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Asturias denuncia la discriminación de la regasificadora de El Musel frente a la de Mugardos

EFE.- El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, ha denunciado la discriminación del Gobierno central con el Principado en relación a la regasificadora de El Musel, que a diferencia de la de Mugardos sigue paralizada, y ha pedido al PP asturiano que salga en defensa de esta infraestructura.

El consejero ha criticado que, ante la reclamación del Principado para poner en marcha la regasificadora de Gijón, el Gobierno central se escude en que está «en funciones», cuando en cambio va «bastante rápido» en la legalización de la instalación de la de Mugardos.

Blanco ha explicado que, tras la sentencia del Supremo que ratificó que la regasificadora de El Musel se construyó vulnerando la Ley, depende del Consejo de Ministros autorizar a Enagás el inicio de los trámites para proceder a su legalización mediante la obtención de una licencia de actividad, algo que no se ha producido.

El consejero ha admitido que en esta situación «no caben acciones legales, únicamente la presión política», y por ello ha pedido al PP asturiano que se pronuncie también al respecto.

El consejero ha insistido en este «trato discriminatorio» porque la regasificadora de Gijón «se inició antes, se autorizó antes y se acabó antes y todavía no se ha puesto en funcionamiento», a diferencia de otras instalaciones similares

El PP cree que Blanco está «pidiendo a gritos una moción de censura»

La diputada regional del PP Emma Ramos ha considerado  «ridículo» que el consejero de Empleo, Francisco Blanco, pida explicaciones a su partido por la regasificadora de El Musel, «reconociendo su incapacidad para gestionar los problemas económicos del Principado», y ha advertido de que «parece que está pidiendo a gritos una moción de censura».

La portavoz de Industria del PP en la Junta General ha subrayado que las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 2013, y del Supremo, de este año, que declararon la ilegalidad de la regasificadora «dieron un serio varapalo a la ineficiente gestión del Gobierno socialista».

Ramos ha recordado que el PP llevó el pasado mes de marzo a la Junta una iniciativa que fue aprobada por unanimidad en la que se exigía el cumplimiento de «todos los requisitos legales que garantizasen el cumplimiento de la sentencia que declaraba la ilegalidad» de la instalación.

La misma iniciativa, ha apuntado, pedía al Gobierno del Principado que garantice la seguridad de la población adyacente a la regasificadora y que se exijan «responsabilidades políticas a quienes concedieron la autorización para la instalación en contra de la legalidad vigente en 2006».

«Parece» que el consejero «está pidiendo a gritos una moción de censura», ha advertido la parlamentaria popular.

Alcoa aplica el protocolo de interrumpibilidad por una avería en la red eléctrica

EFE.- La fábrica de Alcoa de Avilés ha aplicado el servicio de interrumpibilidad durante dos horas debido a una avería registrada en una subestación de la red eléctrica situada en Soto de Ribera que ha afectado al proceso productivo de la aluminera.

Fuentes de la compañía han explicado que la fábrica ha sido avisada con breves minutos de antelación de que a las 12:15 horas se iba a producir ese corte del suministro eléctrico de la fábrica avilesina por espacio de dos horas.

El servicio de interrumpibilidad consiste en que la red eléctrica, ante situaciones especiales como el de la avería registrada en la subestación de Soto de Ribera, el suministro se reconduce o se prioriza a otros destinos.

La fábrica de Alcoa tiene un protocolo de aplicación automatizada de este servicio, que ha funcionado con normalidad, según las mimas fuentes.

La subasta para el servicio de interrumpibilidad a la que acude Alcoa consiste en proporcionar una tarifa eléctrica más competitiva a cambio de que, en casos como este, se tenga que cortar el suministro para atender puntualmente otras prioridades.

La situación vivida hacía tiempo que no se daba y era más habitual en los años noventa y los anteriores a la crisis cuando en los meses estivales se registraban picos de consumo debido a los aparatos de aire acondicionado o en los meses de frío.

La próxima subasta del servicio de interrumpibilidad está prevista para el mes de septiembre y la compañía confía en poder lograr un precio competitivo para que operen sus fábricas durante el siguiente ejercicio.

PP, Podemos e Izquierda Unida no firman el acuerdo en defensa del carbón nacional de PSOE, Ciudadanos, patronal y sindicatos

Redacción / Agencias.- Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida no han firmado el Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, al que sí se han unido el PSOE, Ciudadanos, partidos de las zonas mineras como Foro Asturias o el Partido Aragonesista. El acuerdo fue promovido por la patronal del Carbón (Carbunión), la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICA-UGT), y la Federación de Industria de Comisiones Obreras para salvar al carbón nacional.

Izquierda Unida sí que acudió al acto: «Es más un acto electoral que un compromiso serio», aseguró la integrante de la formación, Sol Sánchez, quien indicó que la decisión del partido «es lo más coherente» al acudir junto a Podemos a las elecciones y que a partir del próximo 27 de junio Izquierda Unida «va a seguir estando con los mineros». El frente común sí que tuvo el respaldo y rúbrica de las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y de las asociaciones de las comarcas mineras (ACOM y Euracom).

El secretario general de Industria de CCOO, José Luis Villares, señaló que este acuerdo es «necesario e imprescindible» para mantener la viabilidad del carbón en un futuro inmediato. Además, lamentó la «situación crítica» que vive el sector y las empresas mineras, que «están al borde del desahucio». Por lo tanto, exigió al próximo gobierno que tenga en cuenta lo que ahora se ha visualizado y firmado y pidió que cumplan «sí o sí con el marco de actuación» firmado el 1 de octubre de 2013.

Respecto a la ausencia de algunos partidos, Villares comentó que mantuvieron una ronda de contactos con distintas formaciones y con todas las comunidades autónomas afectadas. «Todos estuvieron de acuerdo en que había que defender las comarcas mineras, todos estuvieron de acuerdo en el incumplimiento de actuación para la mina y el carbón», apuntó. Pero, «si no vienen a firmar, lo que está claro es que querían la foto, querían lo fácil, pero lo que hacen es rehusar el compromiso de apoyar a la minería», concluyó. Por ello lamentó “la inquina” del PP al carbón y la negativa a sumarse al acuerdo de los «nuevos partidos», en alusión a Podemos, que «con discursos vacíos y huecos no saben lo que dicen».

Por su parte, el secretario sectorial minero de FICA-UGT, Víctor Fernández, apuntó que las ausencias las tendrán que valorar los propios partidos políticos que «no han cumplido su palabra». «Aseguran que querían que la minería de carbón siguiera adelante», aseveró. Fernández comentó que Podemos «no solo quiere cerrar el carbón, sino que tampoco quieren el carbón de importación, con lo cual tendrán que decirle a los trabajadores de las centrales térmicas que usan carbón de importación dónde les vamos a meter porque dependen más trabajadores que en el carbón nacional». «No saben lo que dicen, usan la demagogia, porque eso significaría subir el precio de la electricidad y apartar el carbón, lo que nos haría depender del gas natural«, señaló.

Futuro para después de 2018

Fernández quiso agradecer la presencia de empresarios, sindicatos, consejeros de las comunidades autónomas y a los partidos políticos «que han cumplido con su palabra» y mostró su confianza en que este acuerdo sirva para que «entre todos se empuje para que el carbón nacional tenga el reconocimiento que merece». «Los demás tendrán el resultado que merezcan en las comarcas mineras a las que han engañado», auguró. Por último, tildó de «cobardes» a alguno de esos partidos, que «esperaron a última hora para anunciar que no venían», y denunció que «el PP presiona a través de sus diputados a los empresarios».

Por su parte, el presidente de la patronal minera Carbunion, Óscar Lapastora, indicó que han querido «poner el broche» a la rueda de contactos que han mantenido los últimos meses y tener un documento que les sirva para que en cuanto se forme un nuevo Gobierno después de las elecciones «podamos ir con este acuerdo para urgirles a que tomen medidas para revitalizar este sector que ahora mismo está agonizando». Asimismo subrayó que el acto «no se planteó en contra de nada ni de nadie» y pidió a todas las partes «buscar no solo los puntos de discrepancia, sino los puntos de acuerdo» para ser capaces de «en la mayor brevedad posible» darle «un futuro a la minería del carbón».

En concreto, el acuerdo trata de reivindicar el papel del carbón nacional, como “único combustible autóctono capaz de reducir la dependencia energética exterior y de garantizar la seguridad de suministro en momentos críticos”, en el periodo de transición hacia un modelo bajo en emisiones. Así, el documento, que cuenta con 5 puntos, recoge el compromiso de los firmantes con la defensa de la minería del carbón hasta y después de 2018, abogando por el cumplimiento de lo acordado en el Plan del Carbón de 2013-2018.

Además, cuenta con otras propuestas para dotar de viabilidad al sector y fortalecer el tejido industrial de los territorios, entre ellas, la puesta en marcha de un mecanismo que asegure un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón. Asimismo, se reclama la tramitación urgente de la orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2.

El acuerdo también estipula la agilización del cumplimiento del plan social, así como la puesta en marcha de los mecanismos acordados para el impulso económico (reactivación y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras) y “la promoción ante la Unión Europea de las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá de 2019”, plazo límite establecido por la Unión Europea para las ayudas a la producción.

Sindicatos, patronal y partidos se unen para pedir al próximo Gobierno la «supervivencia» del carbón nacional

Europa Press / EFE.- Sindicatos (CCOO y UGT) y patronal (Carbunión) escenificarán este martes la formación de un frente común con partidos políticos, comunidades autónomas productoras del carbón y las asociaciones de las comarcas mineras, con el objetivo de luchar por el futuro de una industria que se encuentra, en su opinión, en «estado terminal» y exigir al próximo Gobierno la «supervivencia» de la minería española del carbón más allá del horizonte de 2018.

El responsable de Industrias Extractivas de CCOO de Industria, José Luis Villares, afirmó que esta es «la última medida para poder salvar al sector de la minería en España», que se encuentra en una situación de «desahucio». A este respecto, el secretario del Sector Minero de Fitag-UGT, Víctor Fernández, criticó que el Gobierno popular desde que ganó las elecciones no ha hecho más que «masacrar» al sector, «reduciendo el empleo, las producciones y las ayudas».

Por su parte, el director general de Carbunión, Pedro Iglesia, aseguró que tratan de «reivindicar el papel del carbón nacional» en el periodo de transición hacia un modelo bajo en emisiones. «El carbón nacional debe mantenerse en el mix energético durante el periodo de transición», dijo Iglesia, subrayando que el carbón nacional es el único combustible autóctono capaz de reducir la dependencia energética del exterior y de garantizar la seguridad de suministro «en momentos críticos».

A la cumbre de la firma del documento, titulado Acuerdo en defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, está confirmada la asistencia de, además de sindicatos y patronal, representantes de los partidos del PSOE, Foro Asturias, Partido Aragonés y Xunta Aragonesista, así como de las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León), y de las asociaciones de las comarcas mineras (ACOM y Euroacom). Se mantienen las dudas de la asistencia a la cumbre y de la rúbrica del documento, de Ciudadanos y Podemos, «que están debatiendo la conveniencia o no de asistir», indicó Iglesia, así como del PP, que fueron también invitados.

En concreto, el documento, que cuenta con 5 puntos, recoge el compromiso de los firmantes con la defensa de la minería del carbón hasta y después de 2018, abogando por el cumplimiento de lo acordado en el Plan del Carbón 2013-2018. Además, cuenta con otras propuestas para dotar de viabilidad al sector y fortalecer el tejido industrial de los territorios, entre ellas, la puesta en marcha de un mecanismo que asegure un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón. Respecto a la presencia del carbón en el hueco térmico, Iglesia apuntó que “en los momentos actuales no llega a ser ni del 3,5%».

Asimismo, en el documento se reclama la tramitación «urgente» de la propuesta de orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. El acuerdo también estipula la agilización del cumplimiento del plan social, así como la puesta en marcha de los mecanismos acordados para el impulso económico (reactivación y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras) y “la promoción ante la Unión Europea de las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá de 2019”, plazo límite establecido por la Unión Europea para las ayudas a la producción.

Por otra parte, los sindicatos criticaron el plan para el carbón español aprobado por la Comisión Europea para destinar 2.130 millones de euros en ayudas para facilitar el cierre ordenado de un total de 26 minas de carbón de aquí a 2018. «Este plan no es el marco de actuación acordado, es el plan del PP, que contempla un cierre rápido y desordenado, el abandono de las comarcas mineras», aseguró Villares. El representante de CCOO acusó al Gobierno central de ser «mentiroso, incompetente y traidor» y aseguró que el próximo Ejecutivo deberá cumplir este marco de actuación, ya que si no es así, será también un «Gobierno mentiroso e incompetente».

CCOO y UGT denuncian a nivel internacional que el Gobierno pacte «la muerte» del carbón nacional

Europa Press / EFE.- CCOO y UGT han trasladado a la Conferencia Mundial de la Minería, formada por sindicatos de todo el mundo, el malestar de los trabajadores del sector del carbón por la decisión del Gobierno de pactar «a sus espaldas» con la Comisión Europea. CCOO califica de «traición» la postura del Gobierno y señala que ha expresado este malestar en una reunión en Leipzig de la IndustriALL Global Union, federación sindical internacional que representa los derechos e intereses de millones de empleados de todo el mundo.

Para CCOO, el Gobierno en funciones «ha traicionado» a los trabajadores de la minería del carbón al negociar con Bruselas «a sus espaldas» un plan que «sentencia a muerte a un sector que es imprescindible para la economía de las comarcas mineras«. El responsable de industrias extractivas de CCOO de Industria, José Luis Villares, aseguró ante la federación que el Ejecutivo español ha acordado con Bruselas que las empresas mineras empiecen a cerrar de forma inmediata para que, cuando llegue el 31 de diciembre de 2018, el cierre sea total.

Por su parte, UGT explica que su representante en el foro de Leipzig, Víctor Fernández, ha abogado por la defensa del sector minero en todos los ámbitos, tanto a nivel nacional como mundial. Durante su intervención, Fernández ha abordado «la crítica situación por la que atraviesa el sector en España por el incumplimiento sistemático por parte del gobierno del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las comarcas Mineras 2013/2018, pactado por la Administración con patronal y sindicatos».

UGT-FICA ha hecho hincapié en la «falta de voluntad política del ejecutivo español para dotar de futuro al sector», lo que recientemente «se ha traducido en el acuerdo alcanzado con Bruselas, de espaldas a patronal y sindicatos con premeditación y alevosía, en el que ha pactado el cierre de las minas de carbón y la obligación de devolver las ayudas recibidas a las empresas competitivas que quieran proseguir con su actividad más allá de 2018″.

«Desde UGT-FICA vamos a combatir con todos nuestros recursos las pretensiones del Gobierno para que no se lleven a cabo», indica el sindicato, antes de explicar que los asistentes al encuentro han suscrito una resolución de apoyo. «Con el respaldo recibido en esta conferencia mundial de IndustriALL, confiamos en que el gobierno rectifique y dé marcha atrás a un acuerdo que, a cambio de un puñado de euros, condenará a las comarcas mineras», añade UGT.

Críticas de Asturias al PP

Por su parte, el director general de Minería y Energía del Principado, Isaac Pola, ha criticado la «opacidad» con la que el PP ha negociado el plan de cierre de la minería que la semana pasada aprobó la Comisión Europea y que, en su opinión, supone la «sentencia definitiva» de las explotaciones de carbón. Según denuncia Pola, de la información transmitida por la Comisión Europea se concluye que el proyecto supondrá el fin del conjunto del sector, ya que afecta a las 26 explotaciones existentes.

Además, el director general lamenta que el Ejecutivo en funciones que preside Mariano Rajoy no haya avanzado en la posibilidad de eximir a las empresas de la obligación de devolver, a finales de 2018, las ayudas a la explotación recibidas durante estos años. «Aunque las explotaciones resultasen competitivas, la devolución de las ayudas recibidas constituiría su sentencia», recalcó. Pola también denuncia la «opacidad» con la que se ha negociado desde Madrid con la Unión Europea y cuestiona que el Gobierno de España «haya tomado una decisión de forma unilateral, mostrando el mínimo compromiso con el sector y los agentes implicados».

Pola instó también al PP a que explique la distribución de los 2.130 millones de euros en ayudas públicas que contempla el documento y «que parecen corresponderse con el conjunto de las ayudas de carácter social y ambiental para atenuar el impacto del cierre de las minas, tales como las ayudas a la restauración, las jubilaciones y las ayudas hasta 2018». No obstante, Pola subrayó que la reducción de las ayudas a la explotación fue superior a lo establecido por Europa, que contemplaba una disminución progresiva de 2011 a 2018.

Astilleros Gondán construirá en Asturias otro buque de mantenimiento a torres eólicas en el mar para una empresa noruega

EFE.- Astilleros Gondán construirá un segundo buque de servicio de mantenimiento a torres eólicas para la empresa noruega Østensjø Rederi, que tendrá 81 metros de eslora y 17 de manga. Se trata de un barco gemelo del que ya se construye en las instalaciones del astillero en Castropol para la misma empresa.

El buque de mantenimiento a torres eólicas fue diseñado por Rolls Royce Marine bajo el nombre UT 540 WP. Entre sus principales características, contará con una pasarela auto-compensada, que permitirá el traslado del personal de mantenimiento desde el barco hasta el área de trabajo sobre una superficie estable y segura. Además de la pasarela, el buque tendrá la capacidad de desplegar una embarcación auxiliar de 11 metros, que permitirá el traslado de técnicos para el mantenimiento de las instalaciones eólicas.

Asturias y Castilla y León piden al Gobierno cumplir el Plan del Carbón y trabajar en Europa pensando en 2018

EFE.- Los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y de Asturias, Javier Fernández, han coincidido en demandar al Gobierno el cumplimiento del Plan del Carbón, como paso urgente, y también en la necesidad de pelear para que las minas rentables en 2018 no tengan que devolver las ayudas. Herrera y Fernández han dejado patente una posición consensuada ante la viabilidad del sector del carbón.

«El problema de la minería no está en funciones, cada día que pasa sea agrava», sentenció Herrera, convencido de que la disposición del nuevo ministro competente sobre la minería, el titular de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, es la de retomar la interlocución con los sindicatos y la patronal del carbón, que buscan un pacto nacional en esta materia. Herrera añadió que seguirán «insistiendo» para buscar soluciones a un problema en el que ha faltado «sentir» en el Gobierno central, aunque no ha avanzado si la intención del Ministerio irá más allá de «favorecer la interlocución» y «estudiar las circunstancias del momento».

En el plano europeo, el presidente de Castilla y León ha dicho que España «no puede abdicar» de su responsabilidad para «revertir» las políticas de la Unión Europea en materia energética y en concreto a la decisión de obligar a las empresas subvencionadas a devolver las ayudas si en 2018 son rentables y quieren seguir activas, ya que «eso las condena al fracaso«. «Es un absurdo y una incoherencia, es un carbonicidio«, ha resumido Herrera, quien sin embargo reconoció que mientras el Gobierno central «acertó cuando firmó el acuerdo con el sector en octubre de 2013», su «error es no ejecutarlo en todos sus aspectos». «Cúmplase ese marco», ha pedido.

Herrera señaló que, en el caso de que haya planes de cierre para el sector, se ofrezcan los fondos necesarios para paliar las «consecuencias sociales», ya que se trata del «futuro del hombre y la mujer en amplias zonas donde no hay muchas alternativas», sin que esto constituya una posición «frentista, sino coherente» con lo acordado entre el propio Gobierno y el sector. Preguntado por si en algún momento se ha sentido solo respecto a su partido, el PP, en la defensa del sector del carbón, Herrera reconoció que a veces es «difícil» explicar las posturas sobre temas como éste.

Por su parte, el socialista Javier Fernández insistió en la necesidad de que España reivindique ante las instituciones europeas que es un error mantener la normativa que llevará a que las explotaciones mineras que estén ahora recibiendo ayudas para llegar a ser rentables sin la necesidad de apoyos públicos, tengan que devolverlas a partir de 2018, ya que esto truncaría su viabilidad. Fernández ha reconocido que las decisiones no pueden «postergarse» porque son «de urgencia», ya que el sector corre el riesgo de no llegar a 2018 precisamente por la «incertidumbre» de tener que devolver las ayudas que ahora perciben.

Los gobiernos autonómicos de Asturias y Castilla y León cooperarán para apoyar al carbón mientras el PSOE cuestiona al PP

EFE.- El líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, reclamó al presidente del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, que «se deje de echar broncas a los ministros y diga a los diputados nacionales del PP que voten a favor del céntimo verde para bonificar al carbón nacional” en una jornada en la que la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, expresó la intención de «ser proactivos», junto al Principado de Asturias, en favor del carbón.

Las cuencas mineras formarán parte de la agenda de la reunión que mantendrán el próximo lunes en Valladolid el presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, y el presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Juan Vicente Herrera, que «responde a unos objetivos de coordinación», según la portavoz del Ejecutivo autonómico, Rosa Valdeón. Sobre la minería, Valdeón recordó que ambos territorios comparten la necesidad de encontrar una solución a la situación que atraviesa el sector del carbón.

Crítica socialista a diputados popular

Volviendo al PSOE, Tudanca afeó a los diputados del PP que se abstuvieran en la votación de una iniciativa socialista que pedía la bonificación fiscal al consumo de carbón autóctono, conocida como céntimo verde, que salió adelante pero que no contó con el apoyo de los populares a pesar de que la Junta de Castilla y León ha manifestado recientemente su apoyo a la medida.

«Empiezo a estar un poco harto de las fotos, de las agendas y de las mesas de la Junta de Castilla y León, de Herrera y del PP», criticó Tudanca en referencia también al voto contrario que emitieron en el debate presupuestario los senadores populares, después de que el presidente autonómico dijera que si él fuera senador votaría a favor de los intereses del sector del carbón. Sobre la renuncia de José Manuel Soria como ministro de Industria, Tudanca ha dicho que «llega tarde», después de haberse convertido en uno de los responsables ministeriales «más dañinos» para Castilla y León.

Valdeón defiende a los diputados

Al respecto, Valdeón defendió a los diputados del PP, porque «están igual de comprometidos que nosotros», y recordó que Castilla y León «tiene muy clara su postura en esta situación» a pesar de que ha reconocido que las discrepancias entre las votaciones de las Cortes Generales y la opinión de la Junta «es un tema recurrente». En este sentido, recordó que el propio presidente Herrera manifestó su apoyo al pacto para defender el sector que pretenden impulsar a nivel nacional los sindicatos UGT y CCOO y la patronal Carbunión, y que incluye entre sus medidas el propio céntimo verde, la medida sobre la que se abstuvieron los parlamentarios del PP.

La portavoz ha preferido no analizar las razones dadas por los parlamentarios populares para abstenerse, en el sentido de que el Gobierno está en funciones o los motivos técnicos que llevan al Ministerio a recelar del céntimo verde por su posible rechazo de las instituciones de la Unión Europea. Valdeón ha insistido en que la clave del futuro del sector del carbón está en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Plan del Carbón por el Gobierno central y que están pendientes de cumplir.

Podemos En Marea y Foro Asturias piden este martes en el Congreso cambios en el sistema de interrumpibilidad eléctrica

Europa Press.- En Marea, la confluencia gallega con la que Podemos concurrió a las últimas elecciones generales, y Foro Asturias (FAC) defenderán este martes en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados la necesidad de modificar el sistema de interrumpibilidad eléctrica para favorecer la competitividad de las empresas electrointensivas, de gran importancia en sus respectivas regiones.

En Marea señala en su iniciativa que el actual sistema de subastas anuales y la oferta de megavatios que se incluyen en ellas resultan insuficientes tanto para cubrir toda la demanda de las industrias como para facilitar la planificación de inversiones por parte de las empresas. Por ello, piden al Ejecutivo que negocie con los grandes consumidores eléctricos las medidas necesarias para mejorar el sistema tanto en el aspecto temporal de la oferta como en la cuantía de los bloques.

Por otra parte, la confluencia gallega de Podemos critica que la «dejadez» del Gobierno del PP a la hora de atender las necesidades de este sector industrial para que pueda acceder a la energía a precios «idóneos», junto con la estrategia de algunas empresas como Alcoa, suponen una «peligrosa amenaza» para el empleo y mantienen el «fantasma» de la deslocalización.

Evitar esta situación exige, cree En Marea, que las administraciones definan un nuevo modelo energético «sostenible y social» que prevea un «retorno adecuado» a la contribución que regiones productoras de energía eléctrica como Galicia realizan al conjunto del país, y que consiga mantener precios adecuados para mantener la actividad industrial. Y, en concreto, la proposición no de ley plantea instar al Gobierno a que impulse medidas para garantizar el empleo de Alcoa en La Coruña, para fomentar la implantación de un plan de inversiones que favorezca el ahorro energético, la rebaja de emisiones y el desarrollo de la actividad productiva en la compañía; y que redefina el sistema energético gallego.

Rebajas fiscales o de peajes

Por su parte, el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, considera que la solución al problema pasa por conseguir un «nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible» para los sectores electrointensivas como la metalurgia, siderurgia, cementera o química, lo que podría lograrse mediante rebajas fiscales o en los peajes, en aras a evitar deslocalizaciones industriales. Y es que, según recuerda, la directiva europea sobre Ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía permite las «reducciones de la carga fiscal, coste de acceso e incentivos a las energías renovables» para los grandes consumidores eléctricos.

Una posibilidad que países como Alemania o Francia ya han empezado a aplicar para «evitar la deslocalización silenciosa» de este tipo de compañías, y que en España debería plantearse «sin demora» dentro de una «política inaplazable» de fomento de la competitividad industrial que el Ejecutivo debería estar planteando. Pero, además, Martínez Oblanca reclama «medidas de emergencia», particularmente una tarifa eléctrica de aplicación «inmediata». La iniciativa plantea, por último, la necesidad de reformar «con urgencia» el sistema de costes energéticos al completo para evitar que la situación actual, en la que España cuenta con las tarifas «más caras» de toda la Unión Europea, «condene al país a convertirse progresivamente en un gueto caracterizado por el paulatino desmantelamiento de sectores económicos clave».

Asturias reclama incentivos inmediatos al consumo de carbón nacional mientras Castilla y León cree que la minería “todavía es viable”

EFE.- La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, asegura que sigue considerando que la producción de carbón autóctono puede ser «todavía viable» al tiempo que el director general de Minería y Energía de Asturias, Isaac Pola, ha vuelto a reclamar al Gobierno central que «articule de inmediato un mecanismo que de prioridad al consumo de carbón autóctono».

En este sentido, Pola acusó al Ejecutivo en funciones de incumplir el documento Marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras en el período 2013-2018. Según Pola, este incumplimiento se produce por no haber habilitado un dispositivo alternativo al de restricciones por garantía de suministro, vigente hasta 2015. Así lo indicó tras reunirse con representantes de la Compañía Minera Astur Leonesa (CMAL) y miembros del comité de empresa, tras la presentación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectará a toda la plantilla. La compañía optó por esta medida ante la previsión del descenso o incluso la anulación de la compra de carbón por parte de las eléctricas.

A juicio del director general, esta situación es extrapolable a otras firmas del sector como Unión Minera del Norte (Uminsa), que también comunicó a sus trabajadores el inicio de un ERTE que también afectará a sus empleados. «Las dificultades son parecidas para el conjunto de las empresas privadas como consecuencia de la ausencia de un mecanismo que priorice el consumo de carbón nacional», subrayó Pola.

La falta de este mecanismo, a la que se suma el abaratamiento del carbón de importación, ha provocado que las compañías eléctricas hayan dejado de adquirir este mineral. «Además, los pedidos que realizan se suceden de forma discontinua y se negocian mes a mes, conduciendo al sector a una situación de incertidumbre que se concreta en un riesgo de colapso inminente», añadió el director general.

También ha incidido en la falta de compromiso con la minería por parte del Gobierno de España, al que ha instado a cumplir los acuerdos firmados y poner en marcha un hueco térmico para el carbón equivalente al 7,5% del mix de generación eléctrica nacional. En este sentido, ha asegurado que cualquier iniciativa encaminada a aproximar el precio de la tonelada de carbón nacional a la de importación, en condiciones equivalentes de capacidad calorífica, será apoyada por el Principado. Según Asturias, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, se comprometió a poner en marcha un mecanismo alternativo al de pagos por capacidad, rechazado por la Unión Europea, para incentivar la quema de carbón autóctono.

El carbón «todavía es viable»

Por su parte, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, considera que la producción de carbón autóctono en la comunidad puede ser «todavía viable» y recordó que la situación «difícil» por la que atraviesa la minería en Castilla y León se debe a circunstancias que se «extralimitan» de las competencias autonómicas. Aún así, la vicepresidenta cree que aún «hay posibilidades» para el sector, si bien «hay pérdidas que ya no son recuperables» y cualquier reactivación no sería «al mismo nivel que antes».

Valdeón recordó el compromiso de la Junta para elaborar, en este primer semestre del año, un plan de dinamización de los municipios mineros. El objetivo de ese plan de dinamización es desarrollar medidas «específicas» para complementar la actividad económica de los municipios con otro tipo de sectores, asesorando y ayudando a empresas e industrias que quieran instalarse en la zona minera. La viceconsejera recordó que la iniciativa se completa con el plan de empleo local, dotado con 2,5 millones de euros, y destinado a los 31 municipios más afectados por la crisis del carbón, como una medida paliativa a corto plazo ante la desaparición de los empleos de la principal actividad de los municipios mineros.