El Gobierno consultará al Consejo de Estado antes de decidir cómo responde a la reclamación de la banca por Castor

Europa Press / EFE.– El Gobierno pedirá un informe al Consejo de Estado antes de tomar una decisión respecto a la reclamación presentada por Banco Santander, CaixaBank y Bankia para la recuperación de la cantidad financiada que todavía no se ha devuelto, más los daños causados, por la financiación de 1.350 millones de euros que proporcionaron cuando asumieron la deuda para abonar la indemnización por la hibernación del almacenamiento de gas Castor a la sociedad Escal-UGS, participada por ACS.

En este sentido, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, señaló que el Ministerio está «en proceso de analizar» la reclamación presentada por la banca acreedora del Castor, para lo que pedirá un informe al Consejo de Estado, aunque subrayó que todavía se cuenta con «6 meses para responder». Asimismo, indicó que «ahora mismo no hay previsión» de cómo se restablecerá el mecanismo para el reconocimiento del pago de 8 millones de euros anuales a Enagás por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacén Castor, después de que la sentencia del Tribunal Constitucional haya paralizado todos los pagos alrededor del almacén gasista. A este respecto, Navia recordó que el reconocimiento de este pago requiere de rango de ley.

Banco Santander, CaixaBank y Bankia han formulado una reclamación de responsabilidad del Estado legislador en la que piden al Estado la devolución de los 1.350 millones de euros que adelantaron para financiar el cierre del almacén submarino y el pago de la indemnización por el cierre de Castor. En la reclamación, las entidades ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.

Por su parte, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha reconocido que era «previsible» que los bancos «actuasen jurídicamente» tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló varios artículos del real decreto aprobado en el año 2014 que regulaba el pago de la indemnización de 1.350 millones de euros a la concesionaria del almacén, Escal UGS, y cómo se recuperaría la suma adelantada por las entidades financieras. «Nosotros, en su día, cuando llegue la demanda, si es que llega, lo que haremos será ir a los órganos consultivos», indicó Nadal.

Tanto el pago de la indemnización como la forma en la que los bancos recuperarían el dinero adelantado, a través de un recargo en la tarifa gasista de los próximos 30 años, estaban regulados en el real decreto-ley. En su sentencia, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización. En consecuencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió el pasado mes de enero, tras esta sentencia, paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales.