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El Gobierno y Ciudadanos abren una mesa “técnica” de negociación para «eliminar las trabas al autoconsumo» y evitar el Constitucional

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Europa Press.– El Gobierno y Ciudadanos acordaron abrir una mesa de negociación para «eliminar las trabas al autoconsumo» energético, según indicó la portavoz de Energía de la formación naranja, Melisa Rodríguez. Fue la principal conclusión de la reunión mantenida entre Rodríguez, el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez y el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

Sobre la mesa, desbloquear la Ley de Ciudadanos para regular el autoconsumo, así como abordar un Pacto de Estado por la Energía y el desarrollo del reglamento del bono social eléctrico. Por su parte, fuentes del Ministerio precisaron que este acuerdo consiste en la creación de un sistema de trabajo para dar cumplimiento a los compromisos ya existentes con Ciudadanos en el acuerdo de investidura en materia energética, entre los que figuraba el autoconsumo energético.

Rodríguez señaló que el objetivo de abrir esta mesa técnica para «eliminar las trabas al autoconsumo» es conseguir un acuerdo «en base a la negociación». La diputada de Ciudadanos subrayó que «la única solución para desencallar esta situación es negociando», ya que de otra manera se entraría en una situación de bloqueo en el Tribunal Constitucional. «Hemos empezado a hablar sobre temas negociables, hasta donde pueden llegar cada uno de los partidos. Hay voluntad de acuerdo y voluntad de negociación, y al final la única manera de sacar acuerdos adelante es negociando», aseveró al respecto.

Previamente, el PP y Ciudadanos rechazaron en la Mesa del Congreso levantar el veto impuesto por el Gobierno a la proposición de ley de la oposición que pretende regular el autoconsumo energético y derogar el llamado impuesto al sol. En concreto, el Ejecutivo alegó que la regulación del autoconsumo energético supondría una merma a la recaudación de 162 millones en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.

Sobre el llamado impuesto al sol, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, subrayó que su formación defendía la supresión de este impuesto, ya que consideraba que era una injusticia y había que ayudar y no poner trabas a las energías limpias, aunque añadió que había que «hacerlo bien y que el Gobierno permita que esa ley salga adelante», ya que «tiene veto constitucional sobre las normas que tienen consecuencias económicas».

Los impuestos y cargas sitúan el recibo de la luz entre los más caros de Europa, según Gas Natural Fenosa

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Europa Press.– Los impuestos y las cargas parafiscales gravan más de la mitad de la tarifa eléctrica y la convierten en una de las más caras de Europa, al tiempo que la tarifa de gas natural en España es cerca de un 10% más cara que la media europea debido al impacto del coste de las redes de transporte y al menor consumo debido a la climatología.

Así se puso de manifiesto en una jornada organizada por la Fundación Gas Natural Fenosa, titulada Las cuentas de la energía: tarifas, impuestos y autoconsumo, a la que asistieron más de 200 profesionales y en la que diferentes expertos buscaron soluciones para reducir el precio de la energía. Durante la jornada, se describieron en detalle la estructura de la tarifa eléctrica y del gas natural, la evolución de los costes y el papel de los impuestos y tasas públicas, así como su relevancia en el debate sobre el autoconsumo eléctrico descentralizado con energía solar fotovoltaica.

Según el director general de la Fundación Gas Natural Fenosa, Martí Solà, «las cuentas de la energía se están convirtiendo en un tema de máxima actualidad en España y en los países de nuestro entorno». «Es así tanto por el aumento de los precios de la energía en nuestro país, como por el impacto que tiene esta subida de precios en la competitividad internacional de nuestras empresas y en el bienestar de nuestras familias», señaló.

El senior manager strategy de PwC, Gerardo Fernández, explicó que «la factura eléctrica en España es una de las más caras de Europa, lo que repercute en una menor renta disponible para hogares y empresas». Este experto explicó los diferentes conceptos que componen la tarifa eléctrica y mostró que la parte directamente relacionada con la comercialización solo es un 26% del total del coste de la factura, mientras que los costes asociados a políticas energéticas y sociales (cargas parafiscales), así como los impuestos sobre la factura eléctrica (cargas fiscales), suponen en torno al 50% del total de la factura eléctrica.

El socio de Accenture Strategy, Álvaro Polo, explicó la composición de las tarifas del gas natural, donde el coste de la energía representa solo alrededor del 40% del total. «Las ofertas del mercado libre suelen ser más competitivas», comentó. Asimismo, este experto recalcó que la tarifa doméstica española del gas natural es todavía cerca de un 10% más cara que la media europea. «Esto está relacionado con el bajo nivel de gasificación de España, la dispersión de la población y el clima más moderado que limita los consumos, lo que implica una repercusión mayor del coste de las infraestructuras«, adujo.

El director gerente de NERA Economic Consulting, Óscar Arnedillo, explicó que el incremento de la factura eléctrica ha inducido a los consumidores a instalar equipos de autoconsumo aun cuando en realidad el coste del suministro desde la red eléctrica es menor que el coste de dichos equipos. «Es urgente limpiar las tarifas de las cargas ajenas al suministro eléctrico, ya que cuanto más tarde en acometerse más consumidores habrá que hayan malgastado su dinero invirtiendo en equipos de autoconsumo«, manifestó.

Según Arnedillo, el autoconsumo no solamente es «ineficiente», sino que esconde transferencias de costes desde aquellos que instalan autoconsumo hacia el resto de consumidores. «Por ello, cuando el autoconsumo empiece a desarrollarse, el regulador no tendrá más opción que quitar estos impuestos y cargas, de modo que el coste de suministrarse desde la red volverá a ser la opción más económica para los consumidores», comentó.

La Fundación Renovables asegura que es viable cerrar las centrales nucleares en 2024 y acabar ya con el carbón

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Europa Press.- La Fundación Renovables asegura que es «viable» y que supone una «oportunidad» cerrar las centrales nucleares en 2024 y reitera su reclamación de exigir un plan de cierre del carbón, que “debería haber cesado su actividad” antes de 2015, así como prohibir las prospecciones de hidrocarburos.

La Fundación Renovables asegura que es viable cerrar los reactores al término de su licencia de operación, lo que supondría prescindir de esta tecnología en el año 2024. La energía como vector de cambio para una nueva sociedad y una nueva economía fue la propuesta de la Fundación, con más de trescientas actuaciones concretas para llevar a cabo el cambio de modelo energético en España.

La Fundación insiste en que la energía es un bien básico y escaso que debe estar por encima de los intereses económicos que se generan a su alrededor para «recuperar el atributo de utilidad pública» lo que cobra todo su sentido a la hora de abordar el tema de prolongar o no la vida de las centrales nucleares. En este sentido, el patrono de la Fundación Renovables, Sergio de Otto, resaltó que se deben anteponer los intereses generales a los de las empresas titulares de dichas instalaciones, que serían las «únicas beneficiadas de esa prórroga».

ATC, “sólo para el desmantelamiento”

Asimismo, considera que las plantas nucleares son “insostenibles, medioambientalmente no asumibles y no competitivas para la sociedad». Por ello, a su juicio la nuclear «no forma parte del escenario energético deseable para España». En su propuesta de cierre, expone que se debe acometer una auditoría técnica y la definición de la fecha de cierre anticipado en función de la generación de residuos, criterios de seguridad y la viabilidad de su almacenamiento. En cuanto al almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares valora que «solamente tiene sentido» si es un elemento más del plan de cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares y no debe plantearse y decidirse su construcción si no hay, previamente, un plan de cierre programado de centrales.

En todo caso, pide para la nuclear un plan de transición justa como el del carbón, que conlleve la dinamización y diversificación económica de las zonas afectadas y la movilización de inversiones público-privadas para crear empleo de calidad en sectores emergentes más sostenibles. Como alternativa, el patrono Sergio De Otto aboga por la energía renovable como la más «sostenible, socialmente más justa, competitiva y al alcance de todos los países como son las energías renovables, potenciar el autoconsumo, aumentar la capacidad de bombeo, el biogás y en la medida de lo necesario el parque de ciclos combinados como apoyo transitorio.

UNEF asegura que el autoconsumo genera retornos al Estado y que el veto del Gobierno es «ideológico»

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) calcula que la instalación de 100 megavatios (MW) de autoconsumo en España procuraría un saldo positivo de cerca de 68 millones al Estado y considera que el veto del Gobierno a la proposición de ley del Congreso para fomentar esta actividad mediante la eliminación del impuesto al Sol es «ideológico» y no responde a razones de impacto presupuestario.

En un informe, la asociación fotovoltaica considera que los argumentos del Gobierno para vetar la propuesta de ley aprobada de forma mayoritaria por el Congreso son «ideológicos y no jurídicos». El Ejecutivo, señala, «carece totalmente de justificaciones legislativas a las argumentaciones que presenta». El informe de la Secretaría de Estado de la Energía (SEE) trasciende los ámbitos que le corresponde al realizar cálculos que corresponden a Hacienda y se encuentra además «lleno de juicios de valor subjetivos que nada tienen que ver con el verdadero marco del autoconsumo», señala UNEF.

Al abordar el impacto económico de la instalación de 100 MW, la asociación considera que el saldo anual en retornos fiscales y costes evitados ascendería a 73 millones, cantidad que quedaría minorada en un máximo de 5 millones por la pérdida de ingresos, de modo que el Estado, en cualquier caso, tendría un retorno de 68 millones. Adicionalmente, se producirían unos ahorros en eficiencia, emisiones de CO2 e importaciones de combustibles fósiles que, para una potencia instalada de 100 MW, se situarían en torno a los 7,6 millones de euros.

Al estudiar las estimaciones presupuestarias del Gobierno, UNEF considera que, en el escenario supuesto por la secretaría de Estado de un precio medio del pool de 50 euros por megavatio hora (MWh), la pérdida de ingresos en impuestos bajaría desde los 74 millones estimados por el Gobierno hasta 9,5 millones si se consideran todas las tecnologías renovables, y sería solo de 400.000 euros si solo se considera el autoconsumo fotovoltaico. Por otro lado, la pérdida de impuestos recaudados por ingresos por peajes bajaría desde los 14 millones estimados por el Gobierno hasta 1,5 millones considerando todas las tecnologías renovables, y sería solo de un poco más de 67.000 euros si solo consideramos al autoconsumo fotovoltaico.

Además, UNEF calcula que la aportación extra de los Presupuestos Generales del Estado no sería de 10 millones como estimaba el Gobierno, sino de 1,1 millones considerando todas las tecnologías renovables y de solo poco más de 49.000 euros si solo se considera el autoconsumo fotovoltaico. Al margen de estas consideraciones presupuestarias, la asociación aborda el efecto sobre los peajes eléctricos. Según recuerda, las instalaciones de autoconsumo conectadas a la red pagan los costes regulados del sistema al igual que el resto de los consumidores.

Estas instalaciones, indica, asumen el término fijo completo en función de su potencia contratada, que siempre debe ser mayor o igual que la de la instalación de autoconsumo, y el término variable de la energía consumida de la red, por lo que no dejan de pagar los costes regulados del sistema en función de lo que consumen de la red. La proposición de ley vetada no propone la exención de peajes y cargos a los autoconsumidores, sino a la energía autoconsumida, la que no pasa por la red de distribución.

El autoconsumo se vuelve contra Ciudadanos: las organizaciones sociales y renovables culpan al partido de que se mantengan los cargos

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Europa Press.- Organizaciones sociales y del sector renovable han culpado a Ciudadanos de que se «mantenga el impuesto al sol» por no forzar en la Mesa del Congreso el levantamiento del veto del Gobierno a la proposición de Ley de medidas para fomentar el autoconsumo eléctrico. Tanto el PP como Ciudadanos rechazaron levantar el veto impuesto a la proposición de ley de la oposición que pretende regular el autoconsumo energético y derogar el llamado impuesto al sol.

Organizaciones como Anpier, la European Association for Renewable Energy (Eurosolar), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Facua, OCU, Greenpeace, WWF o Amigos de la Tierra, entre otras, consideran que Ciudadanos «se echó atrás» y decidió no forzar el levantamiento del veto, «empeorando las perspectivas a corto plazo de aprobar una normativa española de autoconsumo en línea con las adoptadas por el resto de países de la Unión Europea«. Para las asociaciones, esta «maniobra» del Gobierno no es más que «la continuidad a su clara política de penalización» de las renovables, el ahorro y la eficiencia energética.

Así, consideran que en un país como España, «con altísima dependencia energética», reducir la factura energética utilizando fuentes renovables y autóctonas debería ser «objetivo prioritario de cualquier gobierno, con independencia de su orientación política, para demostrar su compromiso con la lucha contra el cambio climático«. Por ello, ve necesario sustituir «cuanto antes» la actual normativa por una que promueva, «y no penalice», el autoconsumo, para lo que pedían a Ciudadanos reconsiderar su voto en la reunión de la Mesa del Congreso y así permitir seguir con la tramitación de la proposición de Ley de autoconsumo.

Ciudadanos rechaza levantar el veto

Sin embargo, tanto el PP como Ciudadanos rechazaron en la Mesa del Congreso levantar el veto impuesto por el Gobierno. Acogiéndose a la competencia que le otorga la Constitución para frenar iniciativas parlamentarias que alteran los presupuestos en curso, el Gobierno vetó la tramitación de esta proposición de ley que en su día presentaron todos los grupos de la oposición salvo Ciudadanos, que ya tenía otra similar registrada. Concretamente, el Ejecutivo alegó que la regulación del autoconsumo energético supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.

La Mesa del Congreso asumió entonces el veto del Gobierno y, en consecuencia, bloqueó la tramitación de la iniciativa parlamentaria, pero no lo hizo por unanimidad: PP y Ciudadanos lo aceptaron, reconociendo la capacidad de veto que tiene el Gobierno, pero PSOE y Unidos Podemos-En Comú votaron en contra. Los dos grupos parlamentarios de izquierda pidieron entonces la reconsideración de esa decisión de la Mesa del Congreso, lo que implicaría levantar el veto del Gobierno, pero el órgano de gobierno de la Cámara, con los mismos votos, se ha reafirmado.

En medio de este debate, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha citado este miércoles en su despacho a Ciudadanos para tratar de buscar un acuerdo sobre el autoconsumo energético, un punto que estaba en el acuerdo que facilitó la investidura. Según el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, «hay dos formas de conseguir las cosas en política: una es la negociación y otra buscar el conflicto institucional y hacer que los temas se pasen años y años en los tribunales para o no conseguir nada o conseguirlo muchos años después». «Nosotros creemos más en la primera vía, en la del diálogo, y ésa es la que estamos practicando”, concluyó.

Podemos ve «arbitrario» el veto del Gobierno a la propuesta sobre autoconsumo y lo recurrirá en la Mesa del Congreso

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Europa Press.- Unidos Podemos ha tachado de «absolutamente arbitrario» y «abusivo» el veto del Gobierno a la proposición de ley sobre autoconsumo energético con la que la oposición pretendía poner fin al llamado impuesto al sol, por lo que recurrirá a la Mesa del Congreso para que reconsidere su decisión de aceptarlo.

El órgano de gobierno de la Cámara, con los votos del PP y de Ciudadanos, aceptó el veto a la citada propuesta, cuya puesta en marcha, según alega el Gobierno, tendría un impacto de 172 millones de euros para los Presupuestos estatales. El Gobierno puede hacer uso de la capacidad que le atribuye la Constitución para paralizar la tramitación parlamentaria de iniciativas que considera que alteran los presupuestos en curso, sea por disminución de ingresos o por aumento de gasto.

Sin embargo, el portavoz adjunto de En Comú Podem, Josep Vendrell, denunció que este veto del Ejecutivo es «absolutamente arbitrario, abusivo y con una argumentación totalmente falsa» porque la ley no suponía «ninguna alteración del presupuesto vigente». «Tenemos un Gobierno que es enemigo de las renovables, del autoconsumo, y que es amigo de las nucleares y el oligopolio», ha criticado, al tiempo que cargó también contra la actitud de Ciudadanos, porque es «cómplice» del PP.

En la misma línea se ha manifestado la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, quien añadió que «con tal de proteger a las oligarquías eléctricas, el PP, con la ayuda de Ciudadanos, es capaz de negar a los españoles nada más que el derecho al sol«. Dicho esto, Montero anunció que su grupo va a presentar un escrito a la Mesa del Congreso para que reconsidere su decisión de aceptar el veto del Gobierno.

El Gobierno veta la ley de la oposición contra los cargos al autoconsumo porque el Estado perdería 172 millones

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Europa Press.- El Gobierno ha comunicado al Congreso su rechazo a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley sobre autoconsumo energético con la que la oposición pretendía poner fin al llamado impuesto al sol, un veto que se justifica en que su puesta en marcha supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.

La proposición de ley, registrada en el pasado mes de enero por el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Compromís, UPN, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Bildu, trataba de fomentar el autoconsumo energético, eliminando todo peaje al consumo de energía autoproducida, posibilitando que varios grupos compartieran instalación y eliminando la obligación de obtener un punto de conexión. Conforme a lo previsto en la Constitución, la iniciativa legislativa se envió al Gobierno para que diera su conformidad a la tramitación parlamentaria y la respuesta acaba de llegar al Congreso con un nuevo escrito de veto, el 24º  que registra en lo que va de legislatura.

El escrito concluye que legalizar el autoconsumo energético conllevaría una menor recaudación tributaria y una disminución de ingresos por peajes que inevitablemente provocaría un incremento de las aportaciones que desde los Presupuestos Generales del Estado se realizan al sistema eléctrico. Tomando cifras del sector, el Gobierno relata que el autoconsumo representa el 2% del volumen total, lo que supone 220 millones que no se negociarían y detalla que, sin ellos, se produciría una merma de 74 millones en la recaudación fiscal entre el impuesto de generación (15 millones), el impuesto especial de electricidad (11 millones) o el IVA (48 millones).

El Gobierno estima que retirar el 2% de la generación del pool energético equivaldría a reducir el precio de la electricidad y recaudar otros 74 millones de euros menos. Del mismo modo, el sistema de peajes se recortaría en 50 millones, lo que a su vez supondría una merma en la recaudación de otros 14 millones y un gasto adicional de otros 10 millones de euros de los Presupuestos para compensar el déficit en el sistema eléctrico. Respecto a las medidas contempladas en la iniciativa sobre autoconsumo, el Gobierno recalca que «la seguridad de la red exige conocer la ubicación de los autogeneradores», por lo que considera «imprescindible» contar con un registro administrativo de instalaciones.

Igualmente, señala que además de los consecuentes costes presupuestarios, los costes advertidos sobre el sistema eléctrico generarían nuevos déficits de tarifa, generando «una situación de inestabilidad». Compensar este déficit de ingresos «implicaría necesariamente», advierte, «una subida de peajes que afectaría a todos los consumidores, principalmente a aquellos que no autogeneran y a los consumidores vulnerables». «Esta situación es injusta y regresiva, ya que favorece a aquellos consumidores con mayor poder adquisitivo que pueden hacer frente al coste de instalación que supone autogenerar su energía«, apostilla a renglón seguido. También sostiene que la eliminación del registro del autoconsumo «tendría impacto en la seguridad del sistema eléctrico».

Por último, el Gobierno concluye aseverando que «el autoconsumo no es una medida ni de ahorro ni de eficiencia energética, por lo que no es correcto equipararlo con ambos conceptos». «Es evidente que el consumo del autoconsumidor es el mismo tanto si la energía proviene de la red, como si la genera él mismo», defiende. Asimismo, considera que el marco vigente es «estable» y «no supone ninguna barrera al autoconsumo, ni desde el punto de vista técnico, administrativo o económico».

Greenpeace: el Gobierno “se equivoca”

Greenpeace denuncia que el Gobierno «se equivoca» cuando deja fuera el autoconsumo energético y lamenta que la política energética del país está hecha «a la medida de las grandes empresas» porque el Ejecutivo insiste en no calcular los beneficios económicos del empleo del autoconsumo para centrarse en inflar sus posibles costes. La ONG advierte de que el Gobierno «pisotea» el derecho ciudadano a participar activamente en la transición energética al tumbar la propuesta de ley de autoconsumo de la práctica totalidad del Congreso de los Diputados menos el partido del Gobierno, PP, y Foro Asturias.

Con ello, critica que el Gobierno está admitiendo que no acepta el derecho a disfrutar de los beneficios de las energías renovables sino que tampoco aceptará «ninguna medida que reduzca el consumo de electricidad ni que baje la factura de la luz para la ciudadanía». A su juicio, esto es una declaración «en contra del ahorro», la eficiencia energética y el derecho ciudadano a participar de manera activa en la transición energética con la producción y autoabastecimiento con energías renovables.

Para la responsable de energías renovables de Greenpeace, Sara Pizzinato, el Gobierno seguirá contando «solo» con las grandes empresas eléctricas para el nuevo modelo energético y «se equivoca». «El cambio climático, la desigualdad extrema y la corrupción apuntan a tres grandes fallos de nuestro sistema político y económico entrelazados entre sí, y no podemos esperar que se solucionen sin la participación y el control ciudadano. El autoconsumo es una herramienta fundamental para ello», ha declarado. Greenpeace asegura que el Gobierno «no ha realizado ningún análisis serio» sobre costes y beneficios del autoconsumo y se dedica a inflar la posible reducción de la recaudación para el Estado y evitar que la propuesta de ley pueda prosperar o, por lo menos, frenarla.

El Tribunal Supremo admite un recurso de la patronal fotovoltaica UNEF por el alza de cargos al autoconsumo en Baleares

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Europa Press.- Al tiempo que varios expertos del sector fotovoltaico destacaron que el autoconsumo representa «una alternativa viable que aporta beneficios económicos y medioambientales para todos los ciudadanos, no solo a los que apuestan por él», la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso de la Unión Fotovoltaica Española (UNEF) contra la orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en la que se revisan los peajes eléctricos para 2017.

Fuentes de UNEF indicaron que la presentación del recurso responde a dos motivos. El primero de ellos consiste en que la norma prevé un incremento de los cargos a la energía autoconsumida en Baleares. El segundo motivo se refiere al cálculo de los cargos generales al autoconsumo. La asociación considera que no existe una metodología clara para este cálculo, lo que se traduce en una falta de transparencia. Esta falta de metodología, indican desde UNEF, también llama la atención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha dejado constancia de ella en sus informes recientes.

La orden establece que el cargo transitorio por la energía autoconsumida, conocido popularmente como impuesto al sol, se comenzará a cobrar en 2017 en Ibiza y Formentera, hasta ahora exentas de su pago. Además, en Mallorca y Menorca, donde hasta la fecha se disfrutaba de una rebaja de este componente, no solo se produce una subida, sino que la misma es tal que supera las referencias establecidas para la Península.

Estos incrementos se producen pese a la rebaja del 9% en la parte fija para todo el territorio nacional para los autoconsumidores domésticos, que son los que tienen una potencia inferior a 10 kilovatios (kW). Estos autoconsumidores no pagan de forma transitoria en ninguna parte de España el conocido como impuesto al sol, que se aplica sobre el término de energía a contratos con potencias contratadas superiores a 10 kW.

Beneficio al medioambiente y sociedad

En una jornada organizada por UNEF en la feria Genera, el director general de la patronal, José Donoso, señaló la oportunidad que representa la integración del autoconsumo en los edificios. Donoso subrayó que con el autoconsumo «ganan todos», tanto los autoconsumidores como la sociedad, porque se genera energía limpia, esencial para combatir contra el cambio climático, y barata, «que contribuye a reducir el precio de la energía para los consumidores».

Asimismo, también se debatió sobre la integración de la tecnología fotovoltaica en la edificación. Los expertos aseguraron que éste es el momento de apostar por la integración de la fotovoltaica en los edificios, que consumen el 40% del total de la energía a nivel europeo, según indicó UNEF. Además, valoraron la importancia de avanzar en la integración de la fotovoltaica en la edificación para cumplir con las líneas definidas en el paquete de invierno de la Comisión Europea, que pretenden, entre otros objetivos, descarbonizar el stock de edificios a 2050.

Energía cree que el coste de los 3.000 MW nuevos de renovables puede ser de apenas 40 millones al año

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Europa Press.- El Ministerio de Energía cree que los proyectos que ganen la próxima subasta de 3.000 megavatios (MW) de potencia renovable estarán «muy cerca de mercado», de modo que su coste regulado puede oscilar entre 30 y 40 millones de euros anuales para el sistema eléctrico, según fuentes del departamento ministerial.

Las fuentes se muestran convencidas de que la introducción de nueva potencia renovable ahora sí podrá realizarse a un precio competitivo y contraponen el escenario actual con lo sucedido con el real decreto 661/2007. Por ejemplo, en aquel momento el precio del megavatio hora (MWh) fotovoltaico alcanzó los 490 euros, frente a entre 55 y 66 en la actualidad, aseguran. Energía calcula que, si se instalase ahora toda la potencia renovable incorporada desde 2007, el coste en incentivos regulados «habría sido 5.000 millones de euros inferior a los 7.000 millones actuales». La subasta se celebrará previsiblemente en este primer semestre.

Coste máximo de 176 millones

Según la memoria de orden ministerial en la que se regula la subasta, el coste máximo anual para el sistema derivado de la retribución a la inversión a los 3.000 MW renovables será de 176 millones de euros anuales a partir de 2019. Este escenario es el más costoso de los contemplados por Energía. Esta subasta, en la que la eólica y la fotovoltaica se presentan como las tecnologías con más opciones de adjudicarse megavatios, permitirá elevar en un 10% la potencia de renovables actualmente instalada en España, que supera los 30.000 MW. Esta será la segunda subasta después del levantamiento el año pasado de la moratoria a la instalación de nueva potencia renovable primada.

Sobre el autoconsumo de electricidad, el Gobierno se muestra dispuesto a incorporar novedades como parte de su acuerdo de investidura con Ciudadanos siempre y cuando esta actividad se realice de forma «eficiente». A partir de esta premisa, se atenderán los casos particulares de autoconsumo en los que una instalación no solo no genere sobrecostes, sino que contribuya a abaratar los de distribución. En esos casos, se podrán adoptar medidas para incentivar la instalación de sistemas de autoconsumo. El Gobierno, aseguran las fuentes, considera que hay margen para realizar mejoras técnicas en la normativa sobre autoconsumo y ha solicitado a los distintos grupos políticos que remitan sus propuestas sobre la materia.

La presencia de empresas españolas de energías renovables en Latinoamérica aumentó un 83% en los tres últimos años

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Europa Press.- La presencia de las empresas españolas de energías renovables en Latinoamérica aumentó un 83% en los últimos tres años debido, principalmente, a la «situación crítica» del sector en España, que provocó la «emigración forzosa de las empresas mejor preparadas», según el informe Latinoamérica y España: caminos opuestos en el fomento de las energías renovables, elaborado por Xira Ruiz Campillo, profesora de la Universidad Internacional de Valencia (VIU).

«España ha sido durante años líder en energías renovables», indicó la experta de la VIU. Sin embargo, «con la crisis económica se recortaron las ayudas públicas y se aprobaron normativas que han frenado el crecimiento del sector y el autoconsumo, lo que provocó el cierre de pequeñas empresas y al forzado salto internacional», señaló. Latinoamérica se ha convertido en uno de los motores de la energía renovable en el mundo. Tres de los países analizados, que son Chile, México y Brasil, se encuentran entre los 10 países más atractivos para invertir en renovables, por lo que, según Ruiz, se puede concluir que en 2017 «el negocio de las renovables seguirá en expansión, especialmente en Latinoamérica».