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Les Coves de Vinromà protagoniza el Día del Viento al recibir el Premio a la Integración Rural de la Eólica

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Redacción.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) se ha trasladado este jueves a Les Coves de Vinromà (Castellón), municipio que recibió el VI Premio a la Integración de la Eólica que otorga esta patronal anualmente, para celebrar el Día Mundial del Viento.

El presidente de AEE, Juan Diego Díaz, ha destacado en su discurso que “el jurado del premio ha valorado cómo la llegada de la industria eólica ha mejorado la vida de los vecinos de Les Coves, y cómo Les Coves ha sabido hacer buen uso de esta circunstancia para mejorar la vida de sus vecinos”. Añadió que “fábricas como la de Les Coves hacen realidad que España sea el cuarto exportador de aerogeneradores del mundo y que año a año exporte tecnología de vanguardia por unos 3.000 millones de euros.”.

La alcaldesa de Les Coves de Vinromà, Mónica Nos, ha agradecido el premio a AEE y ha señalado que “este reconocimiento nos empuja a  seguir trabajando en favor de la energía eólica, una industria que ha significado futuro y empleo para Les Coves de Vinromà. Desde luego, las administraciones tenemos la obligación de unir esfuerzos con empresas como LM Wind Power (empresa propietaria de la fábrica), capaces de crear más de 500 puestos de trabajo y de diversificar el tejido productivo de un entorno rural”.

Adolf Sanmartín, director territorial de la Generalitat en Castellón, destacó que desde el Gobierno »tenemos que hacer esfuerzos para cortar la sangría demográfica en los municipios rurales del interior y aquí tenemos un gran ejemplo: si no hay capacidad de generar empleo, difícilmente se va a conseguir». En el acto de entrega del premio, al que asistieron además numerosos vecinos del municipio, se proyectó el vídeo que AEE ha dedicado a Les Coves. Anteriormente, los invitados tuvieron ocasión de visitar la fábrica, que cumple ya 10 años en la localidad.

Les Coves de Vinromá, un municipio de unos 2.000 habitantes cuya actividad económica ha sido históricamente agraria y ganadera, se vio muy golpeado por la última crisis económica debido al cierre de las fábricas que había hasta entonces, con la consiguiente inmigración hacia las ciudades. En 2007, la empresa LM Wind Power instaló allí una fábrica de palas eólicas, lo que dio un respiro al municipio al crear empleo de forma paulatina. Actualmente la planta da trabajo a 566 personas, de las que 86 son vecinos de Les Coves y el resto de localidades limítrofes.

Desde la construcción de la fábrica, que fue posteriormente ampliada, su colaboración con el ayuntamiento ha sido constante, tanto para adecuar la infraestructura de la zona (el transporte de palas es complejo), como para mejorar la vida de los ciudadanos (organización de actividades deportivas, puesta en marcha de servicios para la conciliación familiar de los trabajadores de la fábrica…). Destaca un proyecto de formación para futuros empleados de la fábrica, que supone una oportunidad para los jóvenes de la localidad de desarrollar su carrera profesional en el sector eólico y seguir viviendo en la región.

En la actualidad en la fábrica de LM Wind Power se construye una de las palas de aerogenerador más grandes del mundo, de 73,5 metros de longitud. Desde allí se exporta a través del Puerto de Castellón con dirección a los parques eólicos marinos del Mar del Norte. De este modo, el municipio es escenario también de la I+D eólica.

La provincia de Castellón tiene un total de 586,55 MW de potencia eólica instalada repartidos en 16 parques. La Comunidad Valenciana cuenta con 1.189 MW y 38 parques eólicos. Es la séptima comunidad autónoma con más potencia eólica instalada en su territorio y representa el 5,17% del total en España. La fábrica de Les Coves de Vinromá es uno de los 210 centros de fabricación eólicos de España que, al estar situados en 16 de las 17 comunidades autónomas, suponen un importante efecto tractor para las economías locales y autonómicas.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) es la voz del sector eólico en España. Con cerca de 200 empresas asociadas, representa al 90% del sector en España, promueve el uso de la energía eólica, representa y defiende los intereses del sector. Desde 2012 concede el Premio Eolo a la Integración Rural de la Eólica a aquellos municipios que han sabido aprovechar las posibilidades que ofrece el sector. Hasta la fecha, los ganadores han sido Lubián (Zamora), Xermade (Lugo), Fuendetodos (Zaragoza), Falces (Navarra) y Medina Sidonia (Cádiz).

Compromís, Podemos, Esquerra Republicana y PDeCAT exigen en el Senado una comisión de investigación sobre el almacén de gas Castor

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Europa Press / EFE.- El senador de Compromís Jordi Navarrete presentó una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el almacenamiento de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), con el objetivo de aclarar las responsabilidades, de poner el «foco de atención informativo para que la ciudadanía esté informada de forma clara, abierta y transparente» de lo que ocurrió. Así se ha expresado el senador, que busca clarificar el procedimiento seguido en la tramitación administrativa del proyecto energético Castor.

La solicitud se ha registrado después de que el informe encargado por el Gobierno al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard concluyera que los terremotos registrados en 2013 se debieron a la inyección de gas en el almacén. Los senadores pretenden que se investiguen y depuren las responsabilidades de los que autorizaron y aprobaron la puesta en funcionamiento del Castor, en la que participaron los gobiernos del PSOE y del PP. Estos grupos también piden que la comisión de investigación fije un calendario para el desmantelamiento de las instalaciones que se hicieron para el proyecto.

El parlamentario de Compromís, promotor de esta iniciativa que ha recabado los apoyos de ERC, Podemos y PDeCAT, ha criticado que el proyecto Castor está «lleno de irregularidades, de sobrecostes y de mala gestión». Además, ha defendido que es el momento de que el PP y el PSOE tomen una posición al respecto. «Es el momento de saber donde están las responsabilidades y de saber qué normas tenemos que ponernos para que en otras circunstancias no se produzcan estas actuaciones», ha argumentado Navarrete, para el que Castor fue un «fiasco económico». «La ciudadanía necesita saber por qué hemos tenido que repercutir en la factura del gas de todos los españoles el gasto de una infamia de un proyecto faraónico», sentenció.

Aclarar el proceso de licitación

Por su parte, el senador de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Miquel Aubà explicó que su formación apoya la petición de Compromís ante la necesidad de que «se aclare cómo fue la cuestión, todo el proceso» de un proyecto que «desde el minuto cero fue un desastre, un error de construcción y económico«. Según ha defendido Aubà, «todos» los españoles van a pagar el coste del proyecto «a través de la factura del gas«. «La ciudadanía se merece una explicación clara y contundente de por qué va a pagar», concluyó. Además, ERC ha pedido la comparecencia en el Senado del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que informe sobre el frustrado almacén Castor que el Gobierno ha decidido mantener hibernado.

En esta línea, el parlamentario del PDeCAT Josep Lluis Cleries ha argumentado su apoyo a la comisión de investigación porque «se han producido una serie de irregularidades difíciles de entender». «Es bueno que en sede parlamentaria se den las explicaciones oportunas», ha indicado, al tiempo que ha abogado por poner «negro sobre blanco» lo que ha sucedido. Ante los sobrecostes del proyecto, Cleries ha defendido que cuando una compañía privada hace una inversión de este tipo «es esta empresa la que arriesga a costa de los beneficios que ha obtenido».

Desde Podemos, la senadora alicantina Vicenta Jiménez, ha asegurado que hay «motivos más que suficientes para exigir que la comisión de investigación» salga adelante porque la ciudadanía «debe conocer cómo, porqué y quiénes son los responsables» de llevar a cabo un proyecto con «la oposición ciudadana». Por su parte, la senadora catalana María Freixanet ha puesto de manifiesto que el proyecto «ha estado impugnado por la sociedad civil desde el momento cero» y que ha tenido informes técnicos y medioambientales en su contra también desde el inicio. «Se está tratando de una verdadera chapuza, un pelotazo económico permitido y avalado desde el Estado», ha subrayado.

Podemos y Compromís ya registraron en el Congreso de los Diputados otra petición de creación de una comisión de investigación sobre el almacén Castor para esclarecer las responsabilidades del caso y recuperar el dinero de las indemnizaciones, por ser un proyecto «negligente». La instalación dejó de almacenar gas en septiembre de 2013 tras registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona. El almacenamiento fue construido por la sociedad Escal UGS, controlada por la constructora ACS, que renunció a la concesión y recibió una indemnización de 1.350 millones de euros. En marzo de 2016, Enagás culminó el proceso de hibernación (cierre temporal) del almacenamiento con el doble sellado de los pozos.

Compromís buscará el apoyo de Europa para conseguir el desmantelamiento del almacén Castor tras los informes del MIT

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Europa Press.- Compromís buscará el apoyo de Europa para conseguir el cierre del almacén Castor, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), tras las conclusiones del informe realizado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) que apunta que las operaciones de inyección de gas realizadas en el almacén en 2013 provocaron «terremotos en una zona activa de la falla de Amposta que han generado su desestabilización».

El portavoz de Compromís en el Parlamento Europeo, Jordi Sebastià, ha insistido en que esta instalación es «un riesgo» para los ciudadanos y el entorno de la zona donde se ubica como así lo demuestra el informe del MIT que señala que «es un peligro y recomienda su cierre», ha puntualizado. Asimismo, ha remarcado que el documento «avala» sus peticiones y pone de manifiesto la necesidad de «iniciar el proceso de desmantelamiento, con todas las garantías de seguridad necesarias», para lo que ve necesario «una implicación de las instituciones europeas, dada la magnitud del problema y la singularidad del mismo».

«Sabemos de las presiones que se cuecen en el palco del Bernabéu, pero este informe debería servir para que el Gobierno de Rajoy abandone definitivamente proyectos como el fracking«, ha remarcado Sebastià. Desde Compromís han recordado que ya solicitaron la investigación sobre el problema que suponía el almacén de Castor por los efectos que tenía y que, según el informe, «podía propiciar seísmos de hasta 6,8 grados», ha puntualizado. Por ello, ha reivindicado la implicación de Europa en este tipo de proyectos que «atentan contra la seguridad de los ciudadanos y de su entorno». «No se pueden consentir que presiones e intereses personales pongan en peligro el bienestar de miles de personas», ha zanjado Sebastià.

Nadal cree que el Gobierno socialista sobredimensionó el almacén Castor y que «lo ideal» es desmantelarlo porque “nunca debió existir”

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha puesto en duda la necesidad del proyecto del almacén de gas Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón), que se planificó en 2006 con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y se puso en funcionamiento en 2013,»porque una vez construido había que cumplir el contrato», pero, en opinión del actual ministro, «estaba probablemente muy sobredimensionado para las necesidades gasísticas» de España y «nunca debió existir».

Nadal ha recordado que en 2013, tras inyectar el gas colchón, comenzaron unos días más tarde seísmos, de hasta 4,3 magnitud Richter, en toda la zona, especialmente en el norte de Castellón y sur de Tarragona, y ha admitido que «siempre hubo la pregunta de qué es lo que ocasionó los seísmos y si tenían que ver con Castor», una relación que el informe realizado durante 18 meses por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard ha confirmado e incluso advierte de que podrían ser mayores.

El ministro confirmó que «no hay ningún interés» en tener una instalación que no se podrá utilizar porque el riesgo es «muy alto» en términos de sismología por la posibilidad de provocar terremotos. «Es evidente que un Gobierno que tiene que actuar con prudencia y que en su día tomó la decisión de dejar de inyectar gas, ahora mismo no vamos a reutilizar la planta porque existen estos riesgos», apostilló.

Por ello, «lo ideal en un futuro», en su opinión, es poder desmantelarla porque «no tiene ningún sentido» una plataforma en medio del mar que «no sirve para nada» y «porque nunca debió existir». Sin embargo, ha insistido en que se debe hacer «con mucho cuidado», de modo que hay que hacer estudios «adecuados» y «ver la mejor manera de hacerlo». En todo caso, subrayó que «hay tiempo» porque el informe concluye que la situación «ahora» es «de total estabilidad».

Nadal se pronuncia así sobre el informe que el Gobierno, tras un decreto de 2014, solicitó a estas instituciones académicas por ser las mejores que «existen en el mundo sobre estas cuestiones» para conocer lo ocurrido, después de hacerlo dos instituciones españolas, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Geológico Nacional (IGN), de cuyos técnicos ha dicho que «son muy buenos» y sus informes también, pero ha justificado que se recurriera a estas entidades estadounidenses por la metodología «única» que utilizan.

Nadal explicó que esta técnica integra la aproximación sismológica, la geológica y el análisis técnico de ingeniería y cuando se hicieron los análisis parciales (españoles), cada uno daba datos que «en algunos casos parecen contradictorios». Con el nuevo estudio, asegura que «elimina sustancialmente» estas contradicciones y tiene «mayor capacidad» de explicar lo que ha sucedido. Por ello, ve «muy conveniente» que se utilice esta metodología y tecnología «muy sofisticada» en el futuro porque ha permitido esclarecer «muchísimo» lo que ocurrió.

Nadal señala que Castor se desmantelará «cuando se pueda garantizar la seguridad” mientras el PP culpa a Zapatero

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Europa Press.- El diputado nacional del PP por Castellón, Miguel Barrachina, asegura que las disculpas del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a Vinaròs por el almacén Castor «se quedaron cortas» tras el informe por el que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha señalado que el almacén no se reabrirá y que su desmantelamiento se producirá tras la elaboración de «muchos estudios» que permitan a su departamento tener «las garantías» de que esta decisión «no va a suponer ningún problema».

«Cuando se pueda hacer se hará», fue la respuesta de Nadal sobre el desmantelamiento del proyecto Castor. Según ha explicado, el informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y a la Universidad de Harvard relaciona la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de terremotos y reconoce que la decisión del Gobierno de parar la actividad de la plataforma fue la correcta. Actualmente, según dicen los expertos, la situación es estable.

Aprovechando esta estabilidad, Industria encargará nuevos informes para determinar el futuro de Castor, según indicó Nadal. Y es que, igual que existe un riesgo para la zona con la inyección de gas, también lo existe a la hora de desmantelar el proyecto. «Es como si inflamos un globo que ha tocado unos cimientos, si luego se desinfla, que es lo que ocurriría con el desmantelamiento, también podría mover los cimientos, así que habría que hacerlo con prudencia y seguridad», explicó.

El MIT, “la mejor técnica”

Otra de las novedades que aparecen en el informe del MIT es que la falla que se pensaba afectada hasta ahora no es la que ocasionó los problemas, sino otra que está muy cercana: la falla de Amposta. Por este motivo, el Ejecutivo también «deberá hacer estudios de todo tipo, técnicos y geológicos, para ver cómo se hace con el futuro con esta instalación» que, para Nadal, «está claro que no puede volver a funcionar».

Finalmente, Nadal apunta que desde el MIT se ha reconocido la buena labor de los técnicos del Ejecutivo, tanto antes como después de la puesta en marcha de la plataforma aunque señalan que estas instalaciones tan complejas requieren un estadio de desarrollo tecnológico superior al que es obligatorio actualmente. Por eso llaman a incluir un trabajo como el que ellos realizan a partir de ahora. Concretamente, ha explicado que este centro tiene «la mejor técnica que existe a nivel mundial» porque unen tres tipos simultáneamente: la técnica de los sismólogos, la de los geólogos y las de los ingenieros. «Por eso el Gobierno eligió este sitio, porque se sabía que tenían las técnicas más avanzadas a nivel mundial», ha concluido.

El PP recuerda a Zapatero

Por su parte, el diputado popular Miguel Barrachina ha recordado que el expresidente socialista Zapatero hizo una visita a Vinaròs en la que aprovechó «para pedir perdón pero, después del informe de los expertos del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) es evidente que aquellas disculpas se quedan cortas«. Según considera, el «contundente» informe muestra el «grave error» que los socialistas cometieron cuando impusieron el Castor en Vinaròs «y que ha acabado por ser un desastre que debemos pagar entre todos en nuestros recibos del gas».

Asimismo, el PP ha pedido celeridad a la justicia, «ya que hay 18 altos cargos, todos del PSOE, imputados por este atropello a los intereses de los consumidores y que además ha sido toda una agresión a la provincia de Castellón». El PP ha recordado que el almacén fue impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, quien fijó una compensación a la empresa en caso de que no se llevara a cabo de 1.300 millones, así como otras compensaciones incluidas en un real decreto del PSOE.

El Gobierno del PP dejó en hibernación el almacén y «defendió» los derechos de los consumidores al recurrir a los tribunales para evitar la indemnización en 2012, nada más entrar en el Gobierno y, además, con una orden ministerial del mismo año «inició un procedimiento de urgencia para la Declaración de Lesividad del artículo 14 del Consejo de Ministros de 2008, que fue cuando se fijó la indemnización para la empresa», ha añadido el partido, que ha añadido que «gracias al PP se han conseguido reducir los intereses y gastos financieros de esta decisión del PSOE, se ha ampliado el periodo de amortización y se ha garantizado que no se van a extinguir las responsabilidades».

«Tal y como ha defendido el PP en la comisión de Industria, ahora mismo se está investigando qué pasó, mientras el PP busca garantizar que se cumpla la Ley, a la vez que trabaja por reducir el coste de esta hipoteca socialista», ha apuntado Barrachina. No obstante, el diputado ha recordado que el Tribunal Supremo no aceptó la queja del PP «al haber firmado el Gobierno socialista esta compensación para la empresa, lo que ha supuesto una herencia envenenada para los consumidores de toda España». Barrachina ha sentenciado que Castor “fue una apuesta de los socialistas que ahora pagamos todos».

Volver a inyectar gas en Castor podría provocar terremotos de hasta 6,8, según el informe del MIT y de Harvard

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Europa Press.- Reanudar las operaciones de inyección de gas en el almacén Castor que fueron paralizadas en 2013, por los terremotos que se produjeron en la zona de Vinaroz (Castellón), aumentaría de nuevo la actividad sísmica y podría provocar terremotos «incluso mayores», de una magnitud hasta 6,8, según concluye un estudio encargado por el Gobierno al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard.

El análisis, realizado a lo largo de 18 meses con un coste de 600.000 euros, concluye que las operaciones de inyección de gas durante el verano de 2013 en el almacén de gas de Castor, provocaron terremotos en una zona activa de la falla de Amposta que han generado su desestabilización, de modo que si se vuelve a introducir gas, podría volver a aumentar la actividad sísmica en la zona de manera «incluso mayor«, según el informe. Tras conocerse su contenido, el Ministerio de Energía ha decidido no volver a reabrir el almacén de gas Castor y, una vez analizado el informe, encargará estudios de ingeniería y, posteriormente, de viabilidad económica, para acometer su desmantelamiento.

Entre las conclusiones del informe los profesores Rubén Juanes (MIT) y John H. Shaw, de la Universidad de Harvard, han destacado que hay un «riesgo elevado» de que vuelva a aumentar la actividad sísmica en caso de reanudar las operaciones de gas en el almacenamiento de Castor, porque la sismicidad ocurrida ha acercado varios elementos de la falla de Amposta a ser «menos estable de lo que era originalmente». Además, han explicado que con estos antecedentes de ocurrencia y sismicidad, en la actualidad hay mayor probabilidad de que se produzca un terremoto en la zona y que podría llegar a ser de una magnitud «mucho más elevada», de hasta 6,8.

Sin embargo, los responsables del informe han concluido también que con los estándares exigidos a la industria en el momento de acometer aquellas operaciones «difícilmente se habría podido predecir el aumento de la actividad sísmica», al tiempo que han reclamado que en el futuro se realicen este tipo de estudios que integran la geología, la geofísica y la geomecánica. Juanes ha señalado que la sismicidad ocurrida acercó varios elementos de la falla de Amposta a ser «menos estable» de lo que era antes de las operaciones de inyección de gas por lo que han llegado a la conclusión de que este sistema de fallas ha sido desestabilizada por los terremotos.

Juanes ha indicado que, en todo caso, la actividad sísmica actual en la zona ha vuelto a las mismas tasas anteriores a septiembre de 2013. A nivel técnico, Juanes ha precisado que la inyección de gas provocó una desestabilización de la falla de Amposta y de las ramificaciones que ahora se ha descubierto que están activas «en el bloque colgante de la falla». Así, ha apuntado que una tasa de inyección menor provoca una tasa de desestabilización menor pero que, tras analizar el ciclo completo de inyección de gas y recuperación, han advertido de que la desestabilización sísmica sería «mayor a la que se provocó en 2013, en el orden de un factor de dos».

Por su parte, el profesor de la Universidad de Harvard, John H. Shaw, ha sido más contundente al afirmar que reanudar las operaciones «agravaría el estrés de la falla» y que «habría riesgo elevado» porque se desestabilizó por las inyecciones de gas, independientemente del volumen de inyección, la tasa de inyección o el volumen del pozo. Juanes ha defendido que este estudio realizado post mortem, a partir de un encargo del Gobierno exigido a través del real decreto ley de 2014, integra la sismología estructural, la geología y la geomecánica y ha pedido nuevos estándares a la hora de evaluar los riesgos sísmicos antes de operaciones de este tipo, sobre todo en áreas tectónicamente activas.

Una vez conocidas las conclusiones y recomendaciones del estudio en el que han participado siete investigadores de ambas instituciones académicas, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha subrayado que el documento confirma que la decisión del Gobierno en 2013 de paralizar la actividad fue acertada de cara a garantizar la seguridad de los ciudadanos. En cuanto al posible dolo o negligencia de la promotora de Castor, Escal-UGS, ha señalado que el Gobierno remitirá este estudio a los juzgados que dirimen esta cuestión para que analicen «con cautela» las conclusiones, que son «muy contundentes».

Navia ha afirmado que «es muy difícil definir un estándar de operatividad del almacén que permita reanudarlo con seguridad, por lo que «no hay ningún elemento en este informe» que lleve a replantearse la reapertura de Castor, que «va a seguir hibernando». El siguiente paso, según ha dicho, será encargar un estudio de ingeniería y posteriormente de viabilidad económica de cara a desmantelar la instalación, con la prioridad puesta en la seguridad de las personas y del medio ambiente. Navia ha concluido que «queda claro» que «no era fácilmente previsible, con un estándar de rigor razonable, que en Castor ocurriera lo que finalmente ha pasado».

6 detenidos por perforar oleoductos para robar unos 200.000 litros de gasolina y gasóleo

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Servimedia / EFE.- La Guardia Civil ha detenido a 6 personas en Huelva, Cádiz, Sevilla y Valencia por perforar oleoductos para robar unos 200.000 litros de gasolina y gasóleo, operaciones en las que han causado daños que podrían alcanzar los 7 millones de euros. Según fuentes policiales, la operación Collarín se inició en octubre del 2016, cuando la Guardia Civil detectó que se estaban realizando extracciones de forma ilícita de combustible en un oleoducto de la provincia de Castellón.

Los agentes pudieron comprobar la existencia de un grupo de personas que estaban realizando extracciones de gasolina y gasóleo, por lo que se estableció un dispositivo de seguimientos y control. Fruto de ello, los agentes procedieron a la detención de 6 personas, de entre 36 y 53 años, a los que se les imputan delitos de robo con fuerza, pertenencia a grupo criminal y estragos.

Igualmente, se estima que los daños causados podrían alcanzar un valor de 7 millones de euros, ya que habían ideado un método muy sofisticado para sustraer el gasóleo y la gasolina. Esta práctica suponía un alto riesgo para la seguridad pública ya que para tener acceso al combustible perforaban el tubo transportador, por lo que podía haber ocasionado una gran explosión, así como un riesgo medioambiental producido por el derrame de combustible. Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia) que ha decretado el secreto de las actuaciones.

El juez del caso Castor ordena a las dos acusaciones particulares actuar bajo el mismo abogado

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Europa Press / EFE.- El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaroz (Castellón), que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas frentes a la costa castellonense, ha ordenado a las dos acusaciones particulares personadas en la causa que actúen bajo la misma dirección letrada, según comunicó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El instructor determinó que sea el abogado que representa a la primera afectada que se personó en la causa la que defienda los intereses de otros dos particulares personados tras expirar el plazo de 10 días otorgado por la Audiencia de Castellón para que se pusieran de acuerdo y designaran una sola defensa. El juez elige a dicho abogado porque su cliente fue la primera que se personó en el procedimiento y para evitar que la falta de acuerdo entre las acusaciones dilate el procedimiento.

A este respecto, el auto señala que, basándose en un «criterio objetivo y estrictamente temporal se acuerda, de conformidad con el artículo 113 de la LECRIM, que ambas acusaciones particulares actúen bajo la misma representación y dirección letrada». En noviembre el instructor acordó la personación de las acusaciones particulares que lo solicitaron, pero unificadas bajo una misma dirección letrada. Las partes recurrieron esta decisión a la Audiencia Provincial, quien estimó parcialmente su petición y acordó que fueran las mismas partes quienes designaran a su representante.

Los afectados de Castor piden 1.000 millones de fianza para indemnizaciones

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EFE.- La Asociación de Afectados por la Plataforma Castor (Aplaca) ha pedido más de mil millones de euros en concepto de fianza a los investigados como presuntos responsables de los seísmos supuestamente derivados de la actividad de la planta de gas instalada frente a la costa de Vinaròs (Castellón).

Esta cifra, recogida en el escrito remitido por Aplaca al Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, es el resultado de multiplicar el número de potenciales afectados (86.284) por 12.000 euros, la suma provisionalmente estimada por el perjuicio sufrido por cada residente en la zona afectada por los seísmos.

El colectivo se constituyó en marzo para exigir indemnizaciones para los más de 86.000 perjudicados «material o moralmente» por el millar de terremotos que sacudió la costa norte de Castellón y sur de Tarragona en septiembre de 2013 y que fueron percibidos en media docena de localidades de ambas provincias.

La solicitud «tiene el objetivo de evitar una posible declaración de insolvencia de la promotora del proyecto y asegurar las futuras indemnizaciones a los afectados», según los abogados de Aplaca.

La asociación sostiene que el «temor, la angustia y la incertidumbre» sufrida a lo largo de todos estos años «es indemnizable», tal y como reconoció el Juzgado de Instrucción en una resolución dictada el 11 de febrero de 2016.

Recuerda que la promotora de la planta, Escal UGS, «es una sociedad meramente instrumental e indisolublemente asociada al proyecto Castor, por lo que cabe pensar que pronto pueda quedar vaciada patrimonialmente».

A este hecho hay que sumarle un reciente cambio de domicilio social, según consta en el Registro Mercantil, y que la empresa no disponga de página web, advierte la plataforma. «Ambos elementos son indiciarios de la deriva económico-patrimonial de la misma», sostienen las mismas fuentes.

En esta lista incluyen al Estado español, a la concesionaria Escal UGS; a las socias de la promotora, ACS Actividades de Construcción y Servicios y Castor Limited Partnership o CLP; y a Dundee Energy Limited, entidad de derecho canadiense, anteriormente denominada Eurogas Corporation, propietaria del 73,7 % de Castor Limited Partnership o CLP.

El juez del caso Castor amplía de 18 a 20 el número de investigados en la causa

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Europa Press.- El Juzgado de Instrucción de Vinaròs, que instruye el caso Castor, ha citado a declarar en calidad de investigados al exsubdirector general de Evaluación de Impacto Ambiental, Ángel Muñoz, y al director general de Escal UGS en el momento de los hechos, según comunicó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El juez responde así a la petición del Ministerio Fiscal, que solicitó estas nuevas diligencias, y amplía de 18 a 20 el número de investigados en la causa, abierta por presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas de Castellón. Los nuevos investigados están citados para el 30 y 31 de mayo. Además, el instructor ha citado a 13 testigos y a 5 peritos.

Entre los testigos, deberán declarar el presidente del Instituto Geológico y Minero de España, el presidente de la Plataforma en Defensa de las Tierras del Senia, el exdirector del Observatorio del Ebro y un técnico del Área de Proyectos de la Dirección General de Políticas Ambientales y de Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña. Entre otras diligencias, el juez ha pedido también a Escal-UGS que aporte la filiación y los cargos de los operarios que se encontraban en Castor durante la inyección de gas colchón.

Las diligencias sobre Castor, que ya superan los 13.000 folios, han sido declaradas causa compleja por el número de investigados, 18 anteriormente y 20 a partir de las nuevas citaciones, la complejidad de los delitos y el volumen de documentación susceptible de ser sometida a análisis periciales. La declaración de causa compleja, acordada por el instructor el pasado enero, permite ampliar el plazo de instrucción de 6 a 18 meses.