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La mesa del Congreso acepta el veto del Gobierno a la ley de PAH que implica una tarifa social energética

Europa Press. – La mesa del Congreso acepto el veto impuesto por el Gobierno a la proposición de ley impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuya tramitación el Ejecutivo rechaza tramitar por suponer un coste global para las arcas públicas de casi 90.000 millones de euros en una década.

La cifra es el resultado de las estimaciones del Gobierno, que cuantifica en 89.490 millones de euros el coste que tendría conformar el parque de vivienda pública para alquiler social recogido en la ley, y otros 186 millones que dejarían de ingresarse con cargo al sistema eléctrico por el bono social. En su escrito de disconformidad remitido a las Cortes, el Gobierno detalla que la proposición de ley, que formalmente fue registrada por Unidos Podemos-En Comú-En Marea junto con ERC, Compromís y Bildu, establece la obligación de ceder viviendas vacías para que sean administradas como alquiler social la próxima década.

Coste de la tarifa social

Así, el Gobierno también se refiere al coste que podría tener la tarifa social energética, consistente en un descuento en la factura del suministro que rebajaría el importe en función de los ingresos del usuario o unidad familiar, sin poder rebasar el 30% de los ingresos de la unidad familiar. Una aplicación que, para el Gobierno, «carecería de la mínima seguridad jurídica, previsibilidad y certidumbre exigidas», pues critican que se defina su importe «indirectamente», por la relación entre la suma del importe de la renta del alquiler y el coste de los suministros y el importe de la renta familiar.

Según la proposición de ley, la tarifa se paga a cargo del Ebitda (beneficio bruto de explotación) de las compañías eléctricas, por lo que el Gobierno señala que esta vía de financiación repercutirá en la recaudación fiscal proveniente del Impuesto de Sociedades, al reducir la renta obtenida por el contribuyente. Concretamente, en 75 millones de euros, según la estimación de Energía.En otro sentido, el Gobierno señala que la recaudación en el Impuesto a la Electricidad, los llamados peajes que abonan los consumidores, y de los cuales estarían exentos los beneficiarios de la tarifa social, se vería afectada en 21 millones de euros de menos, y la recaudación de IVA en los peajes se reduciría también en otros 90 millones.

Más de la mitad de usuarios del bono social de electricidad podrían quedarse sin descuento

EFE. – La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) ha advertido que más de la mitad de los usuarios que disfrutan de un descuento en su factura eléctrica como beneficiarios del Bono Social podrían perder esta bonificación si antes del próximo 10 de abril no han comunicado de nuevo sus datos a la administración.

Desde la organización de consumidores han explicado durante la presentación de su balance anual que una modificación legal obliga a estas personas a volver a presentar sus datos en el sistema, pero denuncian que la administración no ha informado correctamente a los beneficiarios. «No hay una campaña de información ni de sensibilización», ha criticado la presidenta de la UCA, Fernanda Blanco, quien ha lamentado que la responsabilidad haya recaído sobre las empresas del sector.

En este sentido, según la presidenta, son las sociedades eléctricas las encargadas de hacerse frente a los pagos de estos descuentos. «En la mayor parte de los casos son gente a la que hay que ayudar a rellenar la solicitud porque no saben leer ni escribir o porque son extranjeros que no dominan el idioma», ha asegurado Blanco.

Desde la UCA, han explicado que si estas personas no pueden acceder finalmente al Bono Social y tienen problemas para hacer frente a sus facturas será la propia administración la que deba pagarlo a través de las ayudas de urgencia que figuran en la Ley de Pobreza Energética.

 

15.000 castellanomanechegos piden el bono social de Iberdrola

Más de 15.000 castellanomanchegos han presentado la solicitud del bono social de Iberdrola, de los cuales la compañía ha respondido ya a 8.975 y ha considerado positivas a 7.595, lo que supone un 85%.

Así, el delegado institucional de Iberdrola en Castilla-La Mancha, Venancio Rubio, ha animado a los castellanomanchegos en situación de vulnerabilidad a solicitar el bono social y ha ofrecido los datos de las peticiones recibidas.

El nuevo bono social de Iberdrola cuenta con un período transitorio de seis meses y el período de solicitud terminará el próximo 10 de abril aunque el consumidor vulnerable no pierde el derecho a solicitar el nuevo bono social si aún no lo ha hecho antes del 10 abril.

Los clientes beneficiarios del bono social se clasifican en tres categorías: consumidor vulnerable al que se aplicaría un descuento del 25 por ciento; vulnerable severo, que tiene una reducción del 40 por ciento, y cliente en riesgo de exclusión social, con un descuento de hasta el cien por cien.

EDP impulsará entre sus clientes la renovación del bono social con información sobre los nuevos requisitos y la documentación necesaria

EFE.- El grupo energético EDP impulsará las renovaciones del bono social entre sus clientes, a los que informará, de forma proactiva y por carta certificada, de los requisitos del nuevo modelo y de la documentación necesaria para solicitarlo. Tras un periodo transitorio de 6 meses, la normativa establece que a partir del próximo 10 de abril sólo se mantendrá el nuevo modelo de bono social para el suministro de energía eléctrica.

La nueva norma, en vigor desde octubre, consiste en un descuento sobre la tarifa regulada PVPC para aquellos clientes que tienen la condición de vulnerables, de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno. En este periodo de transición, el 11% de los clientes de EDP acogidos al bono social han renovado esta situación, concretamente poco más de 6.000 de unos 56.000. Hay, además, otro 5% de solicitudes de renovación pendientes de validación en la plataforma del Ministerio de Energía.

Para favorecer las renovaciones, EDP ha puesto en marcha una campaña entre sus clientes acogidos al antiguo modelo de bono social. La compañía les está enviando una carta certificada con toda la información, así como el formulario de solicitud y un sobre con franqueo pagado para que envíen la documentación. Los clientes pueden enviar la documentación por correo electrónico o postal, a través de la web www.edpenergia.es o presentándola en una de las oficinas de atención al cliente de EDP.

Iberdrola inicia una campaña informativa del bono social de electricidad para los consumidores vulnerables en las principales ciudades

EFE.- Iberdrola ha comenzado una gira por las principales ciudades españolas para exponer las novedades del nuevo bono social de electricidad con el fin de asesorar a las entidades de información al consumidor y a los servicios sociales de la Administración pública. Los primeros encuentros se celebraron en Bilbao y Valencia, y se celebrarán otros en Toledo, Madrid, Valladolid, Cáceres, Murcia o Pamplona.

Responsables de Iberdrola explicarán las condiciones en las que los consumidores pueden solicitar el nuevo bono social y los procedimientos a seguir, con especial hincapié en las principales modificaciones introducidas. Con esta iniciativa, Iberdrola quiere que los consumidores vulnerables renueven su condición de beneficiario del bono social antes del 10 de abril o que lo soliciten por primera vez para poder tener descuentos en la factura de la luz que pueden ser, en función de la renta, de un 25% o un 40% y llegar, incluso, al total en el caso de que pertenezcan a colectivos en riesgo de exclusión total atendidos por los servicios sociales de la comunidad autónoma.

En Valencia arrancó la gira

De este modo, como punto de partida de la gira, Iberdrola y la Diputación de Valencia llaman a la «acción» a los consumidores vulnerables para que renueven su condición de beneficiarios del bono social o lo soliciten por primera vez. El delegado de Iberdrola en la Comunidad Valenciana, Joaquín Longares, el diputado de Proyectos Europeos, Bartolomé Nofuentes, y el jefe de departamento de Relación con Consumidores de la compañía, Javier Paradinas, fueron los encargados de explicar las modificaciones regulatorias y nuevos requisitos del bono social.

Datos de la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, Iberdrola ha recibido 60.000 solicitudes, de las que han respondido a 33.420 y de éstas, 26.860, el 80%, han sido positivas. De las 6.560 restantes, 3.460 están incompletas y 3.110 han sido denegadas por no cumplir con los criterios establecidos. El nuevo bono social cuenta con un periodo transitorio de 6 meses, que termina el próximo 10 de abril, y durante este tiempo, y mientras acreditan la condición de consumidor vulnerable, los actuales beneficiarios siguen disfrutando de él. Además, cuando alguno de estos consumidores solicita el nuevo bono social y no tiene derecho al mismo, no pierde su condición de beneficiario hasta que finaliza el periodo transitorio, indicaron las mismas fuentes.

Energía somete a audiencia pública la orden que fijará el reparto de costes del bono social

EFE. – El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital somete a audiencia la propuesta de orden que fijará el reparto de los costes del bono social entre las comercializadoras eléctricas, según el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según dicta el boletín, la propuesta de orden estará disponible para su consulta durante un plazo de diez días hábiles, a contar desde la jornada siguiente a la publicación en el BOE, para que las comercializadoras eléctricas podrán presentar sus alegaciones.

Hay que recordar que el Consejo de Ministros aprobó en octubre el real decreto que desarrolla la nueva regulación del bono social eléctrico, después de que el mecanismo anterior de financiación fuera invalidado por el Tribunal Supremo. Así, el real decreto fija los umbrales de renta para acceder a esos descuentos en la factura de la luz y además, en la nueva normativa, el bono social será costeado por todas las comercializadoras.

Por último, destacar que las cinco grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo- recurrieron tanto el real decreto como la orden ministerial que lo desarrolla y que establece el nuevo mecanismo de financiación.

Endesa gana 1.463 millones de euros en 2017, un 3,7% más, y supera sus objetivos para el ejercicio

Europa Press / EFE.- Endesa obtuvo un beneficio neto de 1.463 millones de euros en 2017, lo que representa un incremento del 3,7% con respecto al ejercicio anterior, según indicó la compañía eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los ingresos de la energética el año pasado ascendieron a 20.057 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,7%, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 3.542 millones de euros, un 3,2% más.

El Ebitda del grupo se vio impulsado por la contribución de Enel Green Power España por importe de 181 millones de euros, frente a los 75 millones obtenidos en 2016, así como por el margen bruto del negocio regulado, que creció un 8%, hasta los 3.284 millones de euros, y el ingreso por la devolución del bono social de los años 2014-2016 registrado tras la ejecución de las sentencias favorables, que ha tenido un impacto positivo de 222 millones de euros. También redujo sus costes fijos un 4%. En este sentido, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, destacó que, «una vez más», el grupo «ha cumplido con sus compromisos alcanzando unos resultados mejores que los objetivos presentados al mercado».

«Hemos conseguido estos resultados a pesar del complicado escenario del primer semestre del año, con un alza extraordinario de los precios mayoristas, lo que no se esperaba en el momento en que se fijaron los objetivos de 2017», añadió. Asimismo, Bogas señaló la consolidación en Endesa de Enel Green Power España, así como la contribución del negocio regulado y de los distintos planes de eficiencia en costes que se desarrollaron durante los últimos tres años como «claves para el éxito».

Estos factores compensaron el «significativo» descenso del margen del negocio liberalizado de la compañía eléctrica, que bajó un 18% debido al «fuerte» incremento de los costes variables producido por la «extraordinariamente» baja producción hidroeléctrica del ejercicio. Así, los costes de las compras de energía subieron un 21,6%, consecuencia, principalmente, del aumento de los precios de electricidad del mercado mayorista, cuyo precio se situó en 52,2 euros por MWh, un 31,6% más. El aumento en los consumos de combustibles (38,9%) se debió a la mayor producción térmica del periodo, por la menor disponibilidad de la generación hidráulica, y el mayor precio en los combustibles, junto con el consecuente incremento en el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.

El resultado financiero arrojó un saldo negativo de 145 millones de euros, inferior en un 29,6% al registrado en el ejercicio anterior (206 millones), según Endesa. En lo que se refiere al cash flow operativo, se redujo en 557 millones de euros debido, fundamentalmente, a la reducción en los cobros netos de las compensaciones por los sobrecostes de la generación en los territorios extrapeninsulares. Mientras, la deuda financiera de Endesa aumentó apenas 47 millones de euros respecto a diciembre de 2016, hasta situarse en los 4.985 millones de euros. Las inversiones brutas del grupo en 2017 se situaron en 1.175 millones de euros, lo que representa una caída del 3,8% con respecto a los 1.221 millones de euros del 2016.

En 2017, las ventas de electricidad en el mercado regulado bajaron un 6%, hasta los 12.919 gigavatios hora (GWh) y subieron un 5% en el liberalizado, hasta los 83.594 GWh. La producción de Endesa creció un 13%, hasta los 78.648 Gwh, por la escasa disponibilidad de energía hidráulica, que condujo en consecuencia a incrementar la producción de las centrales térmicas. En el conjunto del año, la energética alcanzó unas cuotas de mercado del 27,3% en generación peninsular, del 44,1% en distribución y del 35,4% en ventas a clientes del mercado liberalizado. El número de clientes en el mercado liberalizado era de 5,59 millones a cierre de 2017, con un incremento del 3,1% respecto al 2016.

Por otra parte, el consejo de administración de Endesa propondrá a la junta general de accionistas de la compañía un dividendo de 1,382 euros por acción con cargo a los resultados de 2017. Esta cifra supone un incremento del 4% sobre el dividendo repartido con cargo a los resultados del 2016 y un 5% superior al mínimo comprometido al mercado. En enero, la compañía ya repartió un dividendo a cuenta de 2017 por un importe bruto de 0,7 euros por acción, cuyo pago supuso un desembolso de 741 millones de euros. Así, el dividendo complementario ascenderá 0,682 euros por título.

El precio de la luz y el gas en España ha aumentado un 66,7% en la última década

EFE.- La Mesa del Tercer Sector, que agrupa a más de 3.000 entidades sociales catalanas, ha pedido reducir el IVA en las facturas de energía de los hogares y ha denunciado que el precio del gas y la luz ha aumentado en España un 66,7% en los últimos 10 años, mientras que el IPC ha crecido un 14,7%.

La presidenta de la Mesa del Tercer Sector, Francina Alsina, resalta que España es el Estado de la Unión Europea con un mayor encarecimiento del gas para consumidores domésticos, más del 70% desde 2010. Por su parte, la directora de la asociación Ecoserveis y autora de este estudio, Marta García, remarca que el nivel de vida de las personas no «aumenta al mismo ritmo» que el precio del gas y la luz. «Los salarios se han mantenido estables, lo que supone destinar una mayor parte de nuestro salario a pagar por la energía», explicó García.

El estudio se ha centrado en analizar cómo funciona el mercado energético, qué condiciona los precios de la energía, qué medidas de protección existen y qué efecto tienen los precios en el bienestar de las personas. El informe constata que el gasto energético a nivel doméstico ha aumentado en España un 40% más que el nivel de vida en los últimos 10 años, por lo que «una familia que pagaba de media, en 2008, 1.566 euros en concepto de gastos energéticos, en 2018 estaría pagando 2.238 euros«, ha señalado Alsina.

El estudio también analiza la situación del bono social, un descuento en la factura para los consumidores vulnerables, y denuncia que «el Ministerio fija su efectividad en el 45%, por lo que está reconociendo desde un principio que algo falla». «Actualmente tienen acceso a ese bono familias que igual no lo necesitan, mientras que colectivos más vulnerables, como las familias monoparentales, no se incluyen explícitamente, por lo que creemos que se tendrían que establecer criterios para que el bono social se destine a aquellos que realmente lo necesitan», concluyó García.

La Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes denuncia la pobreza energética y critica el nuevo bono social eléctrico

EFE.- La Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes denuncia la situación de pobreza energética que afecta a la población en situación de mayor vulnerabilidad y reclama a las administraciones públicas que asuman su responsabilidad de dar una solución «efectiva» a este grave problema social. En este sentido, representantes de la Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes critican que el acceso al nuevo bono social «está resultando caótico».

A juicio de la Plataforma, la única medida que los distintos gobiernos han puesto en marcha contra la pobreza energética es el bono social de electricidad, un descuento que va del 25% al 40% en la factura dependiendo de los casos. Pero, aseguran, tal y como está regulado, «no deja de ser un parche que no soluciona la situación», y al que incluso no puedan acceder muchas personas. Según advierte, tampoco evita el corte del suministro, salvo en casos extremos y cuando una administración autonómica o local ya esté financiando al menos el 50% del gasto energético de la familia.

Esta plataforma remarca además que «más frágil es la situación de las familias que dependen del gas para la calefacción o la cocina, al no existir ningún mecanismo que palie estas situaciones». También subraya que el bono social no está funcionando bien porque «se están produciendo retrasos injustificables por el atasco que hay con las solicitudes en el Ministerio». Para la plataforma, «en pleno siglo XXI es inaceptable seguir dando la espalda a un derecho básico como es el acceso a la energía». Por ello, exige la aprobación de una ley de medidas de protección integral contra la pobreza energética que garantice un consumo energético mínimo para todas las personas.

Greenpeace pide al Gobierno el fin de la pobreza energética en España

Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace reclama al Gobierno que ponga fin a la pobreza energética en España y, por ello, participó en la movilización contra esta situación que afecta al 11% de las familias españolas. La ONG pide que el Gobierno deje de boicotear los «intentos de que la nueva política energética europea ponga a las personas y el planeta en el epicentro del sistema». Durante la movilización se reclamaron medidas «urgentes y estructurales» para erradicar este problema que afecta a más de 5 millones de personas en España.

«A veces hemos dejado de comer para poder pagar los recibos de la luz», denuncia Víctor, un hombre de 62 años en paro y con una discapacidad del 45% que vive con la renta mínima de inserción de 320 euros y que sufre dificultades para pagar el recibo. En este sentido, Greenpeace denuncia que la pobreza energética es «una de las muchas caras de la pobreza y un síntoma de las disfunciones de un sistema energético que no reconoce el derecho al acceso a la energía limpia como el bien de primera necesidad que es”.

Críticas al nuevo bono social

En este contexto, considera que el bono social de electricidad puesto en marcha por el Gobierno es «muy insuficiente» para acabar con la pobreza energética, por lo que exige un cambio en el modelo energético para frenar la contaminación y el cambio climático e impedir que los gobiernos «sigan siendo cómplices de la injusticia que representa que las corporaciones eléctricas impongan prácticas contaminantes de generación eléctrica con el beneplácito del gobierno mientras los derechos de las personas se ven vulnerados». Por ello, Greenpeace participó en la manifestación-pasacalles que exigió la declaración del Día Europeo de Lucha contra la Pobreza Energética.

Nadal pide a las compañías energéticas dejar de recurrir la legislación con el “afán legítimo de rascar hasta el último euro”

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha pedido al sector rebajar la «conflictividad» judicial, dejando de recurrir toda la legislación que elabora el Gobierno, para evitar inseguridad jurídica y hacer más sostenible el sistema. «Disminuyamos en redes la conflictividad. Ya sé que el monopolista se quiere quitar la legislación para cobrar más, pero el consumidor está en la situación contraria«, espetó.

El ministro ha afeado a las compañías el alto nivel de litigiosidad: «Desde que se estaba secando la tinta en el BOE de la reforma energética, se ha recurrido todo. Todas las normas son recurridas buscando el afán legítimo del regulado de rascar hasta el último euro». «Tenemos que bajar el nivel de conflictividad jurídica del sector. No puede ser que todos los bonos sociales, las leyes energéticas, los reales decretos se recurran. No ocurre en ningún otro sector y ocurre menos en el gas que en la electricidad. No es normal esta situación en que se recurre todo con la idea de a ver qué cae», ha continuado Nadal.

Ha defendido que de ello se desprende inseguridad jurídica, ya que el Gobierno nunca sabe con qué va a contar cuando tiene que calcular el sistema porque no sabe qué se va a recurrir: «Estamos en un toma y daca que no tiene sentido«. El ministro ha realizado esta intervención ante diversos directivos del sector, como el presidente de Endesa y del Club Español de la Energía, Borja Prado, y el presidente de Enagás, Antonio Llardén. El sector energético ha expresado recurrentemente su disconformidad con la pretensión del Gobierno de rebajar los ingresos regulados que reciben las compañías por distribuir la luz y el gas a lo largo del país.

El ministro habla de “monopolistas”

«No se puede dejar a un monopolista fijar él mismo sus precios», ha asegurado el ministro, que ha añadido que esto generaría ineficiencias y, por ello, los precios deben estar regulados. En este sentido, sostiene que no hay ninguna actividad en la que se retribuya al precio que el Tesoro coloca su deuda a 10 años más 200 puntos básicos: «Es una actividad sin riesgo, limpia de polvo y paja».

El ministro busca realizar ajustes que permitan lograr un ahorro de 200 millones en el sistema eléctrico, y en el caso del sector gasista el ajuste es de 50 millones. En este sentido, Nadal se ha referido al ajuste del factor de retardo, un pago que se realiza por la demora de dos años que se produce para empezar a cobrar por una central y que se retribuye con un interés del 10%. «Un 10% de interés por dos años de financiación. No hay ningún índice financiero que esté ganando eso. Aquí hay una sobreretribución«, indicó. Según Nadal, «antes de subir peajes, el Gobierno va a mirar ámbitos regulatorios en lo que se pueda corregir un desequilibrio en el sistema».