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Rajoy y Nadal aseguran que no se tomarán «decisiones políticas» sobre Garoña y defienden la profesionalidad del CSN

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se ha pronunciado sobre si reabrirá o no la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), alegando que tiene 6 meses antes de tomar la decisión. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que el Gobierno no tomará «decisiones irresponsables» ni «políticas» sobre Garoña y ha defendido la profesionalidad de los miembros del consejo y técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en la elaboración del informe sobre la planta.

La diputada socialista burgalesa, Esther Peña, acusó al PP de «no decir la verdad» sobre este tema «jugando» con los trabajadores de Garoña y con la comarca a la que, según ha recordado, les prometieron un plan de recuperación de empleo que siguen esperando «desde hace 5 años». Del mismo modo, señaló que la planta «no es segura» tal y como, a su juicio, demuestra el informe del CSN en el que se piden inversiones de seguridad a la empresa que gestiona Garoña, Nuclenor, y apunta que el PP busca con esta reapertura lanzar un «globo sonda» para mantener las centrales nucleares en España y favorecer a las compañías eléctricas.

En este sentido, el ministro acusó al PSOE de «querer sacrificar a los trabajadores y a la comarca» para «hacer política y llevarse votos» y ha indicado que su departamento no tomará decisiones «por motivos ideológicos» ni se precipitará en la toma de decisiones sobre un tema de seguridad. «Todas las decisiones las vamos a tomar de manera sosegada«, insistió. Nadal valoró positivamente que el PP esté «abriendo un proceso de audiencia pública» antes de tomar una decisión «para que todo el mundo opine» y rechazó las declaraciones del coportavoz de Equo, Juan López de Uralde asegurando que toda la comunidad social y política está en contra de la reapertura.

«No es igual la opinión de los trabajadores, de las empresas, de la Junta de Castilla y León y del Gobierno vasco, de las diputaciones», ha apuntado el titular de Energía, que también ha señalado que se escuchará a las asociaciones ecologistas. «Es de recibo que todo el mundo reciba la información», afirmó. Uralde reprochó a Nadal que el trámite que va a llevar a cabo el Ejecutivo se inicie pidiendo su opinión a la empresa dueña de Garoña cuando «se está jugando la seguridad de las personas y con el medio ambiente» al reabrir una central «obsoleta» y que «no aporta ni un kilovatio a la red», por lo que «no tiene impacto en el precio de la luz«.

Del mismo modo, ha dudado de la imparcialidad del CSN al hacer el informe sobre la reapertura. Uralde denunció que hace años se le impusieron a la central unas inversiones para poder renovar su actividad, y ahora, sin que se hayan llevado a cabo las reformas, se pronuncie a favor de la reapertura. En este sentido, recordó que la mayoría de los miembros del CSN fueron propuestos por el PP. «Me preocupa que dude de la independencia del CSN», ha reconocido Nadal. ¿Piensa que los técnicos no son profesionales y no cuidan la seguridad nuclear del país?, cuestionó el ministro, que reivindicó que éstos son «los más reputados de Europa».

Rajoy escuchará “a los interesados”

Por su parte, el presidente del Gobierno señaló que antes de tomar una decisión deben cumplirse algunos trámites, entre ellos, que el Ejecutivo escuche «a todos los que tengan interés» en este tema. Así respondió Rajoy a la pregunta formulada por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, acerca de las intenciones del presidente sobre la reapertura de Garoña. Esteban le recordó que «la posición mayoritaria», tanto social como política, es favorable al cierre y mostró su temor de que el PP ponga en marcha la central y que luego sea apagada por una decisión posterior, teniendo que pagar los costes que eso conlleva los ciudadanos.

El portavoz nacionalista ha destacado que Garoña es la planta más antigua de España, que su reactor es del mismo tipo del de la central de Fukushima (Japón)y supone «simplemente el 0,4% de la potencia instalada en España» y no llega al 6% de la potencia nuclear en el país. «Esto no va a abaratar el precio de la electricidad, ni mucho menos, es una central vieja y tiene riesgos, no le vemos ningún sentido», ha destacado en su discurso.

«Entiendo sus argumentos y sus razonamientos pero soy el presidente y tengo que cumplir los trámites que dice la ley», ha insistido Rajoy, quien ha apuntado que primero es Nuclenor, la empresa gestora de la planta, quien debe pronunciarse y después el Gobierno comenzará la ronda de contactos. Además, ha precisado, después de que el Ejecutivo tome una decisión, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también tendrá algo que decir.

«En todo caso les escucharemos a ustedes y todas las instituciones que han manifestado su intereses» sobre este tema, ha asegurado el presidente que ha destacado que sí hay instituciones favorables a la reapertura de Garoña, como la Junta de Castilla y León. Del mismo modo, Rajoy ha defendido su actitud, que ha calificado como las «más prudente, razonable y sensata», de «estudiar a fondo» los razonamientos de unos y de otros» antes de tomar una decisión. «Intentaremos tomar la mejor decisión en defensa de los intereses de todos», concluyó.

La Lora (Burgos) mantiene la esperanza de ser «un pequeño Texas» tras no prorrogarse su explotación

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EFE.- Los pocos vecinos que quedan en el entorno de los pozos de petróleo de La Lora, en Burgos, están convencidos de que tras la denegación de la prórroga de la concesión, la explotación volverá a abrir porque hay empresas interesadas y un estudio que indica que queda mucho petróleo en «el pequeño Texas español», así conocida en los años sesenta del siglo pasado, cuando se hablaba de cantidades ingentes de petróleo, que convertirían a España en una potencia energética.

De la reapertura depende en buena medida el futuro de las seis pedanías que encabeza Sargentes de la Lora. «En realidad eran ocho pedanías pero en dos ya no vive nadie y en el resto cada vez queda menos gente joven; si se cierran completamente los pozos de petróleo será un desastre», detalla el alcalde, Carlos Gallo. De hecho, en este momento hay poco más de un centenar de habitantes censados, tres veces menos de los que llegó a haber en los años sesenta del siglo pasado, y muchos de ellos ni siquiera residen en el pueblo de forma permanente.

El silencio es impresionante en una mañana fría de invierno en la que desde El oro negro, el único bar que ha quedado en Sargentes de la Lora, se ven «los caballitos» para bombear petróleo instalados en los 12 pozos que seguían activos hasta hace unas semanas. Leoncio Ruiz, que trabajó durante 23 años en los pozos de Ayoluengo, que es el nombre oficial de la explotación petrolífera, mira con cierta tristeza el cartel de Prohibido el paso que ahora encabeza la entrada a la zona de los pozos. «A ver si tardan poco en volver a abrir», dice preocupado.

Parece que hay razones para la esperanza en estos pueblos situados a unos 60 kilómetros de Burgos, en los que llegó a haber medio millar de trabajadores, una sucursal bancaria y siete bares. Leoncio Ruiz recuerda que era el 6 de junio de 1964 cuando saltó el primer chorro de petróleo. Después vinieron «los mejores años», cuando salían de Ayoluengo más de 4.000 barriles diarios, aunque siempre fue «de poca calidad», por su alto contenido en arsénico y azufre, que dificultan el refinado; cuando los pozos pararon su actividad solo salían de 100 barriles diarios.

Sin embargo, el alcalde, Carlos Gallo, insiste en que hay razones para la esperanza en la reapertura. «Hay empresas interesadas, incluso la que ha tenido la concesión, en invertir millones de euros en Ayoluengo porque hay estudios que indican que todavía hay 100 millones de barriles sin extraer, más del 80% del total, pero eso requiere inversiones importantes», concluye Gallo.

El Gobierno considera que Garoña «no se puede utilizar como precedente para el resto de centrales nucleares que están funcionando»

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para alargar la vida útil de la central nuclear de Garoña (Burgos) “en ningún caso es un precedente” para peticiones futuras de otras plantas que están abiertas y funcionando “ya que es una central singular que ya lleva cuatro años cerrada».

«La decisión que tomemos sobre Garoña no prejuzga lo que podamos hacer en otras centrales», reiteró el secretario de Estado, que citó Almaraz y Trillo. «Es radicalmente distinta a una central que está en funcionamiento», sentenció. Por otro lado, recordó que la decisión definitiva sobre si la central vuelve a operar es de Nuclenor, la empresa titular formada por Iberdrola y Endesa. «Nosotros tenemos que conceder la autorización o no y hacerlo por un plazo concreto», señaló Navia, quien añadió que «son las empresas las que tienen que valorar si esa autorización les permite continuar».

En todo caso, aseguró que «no se va a abrir sin hacer las inversiones que ha exigido el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)». «Eso no supone ninguna duda y se van a cumplir todos los requisitos de seguridad», apostilló. Así, advirtió de que en cada caso que se produzca a futuro acerca de una petición de ampliar la vida útil de 40 años de una central nuclear, el debate será «las inversiones necesarias para continuar».

«Lo que se pueda hacer en otras centrales será radicalmente distinto», señaló. Navia indicó que el Ministerio de Energía cuenta ahora con un periodo de 6 meses para tomar una decisión sobre el informe del CSN respecto a Garoña y que, para ello, se abrirá un periodo de audiencia pública para «oír a todo el mundo», teniendo en cuenta las alegaciones que se puedan presentar. El Ministerio de Energía mantendrá reuniones con comunidades autónomas, organizaciones sociales y ecologistas y empresas para conocer su postura y tomar una decisión. «Todavía no está definido un calendario de reuniones y no sabemos si serán conjuntas o bilaterales», señaló.

Burgos exige el cierre definitivo

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Burgos exige al ministro de Energía que no avale la reapertura de Garoña e inicie las medidas necesarias para proceder, de manera inmediata, al cierre definitivo de las instalaciones y posterior desmantelamiento. Con los votos del PSOE, Ciudadanos, Imagina y la edil no adscrita Silvia Álvarez de Eulate, y el voto en contra del PP, y la abstención de otro concejal no adscrito, procedente del PP, el pleno municipal aprobó esta moción de urgencia presentada por C’s.

Una vez el CSN ha emitido informe favorable a la reapertura, Ciudadanos considera que es el momento de que Burgos se posicione públicamente contra la central nuclear. El aporte energético de Garoña es «marginal», ha afirmado el edil de Ciudadanos, Jesús Ortego, quien también ha incidido en que «no existe acuerdo político» sobre la reapertura de la central y además Nuclenor como empresa propietaria «tiene dudas». «El momento político es diferente y la central también está en un momento técnico diferente», así que Burgos debe exigir al Ministerio de Energía que no avale su reapertura.

La propuesta ha contado con el apoyo de PSOE e Imagina, que creen que es «prácticamente imposible» que la nuclear reabra, porque ya no interesa a las eléctricas desde el punto de vista económico. En el lado contrario se ha posicionado el PP; el edil César Rico rechazó el «cierre político» de Garoña y ha apostado por que sean los propietarios los que decidan el futuro de la central nuclear.

Finalmente, el pleno del Ayuntamiento ha acordado pedir a Energía que no avale la reapertura de la central nuclear y tome las medidas necesarias para hacer posible su cierre definitivo. Al mismo tiempo, se ha instado a la recuperación y actualización del Plan de Reindustrialización de la zona de influencia, aprobado en 2010 pero paralizado tras la llegada del PP al Gobierno. El PSOE ha defendido que se aprovechen los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para incluir una partida que permita sacar nueva convocatoria del Plan Reindus este año.

Energía abrirá un proceso de diálogo sobre Garoña con todos los implicados mientras Foro Nuclear ve una estrategia energética “adecuada”

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EFE / Europa Press.- El Foro de la Industria Nuclear defiende la continuidad de la operación a largo plazo del parque nuclear español porque es una «estrategia energética adecuada y necesaria» para España en el contexto actual. La decisión queda en manos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que abrirá un proceso de diálogo con todos los agentes implicados, entre ellos comunidades autónomas, organizaciones ecologistas y empresas, antes de tomar una decisión sobre el futuro de la central nuclear de Garoña (Burgos).

«Antes de tomar una decisión, el Ministerio abrirá un proceso de diálogo con comunidades autónomas afectadas, ecologistas, empresas y demás actores implicados para llegar a un consenso», indicaron las fuentes del departamento que encabeza Álvaro Nadal. El Ministerio de Energía cuenta con un plazo de 6 meses para tomar una decisión tras el dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Nadal aseveró en el Senado que la seguridad «es prioritaria» y que su departamento basará su decisión «en el interés general». El pleno del CSN aprobó un dictamen favorable a la reapertura de Garoña siempre y cuando Nuclenor, la sociedad que opera la planta (participada por Endesa e Iberdrola), cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen.

Tras el visto bueno del CSN corresponde ahora al Ministerio de Energía decidir si autoriza a Nuclenor a volver a conectar la planta a la red, ya que está parada desde 2012. Energía aclara que la eventual continuidad de la central estará condicionada al cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad impuestos por el organismo regulador y que la decisión final corresponderá al titular de la central, esto es, a Nuclenor. Fuentes del ministerio reiteraron que el dictamen del CSN se refiere únicamente a la central de Garoña, que es un caso «muy específico» dentro del parque nuclear español tras dejar de funcionar en 2012por motivos económicos, y que no supondrá «ningún precedente para decisiones futuras sobre otras centrales».

Foro Nuclear: “estrategia energética adecuada”

El Foro de la Industria Nuclear considera el dictamen favorable del CSN a la renovación de Garoña como «el cumplimiento de un paso más dentro del procedimiento establecido para este tipo de solicitudes», que permite el funcionamiento de las centrales nucleares con todas las garantías técnicas y de seguridad.Así, recuerda que «ahora» corresponde al Ministerio de Energía «tomar la decisión final al respecto» y confía en que se base, igual que la resolución emitida por el regulador, en criterios técnicos, «primando la seguridad nuclear y la protección de las personas y del medio ambiente».

Antonio Cornadó, presidente de esta institución, asegura que la continuidad de la operación del parque nuclear español, bajo la supervisión del CSN, es una estrategia energética «adecuada y necesaria para España» dentro del actual contexto de recuperación económica y en la “transición hacia un modelo sostenible”. Igualmente, recuerda que otros países están apostando por «la continuidad de la operación» de las plantas nucleares y que en este momento hay 100 reactores en todo el mundo autorizados para ello. «Diez años de operación adicional de las centrales nucleares españolas significan la generación de electricidad equivalente a dos años y medio de consumo nacional anual, evitar la emisión de más de 400 millones de toneladas de CO2 y consolidar 27.500 empleos», insiste.

Castilla y León pide reapertura

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, apuesta por la continuidad de Garoña, después de que el CSN constate su seguridad si se realizan determinas inversiones, tras reiterar la «eficiencia» de la energía nuclear, que es una energía «barata» de producir. «Lo más importante es que realizando determinadas inversiones Garoña es segura», destacó Del Olmo, quien ha reseñado que ahora la decisión está en manos de la empresa que gestiona la central, de la que desconoce si tiene intención de realizar una inversión que el propio CSN estima en 200 millones de euros, y del Ministerio de Energía.

Para la consejera la reapertura de la central es «importante» para Castilla y León porque genera unos 1.000 empleos en la comunidad, con lo que se crearán «beneficios» en el mundo rural, por lo que confía en que Energía respalde esta apuesta de la Junta. No obstante ha recordado que la decisión final depende de la empresa tras analizar las inversiones que debe realizar y valorar si su futuro es rentable. «Confío que lo analicen y decidan la continuidad de Garoña», afirmó, al tiempo que entiende que la decisión de Nuclenor también dependerá “en gran medida” del plazo de prórroga que finalmente se otorgue a la central, algo por determinar.

La plantilla de Garoña, satisfecha

Por otro lado, el presidente del comité de empresa de la central de Garoña, Pedro San Millán, ha mostrado la satisfacción de los trabajadores por la decisión del CSN y ahora esperan que tanto el Ministerio de Industria como las empresas (Iberdrola y Endesa) decidan apostar por la continuidad de la nuclear burgalesa. Así lo ha manifestado San Millán tras este nuevo capítulo, «un paso más en el peregrinar» que comenzó en 2003 cuando se inició el proceso de alargamiento de la vida de Garoña. Asimismo, el miembro del comité de empresa ha recordado que fuera del país hay antecedentes de centrales de este tipo «que pueden alargar su vida hasta los 60 años mínimo».

Sobre las condiciones impuestas por el CSN, Pedro San Millán ha explicado que siempre que el Consejo ha autorizado una ampliación de la vida útil de una central lo ha supeditado «a la implantación de unas mejoras del diseño que van dirigidas a la seguridad«, por lo que considera «normal» que también se haga ahora con el caso de Garoña. Por ello cree que se pedirá que unos sistemas de seguridad se implanten antes de que la central burgalesa vuelva a arrancar y «otros sistemas» durante el periodo de producción.

PP vasco asegura «máxima seguridad»

Por su parte, la secretaria general del PP del País Vasco, Nerea Llanos, asegura que el Gobierno de España tendrá en cuenta la «realidad» y la «máxima seguridad» al decidir si autoriza volver a la actividad a Garoña. Eso sí, Llanos ha reiterado que la postura del PP vasco es contraria a la reapertura de esta central nuclear y que esa posición la conoce el Gobierno. Ha sostenido que en torno a este asunto «hay más interés político que energético» e indica que los populares vascos no van a participar en ese «juego político», del que acusó especialmente al PNV.

El CSN impone a la central nuclear de Garoña 10 condiciones que deberá cumplir antes de cargar combustible

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Europa Press.- El Consejo de Seguridad Nuclear ha acordado por 4 votos a favor y 1 en contra establecer un conjunto de límites y condiciones de imprescindible implantación antes de que la central nuclear de Santa María de Garoña, si el Gobierno le concede una autorización, pueda cargar combustible y empezar a producir electricidad.

En una rueda de prensa inusual el pleno, con el presidente, Fernando Martí Scharfhausen, sus consejeros y el director de seguridad técnica y de protección radiológica, indicaron que el CSN evaluó la solicitud formulada por Nuclenor, el titular de Garoña, para establecer las condiciones para operar hasta 2031, cuando llegue a la edad de 60 años, aunque en el dictamen no se establece una fecha máxima, algo que alegan que corresponde, en su caso, al Gobierno. El informe del organismo regulador atómico era preceptivo y vinculante en caso de ser negativo, pero no vinculante en caso de ser favorable, por lo que la decisión corresponde ahora al Ministerio de Energía.

El director de Seguridad Nuclear, Antonio Munuera, ha explicado la propuesta, a la que se opone la consejera Cristina Narbona, y que incluye 8 condiciones relativas a las autorizaciones de explotación genéricas pero otras 2 más específicas como el aislamiento de la contención primaria o la protección de equipos frente a un gran incendio o la separación y aislamiento del cableado, que están «prácticamente finalizadas», pero también «muchas otras» que, según una estimación inicial de Nuclenor, le podrían llevar «al menos 12 meses de trabajos».

En total, se trata de 10 condiciones, 15 instrucciones técnicas complementarias y un programa de pruebas de arranque en el que se verificará el cumplimiento de todo ello. Munuera ha precisado además que para su toma de decisión el pleno ha analizado 167 informes, las respuestas de Nuclenor al cumplimiento de la Normativa de Aplicación Condicionada, el estado de cumplimiento de las condiciones sobre seguridad nuclear y protección radiológica de las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y de las Instrucciones Técnicas aplicables. Así, los consejeros han evaluado que las propuestas «son aceptables» desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica, pero consideran «necesario» que Nuclenor realice acciones adicionales antes de cargar combustible y operar a potencia.

Estas ITC, los 10 límites y condiciones y otras 15 instrucciones complementarias, incluyen, por ejemplo, un programa de organización y factores humanos, adaptar el sistema de protección frente a incendios, implantar las medidas post-Fukushima. Antes de que el reactor de la planta comience a funcionar se deberán inspeccionar las barras de control, verificar el cumplimiento del programa de actuaciones; revisar el plan de envejecimiento y acometer las pruebas de arranque.

Precisamente, Martí ha afirmado que al CSN le da igual si cuesta 100 que si cuesta 300. “No sabemos ni queremos saber lo que no tenemos que saber. Tenemos el derecho a no saber de eso. Somos responsables de seguridad nuclear y la protección radiológica“, aseveró enérgico. Tanto el presidente del CSN, Fernando Martí, como el resto de consejeros, Rosario Velasco (vicepresidenta), Fernando Castelló y Javier Dies, defendieron el rigor y la independencia del cuerpo técnico y han subrayado de que al regulador «únicamente» le corresponde poner las condiciones y «evaluar» pero que la decisión definitiva corresponde «únicamente» al Gobierno.

Revisión de seguridad en 2023

Del mismo modo, se han desvinculado sobre la «capacidad» de marcar la política energética nacional con una decisión que, por primera vez, pondrá a una central nuclear en la operación a largo plazo, los 60 años de edad, si el Gobierno así lo determina. En todo caso, el informe favorable no establece una fecha de autorización pero sí que las Revisiones Periódicas de Seguridad que deberá pasar Garoña serán como mucho cada 10 años «y la próxima le toca en 2023», según Velasco, que ante el Congreso reivindicó previamente que la misión del CSN en este proceso es «técnica», mientras que la decisión final corresponde al Gobierno, por lo que insistió en que el CSN «no abre ni cierra centrales».

El presidente Martí Scharfhausen insistió en que el CSN «no autoriza ni desautoriza centrales, sino que marca las condiciones para que puedan volver a operar con seguridad» por lo que ha puesto la pelota del futuro de Garoña en el tejado del Ministerio y del Gobierno, que tendrán que marcar «el plazo» que «no es competencia» del regulador, que debe ser «fiel y escrupuloso» en el cumplimiento de la ley.

Asimismo, instó a «los medios de comunicación» a difundir el «prestigio internacional» de los técnicos del CSN a pesar del «pecado original de sus consejeros» para que su trabajo no se mezcle con «batallas ajenas» a su cometido. «El prestigio de los técnicos está basado en la profesionalidad, el esfuerzo y la dedicación técnica porque el CSN es esencial para los ciudadanos aunque se cierren todas las centrales nucleares», indicó.

Por su parte, Narbona explicó los motivos por los que emitió un voto particular. En su opinión, el regulador no debería ni siquiera tomar una decisión sobre la cuestión sin que la planta burgalesa hubiera terminado de implantar «todas las condiciones y modificaciones previas». La consejera basa la necesidad de votar en contra del dictamen no en la falta de criterio de los técnicos, sino en que esta es la «primera vez» desde 1999 que el regulador concede un informe favorable para la renovación de una central «sin establecer un límite temporal» a la misma y considera que esto «contradice» la guía de seguridad 1.10 que es la que está «en vigor en la actualidad», aunque se esté cambiando actualmente.

Al mismo tiempo, ha recordado una carta enviada en 2015 por Munuera a Nuclenor emplazando al titular a acelerar en las modificaciones que se le requerían como requisito previo para estudiar su solicitud de renovación. Por ello, la consejera no entiende que se haya votado un informe sin cumplir estas condiciones. Si bien, reconoce que había obligación del regulador a responder a la Administración, pero que la ley «no prejuzga la respuesta». «El pleno podía haber dicho no», ha advertido.

A continuación los consejeros han explicado los motivos por los que han votado a favor. Por ejemplo, para la vicepresidenta, Rosario Velasco, ha sido «imprescindible» que se incluyera la RPS cada diez años como plazo máximo. A su juicio, disociar la RPS de la autorización supondrá un «incremento importante» de proactividad de los operadores a la hora de garantizar la seguridad de las instalaciones.  Castelló, por su parte, ve también «muy bueno» separar ambas cuestiones y ha recordado también, respecto a la operación a largo plazo, que en el proceso de renovación de 2009 ya se realizó un análisis del envejecimiento hasta los 60 años de operación que se aprobó por unanimidad y que ahora se ha revisado y actualizado.

En la misma línea, Javier Dies apuntó que en la actualidad 117 centrales en todo el mundo tienen permiso para operar más allá de los 40 años de vida útil y ha garantizado que con las condiciones impuestas por el CSN, si el Gobierno decide autorizar la renovación de la planta, Garoña «estará en unos niveles muy competitivos de seguridad».

Podemos y los ecologistas creen que se usará la reapertura de Garoña para alargar la vida de todas las nucleares

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Redacción / Agencias.- Las principales organizaciones ecologistas y partidos políticos como Unidos Podemos y Equo han lamentado el dictamen favorable a la reapertura de la central nuclear de Garoña y auguran que con esta decisión se abre la puerta para alargar el funcionamiento de todo el parque nuclear español, sin un debate previo ni político. En este sentido, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, calificó de «absolutamente incomprensible» el informe del CSN.

A su juicio, esta decisión es «la punta de lanza para darle otro impulso a una industria que no tiene sentido», por lo que Mayoral señaló que «en estos momentos, lo que hay que hacer es cerrar la central definitivamente» ya que asegura que «otro camino no tiene sentido». Tras conocer el documento presentado por el organismo, y que ha contado con todos los votos a favor del consejo, con excepción de la exministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, Izquierda Unida presentó en el Congreso una iniciativa en la que insta al Gobierno a «tomar las medidas necesarias para decretar el cierre y desmantelamiento definitivo» de la central burgalesa.

La formación recuerda que Garoña es la central nuclear más antigua de España y que ha operado desde 1970 hasta su parada en 2012 con un reactor fabricado por General Electric, similar a la de la accidentada central japonesa de Fukushima. Por ello, llama al Ejecutivo a «asumir la responsabilidad política y penal que pueda derivarse de cualquier decisión relacionada con la reapertura». La proposición también pide que se «elabore un estricto calendario para iniciar el cierre y desmantelamiento progresivo del resto de centrales nucleares que permita la implantación de energías renovables que sustituyan la energía nuclear» y busca que el Gobierno coordine «con las administraciones territoriales planes de dinamización de las comarcas afectadas por el cierre de centrales nucleares«.

También desde Equo se han hecho eco de su descontento con la decisión del CSN. Para su diputado y portavoz, Juan López de Uralde, es «inadmisible» que, pese a que está acreditado que Garoña sigue sin «cumplir los requisitos» de seguridad que le exigió previamente el propio CSN, se apruebe su reapertura. «Garoña es una central obsoleta y peligrosa, pero la industria nuclear la está utilizando de ariete para abrir la puerta al alargamiento de la vida de las nucleares. El hecho de que la central no haya realizado las modificaciones de diseño requeridas es motivo suficiente para que el dictamen fuera negativo, pero una vez más el CSN acomoda la legalidad a los intereses de las nucleares», ha denunciado.

El diputado recuerda que en el Congreso existe una «amplia mayoría» que demanda el cierre definitivo las instalaciones, y ha anunciado que su grupo impulsará las iniciativas parlamentarias necesarias para lograr ese objetivo. «La mayoría parlamentaria se ha mostrado una y otra vez contraria a la reapertura de Garoña, y el Gobierno la está desoyendo. Ahora esa mayoría debe ponerse en acción para evitar la reapertura utilizando todas las vías a su alcance», advirtió. López de Uralde explicó que si el Ministerio de Energía «sigue adelante con este disparate» y concede el permiso para reabrir Garoña, Unidos Podemos propondrá al resto de grupos aprobar una ley para decretar el cierre definitivo de la planta burgalesa.

Alargar vida del parque nuclear

Por otro lado, Paco Castejón, de Ecologistas en Acción, ha señalado que la decisión del CSN por «esperada no es menos grave». En este contexto, el ecologista ha señalado varios motivos: el primero por el riesgo que supone mantener Garoña en funcionamiento, “una peligrosa antigualla situada en la cabecera del Ebro en la que un accidente con fuga al río afectaría ecosistemas y poblaciones de las comunidades”. Por otro lado, se trata de un permiso de 17 años, el más largo concedido a una central nuclear en España que supondrá una autorización para operar hasta los 60 años dentro del actual mercado eléctrico español, en el que «las nucleares son un negocio para sus explotadores».

Castejón ha matizado que existe una batería de cambios a introducir en la central antes de su puesta en marcha, entre las que ha resaltado el cambio de cientos de kilómetros de cables o la torre de enfriamiento que la Confederación Hidrográfica del Ebro impone para la reapertura de Garoña. Para Castejón esta decisión del CSN está destrozando la credibilidad del organismo, ya que se ha elaborado “a la medida de Nuclenor” para reabrir Garoña. «Se ha abierto la puerta para alargar el funcionamiento de todo el parque nuclear español sin un debate previo ni político, ni social ni siquiera tan siquiera técnico ya que en el caso de Garoña, aún faltan inspecciones y protocolos».

Para Raquel Montón, portavoz de Greenpeace, el CSN no sólo ha abandonado la seguridad nuclear sino que la ha dañado profundamente, ya que no garantiza la seguridad nuclear. “Garoña no puede cargar combustible ni producir electricidad, sin embargo el CSN se atreve a dar un informe favorable, aun teniendo sobradas razones para no hacerlo. Sin embargo, el organismo regulador no ha dudado en menoscabar la seguridad nuclear en España e ignorar al Parlamento para favorecer los intereses de la industria nuclear», ha declarado Montón, que también cree que la «intención última» es ampliar el parque nuclear “por la puerta de atrás, sin contar con la opinión pública y el Parlamento”.

Asimismo, Greenpeace acusó al CSN de actuar con «malas prácticas» en materia de seguridad nuclear porque, según la organización, el organismo se ha saltado sus protocolos y ha ignorado sus requerimientos realizados a Garoña en 2015. Por ello, pide al ministro de Industria, Energía y Agenda Digital, Álvaro Nadal que no tenga en cuenta este informe y que «juegue limpio» y que se facilite «un tiempo» para evitar materializar la «situación dantesca» que supondría renovar la central nuclear pero sin dejarle cargar combustible y producir electricidad, los fines para los que se pidió la renovación.

Además, Montón ha señalado que esto tiene «consecuencias» sobre la política energética de España, que debería ser diseñada en función del contexto económico y ecológico, y advierte al ministro que hacer esta política sin debate y por la vía de los hechos supone «transgredir todas las normas de participación en democracia». «Nadal debe pensar si continúa con el proceso o para esta decisión que solo va a defender los intereses de las eléctricas de forma unilateral con una autorización que debería ser directamente denegada», añadió.

Ante esta situación, ha adelantado que Greenpeace pedirá la publicación de los 167 informes técnicos realizados por 16 áreas del regulador nuclear y que han servido de base para la decisión final, primero a través del CSN y, en caso de que no se publiquen, a través del Portal de la Transparencia. Del mismo modo, solicitarán adelantar el Comité para la Información y la Participación Pública del CSN, que suele celebrarse en marzo y octubre, pero no cree que el regulador acceda a su petición.

Diputación de Álava en contra

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, aseguró que, tras la decisión del CSN, la Diputación alavesa va a seguir trabajando «en defensa de Álava, para evitar la barbaridad que supondría la reapertura» de Garoña. González denunció en el Parlamento europeo que el CSN está «incumpliendo» la normativa comunitaria en materia de seguridad nuclear, con su «oscurantismo» en torno a esta posible reapertura de la central nuclear, muy próxima al territorio alavés.

Nadal tendrá en cuenta a las comunidades autónomas, las organizaciones ecologistas y las empresas en la decisión final sobre Garoña

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró en el Senado, en referencia a la posible reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), que tendrá en cuenta la opinión de las comunidades autónomas implicadas, las organizaciones ecologistas y las empresas propietarias, Iberdrola y Endesa, antes de tomar la decisión definitiva. Así lo explicó Nadal al responder una pregunta sobre qué pasará con Garoña del senador de Podemos, Ignacio Bernal, durante la sesión de control al Gobierno de la Cámara Alta.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aceptó con condiciones la solicitud de autorización de reapertura de la central burgalesa hasta 2031, una promesa electoral de Mariano Rajoy en las elecciones generales de 2011. Ahora la decisión definitiva recaerá en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que debe aprobar en el plazo de seis meses una orden ministerial. El ministro aseveró que “la seguridad es lo prioritario cuando hablamos de energía nuclear». En todo caso, afirmó que el Gobierno basará su decisión en «el interés general» y «teniendo en cuenta lo que tengan que decir las partes implicadas». Además, añadió que «quiere que el precio de la luz baje ante todo y sobre todo».

«Hay que tener mucho cuidado con las decisiones irresponsables porque salen muy caras y les sube el precio de la electricidad a los ciudadanos y lo que este Gobierno quiere es que ese precio baje. Ustedes están en otra cosa, hacer apuestas ideológicas que en el pasado a este país le han costado 10.000 millones de euros de sobrecoste al año en el recibo de la luz», ha puntualizado Nadal. En este sentido, ha apostado por un sistema suficientemente diversificado que cumpla con los compromisos medioambientales y «salga lo más barato posible» para el ciudadano.

Lo cierto es que tanto el actual ministro, Álvaro Nadal, como su predecesor en el cargo, José Manuel Soria, han asegurado en reiteradas ocasiones que la decisión del Ministerio seguirá lo establecido por los técnicos del organismo regulador CSN. Por su parte, Bernal pidió al ministro «cerrar todas las centrales nucleares y Garoña la primera» y expresó su temor de que pueda suponer una indemnización «en diferido» a Iberdrola y Endesa por lo que le exigió «no repetir la operación Castor».Además, acusó al Ejecutivo de «haber montado este teatro con Garoña para abrir la puerta a la ampliación de la vida útil de todas las centrales nucleares del país».

Bernal asegura que a su grupo le consta que hay un dictamen técnico preliminar que refleja que no se han cumplido las medidas de seguridad exigidas a la empresa gestora de Garoña en abril de 2015. Por ello, cree que ahora se plantean «dos mapas». El primero, que se reabra Garoña sin cumplir los requisitos de seguridad, con el “riesgo” que supone para la población civil y el medio ambiente; por ello, ha pedido al titular de Energía que le diga mirándole a la cara, «no voy a abrir un Fukushima en la provincia de Burgos». Y el segundo, el pago de una millonaria indemnización.

“Oposición radical” del gobierno vasco

Por su parte, el Gobierno autonómico del País Vasco confía en que el Ejecutivo de Rajoy «tome nota» de la «oposición radical, rotunda y claramente contraria» de las instituciones de Euskadi a la reapertura de la central nuclear de Garoña, ubicada en Burgos pero cerca del límite con el País Vasco. El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, indicó que estudiará las «opciones» a su alcance para defender que la central permanezca cerrada. Resaltó que al rechazo social a la central expresado en diversas movilizaciones en Euskadi se suma la postura contraria de la instituciones de Álava, del Parlamento Vasco y del propio Gobierno autonómico. «Nadie en Euskadi comprendería la reapertura de Garoña», aseveró Erkoreka.

Garoña es la central nuclear más antigua de España y lleva parada desde finales de 2012. Su propietaria, Nuclenor, integrada por Iberdrola y Endesa, ha solicitado poder operarla hasta 2031, cuando cumpla 60 años, aunque para ello el CSN le ha exigido una serie de requisitos de seguridad. En este sentido, la Asociación Profesional de Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica desveló que las mejoras de seguridad exigidas a Nuclenor en 2015 no se han llevado a cabo y alertó de que el dictamen favorable del CSN «supone un cambio de criterio» y «de facto una exención encubierta al cumplimiento de los requisitos previos».

Técnicos del CSN alertan sobre una posible rebaja «encubierta» de los requisitos de seguridad para la central nuclear de Garoña

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Europa Press / EFE.- La Asociación Profesional de Técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTECSN) denuncia que los propietarios de la central nuclear de Garoña, ubicada en Burgos, no han adoptado las medidas necesarias para «mejorar la seguridad» de la planta, por lo que ha advertido de que el CSN ha dado su visto bueno a la reapertura de la central sin que previamente se lleven a cabo dichas mejoras, lo que a su juicio es una «exención encubierta» del cumplimiento de dichos requisitos.

Los técnicos de seguridad nuclear adscritos a la ASTECSN recuerdan que el CSN ya reclamó a los propietarios de la central nuclear una revisión del diseño de la planta, así como la implantación de determinadas modificaciones para actualizar su nivel de seguridad. Entre las medidas que pidió que adoptaran se encuentra la creación de nuevo sistema de tratamiento de gases, la separación física de cables eléctricos, la protección contra la caída del techo del edificio de la turbina, y el aislamiento de la contención primaria.

La ASTECSN asegura que el CSN advirtió de que dichas modificaciones deberían estar implantadas «como condición previa» para la emisión del preceptivo informe favorable a la renovación del permiso de actividad para la central, según se indicó a los propietarios de Garoña en abril de 2015. Estos técnicos denuncian que «esta instalación no ha realizado estas modificaciones necesarias requeridas para mejorar su nivel de seguridad». En estas circunstancias consideran que el dictamen favorable a la explotación «supone un cambio de criterio del que se desconocen sus fundamentos y supone de facto una exención encubierta al cumplimiento de los requisitos previos».

Los técnicos han advertido de que el dictamen sobre la continuidad de explotación de una central nuclear «debe necesariamente tener en cuenta el resultado final de la implantación de unas mejoras de naturaleza compleja y que, por tanto, pueden conllevar desviaciones respecto a lo inicialmente previsto». La ASTECSN considera que dictaminar sobre el nivel de seguridad de Garoña en las condiciones actuales «supone hacerlo sin disponer de la información necesaria».

Por otra parte, ha recordado que en la actualidad todas las centrales españolas «están obligadas» a realizar cada 10 años una ‘Revisión Periódica de Seguridad’ (RPS), siguiendo las pautas establecidas en la Guía de Seguridad 1.10 (GS-1.10) del CSN. Esta guía contiene normativa compartida a nivel europeo y avalada por el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA). En ella, se asocia la RPS con las solicitudes de renovación de las licencias de explotación, como garantía previa para la emisión de informe favorable sobre la renovación, para que el diseño de las plantas nucleares se actualice a la «mejor tecnología disponible», adecuándose a los avances de conocimiento, tecnológicos y normativos.

Por todo ello, la ASTECSN esgrime que la aplicación de la GS-1.10 «supone una salvaguarda de que las inversiones económicas para actualizar las plantas nucleares son acordes al nivel de riesgo que se considera aceptable en cada momento». Esta asociación denuncia que el CSN está preparando una revisión de la GS-1.10 a petición de UNESA, la patronal de las eléctricas, desvinculando los plazos de la RPS con los del propio permiso, «eliminando así la condición previa» de realizar una RPS para el informe favorable a un permiso de explotación, que forzaba a concederlos por un máximo de 10 años, y que con la modificación podrán ser establecido por el Gobierno.

Los técnicos han indicado que esta revisión de la GS-1.10 no está aprobada todavía, pero han advertido de que «podría ser aplicada por el CSN para la emisión de su informe favorable sobre Garoña, sin conocerse los fundamentos de este cambio de criterio». La ASTECSN ha asegurado que emitir un dictamen técnico sin aplicar la mencionada Guía de Seguridad, ni conocer el resultado de la implantación de las modificaciones de diseño requeridas, «supone asumir unos riesgos de forma no justificada y sin el conocimiento ni la aceptación de la sociedad».

Frente a esta «falta de transparencia», ha reclamado un debate en el que «el regulador explique públicamente su posición y justifique, en su caso, la necesidad de modificar estos requisitos». La asociación ha lamentado que el trabajo realizado en el CSN se ha desarrollado internamente a través de un expediente de evaluación «de acceso restringido incluso para los propios evaluadores, que impide la discusión necesaria para alcanzar el mejor resultado».

Además, han destacado la «gran incertidumbre» causada por los mensajes «contradictorios» de los sucesivos gobiernos y de la empresa propietaria de la central sobre su continuidad. «Antes de evaluar con escenarios inciertos, dedicando recursos que se detraen de otras actividades de supervisión, debería producirse un muy necesario debate técnico público sobre la extensión de vida de nuestras plantas nucleares», han manifestado. La asociación ha denunciado que «la toma de decisiones precipitadas, sin haber implantado todas las modificaciones solicitadas, sin un debate previo sobre la extensión de vida de las centrales nucleares, pone en entredicho la credibilidad del CSN como institución responsable de la defensa de los principios de la seguridad nuclear y la protección radiológica».

El Gobierno deniega la prórroga del yacimiento de petróleo más antiguo de España mientras Sargentes de la Lora pide rectificar

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Redacción / Agencias.- El Ayuntamiento de Sargentes de la Lora (Burgos) celebró un pleno extraordinario para adoptar todas las medidas a su alcance para que el final de la concesión actual de explotación no sea un cierre definitivo de los pozos de petróleo de Ayoluengo, los más antiguos de España, después de que el Gobierno denegara la prórroga de la explotacióndel yacimiento de hidrocarburos denominado Lora, en Ayoluengo de la Lora (Burgos).

El Consejo de Ministros aprobó un decreto por el que se deniega la prórroga de esta concesión, al haber transcurrido 50 años, el plazo máximo establecido en la legislación, la Ley 21/1974. En consecuencia, la concesionaria deberá desmantelar las instalaciones, manteniéndolas en condiciones seguras hasta que el desmantelamiento sea definitivo. Eso sí, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital podrá convocar un concurso para adjudicar una nueva concesión en el área si alguna sociedad muestra interés, incluida CPS, que explotaba hasta ahora el yacimiento.

Si ninguna otra empresa retoma la explotación, se cerraría el último yacimiento en tierra de la España peninsular, puesto que sólo quedarían activas plataformas petrolíferas costeras. Se trata del yacimiento de petróleo más antiguo de España. Inicialmente se abrieron 52 pozos, de los que salían más de 5.000 barriles al día. En la actualidad sólo quedan 10 pozos activos, con una extracción de entre 100 y 150 barriles al día.

Sargentes de la Lora protesta

El alcalde de Sargentes de la Lora, Carlos Gallo, ha sostenido que el cierre de los pozos sería un «mazazo» para la zona porque allí trabajan una veintena de personas y perder veinte familias en un municipio con 115 habitantes «es un golpe muy duro». Por ello, el pleno de Sargentes de la Lora acordó pedir ayuda a otras administraciones para evitar que el cierre sea definitivo. Gallo indicó que ya han contactado con la Diputación de Burgos y con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León. También quieren acudir al Defensor del Pueblo y al Ministerio de Energía, que ha denegado la prórroga de la concesión.

El alcalde argumenta que en 2007 se hizo un estudio que concluyó que en el yacimiento de La Lora hay todavía 104 millones de barriles de petróleo sin extraer, por lo que solo se habría extraído el 30%. De hecho, indicó que la empresa presentó en 2015 una solicitud de prórroga en la que se comprometía a invertir 90 millones de euros para mejorar la técnica de extracción y llegar a sacar entre 1.000 y 1.500 barriles diarios, diez veces más de lo que se está extrayendo en la actualidad.

Los técnicos del CSN dedican 30.000 horas y 167 informes para evaluar la reapertura de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- Ecologistas en Acción considera que sería una «acción insensata» reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) que es una «antigualla» y cuya solicitud para renovar su licencia de explotación hasta 2031 ha comenzado a estudiar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuyos consejeros han recibido «todos» los documentos técnicos elaborados durante 30.000 horas por 16 áreas del organismo regulador para que decidan sobre la renovación de la licencia de operación solicitada por Nuclenor, su titular, en 2014.

En total, el material que tendrán que estudiar se compone por 167 informes de evaluación, 20 actas de inspección y 23 actas de reunión que soportan las evaluaciones realizadas en el expediente administrativo que corresponde a la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la planta burgalesa, que dejó de producir electricidad en diciembre de 2012, algo más de 7 meses antes de que expirase su licencia, el 6 de julio de 2013. El informe del CSN es preceptivo, vinculante en caso de ser desfavorable, y en caso de ser favorable correspondería decidir al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad). Fuentes del CSN estiman que el estudio y análisis de la documentación se prolongará algunas semanas.

Además, añade que los miembros del pleno han recibido información «detallada» sobre el proceso de evaluación que se ha realizado en el marco del expediente de renovación de la autorización de explotación, así como del estado actual de la central. En concreto, esto incluye las evaluaciones realizadas para la prórroga de la autorización de protección física y la correspondiente revisión del Plan de Protección Física; la autorización de modificación de diseño correspondiente al funcionamiento de un nuevo sistema de reserva de tratamiento de gases y la aprobación de las propuestas de revisión, de los documentos oficiales de la licencia, el Estudio de Seguridad (ES) y las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) de la central.

También incluye las evaluaciones relativas a las modificaciones de diseño sobre independencia de sistemas eléctricos; los programas de implantación de los requisitos de las Instrucciones Técnicas Complementarias emitidas por el CSN. Estos requisitos no se incluyeron en la instrucción técnica complementaria (ITC) que se emitió para la adaptación de la central a su actual situación de cese de explotación. El 30 de julio de 2014, pocos meses después de la solicitud presentada por Nuclenor para que la central nuclear vuelva a operar hasta 2031, 17 años más, el pleno del CSN acordó emitir una ITC complementaria, la documentación y los requisitos adicionales respecto a la solicitud de renovar Garoña hasta los 60 años de edad.

«Acción insensata» reabrir esa «antigualla»

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, señaló que «previsiblemente» el organismo regulador emitirá un informe «favorable» sobre la reapertura de la central, algo que para la ONG muestra la «falta de rigor» en el CSN que, en su opinión, «nunca debió aceptar» una solicitud de reapertura por 17 años, hasta que la planta llegue a los 60 años de edad. Además, indicó que se calcula que el periodo antes de que tomen una decisión puede pasar «ampliamente de un mes o incluso más del doble».

Garoña comenzó a funcionar en 1971 y dejó de producir electricidad en diciembre de 2012, cuando descargó su combustible por motivos económicos. Para Ecologistas en Acción, la central tiene un «largo historial de incidentes graves para la seguridad», entre los que ha destacado la corrosión de elementos clave del circuito primario, como el barrilete o las penetraciones de las barras de control. Asimismo, advierte de las «condiciones de seguridad deplorables» que presenta la central pero denuncia que el Gobierno del PP junto con la «falta de rigor» del CSN han convertido la continuidad de la central en una «cuestión política», más allá de las intenciones de Endesa e Iberdrola, accionistas al 50% de Nuclenor, la propietaria de la central nuclear.

La ONG denuncia que para «facilitar» la cuestión, primero el CSN abrió un periodo de prórroga que Nuclenor dejó pasar y que después modificó el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) «a la medida de Garoña». Por otro lado, Ecologistas calcula que para poner a punto la central se necesitarán inversiones que pueden pasar de 150 millones, sin que supongan garantizar la seguridad y recuerda que el presidente de Iberdrola manifestó su «nulo interés» en reabrirla. «El Gobierno del PP y el CSN quedarían en evidencia por haber retorcido los reglamentos para reabrir una central en la que sus propietarios no están interesados», advierte.

Permiso hasta los 60 años

Castejón da por hecho que el informe del CSN sobre la renovación de la licencia de operación de Garoña será favorable pero con numerosas condiciones y esto sentará «dos graves precedentes válidos» para el resto del parque nuclear español. Se trata de un permiso de 17 años, el más largo concedido a una central nuclear en España y supondrá una autorización para operar hasta los 60 años y considera que el actual mercado eléctrico español las centrales nucleares son un enorme negocio para sus explotadores, que cobran el kWh tres y cuatro veces más de lo que les cuesta producirlo, obteniendo unos beneficios de miles de millones de euros anuales.

«El riesgo de mantener Garoña en funcionamiento es inaceptable. Se trata de una peligrosa antigualla situada en la cabecera del río Ebro y un accidente con fuga al río afectaría a numerosos ecosistemas, huertas, industrias y poblaciones de las comunidades de Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. Además, la nube radiactiva llegaría con toda probabilidad al País Vasco. Lo más sensato es proceder al cese de explotación definitivo«, ha sentenciado. En este contexto, ha apuntado también a la falta de transparencia del organismo regulador tanto en este expediente como en otras cuestiones, como por ejemplo en la decisión del ATC. «Tendremos que pedirlos a través del portal de la Transparencia», señaló Castejón.