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La banca acreedora de Castor estudia «cuál es el mejor camino» para recuperar su inversión

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Europa Press.- La banca acreedora de Castor, de la que forman parte el Banco Santander, Caixabank y Bankia, están estudiando «cuál es el mejor camino» para recuperar la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por la hibernación del almacenamiento de gas a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS.

Fuentes financieras indicaron que aún no hay una decisión tomada al respecto sobre la vía que adoptarán y que «siguen trabajando» en ello, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya paralizado los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre.

La deuda por Castor, que ascendió a esos 1.350 millones de euros que se abonaron a la empresa promotora, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. De estos 1.350 millones de euros de deuda titulizada por Enagás, Santander asumió 700 millones de euros, Caixabank un total de 450 millones de euros y Bankia los 200 millones de euros restantes. De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a 80 millones de euros anuales durante ese periodo de 30 años.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha vaticinado una «enorme litigiosidad» entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Constitucional. A este respecto, Nadal señaló que el Ministerio trasladó en enero a la CNMC, que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como ha hecho en la liquidación correspondiente a noviembre. «Ahora mismo tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que aplique la sentencia», indicó.

Posteriormente, Nadal precisó que, como consecuencia de la sentencia del Constitucional, «ahora mismo ese coste no se está pagando». Por ello, consideró que al tratarse de «una situación de impago» es previsible que «la gente acuda a los tribunales». «Sería la primera vez si no ocurre así. Lo lógico es que los actores aquí implicados intenten unos a otros hacerse responsables», añadió al respecto. Asimismo, Nadal puntualizó que la competencia “para pagar” no es del Gobierno, sino de la CNMC, “y lo que está aplicando es decir que no se hagan los pagos por Castor“.

En diciembre, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas. En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo ese pago a través de la aprobación de un real decreto de urgencia.

El PSOE contra el ministro

El diputado socialista por la provincia de Castellón, Artemi Rallo, ha calificado de «decepcionante, sonrojante y grosera» la comparecencia del ministro de Energía en el Congreso en la que «supuestamente iba a dar explicaciones sobre el estado en el que se encuentra en estos momentos el problema Castor, después de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 22 de diciembre».

Rallo ha lamentado que Nadal no diera explicaciones de «por qué el Gobierno, en su día, aprobó un decreto ley que obligaba a indemnizar a la empresa con 1.350 millones en el corto plazo de 35 días». Un decreto, que ha recordado, «el Tribunal Constitucional ha declarado nulo, gracias al recurso interpuesto por el Grupo Parlamentario Socialista y liderado por el actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig”. Artemi Rallo ha censurado que el ministro no haya dado explicaciones de «por qué se adoptó aquella decisión exprés, que beneficiaba exclusivamente a intereses particulares y no al conjunto de la ciudadanía».

El diputado socialista esperaba que, después de la sentencia del Constitucional y de la decisión de la CNMC de suspender el pago a las entidades financieras por los derechos de cobro derivados de la indemnización, el ministro explicara «qué piensa hacer para salir de la situación en la que nos encontramos». Sin embargo, recordó, Nadal «se limitó a decir que augura un periodo de ligitiosidad entre privados». Al respecto, Rallo ha recordado que el ministro está obligado a actuar y que «no resulta de recibo la extraordinaria dejación de funciones de la que hace gala».

El parlamentario castellonense ha recordado que la sentencia abre la puerta a que dentro del actual marco legal se reconsideren la indemnización y los términos en los que está planteada, «algo que debería haberse efectuado antes de realizar pago alguno». Artemi Rallo ha señalado que la comparecencia del ministro resultó «una decepción y una irresponsabilidad» porque, entre otras cosas, «debería haber explicado qué piensa hacer para recuperar los 1.350 millones de euros que en su momento el Gobierno entregó a la empresa correspondiente en el corto plazo de 35 días».

Nadal vaticina una enorme litigiosidad con la banca al paralizarse el pago de la deuda contraída por el almacén Castor

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha paralizado los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén gasista  Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, vaticinó una «enorme litigiosidad» entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la indemnización de 1.350 millones de euros con que se resolvió la hibernación de Castor.

Nadal señaló que el Ministerio trasladó en enero a la CNMC, que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como hizo en la liquidación correspondiente a noviembre. «Ahora mismo tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que vaya a aplicar la sentencia», explicó Nadal, quien no concretó nada más respecto a una posible solución por parte del Gobierno a la situación planteada tras el fallo del Constitucional.

Posteriormente, Nadal precisó que «ahora mismo ese coste no se está pagando». Por ello, consideró que al tratarse de «una situación de impago», es previsible que «la gente acuda a los tribunales». «Sería la primera vez si no ocurre así. Lo lógico es que los actores aquí implicados intenten unos a otros hacerse responsables», añadió al respecto. La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros que se abonaron a la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años.

De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones de euros anuales, a razón de 6,7 millones de euros mensuales, y se incluían en el sistema gasista. Asimismo, Nadal puntualizó que la competencia «para pagar» no es del Gobierno, sino de la CNMC, «y lo que está aplicando es decir que no se hagan los pagos por Castor«. Así sucede después de que el Tribunal Constitucional declarara «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del decreto en el que se reconocía la compensación a Escal UGS.

Se anuló el real decreto

En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización, a través de la aprobación de un real decreto de urgencia. A este respecto, Nadal consideró que el Constitucional no pone en duda ni la hibernación ni la asignación a Enagás de la instalación, pero que lo que sí contradice es que la asignación del pago se lleve al sistema gasista.

En 2014, el Gobierno aprobó un decreto ley en el que se establecía la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas. En lo que respecta a esta decisión del anterior Gobierno, Nadal la defendió ya que, de no haber sido así, se habría producido la quiebra de la entidad, el impago al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y «habría corrido como la pólvora a la prima de riesgo española«.

La CNMC paraliza el pago

El regulador indicó que, en aplicación de la sentencia del pasado mes de diciembre del Tribunal Constitucional, los titulares de estos derechos de cobro «dejan de ser sujetos del sistema de liquidaciones». Además, la CNMC señala que «se eliminan del procedimiento de liquidación del ejercicio en curso, los costes de operación y mantenimiento reconocidos con cargo al sistema gasista». Por tanto, la decisión de la CNMC también afecta a Enagás, encargada del mantenimiento de Castor, aunque en este caso su retribución por ello es anual.

Asimismo, los pagos de las liquidaciones recibidos en 2017 por la banca por los derechos de cobro por Castor ascienden a 67,21 millones de euros en los meses anteriores a noviembre. En lo que se refiere a los pagos correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016 por Castor, ya fueron liquidados, por lo que habrá que decidir ahora si corresponde a la CNMC o al propio Gobierno su reclamación, según indicaron fuentes conocedoras del procedimiento.

Repsol confirma «muestras de interés» de diversos inversores, entre ellos el fondo CVC, por su participación en Gas Natural Fenosa

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Europa Press.– Repsol ha recibido «muestras de interés» de diversos inversores, entre los que se encuentra el fondo CVC, por su participación del 20% en Gas Natural Fenosa, aunque ha asegurado que no ha tomado decisión alguna respecto a una posible desinversión.

En un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la petrolera señaló que este interés se encuentra en «fase preliminar» y destacó que «no existe acuerdo suscrito, ni se ha contratado asesoramiento jurídico o financiero, ni se ha tomado decisión alguna al respecto por parte del consejo de administración». En el marco de su vigente plan estratégico 2016-2020, y como parte de «una gestión dinámica permanente» de su cartera de negocios, Repsol indicó que analiza «regularmente» diferentes alternativas, entre las que se incluyen aquéllas relativas a su participación en Gas Natural.

De esta manera, la petrolera, que afirmó que «no tiene como política comentar noticias no contrastadas que puedan aparecen en los medios de comunicación», responde a la solicitud del supervisor bursátil tras las informaciones publicadas. En septiembre de 2016, Repsol y La Caixa, a través de Criteria Caixa, acordaron la venta de un 20% de Gas Natural Fenosa al fondo estadounidense GIP por unos 3.802 millones de euros mediante un acuerdo en el que cada uno de los socios se desprendió de un 10% del capital. Con esta operación, Repsol y Criteria Caixa ponían fin al pacto para el control conjunto de Gas Natural Fenosa suscrito en enero de 2000.

La actual participación del 20% de la petrolera en el capital de Gas Natural Fenosa está valorada, a precios de mercado, en más de 4.100 millones de euros. En mayo, ante la junta de accionistas, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, señaló respecto a la participación en Gas Natural Fenosa que «siempre ha sido un activo estratégico», aunque subrayó que se consideraba «como un activo más, sometido a cualquier tipo de reflexiones en todo momento». «No tenemos ninguna fidelidad a ningún activo«, añadió al respecto.

CaixaBank construye una planta de cogeneración de biomasa en Chile para compensar 22.949 toneladas de CO2 que generó en 2016

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Servimedia / Europa Press.- CaixaBank ha contribuido a poner en marcha una planta de cogeneración de biomasa en Viñales (Chile), con la que compensará, al generar energía procedente de fuentes renovables que se inyectará a la red eléctrica local, 22.949 toneladas de dióxido de carbono (CO2) emitidas a la atmósfera durante el ejercicio 2016.

Según explicó CaixaBank, la construcción de esta planta, que también contribuirá a la reducción de gases invernadero, está enmarcada en el objetivo de la entidad financiera de compensar las emisiones de CO2 derivadas de su actividad durante el año pasado. En esta línea, la entidad señaló que cada año realiza un inventario de sus emisiones de gases de efecto invernadero generadas como consecuencia de su actividad corporativa para calcular su huella de carbono y establecer acciones dirigidas a reducirla progresivamente, tal y como han señalado. Para garantizar la transparencia y trazabilidad de la compensación de emisiones, CaixaBank adquiere créditos a través de proyectos del mercado voluntario de emisiones aprobados por el VCS (Verified Carbon Standard).

Por otro lado, Caixabank sostiene que este proyecto contribuirá al «crecimiento sostenible» de Chile al suministrar «electricidad verde» a partir de biomasa, tal y como explicaron desde la entidad financiera, que resaltó que el proyecto chileno ha generado 300 puestos de trabajo durante la construcción de la planta y actualmente emplea a 34 personas «de manera estable». Mientras tanto, la comunidad local «se beneficia de un sistema para fomentar la relación con el entorno» que tiene como objetivo, «construir y mantener relaciones permanentes de confianza y de beneficio mutuo con la comunidad» a través de la creación de «valor económico, social y ambiental», señaló Caixabank.

En esta línea, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afirmado que CaixaBank «asienta la gestión de su negocio en el respeto y la protección del entorno», lo que implica un «firme compromiso» con la conservación del medio ambiente, la mejora de la eficiencia energética y el fomento de un modelo de desarrollo sostenible. Según Gortázar, la entidad financiera incorpora a su gestión los criterios ESG (Environmental, Social, Governance), que «constituyen la base del consenso internacional sobre empresa responsable».

Además, la entidad participa con el mismo objetivo en otros proyectos como la reforestación de un terreno improductivo de 7,5 hectáreas en Santa María del Campo (Burgos). CaixaBank señaló que con estos proyectos compensó un total de 22.964 toneladas de CO2 generadas por el uso de combustibles, gases de refrigeración y el consumo de energía eléctrica en su red de oficinas y servicios centrales durante 2016, lo que supone haber compensado el 63,5% de la huella de carbono. En este sentido, el objetivo de CaixaBank es compensar el 100% de su huella de carbono antes de finalizar 2018 y convertirse así en neutra en carbono, siendo el primer banco de España en alcanzar este mérito.

Finalemente, CaixaBank ha anunciado que son la primera entidad financiera en España que ha recibido de parte del Ministerio de Medio Ambiente el sello Calculo + Reduzco + Compenso del Registro de Huella de Carbono, que sirve para distinguir a aquellas organizaciones que calculan su emisión de CO2 y cuentan con un plan para reducirla. Entre sus medidas para combatir el cambio climático, está su objetivo de que el 100% de su consumo eléctrico provenga de energías renovables para 2018. Otras de las acciones de la entidad son la sustitución de rótulos e iluminación de recintos 24 horas en la red de oficinas por otros con leds y el diseño ecoeficiente de las nuevas edificaciones.

Isolux Corsán solicita entrar en concurso de acreedores tras no lograr un inversor aunque tiene 6 ofertas en la recámara

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Europa Press / Servimedia.- El consejo de administración de Isolux Corsán ha aprobado solicitar el concurso de acreedores para el grupo y seis de sus filiales, después de dos años tratando de superar sus dificultades financieras y, en último término, tras no lograr un inversor que entre en su capital y lo rescate. Acto seguido, el presidente de la firma, Nemesio Fernández-Cuesta, y el resto del consejo presentaron en bloque su dimisión para «facilitar la gestión de la nueva etapa», según explicó la compañía.

El concurso de Isolux es el mayor de una compañía de construcción de los últimos años y de los de más dimensión de la historia empresarial española junto con los de Martinsa Fadesa, Abengoa, Nueva Rumasa, Pescanova o Reyal Urbis. Isolux recurre finalmente al concurso tras dos años tratando de superar sus tensiones de liquidez y financieras y al no poder acometer una segunda reestructuración de su deuda apenas un año después de que en julio de 2016 fuera rescatada por sus bancos acreedores, que desde entonces controlan la compañía.

El grupo, en preconcurso desde el pasado abril, buscaba estos últimos meses un socio que entrara en su capital, inyectara fondos y la reflotase. El grupo finalmente no ha tenido tiempo para conseguirlo, si bien en esta última reunión el consejo anunció que «en los últimos días» se han recibido seis ofertas presentadas por distintos inversores interesados sobre distintos negocios de la división de construcción e ingeniería de la empresa.

Se trata de propuestas que se comprometen a subrogar no sólo a los trabajadores vinculados a los proyectos, sino también a otros de otras áreas, según detalló el hasta ahora presidente ante la junta general de accionistas que Isolux celebró. «Corresponde a los nuevos administradores, al administrador concursal y al juez, enjuiciar, valorar y, en su caso, aprobar alguna de estas propuestas recibidas que den continuidad a la labor empresarial y a los trabajos de este consejo de administración que termina su tarea«, concluyó Fernández-Cuesta.

La junta de Isolux, que desde el rescate del pasado año estaba controlado por sus bancos acreedores, liderados por CaixaBank y Bankia, aprobó nombrar tres nuevos gestores que sustituyan al dimitido consejo y trabajen junto a los administradores concursales que designe el juez. Se trata de David Pastor, que será además el nuevo presidente de la compañía; David Vilella, que ejercerá de vicepresidente y Enrique Medina en representación de la firma Fuster&Partners, expertos en concursos los dos primeros y especialista en reestructuraciones empresariales el segundo.

Isolux se declara en quiebra con un agujero (un patrimonio negativo) de unos 801,9 millones de euros y una plantilla, tras el ERE pactado el pasado año, de 3.884 trabajadores. De ellos, los empleados de las firmas que solicitarán el concurso son 1.992 empleados, 1.104 de ellos, en España. Asimismo, a pesar del rescate y la reestructuración de deuda del pasado año, la compañía soportaba al cierre de abril una deuda de 1.270 millones de euros (557 millones ligados a proyectos). El grupo tiene una deuda de 405 millones con proveedores, pero, según asegura, está al día en el pago de las nóminas y el resto de obligaciones con los trabajadores (Seguridad Social e IRPF).

El ya expresidente de Isolux señaló a la gestión realizada en el negocio de concesiones de infraestructuras como causa última de la situación. No obstante, achacó a la «desvinculación por sorpresa» el pasado mes de marzo de unos de los bancos acreedores como factor que precipitó el concurso. Fernández-Cuesta trazó la radiografía de los problemas del grupo, entre los que citó el endeudamiento que asumía en los proyectos de concesión, el trasvase de caja al negocio concesional desde los contratos de construcción, que recaían en retrasos, sobrecostes y penalizaciones. También señaló a las inversiones realizadas en negocios ajenos al constructor, como el del biodiésel y las termosolares y al «riesgo adicional» que asumía en los proyectos por los que competía.

CaixaBank descarta un «impacto adicional”

Por su parte, CaixaBank afirmó que sus exposiciones accionariales y crediticias relacionadas con Isolux «ya se encontraban adecuadamente provisionadas al cierre del primer trimestre de 2017». Según explicó la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), «en consecuencia, no espera ningún impacto adicional significativo por estas circunstancias en las cuentas del segundo trimestre de 2017″. La entidad que preside Jordi Gual tiene previsto publicar los resultados del primer semestre del año el próximo 28 de julio.

CaixaBank sigue la estela de otras entidades financieras como Santander y reduce también su participación en Abengoa, hasta un 2,89%

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EFE / Europa Press.- El Santander fue el primero en deshacer posiciones en la nueva Abengoa, rebajando del 9,63% al 2,41% su participación, lo que supuso la venta de un 7,2% del capital, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Una estela seguida por otras entidades financieras que han vendido acciones desde que se produjo la reestructuración de su deuda; la última CaixaBank, que ha reducido su participación en el capital de Abengoa, que pasa del 5,008% al 2,89%.

Tras el cierre de la reestructuración de Abengoa, que implicó el canje de deuda por acciones, también vendieron títulos del grupo andaluz Credit Agricole, que pasó del 8,771% del capital al 4,596%; el Banco Santander, que redujo su participación desde el 9,63% al 2,414%; Bankia, que la rebajó del 4,643% al 2,819%; y el Banco Sabadell, que vendió su 3,176%. De esta forma, los principales accionistas de Abengoa son ahora Credit Agricole, con un 4,596%, y Banco Popular, con un 4,576%, de acuerdo con los datos comunicados a la CNMV.

En el momento de la entrada de las entidades, los grandes bancos españoles sumaron una participación total del 26,9% en la empresa. Del 2,41% al que ha quedado reducida la participación del Santander, el 2% lo controla de forma directa, mientras que el resto se articula a través de inversiones de Santander Factoring, EFC, Banco Santander Brasil y Bank Zachodni WBK. El banco sigue siendo el principal acreedor de Abengoa. La entrada de los bancos en el capital se concretó una vez culminado el proceso de reestructuración con el que la empresa evitó el mayor concurso de acreedores de España e inició una nueva andadura con Gonzalo Urquijo al frente.

Abengoa completó el pasado 31 de marzo el proceso de reestructuración de su deuda al comenzar a cotizar las nuevas acciones procedentes de la ampliación de capital y los warrants (derechos de compra de títulos) emitidos para compensar a los acreedores, mayoritariamente bancos. Estas operaciones dieron lugar a una nueva estructura societaria en la que los antiguos accionistas vieron diluida su participación hasta el 5%, mientras que los acreedores se quedaron con el 95% restante.

En total, la banca acreedora se hizo con un 43,24% del capital de Abengoa, un porcentaje cercano al 45% tomado como referencia en el plan de reestructuración. Los bancos disponen de 718 millones de acciones de clase A y de 7.367 millones de acciones de clase B. Otros accionistas dentro de este perfil de antiguos acreedores bancarios son D.E. Shaw, con un 3,62%, y Arvo Investment Holding, con un 3,53%, mientras que Abengoa dispone de acciones propias por otro 0,34%.

Los acreedores han sufrido una quita del 97%, mientras que el 3% restante queda articulado a través de deuda con vencimiento a diez años sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización. En paralelo, los fondos que inyectaron los 1.169 millones de dinero nuevo sumaron el 55% del capital. La ampliación de capital ha implicado la emisión de 1.577 millones de nuevas acciones de clase A y 16.316 millones de acciones de clase B. Además, se emitieron 83 millones de warrants sobre acciones A y otros 858 millones de instrumentos sobre acciones B.

Energean encarga a Repsol buscar yacimientos de hidrocarburos en Grecia mientras Gran Canaria se muestra crítica con Brufau

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EFE.- El Cabildo de Gran Canaria expresará a los accionistas de referencia de Repsol, Sacyr y La Caixa, su rechazo a las declaraciones que hizo el presidente de la compañía, Antonio Brufau, al tildar de «tercermundista» la oposición del archipiélago a las prospecciones petrolíferas. Mientras tanto, la empresa griega Energean Oil and Gas comunicó su acuerdo con la española Repsol para la exploración de yacimientos de hidrocarburos en dos zonas de Grecia, las regiones de Ioánina y Aetolia-Acarnania.

Repsol, que realizará la exploración en Ioánina entre 2017-2018 y en Aetolia-Acarnania entre 2018-2019, se hará con el control del 60% de la operadora de ambas zonas, que cubren un área de 8.547 kilómetros cuadrados. Para hacerse efectivo el acuerdo necesita, entre otros, la aprobación del Gobierno griego. Energean Oil explicó que tiene la esperanza de encontrar hidrocarburos en dichas áreas citando el reciente descubrimiento de 10.000 millones de barriles de petróleo y 30 trillones de pies cúbicos (unos 849.505 millones de metros cúbicos) de gas en regiones geológicas cercanas.

Canarias condena palabras de Brufau

El pleno del Cabildo tomó esta decisión a propuesta del grupo de gobierno (Nueva Canarias-PSOE), con el apoyo de la mayor parte de los consejeros que lo conforman, salvo los del PP y Unidos por Gran Canaria, que han preferido abstenerse en la condena a las palabras de Brufau, quecontrapuso la colaboración que su empresa ha encontrado en Alaska (Estados Unidos), donde ha descubierto un importante yacimiento de hidrocarburos, con la oposición casi unánime con la que se topó Repsol cuando realizó prospecciones a 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura.Brufau dijo que ese rechazo de las instituciones canarias (Gobierno, Parlamento y los cabildos) le había parecido «tercermundista» y que el asunto fue para él «un dolor de muelas».

Tanto el Parlamento de Canarias como el Cabildo de Lanzarote le han declarado persona non grata y le han exigido una disculpa.El Cabildo de Gran Canaria se ha sumado a esas críticas y su consejero de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez (NC), reconoció durante el debate que el deseo de su grupo sería declarar a Brufau «persona non grata» en la isla, como han hecho el Parlamento autonómico y el Cabildo de Lanzarote, pero a su juicio «existen limitaciones legales» para que el Cabildo adopte una declaración en esos términos.

Isolux negocia con sus bancos accionistas una inyección de 200 millones de euros

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Europa Press.- Isolux Corsan negocia actualmente con sus tres primeros bancos accionistas una inyección de entre 200 y 250 millones de euros con el fin de garantizarse la liquidez necesaria para el desarrollo de los proyectos que tiene en marcha la empresa y asegurar su viabilidad, según indicaron fuentes financieras. Las entidades con las que la firma de construcción e ingeniería negocia esta aportación son Santander, Bankia y CaixaBank, según adelanta el diario Expansión.

Isolux apela de nuevo a la banca cuando aún no hace un año, en julio de 2016, la compañía pactara un plan de rescate de unos 2.100 millones de euros con sus bancos acreedores. La materialización del plan concluyó a finales del pasado año, mediante la toma de control de la compañía por parte de los bancos, al canjear por acciones el grueso de la deuda, unos 1.400 millones de pasivo. En virtud de esta operación, CaixaBank, Santander y Bankia se convirtieron en primeros accionistas de la compañía con participaciones del 14,3%, el 9,5%, el 6,5% respectivamente, si bien entraron también una veintena de entidades.

Tras cerrar este rescate, la compañía actualmente presidida por Nemesio Fernández Cuesta se centra en retomar su actividad de construcción e ingeniería, enfocándose en proyectos internacionales. En paralelo, el grupo sigue trabajando en el programa de desinversiones de activos no estratégicos que incluye su plan estratégico, con el fin de lograr recursos con los que pagar parte de su deuda, el denominado tramo B, de unos 750 millones. Así, tras vender un parque eólico en Argentina y la filial de plantas fotovoltaicas T-Solar, trabaja para desprenderse del resto de activos en los que tiene colgado el cartel de se vende, como un conjunto de líneas de transmisión eléctrica de Brasil.

Sacyr liquida otros 319 millones de euros de su deuda asociada a Repsol

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Europa Press.– Sacyr pagó anticipadamente otros 319,5 millones de euros de la deuda que tiene asociada a la participación del 8,4% que ostenta como segundo accionista de Repsol, con lo que ha recortado un 29% este pasivo hasta situarlo en 769 millones de euros, según indicó la compañía de construcción. El grupo que preside Manuel Manrique ha obtenido los fondos para realizar esta amortización al firmar una nueva operación de derivados con parte de los títulos de la petrolera.

La constructora ha logrado la financiación poniendo como garantía 30 millones de acciones de Repsol equivalentes a un 2,1% del capital de esta empresa y al 25% de la participación total de Sacyr. Sacyr, que mantiene la propiedad y los derechos sobre toda su participación del 8,4%, enmarca la operación en su estrategia de reducir su endeudamiento y recortar los riesgos asociados a su inversión en la petrolera, especialmente los derivados de las variaciones del precio del petróleo. Además, la constructora asegura que la operación le permite no tener que poner garantías adicionales al préstamo si las acciones incluidas en los derivados bajan de la cota de los 11,9 euros.

Esta operación de derivados con títulos de Repsol es igual a la que Sacyr realizó el pasado 29 de septiembre. Entonces liquidó 213 millones de deuda al empeñar títulos representativos del 1,4% de la petrolera. Así, en lo que va de año, la constructora amortizó anticipadamente 885 millones (un 53%) de la deuda vinculada a Repsol, que queda ahora situada en 769 millones de euros, el 19% del pasivo total de 4.021 millones que el grupo presentaba al cierre de septiembre. Los títulos de la petrolera actualmente se sitúan en torno a los 13 euros. Sacyr tiene contabilizada su participación a 15,6 euros por acción.

No obstante, los derivados son un activo financiero y se puede liquidar en acciones o en efectivo. En este caso, la operación constituiría una puerta de salida o de reducción de la posición de Sacyr en el capital de Repsol, donde desembarcó en 2006 y en el que llegó a tener un 20% del capital. La firma de estos dos contratos de derivados por parte de la constructora tiene además lugar después de que Repsol haya reducido su dividendo y que, en paralelo a CaixaBank, disminuyera a la mitad su participación en Gas Natural Fenosa.

Repsol nombra a Gonzalo Gortázar nuevo vicepresidente de su consejo en lugar de Fainé

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Servimedia.- El consejo de administración de Repsol acordó el nombramiento del consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, como vicepresidente primero del consejo y como miembro de su Comisión Delegada. Gortázar, que ya era consejero de Repsol, ocupa así los puestos que dejó vacantes Isidro Fainé tras ser nombrado presidente de Gas Natural Fenosa. Además, el consejo aprobó el nombramiento de Antonio Massanell como consejero externo dominical en representación de CaixaBank, además de su designación como miembro de la Comisión de Nombramientos y de la Comisión de Sostenibilidad.