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Enagás presenta una reclamación patrimonial contra el Estado por los costes de mantenimiento y seguridad del almacén de gas Castor

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Europa Press.- Enagás ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado como legislador en la que solicita la devolución de los costes por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacenamiento subterráneo de gas Castor, hibernado desde 2013 tras los seísmos ocurridos en las costas de Vinaroz (Castellón). Fuentes de la compañía indicaron que han valorado esta decisión como la «mejor opción» y subrayaron que seguirán realizando estas tareas ya que se trata de «un tema de seguridad y responsabilidad».

Esta decisión de la empresa se produce después de que el Gobierno haya decidido finalmente dejar fuera de la orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019 estos derechos de cobro de Enagás, que fueron ya paralizados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a principios de 2018 tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

En la propuesta de orden que fue sometida a consulta, el Ejecutivo reconocía a Enagás Transporte está cantidad por 8,73 millones de euros en concepto de los costes de mantenimiento y operatividad de Castor, y daba también el visto bueno para que el operador del sistema gasista recuperara las cantidades que no fueron abonadas en los ejercicios anteriores como consecuencia de la sentencia del Constitucional, que ascendía a 17,4 millones de euros. Sin embargo, en la orden definitiva de peajes y cánones del sistema gasista para 2019, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio dejaba definitivamente fuera esta retribución para Enagás. Esta reclamación supone un paso previo para iniciar un contencioso administrativo.

En abril, Santander, CaixaBank y Bankia formularon ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitaban la devolución de la cantidad financiada que todavía no habían recuperado, más los daños causados, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento gasista Castor a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS. En su reclamación, las tres entidades ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo para permitir hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.

En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS. En su sentencia, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia.

Además, recientemente el Supremo volvía a dar la razón a la patronal catalana Cecot en el recurso contencioso-administrativo que presentó. En este sentido, obligaba al Gobierno a devolver a los consumidores las cantidades abonadas por el mantenimiento y operatividad del almacenamiento subterráneo de gas de Castor. Cecot calculó que entre la primera y esta segunda resolución se han anulado 118 millones de euros en retribuciones que el Gobierno debe reintegrar a los consumidores de gas.

Los demandantes de Castor recurren al Tribunal Constitucional el archivo de la querella presentada contra el almacén de gas

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Europa Press.- El Observatorio de la Deuda en la Globalización, el colectivo activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, promotores de la querella #CasoCastor, han anunciado que han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional «por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva» tras la ratificación del archivo de su querella contra el proyecto Castor por parte de la Audiencia Nacional.

El colectivo hace alusión a la decisión tomada el pasado mes de septiembre por la Audiencia Nacional, que desestimó y confirmó el archivo de la demanda penal que acusaba a varios exministros y a los responsables de Escal UGS de varios delitos, entre ellos concierto para delinquir, presentada por este grupo ciudadano el pasado febrero. El colectivo cargaba contra los exministros de Industria, Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria; de Fomento, Magdalena Álvarez; de Medio ambiente, Elena Espinosa; el secretario de Estado de Energía, Ignasi Nieto; el consejero valenciano Juan Cotino; el presidente de ACS, accionista de Escal, Florentino Pérez, y el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro.

En el recurso de amparo presentado ahora ante el Tribunal Constitucional, el grupo ciudadano afirma que «en este caso está en juego la credibilidad del conjunto del sistema político y económico, y también del judicial si no investiga». Asimismo, denuncia la «existencia de corrupción en la administración pública española a partir del análisis de un conjunto de elementos acreditados que demuestran, más allá de la complejidad del proyecto, una inaudita facilidad de tramitación del proyecto Castor acompañada de un singular resultado: una infraestructura que no es operativa pero que mediante su construcción la proyectista ha ingresado altísimas cantidades (sobrecostes añadidos) y todo ello asumido por la ciudadanía en la factura del gas por un valor de 1.350.730.000 euros más intereses».

Además, lamentan que «el marco jurídico internacional de la lucha contra la gran corrupción» quede «huérfano de tutela en el presente caso» y hacen alusión a la «corrupción medioambiental» generada al respecto, pues los «bienes jurídicos afectados no son únicamente de naturaleza económica y por lo tanto la tutela judicial efectiva deviene más necesaria y su acceso debería entenderse como menos exigente». «Es notorio y conocido que el proyecto Castor ha sido la causa de importantes movimientos sísmicos en la zona de Tarragona y Castellón. Sin embargo, y más allá del resultado concreto del procedimiento, nadie puede negar a estas alturas que ha existido afectación medioambiental a raíz del fallido proyecto Castor», prosigue el recurso.

«Por lo tanto, la investigación que se pretende por parte de los recurrentes es una acción popular que busca perseguir y castigar la corrupción en un caso en el que además de haber provocado un grave perjuicio económico al conjunto de la ciudadanía, también ha generado un grave resultado en cuanto a la afectación medioambiental», añade. Además, advierte de que la falta de investigación sea «generadora de impunidad» y concluye que «anticipar que no puede realizarse reproche penal alguno a los hechos denunciados sin tan siquiera practicar diligencia de investigación alguna, como hace la resolución recurrida a pesar de los indicios y argumentos alegados, significa omitir totalmente la actividad propia de los tribunales ante un caso grave como el presente».

El Congreso debate este martes la creación de una comisión de investigación sobre el almacén Castor y su indemnización

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Europa Press / EFE.- El pleno del Congreso tiene previsto debatir y votar la creación de una comisión de investigación para esclarecer las responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor, situado frente a Vinaroz (Castellón), y encontrar vías a partir de las cuales recuperar dinero de las indemnizaciones previstas.

La propuesta, impulsada por Unidos Podemos y Compromís, reclama «poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras» pues, argumentan estas formaciones, no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicataria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad. Estas formaciones enumeran varios puntos a investigar en la comisión parlamentaria, como posibles irregularidades vinculadas a la financiación del proyecto, el sobrecoste de ejecución, la aprobación de disposiciones «para blindar» la inversión, la supuesta ocultación de informes que alertaban de posibles movimientos sísmicos o «la no observancia de las declaraciones de impacto ambiental».

Precisamente por esta razón, la actual ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, podría tener que rendir explicaciones ante la comisión, en caso de que saliera adelante su constitución, por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén. Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.

Además de la afectación que causó este proyecto, en forma de más de 500 seísmos registrados en 2013 en el litoral de Castellón, Unidos Podemos y Compromís buscan investigar la legalidad de la indemnización recibida por el concesionario y el coste que supondrá para los consumidores de gas, así como la gestión de la hibernación del proyecto, y su desmantelamiento.

Precisamente, el pasado diciembre el Tribunal Constitucional anuló el procedimiento por el que se estableció la indemnización para las empresas promotoras del proyecto en 2014 por fijar la compensación, de 1.350,7 millones de euros, a través de un decreto ley. En su sentencia, el Constitucional estimaba parcialmente los recursos presentados por el Parlament, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acordaba declarar «inconstitucionales y nulos» los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén tras los seísmos registrados.

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo confederal Ione Belarra calificó Castor como «un monumento al país de la corrupción, del ladrillazo y de los contratos a dedo que nos dejó el PP», y saludó la posibilidad de dirimir responsabilidades políticas, «ahora que la Audiencia Nacional ha dicho que no hay responsabilidades penales». Belarra confió, además, en que pueda recuperarse la indemnización prevista en el contrato Castor a la concesionaria Escal UGS, controlada por la constructora ACS, y ha criticado que este contrato «se hizo para que lo ganara ACS, propiedad de Florentino Pérez».

Por otra parte, Compromís ha reclamado a PP, PSOE y Ciudadanos que “permitan depurar responsabilidades políticas derivadas desde el inicio de este proyecto”, momento desde el cual esta formación, sostiene su diputada Marta Sorlí Fresquet, advirtió de que «era una estafa para la ciudadanía y un proyecto peligroso para el medio ambiente«. «Por desgracia, los sucesivos gobiernos priorizan los intereses de las grandes empresas frente a los de nuestros pueblos y comarcas», critica Sorlí, que recuerda que la solicitud de una investigación se produjo al evidenciarse que «el concurso público fue redactado expresamente para adjudicar la concesión a Florentino Pérez».

Ciudadanos pide explicaciones a la ministra Ribera sobre «su papel en la planta Castor»

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Europa Press.- La diputada nacional de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Castellón, Sandra Julià, ha pedido «explicaciones» a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «sobre su papel en la planta Castor». La formación ha registrado una pregunta en el Congreso en la que cuestiona «por qué no figuran en la Declaración de Impacto Ambiental, de la que la ministra fue responsable, las medidas que se contemplaron para estudiar la sismicidad de la zona y el posible impacto de la puesta en marcha de la instalación».

La parlamentaria ha señalado que «desde Ciudadanos queremos conocer qué medidas plantea el Gobierno, una vez conocido el fallo del Tribunal Constitucional que acordó declarar inconstitucionales y nulos los artículos del decreto que establecían una indemnización para las empresas promotoras del proyecto Castor por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los seísmos registrados en la zona». Por ello la diputada de Ciudadanos lamenta que «el capitalismo de amiguetes y la irresponsabilidad de unos pocos hayan causado estragos no solo en el medioambiente sino también en los bolsillos de todos los españoles».

19 municipios de la Comunidad Valenciana renovarán su alumbrado público por otro de una mayor eficiencia energética

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EFE.– Un total de 19 municipios de la Comunidad Valenciana podrán renovar su alumbrado público por otro de alta eficiencia energética que permita una reducción de la factura energética, gracias al IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial). Entre los municipios beneficiados se hallan Agost y San Miguel De Salinas (Alicante); Artana, Barracas, Segorbe, El Toro y Villafranca Del Cid (Castellón); y Alfarp, Bellreguard, Carrícola, Corbera, Museros, Nàquera, La Pobla De Farnals, Polinyà De Xúquer, Riola, Venta Del Moro, Villargordo Del Cabriel y Xeresa (Valencia).

El programa, impulsado por la Consejería de Economía Sostenible y Trabajo de la Comunidad Valenciana, está dirigido a los municipios de menos de 20.000 habitantes que, generalmente, «no disponen de los medios técnicos ni de presupuesto suficiente para acometer este tipo de acciones», según indicó la Generalitat. IVACE Energía destinará un total de 2 millones de euros para la renovación del alumbrado, mediante la fórmula combinada de préstamo y subvención a fondo perdido para respaldar el 100% del coste de los proyectos de estos municipios.

La directora general del IVACE, Júlia Company, ha explicado que «esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a reducir la factura energética de los municipios y avanzar, al mismo tiempo, hacia un nuevo modelo energético más sostenible». Entre las medidas de ahorro y eficiencia energética se halla la sustitución de las luminarias por tecnología LED, de mayor eficiencia energética; así como la implantación de reguladores de flujo lumínico y de los encendidos y apagados de los puntos de luz, para adecuarlos por la noche a las necesidades de iluminación de las vías y así ahorrar el 45% de la energía consumida.

También se pretende incorporar relojes astronómicos ajustados a la hora solar para reducir el consumo y que permiten la programación diaria de encendido y apagado del alumbrado de acuerdo a la hora exacta de salida y puesta del sol. Según IVACE Energía, la renovación del alumbrado público en un pequeño municipio por uno eficiente con luminarias LED reduciría un 70% el consumo energético de alumbrado.

El PSOE ve «inaudito» que nadie del PP explique por qué se pagó la indemnización del almacén de gas Castor

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Europa Press.- La vicesecretaria general primera del PSOE en la provincia de Castellón, Ana Edo, considera «inaudito» que después de que el Tribunal Constitucional anulara la indemnización para las promotoras de Castor, «nadie de peso en el PP se haya atrevido a dar la cara» y a explicar qué «extraños motivos» movieron al Gobierno de Mariano Rajoy y el PP «a pagar una indemnización de 1.350,7 millones de euros a Florentino Pérez con nocturnidad, opacidad y alevosía».

Edo cree «que deben ser los actores principales del PP los que expliquen qué hubo detrás de la celeridad con la que Rajoy llenó la caja del señor Florentino Pérez». «Nos parece que en aquella decisión del Gobierno hubo gato encerrado, porque de lo contrario no se entienden las prisas de Rajoy», ha señalado Edo, a quien le parece que «ya es hora» de que los presidentes del PP en la Comunidad Valenciana y del PP de la provincia de Castellón, Isabel Bonig y Miguel Barrachina, respectivamente, «den la cara».

Edo cree que una vez que se produjeron los terremotos, «se debería haber impuesto la cordura». Según ha dicho, «lo lógico era analizar lo que había ocurrido y, una vez que se tuvieran todos los datos encima de la mesa, adoptar las medidas que fuera menester, atendiendo a la realidad económica, social y judicial del momento». «Lo que no tiene ninguna lógica», según la socialista, es que «por su cuenta y riesgo, Rajoy decidiera que los españoles pagaríamos de nuestro bolsillo 1.350,7 millones de euros».

«Menos mal que el hoy presidente de la Generalitat, Ximo Puig, instó al grupo socialista en el Congreso a presentar un recurso que ahora ha dado sus frutos», ha añadido. En este sentido, ha recordado que el Tribunal Constitucional ha anulado el pago de la indemnización», pero, subrayó, «lo que no se ha anulado es su culpa, la que le llevó a regalar 1.350,7 millones de euros a un grupo de empresas, mientras se aplicaba un salvaje programa de recortes».

Casi el 75% de los contadores eléctricos ya eran inteligentes al acabar 2016, un 5% más de los previstos

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Europa Press.- Un 74,5% de los contadores de la luz ya eran inteligentes, es decir, con capacidad de medida y telegestión efectivamente integrados en la red en diciembre de 2016 casi un 5% más del ritmo previsto en los objetivos de implantación, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En concreto, el número total de los equipos con capacidad de medida y telegestión alcanzó los 23 millones, de los que más de 21 millones se encontraban efectivamente integrados y operativos. El número total de contadores asciende a unos 28,2 millones. Estas cifras constatan el buen ritmo de introducción de los contadores inteligentes, un proceso que, al ser técnicamente complicado, hizo que en la normativa se estableciera para las compañías un ritmo gradual de sustitución.

A cierre de 2014, un 35% del total del parque de contadores de hasta 15 kilovatios (kW) de potencia contratada debía estar sustituido. Esta cifra se ampliaba entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 hasta un 35% adicional, y entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, el 30% restante. Así, según los datos de la CNMC, se ha sobrepasado en casi cinco puntos porcentuales el hito exigido de sustitución de contadores para el cierre de 2016.

Por provincias, Cuenca y Melilla fueron las zonas donde se sustituyó un menor número de contadores, mientras que Salamanca y Castellón fueron las provincias con mayor grado de implantación del plan de sustitución. A finales de 2016, Cuenca fue la única provincia española que no alcanzó el 70% de contadores sustituidos, con sólo un 61%. En esta provincia distribuyen energía eléctrica siete empresas diferentes, aunque el 95% del mercado se concentra en tres de ellas.

La sustitución de los contadores tradicionales por los inteligentes permite realizar la facturación considerando los valores horarios de consumo. A este respecto, la CNMC recuerda que las distribuidoras deben facilitar al consumidor los datos de la medida horaria para la facturación y hacerlos accesibles a través de su web. Las curvas de carga horarias emitidas por las distribuidoras de más de 100.000 clientes cuentan con un 93% de datos reales, siendo estimados el 7% restante. Las distribuidoras con menos de 100.000 clientes tienen más problemas tienen para obtener lecturas reales.

La refinería de BP en Castellón inicia su parada técnica programada hasta finales de noviembre para incrementar su eficiencia

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EFE.– BP Oil España ha iniciado la parada técnica programada de la refinería de Castellón que durará 44 días y en la que trabajarán 3.000 personas, según indicaron fuentes de la empresa británica. Durante la parada se inspeccionarán las diversas unidades y equipos de la planta con el objetivo de implantar los últimos avances tecnológicos e incrementar la eficiencia de los procesos.

Durante los aproximadamente 44 días que durará la parada, se interrumpirá de modo gradual y temporal el funcionamiento de casi todas las unidades de la refinería, ya que estos trabajos sólo pueden realizarse cuando las unidades están fuera de servicio. La compañía realizará una revisión a fondo con el fin de garantizar la operatividad de la planta hasta la siguiente intervención. Esta puesta a punto de la refinería tendrá un gran impacto en la economía local, ya que además del personal de la planta, que cuenta con 476 trabajadores y 662 contratistas en su operación rutinaria, BP contrató a más de 30 empresas auxiliares, la mayoría de la provincia, que complementan los equipos de mantenimiento.

La alta complejidad de las unidades ha exigido un amplio trabajo previo de planificación y programación de protocolos adicionales de seguridad. En los últimos 14 años, BP ha destinado algo más de 1.000 millones de euros a la mejora de sus procesos e instalaciones, en proyectos de expansión y modernización, con más de 200 millones destinados a proyectos y mejoras medioambientales. Con 50 años de actividad, BP es actualmente la segunda empresa con mayor facturación de la Comunidad Valenciana y la primera de la provincia de Castellón.  La refinería suministra el 85% de la demanda de combustibles de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

El Rey apoya con su presencia la conmemoración del 50º aniversario de la refinería de la británica BP en Castellón

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Europa Press.- El Rey Felipe VI presidió el acto institucional conmemorativo del 50 aniversario de la refinería de BP en Castellón, durante el cual recorrió las instalaciones, en la que supone la primera visita que hace a Castellón como Jefe de Estado.

Felipe VI ha conocido el proyecto empresarial de BP y la «fuerte» apuesta del grupo por esta refinería. Así, acompañado por la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, el Rey fue recibido por el presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig; el presidente de BP España, Luis Aires; el director ejecutivo de Downstream de BP, Tufan Erginbilgic; y el director de la refinería, José Luis García Galera, entre otros.

Posteriormente, el Rey ha accedido al interior del edificio donde, a través de una exposición gráfica, se le explicó la presencia de BP en el mundo, sus planes de futuro y el papel que BP ha desempeñado en España, haciendo especial énfasis en el «compromiso» del grupo y su apuesta de crecimiento en este país. Felipe VI conoció el funcionamiento de la refinería, algunos de los hitos más relevantes conseguidos a lo largo de estos 50 años, así como su valor estratégico y socioeconómico actual. Tras la exposición, el Rey visitó la sala de control, centro neurálgico de la refinería y desde la que se controla la operativa y todos los procesos de la planta.

El presidente de BP España, Luis Aires, ha destacado la importancia de la refinería «para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos». Aires, que destacó que el desarrollo del Puerto de Castellón está muy ligado a la actividad de BP «ya que generamos un tráfico portuario medio de un barco cada dos días», también ha recalcado que la refinería ha aplicado la ciencia y la tecnología para desarrollar productos «cada vez más respetuosos con el medio ambiente y hemos sido pioneros en desarrollar gasolinas más limpias y eficientes, pues producimos biocombustibles de última generación».

«BP es una empresa comprometida con el desarrollo sostenible y vamos a jugar un papel clave en la transición energética hacia un mundo con bajo contenido de carbono», ha añadido. Finalmente, Aires reconoció que «la refinería aporta, pero también recibe mucho de la Comunidad Valenciana, y ha destacado que las personas que trabajan en ella «la sienten como algo propio y eso es parte del secreto de su éxito». Según indicó, «un entorno abierto a las ideas, que busca la excelencia, que respeta a las personas, que fomenta el trabajo en equipo y que, por encima de todo, tiene en la seguridad la principal prioridad son los valores de BP».

La refinería de BP en Castellón opera desde 1967 y suministra el 85% de la demanda de combustibles de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares. Su actividad está clasificada por el Estado como estratégica a nivel nacional. En la actualidad, cuenta con una capacidad de procesamiento de crudo de 110.000 barriles diarios, equivalente a 6 millones de toneladas al año. Respecto a los productos finales, más del 56% es gasóleo, casi el 28% gasolina, un 7% coque, un 5% queroseno y algo más del 3% son gases licuados.

BP cuanta con 100 estaciones de servicio en la Comunidad Valenciana y la refinería contribuye a la hacienda local con alrededor de 4 millones de euros al año en impuestos municipales. A nivel laboral, cuenta con casi 500 empleados, más de 660 contratistas y genera unos 2.000 empleos indirectos. En los últimos 15 años, BP ha destinado más de 1.170 millones de euros a la mejora de los procesamientos e instalaciones, proyectos de expansión y modernización de la refinería, de los que destaca la construcción de la unidad de coquización retardada, los nuevos atraques en el puerto de Castellón y una nueva torre de vacío.

Investigadores españoles de la Universidad Politécnica de Madrid también confirman que hubo sismicidad inducida por el almacén de gas Castor

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Europa Press.- Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han presentado un estudio que confirma que hubo sismicidad inducida en el proyecto Castor. El estudio relata que, en septiembre de 2013, cuando comenzaron las operaciones de inyección en la plataforma de gas Castor, situada a 22 kilómetros de la costa de Castellón, empezaron a registrarse en la zona centenares de terremotos alcanzando una intensidad de III en la escala EMS98. Esto provocó, según recuerda la investigación, que las operaciones se paralizaran.

Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con la Universidad Federico II de Nápoles, ha confirmado que las operaciones de inyección desencadenaron la ocurrencia de sismos en las proximidades de la plataforma. El trabajo refuerza las aportaciones realizadas el pasado mes de mayo por el MIT y la Universidad de Harvard, que relacionaron los temblores con la inyección del gas.

«El inicio de las operaciones de inyección de gas vino acompañado de un notable aumento de la tasa de sismos en las proximidades del almacén submarino, que se situaba en una zona con baja sismicidad de la Comunidad Valenciana», explican las investigadoras del Grupo de Investigación en Ingeniería Sísmica de la ETSI de Topografía, Geodesia y Cartografía de la UPM, Sandra Ruiz y Belén Benito. El objetivo del trabajo fue identificar variaciones en diferentes parámetros sísmicos que permiten describir la sismicidad antes y después de la inyección de gas, así como los cambios que esta inyección pudo causar en el patrón sísmico en la zona.

Como resultado del trabajo, los expertos de la UPM y la Universidad Federico II de Nápoles descubrieron que existen evidencias claras de cambios en el patrón de sismicidad antes y después de la inyección de gas, identificándose dos grupos de temblores con orígenes distintos. «Nuestro trabajo muestra que la primera parte de la serie sísmica está directamente relacionada con los esfuerzos inducidos por las operaciones de inyección en la plataforma Castor (sismicidad inducida). No obstante, la segunda parte de la serie se asocia a la posible activación de una falla próxima debido a los cambios de esfuerzos locales como consecuencia del aumento de la presión de poros (sismicidad disparada)», relatan las investigadoras de la UPM.

El valor de los resultados obtenidos por los investigadores, que utilizaron para su estudio datos públicos registrados por la red sísmica del Instituto Geográfico Nacional, radica en que pueden ser usados como indicadores para monitorizar en el futuro la evolución de una serie sísmica y detectar posibles cambios de «sismicidad inducida» hacia «sismicidad disparada» de origen tectónico. «El análisis estadístico de la variación temporal de los sismos que se registren durante operaciones de inyección o extracción de fluidos puede ayudar a identificar rápidamente anomalías en la tasa de ocurrencia de sismos y en la distribución de magnitudes y detectar así posible reactivación de fallas próximas que puedan generar sismos de mayor magnitud«, explican las investigadoras.