalación previo al desmantelamiento no serán requeridas las mediciones relativas al funcionamiento normal de la misma.

Además, se eliminan las obligaciones de control de las emisiones atmosféricas, control de inmisión atmosférica, control acústico y el estudio de minimización cuatrienal de residuos peligrosos.

No obstante, durante dicha fase de parada previa al desmantelamiento se mantendrán las obligaciones de mediciones relativas a vertidos, según requerimiento del organismo de cuenca y, en particular, el control mensual de vertido de agua residual a realizar por organismo de control autorizado.

También será obligada la vigilancia del impacto sobre el suelo y las aguas subterráneas, a realizar anualmente, el control y seguimiento de los residuos producidos y la presentación de informes trimestrales y anuales de seguimiento de la instalación.

El Ministerio de Industria revoca las autorizaciones otorgadas entre 2002 y 2014 para instalar 8 ciclos combinados de gas

Javier Angulo.- El Ministerio de Industria ha revocado la autorización a 8 proyectos para instalar ciclos combinados de gas natural en diversos puntos de la geografía nacional. Las autorizaciones a Iberdrola, Endesa e incluso a Unión Fenosa (actualmente Gas Natural Fenosa) responden a la solicitud entre 2002 y 2014 para instalar una nueva central de ciclo combinado, de un grupo a sumar a una central ya existente o de la sustitución de una térmica de carbón por un grupo generador con gas natural.

El excedente de capacidad de generación instalada en España unido a la caída de la demanda de electricidad con la crisis económica ha supuesto un nivel de funcionamiento muy reducido para las centrales de ciclo combinado de gas natural, por debajo del 20% de sus posibilidades, lo que ha hecho que estos proyectos perdieran interés para las compañías que habían solicitado la autorización. Hay que recordar que Iberdrola consiguió autorización del Ministerio para hibernar el ciclo combinado de Castellón y Endesa también trató de conseguirlo para alguna de sus instalaciones.

Dado que ha transcurrido el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor del real decreto 1074/2015 sin que las compañías hubieran presentado el correspondiente aval, el pasado 28 de abril se acordó el inicio del presente procedimiento con el fin de retirar las autorizaciones. Según la normativa, para las instalaciones de producción, antes de realizar la solicitud de acceso a la red de transporte, el solicitante deberá presentar ante el órgano competente para otorgar la autorización de la instalación el resguardo acreditativo de haber depositado una garantía económica por una cuantía equivalente a 10 euros por kilovatio instalado.

Las autorizaciones revocadas para construir desde cero una central de ciclo combinado de gas corresponden, por ejemplo, al proyecto más antiguo que se queda sin permisos, el de Unión Fenosa para levantar un ciclo combinado de 850 megavatios (MW) en Osera del Ebro (Zaragoza). Una planta autorizada desde 2002 y que ya no se levantará. También se retira la autorización a Iberdrola Generación para instalar un ciclo combinado en Alange (Badajoz). La autorización para la planta, de 850 MW de potencia, se concedió en 2011. El acuerdo de revocar la autorización fue notificado a Iberdrola y la empresa promotora respondió días después con un informe en el que manifestó su «no oposición» a la decisión de Industria, según la resolución.

Es el mismo caso de la central de ciclo combinado de La Pereda en Mieres (Asturias), impulsada por la hullera pública Hunosa y por Endesa, iba a ser de 410 megavatios de potencia e iba a estar constituida por un grupo de ciclo combinado que utilizaría el gas como combustible principal. Se construiría aneja a la central térmica de Hunosa en Mieres. Tenía prevista una inversión de aproximadamente 200 millones de euros. La instalación de este equipamiento de ciclo combinado en el concejo de Mieres conllevaba la construcción de una nueva subestación eléctrica de 400 megavatios, que debería garantizar la evacuación de la energía producida.

Respecto a ciclos combinados a sumarse a una central ya existente, es el caso de la autorización que recibió Iberdrola en 2014 de 400 MW para la central de Aceca en el término municipal de Villanueva de la Sagra (Toledo), o de la que recibió en 2013 Fuerzas Eléctricas de Navarra (100% de Iberdrola) para ampliar en 425 MW la central térmica de Castejón 2,

También se ha dejado sin efecto la autorización administrativa concedida en 2010 a Endesa para instalar dos nuevos grupos de ciclo combinado en la central térmica de Compostilla II, en Cubillos del Sil (León). Tras más de seis años, la compañía energética no ha presentado los avales necesarios para la realización de la obra, lo que supone su renuncia definitiva a la instalación de los nuevos grupos de generación con gas en la central térmica.

La compañía inició el proceso en 2006, cuando solicitó la autorización administrativa para instalar tres grupos de ciclo combinado de aproximadamente 400 MW cada uno, que vendrían a sustituir a dos de los cinco grupos convencionales de carbón que alberga la central. Tras obtener en 2009 la declaración de impacto ambiental y la autorización de la Junta para el proyecto, en 2010 la Dirección General de Política Energética y Minas autorizó a Endesa Generación la instalación de los nuevos grupos y le exigió un aval por una cuantía del 2% del presupuesto de la instalación.

La anulación de la autorización administrativa por no presentar los avales económicos confirmó la intención de la compañía de abandonar el proyecto, una intención que ya quedó patente en el año 2012 cuando Endesa retiró la maquinaria que tenía que utilizarse para la construcción de los dos nuevos grupos de ciclo combinado. Ese fue el auténtico carpetazo de un proyecto de 470 millones de inversión con el que según algunos cálculos se podrían haber creado en torno a 1.000 empleos.

Sobre la sustitución de una central térmica de carbón por un ciclo combinado de gas, se deja sin la autorización de 2012 al proyecto de Endesa para instalar un ciclo de 500 MW para reemplazar a la planta de Foix en el término municipal de Cubellas (Barcelona), que cerró definitivamente en 2015. La resolución oficial no es más que la culminación administrativa de una renuncia ya conocida desde hace años.