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El PP insta al PSOE a pedir «perdón» por «orquestar» el «fiasco» del almacén gasista Castor

Europa Press.- El diputado nacional del PP por Castellón, Miguel Barrachina, instó al PSOE a dejarse de «política ficción» y a «pedir perdón como ya hizo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero» por haber «orquestado el fiasco del proyecto Castor para la provincia«. De hecho, según recordó, «Zapatero aprovechó una visita a Vinaròs para pedir perdón a los ciudadanos de Castellón por haber desarrollado este proyecto».

Barrachina considera que «es una gran muestra de hipocresía que el mismo partido que blindó una indemnización millonaria para la empresa del Castor ahora solicite que se recupere este dinero que el Tribunal Supremo ha dicho que se tiene que pagar». «De hecho, los socialistas llevan al Congreso de los Diputados una proposición no de Ley cuyo contenido ya está incluido en el Decreto 13/2014 y que aprobó el PP en la pasada legislatura», indicó.

El PP ha recordado que este almacén fue impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, «quien fijó una compensación a la empresa en caso de que no se llevara a cabo de 1.300 millones, así como otras compensaciones incluidas en un Real Decreto del PSOE». «El Gobierno del PP dejó en hibernación el almacén y defendió los derechos de los consumidores al recurrir a los tribunales para evitar la indemnización en 2012, nada más entrar en el Gobierno y, además, con una orden ministerial inició un procedimiento de urgencia para la Declaración de Lesividad del artículo 14 del Consejo de Ministros de 2008, que fue cuando se fijó la indemnización para la empresa», ha desgranado Barrachina.

Asimismo, el diputado indicó que «gracias al PP se han conseguido reducir los intereses y gastos financieros de esta decisión del PSOE, se ha ampliado el periodo de amortización y se ha garantizado que no se van a extinguir las responsabilidades«. «Tal y como ha defendido el PP en la comisión de Industria, ahora mismo se está investigando qué pasó y, mientras, el PP ha defendido los intereses de los consumidores y ha garantizado que se cumpla la Ley, a la vez que ha trabajado por reducir el coste de esta hipoteca socialista», ha dicho.

Además, el líder provincial ha recordado que ahora mismo la Justicia está investigando lo sucedido con «12 altos cargos socialistas investigados en el proceso». Además, «en 2008 Ximo Puig era diputado nacional y, como tal, fue impulsor y dio soporte a este tipo de iniciativas». No obstante, «el Tribunal Supremo no aceptó la queja del PP al haber firmado el Gobierno socialista esta compensación para la empresa», lo que ha supuesto «una herencia envenenada para los consumidores de toda España«.

Enagás concluye la hibernación del almacén Castor con un doble sellado adicional de los pozos

Redacción / Agencias.- Enagás finalizó el proceso de hibernación (cierre temporal) del almacenamiento subterráneo de gas natural de Castor con un doble sellado de los pozos, lo que supone un refuerzo adicional a otras dos válvulas ya existentes en cada uno de los pozos, según anunció la compañía que, con esta medida, cumple la labor encomendada por el Gobierno a través del decreto ley 13/2014, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista.

Enagás indica que, con los trabajos realizados, la compañía ha puesto la instalación en condiciones seguras, sin gas en plataforma, gasoducto e instalaciones de tierra. Además, lo ha hecho «sin alterar la estructura del almacenamiento y realizando las tareas necesarias para el adecuado mantenimiento y preservación de los equipos», indica. De forma adicional, Enagás está a la espera de las conclusiones de un estudio solicitado al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) que permitirá “disponer de una base al Gobierno sobre la que poder tomar una decisión acerca del futuro de la instalación”. Según estimaciones, este estudio previsiblemente estará finalizado en el segundo semestre de 2016.

Desde que se inició el proceso, ya se acometieron y finalizaron distintas fases relacionadas con el almacenamiento. La primera, conocida como Fase 0, consistió en el análisis de la situación a partir del requerimiento del Gobierno, en la que se incluyeron un estudio preliminar del activo y un exhaustivo análisis de riesgos contemplando diferentes alternativas. La segunda fase consistió en la inertización, mediante una disminución controlada y programada de la presión del gas remanente en superficie, en la plataforma, en el gasoducto y en las instalaciones de tierra. La última consiste en la preservación de los equipos con el objetivo de garantizar su mantenimiento en condiciones de seguridad y operatividad.

La etapa ahora finalizada fue la del sellado de los 12 pozos y de las válvulas situadas tanto en superficie como a 150 metros de profundidad. En todos los pozos se instalaron dos piezas mecánicas de acero adicionales a las dos válvulas existentes en cada uno de ellos, de modo que el sellado de los pozos es cuádruple. Estos trabajos, según afirma Enagás, fueron realizados con el fin de cumplir con las indicaciones del real decreto ley de no inyectar ni extraer gas para no alterar la estructura del almacenamiento. En la actualidad, están en funcionamiento los servicios auxiliares necesarios para mantener la instalación en situación de seguridad y los sistemas que permiten realizar el mantenimiento básico de las instalaciones.

Enagás explica que, desde el inicio del proceso, lo prioritario para la empresa ha sido, en todo momento, «la seguridad de las personas, los bienes y el medioambiente». Por este motivo, realiza una vigilancia continuada de la instalación y de su perímetro. El proceso ha sido auditado y supervisado por la firma Lloyd’s, firma encargada de realizar también el análisis de riesgos previo. Con la hibernación realizada, se remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo toda la documentación final con el certificado del auditor. El real decreto ley confirió a Enagás la labor de hibernar, mantener y elaborar los informes técnicos y, en su caso, los trabajos necesarios para el desmantelamiento de Castor, si así lo decidiera el Gobierno.

En 2013 el Gobierno suspendió la actividad de inyección de gas en el almacenamiento, ubicado frente a las costas de Vinaroz (Castellón), después de que se registraran cientos de pequeños seísmos en la zona y encargó a Enagás su hibernación hasta que se contara con información suficiente para garantizar su seguridad. La promotora del almacenamiento, Escal UGS, renunció a la concesión y recibió una indemnización de 1.350 millones de euros para que el almacén pasara a ser gestionado por Enagás. La indemnización a Escal UGS se vinculó al sistema gasista con cargo a la factura mensual que pagan los consumidores por los próximos 30 años.

Nace Aplaca, una plataforma de afectados por el almacén Castor para reclamar indemnizaciones

EFE.– La Plataforma de Afectados por el Proyecto Castor se personará como acusación particular en el proceso de instrucción penal abierto contra los responsables del almacén de gas situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) para reclamar indemnizaciones por los seísmos registrados en la zona. Según fuentes del colectivo, esta plataforma (Aplaca) atribuye los terremotos detectados a la inyección de gas colchón a la planta, y estiman en 40.000 el número de perjudicados potenciales por el millar de terremotos que sacudieron la zona en septiembre de 2013.

La Plataforma señaló que recurrirán a la vía civil si no hay sentencia condenatoria tras el juicio del caso Castor. El Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga las presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto gasístico a la mercantil Escal UGS, inició el pasado mes de octubre la ronda de declaraciones de los acusados. El objetivo prioritario del colectivo es «reclamar, como perjudicados, las indemnizaciones derivadas de los hechos delictivos a los que puedan ser condenados los ahora investigados», indicó Carlos Villacorta, el abogado que asumirá la representación de los afectados.

Los ciudadanos “pueden ser indemnizados”

Una reciente resolución reconoce el derecho de los ciudadanos a personarse como acusación particular, advirtiendo que lo han de hacer bajo una misma dirección letrada. Esta resolución es la que motiva la constitución de Aplaca, que iniciará una campaña para promover la adhesión de aquellos ciudadanos que quieran sumarse a la causa, explicó el presidente de la entidad, Joan Ferrando. El presidente de Aplaca recuerda que en dicha resolución el juzgado es «contundente» a la hora de reconocer el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por los daños materiales e inmateriales que pudieran haber sufrido por la inyección de gas sobre la plataforma Castor.

Por su parte, el abogado Carlos Villacorta señaló que las condiciones que fundamentan «esta oportunidad de defensa de los ciudadanos» están basadas «en la causalidad entre la inyección de gas a alta presión en el subsuelo del Castor y los más de mil seísmos registrados» sobre la que, dice, «no parece que pueda plantearse ninguna duda razonable». Finalmente, Ferrando criticó la indemnización a Escal y aseguró estar “frustrado” de ver «cómo cobran sólo los poderosos, cómo a quien ha hecho daño en 15 días le dan 1.500 millones de euros».

En Comú Podem exige al Gobierno adoptar acciones legales para que Escal asuma responsabilidades por los seísmos causados por Castor

Europa Press / EFE.- El portavoz de Industria de En Comú Podem (Podemos) en el Congreso, Josep Vendrell, y la diputada Ángela Ballester exigen al Gobierno que tome las medidas legales necesarias para exigir a la empresa promotora de Castor, Escal UGS, que asuma las correspondientes responsabilidades ambientales, administrativas y económicas por los más de 1.000 terremotos causados por la actividad del proyecto Castor.

Ambos diputados explican que han presentado esta proposición porque ven necesario que el Ejecutivo tome medidas para que la compañía, encabezada por ACS, se haga cargo de cualquier tipo de responsabilidad derivada de los seísmos que afectaron al Levante español a resultas de las operaciones de inyección de gas en los depósitos submarinos. Para ello, consideran que deberían peritarse los «daños materiales y morales» que los vecinos de Tierras del Ebro (Tarragona) y el Bajo Maestrazo (Castellón) han sufrido como consecuencia de los seísmos, así como que habría que realizar estudios técnicos sobre las afecciones al medio ambiente que conllevará la hibernación de la planta.

En este sentido, la confluencia catalana de Podemos reclama también un calendario de desmantelamiento de las instalaciones del almacén, y recuerda que ya registró recientemente en la Cámara Baja una petición de comparecencia del ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, para que explique la «retribución adicional» de 253,3 millones de euros concedida a los promotores del proyecto en concepto de una retribución adicional. Finalmente, Podemos exige que se impulsen los cambios legales necesarias para que, en un futuro, las indemnizaciones no se paguen más con dinero público. En octubre de 2014, el Gobierno estableció una indemnización para la compañía de 1.350,7 millones, cantidad que se cargará al recibo del gas durante 30 años.

Bruselas pide información al Gobierno sobre la indemnización a ACS por Castor

EFE.- La Comisión Europea ha pedido información al Gobierno sobre la indemnización de 1.350,7 millones de euros otorgada a la concesionaria Escal UGS, controlada por ACS, por el cierre temporal y la hibernación del almacén de gas natural Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón). «Estamos en contacto con las autoridades españolas sobre esto. Nuestro análisis se está haciendo. No podemos prejuzgar el resultado en estos momentos», señaló el portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso.

Se trata de un paso preliminar en el análisis de la Comisión Europea, que permitirá determinar si la indemnización supone ayudas de Estado y si se ajustan o no a la normativa comunitaria. Si no cumplieran las reglas de la Unión Europea, el Estado español podría recuperar el dinero. Castor se encuentra cerrado desde 2013 tras la oleada de seísmos registrada en la zona. Escal UGS recibió en 2014 la indemnización fijada por el Gobierno por la paralización del proyecto. El Consejo de Ministros aprobó un decreto que aceptaba la renuncia a la concesión de Castor presentada por la empresa participada por ACS y fijaba el importe de la compensación.

El Fondo de Compensación destina 3,1 millones de euros a municipios de zonas eólicas de la Comunidad Valenciana

EFE.- El Fondo de Compensación destinará 3,1 millones de euros a las localidades de las zonas eólicas, un dinero que servirá para desarrollar proyectos relacionados con la «mejora de las infraestructuras rurales y los servicios», según comunicó la Generalitat valenciana. La Consejería de Economía, Sectores Productivos y Trabajo, junto a IVACE Energía, subvencionará estas actividades para favorecer las energías renovables y «contribuir a revitalizar las zonas de interior».

El dinero irá a los municipios donde haya parques eólicos construidos pero también a los pueblos vecinos que estén incluidos en el Plan Eólico. Todos ellos se reparten entre las provincias de Castellón, con 16 parques (590 megavatios), y Valencia, que cuenta con 14 parques (579 megavatios). La prioridad en la distribución reside en los municipios que no tienen parques pero disponen de líneas eléctricas y subestaciones que evacúan la energía eléctrica de los aerogeneradores. También se beneficiarán localidades desde las que se pueden ver parques eólicos y las que necesiten acondicionar caminos hacia ellos.

Además de los caminos, la Generalitat asegura que con los 3,1 millones se mejorará la red viaria rural de acceso a pedanías, caseríos y masías y también se llevarán a cabo proyectos de electrificación rural en granjas y otras edificaciones aisladas. Las energías renovables también se potenciarán en los municipios que perciban la ayuda, con «construcciones de instalaciones de aprovechamiento de este tipo de energías» y también actividades de concienciación.

Iberdrola mantendrá abierto el ciclo combinado de Castellón que había pedido cerrar

EFE.- Iberdrola ha decidido mantener abierto el grupo 3 de la central de ciclo combinado de Castellón de la Plana, de 800 megavatios (MW) de potencia instalada, para el que había solicitado un permiso de cierre que fue concedido por el Gobierno el pasado abril. Según fuentes de la eléctrica, la compañía tomó la decisión ante el incremento de la demanda eléctrica y del grado de utilización de las plantas de ciclo combinado tanto en el territorio nacional como en la Comunidad Valenciana, así como por las mejores perspectivas.

Castellón pide que se blinden las islas Columbretes contra las prospecciones petrolíferas

Europa Press.- El Ayuntamiento de Castellón elevó una propuesta a la Comisión de Gestión y Seguimiento de la Reserva Marina de las islas Columbretes para que se blinde el archipiélago de las prospecciones petrolíferas. En este sentido, el consistorio explicó que el teniente de Alcaldía del Grau, Rafa Simó, ha propuesto a la Comisión que se preserven las Columbretes por «su enorme valor ambiental y científico, de cualquier proyecto que pueda amenazar estos valores naturales».

Simó, que acudió a la reunión en calidad de representante del Ayuntamiento de Castellón, expuso que se eleve al organismo competente el «rechazo expreso» a cualquier proyecto que «ponga en riesgo las reservas marinas, y concretamente al archipiélago castellonense». «El futuro de las islas Columbretes no puede depender de que una empresa renuncie a los permisos, sino que se deben anteponer los valores que encierra este espacio único y que además cuenta con reconocimiento científico a nivel mundial», defendió el teniente de Alcaldía del Grau.

Según el consistorio castellonense, la Federación de Cofradías de Pescadores de Castellón ha sido la primera en respaldar la petición, sobre la que ha habido consenso. «Nos han explicado que el proyecto de prospecciones está cerrado después de que la empresa pidiera a Industria que extinguiera los cuatro permisos al entender que, con el silencio administrativo, el Gobierno iba a rechazar el proyecto«, añadió Simó.

Con la petición expresa realizada de que se blinden las islas Columbretes, el Gobierno municipal de Castellón quiere garantizar que no se repiten casos como el de una multinacional escocesa, que tenía previsto realizar sondeos acústicos en el entorno de las Columbretes y otros puntos del Golfo de Valencia y que suscitó el rechazo social en Castellón, liderado por la plataforma ‘Petroli no, Columbretes netes’.

Enagás hará los estudios que determinarán la decisión definitiva sobre Castor

EFE / Europa Press.- Enagás Transporte SAU se encargará de realizar los estudios necesarios que determinarán la decisión definitiva sobre el futuro del almacén de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), y se procederá a su desmantelamiento si se certifican riesgos. Así lo asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria a la diputada de CiU, Lourdes Ciurò, el 16 de junio, publicada el pasado día 5 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Según el Gobierno, el Decreto ley 13/2014 de 3 de octubre establece una «solución equilibrada» en la que se determina la extinción de la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo, la hibernación de las instalaciones y su asignación a Enagás Transporte, que realizará el mantenimiento y operatividad de las instalaciones. Esta empresa también se encargará de elaborar los estudios necesarios «de cuyo conocimiento deberá obtenerse la profundidad de juicio precisa a fin de que se adopte» la decisión definitiva que determine el futuro del almacén, «debiendo procederse al desmantelamiento cuando puedan existir riesgos para las personas, los bienes o el medio ambiente que lo aconsejen«.

La hibernación del almacén permitirá su futura explotación siempre que se realicen los estudios técnicos necesarios que garanticen la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, y así se considere por acuerdo del Consejo de Ministros. De esta forma, el Gobierno encargará estudios adicionales sobre el almacenamiento subterráneo Castor, antes de decidir si desmantelar las instalaciones de forma definitiva o volver a ponerla en funcionamiento, ya que el proyecto «mantiene su interés estratégico» para España puesto que forma parte del conjunto de instalaciones para la seguridad de suministro del sistema gasista español.

Los informes no son definitivos

Por otra parte, añade en su respuesta, los informes actualmente disponibles del Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España «no permiten aún» emitir una conclusión definitiva sobre el episodio sísmico de 2013, sino que al contrario «recomiendan» la realización de una serie de estudios adicionales. Sobre la compensación por las inversiones efectuadas a Escal UGS, el importe que se reconoce asciende a 1.350 millones de euros, cantidad que no implica «en modo alguno» la extinción de la responsabilidad que ésta y sus accionistas deban afrontar, en su caso, por su gestión del proyecto y que será «convenientemente exigida» una vez se disponga de todos los elementos de juicio necesarios, según añade.

La organización Greenpeace calificó esta postura de «nuevo despropósito» del ministro ya que las condiciones geotécnicas del emplazamiento no han cambiado y reanudar las operaciones de reinyección de gas conllevaría, «con toda seguridad», la reactivación de la sismicidad en la zona que motivó su cierre. Según el responsable de campaña de Greenpeace España, Julio Barea, «es evidente que Soria está preocupado» por el proyecto Castor, ya que quedan «tres meses para las elecciones» y es un caso de «otro estrepitoso fracaso» de su política energética.

«A su incapacidad para solventar el déficit de tarifa eléctrica se suma ahora un nuevo y millonario déficit, esta vez en la factura del gas que terminaremos pagando los consumidores durante los próximos 30 años», indicó. Greenpeace ya denunció «el despilfarro» de dinero público que supone el almacén subterráneo, con un coste final con el pago de intereses que cifran en 4.400 millones de euros. Además, consideran que todo es consecuencia del «empeño» del Gobierno de España por «seguir beneficiando a las energías sucias y a las empresas que apuestan por ellas», en lugar de cambiar el modelo por otro basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables.