Entradas

Compromís pide al Gobierno que aborde el desmantelamiento de Castor mientras la banca reclama el dinero prestado para la indemnización

/0 Comentarios/en /por

Europa Press.- El senador de Compromís por Castellón, Jordi Navarrete, ha pedido al Gobierno que «defienda el dinero público» y aborde «con responsabilidad» los pagos vinculados a la construcción y mantenimiento del «fiasco» del almacén de gas Castor, así como el futuro de este proyecto energético «fallido».

Por su parte, Santander, CaixaBank y Bankia presentaron un recurso contra el Ejecutivo ante el Tribunal Supremo en el que solicitan la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, más los daños causados, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacén Castor, frente a las costas de Vinaròs (Castellón), a la sociedad promotora Escal UGS, participada por ACS.

El senador ha asegurado que Compromís mantendrá en 2019 su postura de «rechazo total a este proyecto por peligroso, innecesario; por su opaca tramitación e irresponsable desenlace del Gobierno, que pagó por un proyecto inservible, mal ejecutado y en el que falló todo». Ante esta situación, ha reclamado «un cambio autocrítico de postura del Gobierno y que se ponga del lado del contribuyente, que no tiene por qué pagar miles de millones por un fracaso de tal magnitud, y defienda el dinero de todos y la decencia del servicio público».

Navarrete ha recordado que Compromís intentó crear en el Senado una comisión de investigación sobre el proyecto, una iniciativa que «el PP frenó en solitario para evitar identificar a responsables, acceder con transparencia a los informes y auditorías realizadas sobre la planta o conocer su operatividad antes de indemnizar a los promotores». «Pedimos al PSOE, ahora en el Gobierno, que aborde los pagos para que tanto las retribuciones, mantenimiento de Enagás o el pago a Escal UGS se ajuste a lo que les corresponda legalmente, pues no es de recibo que los consumidores sean quien pague por unas instalaciones inservibles ni que se castigue a quien financió los proyectos o se pague a quienes no lo merecen», ha aseverado Navarrete.

También ha defendido la necesidad de poner en marcha «nuevas acciones a varias bandas, desde dilucidar responsabilidades, ejercer acciones para recuperar el dinero malgastado, auditar los trabajos, devolver el ingresado ilegítimamente a los consumidores y abordar de una vez el desmantelamiento de la planta«. Compromís ha reclamado nuevos documentos al Gobierno sobre el desmantelamiento de Castor en base a «los informes que maneja la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera».

La banca reclama su dinero

Ahora es la banca la que reclama su dinero ante la Justicia después de que en abril Santander, CaixaBank y Bankia formularon ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitaban dicha devolución, al considerar que, de lo contrario, el Estado se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras. En su reclamación, las tres entidades ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo para permitir hacer la devolución de una manera flexible. Debido a que el Consejo de Ministros agotó el plazo preceptivo de la reclamación sin haberla resuelto, se entiende que la misma ha sido desestimada y que cabe recurrir ante el Supremo.

En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS. En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia. Por ello la CNMC decidió paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista.

Asimismo, Enagás decidió presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado como legislador en la que solicitaba la devolución de los costes por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacenamiento subterráneo de gas. Esta decisión de la empresa se producía después de que el Gobierno decidiera finalmente dejar fuera de la orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019 estos derechos de cobro de Enagás, que fueron también paralizados por la CNMC a principios de 2018 tras la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de 2017.

Enagás presenta una reclamación patrimonial contra el Estado por los costes de mantenimiento y seguridad del almacén de gas Castor

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- Enagás ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado como legislador en la que solicita la devolución de los costes por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacenamiento subterráneo de gas Castor, hibernado desde 2013 tras los seísmos ocurridos en las costas de Vinaroz (Castellón). Fuentes de la compañía indicaron que han valorado esta decisión como la «mejor opción» y subrayaron que seguirán realizando estas tareas ya que se trata de «un tema de seguridad y responsabilidad».

Esta decisión de la empresa se produce después de que el Gobierno haya decidido finalmente dejar fuera de la orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019 estos derechos de cobro de Enagás, que fueron ya paralizados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a principios de 2018 tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

En la propuesta de orden que fue sometida a consulta, el Ejecutivo reconocía a Enagás Transporte está cantidad por 8,73 millones de euros en concepto de los costes de mantenimiento y operatividad de Castor, y daba también el visto bueno para que el operador del sistema gasista recuperara las cantidades que no fueron abonadas en los ejercicios anteriores como consecuencia de la sentencia del Constitucional, que ascendía a 17,4 millones de euros. Sin embargo, en la orden definitiva de peajes y cánones del sistema gasista para 2019, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio dejaba definitivamente fuera esta retribución para Enagás. Esta reclamación supone un paso previo para iniciar un contencioso administrativo.

En abril, Santander, CaixaBank y Bankia formularon ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitaban la devolución de la cantidad financiada que todavía no habían recuperado, más los daños causados, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento gasista Castor a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS. En su reclamación, las tres entidades ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo para permitir hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.

En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS. En su sentencia, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia.

Además, recientemente el Supremo volvía a dar la razón a la patronal catalana Cecot en el recurso contencioso-administrativo que presentó. En este sentido, obligaba al Gobierno a devolver a los consumidores las cantidades abonadas por el mantenimiento y operatividad del almacenamiento subterráneo de gas de Castor. Cecot calculó que entre la primera y esta segunda resolución se han anulado 118 millones de euros en retribuciones que el Gobierno debe reintegrar a los consumidores de gas.

CaixaBank acuerda desprenderse de su 9,36% en la petrolera Repsol

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- El consejo de administración de CaixaBank ha acordado desprenderse de toda la participación que la entidad ostenta en Repsol, representativa del 9,84% del capital social de la energética, mediante un programa de ventas antes de que concluya el primer trimestre de 2019. El proceso de venta se articulará, por un lado, mediante la liquidación anticipada de los dos contratos de permuta de renta variable existentes (equity swap) representativos del 4,61% de la participación de CaixaBank en Repsol Y por otro, comenzará inmediatamente un programa de ventas para el restante 4,75%.

Energía considera que ha acatado y cumplido la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Castor tras pedirlo el Parlamento de Cataluña

/0 Comentarios/en , , /por

EFE / Europa Press.- Energía considera que ha acatado y cumplido con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló parcialmente el decreto en el que se fijó la indemnización por la paralización del almacén de gas Castor al dar traslado de ella a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Fuentes de este departamento han manifestado, tras la presentación por el Parlamento de Cataluña de un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional para exigir que se adopten medidas para que se ejecute la sentencia sobre el almacén de gas Castor, que, por lo que respecta al Ministerio, se ha cumplido con lo establecido en la sentencia. El Ministerio de Energía, tras anular el Constitucional la indemnización de 1.350,7 millones de euros que fijó el real decreto-ley para los promotores del proyecto, comunicó a la CNMC la decisión judicial para que adoptara las medidas oportunas.

La CNMC paralizó los pagos para abonar el derecho de cobro (6,7 millones mensuales) por el almacén de gas y, en enero pasado, cuando se hizo pública la liquidación del sector eléctrico correspondiente a noviembre de 2017, además de paralizar esos pagos, estableció que los titulares de los derechos de cobro dejaban de ser sujetos del sistema de liquidaciones. Asimismo, eliminó del procedimiento de liquidación del ejercicio los costes de operación y mantenimiento del almacén reconocidos con cargo al sistema gasista y que realiza Enagás.

Indemnización: 1.350 millones de euros

El Gobierno suspendió en 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, que estaba participada por la compañía ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. Como consecuencia de ello, el Ejecutivo mediante un real decreto-ley estableció una indemnización de 1.350,7 millones para Escal UGS, promotora del proyecto, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Escal UGS cobró de una sola vez la indemnización a través de Enagás, que transfirió esa deuda a Santander, Caixabank y Bankia, entidades que adquirieron el derecho de cobro de la indemnización, que percibieron hasta que se produjo la sentencia a través de las liquidaciones de la CNMC. Santander, CaixaBank y Bankia formularon el pasado 6 de abril al Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitaban la devolución del dinero aportado. El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, indicó recientemente que el Ministerio tenía 6 meses para responder a esa reclamación de los bancos y que se pediría un informe al Consejo de Estado.

Solicitud del Parlamento de Cataluña

Por su parte, el texto de los letrados de la Cámara alega que la nulidad ha supuesto «un grave perjuicio para el conjunto de usuarios al haber tenido que soportar una carga económica indebida» mientras estuvo vigente el decreto ley que fijó la compensación. Se expone que «no consta que el Gobierno, en tanto que autor y responsable de la norma, haya adoptado medida alguna para reparar los graves efectos» producidos al patrimonio de todos los usuarios del sistema gasista que soportaron el pago de la compensación. Este incidente de ejecución se presenta tras solicitar al Constitucional «la adopción de las medidas necesarias para reparar los daños y perjuicios causados a los usuarios y consumidores» por la norma declarada inconstitucional.

Firmado por el letrado mayor de la Cámara, Antoni Bayona, el texto recoge que los poderes de ejecución de que dispone el Tribunal Constitucional en relación con el efectivo cumplimiento de sus sentencias ha sido «una cuestión especialmente controvertida a raíz» de la reforma legal que incrementó los poderes del tribunal. Recuerda que «la gestación y los orígenes de esta reforma legal tienen relación directa con el proceso político seguido en Cataluña en los últimos años», por lo que no se pueden omitir a la hora de reclamar la ejecución de la sentencia del Castor.

Así, concluye que el propio Tribunal Constitucional ha considerado que sus poderes de ejecución de sus resoluciones con «plenamente coherentes con la Constitución» pese a que estas facultades no están expresamente recogidas en la Carta Magna. Por todo, afirma que el Tribunal Constitucional debe tomar las medidas pertinentes para ejecutar la sentencia para «la protección del conjunto de ciudadanos que se han visto afectados por el deber de soportar una carga patrimonial impuesta por el legislador, el decreto de compensación, en contra de la Constitución«. La Cámara solicita al Constitucional que requiera al Gobierno, como órgano superior de la Administración del Estado, abstenerse a utilizar la figura del decreto ley para regular los aspectos económicos de la extinción del Castor.

El Gobierno consultará al Consejo de Estado antes de decidir cómo responde a la reclamación de la banca por Castor

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press / EFE.– El Gobierno pedirá un informe al Consejo de Estado antes de tomar una decisión respecto a la reclamación presentada por Banco Santander, CaixaBank y Bankia para la recuperación de la cantidad financiada que todavía no se ha devuelto, más los daños causados, por la financiación de 1.350 millones de euros que proporcionaron cuando asumieron la deuda para abonar la indemnización por la hibernación del almacenamiento de gas Castor a la sociedad Escal-UGS, participada por ACS.

En este sentido, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, señaló que el Ministerio está «en proceso de analizar» la reclamación presentada por la banca acreedora del Castor, para lo que pedirá un informe al Consejo de Estado, aunque subrayó que todavía se cuenta con «6 meses para responder». Asimismo, indicó que «ahora mismo no hay previsión» de cómo se restablecerá el mecanismo para el reconocimiento del pago de 8 millones de euros anuales a Enagás por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacén Castor, después de que la sentencia del Tribunal Constitucional haya paralizado todos los pagos alrededor del almacén gasista. A este respecto, Navia recordó que el reconocimiento de este pago requiere de rango de ley.

Banco Santander, CaixaBank y Bankia han formulado una reclamación de responsabilidad del Estado legislador en la que piden al Estado la devolución de los 1.350 millones de euros que adelantaron para financiar el cierre del almacén submarino y el pago de la indemnización por el cierre de Castor. En la reclamación, las entidades ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.

Por su parte, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha reconocido que era «previsible» que los bancos «actuasen jurídicamente» tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló varios artículos del real decreto aprobado en el año 2014 que regulaba el pago de la indemnización de 1.350 millones de euros a la concesionaria del almacén, Escal UGS, y cómo se recuperaría la suma adelantada por las entidades financieras. «Nosotros, en su día, cuando llegue la demanda, si es que llega, lo que haremos será ir a los órganos consultivos», indicó Nadal.

Tanto el pago de la indemnización como la forma en la que los bancos recuperarían el dinero adelantado, a través de un recargo en la tarifa gasista de los próximos 30 años, estaban regulados en el real decreto-ley. En su sentencia, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización. En consecuencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió el pasado mes de enero, tras esta sentencia, paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales.

Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado la devolución de los 1.350 millones adelantados para financiar el cierre de Castor

/0 Comentarios/en , , , , , , , /por

Europa Press / EFE.- El Banco Santander, CaixaBank y Bankia han formulado ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitan la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, “más los daños causados”, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento de gas Castor a la sociedad promotora Escal-UGS, controlada por ACS, según han indicado fuentes jurídicas.

La reclamación formulada por las entidades explica que la inconstitucionalidad del real decreto-ley, establecida el pasado 22 de diciembre por una sentencia del Tribunal Constitucional, no debe ocasionar «ninguna pérdida» a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. En este sentido, exponen que si no reciben la devolución de la financiación, el Estado se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras. En la reclamación, Santander, CaixaBank y Bankia ofrecen al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.

De este modo, las 3 entidades han ofrecido que, en lugar de devolver de modo inmediato todo el importe reclamado, el Estado lo devuelva de modo gradual, en los mismos términos y con las mismas condiciones, de tipo de interés y de plazo, fundamentalmente, en que estaba previsto en el real decreto-ley 13/2014. El Estado necesitaba ese importe para liquidar con la empresa concesionaria las inversiones realizadas en Castor y el Gobierno, con José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, aprobó el decreto-ley con el que extinguió la concesión, «hibernó» la instalación y reguló la compensación a la antigua concesionaria, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la factura del gas.

En octubre de ese año, Santander, CaixaBank y Bankia desembolsaron los más de 1.350 millones de euros para financiar el cierre del almacén Castor, después de que una serie de seísmos despertasen gran alarma social en Castellón y Tarragona. De estos 1.350 millones de euros de deuda titulizada por Enagás, Santander asumió 700 millones, CaixaBank un total de 450 millones y Bankia los 200 millones restantes. De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones de euros anuales durante ese periodo de 30 años.

Sin embargo, el pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS por la paralización del almacén. En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un real decreto de urgencia.

En enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió, tras la sentencia del Constitucional, paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista. Por aquellas fechas, en comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, vaticinó una «enorme litigiosidad» entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Constitucional.

A este respecto, Nadal señaló que el Ministerio trasladó en enero a la CNMC, que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como hizo en la liquidación correspondiente a noviembre. «Tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que aplique la sentencia», apuntó.

Con esa decisión del Tribunal Constitucional y la subsiguiente decisión del Gobierno de no adoptar ninguna medida compensatoria, se produjo una situación «ciertamente anómala», advierten los bancos. La deuda que el Estado tenía con la concesionaria se pagó por los bancos con el compromiso de que recuperarían ese importe con intereses en 30 años y el Tribunal Constitucional anuló el real decreto-ley en el que se recogía esta compensación únicamente porque el Gobierno usó indebidamente la figura del real decreto-ley.

El Gobierno estudia la reclamación

Por su parte, el Ministerio de Energía indicó que no procederá a valorar, hasta que lleve a cabo su estudio, la reclamación de responsabilidad contra el Estado presentada por el Banco Santander, CaixaBank y Bankia, en la que solicitan la devolución de los 1.350 millones de euros aportados, ya que, según fuentes del Ministerio, el gabinete «aún no ha podido estudiar la reclamación» presentada por las entidades financieras. Así, indicaron que Energía «no tiene constancia, por tanto, de los argumentos en los que se basaría la reclamación. Reclamación que, hasta que no se estudie, no podrá proceder a su valoración».

Renovalia Energy obtiene un préstamo verde de 74 millones de euros para refinanciar 2 parques eólicos que suman 70 MW

/0 Comentarios/en , , /por

EFE.- La empresa de energías renovables Renovalia Energy anunció la firma de un préstamo verde por importe de 74 millones de euros para refinanciar el Proyecto Viento, que consta de dos parques eólicos situados en Lleida y Barcelona, que suman 70 megavatios (MW) de potencia instalados.

El parque ubicado en la provincia de Lleida, el de Turó del Magre, de 28 MW y compuesto por 15 turbinas, empezó a operar en 2010, según Renovalia. El otro parque eólico, ubicado en Pujalt (Barcelona), tiene una potencia instalada de 42 MW, está compuesto por 21 aerogeneradores y también funciona desde 2010. El crédito, que, según la compañía, es el primer préstamo verde sindicado para la financiación de un proyecto renovable realizado en España, ha sido formalizado con BBVA, Caixabank y Banco de Sabadell.

CVC gana tiempo para su desembarco en Gas Natural Fenosa al renunciar de momento al pacto con los principales accionistas

/0 Comentarios/en , , , /por

EFE.- CVC ha renunciado a la condición de tener que firmar un acuerdo con Criteria Caixa y GIP para cerrar la compra del 20,07% de Gas Natural Fenosa propiedad de Repsol y que, según el acuerdo de compraventa que alcanzó con la petrolera, debería haberse alcanzado antes del 22 de marzo. Según aseguraron fuentes cercanas a la operación, las negociaciones entre la gestora de fondos y los otros dos máximos accionistas de Gas Natural van bien.

Repsol alcanzó un acuerdo para vender a Rioja Bidco Shareholdings, sociedad controlada por fondos de CVC, el 20,07% de Gas Natural por 3.816,3 millones. El cierre de la venta quedó condicionado a que Rioja firmara un contrato con Criteria Caixa, dueña del 24,4% de Gas Natural, y GIP (20%) «no más tarde del 22 de marzo», condición a la que el fondo decidió renunciar, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Se mantiene la condición de que se logren, en un plazo máximo de 6 meses desde la firma del contrato, los permisos preceptivos por parte de las autoridades competentes de México, Corea del Sur, Japón y Alemania. Además, la operación está sujeta a la no oposición, expresa o tácita, del Banco Central de Irlanda en relación con la adquisición indirecta de una participación significativa en la entidad Clover Financial & Treasury Services, también en el plazo máximo de 6 meses.

Repsol completa su salida de Gas Natural Fenosa con la venta del 20% a CVC y Alba por 3.816 millones

/0 Comentarios/en , , , , , /por

EFE / Europa Press.- Repsol cerró con la sociedad Rioja Bidco Shareholdings, una sociedad controlada por la gestora británica de fondos CVC y en la que tomará una participación la Corporación Financiera Alba (Grupo March), la venta por 3.816,31 millones de euros de 200,85 millones de acciones de Gas Natural Fenosa, equivalentes al 20,072% del capital, según comunicó la petrolera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con este acuerdo, que proporcionará a Repsol una plusvalía de unos 400 millones de euros, el grueso del capital de Gas Natural Fenosa quedará repartido entre Criteria, el holding de participadas de La Caixa, con un 24,43%; el fondo estadounidense Global Infrastructure Partners (GIP), con un 20%; y Rioja Bidco, con un 20,072%, participando indirectamente el Grupo March. El acuerdo fija un precio de 19 euros por acción, el mismo que abonó hace más de un año GIP, lo que supone una prima del 4% respecto a la cotización de Gas Natural Fenosa (18,28 euros). Asimismo, los títulos de la gasista subían un 1,83%, hasta 18,61 euros, mientras que las acciones de Repsol se revalorizaron un 0,75%, hasta 14,12 euros.

El cierre de la operación está supeditado al cumplimiento de una serie de condiciones, entre ellas que Rioja Bidco cuente con 3 miembros en el consejo de administración de Gas Natural, en sustitución de los 3 representantes actuales de Repsol. Además, Rioja, Criteria y GIP deberán firmar un contrato de accionistas no más tarde del 22 de marzo. La operación está supeditada también al visto bueno, en un plazo no superior a 6 meses desde la firma del contrato, de las autoridades competentes de México, Corea del Sur, Japón y Alemania; y a la no oposición expresa o tácita del Banco Central de Irlanda a la compra indirecta de una participación significativa en la entidad Clover Financial & Treasury Services.

La Corporación Financiera Alba, la sociedad de cartera del Grupo March, anunció un acuerdo para invertir 500 millones en Rioja Bidco. De completarse la transacción, Alba contará con una participación del 25,7% en Rioja Bidco, lo le permitirá controlar de forma indirecta un 5,1% del capital de Gas Natural. Además de la inversión, Alba asumirá la parte correspondiente de la deuda contraída por Rioja Bidco para comprar el 20,072% de Gas Natural. Según fuentes financieras, de los 3.816,3 millones que Rioja Bidco desembolsará en esta operación, en torno a la mitad la pagará con recursos propios, de CVC y de Alba, y la otra mitad con deuda. En consecuencia, Alba tendría que asumir el 25,7% de 1.900 millones de deuda.

Este traspaso en el accionariado de Gas Natural Fenosa, que dejará en manos así de dos fondos de inversión el 40% de su capital, se produce en un momento de cambios en el grupo energético. El accionariado de Gas Natural Fenosa ha experimentado cambios sustanciales desde 2016, cuando La Caixa y Repsol pusieron fin al pacto parasocial con el que dirigían la compañía desde 2000. En consecuencia, Repsol y La Caixa, a través de Criteria, vendieron un 20% del capital a GIP por 3.803 millones. Concretamente, GIP compró un 10% a Repsol y otro 10% a Criteria, de forma que la petrolera rebajó su participación en Gas Natural Fenosa del 30% al 20% y Criteria pasó del 34,4% al 24,4%.

La entrada del fondo estadounidense conllevó cambios en la cúpula de la compañía ya que Isidro Fainé pasó a ocupar la presidencia. Sin embargo, el 6 de febrero Gas Natural Fenosa anunció que el entonces consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, hombre de confianza de La Caixa y de Fainé, tomaría las riendas de la compañía gasista como presidente ejecutivo. En consecuencia, Fainé pasó a ocupar la presidencia de honor de la compañía y Rafael Villaseca cesó como consejero delegado.

Ahora se produce la entrada de CVC, un clásico inversor en el mercado español, donde actualmente está presente en el capital de compañías como CLH, donde es el primer accionista con un 25%, Cortefiel, Deoleo o Vitalia Home, además de haber pasado por Abertis, El Árbol o el operador R, entre otras. El desembarco de CVC en el capital de Gas Natural le permitirá influir en el plan estratégico que tiene previsto elaborar la gasista de la mano de su nuevo primer ejecutivo en el primer semestre de este año.

La marcha total de Repsol de Gas Natural Fenosa era un secreto a voces desde que la compañía confirmó en enero que había recibido «muestras de interés» de diversos inversores por su paquete accionarial. Según explicó entonces, dentro del Plan Estratégico 2016-2020 y «como parte de una gestión dinámica permanente del portafolio de negocios», Repsol analiza «regularmente» distintas alternativas. La salida de la petrolera del capital de la gasista pone fin a una relación que se remontaba a 1991, cuando se constituyó Gas Natural SDG, fruto de la fusión entre Catalana de Gas y Gas Madrid y de los activos de distribución de gas canalizado aportados por Repsol, todavía perteneciente al Instituto Nacional de Hidrocarburos.

Desde 2016 Repsol había dejado claro que su participación en Gas Natural Fenosa había dejado de ser considerado el activo estratégico de siempre para pasar a ser «un activo más, sometido a cualquier tipo de reflexiones en todo momento». «No tenemos ninguna fidelidad a ningún activo», señaló el presidente de Repsol, Antonio Brufau, en la pasada junta de accionistas. Repsol, que presentará la próxima semana sus resultados de 2017, actualizará en esta primera mitad del año su plan estratégico, que lanzó en octubre de 2015 y que está vigente hasta 2020, con el fin de adaptar su hoja de ruta.

La CNMC reintegra al sector gasista otros 6,7 millones de los pagos anulados por la indemnización de Castor

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha reintegrado al sector gasista otros 6,7 millones de euros correspondientes a los pagos anulados del almacén Castor, según indicó el organismo. En concreto, se ha reintegrado el pago previsto en enero, correspondiente a la liquidación décima del año pasado, con lo que la cantidad total pagada en 2017 en concepto del abono de las indemnizaciones con cargo al sistema gasista ascendió a 60,5 millones de euros.

A finales de enero, la CNMC paralizó los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank. El regulador aplicaba así la sentencia del pasado diciembre del Tribunal Constitucional, que declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS.

La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones anuales y que se incluían en el sistema gasista.

Por su parte, con esta reintegración, el déficit provisional gasista fue de 385 millones de euros a diciembre, frente a los 430 millones de euros en el mismo periodo del 2016. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.586 millones de euros, un 3,6% más que en el mismo periodo del 2016, destacando el incremento del 28% de los ingresos por peaje de regasificación y del 14% por reserva de capacidad.

Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 46 millones de euros, un 23,4% superiores a los del 2016, debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación. Por tanto, teniendo en cuenta los ingresos existentes, se obtuvieron unos ingresos netos declarados de 2.540 millones de euros. Además, la retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 2.687 millones de euros.