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Toda la oposición se une y pide en el Congreso una nueva Ley de autoconsumo de electricidad sin cargos

EFE / Europa Press.- Todos los partidos políticos de la oposición al Gobierno se unieron para presentar una iniciativa parlamentaria que suponga la creación de una nueva Ley que fomente el autoconsumo eléctrico sin ningún tipo de cargo. Todos los partidos políticos a excepción del PP y Foro Asturias han firmado una proposición de Ley que han registrado en el Congreso para favorecer el consumo energético compartido y colectivo, hacer posible una simplificación administrativa, modificar el actual régimen sancionador y eliminar el impuesto al sol.

Los representantes del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Compromís, UPN, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Bildu presentaron esta iniciativa y han exigido que el Gobierno no la vete y han advertido de que esta mayoría parlamentaria podría levantar dicho veto. El director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, puntualizó que el autoconsumo eléctrico no supondría un coste presupuestario ya que al favorecerse las inversiones y eliminarse las barreras se generaría un IVA que sería superior al que se dejaría de ingresar por el recibo de la luz. Además ha explicado que el escenario máximo de autoconsumo podría llegar a los 400 Megavatios, lo que supondría una alteración de tan sólo de 12 millones de euros.

Donoso calificó de «día histórico» la jornada en la que se presenta la iniciativa porque «se inicia el camino por el que el Parlamento recupera el derecho de los ciudadanos a ejercer su derecho al autoconsumo sin barreras y el sentido común». En este sentido, considera que se trata de una ley que busca evitar las «barreras» impuestas en la normativa actual y que se basa en cuatro puntos que pasan por “que no se pague lo que no se usa», de forma que se eliminen los peajes al autoconsumo, el llamado impuesto al sol. De hecho, ha cifrado en 11 céntimos de euro al año la repercusión que supondría para el conjunto de ciudadanos.

En el mismo sentido, el director general de Geoatlanter, vicepresidente de la Fundación Renovables y miembro de la Plataforma para un Nuevo Modelo Energético, Jorge Morales de Labra, asegura que el autoconsumo de electricidad supone «ahorrar en la factura de la luz y hacerlo sin ningún tipo de subvención» e incide en que habría menos exposición a las variaciones de los precios de los combustibles. Además, Morales explicó que no se contempla el balance neto, sino que fija descuentos en los excedentes a precio de mercado, de forma que al autoconsumidor se le restaría de su factura la parte que haya vertido a la red.

La energía autoconsumida estará exenta de todo tipo de cargos y peajes y los excedentes de las instalaciones de generación asociadas al autoconsumo estarán sometidos al mismo tratamiento que la energía producida por el resto de las instalaciones de producción, al igual que los déficit de energía que los autoconsumidores adquieran a través de la red de transporte o distribución estarán sometidos al mismo tratamiento que los del resto de consumidores. Podrían desarrollarse mecanismos de compensación simplificada entre déficit de los autoconsumidores y excedentes de sus instalaciones de producción asociadas, que en todo caso estarán limitados a potencias de éstas no superiores a 100 kW.

La portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, destacó la unión parlamentaria para que se desarrolle el autoconsumo en España, «el único país del entorno en el que no se ha desarrollado», a través de una iniciativa «fruto del sentido común y la justicia». Lucio desveló que la «voluntad» de los grupos parlamentarios que impulsan la iniciativa legislativa es aprobarlo «cuanto antes», con una previsión de iniciar su tramitación antes del mes de junio, siempre y cuando el Gobierno no presente vetos a la iniciativa con «argumentaciones peregrinas» similares a las dadas cuando presentó el veto a la iniciativa sobre autoconsumo presentada por Ciudadanos el año pasado.

En este sentido, la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso y portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, pidió al Gobierno que no vete el proyecto de ley ya que «si no es ahora, saldrá adelante dentro de unos días». Rodríguez lamenta que el Ejecutivo se preocupe más por la no recaudación que a su juicio supondría el autoconsumo que por la disminución del precio de la luz que supondría, cuando se podría recaudar «pinchando la burbuja política o eliminando duplicidades». De esta forma, abogó por un modelo de autoconsumo similar al resto de países de Europa y del mundo, y asegura no entender el «miedo» a la generación descentralizada cuando hay «infraestructuras suficientes» para ello.

De igual forma, el portavoz de Energía de Unidos Podemos, Josep Vendrell, ha manifestado su «satisfacción» porque la iniciativa de las organizaciones sociales se vea reflejada en un texto legislativo que cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios. Vendrell ha criticado que el Ejecutivo, con Álvaro Nadal como ministro de Energía, no sea «amigo» del autoconsumo al fijar una regulación «de las más restrictivas que hay en el mundo», y ha calificado de «impresentable» y «deleznable» que argumente una menor recaudación de impuestos cuando puede abaratar la factura de la luz.

El diputado de PDeCAT Ferran Bel ha recordado que en Cataluña las instalaciones de autoconsumo se han paralizado, no sólo por los costes asociados sino por el mensaje que ha transmitido el Gobierno a los usuarios, y ha reafirmado la voluntad parlamentaria de promocionarlo. También, el diputado de ERC Joan Capdevila ha señalado que se inicia el camino para hacer justicia a las pequeñas empresas y a las familias que apostaron por la energía fotovoltaica, unas 4.300 en Cataluña «al borde de la ruina», por lo que ha dicho esperar que el consenso parlamentario se mantenga y se facilite una transición energética «real y sostenible».

El diputado de Compromís en el Congreso, Ignasi Candela, también calificó de «día histórico» la jornada en la que se presenta la iniciativa porque demuestra que «el PP está absolutamente solo en materia energética«. Candela ha destacado que la proposición de ley permita avanzar en la búsqueda de alternativas al modelo energético «mientras unas cuantas empresas se llevan todo el dinero», y ha mostrado su compromiso con los «miles de arruinados» por la «estafa» fotovoltaica para que recuperen sus derechos.

El presidente de Unesa ve «bien» que se investigue el funcionamiento del pool porque mejorará la imagen del sector

Europa Press / EFE.- Mientras el precio mayorista baja un 4,3% para este jueves, el presidente de Unesa, Eduardo Montes, ve «muy bien» que tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como la Fiscalía del Tribunal Supremo investiguen las subidas de la electricidad si estas iniciativas sirven para «aclarar» la situación.

«El mercado eléctrico es exactamente igual que en el resto de Europa. Es un mercado muy supervisado por la CNMC y todo lo que sea aclarar la situación, ya sea mediante un análisis por la CNMC o por la Fiscalía, nos parecerá muy bien porque tenemos necesidad de darle al público la imagen que se merece un sector que da un servicio de calidad», afirmó Montes. En este sentido, la patronal eléctrica, asociación en la que participan Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo, afirmó que el sistema eléctrico español es «probablemente uno de los mejores de Europa» y consideró que, en todo caso, el sector «no ha sabido hacer pedagogía y explicar exactamente cómo funciona el mercado«.

Junto a esto, señaló que el precio de la electricidad se ha disparado en toda Europa por la ola de frío. Si en España el megavatio hora ha alcanzado los 91 euros, en Italia asciende a 101 euros, en Francia a 121 euros y en Suiza a 117 euros. «Con la ola de frío que recorre Europa y la situación climatológica, todos los precios del entorno se han disparado», afirmó.

Montes recordó que, aparte del precio de la electricidad, en el recibo de la luz se pagan impuestos y costes regulados en porcentajes que suman el 70%. Además, señaló que las puntas de estos días se aplican a los consumidores con precio regulado y con contadores inteligentes, capaces de permitir la facturación por horas. Aparte de expresar su «inclinación personal» por el suministro eléctrico en mercado libre, Montes repasó las causas de las últimas subidas en el precio mayorista, entre las que citó la mayor demanda por la ola de frío, la indisposición de centrales nucleares franceses y la ausencia de recurso eólico e hidráulico.

El precio baja un 4,3%

Por su parte, el precio de la electricidad en el mercado mayorista bajó un 4,3% respecto a los 91,88 euros alcanzados el miércoles y se situó en 87,88 euros el megavatio hora (MWh), aunque sigue en niveles que no se veían desde diciembre de 2013, según datos de OMIE, el operador del mercado. Aunque los niveles de estos días son elevados, aún están lejos del máximo diario, que se marcó el 11 de enero de 2002, con una media de 103,76 euros. Del mismo modo, no se alcanzarán los picos de más de 100 euros por MWh que se alcanzaron en varias horas del miércoles.

El precio de la luz en el mercado mayorista supone en torno al 35% del recibo de los consumidores acogidos a la tarifa regulada, unos 12 millones, pero no afecta a quienes han contratado el suministro en el mercado libre, en torno a 13 millones. El 65% restante del recibo depende de los denominados peajes, que fija el Gobierno y que están congelados para este año, y de los impuestos. El pool funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto.

Más demanda y menos oferta

La subida del precio eléctrico mayorista responde a la ola de frío, que disparó la demanda, a la escasez de agua y viento, que limita el uso de las plantas hidroeléctricas y los parques eólicos, las dos tecnologías más baratas para generar electricidad, y al encarecimiento del gas natural en los mercados internacionales, combustible que usan las centrales de ciclo combinado, así como la mayor exportación a Francia por la indisponibilidad de algunas de sus centrales nucleares. No obstante, el Ministerio de Energía, la CNMC y la Fiscalía del Tribunal Supremo investigan la evolución de los precios para comprobar si hay comportamientos anticompetitivos por parte de algún agente del sector.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, comparece este jueves en la comisión correspondiente del Congreso para explicar el comportamiento del mercado. El Gobierno ha decidido dinamizar el mercado organizado del gas, Mibgas, para conseguir precios más competitivos. En la situación actual, el precio en el mercado eléctrico mayorista lo marcan las centrales de ciclo combinado. Por eso, el Ejecutivo entiende que una bajada del gas reduciría también los precios de la electricidad. El Gobierno ha decidido incorporar la figura del creador de mercado en la sociedad Gunvor Internacional para que el Migbas tenga más liquidez y pretende obligar a los operadores dominantes a ofrecer un volumen determinado de gas natural.

Estos precios son los más elevados desde diciembre de 2013, cuando las subidas en el mercado mayorista llevaron al Gobierno a suspender el anterior sistema de subasta eléctrica (Cesur) y sustituirlo por el actual, en el que el precio regulado deja de consistir en una referencia trimestral y queda vinculado al precio de cada hora en el mercado. La demanda eléctrica prevista para este jueves asciende a 636 gigavatios hora (GWh), por encima de los 630 GWh previstos para el miércoles, según datos de Omie.

Críticas desde la Comunidad Valenciana

Por otro lado, el consejero de Economía de la Comunidad Valenciana, Rafael Climent, ha criticado que el Gobierno «juega a los intereses de unos cuantos frente a los intereses generales o del bien común» y parece que los dirigentes «no saben para quién trabajan, o sí». Climent se pronunció así sobre el reciente incremento en los precios de la electricidad. El consejero considera que el Gobierno no debería preocuparse por que «ganen dinero unos cuantos, ese oligopolio» sino pensar en que «cuanto más abaratamos los costes a la ciudadanía, mejor».

En el caso del Gobierno valenciano, «tenemos claro trabajar por la ciudadanía y mejorar el bienestar de la gente», asevera Climent, quien se refirió a las ayudas del plan de autoconsumo que ya ha puesto en marcha el Gobierno de la Comunidad Valenciana, frente al impuesto al sol del Ejecutivo central. En el ámbito doméstico, el plan recoge bonificaciones directas del 20% en el IRPF en la parte autonómica correspondiente para quienes instalen placas solares, aerogeneradores o vendan a la red, con unas desgravaciones máximas de 8.000 euros. Además en el primer trimestre las empresas podrán solicitar préstamos de hasta 100.000 euros a interés cero y con un plazo de devolución de 7 años para la instalación de energía renovable.

Los autónomos dedican más del 25% de lo que ganan a pagar el suministro eléctrico de sus negocios

Europa Press.- La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) indicó que los autónomos destinan más del 25% de lo que ganan al pago del suministro eléctrico y advirtió de que con la actual fórmula de tarificación se podrían disparar estos costes y suponer más del 35%, lo que es «inasumible» para las pymes. La organización señaló que el coste medio que dedican los pequeños negocios al pago del suministro eléctrico se multiplicó por 80 en la última década.

Para el secretario general de Upta, Eduardo Abad, «el encarecimiento de la energía es un saqueo de oportunistas que aprovechan la falta de una regulación que proteja de los excesos a los autónomos y a los consumidores en general». Por ello, urgió a la administración a frenar esta «espiral sin sentido en la que nos vemos sumidos» con el encarecimiento del precio de la energía y que «lejos de mejorar la situación de fragilidad económica del colectivo, la empeoran cada día más». En este sentido, Upta aseguró que insistirá al Ministerio de Energía en la necesidad de regular el autoconsumo a través de las renovables.

La oposición se une en el Congreso para pedir el fomento del autoconsumo

Europa Press.– La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso, Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea, PSOE, Ciudadanos, ERC, PDECat y Compromís, se han unido para presentar una proposición de ley para el fomento del autoconsumo eléctrico. En concreto, la mayoría parlamentaria registrará su iniciativa legislativa este miércoles, un día antes de que el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, comparezca ante la comisión del ramo para explicar la subida de la luz.

La iniciativa pactada por la mayoría parlamentaria exige que se reconozca el derecho a autoconsumir electricidad en España «sin ningún tipo de cargo». Precisamente, el pasado diciembre el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una moción de Ciudadanos que demandaba al Gobierno avanzar en la transición energética marcada por Bruselas hacia un modelo de energías renovables y la supresión del llamado impuesto al sol.

El Gobierno aprobó en octubre de 2015 el decreto que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas para el suministro y la producción de electricidad con autoconsumo. La normativa estableció que quienes producen y consumen su propia energía sin estar conectados a la red eléctrica no han de asumir ningún coste del sistema eléctrico, pero sí que los autoconsumidores conectados contribuyesen a los costes generales del sistema. Estos se refieren sobre todo a la solidaridad con los sistemas extrapeninsulares donde la generación es más cara, la amortización del déficit tarifario, los incentivos a las renovables y los costes de respaldo.

Las empresas fotovoltaicas y el Gobierno balear critican que se dupliquen los cargos al autoconsumo en el archipiélago

EFE.- Mientras el consejero balear de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, aseveró que el Gobierno autonómico no comparte la decisión del Gobierno de incrementar el llamado impuesto al sol en Baleares, por suponer un obstáculo a las renovables, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) criticó la decisión del Gobierno central de duplicar los cargos para los autoconsumidores de Baleares, que ahora pagan de media 40 euros por megavatio hora de energía verde producido y consumido, cuando hasta 2016 eran 19 euros.

El recargo, que según la entidad afectará a entre 300 y 400 instalaciones de autoconsumo del archipiélago, ha sido calificado por esta asociación como «un error injustificable» que genera «incertidumbre entre los inversores» al suponer una nueva modificación normativa del autoconsumo. La orden del Ministerio de Energía, que establece los peajes de energía eléctrica para 2017, indica que los precios de los cargos variables para energía autoconsumida en Canarias, Ceuta y Melilla tendrán valor cero, pero en los sistemas eléctricos Mallorca-Menorca e Ibiza-Formentera oscilan en distintas cuantías en función del consumo. Quedan exentos los consumidores acogidos a la modalidad de autoconsumo con una potencia inferior o igual a 10 kW.

El delegado de UNEF en Baleares, Rafael Puigcercós, reprochó al Gobierno que «castigue» a Baleares cuando se trata de un territorio que, «debido a su situación geográfica y composición del parque de generación eléctrica, tiene un mix energético con un coste de producción muy superior al sistema peninsular«. Cree que esta subida «desanimará a aquellos que tenían previstas inversiones para producir parte de su electricidad con ayuda del sol», lo que impedirá el desarrollo de las renovables, que en Baleares «son una anécdota que apenas alcanza el 3% del total”.

Puigcercós señaló que la singularidad del territorio balear, «escaso y muy protegido», dificulta la implementación de infraestructuras energéticas fotovoltaicas y eólicas, «por lo que el autoconsumo representa el camino más seguro para el desarrollo de tecnologías de producción de electricidad renovable”. El delegado de UNEF insistió en que el cambio normativo que duplica los recargos al autoconsumo va en contra de la estrategia del Gobierno balear, encaminada a eliminar trabas burocráticas, fomentar el autoconsumo y el uso de energías limpias”.

Baleares contra el Gobierno central

Por su parte, el consejero balear Pons considera la decisión del Gobierno como una «penalización» para los autoconsumidores que considera «un error». Por ello ha solicitado una reunión con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para abordar esta cuestión si bien ha dicho que el ejecutivo autonómico no descarta plantear un recurso ya que la postura del Ejecutivo central es la opuesta a la mantenida por el Gobierno balear, que «está haciendo esfuerzos importantes para favorecer la implantación de energías renovables».

«Si mientras nosotros hacemos estos esfuerzos, el Gobierno de España los penaliza, estamos entrando en una dinámica que no tendrá resultados reales para los ciudadanos, lo que es un error», ha afirmado Pons, que ha criticado además «cómo ha planteado» el Gobierno esa subida, aprobada a finales de diciembre. «Necesitamos el apoyo del Gobierno de España, no la fuerza contraria», ha reiterado. Ha insistido en que la decisión del Gobierno «ha penalizado a quienes producen energías renovables cuando en todo caso hay que apuntalarlos porque suponen una mejora ambiental que genera puestos de trabajo y genera una dinámica económica positiva».

Antes de la posibilidad de plantear un recurso contra dicha subida del precio de la energía fotovoltaica, Pons ha insistido en que la voluntad del Gobierno balear es reunirse con el ministro Nadal «para contrastar posturas de gobierno a gobierno». Sin embargo el Gobierno balear tampoco desestima la posibilidad de recurrir a los tribunales: «No descartamos ninguna opción porque es importante dar un paso adelante e incrementar la producción de renovables. Estamos a la cola de España», ha recalcado Pons.

La CNMC reprocha a Energía que 335 millones ingresados para pagos por capacidad se destinen a financiar otros costes regulados

Redacción / Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió al Ministerio de Energía de que, en su borrador de peajes eléctricos para 2017, está «financiando» costes del sistema mediante un exceso de recaudación de 335 millones de euros en la partida de pagos por capacidad, unos incentivos a las centrales de respaldo, generalmente térmicas de carbón o de gas, por estar disponibles en los momentos en los que falla la aportación de tecnologías no gestionables como la eólica.

En su informe sobre el borrador de peajes de electricidad, el organismo presidido por José María Marín Quemada advierte de que los ingresos previstos para 2017 destinados a los pagos por capacidad ascienden a 725 millones, a pesar de que esta partida generará unos costes de 390 millones. De esta forma, se registra un saldo positivo de los pagos por capacidad de 335 millones que se destinará a financiar los costes regulados “distintos al transporte y la distribución”, entre los que figuran, especialmente, los incentivos a las renovables o la amortización de la deuda eléctrica.

«Teniendo en cuenta que los peajes de transporte y distribución implícitos en la propuesta de orden son suficientes para recuperar la retribución de las redes, el superávit de los pagos por capacidad está destinado a la financiación del resto de costes regulados del sistema», afirma. La CNMC aprovecha para reclamar a Energía «una metodología de cálculo de los precios unitarios de los pagos por capacidad, a efectos de que cada componente de coste sea recuperado por el precio regulado correspondiente«.

Justifica congelar los peajes eléctricos

El borrador de orden ministerial de peajes eléctricos contempla un escenario de equilibrio entre costes regulados e ingresos procedentes de los peajes para 2017. Tras más de una década de déficit de tarifa, el sistema eléctrico ha arrojado superávit en 2014 y 2015, y lo hará previsiblemente en 2016. La CNMC considera en todo caso que los ingresos regulados previstos para 2017 son suficientes para cubrir los costes y, en consecuencia, está justificada la decisión de mantener congelados los peajes.

La CNMC aprovecha para pedir a Energía que apruebe de forma urgente las modificaciones legislativas necesarias para adecuar sus competencias con las que tienen el resto de reguladores europeos de acuerdo con la normativa comunitaria. También lamenta no haber podido valorar los ingresos por peajes de acceso a consumidores y generadores, y considera «inadecuado» el mecanismo de financiación con cargo a los Presupuestos del 50% del coste de las instalaciones de producción renovable ubicadas en territorio insular. Junto a esto, insiste en la necesidad de que Energía apruebe una metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución.

A propósito de esta metodología, el regulador indica que su aprobación servirá para contribuir a la transparencia del sistema en su conjunto y, en el caso del autoconsumo, para dotarlo de mayor certidumbre para su desarrollo. Competencia también advierte del incremento de los cargos transitorios por energía consumida para los subsistemas de Mallorca-Menorca e Ibiza-Formentera incluidos en la orden ministerial, sin que se justifique suficientemente el motivo de dicha variación.

Para el conjunto de autoconsumidores, se producirá una rebaja del 6,2% en el término fijo de los cargos para potencias contratadas no superiores a 10 kW. Entre 10 y 15 kW, la rebaja será del 3,6%. En cuanto a los términos variables, registran reducciones comprendidas entre el 3% y el 16,3% para los consumidores de baja tensión y entre el 8,4% y el 16,7% para el resto de los consumidores.

Extremadura subvencionará a las instalaciones para compensar por los cargos al autoconsumo mientras la Comunidad Valenciana también trata de impulsarlo

EFE.- El consejero de Economía Sostenible de la Comunidad Valenciana, Rafael Climent, destacó que la comunidad autónoma es «el primer territorio del país» en disponer de un Plan Integral de Fomento del Autoconsumo que prevé ayudas económicas para el impulso de esta tecnología. Asimismo, Extremadura subvencionará de manera «excepcional y transitoria» las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo para compensar por el llamado impuesto al sol decretado por el Gobierno de Rajoy, unas ayudas que se mantendrán mientras sigan vigentes los citados cargos.

El consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, José Luis Navarro, ha explicado orden que publica el Diario Oficial de Extremadura (DOE), de ayudas destinadas a instalaciones de energías renovables para 2017, dotada con 4,3 millones de euros. El procedimiento de concesión de estas ayudas se efectuará en régimen de concesión directa mediante convocatoria abierta, por lo que se podrán solicitar durante un periodo de cuatro meses.

La convocatoria establece tres líneas de ayudas, la primera de ellas dirigidas a personas físicas respecto a viviendas de su propiedad, ya sean de uso habitual o segunda vivienda, así como a comunidades de propietarios. La segunda línea va destinada a municipios y entidades locales menores y la tercera, a empresas privadas y sus agrupaciones, siempre que dispongan de personalidad jurídica, así como a empresarios, autónomos y a proveedores de servicios energéticos. Navarro señaló que las cuantías de las subvenciones en la mayoría de las modalidades se sitúa en torno al 40% de la inversión.

Finalmente, el consejero ha destacado que las instalaciones de fotovoltaica para el autoconsumo son rentables por sí mismas en todo el mundo menos en España por el «insólito» impuesto al sol que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy a finales de 2015. Por ello, ha justificado esta nueva modalidad de subvención en la orden extremeña hasta que se pueda derogar el citado impuesto, como reclaman todos los agentes sociales y económicos y los partidos políticos, salvo el PP, insistió Navarro.

Plan valenciano de Energías Renovables

El nuevo Plan de Energías Renovables 2017 de la Comunidad Valenciana contempla deducciones fiscales de hasta el 20% en el tramo autonómico del IRPF para particulares e incentivos a empresas en forma de préstamos bonificados de interés cero por un máximo de 100.000 euros, a devolver en siete años. Para esta línea específica de financiación, la Generalitat ha previsto una orden de ayudas con un presupuesto inicial de 2,4 millones de euros en el primer trimestre del año 2017, según indicó la empresa alicantina Bornay, a raíz de una visita del consejero Climent con motivo de la Mesa de Autoconsumo.

El plan también prevé acciones para desarrollar el autoconsumo energético en los edificios de la Generalitat y el desarrollo de una plataforma web, elaborada por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), para la promoción y difusión del autoconsumo en todos los sectores económicos y productivos de la Comunidad. En este sentido, Climent resaltó la clara apuesta del Gobierno autonómico por las renovables como «pieza fundamental» del nuevo modelo energético de la Comunidad Valenciana ya que «a sus incuestionables ventajas desde el punto de vista medioambiental y social, hay que sumar las condiciones idóneas de nuestro territorio para su desarrollo».

Climent criticó que las políticas en este ámbito impulsadas desde el Gobierno central han puesto «barreras injustificadas» a esta tecnología y han generado «un clima tal de desconfianza e inseguridad que, en la práctica, ha supuesto la paralización del desarrollo del autoconsumo». «Con este Plan perseguimos invertir esta situación y enviar una clara señal a toda la sociedad valenciana: el autoconsumo es posible y este Gobierno autonómico apuesta firmemente por su impulso», añadió. En esta línea, la directora general del Ivace, Julia Company, puso de manifiesto la necesidad de que los consumidores «pierdan el miedo» que supuso el Decreto estatal.

Energía rebajará un 9% en enero los cargos fijos a los autoconsumidores domésticos de electricidad

Europa Press.- El Ministerio de Energía aplicará para el ejercicio 2017 una rebaja del 9% en los cargos fijos que afrontan los autoconsumidores domésticos de electricidad, esto es, los que disponen de una potencia contratada de menos de 10 kilovatios (kW). Estos autoconsumidores pagarán 8,144 euros por kW a partir de enero para sufragar los cargos fijos, según consta en el borrador de la orden ministerial de peajes eléctricos. Esta cifra contrasta con los 8,898 euros recogidos en el real decreto 900/2015.

Este decreto, de octubre de 2015, exime de forma transitoria a los autoconsumidores domésticos de abonar los cargos variables, que se aplican en función de los kilovatios hora producidos. Aún así, tanto el decreto como la nueva orden ministerial siguen recogiendo un coste para estos cargos variables, pese a su inaplicación temporal. A partir de enero, los cargos variables ascenderán a 0,0431 euros por kilovatio hora (kWh), un 7% menos que los 0,0467 euros recogidos en el real decreto 900/2015. En este epígrafe se recogen diversos costes del sistema eléctrico entre los que no figuran el transporte y la distribución, imputados a la parte fija.

El vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, advirtió de que el Gobierno no justifica adecuadamente en el borrador ni la bajada en el cargo variable ni en el fijo de los autoconsumidores, lo que no hace sino «incrementar la incertidumbre y desincentivar cualquier inversión a largo plazo«, afirma. Morales de Labra cita informes en los que se alude a que la amortización de una instalación domésticos lleva entre 12 y 18 años, si bien resulta «muy grave» que se estén cambiando los números y que el inversor carezca de cualquier certeza. «No te pueden estar cambiando continuamente los números. En un año ya lo han hecho tres veces. Resultan graves estos cambios al impuesto al sol«, asegura.

Morales de Labra también constata, tras el análisis del borrador de la orden ministerial de peajes, que los cargos que se aplican a las empresas que autoconsuman en 2017 en Mallorca y Menorca serán superiores a los del mismo perfil en la Península. Esta circunstancia responde a que a estos autoconsumidores se les imputarán en la parte de cargos variables los costes de las redes eléctricas, lo que no ocurre en la Península. Un cambio que aporta más incertidumbre, critica.

España pide cambios contables a la Unión Europea para impulsar la eficiencia energética de edificios públicos y crear 200.000 empleos

EFE / Europa Press.- El ministro español de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, pidió a la Comisión Europea una reforma en las reglas de contabilidad en eficiencia energética relativas a los edificios públicos, que en España permitirían crear «unos 200.000 empleos». «Si nos dejasen una regla mucho más libre que la que hay ahora, barajamos del orden de 200.000 empleos directos, en lo que es renovación de todo el parque o de una buena parte del parque de edificios públicos», argumentó Nadal.

Según el titular de Energía, ahora mismo «hay unas reglas muy estrictas en la contabilidad nacional de forma que si una universidad, un hospital o un colegio invierte en eficiencia energética, toda la inversión se le contabiliza como gasto en un año». «Una regla similar a la que tiene la contabilidad privada» podría «generar en el sector de la construcción, sin duda ninguna, unos 200.000 empleos», añadió Nadal, quien señaló que esos puestos de trabajo serían, además, duraderos, porque «no lo vas a cambiar de un día para otro». El ministro español indicó que la Comisión Europea «ha prometido tener el tema resuelto para marzo».

La propuesta española se enmarca en los comentarios de los Estados miembros sobre el «paquete de invierno» energético que presentó la semana pasada la Comisión Europea para legislar sobre renovables, eficiencia y consumo energético en la Unión Europea. Entre otras ideas, plantea medidas para animar a la inversión para la renovación de edificios y mejorar su eficiencia energética. «Lo que se está buscando es ambicioso: aunar dos objetivos. En primer lugar, los medioambientales aprobados en París y, por otro, que la energía en España y el resto de la Unión Europea sea asequible, sea competitiva», indicó el ministro para resumir la amplia reforma comunitaria, que se traduce en un millar de páginas de textos legales.

Se propiciarían las inversiones públicas

Según Bruselas, los edificios absorben el 40% de la energía consumida en la Unión Europea y, sin embargo, su tasa de renovación se limita al 1% anual. El Ejecutivo comunitario se ha comprometido a aclarar de aquí a marzo la naturaleza de este tipo de inversiones en la contabilización del déficit de las administraciones públicas. Tras la presentación de la propuesta, fuentes comunitarias advirtieron de que no se trata de modificar las reglas, sino de especificar que no es meramente un gasto a corto plazo. Así las cosas, Nadal ha apostado por diseñar una regla contable menos «estricta» que permitiese un desarrollo de la inversión para renovar la flota de edificios públicos en España, que las condiciones actuales no permiten.

«Sería importantísimo, porque significaría que proyectos que tengan sentido económico, sentido medioambiental, que crean empleo por su efecto de arrastre en el sector de la construcción, podría tener un desarrollo enorme», ha explicado el ministro. Según Nadal, la propuesta de la Comisión «está claramente en la línea de lo que ha sido la propuesta del Gobierno español en dos temas que está, en el candelero, políticamente hablando». El primero se refiere al autoconsumo energético, que quiere fomentar Bruselas y que en su propuesta «establece que tiene que haber cargas equivalentes para el ciudadano que autoconsume como para el que no». «Habla de un principio de proporcionalidad, que es lo que venimos defendiendo desde hace tiempo», reivindicó el titular de Energía.

En segundo lugar, prosiguió, la Comisión Europea propone que la pobreza energética se aborde desde la política social, sin «intervenir en precios». «Es algo que venimos defendiendo porque esa es precisamente la postura del Tribunal Constitucional en España cuando ha ocurrido el caso de la sentencia del Real Decreto ley en Cataluña», comentó el ministro. Ese tribunal, al que recurrió el Ejecutivo, suspendió la ley catalana de emergencia social que impedía a eléctricas y gasistas cortar la energía a familias que no pudieran pagar las facturas, es decir, en situación de pobreza energética, por invadir competencias exclusivas del Estado central.

Bruselas quiere agilizar las inversiones

El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, aseguró que está en curso de negociación con otros servicios de la Comisión y con (Eurostat) de «soluciones» para agilizar la política de eficiencia energética, en alusión a la posibilidad de que este gasto tenga un trato especial en relación al déficit. Cañete busca “una solución», habida cuenta de que el tipo de proyectos a los que se quiere ayudar con ello no sólo se amortizan «muy rápidamente», sino que siguen generando beneficios a posteriori y son «consistentes» con los objetivos climáticos de la Unión Europea. «El sector público debe tomar decisiones de inversión para mejorar la eficiencia energética, que a veces están limitadas por unas normas de contabilización«, explicó.

Arias Cañete apuntó, además, que España no ha estado sola a la hora de defender la flexibilización del cómputo de la inversión y que «tres o cuatro países» más se han mostrado «partidarios» de avanzar en esa línea. Preguntado por si las cifras de la Unión Europea avalan el cálculo de Nadal en cuanto a que el cambio normativo permitiría crear 200.000 empleos en España, el comisario ha señalado que Bruselas estima que se crearían 400.000 puestos de trabajo en el conjunto de la Unión Europea si se pasara de un 27% a un 30% de eficiencia y que el beneficio por países «depende de cómo se aplique cada Estado».

Política de ‘Black Friday’ en energía

Los primeros anuncios de Álvaro Nadal vienen a determinar cuál será la línea política del nuevo y flamante Ministerio de Energía, algo que se puede resumir en el aserto de habrá «política en la energía» en lugar de «políticas energéticas». En el fondo, el modelo que propone Nadal es una versión acelerada y desinhibida de la acción de José Manuel Soria y Alberto Nadal.

El nuevo/viejo departamento ha comenzado con hiperactividad: anuncio de las subastas «competitivas» de nueva potencia renovable con el mantra (liberador de responsabilidad) de la competencia intertecnologías, resolución de las subastas de interrumpibilidad (edición incrementada en 22 millones este año, 525 millones en total con cargo al suministro de los consumidores dentro de los costes de acceso) y atribución del bono social a las empresas en general (para evitar la designación selectiva de agentes empresariales, revocada lógicamente por el Tribunal Supremo).

La interrumpibilidad, a todo trapo

El servicio de interrumpibilidad establece un flujo de financiación del sector eléctrico al sector industrial mediante descuentos en sus costes eléctricos, a través de estos pagos, por mor de un supuesto derecho de interrupción del suministro de escasa utilización. La última subasta se ha instrumentado aumentando los volúmenes de la misma para satisfacer a más demandantes del servicio. Si además atendemos al formato de las mismas, en el que cuando ha sido necesario repetirse la subasta o ampliarse se ha hecho, tenemos calificado el diseño. Un servicio cada vez más a todo trapo, diseñado en el concepto más vale que sobre, que no que falte, y que evite la amenaza industrial de cierres o deslocalizaciones.

Bono social sí, pero empresarial

En el caso del bono social, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el selectivo mecanismo de financiación, el ministro ha aseverado que este mecanismo debe ser financiado por las empresas del sector. La ortodoxia dice que cualquier política de redistribución social se debería abordar desde los Presupuestos Generales del Estado, pero parece tarea harto imposible. Y, todo ello, con la controversia acerca de la pobreza energética abierta. La mejor ortodoxia debería ser la revisión de la composición de los costes del suministro y abaratar la energía para todos los consumidores, industriales y domésticos, por evasión de los costes que no pertenecen al mismo. Así se evitarían los problemas de ambos mecanismos.

En definitiva, el papel de la Administración y de las políticas energéticas se reduce a actuar como gran árbitro del sistema de subsidios cruzados en el suministro eléctrico, con la ordenación, si procede, de un nihilista sistema de subastas (al parecer lo único liberal del asunto) que distribuye rentas y atribuye potencia o servicios del sistema discrecionalmente, según se considere. El Gobierno organiza así sus peculiares Black Friday en energía.

Todo ello es posible por varios motivos. En primer lugar, el modelo de interacción política-economía en nuestro país tiene asumido como normal la articulación de un sistema de subsidios cruzados entre los distintos agentes y algunos consumidores, en una suerte de franquismo económico, light pero vigente, que actúa sobre las cuentas de resultados de las empresas  incrustando todo aquello que se considere. Algo que los españoles ven bien en su modelo de cultura económica. Segundo, pero no menos importante, las autoridades españolas han perdido el temor hacia las instituciones europeas respecto a los defectos en la ortodoxia, la consideración de Ayudas de Estado de estos mecanismos y a la absorción de reveses en estos ámbitos.

Coda. El nuevo ministro acaba de afirmar que se revisará la regulación del autoconsumo (última medida del anterior Gobierno en su ejecutoria) , recogiendo a tal efecto además el compromiso político con Ciudadanos, de forma que se rebajen las cargas del mismo (el mal llamado impuesto al sol). Así, ha señalado que la reforma que se instrumente no deberá perjudicar al resto de consumidores. La pregunta entonces es: ¿Quién se hará cargo de esta cuenta?