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La Junta electoral prohíbe una manifestación en contra de la reapertura de Garoña

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Europa Press.- La Junta Electoral Provincial de Álava ha decidido prohibir la manifestación que este próximo 19 de diciembre tenía previsto celebrar el colectivo ‘Araba sin Garoña’ en contra de la reapertura de la central nuclear para que no interfiera en la jornada de reflexión, que se desarrollará durante ese día.

La Junta Electoral ha considerado que el tema de la convocatoria –que fue comunicada por ‘Lurrarekin Bat’–, en contra de la reapertura de la central burgalesa, «entra dentro de la liza política» que se celebrará un día después, por lo que no considera «compatible» la convocatoria con las previsiones que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) para el día de reflexión.

La plataforma ‘Araba Sin Garoña’ había convocado la manifestación para el 19 de diciembre en rechazo a la posible reapertura de la central nuclear burgalesa, ubicada a pocos kilómetros del territorio alavés. A ella se habían adherido diversas organizaciones sociales y sindicales.

El portavoz de Araba Sin Garoña, Alberto Frías, ha calificado de «puñalada trapera» la prohibición, por motivos electorales, de la manifestación convocada para el día 19 contra la reapertura de la central nuclear de Garoña. Además, ha afirmado que no comprende que se anule la marcha por su posible incidencia en la jornada de reflexión, ya que «supuestamente» todos los partidos rechazan la reapertura.

Esta protesta, ahora prohibida, se inscribe en un programa de movilizaciones organizadas por este colectivo ante la posible instalación de un almacén temporal de residuos nucleares en Garoña y las informaciones sobre una eventual reanudación de la actividad nuclear de la planta, que lleva varios años inactiva.

 

La Guardia Civil protegerá desde el interior las centrales nucleares

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Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica la normativa sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares y de las fuentes radiactivas, de modo que unidades de la Guardia Civil reforzarán la protección de las plantas atómicas y otras instalaciones futuras como el almacén temporal centralizado (ATC) frente a posibles sabotajes o atentados.

El Real Decreto establece que la presencia de la Guardia Civil en estas instalaciones será «permanente», a través de una unidad de respuesta inmediata frente a estos riesgos.

Además, serán los titulares de las instalaciones quienes asumirán el coste de la implantación de estos sistemas, mediante la aplicación de una tasa creada por la Ley del 21 de septiembre de 2015, que modifica parcialmente Ley General Tributaria.

Las unidades de respuesta, que estarán en coordinación permanente con los servicios de seguridad privada existentes en estas instalaciones, se implantarán progresivamente en todas las centrales nucleares en el plazo de cuatro años.

Por otro lado, el Real Decreto aprobado contempla también el refuerzo de la protección de las instalaciones nucleares frente a eventuales ciberataques. En concreto, se introduce la descripción de los medios informáticos que han de ser empleados como parte del contenido que debe recoger el Plan de Protección Física de la instalación.

Finalmente, los planes de protección física se integrarán en los Planes de Protección específicos, previstos en el reglamento de protección de infraestructuras críticas.

Soria tacha de irresponsable al Gobierno de Castilla-La Mancha por parar el ATC

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EFE /Europa Press.- El ministro de Industria, José Manuel Soria, tachó de «extraordinariamente irresponsables» las medidas del Gobierno de Castilla-La Mancha para paralizar la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), una instalación «fundamental para la seguridad nuclear y la seguridad nacional». Por eso criticó que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha haya recurrido a «artimañas legalistas» para paralizar su construcción.

No obstante, Soria recordó que el Gobierno central lo recurrió y está a la espera de que se puedan dictar medidas cautelares porque de lo contrario, advirtió, «tendremos un problema serio por la irresponsabilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha». Así se mostró confiado en que la justicia dé la razón al Ejecutivo central frente al autonómico en los dos recursos contencioso-administrativos que actualmente siguen su curso contra dos decisiones regionales que podrían paralizar las obras.

En concreto, Soria se refería a los dos recursos judiciales interpuestos por el Gobierno central ante las decisiones del Gobierno de Emiliano García-Page de ampliar una Zona de Especial Protección de Aves cercana a los terrenos de la obra y a la decisión de su Consejería de Fomento de anular el Plan de Ordenación Municipal de la localidad conquense que tiene que albergar esta infraestructura.

Junio de 2017, fecha límite

El ministro no descartó la declaración del proyecto de interés general porque, aquí, ha dicho, «el interés general es el de la seguridad energética nacional y la seguridad nacional». Por ello ha recordado que éste es un proyecto que inició en 2006 el anterior gobierno socialista y que el proyecto le fue traspasado a falta únicamente de decidir la ubicación, para lo cual, según explicó, habló con quien era entonces la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. «Nos pusimos de acuerdo en poco tiempo porque no solo entendía que era una instalación de seguridad nuclear sino como una extraordinaria fuente de generación de riqueza y empleo», aseguró Soria.

El ministro ha achacado la actitud del actual Gobierno de Castilla-La Mancha a que la condición que le puso Podemos para apoyar la investidura fue que tenía que oponerse al ATC, y ha dicho que le sorprende que el PSOE nacional haya sido «irresponsable» y no haya actuado en relación a su organización en Castilla-La Mancha porque es «una cuestión en la que nos va la seguridad nuclear y la seguridad nacional». En ese sentido, recordó que España tiene el compromiso de que, a partir de junio de 2017, tiene que empezar a traer nuevamente a España todos los residuos radiactivos que a lo largo de los últimos 20 años ha enviado a Francia como consecuencia del desmantelamiento de Vandellós.

PP, PSOE y Podemos coinciden en que es «esencial» un Pacto de Estado por la Energía pero discrepan por el fracking

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Europa Press.- PP, PSOE y Podemos han coincidido en que es «esencial» un Pacto de Estado por la Energía y en la importancia impulsar la geotermia en los usos residenciales, aunque discrepan respecto a la obtención de gas por fracturación hidráulica.

En un debate sobre energía organizado por el Ilustre Colegio de Geólogos de España, el PP cree que es «necesario» investigar todos los recursos naturales de los que dispone España, incluido el ‘shale gas’, mientras que PSOE y Podemos han expresado su rechazo a los proyectos de fracking y apuestan por aumentar la participación de las renovables en el mix energético.

En el evento han expuesto sus propuestas de gestión de recursos hídricos, protección del medio ambiente, prevención de riesgos naturales y, muy especialmente, gestión de recursos energéticos. Aunque con distintos matices, los representantes de las tres formaciones se manifestaron a favor de un pacto de Estado por la Energía que defina la política energética a largo plazo.

La portavoz medioambiental del PP en el Congreso, María Teresa de Lara, ha expresado su acuerdo en investigar todos los recursos disponibles en España incluido el gas de esquisto, mientras que el representante del PSOE, Álvaro Abril ha dicho que el PSOE es «contrario» al fracking y ha abogado por recuperar el liderazgo de España en energías renovables.

Abril ha dicho que el PSOE quiere crear una Comisión de Transición Energética que elaborará una ley para la transición hacia las energías renovables con medidas a corto, medio y largo plazo.

Al respecto, la coordinadora de Medio Ambiente de Podemos, Elena Méndez, ha explicado que su formación aspira a un mix energético 100 por 100 renovable y que en su modelo «no tiene cabida una técnica como la fracturación hidráulica». Méndez ha dicho que Podemos quiere derogar el Real Decreto de autoconsumo.

Entre las coincidencias de los tres partidos han destacado la necesidad de impulsar la energía geotérmica, especialmente la de baja entalpía para uso residencial, dado que se trata de una fuente de energía limpia, inagotable y eficiente.

Respecto al futuro del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas, Álvaro Abril ha lamentado que la decisión se haya tomado «atendiendo más a criterios políticos que técnicos» por lo que cree que es necesario «revisar la adjudicación» por su «excesivo sobrecoste». «Tenemos que construir el ATC, pero tenemos que hacerlo en el lugar adecuado», ha señalado.

De Lara ha rechazado la idea de que en la adjudicación no se hayan tenido en cuenta criterios técnicos, aunque se ha mostrado favorable a estudiar «una ubicación alternativa» si finalmente los estudios del terreno desaconsejan su construcción.

Al contrario de los representantes de Podemos y PSOE, la representante del PP considera «oportuno» prolongar la vida útil de las centrales nucleares «si así lo aprueban los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear«.

También han discrepado sobre la gestión hídrica. En este sentido, De Lara ha dicho que en esta legislatura se han aprobado varios planes hidrológicos que han garantizado el abastecimiento de las regiones con mayor riesgo de sequías, mientras que Abril estima necesario dar más papel a las desaladoras.

Por su parte, Podemos quiere impulsar una Ley del Agua que garantice su calidad y permita un uso eficiente y sostenible de los recursos hidrológicos.

Finalmente, sobre prevención de riesgos naturales, Méndez apuesta  por realizar estudios profundos, especialmente sobre riesgo de inundaciones y que los ciudadanos participen en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). El representante socialista opina que la prevención de riesgos naturales pasa por cumplir la actual Ley del Suelo, que establece la obligatoriedad de realizar mapas de riesgos naturales antes de aprobar nuevos PGOU.

El ATI de la central nuclear de Almaraz podría funcionar en el primer semestre de 2018

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EFE / Europa Press.- El Almacén Temporal Individualizado (ATI) para combustible gastado de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), un proyecto en el que se invertirán 24 millones de euros y cuya tramitación oficial ya ha comenzado, podría estar en funcionamiento en el primer semestre de 2018, siempre que se obtenga la aprobación el Ministerio de Industria, según el director de la planta, José María Bernaldo de Quirós.

Bernaldo de Quirós explicó que la central ha solicitado permiso y empezado la tramitación oficial para la construcción de un ATI, una instalación que permitirá gestionar el combustible gastado previo a su envío al Almacén Temporal Centralizado (ATC). «La perspectiva que ahora mismo tiene el ATC se ha complicado y, evidentemente, nosotros tenemos que actuar y anticiparnos para tener un margen suficiente», apuntó, para almacenar el combustible gastado. Asimismo, subrayó que se trata de una instalación «bastante sencilla» pero que lleva aparejado un trámite administrativo «largo y con cierta complejidad».

A juicio de Bernaldo de Quirós, el proyecto para la construcción del ATI «se puede licenciar y se puede llevar a cabo» y puso de manifiesto que prácticamente todas las comunidades autónomas que cuentan con una central nuclear ya lo tienen, a excepción de las plantas de Almaraz y Cofrentes (Valencia). A 30 de junio de 2015, el grado de ocupación de las piscinas de combustible gastado es del 84,52% en la Unidad I y del 83,79% en la II. Ante esta situación, Bernaldo calcula que «la capacidad de almacenamiento de las piscinas de combustible no llegan a la vida útil de la planta», ya que se completarían antes de 2020, fecha en que vence la actual licencia de explotación.

La Unidad I inició su andadura el 1 de mayo de 1981 y en octubre del 83 la Unidad II, y que los 40 años de vida de diseño de ambas instalaciones se cumplirán en los años 2021 y 2023. Por esa razón, «y habida cuenta de la complejidad que ha surgido con el ATC y la dificultad de los trámites administrativos, nos hemos adelantado», añadió. Sobre qué ocurriría si no se autorizara el ATI, De Quirós hizo hincapié en que, si el proyecto no consigue la licencia, «cuando lleguen los años de saturación de las piscinas, la operación de la planta tendría que cesar, lo que supondría un enorme impacto» para la zona, tanto en empleo como en ingresos.

En cuanto a las características técnicas del proyecto, José María Bernaldo de Quirós explicó que el ATI tendrá una «capacidad muy limitada», ya que solo podrá albergar 20 contenedores, con 32 elementos de combustible cada uno, por lo que podría alojar 640 elementos de combustible gastado. «Se trata de una instalación muy sencilla, ya que es básicamente un losa de almacenamiento que tiene 51×20 metros y un metro de espesor de hormigón, ligeramente enterrada y que tiene un muro perimetral de 5 metros de altura para blindaje. Además, lleva un doble vallado perimetral e instalaciones de vigilancia y seguridad física y de protección radiológica», indicó.

Por último, el director de la planta cacereña, José María Bernaldo de Quirós, volvió a recordar que la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz cumple en junio de 2020. «Por supuesto que ahora mismo la voluntad de los dueños de la central y de la dirección es solicitar una renovación de la autorización de explotación en 2020, entre otras cosas porque no hemos cumplido los 40 años«, ha apuntado antes de señalar que la legislación española actual contempla prórrogas por 10 años.

Catalá está convencido de que la vía jurídica dará la razón al Gobierno con el ATC aunque apuesta por negociar

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Europa Press.- El ministro de Justicia y cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Cuenca, Rafael Catalá, se ha mostrado convencido de que la vía jurídica les dará la razón en torno al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), aunque ha apostado por seguir «negociando a nivel político» para alcanzar una solución para este tema.

Catalá se pronunció así en Villar de Cañas (Cuenca), junto al presidente provincial del Partido Popular, Benjamín Prieto, con motivo de la reunión que mantuvieron con el alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz, donde ha apostado por «trabajar para defender la razón jurídica» pero también por la vía política, a través de la «búsqueda de soluciones de consenso». «No podemos estarnos aquí años discutiendo quién tiene más razón, los gobernantes estamos para resolver problemas, no para crearlos, y paralizar esta inversión es crear un problema», dijo Catalá, que aseguró que su intención es que «con la máxima voluntad, cuanto antes, encontremos esas soluciones».

En cuanto a los recursos anunciados por el Gobierno central contras las decisiones de la Junta para obstaculizar el ATC, Catalá anunció que van a defender «que todos los trabajos que se habían hecho para situar en Villar el ATC tienen fundamento, todas las garantías y los requisitos formales». Preguntado por el más reciente, contra la anulación del POM, recordó que hay dos meses para plantearlo y que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están ya trabajando en ello «para hacer una buena defensa» y, aunque aseguró respetar las competencias de la Junta autonómica, ha insistido en que ellos defenderán que el emplazamiento es «completamente válido».

Sobre la posible Declaración de Interés General de la obra del ATC por parte del Gobierno central, apuntó  que se está «estudiando» porque esa posibilidad existe en el ámbito de la Ley del Suelo, aunque en el ámbito medioambiental «no está tan claro», confesó. «Estamos estudiando para dar pasos serios, queremos soluciones, si ese es un camino lo exploraremos y, en su caso, lo plantearemos en el Consejo de Ministros», dijo Catalá, que manifestó que no quieren «que esto nos lleve a un recurso en Bruselas, en el Tribunal Europeo, y recurrirnos los unos a otros, sino de encontrar soluciones».

Por su parte, Benjamín Prieto lamentó que personas como García-Page están «haciendo mucho daño a esta provincia y esta comarca» con sus decisiones, recordando que el ATC va a generar «empleo, riqueza e ilusión» y que el Gobierno regional no tiene «todavía» un proyecto alternativo para esta comarca. En el mismo sentido, el alcalde de Villar de Cañas ha asegurado que el Ejecutivo regional «no tiene motivos ni razón para hacer lo que está haciendo», intentando «torpedearlo y pararlo con cosas sin razón», convencido de que «Page lo menos que podía hacer era ayudar, no torpedear», porque «al final se va a hacer el ATC«.

Sin noticias del Gobierno central

Por su parte, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico todavía no tiene noticias de que el Gobierno central haya recurrido la anulación por parte de la Consejería de Fomento del POM de Villar de Cañas, localidad elegida para emplazar el ATC de residuos nucleares. Ante la visita de Catalá, Guijarro lamentó que esté realizando «de manera urgente» un curso intensivo «de conquensismo» para poder pedir el voto en la provincia, tras lo que ha añadido que «en Cuenca la gente acoge a todo el mundo aunque venga solo un mes y luego se olviden de ellos».

Soria arremete contra Castilla-La Mancha

Desde el Gobierno central, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, tachó de  «profundamente irresponsable» la actitud del Gobierno de Castilla-La Mancha respecto al ATC y espera que «reconduzca la situación«. El ministro explicó que no se ha anunciado por el Gobierno un recurso en contra de la anulación del POM y lo que sí se ha planteado es un recurso contra de la resolución de Castilla-La Mancha con el fin de extender la zona de protección especial de aves paralizando el futuro ATC. Subrayó que la decisión del Ejecutivo regional tiene como fin «entorpecer lo que es un proyecto de Estado».

«Es un proyecto de Estado importante para España, para la seguridad energética, para la seguridad nuclear, y no fue iniciado y tramitado por este Gobierno, que lo culminó y era lo que tenía que hacer. Fue iniciado y tramitado por parte del Gobierno anterior, y creo que lo hizo con buen criterio», añadió al respecto. Asimismo, Soria acusó al Gobierno de García-Page de modificar su posición sobre el ATC por «una única razón: el pacto con Podemos que le ha exigido que tome esta decisión».

El PSOE revisará la decisión de ubicar el ATC en Villar de Cañas si Pedro Sánchez llega a la Moncloa

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EFE / Europa Press.- Mientras la patronal empresarial señala su preocupación y, desde las filas del PP, María Dolores de Cospedal arremete contra su sucesor en el Palacio de Fuensalida, acusando al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de «retorcer la ley» para impedir la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas, el PSOE se compromete a revisar esta decisión si su secretario general, Pedro Sánchez, llega a la Moncloa tras las elecciones generales del 20 de diciembre.

El programa definitivo del PSOE recoge finalmente la postura que habían planteado los socialistas de Castilla-La Mancha después de que el borrador inicial, aprobado por Ferraz el pasado octubre, no hiciera ninguna mención al almacén nuclear. El texto final, al que la conferencia política del PSOE dio luz verde, recoge el compromiso de «revisar la decisión sobre la instalación del ATC de Villar de Cañas».

Los socialistas mantienen su propuesta, ya recogida en el borrador del programa, de implantar un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, comenzando con la clausura definitiva de Garoña (Burgos), que culminará en la fecha límite del 2028, «de tal manera que podrá abordarse el salto hacia el nuevo modelo a lo largo de la próxima década». En este contexto, es cuando el PSOE cree oportuno «adoptar las decisiones sobre las instalaciones nucleares, incluidas las relativas al almacenamiento de residuos, garantizando la solvencia de los criterios técnicos y la seguridad».

La inclusión en el programa electoral de la propuesta sobre el ATC llega en paralelo a la decisión anunciada por el Gobierno de Castilla-La Mancha de anular el plan urbanístico POM de Villar de Cañas, lo que paraliza el proyecto del ATC. El Ejecutivo central y el Ayuntamiento de Villar de Cañas han rechazado la resolución del Ejecutivo castellanomanchego alegando que es necesario continuar con el ATC. La construcción de un almacén de residuos nucleares radiactivos de alta actividad fue impulsada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, si bien la decisión de ubicarlo en Villar de Cañas la tomó el del PP a las pocas semanas de que Rajoy llegara a la Moncloa.

Cospedal: «está retorciendo la ley»

Por su parte, la presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, criticó al presidente autonómico Emiliano García-Page y señaló que «no se puede usar la condición de presidente para estar retorciendo todos los días la ley y utilizarla fraudulentamente». La también secretaria general de los populares considera que Page realiza «maniobras de distracción» con la anulación del POM o la ampliación de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) para «tratar de desviar la atención» y que la ciudadanía «no se fije en otras cosas que están haciendo». Entre esos asuntos, según Cospedal, se encuentra la gestión en sanidad o «la subida de impuestos que pretenden».

A su parecer, una persona no es presidente de un gobierno para «saltarse la ley a la torera ni para usarla de forma fraudulenta», como a su juicio hace García-Page, sino para gobernar y «hacer las cosas que tiene que hacer» y respetar el interés general. Incluso indicó que el PP estudiará las «acciones legales que sean necesarias», porque «esto de prevaricar para conseguir un objetivo partidista parece tremendamente grave».

También el Gobierno central «hará lo que tenga que hacer, que es defender la legalidad» para construir el ATC en Villar de Cañas, porque «este no es un tema político, es un tema de Estado y de consenso entre todos los partidos políticos» y, para garantizar la obra, procederá a la declaración de interés general «o puede haber otros procedimientos«. En cualquier caso, Cospedal afeó a García-Page que utilice el ATC «como un tema de interés personal para que no se fijen en otras cosas», pero que no explique que «si no se hace este ATC se harán otros muchos, más pequeños, algunos también en Castilla-La Mancha», una alternativa «más costosa, peor y menos segura».

La patronal muestra su preocupación

En medio de esta guerra política entre PP y PSOE, el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, apuntó que ve «con preocupación» los anuncios de PP y PSOE de emprender distintas acciones judiciales en torno a la anulación del POM. Nicolás recordó que Cecam «apoyó en su día al ATC y lo sigue haciendo», aunque no entrará en la cuestión «de si el sitio es ideal o no».

«Eso es algo que tendrán que ver los técnicos que deben decidir el emplazamiento», señaló el presidente de Cecam, que insistió en que el ATC «es un proyecto que va a dinamizar la zona y atrae economía«. Además, añadió que «teniendo en cuenta que se están enviando residuos a Francia y que a ese transporte hay que añadirle 60.000 euros diarios, es bueno tener un almacén propio para estos residuos».

Hay que recordar que el delegado del Gobierno en la región apuntó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy estudia emprender «acciones legales» contra el presidente regional, Emiliano García-Page, por «intentar paralizar» el silo y el PP regional indicó que podría interponer una querella criminal contra García-Page por prevaricación en torno a este asunto. Por su parte, el PSOE reaccionó también asegurando que denunciaría «por lo penal» a los dirigentes del PP que firmaran dicha querella.

Castilla-La Mancha anula el POM de Villar de Cañas y obliga al Gobierno a declarar el ATC de interés general

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Europa Press / EFE.- La Consejería de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó una resolución por la que declara nulo el Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas aprobado antes de las elecciones autonómicas de mayo, por lo que, si el Gobierno central quiere continuar con sus planes de emplazar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad, deberá declararlo de interés general.

El presidente de la comunidad, Emiliano García-Page, explicó que para que el emplazamiento del almacén nuclear sea declarado de interés general «el Gobierno tendrá que acreditarlo ante la Unión Europea y demostrar que la posibilidad de instalarlo en Villar de Cañas es la única y que no hay otra alternativa«. «No soy dramático. No digo que la energía nuclear sea buena o mala. La basura nuclear hay que tratarla y no entro en ese debate, pero lo que sí digo es que aquí hubo un acuerdo entre María Dolores de Cospedal y el ministro de Industria, y después del conchabeo se hicieron los estudios de seguridad con muchas dudas», añadió.

También aseguró entender que el alcalde de la localidad, José María Sáiz, «quiera que haya empleo en su localidad», pero «no se puede a razón de 1.000 millones de inversión con 400 pueblos despoblados en Castilla-La Mancha». Explicó además que el POM se modificó «para correr el pueblo», ya que se aprobó la instalación del ATC «a menos de 2 kilómetros del núcleo urbano, y lo que hace ese plan de ordenación es declarar una zona urbana como rústica» para facilitar que se cumpliera la premisa de esos 2 kilómetros.

En la resolución de la Consejería de Fomento, se justifica la nulidad del POM alegando que hay «hasta tres informes sucesivos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana informando desfavorablemente al respecto de la suficiencia de recursos hídricos para las demandas que contempla el pueblo y el ATC«. Según Fomento, «dicho precepto exige la existencia y acreditación previa de recursos hídricos suficientes para poder aprobar instrumentos urbanísticos, y el municipio no cuenta con la disponibilidad de dichos recursos, por cuanto carece de título habilitante para ello, esto es, no goza de concesión de aguas a otorgar por la citada Confederación Hidrográfica».

También explica que la clasificación de los sistemas generales ubicados al norte del casco urbano no debe ser la de suelo rústico que le otorga el POM sino la de suelo urbano, puesto que según el propio POM en el planeamiento anterior estaban clasificados como suelo urbano. Según esta resolución, «tampoco justifica en qué forma se van a ejecutar ni costear las infraestructuras, lo que incumple la normativa urbanística, puesto que es un deber para el desarrollo de los suelos urbanizables incluir, en todo caso, la parte correspondiente por la conexión de las redes generales de servicios y dotaciones públicas».

Deja el ATC sin efectos

Según consta en la resolución, esta declaración de nulidad «conlleva de pleno derecho que el POM «no exista en el mundo jurídico» y tenga que volver a plantearse el mismo. «Queda sin legitimación la ejecución de las obras del ATC y cualquier otra que pretendiese ampararse en el POM. Sin el POM, el Estado sólo podría ejecutar el ATC si lo declara de interés nacional conforme a la Disposición Adicional Décima del Texto Refundido de la Ley de Suelo», finaliza. El Ejecutivo autonómico concluye así que el plan queda anulado y sin efecto, por lo que se debe reiniciar toda su tramitación para redactarla acorde con las distintas normas infringidas.

Ya el pasado septiembre el vicepresidente autonómico, José Luis Martínez Guijarro, advirtió de que el Gobierno regional podría anular el POM de Villar de Cañas, añadiendo que en ese plan, aprobado en junio por el Gobierno saliente, hay «aspectos que llaman la atención». «Por parte de los servicios jurídicos de la Consejería de Fomento se vieron determinados aspectos que llamaban la atención, y además simultáneamente el Ayuntamiento vecino de Alconchel de la Estrella ha presentado una reclamación a la aprobación del POM de Villar de Cañas», explicó en su momento.

«Muy escrupuloso» con la ley

Por su parte, la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, advirtió de que el Ejecutivo autonómico va a ser «muy escrupuloso» en el cumplimiento de la legalidad para que el plan de ordenación urbanístico de Villar de Cañas cumpla con todos los requisitos técnicos y jurídicos aunque también admitió que el proyecto del ATC puede salir adelante si el Gobierno central lo califica de interés general.

En este sentido, ha aseverado que el Gobierno regional actual se ha encontrado «un rosario de irregularidades técnicas y jurídicas» que achacó a «la precipitación» de la expresidenta autonómica, María Dolores de Cospedal, y del ministro de Industria, José Manuel Soria, «para sacar adelante el ATC en un lugar que no era idóneo». Por ello incidió en que no era el lugar idóneo ya que la tramitación del POM que lleva aparejado la construcción del ATC «no cumple con la legalidad y la normativa». Finalmente, la consejera de Fomento se mostró confiada en que el Ayuntamiento de Villar de Cañas «recapacite y vea que se ha hecho con mucha precipitación».

«Es el mejor de España»

Sin embargo, el alcalde de Villar de Cañas (Cuenca), José María Saiz, aseguró que el POM de esta localidad «es el mejor de España» y calificó la decisión de anularlo como «una vergüenza». Por ello, Saiz considera que el Ejecutivo castellanomanchego «está forzando la máquina» para que el Gobierno central declare de interés general el proyecto del ATC de residuos nucleares. Además, el regidor de Villar de Cañas afirmó que todos los argumentos que ha utilizado el Gobierno regional para anular el POM son «mentira». Así, defendió que la redacción del proyecto se hizo «bien» al tiempo que precisó que el pueblo está a 2,005 kilómetros del futuro almacén nuclear.

En este sentido, avanzó que presentará un recurso contencioso-administrativo contra la decisión así como una querella contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al que advirtió que «se va a acordar de Villar de Cañas» y de él mismo «toda su vida». Por Así, Saiz retó a García-Page «a esgrimir argumentos válidos» para paralizar el ATC y rechazó que lo haga con la anulación del POM o ampliando la zona de especial protección para las aves (ZEPA) de la laguna de El Hito. Finalmente, reclamó a Page «que no pare un proyecto de 1.000 millones de euros con una banda de grullas y una consejera que no sabe medir«.

Soria alerta de que la decisión de la Junta afecta a la seguridad nuclear de España y estudiarán acciones legales

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Europa Press / EFE.- El ministro de Industria, José Manuel Soria, advirtió de que la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha de anular el Plan de Ordenación Municipal de Villar de Cañas (Cuenca), paralizando así el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, «afecta a la seguridad nuclear de España». En este sentido, aseguró que esa decisión del Gobierno socialista se debe a la condición que le puso Podemos al PSOE para poder gobernar «habiendo perdido las elecciones».

Soria incidió en la «gravedad» de este asunto porque afecta a la seguridad nuclear de España, donde hay 8 centrales nucleares y el 20% de la electricidad que se consume procede de esa fuente de energía. Además añadió que, al no haber en España un almacén como el que se proyecta en Villar de Cañas, actualmente exportamos esos residuos pero tienen que empezar a retornar a España en 2017, por lo que advirtió de que, «si no se cumplen esos plazos habrá un problema de seguridad nuclear y será responsable quien lo impide por una causa política que no tiene que ver con la energía».

El ministro recordó que el proyecto del ATC «no es del PP» sino que comenzó «con buen criterio el Gobierno socialista en el 2006» y cuando el PP llegó al poder «estaba todo ultimado, salvo elegir el emplazamiento entre cuatro previamente preselecionados por el Ejecutivo del PSOE«. La Abogacía del Estado ya interpuso un recurso contra la decisión del Ejecutivo autonómico de Emiliano García-Page de ampliar la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y el Gobierno está a la espera de saber si se suspende cautelarmente, señaló Soria.

Estudiarán acciones legales contra Page

Por otro lado, según anunció el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, el Gobierno central va a estudiar «emprender acciones legales o judiciales» contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, porque la decisión de anular el POM de Villar de Cañas sería «contraria al interés general de España, de Castilla-La Mancha, de Cuenca y de Villar de Cañas». «No vamos a tolerar que por cuestiones políticas una persona frívola, irresponsable y perdedora se paralice un proyecto nacional que está consensuado en época del PSOE y que con esa acción lleve a la ruina a hombres y mujeres de la provincia de Cuenca», ha aseverado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Asimismo, aseguró que se pondrá en marcha «toda la maquinaria del Estado», para que «este proyecto de interés general y nacional llegue a buen puerto». Según el delegado del Gobierno: «Emiliano García-Page se ha convertido en Castilla-La Mancha en un pequeño Artur Mas, porque está dando golpes contra todo en Castilla-La Mancha«. «Page se ha enfrentado a los conquenses con el ATC y a Ciudad Real por Elcogas, que vuelvo a recordar que gracias al Gobierno de España puede ser viable en un futuro», añadió.

El PP avanza querella criminal

Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha indicaron que estudian interponer una querella criminal por un posible delito de prevaricación contra el presidente regional, Emiliano García-Page, y le ha comparado con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, «por atacar el interés nacional». Según el portavoz adjunto del grupo parlamentario popular en las Cortes, Lorenzo Robisco, Page ataca un tema de suma importancia, incluso a nivel europeo y que contaba con todos los informes pertinentes.

Robisco criticó que, con esta «nueva tropelía», el Ejecutivo socialista vulnera la ley y «se salta a la torera» un procedimiento que ya estaba establecido y que viene de la época del Gobierno socialista de Zapatero, por lo que «este ataque no quedará sin consecuencias». «En Castilla-La Mancha no queremos un presidente como Artur Mas que roza un delito de prevaricación al cambiar informes de la noche a la mañana, usando todas las artimañas habidas y por haber para saltarse un procedimiento de interés nacional vulnerando el ordenamiento jurídico», insistió.

El Ejecutivo autonómico pide mesura

Ante estas reacciones, la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, volvió a pedir al Gobierno central que recapacite sobre la ubicación el ATC y a los políticos del PP «mesura», por los ataques «iracundos» que hicieron contra Emiliano García-Page. En este sentido, De la Cruz indicó que el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Villar de Cañas están en su derecho de recurrir la resolución de la Consejería de Fomento en la que anula el POM de este municipio, pero abogó por que se sigan los trámites administrativos establecidos y que no se viertan amenazas en los medios de comunicación «que no son admisibles aunque estemos en precampaña electoral», apuntó.

De la Cruz rechazó los ataques «iracundos, desproporcionados y fuera de lugar» del alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, el diputado regional, Lorenzo Robisco, o el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio. A su juicio, están anunciando medidas como acciones legales y querellas criminales contra García-Page que no se corresponden con los trámites administrativos que deben seguirse, que pasan por recurrir la resolución de la Consejería de anular el POM, que implica la paralización del ATC. La consejera explicó que puede recurrirse ante la Consejería, donde la resolución del recurso tardaría un mes o ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), en el que tardaría dos meses.

Page dice que la resolución sobre el POM de Villar de Cañas «no va a gustar a Soria»

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Redacción / Agencias.- Horas después de que el ministro de Industria, José Manuel Soria, recordara que el Gobierno se encuentra a la espera del recurso que presentó contra la ampliación de la zona de protección ambiental que impulsa el Ejecutivo autonómico para paralizar el ATC, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anuncia que la Consejería de Fomento emitirá muy pronto la resolución sobre el Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas (Cuenca), un informe que «no va a gustar mucho a Soria».

El presidente regional manifestó que el Gobierno central «está en su derecho» de recurrir, aunque no ha hecho «nada al derecho«, pues en el caso del ATC «ha empezado la casa por el tejado», haciendo los estudios de seguridad nuclear después de empezar la obra. El presidente, que no quiso avanzar nada del estudio que ha realizado Fomento, tan solo aseguró que jurídicamente la instalación «tiene muchas cosas que no están bien planteadas«. El departamento que dirige Elena de la Cruz decidió estudiar el POM al haber detectado «dudas» sobre su contenido y los plazos en los que fue aprobado.

Por su parte, el ministro apuntó que el Gobierno está «en el momento de esperar» a que se resuelva el recurso que interpuso la Abogacía del Estado en contra de la ampliación por parte de la Junta de Castilla-La Mancha de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) en la Laguna del Hito, «un artilugio para paralizar» el ATC. Soria reivindicó una vez más que se trata de una cuestión de política nuclear, de seguridad nacional y seguridad nuclear y recordó que «todo el procedimiento, con buen criterio», lo hizo y culminó el anterior Gobierno socialista «porque era necesario».