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El Congreso convalida las medidas para abaratar la luz aunque las tramitará como proyecto de ley para introducir cambios

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Europa Press.- El Congreso ha convalidado el decreto ley aprobado por el Gobierno para abaratar el precio de la luz, incluyendo la ampliación del bono social, aunque tramitará la norma como proyecto de ley con el fin de introducir cambios en el mismo. El Gobierno pactó con Unidos Podemos incluso negociar de forma conjunta las enmiendas con el fin de modelar el diseño final del bono en el reciente acuerdo presupuestario, extendiendo todos los beneficios del bono eléctrico a otro bono del gas.

La convalidación ha sido respaldada por el PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias, mientras que el PP, Ciudadanos y UPN se han abstenido. Únicamente Foro Asturias se ha opuesto. Tras la votación, el Congreso ha aprobado la tramitación de esta norma como proyecto de ley, con el fin de poder introducir cambios, una decisión respaldada por todos los grupos de la Cámara Baja, con la sola excepción del PNV, que ha votado en contra porque ya consiguió fijar los cargos a diferentes tipos de potencia, una reivindicación de la formación jeltzale que abarata la factura eléctrica principalmente a empresas del País Vasco.

Con el decreto ley, el Gobierno socialista aumenta los supuestos en los que puede accederse al bono social, al incluir a familias monoparentales en función de la renta, y al restringir más los cortes de luz. Así, se prohíben los cortes de luz en los hogares donde viva al menos una persona con una discapacidad del 33% o superior o en situación de dependencia de grado II y III, y en hogares con bono social reconocido en los que viva un menor de 16 años.

El acuerdo establece que la renta será ahora el único criterio de adjudicación, con las únicas excepciones de criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como el de familias monoparentales. Además, su solicitud será automática y podrán ser prestado por cualquier comercializadora, sea privada o municipal. Sin embargo, el principal cambio que recoge el acuerdo en este aspecto es que deberán ser las empresas del sector las que se encarguen de financiar «íntegramente» esta ayuda, en nivel proporcional a su volumen de facturación, según recoge el documento del pacto presupuestario.

El acuerdo también establece el principio de precaución, para que antes de un corte de suministro los servicios sociales certifiquen si se trata de un consumidor vulnerable, la cuantía se determinará según la renta y contará con 50 millones para garantizar la protección del consumidor. Por último, acorta el plazo para presentar una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética a 4 meses, un plan que deberá realizar un diagnóstico de la situación de la pobreza energética con medidas concretas de reducción en un horizonte a medio y largo plazo, y que contará con la participación de partidos políticos, empresas, asociaciones, entidades locales, comunidades autónomas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Actualmente, el bono social cuenta con un total de 706.118 personas perceptoras de esta ayuda, principalmente en Madrid, ya que esta provincia concentra 1 de cada 10 hogares que tienen concedido el bono social eléctrico. Según la distribución de beneficiarios de esta ayuda, Madrid (10,3%), Valencia (6,6%) y Barcelona (5,9%) son las provincias que más personas concentran con esta ayuda, seguidas de Alicante (4,9%), Sevilla (4,7%), Murcia (3,9%), Badajoz (3,5%) y Málaga (3,1%). En el otro extremo se encuentran las ciudades autónomas y provincias de menos población como Soria (0,2%).

Sin embargo, el decreto ley incluye una serie de medidas dirigidas a combatir la escalada de precios en la electricidad, entre ellas la suspensión del 7% del impuesto de la electricidad durante 6 meses, una exención del Impuesto de Hidrocarburos, la derogación del impuesto al sol, eliminando peajes y cargos al autoconsumo, y el aumento del límite en los ingresos por subastas de emisión. Asimismo, el decreto también incluye medidas de impulso al transporte eléctrico.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, espera que Ribera se comprometa a cumplir con la normativa comunitaria y devuelva a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de final de año la fijación de los costes de los peajes. Un conflicto que se arrastra desde 2014 cuando el anterior Gobierno de Mariano Rajoy desligó del superregulador estas competencias y por la que la Comisión Europea ya ha advertido a España del riesgo de la sanción, recuerdan desde Convergència.

El nuevo bono social sólo reduce el recibo un máximo de 2 euros con respecto al anterior, según estima Facua

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Europa Press.- El nuevo bono social eléctrico aprobado por el Gobierno sólo reducirá el recibo de la luz para un usuario medio entre 66 céntimos y 1,98 euros más que el anterior modelo, según datos de Facua-Consumidores en Acción. El recibo de septiembre del usuario medio ascendería a 83,55 euros, un 15,9% más que en septiembre del 2017 con lo que, en la mayoría de los casos, los descuentos del bono social ni siquiera sirven «para paliar este brutal incremento», señala Facua.

Así, con el anterior modelo de bono social que aprobó el Gobierno del PP, si el usuario recibe un 25% de descuento en la potencia en los primeros kWh consumidos pagaría 74,36 euros si no tiene hijos menores, lo que supone un 11% menos; mientras que abonaría 72,60 euros si tiene un menor o todos en casa cobran la pensión mínima, lo que representa un 13,1% menos. En el caso de tener dos menores, el recibo ascendería a 71,28 euros, un 14,7% menos, y si son familia numerosa la factura supondría 65,57 euros, un 21,5% menos, según calcula la asociación.

Mientras, con el nuevo bono social, el mismo usuario pagará 73,70 euros en el caso de no tener hijos menores, un 11,8% menos; mientras que ascendería a 71,68 euros si tiene un menor o todos en casa cobran la pensión mínima, un 14,2% menos. Para el caso de tener dos menores, el recibo ascenderá a 70,14 euros, un 16,1% menos, y para las familias numerosas supondrá 63,59 euros, un 23,9% menos. Asimismo, Facua critica que «no se proporcione el bono social a familias con bajos ingresos pero que resultan superiores a los pequeñísimos niveles de renta establecidos por el PP».

El Gobierno advierte a las compañías eléctricas que vigilará cómo repercuten la suspensión temporal del impuesto a la generación

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha advertido que tanto el Gobierno como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilarán «muy de cerca» cómo las compañías eléctricas repercuten en la factura de la luz la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobada por el Ejecutivo dentro de un paquete de medidas para hacer frente a la espiral alcista en el precio de la luz.

«Habrá que seguirlo de cerca. No me parece que sea razonable pensar que las compañías eléctricas no son conscientes de que todo el mundo va a tener los ojos encima de ellas y que esto habrá que vigilarlo también muy de cerca a través de las autoridades competentes en la vigilancia del comportamiento del mercado eléctrico y de traslación de precios«, indicó Ribera. Junto a la suspensión del impuesto del 7%, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP, el Gobierno acordó también introducir una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado céntimo verde, medidas que el Ejecutivo estima que tendrán un impacto en la factura de la luz del 4%.

Ribera reconoció que las medidas adoptadas por el Gobierno son «más paliativas que estructurales» de cara al invierno y que «lo fundamental» pasa por abordar una reforma estructural y ver cómo el sistema fiscal tiene que mandar las señales adecuadas a todos los actores del sector. Así, señaló que el nuevo bono social «reforzado» y el bono térmico aprobado por el Gobierno es un ejemplo de «respuesta solidaria» con los ciudadanos vulnerables, aunque subrayó que se requiere de «una reflexión a fondo, y por eso nos hemos dado 6 meses».

Convalidación en las próximas semanas

Asimismo, la ministra Ribera prevé que este real decreto-ley que amplía la cobertura del bono social a los consumidores vulnerables, sea convalidado en el Congreso de los Diputados «en las próximas semanas». «Y quien no esté dispuesto a convalidarlo, que explique qué es lo que le molesta o que es lo que no le gusta», añadió. Respecto a la financiación de ambos bonos sociales, Ribera indicó que, en el caso del eléctrico, se tomó la decisión «práctica» de mantener el sistema existente de que sea asumido por las comercializadoras eléctricas.

En el caso del nuevo térmico, señaló que en un primer momento se planteó hacerlo a través del sistema gasista, aunque, al comprobar que había muchas familias vulnerables que no tenían gas en sus casas, se optó por la fórmula de ayuda en una especie de cheque que fuera aportada por los Presupuestos Generales del Estado, «en un esfuerzo adicional durante este invierno hasta tener bien diseñada esa estrategia de solidaridad en materia de calefacción».

La ministra también dejó claro que la solidaridad tiene que «ser eficaz con quien más lo necesita», por lo que abrió la puerta a revisar los criterios actuales para que la renta sea el elemento determinante para percibir la ayuda. «Puede darse el absurdo de que familias numerosas con una renta muy alta puedan ser potencialmente beneficiarias, mientras que familias monoparentales con unos ingresos muy modestos queden excluidos. Todo esto hay que abordarlo de fondo y a futuro», concluyó Ribera.

Podemos ve «tímida» la ampliación del bono social y reclama revisar la retribución a las eléctricas para aprobar los Presupuestos

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Europa Press.- Unidos Podemos exige al Gobierno «compromisos claros y explícitos» para «acabar con los beneficios caídos del cielo» de las centrales eléctricas y nucleares si quiere el apoyo de su grupo a la ampliación del bono social y a los Presupuestos de 2019. En este sentido, Podemos cree que la ampliación del bono social «es un tímido avance», considerando que «se debe ir más allá» en su cobertura y en «conseguir una bajada mucho mayor» en la factura de la luz.

Fuentes de la formación morada han explicado que «la factura se puede reducir mucho más» que el 5% que estima que se puede abaratar el Gobierno con las medidas aprobadas como, entre otras, la anunciada suspensión del impuesto a la generación eléctrica a las empresas. «Es buena noticia que la factura de la luz baje un 5%, pero se puede conseguir mucho más», han aseverado, avanzando que, por ello, «seguirán presionando al Gobierno». Además, han insistido en que no comparten que la factura se abarate reduciendo los impuestos a las compañías eléctricas y, por tanto, la recaudación del Estado. «Se puede hacer de otra forma, se pueden tocar esos beneficios caídos del cielo que tienen las empresas eléctricas», han insistido.

En este sentido, recuerdan que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «ha dicho que el Estado está sobrerretribuyendo a las eléctricas y regalándoles dinero público». «Abordando estos beneficios de las eléctricas se podría conseguir una bajada mucho mayor y que además no la paguemos entre todos los españoles, sino que repercuta en las eléctricas», aseguran.

Por otro lado, Podemos resalta que la derogación del impuesto al Sol era una exigencia al Gobierno y que así se lo habían hecho saber en la negociación que mantienen con vistas a sacar adelante el proyecto de Presupuestos de 2019. «De hecho, Podemos ha conseguido mejorar el planteamiento», apostillan estas fuentes, que cita en este sentido la retribución a los ciudadanos que aporten un exceso de energía en la red de estos kilovatios sobrantes.

Son “un parche totalmente insuficiente”

Por su parte, el portavoz del grupo confederal en la Comisión para la Transición Ecológica, Josep Vendrell, ha asegurado que las medidas aprobadas son «un parche totalmente insuficiente» pues apenas tendrán «escasos efectos en el bolsillo de la gente». «No es el plan de choque que exigíamos», ha criticado. «Emplazamos al Gobierno a negociar. Sabe que para que nosotros aprobemos los Presupuestos, para convalidar este decreto, si quiere nuestro apoyo, tendrá que tomar compromisos claros y explícitos para acabar con los beneficios caídos del cielo, con los privilegios del oligopolioy para cambiar la estrategia contra la política energética», asevera.

En este sentido, Vendrell subrayó la necesidad de fijar un precio máximo a la generación de energía hidráulica y nuclear, ya que sus centrales están totalmente amortizadas y, por tanto, su retribución supera ampliamente el coste de generación. «El diseño del mercado, consecuencia de una mala regulación de los distintos Gobiernos, hace que el precio de la electricidad sea el mismo para todas las fuentes de energía. Y es la más cara la que marca el precio para todas», ha explicado. Es por ello por lo que Unidos Podemos quiere fijarles un precio máximo o bien imponer un cargo impositivo a esta sobrerretribución en función de los aumentos que experimente el precio de la luz.

Por otro lado, Vendrell ha apostado por un cambio en la tarifa, con el fin de hacerla más progresiva en función del consumo, y ha criticado que los cambios en el bono social «no abandonan el modelo que dejó Álvaro Nadal», predecesor de Ribera al frente de las responsabilidades de Energía, pues mantiene los beneficios a familias numerosas. «No tiene sentido que una familia numerosa con renta alta acceda al bono social», ha denunciado, y sus umbrales de renta son, a su juicio, «excesivamente bajos».

Además, también ha criticado que se limite a las comercializadoras de último recurso este bono social, dejando fuera a pequeñas empresas de carácter municipal, y que la Administración financie parte de ese bono, como el nuevo bono social térmico. «Las empresas deben asumir el coste», esgrime el diputado catalán, que también ha pedido que, como en Portugal, sea una ayuda automática, en función de los datos de la renta y así «se dé sin el calvario de las trabas burocráticas».

La única medida celebrada por Vendrell ha sido la derogación del impuesto al Sol, una medida aplaudida también por otra formación integrada en Unidos Podemos, Equo, que espera que su eliminación contribuya al desarrollo «sin trabas» de la energía fotovoltaica «y a la consiguiente reducción de emisiones de CO2». En todo caso, considera que «quitar el impuesto al Sol es necesario, pero no suficiente», tal y como ha recalcado el portavoz de la formación ecologista en el Congreso, Juan López de Uralde, que ha urgido al Gobierno a poner en marcha un Plan Nacional de energía renovable. «El potencial de la energía solar es impresionante» en el país, ha destacado.

2018 apunta con 59,5 euros/MWh a ser el segundo año con el precio del mercado eléctrico más elevado desde 1998

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Europa Press.- El precio medio del mercado eléctrico español ha alcanzado en septiembre los 71,3 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un encarecimiento del 45% con respecto al mismo mes del año pasado. Según datos del Barómetro Energético de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), este precio es un 10,8% superior al registrado el pasado agosto.

La cotización del futuro para 2019 del mercado eléctrico español se sitúa en los 60 euros por MWh, un 1,9% más caro que hace un mes, y un 11,1% superior a la cotización del mercado alemán, que era de 54 euros por MWh. Así, considerando la evolución del mercado diario y las cotizaciones de los precios futuros hasta fin de año, el precio medio previsto del mercado eléctrico español en 2018 es de 59,5 euros por MWh, un precio un 14,1% mayor que el de 2017. AEGE destacó que, de confirmarse esta previsión, 2018 sería el segundo año con el precio medio del mercado eléctrico más caro desde 1998, tan sólo por detrás de 2008.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante obedece a impuestos. El mercado mayorista funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto. El Gobierno congeló para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

75,37 euros de factura mensual

De esta manera, este incremento en el precio mayorista de la electricidad supone un aumento en el recibo de electricidad de septiembre de casi el 3,5% con respecto a agosto de los consumidores, encadenando así su sexto mes al alza. En concreto, la factura media para un consumidor doméstico superó en septiembre los 75,37 euros. De este importe de la factura, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura, 44,38 euros obedecen al consumo, 3,03 euros al impuesto eléctrico y 13,08 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Con respecto al mismo mes del año pasado, el encarecimiento registrado este septiembre en el recibo es de un 15,39%, más de 10 euros.

Para contrarrestar esta espiral alcista de la luz, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció en septiembre la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, enmarcada en un paquete de medidas impulsadas por el Ejecutivo, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorar el bono social eléctrico y crear un nuevo bono para calefacción, que estará vigente para este invierno.

En concreto, esta suspensión del impuesto supondrá una rebaja en la factura de la luz para un consumidor doméstico de entre el 2,5% y el 4%, y alrededor del 5% o el 5,5% para el consumidor industrial. Además, la ministra subrayó la «clara voluntad» del Gobierno de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado.

El tercer recibo más caro

Por su parte, Facua destacó que la subida de septiembre convierte a esta factura eléctrica mensual en la tercera más cara de la historia. Según los datos de Facua, 83,55 euros es lo que ha pagado un usuario medio (366 kWh de consumo y 4,4 kW de potencia) con las tarifas reguladas PVPC de todo el mes de septiembre. En cuanto al precio de la energía consumida, en septiembre el kWh se ha situado en 17,58 céntimos (13,83 más impuestos), un 21,7% por encima de los 14,45 céntimos (11,36 más impuestos) de septiembre del 2017.

Los análisis de Facua ponen de manifiesto que la factura de la luz más cara a nivel histórico fue la del primer trimestre de 2012, cuando se situó en 88,66 euros para el usuario medio tras la corrección de la tarifa fijada por el Gobierno por una sentencia del Tribunal Supremo. Tras ella, los 87,81 euros de enero de 2017 y los 83,55 euros de este mes de septiembre. La cuarta factura más elevada fue de 81,18 euros, correspondiente a la tarifa de julio de 2015, y la quinta 80,73 euros, de agosto de 2018.

Facua trasladó al Gobierno un documento con sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas y luchar contra la pobreza energética. La bajada del IVA de la electricidad es una de las medidas reclamadas. Bajarlo al 4% ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales, aunque la principal medida propuesta por Facua es la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo.

La asociación advierte además de que el bono social del Gobierno de Rajoy ha sido un fracaso aún mayor que el que se aprobó durante la etapa socialista de Zapatero. Por un lado, porque supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él, salvo a las familias numerosas, que pueden beneficiarse todas. Por otro, porque el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las compañías eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él.

Unidos Podemos pide que las compañías eléctricas financien íntegramente el bono social y que sólo se conceda según la renta

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Europa Press.– Unidos Podemos ha reclamado que el bono social se otorgue en función de la renta del hogar y que sean las empresas del sector eléctrico las que se encarguen de financiar íntegramente el coste de esta medida. Así, Unidos Podemos registró en el Congreso una proposición no de ley para su debate en la Comisión para la Transición Ecológica en la que exponen sus propuestas de cara al paquete de medidas anunciado por el Gobierno para combatir la pobreza energética.

En su propuesta, exponen que deben ser las compañías eléctricas las que se hagan cargo del coste «íntegro» de esta medida, incluyendo todos los segmentos del sector, y de forma proporcional al volumen de facturación. Asimismo, piden que, a diferencia del actual bono social, que denuncian que es «una tomadura de pelo», la renta sea «el único criterio de adjudicación. Concretamente, unos ingresos de hasta 1,75 veces el IPREM para una persona que resida sola (941,22 euros), un 50% más por cada menor de 14 años, y un 25% más por cada mayor de esa misma edad, y un 100% más por cada consumidor electrodependiente.

Por otro lado, piden que la solicitud y concesión del bono social sea «automática», ya sea de forma presencial o automática, y que las personas consumidoras en el mercado libre puedan acogerse al bono social eléctrico. Otra de las cuestiones que Unidos Podemos quiere que el Gobierno incorpore en su plan de choque contra la pobreza energética es el principio de precaución a la hora de cortar el suministro a un consumidor acogido al bono social, con el fin de que, antes de cualquier interrupción, sea necesario contar con la autorización de los servicios sociales.

En este sentido, piden también que estos servicios sociales puedan realizar peticiones de renovación e inscripción en nombre de las personas que tengan derecho a acogerse y que los mismos cuenten con un fondo suficiente con el fin de desarrollar sus competencias en materia energética. Por último, reclama la reducción del IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables, pues creen que esta medida garantizaría un abaratamiento de la factura para gran parte de la ciudadanía en su residencia habitual.

Desbloqueado el cierre de nucleares

Por otro lado, el portavoz de Energía de Unidos Podemos, el diputado de En Comú Josep Vendrell, ha celebrado el fallo del Tribunal Constitucional que anula los acuerdos de la Mesa del Congreso para bloquear la tramitación de la ley del grupo confederal para cerrar las centrales nucleares. «Queda claro que el PP hacía un uso arbitrario y abusivo», ha señalado, en referencia a los vetos del anterior Ejecutivo. Para Vendrell, este documento del Tribunal Constitucional es «un paso importante» en la preservación de «los derechos de los parlamentarios», que, según ha apuntado, también son «los derechos de toda la ciudadanía frente a gobiernos autoritarios».

El Gobierno de Mariano Rajoy vetó en abril la propuesta de Unidos Podemos para un cierre progresivo de las nucleares alegando que la aplicación de esta norma tendría importantes efectos presupuestarios pues mermaría la recaudación fiscal en unos 250 millones y obligaría a aumentar el gasto para compensar a las empresas titulares de las centrales. En concreto, Unidos Podemos propone en el texto el cierre de las plantas a medida que sus permisos de explotación caduquen, independientemente de que hayan cumplido 40 años en funcionamiento o no, y hacer una apuesta clara por la transición hacia un modelo energético eficiente basado en las energías renovables y en la eficiencia energética.

Los grandes consumidores empresariales de AEGE recuerdan que con la subida del precio de la electricidad se perderá competitividad industrial

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EFE / Europa Press.- La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) ha indicado que el encarecimiento de la electricidad «se traduce directamente en una pérdida de competitividad industrial» después de conocerse que el precio haya registrado en septiembre sus máximos anuales. La AEGE, que representa a gran parte de la industria electrointensiva, siderúrgicas, metalúrgicas, químicas y de gases industriales, alerta de que el encarecimiento en los precios eléctricos «amenazaría» su futuro si esta situación se prolongara.

La patronal considera «urgente replantear» el esquema de costes del suministro del consumidor electrointensivo español, para lo que dice que «es necesario un cambio de modelo que iguale las condiciones» del suministro eléctrico en España a las de sus principales competidores europeos. La AEGE asegura que sus industrias asociadas tuvieron el año pasado un sobrecoste estimado de 450 millones de euros respecto a Alemania y asegura que este año «la situación ha empeorado de manera preocupante», con un precio del mercado unos 8 euros/MWh más caro que el año anterior.

La situación, según esta fuente, «se complica más» en relación con los países de fuera de la Unión Europea, y lo justifica porque éstos países no están afectados por el incremento de los precios de los derechos de emisión, «que implica una pérdida de nuestra competitividad«. La electricidad supone hasta el 50% de los costes de producción de estas industrias.

AEGE opina que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética «debería reconocer» el estatus de consumidor electrointensivo, para igualarlo con las condiciones del suministro eléctrico de sus competidores franceses y alemanes. También solicita la aplicación de las medidas compensatorias, que asegura que están contempladas en los Presupuestos del Estado de 2018, por costes adicionales incurridos por las industrias electrointensivas.

«Raquíticas» las medidas del Gobierno

Por otro lado, Facua considera «raquíticas» las medidas anunciadas por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en relación a las tarifas eléctricas, al estimar que no van a representar una bajada considerable en el recibo eléctrico que pagan los consumidores españoles. El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, ha lamentado que «una vez más, da la sensación de que en España mandan más las eléctricas que el Ejecutivo». «La ministra Ribera ha anunciado medidas que no solucionan la carestía del recibo ni ponen fin a la especulación de las eléctricas. Una pena que este Gobierno tampoco quiera molestar al oligopolio de las puertas giratorias», ha añadido el portavoz.

Facua presentó en una reunión al secretario de Estado de Energía, José Domínguez, una serie de medidas para reducir la factura eléctrica de las familias españolas. La bajada del IVA de la electricidad es una de las demandas de Facua, algo que ya ha rechazado la ministra. Según Facua, bajarlo al 4% ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales. Sin embargo, Ribera anunció en el Congreso que eliminará el impuesto del 7% a la generación eléctrica, que puso en marcha el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y que extenderá el bono social a la calefacción.

La principal medida propuesta por la asociación es la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo. El análisis realizado por el equipo jurídico de Facua señala que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Según Facua, los desproporcionados precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias españolas justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.

Moratoria para el bono social

Otra medida anunciada por Ribera es una «moratoria» para aquellos consumidores vulnerables con derecho al bono social eléctrico que no hayan podido inscribirse antes de la fecha límite del 8 de octubre. En este sentido, Ribera subrayó que el nuevo sistema de bono social «no puede ir en contra de los beneficiarios», por lo que se quiere evitar que se produzca esa criba con respecto al número anterior de beneficiarios.

«No hemos entrado en épocas de gran frío o demanda eléctrica, pero queremos apurar al máximo para que antes del 8 de octubre llegue al mayor número de ciudadanos potenciales del bono social, sin excluir ni limitar. Al contrario, que pueden seguir apuntándose. Pero es importante que puedan hacerlo cuanto antes para que no haya discontinuidad en la prestación de ese bono», apuntó. El plazo para la inscripción al nuevo bono social eléctrico, prestación que permite obtener un descuento del 25% al 40% en la factura eléctrica mensual para determinados consumidores vulnerables expiraba este 8 de octubre, después de que ya hubiera sido ampliado anteriormente.

Alrededor de 700.000 consumidores han solicitado el nuevo bono social frente a los 2,5 millones de clientes que eran beneficiarios del antiguo bono social. A este respecto, Ribera consideró que el criterio de la renta fue uno de los aspectos en que se avanzó con la aprobación del nuevo sistema de bono social, aunque subrayó que se debe «avanzar más» en esa línea. Así, la ministra subrayó que la falta de potenciales beneficiarios que no se han inscrito en el nuevo sistema tiene que «ver con la dificultad burocrática o de entendimiento» para hacerlo, para lo que pidió la ayuda de «quienes ya trabajan sobre el terreno con esos colectivos».

Podemos propone abaratar la factura de la luz reduciendo el coste fijo y el IVA de los consumidores vulnerables

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Europa Press.- El grupo parlamentario de Unidos Podemos registró una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con un paquete de 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz, entre las que incluye una reducción del coste de la parte fija del recibo, una bajada del IVA para los consumidores vulnerables y una reforma del bono social eléctrico, junto con la creación de un bono social gasista cuyo único criterio de adjudicación sea la renta del hogar.

La citada PNL será debatida en la comisión de Transición Ecológica y expone que el coste energético para la industria española ha tenido el mayor crecimiento acumulado en la última década respecto de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Recuerdan que también la evolución de las tarifas eléctricas para una persona consumidora de electricidad con un perfil medio de 366 kilowatios hora mensuales de consumo han pasado de los 48,95 euros al mes del año 2007 a los 75,52 euros al mes del año 2017. Lo que supone, según recuerda el partido morado, una subida de un 50% con respecto a la tarifa de hace 10 años.

En este sentido, exponen que los incrementos de precio tienen «como principal motor» además de la subida de los peajes y la presión impositiva, «el componente de energía cuyo precio se fija en el mercado mayorista«. Así, exponen que el sistema por el que se fijan los precios determina que el precio del megavatio hora pueda ser igual para la hidroeléctrica que para una central térmica «a costa de las personas consumidoras y del tejido productivo español».

Por ello, plantean como «ineludible» la necesidad de «intervenir y modificar la formación de los precios de la energía en España» ya que consideran que con el actual sistema se ha producido una reducción del margen de actividad para las pymes, una desprotección de los consumidores y un aumento de las reclamaciones convirtiendo así a los ciudadanos y al tejido empresarial en «rehenes del mercado eléctrico».

Para hacer frente a esta situación, el Grupo de Unidos Podemos propone 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz. Así, plantea una reforma de la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, reduciendo los pagos por capacidad que reciben determinadas centrales solo por el hecho de estar disponibles.

Recuerdan que la reforma del bono social de octubre de 2017 puede dejar en riesgo de pobreza energética a 1,7 millones de personas por el complicado proceso de solicitarlo. Por ello, plantean una reforma del bono social eléctrico y crear un bono social gasista para que, en ambos casos, su solicitud sea automática, que el único criterio de adjudicación sea la renta del hogar y que sea suficientemente progresivo como para garantizar que cualquier hogar tiene acceso a un suministro esencial.

A estas medidas se suma la propuesta de reducir el IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables. «Una reforma así, garantizaría un abaratamiento de la factura para gran parte de la ciudadanía en su residencia habitual», apostillan en el texto.

Junto con estas propuestas, proponen recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas permitiendo que los usos del agua operen en favor del interés general, facilitando una transición hacia un modelo 100% renovable.

Además, plantean reformar el mercado eléctrico, del tal forma que se apruebe un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben en el mercado centrales ya amortizadas, con el fin de «acabar con los beneficios caídos del cielo«.

También piden ajustar la retribución del transporte y la distribución eléctrica, de acuerdo con los recientes informes del organismo regulador y modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.

El partido morado quiere que se impongan nuevas obligaciones a las empresas para facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de los consumidores; que se apoyen reformas normativas para eliminar las trabas al autoconsumo, derogando el «nefasto» Real Decreto 900/2015, que recoge el llamado impuesto al sol e implantar un plan público para fomentar la eficiencia energética y promover techos solares.

A todo ello, añaden una propuesta para desarrollar los certificados de ahorro energético para que las empresas puedan descontarse dichas cantidades de la cantidad que les corresponda aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que actualmente están repercutiendo en factura a los consumidores.

Para Podemos es importante también introducir modificaciones normativas encaminadas al aumento de control y lucha contra la corrupción, que impidan las puertas giratorias desde la gestión pública hacia las empresas energéticas y también realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional. De esta forma se podrían determinar los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución, así como una auditoría específica del déficit de tarifa.

Finalmente, proponen realizar una «reforma de calado» que permita alcanzar un sistema fiscal que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética. «Dicha reforma debería buscar incrementar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con la media europea, al mismos tiempo que incremente la progresividad fiscal».

CC.OO. urge al Gobierno a reformar «en profundidad» el bono social de la electricidad

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Europa Press / EFE.- CC.OO. ha instado al Gobierno a que revise «con urgencia y profundidad» el bono social eléctrico, porque el actual es «inoperante» ante la escalada de precios que experimenta la electricidad, según afirmó el sindicato. Para la organización que lidera Unai Sordo es necesario que se implanten medidas «más amplias y estructurales», empezando por la aprobación de la ley integral sobre pobreza energética y estableciendo un bono social energético que incorpore «coordinadamente» a las distintas medidas de lucha contra la pobreza energética.

En concreto, el sindicato considera que esta normativa debería complementarse con la reforma del sistema de fijación de precios de la electricidad, que «ahora solo beneficia a las compañías eléctricas y que es la principal causa del aumento de los precios», e impulsando la rehabilitación energética, estableciendo desde la acción pública medidas concretas y amplias para el aislamiento térmico de viviendas de consumidores vulnerables. Ante la proximidad del vencimiento de plazo para solicitar un nuevo bono social, CC.OO. ve preciso prorrogar el plazo para que «nadie con derecho a él esté excluido por cuestiones burocráticas» ya que sus efectos no han llegado a todos sus potenciales beneficiarios, lo que, en su opinión, pone de manifiesto las carencias de la normativa.

Hasta el 8 de octubre

La nueva normativa fijó un plazo para adaptar el nuevo bono social que finaliza el 8 de octubre y hasta ahora solo la cuarta parte de los actuales beneficiarios se han acogido al nuevo bono, que establece descuentos en el recibo eléctrico de entre el 25% y el 40% según sean consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión. Así, ve necesario que todos los consumidores estén plenamente informados de las condiciones que les dan derecho a la prestación del bono social y que haya un asesoramiento acerca de medidas de eficiencia energética, «especialmente relevante para los consumidores vulnerables».

No obstante, CC.OO. considera que el bono social no resuelve los principales problemas de la pobreza energética y apuesta por medidas «más amplias y estructurales». En este contexto, reclama considerar la extensión de la protección al conjunto de suministros energéticos de los hogares (butano o gas) y que tenga en cuenta criterios similares para la concesión de la protección. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares, en 2015 el gasto en electricidad supuso un 62% del gasto energético de los hogares.

El PP hace que el Parlamento de Galicia descarte demandar al Gobierno una bajada del IVA de la energía eléctrica

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EFE.- El Parlamento de Galicia ha rechazado, con los votos en contra de los diputados del PP, grupo mayoritario en la Cámara autonómica, una proposición de En Marea (Podemos) instando a la Xunta a reclamar al Gobierno central una bajada del IVA de la energía eléctrica.

La iniciativa, que fue respaldada por la totalidad de grupos de la oposición, planteaba el descenso de la carga impositiva de las potencias y consumos “establecidos como imprescindibles”, a semejanza de otros países europeos con prestaciones sociales de este tipo. Al texto inicial le fue incorporada una enmienda del propio grupo de En Marea ya que, según ha explicado el diputado Pancho Casal, la “situación de emergencia” desatada a consecuencia del anuncio de inminentes nuevos incrementos del precio de la energía hace necesarias más medidas.

De este modo, el Legislativo gallego ha descartado también los puntos adicionales incorporados, que preveían pedir al Gobierno ampliar el plazo para que los beneficiarios del subsidio denominado «bono social» se suscribieran al nuevo plan y desarrollar una campaña de información y asesoramiento sobre el mismo. Por último, también se instaba al Instituto Gallego de Consumo a emprender acciones en el marco de sus competencias “contra la manipulación de precios”. Casal también anticipó que la nueva subida “puede suponer una trágica sorpresa” para muchos hogares.

Sin embargo, la parlamentaria del PP, Marta Nóvoa, ha justificado el rechazo a esta propuesta de su grupo en que, si bien el precio de la energía eléctrica puede ser casi “inasumible” para muchas familias, se trata de medidas “que ya se hacen o que están previstas”. De igual forma, ha discrepado con la visión que En Marea ha mostrado el escenario eléctrico en Galicia.