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Blanco (PSOE) plantea impedir desde la Unión Europea los cargos al autoconsumo con una regulación impulsada a nivel comunitario

Javier Angulo / Bruselas.- El eurodiputado socialista y ponente de la directiva de energías renovables, José Blanco, ha avanzado que el Parlamento Europeo impulsará una regulación del autoconsumo que impida cargos como el denominado impuesto al sol (término rebatido recientemente por el Tribunal Supremo), en los que el autoproductor tiene que contribuir a los costes del sistema como las redes. Blanco propone que la energía autoconsumida no tenga que afrontar estos cargos, abonando el uso de las redes cuando se pretenda verter energía al sistema.

De todos modos hay que recordar que el papel de Blanco es el de conseguir que las fuerzas políticas representadas en el Parlamento Europeo fijen una posición desde la que negociar a lo largo de 2018 con la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Por tanto conviene subrayar que cualquier cambio regulatorio no será en el corto plazo ya que a nivel comunitario no entrarán en vigor hasta 2020. El 28 de noviembre se votarán en la Comisión de Energía 7 informes para definir el sector energético de Europa en la próxima década, entre ellos el informe sobre renovables de Blanco, aunque la postura del Parlamento no será definitiva hasta que se apruebe en pleno en la primavera del 2018.

En lo que respecta a los objetivos de Energía y Clima para 2030, la propuesta de Blanco es conseguir una cuota de renovables del 35% sobre el consumo de energía final, lo que supondría añadir más ambición a la propuesta inicial de la Comisión Europea, que fija esta meta en el 27%. Según Blanco, hay un mayoritario consenso en las instituciones europeas respecto a que el avance tecnológico ha dejado desfasada la cifra del 27% y desde el Parlamento Europeo han insistido a la Comisión para actualizar los datos de la inversión que supondría este avance hacia las renovables y la descarbonización de la economía. De hecho el comisario Miguel Arias Cañete ya ha hablado de un mínimo del 30%.

En este punto el eurodiputado socialista ha arremetido contra “la hipocresía de muchos Gobiernos, que aplauden los acuerdos de París sin poner en marcha la senda adecuada para cumplir esos objetivos”. Precisamente Blanco subrayó que el PP Europeo y países como España son los que están mostrando mayores reticencias a esta meta para 2030. “Un país con un gran potencial de renovables como es España no puede trabajar a la contra de este objetivo con las interconexiones como excusa”, subrayó Blanco, que tampoco quiso restar relevancia a las conexiones energéticas de la Península con Europa ya que desde el Parlamento Europeo se pretende fijar una meta del 15% de interconexión respecto a la potencia instalada del sistema eléctrico en 2030.

Por otro lado, en este encuentro con periodistas españoles y portugueses previo a la Conferencia de Energía que se celebra este martes en Bruselas, Blanco insistió en que los objetivos de Energía y Clima para 2030 deben mantener su carácter vinculante para los Estados miembros, no solo en lo que respecta al objetivo europeo sino también en los específicos de cada país, tal y como se fijaron para 2020, ya que es un instrumento “que ha funcionado bien”, propiciando un avance tecnológico que ha bajado considerablemente los costes de las energías renovables. “Renunciar a establecer objetivos vinculantes supondría introducir incertidumbre en el sistema”, aseveró Blanco.

El eurodiputado socialista ha avanzado que se pretenden introducir medidas para reforzar la seguridad jurídica para los inversores, evitando medidas que supongan perjuicios con carácter retroactivo. Blanco reconoció que se pretende introducir “clausulas de penalización” para los Estados miembros que incumplan lo establecido sobre retroactividad en las futuras directivas europeas, pero descartó cualquier opción de resarcir a los inversores afectados por medidas del pasado. En clave española denunció que los arbitrajes internacionales sí que van a resarcir a los inversores extranjeros por los recortes retributivos realizados a las renovables en la reforma eléctrica de 2013, por lo que demandó que “ante el mismo hecho, los tratamientos tienen que ser iguales pues, en caso contrario, se estaría consolidando una injusticia insoportable”.

En materia de las renovables en el transporte, Blanco defendió fijar un objetivo entre el 10% y el 12% de biocombustibles para 2030, aunque parece una meta más difícil de lograr por las reservas que expresa la izquierda europea y los sectores ecologistas hacia la sostenibilidad de los biocombustibles. En este sentido, la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, se mostró más partidaria de fijar objetivos sectoriales que cifró en un 9% de renovables en el transporte por carretera y de un 6,8% en el sector de la aviación. Finalmente, la eurodiputada lamentó que desde instancias europeas no se puedan tomar medidas efectivas contra la pobreza energética por la negativa de la derecha a tramitarlas.

El Supremo avala los cargos al autoconsumo que aprobó el Gobierno en 2015 y niega que haya impuesto al sol

Europa Press.- El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) contra el Real Decreto 900/2015, conocido como impuesto al sol y que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

La sentencia no sólo desestima los argumentos de los recurrentes, sino que entra a enjuiciar el término de impuesto al sol que se le había dado a la normativa. Así, el Alto Tribunal considera que «no hay por tanto impuesto al sol propiamente tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite».

De esta manera, el fallo pone de relieve que el autoconsumidor que depende exclusivamente de su propia energía generada por él y que no está conectado al sistema eléctrico no paga nada, por lo que no existe impuesto al sol propiamente como tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite y, en su caso, como es lo habitual, la consume efectivamente.

En lo que se refiere a las cuantías de las sanciones, otros de los temas que los recurrentes criticaban, el Supremo destaca dos extremos. Primero, que una instalación de autoconsumo no tiene por qué ser una instalación pequeña o de un sujeto particular, sino que puede ser una empresa con una considerable entidad económica e industrial. Y, en segundo lugar, que existe una horquilla para imponer las sanciones, sin que ello exija que se aplique siempre las de cuantía superior. De esta manera, indica que existiría vulneración del principio de proporcionalidad si los mínimos fuesen claramente exorbitantes, siendo 600.001 euros para las infracciones graves y 6.000.001 para las muy graves.

Respecto a la retroactividad, el tribunal considera que la aprobación de un nuevo régimen pro futuro para un determinado tipo de instalaciones no puede en puridad ser calificado de norma retroactiva. Asimismo, sobre la vulneración de la normativa comunitaria por no existir un procedimiento autorizatorio, rechaza la alegación señalando que existe un procedimiento simplificado de autorización para instalaciones de pequeña potencia de vertido a red en el Decreto 1699/2011. El Gobierno aprobó el decreto sobre autoconsumo eléctrico en 2015, en la que era la primera normativa para que los consumidores pudieran generar su propia electricidad.

El ‘fake’ del impuesto al sol y la polémica sobre la metodología de los costes de acceso

Recientemente se ha conocido como el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por Anpier contra el Real Decreto 900/2015 conocido como impuesto al sol y que regula el autoconsumo. La sentencia ha sido criticada en el sentido de su alineación con las tesis políticas del Gobierno y su impacto más llamativo se deriva del esclarecimiento jurídico de que el impuesto al sol como figura tributaria no existe, dado que es una contribución de este tipo de consumidores al sistema por su respaldo.

Es cierto, el impuesto al sol como tal no existe, en la misma medida que todos los costes de acceso y peajes que soporta un consumidor doméstico o industrial no son “impuestos”. Ahora, lo que sí es cierto es que es una formidable campaña de comunicación política, de creación de marcos en términos del lingüista americano Georg Lakoff, que además se vio reforzada por una importante campaña de publicidad con coches funerarios y placas solares.

Podemos decir así que ha sido la última gran campaña de comunicación y de creación de concepto mediático en el ámbito energético en la que se combinaban elementos que no podían fallar: la aversión a los impuestos (próxima al libertarismo del Tea Party incluso en el autosuministro energético), la consideración de su aplicación a un recurso natural inagotable pero no gestionable (la luz solar), tercero, el derecho a decidir la fórmula de suministro eléctrico individualmente. Si hiciéramos un paralelismo, esta idea bien podría aplicarse con relación a los impuestos que gravan la generación hidráulica y, en ese caso, no se habla de impuesto al agua o, en el caso de la producción eólica, no se habla de impuesto al viento.

El fondo de toda la controversia, eso sí, es la contribución de los autoconsumidores al sistema, que el Gobierno determinó en el decreto 900/2015 de forma que debían contribuir igualmente que un consumidor convencional. Esta solución tiene además una lógica primaria de no discriminación entre consumidores, la propia existencia de un impuesto a la generación de electricidad (del que estarían exentos los autoconsumidores) y la necesidad de que todos participen en los costes del sistema. Y, esta es la clave, el modelo español se basa en un sistema de suministro articulado que precisa unos costes para su funcionamiento (además de absorber otros que no están relacionados directamente con el suministro).

Consecuentemente, se establece que el autoconsumidor pague por los peajes de acceso a redes y demás cargos del sistema, es decir todo el término fijo de la factura con el agravante de que el Gobierno no hace pública la metodología de cálculo de los peajes. Y la clave está en esa cuantificación que sigue coagulando una liberalización completa del recibo. En realidad, esta contribución en los mismos términos que los consumidores generales (domésticos o industriales) no es una barrera o una discriminación en el sentido de ser una mayor contribución sino que, al tratarse en términos de igualdad, las cuentas del retorno de la inversión no salen para estas instalaciones.

Y la condonación de estas contribuciones lo que implicaba “de facto” es una subvención encubierta. En todo caso, lo que queda claro es que el impuesto al sol es un fake en términos informativos. La inconsistencia de la definición de esa contribución unida a la laguna existente en torno a los costes de acceso es lo que ha proporcionado munición para configurar una de las campañas de comunicación política más potente de los últimos años, nunca bien contrarrestada por una comunicación abierta, clara y pedagógica de nuestro sistema eléctrico y de los costes de acceso.

Ahora bien, en este sentido, la sentencia desmonta esta idea desde la ortodoxia jurídica y tributaria. Lo que pasa es que la aceptación e instalación social del término ya es imparable y es poco propensa a los matices, si además, en medio se trata de instrumentalizar en términos de las políticas energéticas con sus beneficiarios y perjudicados. A la vez, esa polémica y ese éxito comunicacional, de marketing energético, ha desvirtuado la cuestión mollar de la metodología de costes de acceso, verdadero punto débil de la cuantificación de esas contribuciones.

La Plataforma para el Impulso del Autoconsumo Energético pide eliminar las cargas impositivas sobre el autoconsumo sin vertido a red

Europa Press / EFE.- La Plataforma para el Impulso del Autoconsumo Energético ha propuesto al Ministerio de Energía y a los grupos políticos desvincular el autoconsumo sin vertido a red del decreto de autoconsumo, lo que implicaría no aplicar cargos sobre la energía autoconsumida, reducir los trámites de legalización y facilitar la ejecución de este tipo de instalaciones desde el punto de vista técnico.

La asociación integrada por AIFOC, APPA Renovables, la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas (Fenie), la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) propone que esta modificación mantenga los criterios de exigencia en materia de seguridad industrial y se tramitaría bajo las condiciones reguladas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, competencia de las comunidades autónomas.

La plataforma también propone que, aunque se desvincule a estas instalaciones de las condiciones técnicas y económicas establecidas en el decreto 900/2015, se las incluya en el Registro Administrativo de Instalaciones de Autoconsumo, siendo éste gestionado por las diferentes comunidades autónomas. Según la plataforma, el registro es «una mera comunicación que dota de transparencia al desarrollo de estas instalaciones» y además «permite al Ministerio y a las comunidades autónomas cuantificar la producción renovable en autoconsumo».

Con esta propuesta, la plataforma pretende avanzar hacia un sistema energético en el que los usuarios finales sean actores principales en las medidas de ahorro y eficiencia energética de España. Asimismo, ha reiterado su objetivo de que se reconozca el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo, que se eliminen los cargos a los sistemas de almacenamiento, se simplifique la tramitación administrativa y se adapte el régimen sancionador al «verdadero impacto» del autoconsumo en el sector eléctrico.

Los regantes piden al Gobierno que promueva la energía solar fotovoltaica en zonas regables y elimine los cargos al autoconsumo

Europa Press.- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) reclamó al Gobierno que promueva la energía solar fotovoltaica, realizando una revisión «en profundidad» del decreto de autoconsumo que elimine los cargos a las instalaciones de más de 10 kilovatios de potencia. La federación asegura que al «evitar los gravámenes variables» en función de la energía autoconsumida «se impulsará la producción entre los medianos y grandes consumidores».

El presidente de Fenacore, Andrés del Campo, ha señalado que España es «uno de los países con mayor irradiación solar», y que «sólo» hace falta que se den las condiciones de financiación «necesarias para hacer viable la inversión» y la voluntad política «para fomentar su desarrollo». En este sentido, ha apuntado que la modernización y la tecnología en el ámbito rural «van a ser la base de la seguridad alimentaria en el futuro», y que las zonas «menos reguladas» serán puntos «más sensibles a los efectos negativos del cambio climático».

Por su parte, la directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, Isabel Orellana, señaló que la Estrategia Nacional del Regadío «pretende orientar toda la actuación futura» en materia de regadío, fijando unos «objetivos concretos» teniendo en cuenta el cambio climático y el coste energético. «La Estrategia Nacional del Regadío establece unas líneas de actuación teniendo en consideración la sostenibilidad, la innovación, la tecnología, el capital humano y las energías alternativas», subrayó Orellana, al tiempo que ha pedido «buscar la fórmula de producción más con menos, a través de un proceso de modernización del regadío».

Fenacore ha aconsejado al Gobierno que se apoye en el regadío para alcanzar los objetivos europeos de uso renovables ya que, según indicó, en España el 16% de la energía consumida es de origen renovable, mientras que Bruselas ha fijado el objetivo en el 20% para 2020. Asimismo, la federación destacó que se debe ver en el regadío «un aliado contra los efectos adversos del cambio climático», ya que, según aseguró, por cada megavatio de energía solar producida se evita la emisión de 267 kilos de CO2 a la atmósfera.

Según datos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), recogidos por Fenacore, el sector de la agricultura concentra el 25% de las plantas fotovoltaicas para autoconsumo en España y, en los últimos tres años, se han instalado en el sector agrícola español centrares solares con una capacidad de producción total cercana a los 25 megavatios. Sin embargo, Fenacore advierte que la apuesta fotovoltaica en Europa es «mucho más decidida» ya que países como Francia o Alemania instalaron, «sólo durante el año pasado», más de 550 y 1.500 megavatios de potencia respectivamente.

Canarias estará exenta de tasas en el autoconsumo al menos hasta 2022 mientras “cuestiones técnicas” retrasan la subasta renovable insular

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que el retraso de la subasta de nueva potencia de energías renovables en Canarias tiene que ver con «cuestiones técnicas» y «no políticas». Asimismo, Nadal ha avanzado que los sistemas de autoconsumo energético en Canarias estarán exentos de abonar tasas compensatorias al sistema al menos hasta 2022, pues las instalaciones insulares resultan más económicas que el actual sobrecoste del precio de la energía que ya asume el Estado.

Nadal explicó que un avance del autoconsumo y la generación distribuida en Canarias es bueno «para todos»: para el sistema, para el consumidor y para el Estado. Por eso, detalló, el archipiélago atlántico tiene un «régimen específico sin elemento compensatorio como mínimo hasta 2022». «Siempre será beneficioso para Canarias y para el conjunto del sistema», insistió. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ve fácil que esa consideración especial con el archipiélago respecto al autoconsumo «se amplíe» pues, «por mucho autoconsumo» que exista en las islas, «va a seguir siéndole rentable al erario público».

Además, Clavijo avanzó que el expediente de la regasificadora de Granadilla (Tenerife) ya está en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por lo que será autorizada «pronto». Para el presidente canario se trata de una «muy buena noticia» que la regasificadora esté cerca de recibir su «visto bueno», a falta de la redacción de un informe.

Mejorar las interconexiones entre islas

El ministro detalló que uno de los retos para mejorar el sistema y abaratar sus costes en Canarias es la conectividad eléctrica de los sistemas insulares. A este respecto, reconoció «cierta sorpresa» en la falta de receptividad de la Unión Europea a financiar más allá de un 10% o un 15% de los costes de estas operaciones, por lo que avanzó movimientos junto a Canarias para cambiar esta posición. «El caso de Canarias no es el mismo que el de otras zonas de la Unión Europea, por su condición de región ultraperiférica», remarcó. Así, ironizó que ojalá exista pronto una tecnología que posibilite conectar eléctricamente Península y Canarias, pero incidió en que «actualmente no existe».

El aislamiento afecta a la estabilidad del sistema canario pero también a su coste. Por ello, consideró que tiene todo el «sentido impulsar renovables es Canarias» porque es donde «tiene todas las ventajas», al contrario de en la península, donde a veces no. «En Canarias siempre es más barato optar por renovables que por fuel. Todo lo que se pueda hacer será bueno para el sistema, pues incluso se traslada a las Canarias la marca de islas limpias, lo que puede despertar interés de la gente por venir aquí porque la energía que se consuma sea cada vez más renovable», apuntilló. Por otro lado, Nadal y Clavijo aseguraron que buscarán facilitar inversiones de ahorro energético en las desaladoras de Canarias.

«Cuestiones técnicas» retrasan la subasta

Para el ministro, en las islas concurren «dificultades técnicas de espacio o red» que fuerzan a la Administración a «hilar más fino» en la implantación de renovables. Pero se trata, sostuvo, de «cuestiones técnicas» y «no políticas» que se están «resolviendo». Eso sí, Nadal no quiso hablar de potencia ni de fechas concretas, pero sí detalló que la «intención del Gobierno es convocar la subasta cuanto antes». «Tenemos claro que hace falta convocar nuevas subastas en Canarias, y cuantas más, mejor. Se trata de un beneficio para todos y vamos resolviendo los problemas técnicos con la mayor celeridad posible», apuntó.

Robert Kennedy Jr. anima a España a asumir su liderazgo en energías renovables y critica la «ley loca» del autoconsumo

Europa Press.- El abogado y activista medioambiental Robert Kennedy Jr. ha animado a España a asumir su papel de líder en las energías renovables ya que cuenta con «las patentes de estas nuevas tecnologías, que todo el mundo está utilizando», al tiempo que ha criticado la «ley loca» del impuesto del sol que, a su juicio, «tiene que venir de las petroleras«.

Kennedy Jr. ha advertido de que el mundo está inmerso en «una guerra civil entre los distintos sistemas de energía» y, en esta situación, «España es el único país del mundo que le pone un impuesto al sol«. «Los mercados se dirigen hacia las energías limpias, pero ¿qué países van a llevar a los mercados hacia allí? ¿Estados Unidos, China? ¿Quiere España ser el líder? Aquí tenéis las patentes de esta nuevas tecnologías», reconoció Kennedy Jr. De esta manera, ha argumentado que el mercado libre va a pedir que se valoren los recursos naturales. «Podéis enriqueceros sin hacer que el resto sea pobre», ha reclamado, toda vez que ha hecho hincapié en que «dónde hay un contaminante, hay una subvención».

Según explicó el activista medioambiental, el conflicto entre energías enfrenta a las tradicionales y sucias con las nuevas y limpias. «Es una guerra hacia un futuro más brillante, ético y digno y todos tenemos un papel que desempeñar», precisó. En este sentido, criticó la determinación de la industria por aferrarse a un sistema «aunque sea malo y tóxico» en vez de apostar por la dignidad humana, la generaciones futuras y empezar a garantizar las infraestructuras para este tipo de energías.

Tras señalar que se dedica, en el ámbito empresarial, a la tecnología ligada a la energía verde desde hace 15 años, advirtió de que «si hacemos lo mismo que los grandes contaminantes y tratamos nuestro planeta como una empresa en liquidación, convirtiendo los recursos naturales en dinero, con algunos billonarios y los demás muertos de hambre, entonces nuestros hijos pagarán esta decisión». «El daño al medio ambiente está hipotecando la prosperidad de las próximas generaciones», denunció, a la par que ha negado que una inversión en el medio ambiente disminuya la riqueza en el país. «Al contrario, es una inversión que hay que hacer para asegurar la vitalidad económica de las próximas generaciones», ha explicado.

Kennedy Jr, que ha comparado el proceso de abaratamiento de costes de Henry Ford con su primer modelo de automóvil con la bajada de precios que ha sufrido la energía solar en los últimos 10 años, ha considerado este tipo de tecnología como «disruptiva» y con «una proliferación muy rápida». En este campo, también ha señalado los últimos modelos de baterías eléctricas aplicadas a coches que alcanzan las 500 millas sin recargarse frente a las 300 millas que recorrían antes. De esta manera, ha apuntado que «si los mercados son racionales, el futuro del petróleo y del carbón es cada vez menor«, a la par que ha señalado que «los dinosaurios ya están muertos, pero algunos están caminando entre nosotros».

En este sentido, ha acusado de que «la única forma» que encuentran para mantener las energías tradicionales es «manipulando el proceso político», punto en el que ha criticado «el chantaje y el soborno» de importantes empresas con intereses en estos sistemas en los procesos electorales estadounidenses. «¿Creéis que invierten por un impulso patriota o humanitario? Estaban invirtiendo para conseguir retornos de su inversión», subrayó. «Usan humo político para escaparse del libre mercado. La contaminación es la capacidad de los ricos de externalizar sus costes: mala salud y aire contaminado», criticó, mientras resaltó la diferencia entre el capitalismo de libre mercado y el capitalismo de amiguetes.

En este sentido, Kennedy Jr. también ha criticado «la primera decisión» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retomar uno de los oleoductos que el anterior presidente estadounidense Barack Obama había bloqueado. En este punto, también cuestionó las millonarias subvenciones que recibe el petróleo en su país. «Van por todos los Estados para coger todas las subvenciones y se las roban a la eólica y la solar», ha precisado.

Tras apelar a favor de la venta de electricidad renovable por parte de particulares a la red eléctrica, ha criticado que «uno de los impedimentos para pasar a un sistema limpio son las infraestructuras». «No tenemos infraestructuras para las tecnologías verdes y necesitamos un sistema de distribución de energía limpia», añadió, una vez que insistió en que «la industria minera del carbón está muerta». «El mercado sabe que el carbón está muerto y su única salida es mandarlo a Asia y contaminar todo el mundo. La única forma de retornar esta inversión es seguir así 30 años más. Esta energía nos hipoteca 30 años, son tuberías que nos anclan en sus formas arcaicas», ha subrayado.

Kennedy Jr., que conoce a Trump «desde hace 30 años», ha criticado su cambio de perspectiva sobre el calentamiento global, desde ser “algo importante a evitar” a “ser un invento de los chinos para aumentar su economía”. «Ahora ha cogido a un empresario del petróleo y lo ha hecho responsable del área energética», ha criticado. Preguntado sobre los desafíos que ha planteado el Foro de Davos, Kennedy ha apuntado que el calentamiento global es una «riesgo indiversificable», de manera que, «aunque tengas dudas al respecto, su impacto es tan catastrófico que tienes que hacer algo».

40 organizaciones lanzan la Alianza por el Autoconsumo para reclamar la producción propia de energía renovable sin barreras ni tasas

Europa Press.- Más de 40 organizaciones han presentado el manifiesto Con el autoconsumo ganamos todos en el que reclaman el derecho de los ciudadanos a producir su propia energía con un marco estable y sin peajes. Por ello han constituido la Alianza por el Autoconsumo, que está integrada por asociaciones de consumidores, sindicatos, asociaciones ecologistas y empresariales para reclamar al Gobierno «un marco regulatorio estable, que impida cualquier medida retroactiva, y en el que no se impongan barreras técnicas, administrativas ni económicas».

Compuesta por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), así como por los sindicatos UGT-FICA y Comisiones Obreras (CC.OO), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Asociación General de Consumidores (ASGECO) y la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU); y las asociaciones ecologistas Amigos de la Tierra, WWF España o Greenpeace, entre otros, la Alianza reclama una regulación que permita «garantizar el desarrollo del autoconsumo y su reconocimiento como un derecho ciudadano». El objetivo es “que la sociedad disfrute de los beneficios ambientales, económicos y sociales de esta forma de generación distributiva», indicaron.

Asimismo, la Alianza reclama que se reconozca el derecho a autoconsumir energía eléctrica «sin ningún tipo de cargo o peaje sobre la energía consumida; que se habilite la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación de autoconsumo; que se adopte el régimen sancionador en función del verdadero impacto del autoconsumo en el sistema eléctrico y que se defina una tramitación administrativa simplificada y adecuada a las características de las instalaciones». Además, subraya que el autoconsumo permitiría una generación limpia y distribuida, implicando a la ciudadanía en el cambio de modelo energético y haciendo a particulares, administraciones y empresas «más conscientes de su propio consumo energético».

En ese contexto, aseguran que las tecnologías para la generación de electricidad con energía renovable han avanzado hasta permitir a cada individuo, comunidad o empresa abastecerse con su propia energía limpia facilitando el ejercicio del derecho ciudadano a participar activamente en el mundo de la energía. Las organizaciones destacan que la Directiva 2009/28/CE establece la necesidad de promover un cambio en el modelo energético, que no termina en los objetivos para 2020, sino que continuará con el conocido como Paquete de invierno y la propuesta de revisión de la Directiva Europea de Renovables. Así, consideran que España debe favorecer la integración de energías renovables en el sistema energético durante las tres próximas décadas para alcanzar los objetivos actuales y futuros.

Por otro lado, subrayan los «claros» beneficios ambientales de esta fórmula porque se emitirían emisiones de gases de efecto invernadero y se mejoraría la calidad del aire, al tiempo que se evitarían las pérdidas del sistema que se producen entre la instalación de generación y el punto de consumo. A nivel económico, España depende de las importaciones energéticas en un 70%, más de 20 puntos por encima de la media de la Unión Europea por lo que la Alianza por el Autoconsumo estima que esto contribuiría a reducir la importación de combustibles fósiles y rebaja el precio de la electricidad y la factura de la luz ya que se generaría competencia en el sistema eléctrico.

El Gobierno y Ciudadanos abren una mesa “técnica” de negociación para «eliminar las trabas al autoconsumo» y evitar el Constitucional

Europa Press.– El Gobierno y Ciudadanos acordaron abrir una mesa de negociación para «eliminar las trabas al autoconsumo» energético, según indicó la portavoz de Energía de la formación naranja, Melisa Rodríguez. Fue la principal conclusión de la reunión mantenida entre Rodríguez, el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez y el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

Sobre la mesa, desbloquear la Ley de Ciudadanos para regular el autoconsumo, así como abordar un Pacto de Estado por la Energía y el desarrollo del reglamento del bono social eléctrico. Por su parte, fuentes del Ministerio precisaron que este acuerdo consiste en la creación de un sistema de trabajo para dar cumplimiento a los compromisos ya existentes con Ciudadanos en el acuerdo de investidura en materia energética, entre los que figuraba el autoconsumo energético.

Rodríguez señaló que el objetivo de abrir esta mesa técnica para «eliminar las trabas al autoconsumo» es conseguir un acuerdo «en base a la negociación». La diputada de Ciudadanos subrayó que «la única solución para desencallar esta situación es negociando», ya que de otra manera se entraría en una situación de bloqueo en el Tribunal Constitucional. «Hemos empezado a hablar sobre temas negociables, hasta donde pueden llegar cada uno de los partidos. Hay voluntad de acuerdo y voluntad de negociación, y al final la única manera de sacar acuerdos adelante es negociando», aseveró al respecto.

Previamente, el PP y Ciudadanos rechazaron en la Mesa del Congreso levantar el veto impuesto por el Gobierno a la proposición de ley de la oposición que pretende regular el autoconsumo energético y derogar el llamado impuesto al sol. En concreto, el Ejecutivo alegó que la regulación del autoconsumo energético supondría una merma a la recaudación de 162 millones en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.

Sobre el llamado impuesto al sol, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, subrayó que su formación defendía la supresión de este impuesto, ya que consideraba que era una injusticia y había que ayudar y no poner trabas a las energías limpias, aunque añadió que había que «hacerlo bien y que el Gobierno permita que esa ley salga adelante», ya que «tiene veto constitucional sobre las normas que tienen consecuencias económicas».

El autoconsumo se vuelve contra Ciudadanos: las organizaciones sociales y renovables culpan al partido de que se mantengan los cargos

Europa Press.- Organizaciones sociales y del sector renovable han culpado a Ciudadanos de que se «mantenga el impuesto al sol» por no forzar en la Mesa del Congreso el levantamiento del veto del Gobierno a la proposición de Ley de medidas para fomentar el autoconsumo eléctrico. Tanto el PP como Ciudadanos rechazaron levantar el veto impuesto a la proposición de ley de la oposición que pretende regular el autoconsumo energético y derogar el llamado impuesto al sol.

Organizaciones como Anpier, la European Association for Renewable Energy (Eurosolar), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Facua, OCU, Greenpeace, WWF o Amigos de la Tierra, entre otras, consideran que Ciudadanos «se echó atrás» y decidió no forzar el levantamiento del veto, «empeorando las perspectivas a corto plazo de aprobar una normativa española de autoconsumo en línea con las adoptadas por el resto de países de la Unión Europea«. Para las asociaciones, esta «maniobra» del Gobierno no es más que «la continuidad a su clara política de penalización» de las renovables, el ahorro y la eficiencia energética.

Así, consideran que en un país como España, «con altísima dependencia energética», reducir la factura energética utilizando fuentes renovables y autóctonas debería ser «objetivo prioritario de cualquier gobierno, con independencia de su orientación política, para demostrar su compromiso con la lucha contra el cambio climático«. Por ello, ve necesario sustituir «cuanto antes» la actual normativa por una que promueva, «y no penalice», el autoconsumo, para lo que pedían a Ciudadanos reconsiderar su voto en la reunión de la Mesa del Congreso y así permitir seguir con la tramitación de la proposición de Ley de autoconsumo.

Ciudadanos rechaza levantar el veto

Sin embargo, tanto el PP como Ciudadanos rechazaron en la Mesa del Congreso levantar el veto impuesto por el Gobierno. Acogiéndose a la competencia que le otorga la Constitución para frenar iniciativas parlamentarias que alteran los presupuestos en curso, el Gobierno vetó la tramitación de esta proposición de ley que en su día presentaron todos los grupos de la oposición salvo Ciudadanos, que ya tenía otra similar registrada. Concretamente, el Ejecutivo alegó que la regulación del autoconsumo energético supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.

La Mesa del Congreso asumió entonces el veto del Gobierno y, en consecuencia, bloqueó la tramitación de la iniciativa parlamentaria, pero no lo hizo por unanimidad: PP y Ciudadanos lo aceptaron, reconociendo la capacidad de veto que tiene el Gobierno, pero PSOE y Unidos Podemos-En Comú votaron en contra. Los dos grupos parlamentarios de izquierda pidieron entonces la reconsideración de esa decisión de la Mesa del Congreso, lo que implicaría levantar el veto del Gobierno, pero el órgano de gobierno de la Cámara, con los mismos votos, se ha reafirmado.

En medio de este debate, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha citado este miércoles en su despacho a Ciudadanos para tratar de buscar un acuerdo sobre el autoconsumo energético, un punto que estaba en el acuerdo que facilitó la investidura. Según el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, «hay dos formas de conseguir las cosas en política: una es la negociación y otra buscar el conflicto institucional y hacer que los temas se pasen años y años en los tribunales para o no conseguir nada o conseguirlo muchos años después». «Nosotros creemos más en la primera vía, en la del diálogo, y ésa es la que estamos practicando”, concluyó.