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Los técnicos de Hacienda (Gestha) advierten de que aplicar un impuesto por desmantelar la nuclear de Garoña puede ser inconstitucional

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Europa Press.- Mientras el Grupo Parlamentario Popular ha manifestado en el Senado su rechazo a una moción de Podemos, debatida en la Comisión de Energía, por la que se instaba al Gobierno a desestimar la solicitud de renovación de la autorización de la central nuclear de Garoña, en Burgos. El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha advertido de que aplicar un impuesto a las empresas eléctricas por el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña «podría ser declarado inconstitucional».

Así, Gestha ha recordado que el artículo 31 de la Constitución dice que cada ciudadano debe contribuir al sostenimiento de las cargas públicas conforme a su renta, de modo que cualquier impuesto que se establezca sobre una industria para mantenerlo en pérdidas e impedir su cierre «podría quedar fuera de los preceptos constitucionales», sobre todo sicomo en el caso de Garoña dicho impuesto «fuese tan elevado como para que sea más rentable prolongar la actividad que desmantelar la central».

Aunque Gestha entiende que el objetivo del Gobierno de Castilla y León es preservar los puestos de trabajo y la actividad económica que genera esta planta en Burgos, recuerda que si una empresa se ve abocada a cerrar porque no es viable, «no es posible que se le imponga un tributo cuando no hay renta o riqueza que gravar». Por otra parte, Gestha cree que el propio Ministerio de Hacienda desaconsejará ese impuesto y podría interponer un recurso de inconstitucionalidad si finalmente se decide aprobarlo.

Alternativamente, el colectivo recuerda que el municipio donde está radicada la central puede aprobar una Ordenanza para exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), para gravar al tipo máximo del 4% el coste de ejecución de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia. En cualquier caso, desde Gestha reconocen que España «todavía tiene mucho camino por recorrer para estar en la media del resto de la Unión Europea en materia fiscal medioambiental o fiscalidad verde«.

El PP rechaza desmantelar Garoña

La propuesta de Podemos, que contó con el apoyo del PSOE, pedía que se renunciara definitivamente a la reapertura de la instalación y se procediera al desmantelamiento de la planta nuclear, al tiempo que se elaboraba un plan de reactivación de la zona. Desde Podemos, reclamaron a los parlamentarios escuchar «el clamor popular que se ha dado durante años» para cerrar una planta «vieja, obsoleta, peligrosa, cara e innecesaria». Sin embargo, el PP argumenta que la central es ahora más segura que hace 40 años.

El Parlamento del País Vasco presentará un recurso si el Gobierno ordena la reapertura de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- El Parlamento vasco ha aprobado una iniciativa en la que asume el compromiso de emplear «todos los recursos a su disposición» para impedir la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y, en caso de que el Gobierno ordene la reapertura, faculta a la Mesa de la Cámara a ordenar a los servicios jurídicos parlamentarios la interposición de recursos en contra de la resolución de apertura.

Todos los grupos, excepto el PP, que se abstuvo, votaron a favor de la iniciativa que ha presentado EH Bildu que hace referencia al informe elaborado por la dirección técnica delConsejo de Seguridad Nuclear (CSN) que concluye que la central podrá volver a operar, condicionando la reapertura a una extensa lista de inversiones. El pasado 2 de febrero el Parlamento vasco aprobó una proposición no de ley que exige el cierre definitivo de Garoña y en la que se incluía que los servicios jurídicos de la Cámara estudiaran las posibles acciones jurídico-administrativas a emprender.

El informe elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara vasca señala que el Parlamento puede interponer un recurso contra el informe del CSN. Por ello, con esta iniciativa, el Parlamento vasco asume el compromiso de emplear «todos los recursos a su disposición para impedir la reapertura» y acuerda interponer el recurso para «anular» la resolución del CSN. Finalmente, el texto advierte de que la reapertura de Garoña sería «grave e inaceptable» y, en consecuencia, insta al Gobierno central a no volver a autorizar la reapertura de la central nuclear.

Durante el debate, EH Bildu acusó al PP de «cercenar la posibilidad de la ciudadanía a expresarse», y ha advertido de que, si el Gobierno de Rajoy continúa con la misma actitud, va a llevar a la ciudadanía a un «problema» por «facilitar la apertura de Garoña o de las siguientes centrales» y por «tomar decisiones de espaldas a la ciudadanía en el oscuro órgano que es el Consejo de seguridad Nuclear». También acusó al PP de «empeñarse en decir que no hay novedades». «¿Ustedes están a favor o en contra de la reapertura?. No me ha quedado claro. Se van a abstener y eso no sé qué significa», criticó.

Representando a los intereses vascos

Por su parte, el parlamentario del PNV, Juan Carlos Ramirez-Escudero, ha reconocido que «no es habitual» que una asamblea legislativa se persone como parte interesada en un procedimiento administrativo, como sería la prórroga de la explotación de Garoña, pero ha indicado que el Parlamento tiene «plena legitimación» para personarse «como depositario del mandato representativo de los vascos y en defensa de los intereses colectivos de la ciudadanía vasca». «Votamos a favor de la presentación de este recurso», insistió, para defender que, «aunque se ve cada vez más cerca el cierre de Garoña, no podemos sentarnos con los brazos cruzados», sino que «tenemos que estar vigilantes».

Desde Podemos, José Ramón Becerra criticó que el Gobierno central «no ha hecho nada en estos años» para cerrar Garoña, y ha agradecido la «diligencia y profesionalidad» de los servicios jurídicos de la Cámara a la hora de «concretar las vías más adecuadas para hacer frente al entramado jurídico-administrativo que el propio oligopolio eléctrico y sus puertas giratorias han ido urdiendo en torno a la reapertura y que han quedado al descubierto en el informe».

La parlamentaria del PSOE, Natalia Rojo, ha defendido que la iniciativa de EH Bildu responde a la posibilidad de la Cámara de personarse «en el caso de que al PP se le ocurra continuar con la reapertura de Garoña y acudir a un procedimiento administrativo». Rojo ha defendido que el Consejo de Ministros «puede poner punto y final a la reapertura de Garoña» ya que es «el secretario de Estado quien puede decir lo que puede pasar con la central». «Iberdrola dirá lo que quiera, pero no exime la responsabilidad del Gobierno de Rajoy para tomar la decisión final. Álava y Euskadi no quieren la central, independientemente de lo que diga Iberdrola», ha advertido Rojo.

El parlamentario del PP, Carmelo Barrio, asegura que «estamos más cerca que nunca del cierre de Garoña y de su desmantelamiento», y recuerda que, en la actualidad, la central nuclear está cerrada, por lo que no ve «ninguna novedad en el trámite político o jurídico». Tras recordar las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, asegurando que la central «no es viable», ha señalado que la única «novedad» está en que Nuclenor «reconoce que la continuidad es inviable económicamente».

Además, ha afirmado que el Gobierno central «no puede cercenar unilateralmente un procedimiento administrativo, al que tiene derecho las sociedades mercantiles Iberdrola y/o Nuclenor» porque se enfrentaría a sanciones que beneficiarían a las propietarias de la central. Asimismo, anunció su abstención a la propuesta y ha contestado a las críticas del PSOE sobre las distintas posiciones que han mantenido los populares ante los debates sobre Garoña, recordando que fue el presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, el que «impulsó la prórroga» de la central burgalesa.

Castilla y León no contribuirá a «la confusión» creada sobre Garoña y desconoce el cambio de opinión de Iberdrola

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Europa Press.- La Junta de Castilla y León no va a participar en la «ceremonia de la confusión» que se está produciendo en torno al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y asevera que no puede valorar las razones aducidas por Iberdrola para cambiar su criterio y posicionarse ahora por el cierre de la planta ya que esta compañía «no ha tenido aún la deferencia de comunicar directamente» al Gobierno regional las causas de este cambio de postura.

Así se ha manifestado el Gobierno regional tras el posicionamiento de Iberdrola en contra de la reapertura de la central antes de que haya concluido el plazo de 6 meses dado por el Gobierno para escuchar a todas las partes implicadas y pronunciarse sobre el futuro de Garoña. En este sentido, el Gobierno regional recuerda que «contando siempre con que la voluntad de los propietarios» de la central era la de mantenerla abierta, la Junta viene defendiendo esa continuidad siempre que, como condición imprescindible, se contara para ello con la autorización previa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y una vez cumplidas «todas las exigencias técnicas y de seguridad» establecidas.

Asimismo, ha recordado que Nuclenor (Iberdrola y Endesa al 50%) solicitó en mayo de 2014 reabrir la central hasta 2031 con la renovación de la autorización de explotación, lo que motivó que se iniciase un «exigente procedimiento» para obtener esa solicitud de reapertura, que requería preceptivamente un informe del CSN. Finalmente, a principios de febrero, el CSN informó favorablemente sobre la reapertura de la central, aunque condicionado a obras de mejora que se deben acometer antes de volver a operar.

Vigente plazo de 6 meses

A partir del informe favorable del CSN, corresponde al Gobierno de la Nación pronunciarse definitivamente sobre la solicitud de reapertura y sobre el nuevo plazo hasta el que la central podrá estar operativa. No obstante, antes de su pronunciamiento, el Gobierno abrió un periodo de consultas durante 6 meses, para escuchar a empresas, agentes sociales, instituciones y partidos; «un trámite de consultas que la Junta de Castilla y León aprovechará para reiterar los argumentos que ha defendido durante estos años».

La «sorpresa» surge, según la Junta de Castilla y León, cuando en los últimos días Iberdrola, una de las propietarias de Nuclenor, se posiciona y no considera rentable reabrir la central «antes de conocer las condiciones de la posible autorización del Gobierno» y pide a su socio, Endesa, cerrarla definitivamente, y «presentar un escrito de desistimiento de la solicitud de renovación que ellos mismos habían formulado hace 3 años». Es una decisión que, en principio, Endesa «no parece compartir» ya que prefiere esperar «en todo caso» a que el Gobierno se pronuncie, una vez transcurrido el plazo de 6 meses que ha abierto para consultas.

La Junta de Castilla y León considera necesario que ese plazo sea respetado y ha reiterado que aprovechará este tiempo para reiterar su posición en este tema y el futuro de la central, del que depende «su mayor o menor aportación a la producción energética española» así como la pérdida o mantenimiento de casi mil empleos en una zona de Burgos «con difíciles alternativas de actividad económica y de ocupación».

López de Uralde (Equo / Unidos Podemos): “Ya no quedan excusas para reabrir la central nuclear de Garoña”

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EFE.- El portavoz de Equo y diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, asevera que «ya no quedan excusas para reabrir» la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña y ha pedido al Gobierno de España que decrete de forma inmediata su cierre. López de Uralde ha recordado que en las últimas semanas la oposición política y social contra Garoña «no ha dejado de ampliarse y manifestarse» y añade que además ahora se sabe que su continuidad «económicamente es inviable».

«Las afirmaciones de representantes de Nuclenor, propietaria de la central, reconociendo que la continuidad de Garoña es inviable económicamente debería ser justificación concluyente para el cierre definitivo de la instalación», considera López de Uralde. Varios diarios han informado de que Nuclenor, sociedad compartida al 50% por Iberdrola y Endesa, debería asumir una inversión de 205 millones añadidos a los 330 millones inyectados desde 2013 para volver a reabrir la central, lo que hace «inviable» la operación económicamente. López de Uralde ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que «no dilate más» la situación de Garoña y cierre definitivamente esta central.

Nuclenor reivindica que la central nuclear de Garoña es «más segura» que la media, con 3 revisiones en 10 años

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Europa Press.- El director de la central nuclear de Garoña, Miguel Ángel Cortés, ha defendido que la planta burgalesa es «más segura» y fiable que la media del resto de centrales nucleares en el mundo y ha recordado que ha pasado 3 revisiones exhaustivas en 10 años. Cortés repasó las actuaciones de la central para mantener la planta en «las mejores» condiciones de seguridad, ante el «doble escenario» al que se enfrenta, la continuidad de la operación, o bien, el cese definitivo.

Cortés expuso que Garoña «se ha sometido en los últimos 10 años a tres revisiones» que han concluido que «no existen impedimentos técnicos para la operación segura de la central», ya que la prioridad y «premisa» de Nuclenor, su titular, «ha sido y es la seguridad de la instalación, la protección de los trabajadores y el público y el respeto al medio ambiente». «Toda nuestra gestión se desarrolla en torno a este principio y la principal motivación de nuestras actividades es el mantenimiento de las adecuadas condiciones para el funcionamiento seguro y fiable de la central», ha manifestado. Cortés ha elogiado a los 242 trabajadores de Nuclenor porque «se han enfrentado de modo ejemplar al reto que esta situación representa».

Respecto a las tres evaluaciones pasadas por Garoña, subrayó la «fiabilidad» de la central «por encima de la media del resto de centrales nucleares en el mundo». La primera de estas revisiones se prolongó durante tres años, entre 2006 y 2009, tras la que el Consejo de Seguridad Nuclear se mostró favorable para que la planta pudiera operar hasta 2019. Posteriormente, entre 2011 y 2012, Garoña realizó las pruebas de resistencia a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima Daichi, igual que las otras instalaciones nucleares españolas y, según Cortés «se puso de manifiesto que Garoña está al mismo nivel» que las demás.

En este contexto, expuso a los diputados que las pruebas sirvieron para evidenciar las «grandes diferencias existentes» entre Garoña y la de Fukushima, desde las obvias por localización y sismicidad, hasta las propias de diseño. La tercera de estas evaluaciones se ha realizado desde 2014 a 2017 y según Cortés ha sido «rigurosa y exhaustiva» pues ha incluido entre otros la revisión de la vasija y de sus elementos internos. En definitiva, el director de Garoña recordó que el CSN aprobó «la viabilidad» de que la central opere «con seguridad hasta 2031 con determinadas condiciones».

Del mismo modo, Cortés ha insistido a los diputados que desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica «no existen impedimentos técnicos para la operación segura de la instalación». Finalmente, ha dicho que las actividades en la planta se centran en la gestión de los residuos, la construcción del almacén temporal individualizado y las actividades preparatorias del desmantelamiento, mientras se trabaja en el mantenimiento de la reversibilidad así como en el refuerzo de la formación.

La oposición se une frente al PP en el Congreso para exigir el cierre de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- La oposición se ha unido frente al PP en el Congreso de los Diputados para apoyar una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para proceder al cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), paralizando cualquier proceso de renovación de explotación de la planta.

A pesar de que la propuesta inicial partía de Bildu, el debate parlamentario ha acabado derivando en torno a una iniciativa transaccional firmada por PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos, PNV y ERC, que ya había recibido el apoyo de la Comisión de Energía. Además del cierre de la planta, este documento también pide acometer el proceso de desmantelamiento de la planta en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas, bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), así como activar un plan alternativo y específico de reindustrialización y adaptación económica para el área de influencia de Garoña.

Durante el debate, el diputado de Bildu, Oskar Matute, ha aceptado el texto a pesar de que no se han incluido algunas de sus reivindicaciones, entre las que figuraba la dimisión del presidente del CSN, Fernando Martí. «No recoge la dimisión, pero sí lo esencial», explicó. Matute ha apuntado que busca «garantizar» la salud de los ciudadanos que pueden verse afectados por las consecuencias de Garoña. «El derecho a la salud no debiera estar al servicio del beneficio de unos pocos», ha añadido el diputado, que concluyó mostrando su rechazo a que el cierre de la planta esté siendo usada por el Gobierno como moneda de cambio para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Por su parte, la diputada del PSOE, Esther Peña, ha acusado al Gobierno y al CSN de opacidad en este trámite y también de mentir, después de que el presidente del CSN asegurara que Garoña no se podría reabrir si no se invertía en la mejora de las instalaciones. Sobre las causas de esta actitud, la socialista de Burgos apunta que, «con la autorización del CSN nunca habrá un debate sobre transición energética, ni sobre bajar la luz o sobre apoyar a las renovables» y el Ejecutivo «se libra de pagar indemnizaciones a las eléctricas».

Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Juan López de Uralde, coportavoz de Equo, ha denunciado que la situación de Garoña es un adelanto de lo que el Gobierno quiere hacer con un parque nuclear «envejecido» como el español: rebajar las condiciones legales de seguridad. «Lo que se busca con la reapertura es sentar un precedente de cara al resto de centrales«, ha señalado la representante de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, coincidiendo en sus argumentos con López de Uralde. La diputada de la formación naranja se ha quejado, además, de que este debate continúe durante semanas cuando se ha demostrado que el cierre de esta planta en 2009 no tuvo ninguna influencia en el sistema energético español.

Ante las críticas, el portavoz del PP en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ha denunciado que en los discursos escuchados en el pleno sobre Garoña «existe prejuicio y poco juicio» y ha recriminado al resto de partidos que se sientan superiores al CSN en materia de seguridad nuclear y duden de sus decisiones. «Es un acto, no sólo de irresponsabilidad, es un acto de frivolidad», ha declarado. En su defensa de la reapertura de la planta, Mariscal ha indicado que si se eliminan de la red eléctrica española los 7.000 megavatios que aportan las nucleares habría que encontrar una tecnología igual de competitiva y que dé las mismas garantías. Una tecnología que, a su juicio, actualmente no existe, concluyó Mariscal.

En el texto inicial registrado por Bildu, se instaba al Ejecutivo a «atender a las decenas de solicitudes realizadas» por los vecinos de la zona «a lo largo de las últimas décadas» e iniciar «urgentemente» el proceso pertinente para el desmantelamiento de la planta. Para ello, solicitaba la creación de una comisión interinstitucional que haga un seguimiento del proceso y garantice que se cumple en los términos establecidos en la moción aprobada por las Juntas Generales de Álava en 2013.

Además, Bildu pedía la «dimisión inmediata» del presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen. Para Matute, el CSN trabaja con «opacidad», al igual que su presidente, a lo que se suma, a su juicio, «una parcialidad más que evidente» en relación al caso Garoña. «Su cargo debería conllevar un celo absoluto con la seguridad de la población ante los riesgos derivados del uso de energía nuclear y, en ningún caso, la de colaborador con terceros para el sostenimiento de su actividad en el campo de la energía nuclear», concluye la propuesta.

El Gobierno escuchará las propuestas de los diferentes partidos políticos antes de tomar su decisión sobre Garoña

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Europa Press.- El Gobierno está dispuesto a escuchar la posición de los distintos grupo políticos acerca de la central nuclear de Santa María de Garoña antes de tomar su decisión sobre la reapertura de esta instalación, para lo que dispone de un plazo de seis meses desde la publicación del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), según fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Energía considera que en el caso de Garoña se plantea el debate de establecer si la decisión ha de restringirse al caso particular de la central y tener un contenido técnico o si debe contemplarse de forma más amplia y tener en cuenta las posiciones políticas. «Garoña es el primer peldaño de un debate en el que se debe ver si se tomará una decisión singular, central a central, o general», indican las fuentes, antes de considerar que la resolución la ha de emitir un Gobierno en minoría y que «no es bueno» tomar decisiones sobre política energética que no tengan continuidad en el tiempo.

En todo caso, desde Energía niegan que el Gobierno quiera usar el posible cierre de Garoña como moneda de cambio para lograr el apoyo del PNV a los Presupuestos del Estado y se muestran expectantes ante la posible presentación por parte del PSOE de una proposición de ley sobre el cierre de la central. Una ley sobre un caso único, advierten, no se puede realizar.

En el caso de Garoña, ven «interesante ver las alegaciones para encuadrar el debate» acerca del futuro del parque nuclear español. La posición del Ejecutivo al respecto pasa por defender la importancia de todas las tecnologías del mix y parte de la premisa de que cerrar las nucleares puede encarecer un 25% la electricidad. Para Energía, Garoña será el «telonero» de las decisiones sobre la continuidad de las nucleares, que se podrían plantear en la actual legislatura, indican las fuentes. La decisión sobre la renovación de la licencia de Almaraz ha de tomarse en 2020.

El Congreso, con oposición del PP, apoya el cierre de Garoña y reclama un plan de reindustrialización en la zona

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Europa Press.- La Comisión de Energía, Industria y Agenda Digital apoyó, con el voto en contra del PP, instar al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para proceder al cierre definitivo de la central de Santa María de Garoña (Burgos), así como poner en marcha un plan de reindustrialización y adaptación económica en el área de influencia de la planta.

El texto, transaccionado entre Unidos Podemos y el PSOE, pide también acometer el proceso de desmantelamiento de Garoña en «condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas» y que éste se produzca bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Durante el debate, la portavoz socialista en esta materia, Esther Peña ha denunciado la falta de inversión económica en el norte de la provincia de Burgos, en donde unos 14 municipios están afectados por la presencia de la central en su entorno.

La diputada señaló que esta zona ha envejecido porque los jóvenes no encuentran futuro laboral y subrayó las dificultades con la que sus habitantes se enfrentan a servicios normales, como el de telefonía móvil o Internet, por encontrarse en las cercanías de una central nuclear. «El PP ha invertido cero euros en cinco años, ni en empleo, ni en servicios ni en infraestructuras», denunció Peña, quien acusó al Ejecutivo de usar Garoña como «moneda de cambio para aprobar los Presupuestos».

Para el portavoz de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, el Gobierno está escondiendo detrás de la central burgalesa lo que quiere hacer con el resto de plantas del país, es decir, ampliar su vida útil cuando, según el diputado, cada año que pasa Garoña es más insegura. López de Uralde recordó que durante su primera etapa de funcionamiento sufrió grietas y se registró un calentamiento de agua en el Ebro, entre otros problemas. «El hecho de que haya cumplido 46 años no nos da garantías de seguridad», insistió Uralde, quien deseó que éste sea el último debate sobre Garoña.

El PP, por su parte, criticó los «prejuicios» del resto de partidos al tratar la energía nuclear. El portavoz popular de Energía, Guillermo Mariscal, ha destacado que la intención del Ejecutivo es hacer realidad un mix energético equilibrado que permita el suministro a todas horas. En cuanto al plan de reindustrialización, ha recordado que en 2009, durante el mandato socialista, se habló de una inversión de 900 millones en la zona. «El Colegio de Economistas de Burgos estima que se invirtieron 20 millones», ha señalado Mariscal, quien ha apuntado que el PP no continuó que este proyecto por los propietarios de Garoña solicitaron la reapertura.

Unidos Podemos tilda de «chantaje inaceptable» incluir el cierre de Garoña en la negociación con el PNV sobre los Presupuestos

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Europa Press.- Mientras la Junta de Castilla y León espera que el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) «no sea el precio» por aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, en cuyo caso advierte de que pediría una «compensación» para la comunidad autónoma, el coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, considera un «chantaje inaceptable» que el Gobierno pueda incluir el cierre de Garoña en las negociaciones con el PNV sobre los Presupuestos.

Así lo ha subrayado el también portavoz de Unidos Podemos en la ponencia parlamentaria encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al ser preguntado en el Congreso sobre las informaciones que apuntan a que el Ejecutivo pueda ofrecer a los nacionalistas vascos cerrar la central burgalesa como gesto de acercamiento a cambio de su apoyo a las cuentas públicas. No obstante, desde el PNV han explicado que no han recibido ninguna oferta en este sentido y que continúan a la espera de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, les envíe documentación relativa a los Presupuestos.

López de Uralde ha insistido en que el Gobierno debe clausurar definitivamente esta planta nuclear «porque no cumple las condiciones» fijadas por el CSN para mantenerla abierta, ya ha cumplido su vida útil y es «altamente peligroso» que siga en funcionamiento. Por todo ello, el coportavoz de Equo ha subrayado que debe cerrarse «a cambio de nada» y rechazó que el futuro de la central se use como moneda de cambio en las negociaciones presupuestarias.

Compensaciones de Castilla y León

Según la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, la Junta «no ha podido contrastar» la posible oferta del Gobierno a los nacionalistas vasco. En cualquier caso, reconoció que, de ser cierto, «no sería una buena noticia para Castilla y León», dada la «importancia» de que continúe la central por su repercusión en el empleo rural. «Confiamos en que el cierre de Garoña no sea el precio por aprobar unos Presupuestos, de ser así tendríamos que pedir una compensación para la comunidad», ha sentenciado.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha sugerido que aprobar unos Presupuestos es «más complejo que si se abre o se cierra una central», tras lo que ha insistido en que el Gobierno autonómico mantiene su posición sobre que «si Garoña es segura, debe seguir abierta», tanto por «ser necesaria» para la generación de energía eléctrica en el país, como por su repercusión en el empleo, aunque con la seguridad «por encima de todo».

El presidente del CSN destaca la «profesionalidad», «independencia» y «neutralidad» en el proceso de evaluación de la reapertura de Garoña

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Europa Press.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti Scharfhausen, ha dejado «constancia» del «agradecimiento» al cuerpo técnico por el desempeño de su trabajo y la «profesionalidad con la que ha tratado todo el proceso«, desde 2006, con las solicitudes de renovación de la licencia de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos).

Martí también quiso «dejar constancia» de la «independencia» del proceso de evaluación y de la «neutralidad» en las conclusiones alcanzadas, que han debatido «todos los aspectos evaluados» y según el presidente, «como consta en la propuesta de dictamen técnico elevada a pleno, sin discrepancias internas». Así consta en el acta del pleno en el que se emitió un dictamen favorable, por 4 votos a favor y 1 en contra, a la renovación de la explotación de la central burgalesa que su titular, Nuclenor, pidió hasta 2031, cuando la planta llegue a sus 60 años. Además, ha insistido en expresar que el pleno compartió el «sentido y el posicionamiento» de las propuestas de las Direcciones Técnicas.

Asimismo, insiste en «resaltar» que, en todo el proceso, cuando el cuerpo técnico ha modificado criterios lo hizo «para elevar las exigencias a la central«. Martí ha puesto de ejemplo cuando en 2015 el pleno consideró conveniente que Nuclenor efectuara la inspección del 100% de las penetraciones de los accionadores de las barras de control, mientras que la propuesta del titular, revisada al alza por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear proponía un porcentaje inferior.

Más allá de las consideraciones del presidente del regulador nuclear, el acta refleja las deliberaciones del pleno. Por ejemplo, señala que la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS) 2008-2012 va acompañada de revisiones aplicables de documentos oficiales de explotación; la revisión del análisis probabilista de seguridad (APS); un análisis de envejecimiento de la central; un análisis de la experiencia de explotación durante la autorización de explotación que se pretende renovar; un análisis del cumplimiento de los límites y condiciones establecidos en el Anexo de la Orden ITC/1785/2009 y del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas Complementarias asociadas y, finalmente, el programa de inversiones y modificaciones de diseño asociadas a las mejoras derivadas de las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima Dai-Chii.

El acta recuerda también que el pleno acordó emitir una instrucción técnica complementaria sobre documentación y requisitos adicionales en relación a la solicitud de renovación. Así, señala que en cumplimiento de los planes derivados de la revisión periódica de seguridad, de la normativa de aplicación condicionada y de la citada ITC-14.01, y afirma que Nuclenor ya realizó las mejoras en la central que «deberán completarse de acuerdo con los establecido en los límites y condiciones anexos”. El acta expone que el CSN votó a favor de informar favorablemente al Gobierno sobre la renovación de la autorización de explotación y establece 10 límites y condiciones, 8 generales y 2 especiales, así como 15 Instrucciones Técnicas Complementarias.